El Comercio

 

Tres de los cuatro cuerpos hallados ayer en una zona selvática del sur de Colombia corresponden a los miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, confirmó hoy la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín.

 

Luego de que se conociera el terrible asesinato de los tres periodistas ecuatorianos en la frontera con Colombia, el diario El Comercio de Ecuador puso su portal web en blanco y negro para recordar a estos profesionales.

Javier Ortega, de 32 años de edad, Paúl Rivas, de 45 años y Efraín Segarra, de 60 años de edad, eran periodistas de este diario el cual fue fundado en el año 1906 en la ciudad de Quito, y cuyas informaciones están enfocadas en el acontecer del país sudamericano.

Fueron secuestrados 26 de marzo en la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, donde recababan información sobre unos ataques registrados en esa región desde el pasado mes de enero.

Este viernes el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, confirmó el asesinato de los periodistas a manos de Walter Patricio Artízala Vernaza, alias «Guacho, guerrillero responsable de este horripilante hecho.

El vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo, reiteró que «Guacho» es un objetivo de «alto valor militar». Igualmente, Naranjo expresó su solidaridad «con el pueblo ecuatoriano, con los periodistas y con los comunicadores y condenó esos hechos que son muy reprochables e inadmisibles».

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que viajó este viernes a la Cumbre de las Américas en Lima, ordenó a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; al comandante general de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía Ferrero, y al director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto Rojas, trasladarse a Ecuador.

 

 

Indignación total por pronunciamiento de autoridades en caso de secuestro de colegas de El Comercio @lahoraecuador pic.twitter.com/0bQ6wHikRf

— HUGO R. CONSTANTE (@constante_r) 13 de abril de 2018

A esta hora en la redacción de diario El Comercio. Consternación y dolor. #NosFaltan3 pic.twitter.com/JHkbroG342

— Andrea Orbe Saltos (@AndreaOrbe5) 13 de abril de 2018

No se puede seguir mirando hacia el costado. Hoy, mientras usted lee estas líneas, en un país sudamericano de más de 30 millones de personas hay una dictadura.

Su gobierno –violando la Constitución– no permite votar a la gente (suspendió un referéndum revocatorio y las elecciones para gobernadores en el 2016), tiene a más de 100 personas encarceladas por sus ideas (entre ellas a uno de los principales líderes políticos opositores), el Parlamento está intervenido y sus leyes son anuladas por el Poder Judicial (completamente dominado por el gobierno), al tiempo que las fuerzas de seguridad del Estado pueden detener y torturar arbitrariamente a cualquier ciudadano por sola decisión de los gobernantes.

Por ello, he hecho un llamado a una salida electoral, transparente y equitativa, con los presos fuera de las cárceles, con libertades individuales aseguradas y con un canal de asistencia humanitaria funcionando. Restaurarle al pueblo sus derechos es lo básico y lo único que puede permitir que Venezuela vuelva a ser parte del conjunto de naciones democráticas del continente.

Se trata de un sistema autoritario, además de ineficiente y corrupto: escasean dramáticamente los alimentos, la gente se enferma y no tiene medicinas, la inflación es de 700% y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Todo esto mientras el monto estimado de daño al patrimonio público por parte de la clase gobernante se estima en US$300.000 millones, a la vez que las actividades del gobierno se ven entrelazadas con el narcotráfico.

Todos estos datos están probados. Los he presentado en múltiples oportunidades y nadie ha intentado desmentirlos.

La historia de Latinoamérica y el Caribe está plagada de dictadores. Por eso, en el año 2001, los 34 países de la OEA se pusieron de acuerdo y firmaron la Carta Democrática Interamericana (CDI). Decidieron que nunca más tendrían dictaduras y que la democracia es un derecho de los pueblos, que los gobiernos deben asegurar.

A efectos prácticos, la CDI tiene dos artículos que determinan las posibilidades para que actuemos hoy ante la urgencia de la situación: el 20 y 21. El artículo 20 expresa que constatada la alteración del orden constitucional que afecte gravemente la democracia en un país miembro, se podrán realizar gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios.

Ese camino del artículo 20, por la vía de los hechos, ya se recorrió durante tres años y fracasó: desde el 2014 a la fecha realizaron estas gestiones los cancilleres de Unasur, los países que integran el Consejo Permanente de la OEA, los países de Mercosur, los ex presidentes designados por Unasur, el Grupo de los 15 en la OEA, el Grupo de los 15 ampliado, el papa Francisco y sus enviados y el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otros. Y pese a los esfuerzos ninguno obtuvo resultados. Porque era parte del diseño gubernamental que no se obtengan resultados.

Si todos ellos fracasaron ante la negación del Gobierno Venezolano, ¿quién más puede lograrlo? ¿Cuánto tiempo más puede la gente de Venezuela seguir sufriendo la opresión y las privaciones?

Por eso he propuesto que de no vislumbrarse a breve plazo, en un período de un mes, un camino realmente democrático con señales claras en esa dirección, como la liberación de los presos políticos, un cronograma electoral, un canal humanitario, se proceda a la suspensión de Venezuela de la OEA, prevista en el artículo 21 de la CDI. Porque ya no queda otro camino. Se necesita que los países de la región demuestren unidad y que las 33 naciones adopten una postura en favor de la defensa de la democracia agredida.

