El Megafono

Uno de los casos involucra a una adolescente de 13 años de edad

Un informe elaborado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)  alertó en el año 2020 que cada ocho días ocurrió un suicidio entre los meses de marzo y julio en el estado Táchira. De acuerdo con los datos, 52 % de los ciudadanos que se quitaron la vida entre marzo y julio de 2021 eran adolescentes o personas mayores de 60 años de edad.

La organización Monitor de Víctimas también advirtió que el índice de suicidios en Táchira ha ido en aumento desde el año 2020.

En tres municipios diferentes

Tres personas fueron ingresadas por intento de suicidio al Hospital Central de San Cristóbal, en el estado Táchira, en el transcurso del sábado 12 y el lunes 14 de febrero.

El diario La Nación informó que todos los casos son hechos aislados y ocurrieron en tres municipios diferentes. Uno de ellos corresponde a una mujer de 22 años de edad que presuntamente intentó quitarse la vida luego de ingerir una alta dosis de medicamentos.

La mujer fue ingresada a tiempo para recibir tratamiento en el centro hospitalario.

En el segundo caso se conoció que un hombre de 75 años de edad se produjo una herida con un arma blanca a la altura de la clavícula. Actualmente se encuentra recuperándose luego de haber sido ingresado al área de emergencias. 

El último hecho registrado involucra a una adolescente de 13 años de edad que habría intentado suicidarse al consumir un gran número de pastillas para dormir. Los médicos la lograron estabilizar luego de haber sido trasladada al hospital el lunes 14 de febrero. 

La ONG Transparencia Venezuela determinó que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de los gobiernos regionales y en 21% de ellas hubo denuncias de corrupción

La más reciente investigación de la ONG Transparencia Venezuela estudió los nexos de las empresas que son propiedad del Estado venezolano con las diferentes gobernaciones del país, y el resultado de su investigación determinó que estas terminan siendo un instrumento para actos de corrupción.

Precisó la organización no gubernamental que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de las gobernaciones. Las gobernaciones de Sucre, Barinas y Portuguesa con 17, 16 y 15, respectivamente, son las que tienen más compañías adscritas, mientras que Nueva Esparta, sin empresas; Táchira con 2 y Mérida con 4, son las gobernaciones que menos tienen.

“Precisamente estas tres gobernaciones perdieron empresas en el año 2018 junto con Anzoátegui, cuando fueron elegidas autoridades distintas al Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que provocó que el Gobierno nacional se adscribiera sin consentimiento de la autoridad regional 4 empresas de Nueva Esparta, 4 de Táchira, 5 de Mérida y 3 de Anzoátegui”, detalló Transparencia Venezuela.

«Los portales web de las gobernaciones que están activos no contemplan información completa, veraz y oportuna sobre los entes descentralizados con fines empresariales, estos son mencionados sólo con fines propagandísticos”

Agrega el informe de la ONG que “a la par de estos cambios, se crearon entidades empresariales con competencias en actividades productivas y de gestión, similares a las competencias de las gobernaciones y alcaldías, para la ejecución de recursos de los protectores designados por Nicolás Maduro en estos estados”.

Recordó que a finales de 2019 Nicolás Maduro declaró que ratificaba la línea de: “Entregar, en alianza nacional-regional todos los proyectos y empresas productivas que estén en manos del Estado, para gestionarlas, recuperarlas y ponerlas 100% productivas. Tengo la confianza absoluta de nuestros gobernadores en la recuperación de todos los proyectos”.

Fue así como desde el poder nacional se documentaron 8 empresas en el estado Miranda, 7 en Barinas, 2 en Sucre, 1 en Delta Amacuro, así como en Portuguesa, Lara y Zulia.

“Algunas de estas empresas luego fueron negociadas con el sector privado, entre ellas el Central Azucarero Cariaco, Central Azucarero Sucre, Industria Azucarera Santa Elena, la Corporación Agrícola Socialista Hugo Chávez y la Empresa Mixta Socialista Porcinos del ALBA.  Pero de 595 empresas públicas nacionales solo entregó a las regiones 13 empresas, ninguna realmente relevante”, destacó Transparencia Venezuela.

Puerta para la impunidad

La ONG agregó que los gobernadores beneficiados “manejan cierto nivel de conexiones con empresarios de distintas áreas”, cosa cuestionada por el mismo gobierno, pero de forma genérica y sin que se haga las actuaciones formales de control para evitar la impunidad en actos de corrupción.

