El Callao

El Tren de Guayana y El Perú se declararon en guerra para controlar territorio 

Un presunto enfrentamiento entre grupos irregulares le dio la bienvenida a la segunda semana de abril en El Callao, al sur del estado Bolívar. El Tren de Guayana y El Perú, -bandas armadas con amplia influencia en el territorio- se declararon en guerra para controlar El Perú, uno de los cuatro sectores de El Callao. Ambos líderes utilizaron las redes sociales para declararse “la guerra”.

El 9 de abril se difundió un video en el que un vocero anónimo, acompañado de encapuchados armados del grupo que se hace llamar Frente Revolucionario de El Perú, acusó al grupo delincuencial El Tren de Guayana -presuntamente dirigido por alias ‘Ronny Matón’- de operar con el Gobierno. “Les indica la zona a incursionar, y los compra con pagos mensual de cinco kilos de oro”, aseguró el vocero.

Aparentemente El Tren de Guayana tiene el control de los sectores Las Vainitas, Nacupay, y Cicapra en El Callao, y Vista al Sol, en Ciudad Guayana.

“Los compra con un pago mensual de cinco kilos de oro a cada organismo, como CICPC, FAES, los camuflados, para que nos ataquen a nosotros. Aparta al Gobierno y nos matamos, te aseguro que me les voy a meter para Las Vainitas, Cicapra, donde sea”, dijo el vocero sin identificar en el video.

La banda El Perú, encabezada por Eleomar José Vargas alias Zacarías y Alejandro Rafael Ochoa alias ‘Toto’, exigió al alto mando militar detener sus incursiones en contra del grupo delincuencial.

El medio Crónica Uno reportó que, en respuesta al video, el Tren de Guayana difundió un comunicado presuntamente escrito por quien encabeza la organización delictiva, Ronny Colome o ‘Ronny Matón’.

En el comunicado, Colome asegura que la organización tomó el control de la zona minera de El Perú. “Echar de estas tierras toda la violencia que tenía en zozobra a la población, el desorden, anarquía, maldad y violaciones tanto físicas como de Derechos Humanos que estos malandrines, basándose con sus cuatro revólver y cinco chopos, ponían a la humilde y trabajadora familia minera”. Expresa el documento.

De acuerdo con el comunicado, Colome definió su banda armada como una organización con fines agro-mineros y ecológicos.

Otro episodio ocurrió a los pocos días. El 11 de abril, tres civiles murieron a manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) según reportó la prensa local. De acuerdo con la fuente oficial, estas ejecuciones ocurrieron en medio de un enfrentamiento entre integrantes de la banda El Perú, y la GNB.

La siguiente semana, comenzaron a correr rumores de presuntos tiroteos en el sector El Perú. Los comentarios eran que los disparos se escucharon en la plaza El Jobo. La plaza principal de El Callao estuvo militarizada, toda vez que los pobladores se resguardaban a tempranas horas del día.

Mientras la comunidad se resguardaba por miedo, los cuerpos de seguridad del Estado declararon que el despliegue de “Semana Santa Segura 2022” se mantenía en pie, y que El Callao era zona de paz.

Población condenada a vivir con miedo

No es la primera vez que la banda El Perú lanza un ultimátum vía redes sociales, de hecho, se autoproclaman protectores de derechos humanos. En mayo de 2021 exigieron al presidente de Nicolás Maduro enviar -en un plazo de 78 horas- una comisión para investigar los crímenes cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, y amenazó con atacarlos si no se cumplía el plazo.

En respuesta, el Estado militarizó aún más la zona e impuso un toque de queda. La presencia militar hizo que el grupo se desplazara a otras zonas mineras como Nacupay.

El azote continuo del hampa, y el accionar de los cuerpos de seguridad -muchas veces cuestionable-, han obligado a la población de El Callao a resguardarse, y a vivir en zozobra desde hace más de un quinquenio cuando, en 2016, el Presidente Nicolás Maduro decretó la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO): un área de explotación mineral que en la práctica expandió la minería ilegal controlada por grupos armados con la tolerancia del Estado, contaminación acelerada del territorio, diseminó enfermedades epidemiológicas otrora controladas como la malaria, e impuso un patrón de trabajo forzado y esclavitud sexual.

A menudo, no hay pronunciamientos oficiales sobre los presuntos enfrentamientos armados que ocurren con frecuencia, y el saldo de víctimas que deja detrás.

Organizaciones como Human Rights Watch y Transparencia Venezuela han advertido que el accionar de los grupos armados, dependiendo de la zona estratégica, tiene un vínculo con los cuerpos de seguridad del Estado.