No estamos tampoco contra el diálogo, estamos contra el fracaso del diálogo.

Por ello, la suspensión no es nuestro objetivo, sino que es la última forma que encontramos en nuestro marco normativo para que el gobierno de ese país, ante el aislamiento y pérdida de legitimidad por la decisión de sus pares, sumado al reclamo de la ciudadanía, se vea obligado a llamar a elecciones presidenciales que devuelvan la democracia, las libertades y la prosperidad al país.

Creo que como demócratas del continente es nuestra genuina obligación.

@Almagro_OEA2015

El Comercio

El diario peruano El Comercio publicó este martes 01 de noviembre un editorial sobre los señalamientos y críticas del presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre el gobierno venezolano.

«Sucede, sencillamente, que hasta ahora ha existido una cierta actitud contemplativa o indulgente de muchos países y hasta de organizaciones internacionales frente al grave estado de la democracia en Venezuela. Lo señalado por el jefe de Estado y la cancillería de nuestro país es bastante obvio… pero nadie se atrevía a declararlo con todas sus letras» escribe el diario.

Puede leer aquí el editorial completo: 

La intervención del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la XXV Cumbre Iberoamericana de Cartagena y el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú acerca de la situación en Venezuela han provocado una áspera reacción de parte de las autoridades de ese país. En particular, de la canciller Delcy Rodríguez.

Como se sabe, el mandatario peruano simplemente habló de “una tremenda crisis económica y también una crisis de derechos políticos” y humanos en la vecina nación, y de la necesidad de abordar el tema en la reunión a la que asistía, porque no hacerlo sería soslayar “los temas candentes” de la región. “No hay ningún afán de interferir”, puntualizó. “Pero sí un afán de que todos los latinoamericanos, los iberoamericanos progresen, adelanten y no retrocedan”.

Por su parte, en su comunicado del 29 de octubre, nuestra cancillería señaló que “en Venezuela se ha generado una alteración del orden democrático y constitucional que vulnera los principios de la Carta Democrática Interamericana” y expresó su deseo de que “el gobierno y la oposición logren acuerdos precisos con el objetivo de restaurar el orden democrático, con plazos y objetivos definidos”.

Observaciones ambas, a decir verdad, bastante templadas y diplomáticas, considerando lo dramático de las circunstancias a las que aluden. La reacción oficial del país llanero, sin embargo, fue, más bien, altisonante. “El lenguaje de las altas autoridades de la República del Perú obedece al libreto injerencista diseñado en Washington para justificar la intervención de Venezuela en concierto con los sectores opositores antinacionales”, aseveró el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en un comunicado del 30 de octubre.

Y la canciller Rodríguez aportó algunas imprecaciones de su propia cosecha. “Al presidente del Perú […], nosotros lo emplazamos a que se quite ese traje de empresario estadounidense y vea más la realidad de los pueblos de la América Latina”, proclamó, sin responder realmente a los problemas puestos de manifiesto por el mandatario y el gobierno peruanos.

La razón de la desproporción entre el estímulo y la reacción, sin embargo, no es tan difícil de desentrañar. Sucede, sencillamente, que hasta ahora ha existido una cierta actitud contemplativa o indulgente de muchos países y hasta de organizaciones internacionales frente al grave estado de la democracia en Venezuela. Lo señalado por el jefe de Estado y la cancillería de nuestro país es bastante obvio… pero nadie se atrevía a declararlo con todas sus letras.

Si de trajes hablamos, el episodio recuerda en realidad un famoso cuento de Hans Christian Andersen – “El traje nuevo del emperador”– en el que un soberano se pasea por las calles de su reino desnudo, pero nadie se atreve a decirlo porque supuestamente lleva puesto un traje muy fino, invisible para los necios (una condición que ninguno de los que lo observaban quería admitir respecto de sí mismo). Hasta que un niño, en su absoluta inocencia, lo grita en medio de la multitud y la farsa se viene abajo.

La declaración peruana ha expuesto, por fin, la desnudez de la entraña tiránica del régimen de Maduro y este ha reaccionado con virulencia, porque la complacencia de los otros estados latinoamericanos le resultaba indispensable para tratar de prolongar su ilegítimo ejercicio del poder. Y ahora, con el grito resonando en las calles, eso peligra.

De ahí que la prensa internacional haya destacado en estos días el rol de Kuczynski como “uno de los grandes protagonistas del poder latinoamericano en los próximos años” (“El País”, de España) o “el defensor de la causa opositora en el subcontinente” (“La Nación”, de Argentina). Y de ahí, también, que los diversos sectores políticos del país hayan decidido cerrar filas en esta materia con el gobierno.

Tal como ha determinado nuestra cancillería, no hace falta en realidad llamar en consulta a nuestro embajador en Caracas, pues eso constituiría una forma codificada en el lenguaje diplomático de protestar y llamarle la atención al gobierno que ha cometido un atropello, y con lo dicho en Cartagena ese propósito se ha conseguido ya largamente.