Transparencia Venezuela determinó también que de las 218 empresas públicas regionales, 46 de ellas (21%) ha recibido denuncias por corrupción o malos manejos.

“Las denuncias de corrupción han ocurrido principalmente en las empresas de distribución de gas (9), transporte (8), agroalimentario (7), construcción (7), minería (5) y comercio (4). El abuso de poder en la distribución minorista del gas ocurre en el contexto de graves problemas de escasez y precios subsidiados que han servido de incentivos perversos para el funcionamiento de mercados negros, con altos sobreprecios o privilegios para allegados y el uso del servicio en campañas electorales para favorecer al partido de gobierno”, señaló la ONG en el informe.

«El monto invertido en la empresa Transbolívar, patrocinada por el entonces gobernador Francisco Rangel Gómez, que contó supuestamente con más de 600 unidades que no beneficiaron a los bolivarenses, que hoy deben caminar o montarse en camiones”

Agregó: “En las empresas de transporte se encontraron denuncias por irregularidades en los procesos de compra de lubricantes, repuestos y vehículos, nóminas fantasma y casos de peculado de uso, mayormente en campañas electorales y los días de elecciones. En el sector agroalimentario destacan las irregularidades en los centrales azucareros negociados con el sector privado, el estancamiento en la cadena de producción por falta de insumos y prácticas clientelares en la distribución de alimentos”.

42 de las compañías dependientes de gobernaciones pertenecen al sector agroalimentario, 34 al de construcción, 28 en el de comercio, principalmente dedicadas a la distribución de alimentos; y en menor (7%) porcentaje están las empresas de venta de gas doméstico, del sector financiero, de explotación de minerales no metálicos y de transporte.

Los gobiernos regionales tienen 78% de las empresas comerciales, 54% de las del sector construcción y 30% agroalimentarias. En estas compañías también hay prácticas de opacidad, ausencia de rendición de cuentas y uso con fines político-partidistas.

“Los portales web de las gobernaciones que están activos no contemplan información completa, veraz y oportuna sobre los entes descentralizados con fines empresariales, estos son mencionados sólo con fines propagandísticos. La base de datos en Vendata muestra vacíos porque no fue posible acceder a información de las EPE (Empresas Propiedad del Estado) regionales en relación con, entre otras variables, sus autoridades (80%), fecha de creación (66%), composición accionarial (65%) y situación patrimonial (100%). Resultó llamativo conocer con datos de fecha de creación de 74 empresas, que 30 de ellas se conformaron después de 2014, año en que inició la crisis económica, pero pueden ser muchas más”, destacan los resultados de la investigación.

A sus observaciones agrega la probabilidad de que los resultados de las pasadas elecciones del 21 de noviembre de 2021 motiven cambios en la adscripción de estas compañías.

Las empresas en Bolívar

En el caso de Bolívar, la base de datos de Vendata que utilizó Transparencia Venezuela indica que hay 10 empresas dependientes de la Gobernación. Estas son:

1. Agro-semillas Bolívar. Empresa del sector agroalimentación, dedicada a la preparación de semillas, ubicada en Ciudad Bolívar.

2. AgroBolívar, C.A. Empresa del sector agroalimentario encargada de la producción de alimentos, ubicada en Ciudad Bolívar.

3. Alfarería Bolívar, del sector manufactura, cuyo servicio es la fabricación de bloques de arcilla, y está ubicada en la troncal 19, en el Complejo Alfarero Hugo Chávez.

4. Alimentos Bolívar. Empresa del sector agroalimentaria cuyo segmento es la distribución de alimentos. Su ubicación física es en Ciudad Bolívar, en la avenida Menca de Leoni.

Esta compañía tiene denuncias por la opacidad en la entrega de alimentos, desviación en su distribución y reventa en el mercado informal con sobreprecio. No hay información del inventario de los productos, ni de las personas beneficiadas.

5. ConstruBolívar. Esta empresa pertenece al sector construcción, segmento infraestructura. Su sede principal está en Ciudad Bolívar y participa en el programa social de Gran Misión Vivienda Venezuela.