Bolívar es la tercera entidad más violenta de Venezuela. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) determinó que durante 2021 tres de sus municipios: El Callao, Sifontes y Roscio, estuvieron entre los cinco más violentos del país.

Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) existe preocupación por la ocurrencia y perpetuación de este tipo de situaciones que mantienen en caos a la población de las localidades en las que se presentan este tipo de violencia. “Miramos con alarma que muchos de los ciudadanos que hacen vida en la localidad han naturalizado situaciones afirmando “que suceden todos los días solo que uno no se entera porque no hay famosos involucrados”.

“Desde el OVV Bolívar exhortamos al Estado a recuperar la institucionalidad en la región asumiendo la conducción de sus municipios al mismo tiempo que garantiza un justo orden social desde una legitimidad que se corresponda con nuestros máximos preceptos normativos”, finalizó el equipo de investigadores.

El video citado en esta nota de prensa, se puede ver en:

• https://ms-my.facebook.com/ImpactoVenezuela/videos/enfrentamientos-en-el-callaoangustia-por-fuertes-enfrentamientos-viven-los-habit/1384861858628227/

Una de las víctimas responsabilizó al alcalde del pueblo minero en caso de que la mataran

El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó la noche de este viernes que su despacho designó al fiscal 5to del Ministerio Público para investigar los asesinatos de Martha Aristizábal (37 años) y Dorialcely Tocuyo (29 años), en El Callao, estado Bolívar, cuyos cuerpos fueron baleados y hallados el 1 de junio detrás de una casa en el sector minero La Iguana.

Saab, que se refiere al hecho como un “homicidio serial”, omitió que los familiares de las dos mujeres señalan al alcalde de esa jurisdicción, Alberto Hurtado, de estar involucrado en los femicidios. 

Los parientes indican que Tocuyo acusó públicamente al alcalde por corrupción y por ser cómplice de las redes de prostitución que operan en el poblado, en medio de una protesta. La mujer dijo que si aparecía muerta, era responsabilidad del alcalde. 

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El Monitor de Femicidios de Cepaz señala que entre el 1 de enero al 31 de marzo hubo 20 femicidios en Venezuela 

Familiares de Dorialcely Tocuyo, mujer asesinada en El Callao, piden que el alcalde Alberto Hurtado, sea investigado por su asesinato e interpondrán la denuncia ante la Fiscalía

Ronna Risquez y Valeria Pedicini

La muerte de ocho mujeres en menos de un mes a manos de grupos de crimen organizado en Venezuela muestra cómo las organizaciones criminales no reparan en temas de género. Cada vez con más frecuencia ejercen su violencia contra víctimas de sexo femenino. 

El 2 de junio se conoció la ejecución de dos mujeres que lideraron una protesta y denunciaron la corrupción de un alcalde en el estado Bolívar. Días antes el descuartizamiento de dos maestras que denunciaron bandas en Miranda –que cuentan con la supuesta protección de algunos gobernantes municipales– había incrementado el terror entre los habitantes de los pueblos de Barlovento. 

A estos casos se suman el asesinato de una ama de casa en una presunta venganza de la guerrilla del Ejército Nacional de Libreción contra su esposo fallecido; los sicariatos de otras mujeres -en hechos aislados- por parte de bandas armadas de de Caracas y Aragua; y la muerte de una exfuncionaria policial por una bala perdidad disparada en los enfrentamientos con la megabanda de “El Coqui”, en La Vega, Caracas.

El fortalecimiento de diversas estructuras criminales en el país durante la pandemia pudiera tener una expresión en el posible incremento de la violencia armada contra las mujeres. Estos grupos están actuando contra las mujeres con las mismas prácticas de violencia extrema y sanguinaria que en el pasado han utilizado contra sus enemigos varones.

El Monitor de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indica que entre el 1 de enero al 31 de marzo hubo 20 femicidios. De esa cifra, 30 por ciento de los casos se desarrolló en un contexto de criminalidad organizada, mientras que 15 por ciento presenta como motivación aparente del hecho la venganza de organizaciones criminales.

El monitor especifica que, de las causas de muerte, en 10 por ciento de los femicidios hubo mutilaciones o descuartizamientos. El 5 por ciento de los agresores aparecen vinculados a bandas dedicadas a actividades ilícitas.

Implicado el alcalde de El Callao

Dos mujeres fueron asesinadas en El Callao, estado Bolívar: Dorialcely del Valle Tocuyo Martínez, de 30 años de edad, y Martha Liliana Aristizábal, de 37 años.

Sus cuerpos, que presentaban múltiples heridas de bala, fueron encontrados el 1 de junio detrás de una casa en el sector minero La Iguana.