 

Hace dos años Ecuador decretó la Ley de Comunicación, que permite al Gobierno establecer la información que aparece en los medios y cómo la publican. La Superintendencia de la Comunicación (el órgano de control) ha sancionado a 198 medios. El organismo ha realizado 506 procesos y 313 resoluciones, de las que 185 han sido sanciones económicas, con las que el Estado ha recaudado 201.596 dólares.

«Publicar bajo protesta». Esta frase encabeza las peticiones de rectificación y réplica que tres medios de comunicación impresos (Expreso, El Comercio, y La Hora) han tenido que publicar forzosamente esta semana. La Secretaría de Comunicación (Secom) mandó maquetada y redactada a los diarios demandantes la información sobre los nuevos impuestos y la reforma de la Ley de Seguridad Social para su inmediata publicación.

La situación ha sido calificada de abusiva y autoritaria por varios defensores de la libertad de prensa como Diego Cornejo, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep). «En la televisión y radio ya lo hacían. Ahora han descubierto que pueden imponer contenidos a los periódicos». Mauricio Alarcón, de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), considera que se está abusando del derecho a la rectificación y la réplica para imponer contenidos y los medios se someten para evitar una demanda. «Al recibir los textos de la Secom, los periódicos los publican tal cual, ya diagramados, con titulares, e incluso con epítetos y descalificaciones contra el propio medio».

Desencanto en la redacción

La pesadumbre en el interior de las redacción es palpable, las cortapisas para trabajar aumenta cada día. Esta misma semana, el diario Expreso divulgó que para solicitar entrevistas con secretarios de Estado les han pedido que envíen el currículum de los periodistas que harían la entrevista. «Desde luego nosotros no vamos a entregar la hoja de vida de nadie, si nos conceden las entrevistas bien, y si no, no las haremos. De todas maneras, en el 99% de los casos no nos la conceden», señala Jorge Sánchez, jefe de redacción del diario. Para él, el objetivo de la Ley de Comunicación es censurar a los medios de comunicación. «Yo creo que esto es un intento claro de tratar de silenciar a los periódicos, acosarlos de tal manera que al final dejes de publicar algo por temor a meterte en un jaleo o de una sanción económica».

Con este malestar se cumple hoy el segundo aniversario de la Ley de Comunicación, vigente desde el 25 de junio de 2013. Para Carlos Ochoa, titular de la Superintendencia de la Comunicación, el órgano de control mediático creado por la ley, los ciudadanos han hecho escuchar su voz y ahora reclaman sus derechos. «Tras 24 meses de aplicación de la ley, más que nunca la libertad de expresión está vigente en Ecuador», afirma.

Ochoa informó en rueda de prensa de que desde octubre de 2013 (cuando empezó a funcionar la Superintendencia de la Comunicación) se han realizado 506 procesos y emitido 313 resoluciones, de las que 185 han sido sanciones económicas. El monto recaudado hasta el momento asciende a 201.596 dólares, dinero que ha ido a parar a las arcas del Estado. El Gobierno ha sancionado en total a 198 medios.

Esta recaudación podría subir, ya que en el primer cuatrimestre de 2015 se creó la figura de la reincidencia, que multiplica exponencialmente las multas para los medios que incurran en la misma falta en un lapso de seis meses. Por eso el diario El Universo fue condenado a pagar más de 300.000 dólares, por no publicar en dos ocasiones el texto íntegro de una rectificación que envió la Secretaría de Comunicación. El periódico se declaró en resistencia y alegó que solo cambiaron los titulares y colocaron otros que explicaban a sus lectores que lo que venía a continuación eran rectificaciones.

Fundamedios ha hecho un análisis de las denuncias contra la medios y concluye: «Hay una mayoría de procesos iniciados por el poder político, por el Estado. La ley se ha usado como un mecanismo de poder para presionar a los medios». Al número de procesos iniciados por oficio —224, según la Superintendencia de la Comunicación—, se suman los presentados por funcionarios públicos y las organizaciones sociales y líderes afines al Gobierno —36, según Fundamedios—.

Próximas reformas

Asimismo, en dos años solo ha habido tres sanciones contra medios públicos o incautados por el Estado (EcuadorTv, El Telégrafo y TC Televisión), según Fundamedios, que además han consistido simplemente en amonestaciones escritas, nunca en una multa, pese a que las infracciones han sido similares a las que han cometido los medios privados. Por ejemplo, Diario Extra recibió una multa por publicar en su portada la foto de una mujer desnuda y calificarla como «potra», mientras que TC Televisión solo recibió un llamado de atención por emitir un segmento televisivo que también cosificaba a la mujer, el llamado «nalgómetro», que medía la capacidad de sacudir la parte trasera de las concursantes femeninas.

El Superintendente de Comunicación anunció en su intervención de esta semana reformas a la Ley de Comunicación que, según dijo, se conocerán en su totalidad a finales de año. Entre ellas aparece la figura de la mediación, para permitir que las partes involucradas en un proceso legal lleguen a un acuerdo y eviten una sanción. Pero la mediación se hará dentro del órgano de control mediático, que en ocasiones será juez, parte y, tras la reforma, también árbitro.