6. Transbolívar. Del sector transporte urbano y extraurbano, ubicada en Puerto Ordaz. Se creó el 1 de noviembre de 2007, en la gestión de Francisco Rangel Gómez. Participa en la Misión Transporte y entre las denuncias públicas de corrupción y manejos ineficientes destaca que “el monto invertido en la empresa Transbolívar, patrocinada por el entonces gobernador Francisco Rangel Gómez, que contó supuestamente con más de 600 unidades que no beneficiaron a los bolivarenses, que hoy deben caminar o montarse en camiones”, lo que indica un delito de malversación de fondos.

7. Corporación Bolívar. Empresa del sector gestión que se encarga de administrar y coordinar planes, inversiones y proyectos de empresas de producción social. Se ubica en Ciudad Bolívar y se creó el 1 de marzo de 2015, en el gobierno de Justo Noguera Pietri.

8. Granitos Bolívar, C.A. Empresa de manufactura procesadora de granito.

9. Hidrobolívar. Empresa del sector de servicios públicos, ubicada en Ciudad Guayana, y encargada de proporcionar este servicio residencial de agua potable en la entidad.

Tiene denuncias por irregularidades y fallas del servicio de agua por tubería en los hogares bolivarenses, así como su calidad por falta de tratamiento adecuado.

10. Operadora Turística Bolívar, C.A. Esta empresa fue creada para la promoción y venta de paquetes turísticos en el estado Bolívar.

Entre enero y junio de 2020, 19 niños perecieron por suicidio

Según estudios del Observatorio Venezolano de la Violencia, OVV, en nuestro país los suicidios en la población infantil han ido en alza en los últimos años y solo en el primer semestre del año 2020 se registraron 19 muertes de niños y adolescentes por ese motivo.

A esta premisa se suman los inventarios de la organización defensora de los derechos de la niñez, Cecodap, con su reciente investigación titulada “El suicidio infantil: un problema olvidado en medios de comunicación y políticas públicas de Venezuela”, en el que se aborda el tema de la salud mental en la infancia y adolescencia.

Carlos Trapani, coordinador del Cecodap, señaló que dicho informe presentado a mediados de 2021 lo que busca es dignificar la salud mental como un derecho humano fundamental y sobre todo poder visibilizar el impacto de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa el país, agravada por la situación producida por la pandemia, en la salud mental de los niños y adolescentes.

En el estudio realizado por la OVV se determinó que que solo entre enero y junio de 2020, 19 niños, niñas y adolescentes perecieron por suicidio. Señala además el informe, que la crisis venezolana se ha hecho angustiosa para muchos y ha llevado a que se incrementen los actos suicidas asociados comúnmente a cuadros en los que se reporta depresión y ansiedad.

“El suicidio en Venezuela, además de ser un problema de salud pública, puede considerarse también como un fenómeno de carácter social (…) la precarización de las condiciones de vida no solo ha incrementado la violencia directa y estructural, sino también la violencia de los individuos hacia ellos mismos”, señala igualmente el informe de la OVV.

Hay que destacar que las políticas públicas empleadas en el país por el sector oficial no han priorizado el tema de la salud mental. “La Constitución venezolana se apega a la definición de la Organización Mundial de la Salud para describir el derecho a la salud mental. El artículo 41 establece que el derecho a la salud y a servicios de salud implica que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten del nivel más alto posible de salud física y mental”, indica igualmente en su informe la organización defensora de los derechos de la niñez, Cecodap.

Expertos aseguran que muchos abuelos están solos en el país y permitirles la socialización con sus pares trae beneficios psicológicos en ellos

El incremento de la población adulta mayor en Venezuela continuará en los próximos años de manera acelerada y las proyecciones en el ámbito latinoamericano es que en el 2025, los mayores de 60 años aumente en un 18,6 %, según expresa la organización no gubernamental Convite A.C. que presentó los resultados y reflexiones del Proyecto Monitoreo del Acceso a la Salud en Venezuela y el Envejecimiento Poblacional en Venezuela, correspondiente al período 2020-2021.

La necesidad de políticas públicas sostenibles y efectivas de atención a esta población vulnerable es una constante en el país, por ello se torna importante conocer cómo debe ser la atención del adulto mayor en casa, así como cuándo se debe decidir que una casa de retiro es requerida.

Para conocer de cerca los aspectos relacionados a la atención al sector más longevo de la sociedad, también llamada la tercera edad, se consultó a Maria Edith Anselmi, directora del Hogar La Ponderosa, un centro de atención integral del adulto mayor con condiciones neurocognitivas mayores y menores, que funciona en Caracas.