Familiares de Dorialcely Tocuyo piden que el alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, sea investigado por su asesinato e interpondrán la denuncia ante la Fiscalía.

La solicitud obedece a que durante los disturbios del 24 de mayo en el poblado, a causa de la negativa de los comerciantes de recibir el billete de 50 mil bolívares, Tocuyo acusó públicamente al alcalde de corrupción y de ser cómplice de las redes de prostitución que operan en el poblado mientras los residentes padecen hambre.

En la protesta, la mujer dijo que sí aparecía muerta, era responsabilidad del alcalde. La mujer acusó a Hurtado de no ejercer el control sobre grupos armados irregulares que operan en las zonas mineras y de ser cómplice de las redes de prostitución que operan en el municipio minero.

Dorialcely Tocuyo tenía cuatro hijos entre 8 y 13 años de edad. La mujer era oriunda de San Félix, municipio Caroní, y llevaba 10 años viviendo en la población de El Callao. Trabajaba en este poblado y en Tumeremo, municipio Sifontes. Se dedicaba a la manicura, maquillar cejas y era trabajadora sexual.

Su hermano alegó que “no puede ser casualidad que una vez que ella le haya dicho todas sus verdaderas aparezca muerta y torturada”.

Familiares no lograron acceder al cuerpo de la víctima sino hasta este miércoles en la mañana. Presentó fractura de cráneo por golpes e impacto de bala; su madre logró reconocerla por los tatuajes en su cuerpo. “La tenían en una bolsa negra y ya estaba en descomposición, no la mantuvieron refrigerada ni nada”, lamentó su tía.

Asesinada por la guerrilla en Táchira

Tres homicidios en Táchira se unieron a los asesinatos en los que los responsables pudieran ser uno de los grupos guerrilleros  que operan al sur del estado fronterizo con Colombia. 

Se trata de una mujer y dos hombres que en casos aislados y circunstancias muy distintas, fueron asesinados a tiros los días 6, 7 y 8 de mayo. 

Una de las víctimas fue Marielys Del Valle Alviárez Morales. Ama de casa y madre de tres niños de 10, 4 y 3 años de edad. El hecho ocurrió en pleno casco central de San Juan de Colón, municipio Ayacucho.

Mientras Alviárez se arreglaba las cejas en una peluquería, un grupo de hombres armados irrumpió en el local y se la llevó por la fuerza. La hicieron subir a una camioneta negra y no tuvieron más información de ella sino hasta unas cuatro horas después.

Al parecer, la mujer había recibido amenazas de muerte que la obligaron a dejar el país. Sin embargo, había regresado recientemente para finiquitar una serie de diligencias legales, tras la muerte de su esposo, ocurrido un año antes.

De acuerdo con versiones extraoficiales, al fallecido lo señalaban de encabezar un grupo paramilitar que supuestamente controlaba las actividades ilegales en el mencionado municipio.

El sábado 7 de mayo, cerca de las 9:00 de la noche, hallaron su cadáver baleado en plena vía pública. Tras el hecho se corrió la voz de que la guerrilla había cumplido con las amenazas en su contra.

Desmembradas en Barlovento

Glendy Castillo y Yanir Burguillos estaban en su hogar, en una localidad de Barlovento en el estado Miranda, la madrugada del domingo 16 de mayo cuando fueron sorprendidas por un grupo de hombres armados. Las mujeres, de 48 y 33 años respectivamente, fueron asesinadas de varios disparos. 

Posteriormente fueron desmembradas y algunas partes de sus cuerpos fueron esparcidas en el caserío Cumbo, municipio Andrés Bello del estado Miranda en la plaza Bolívar, la plaza de la iglesia y una vivienda. 

Castillo era docente y Burguillos era ama de casa. Ambas integraban el Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) de su comunidad.

Se conoció que el móvil de los asesinatos fueron las denuncias que estas mujeres hacían de los hechos delictivos de una poderosa banda criminal de «Eduardo Delicias» que azota a los pueblos de la zona como Caucagua, El Clavo, Río Chico y Cumbo. 

Calcinada en El Guarataro

Daysi Pérez, de 17 años, vivía en el sector El Guarataro del municipio Libertador de Caracas. La noche del sábado 22 de mayo se encontraba en la calle Real Los Pinos del barrio sentada en una moto, cuando unos hombres llegaron al lugar y le dispararon.

Los proyectiles también impactaron en la moto, ocasionando que se incendiaria y la joven herida quedó atrapada en el fuego. 

Las autoridades señalan como presuntos responsables de este hecho a integrantes de la banda de alias “Junior Salinas”, un grupo delictivo que azota esa barriada. 

Sin embargo, se desconoce el móvil del homicidio. 