Anselmi explica que el adulto mayor puede recibir asistencia en casa y muchas familias lo hacen porque económicamente no pueden contratar personal especializado. Pero advierte que estas atenciones en casa tienden a limitar al anciano, porque allí no se garantizan la estimulación y socialización que necesitan para marchar hacia el verdadero bienestar del adulto mayor.

El abuelo llega a estar solo aún en casa

“Alojar al adulto mayor en un centro de atención no es una decisión fácil para los familiares, pero hay muchas ventajas que se deben evaluar, inclusive antes de que la persona esté con gran deterioro. Normalmente la familia tiene un ritmo de vida acelerado. Muchas veces no pueden realizar los procesos de estimulación en el adulto mayor, no cuenta con un personal capacitado y carece de vida social, por lo cual en variadas ocasiones el abuelo cae en el aislamiento dentro de la propia casa, porque no tiene con quien compartir sus problemas o conversar”.

Detalló que, aunque los hijos siempre quieren estar cerca de sus familiares, es necesario entender que “el adulto mayor tiene su propio espectro y se siente mejor cuando comparte y socializa con sus pares; por esto vemos cómo ha crecido el número de las casas de retiro a nivel mundial a diferencia de Venezuela donde la cantidad ha disminuido y nuestra sociedad no tiene cultura de protección al anciano”.

Para Anselmi aún están frescos sus recuerdos cuando acompañaba a su padre, quien era médico, a visitar los ancianatos de Caracas. Su trabajo lo continuó en la escuela como labor social y hoy como abogada, dejó el ejercicio del derecho para dedicarse a crear un lugar especial para la atención del adulto mayor dependiente, en el que la socialización, el compartir, las terapias cognitivas, de rehabilitación y el ejercicio físico siempre estén presentes.

En la actualidad se cuentan más de 25 hogares dedicados a cuidar a los adultos mayores en Caracas, son centros de diferentes categorías, amplitud de espacios, actividades y tratamientos para los residentes y varios de ellos promueven mejoras en los trastornos cognitivos de los ancianos.

Consultada sobre los cambios y mejorías que ha visto entre los huéspedes del hogar que dirige, Anselmi afirmó que tienen “personas que han llegado sin caminar o sin hablar, que se enredaban, tras recibir nuestras terapias cognitivas y ocupacionales están caminando están felices y contentos. Hablan, cantan, se puede comunicar con sus pares. Los cambios han sido notables y maravillosos”, culminó Anselmi.

10 desaparecieron en las minas del municipio Sifontes de la entidad

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) registró cerca de 26 personas desaparecidas al sur del Estado Bolívar en el transcurso de 2021.

De acuerdo a la organización, 10 de estos ciudadanos desaparecieron en las minas del municipio Sifontes de la entidad; cuatro en El Callao, tres en Sucre, dos en Cedeño, Gran Sabana y una persona en Angostura del Orinoco.

Asimismo, Codehciu indicó que de esta cifra, solo un 27% fue encontrados, y familiares denunciaron que sus empleadores les quitaron sus celulares, y por ello se mantuvieron incomunicados. Un 76% no han regresado a sus hogares, y cinco se reportaron en Apure, Lara y Mérida.

Esta comisión señaló que se han registrado 175 reportes de desaparición al sur de Bolívar, entre  2012 y 2021.

Resaltan el crecimiento de la milicia bolivariana, a la cual pertenecen más de 3 millones de personas

La ONG Transparencia Venezuela (TV) reveló en su más reciente reporte titulado «Nuestro Presupuesto 2022: ¿Cuánto y Cómo se va a gastar el dinero público este año?» a través de la Exposición de Motivos de la Ley de Presupuesto que,  de un total de 5.509.563 trabajadores que pertenecen a la administración pública nacional, solamente unos 4.441.258 son del sector militar, es decir, un 80,61%.

Aunque la organización no da detalles sobre ese porcentaje tan alto para el sector militar, se resalta el crecimiento de la milicia bolivariana a la cual pertenecen más de 3 millones de personas, según datos oficiales.

De acuerdo a TV, en el presupuesto se cuentan 364.625 docentes y 42.489 funcionarios adscritos al sector salud.

La Exposición de Motivos de la Ley de Presupuesto, comentada por Transparencia Venezuela, señala que los gastos corrientes (Bs.43.312,6 millones) corresponden a 69,43% del total de erogaciones estimadas durante 2022, mientras que los gastos de capital (Bs.16.534,4 millones) absorben 26,51% del presupuesto anual.

Dos elementos dominan de manera casi de manera paralela el apartado de gastos corrientes del Presupuesto 2022: transferencias y donaciones, con 38,46%; y remuneraciones que absorbe 32,10%, de manera que entre subsidios y salarios del sector público se va 70,56% del gasto estimado.

«La Vicepresidencia Sectorial de Economía fue quien recibió la mayor asignación por concepto de remuneraciones (27,01% del total de egresos por remuneraciones), seguido de la Vicepresidencia Sectorial del Socialismo Social y Territorial (20,7% del total de egresos por remuneraciones), y el Ministerio de Educación, al que le fue asignado 10,4% del total de egresos por remuneraciones. Se desconoce la cantidad de empleados de estos organismos. No obstante, en el documento de exposición de motivos se señala que hay 5.509.563 empleados de la Administración central», destaca el informe de Transparencia Venezuela.

La organización destacó que la administración de la explotación de servicios petroleros, de gas y explotación minera, “implica enormes recursos de la Nación, entregados al manejo de los militares, sobre los cuales debe existir transparencia, memoria y cuenta que no se está rindiendo al país”

El 10 de febrero se conmemoraron seis años de la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg). En este lapso ha habido opacidad sobre el manejo de esta empresa militar, resaltó la organización Control Ciudadano a través de un comunicado.

El estatus legal a la nueva empresa del Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, fue publicado en el decreto N° 2.231. “Una decisión de Nicolás Maduro, con todas las características de incentivo de lealtad para la Fuerza Armada Nacional, que entregó a los militares por cincuenta (50) años el monopolio para efectuar todo lo relativo a las actividades de ‘servicios petroleros, de gas y explotación minera en general’, en asociación con empresas nacionales y extranjeras, sin limitación alguna, de acuerdo a los estatutos”.

Sin embargo, Control Ciudadano advirtió que poco se sabe de esta compañía. Lo escaso que se ha difundido es:

1. Apenas el decreto de creación, en febrero de 2016, mediante el cual se le otorgan más de medio centenar de funciones en materia petrolera, de gas y minera.

2. Que la junta directiva informaría a los ciudadanos, de acuerdo al acta constitutiva, sobre la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que integran el patrimonio de la empresa, cuya administración les corresponde, sin que eso se haya cumplido hasta la fecha.

3. Que en el año 2019, Camimpeg es autorizada a realizar una alianza estratégica para la exploración, explotación y comercialización de coltán (columbita tantalita) en el Arco Minero del Orinoco, Área 1, según la página web del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico.

4. Que en diciembre de 2020, según Gaceta Oficial, modifica sus estatutos para otorgar mayores poderes de gestión y de administración de recursos al presidente de la compañía, de manera autónoma.

5. Que actualmente su junta directiva es la siguiente:

Para Control Ciudadano, la administración de la explotación de servicios petroleros, de gas y explotación minera, implica enormes recursos de la Nación, entregados al manejo de los militares, sobre los cuales debe existir transparencia, memoria y cuenta que no se está rindiendo al país. A seis años de la creación de esta empresa militar, el país sigue sin conocer el manejo y alcance de las operaciones de Camimpeg. 

La ONG dijo que ha realizado importantes hallazgos que evidencian desigualdades en el nivel educativo

Juan Ángel De Gouveia, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que exhorte al Estado venezolano a cumplir con los DDHH de las personas discapacitadas del país.

“La ONU debe exhortar al Estado venezolano a cumplir y hacer cumplir los mandatos internacionales, la Constitución y las leyes nacionales que sustentan los derechos de las personas con discapacidad en cuanto al acceso a la justicia el debido proceso y la garantía de accesibilidad e inclusión”, aseguró De Gouveia.

La organización señaló que ha realizado “importantes hallazgos”, que evidencian desigualdades en el nivel educativo. Además de “barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a este derecho”.

Igualmente, Consorven aseguró que a “el derecho a la accesibilidad física y comunicacional de las personas con discapacidad”; en los centros educativos se ha visto vulnerado.

De Gouveia explicó que las autoridades tienen que revisar la normativa actual, “para generar reglamentaciones y planes de acción que propicien el diseño de programas de formación, protección y apoyo”, para mujeres con discapacidad.

Asimismo, exigió que se debe generar  “mecanismos de control y protección que le permitan a las mujeres ejercer la denuncia e independizarse de ambientes en los que sea abusada”.