Por una bala perdida

Blanca Violeta Orellano es otra de las mujeres que han sido víctimas de la violencia generada por grupos armados no estatales en Venezuela en las últimas dos semanas.  

La mujer de 64 años de edad se encontraba en su vivienda ubicada en sector El Rosario de la parroquia La Vega cuando una bala perdida le impactó en el abdomen. El hecho ocurrió cuando se enfrentaban funcionarios policiales y supuestos miembros de la megabanda de “El Coqui”.

Su hijo no había podido comunicarse y no tenía conocimiento de lo ocurrido. Al día siguiente fue a visitarla y la encontró muerta. 

Orellano murió sola dentro de su casa. La mujer era funcionaria jubilada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero seguía ejerciendo como abogada. 

Asesinada en Aragua 

Raimaría Alejandra Estrada tenía 26 años, era madre de tres niños y trabajaba como manicurista. Vivía en el urbanismo Antonio Ricaurte, municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua. 

El 26 de mayo, pasadas las 10:00 pm, un hombre desconocido se le acercó a la joven y le disparó, según versiones de los vecinos que presenciaron el hecho. 

Estrada cayó sobre el asfalto y algunos de los vecinos que estaban en el lugar corrieron a auxiliarla. Fue trasladada hasta el Hospital Central de Maracay, pero falleció minutos después de su ingreso en el centro de salud. 

Su cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef). 

El homicida se dio a la fuga. Otra de las versiones de este suceso fue que la joven fue confundida con otra mujer de la zona que denuncia a grupos delictivos y luego los extorsiona. 

Acnur define la práctica como un abuso intencionado de la posición de vulnerabilidad de una persona

Cae sol luego de un día caluroso en El Callao, al sur del estado Bolívar. No hay ningún letrero en la parte de afuera del local, pero se escuchan muchas voces adentro. El vidrio de la puerta principal está roto y con un impacto de bala en el medio.

Hay poca iluminación. En una sala hay un grupo de sujetos sentados en sillas de plástico. En el patio tres habitaciones y un grupo de mujeres conversando y lavando a mano. Hay ropa en el piso y agua en tobos, mientras van conversando de distintos temas. Aprovechan el tiempo porque saben que al caer la noche deben trabajar.

Aunque físicamente son distintas, y sus edades varían entre 20 hasta 36 años, algo las une: tienen meses ganándose la vida de esa forma. Trabajan en un prostíbulo ubicado en el municipio El Callao. La mayoría de ellas son madres solteras y están a kilómetros de distancia de sus casas. Vienen de distintas partes del país, desde Nueva Esparta hasta Anzoátegui.

 “Hace días me dijiste que tú hija no te reconoció cuando fuiste a tu casa, hace unas noches me levanté pensando en eso y que tal vez me pase eso con mi hija. Me da temor que mi hija no me reconozca o que mi familia sepa que estoy en El Callao trabajando de prostituta”, comenta una de ellas a otra de sus compañeras, mientras lavan sus pantalones.

Explican que por pasar la noche con un cliente ganan 1,5 gramos de oro, de los cuales solo reciben 1 gramo, y el resto está destinado para el dueño del sitio donde trabajan; este pago tenía un costo de más de 10 millones de bolívares cuando se realizó este trabajo, que equivalen actualmente a unos 21 dólares.

Aires de cambios

“Quisiéramos tener trabajos normales, en condiciones normales, no tener que mentirles a nuestras familias y mucho menos estar lejos de ellas; Maduro es culpable de esta situación. La crisis del país nos ha hecho emigrar dentro de nuestro propio país para poder seguir alimentando a nuestras familias”, comentó otra de las mujeres que labora en el lugar.  Por medidas de seguridad sus nombres fueron omitidos.

Todas están llenas de anhelos y deseos de salir del sitio que desde hace varios meses se ha vuelto su hogar.

La explotación sexual es un delito que vulnera los derechos humanos y que existe en todos los países. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ha velado por la protección y garantía de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, y ha visto con preocupación el aumento de esta y otras vulneraciones hacia ellas que existen en las zonas mineras.  

“Es una profesión riesgosa y muchas estamos aquí por la necesidad, nos estábamos muriendo de hambre y nos tocó salir de nuestras casas y ciudades para tratar de seguir llevando el pan a nuestras familias. En mi caso tengo más de 4 meses que no voy a mi casa, pero semanalmente le envío dinero a mi mamá porque ella es la que me tiene a mis hijos; eso es lo más doloroso, no poder verlos todos los días, abrazarlos, darles un beso”, sumó otra de las jóvenes que trabaja en el lugar.

Confiesan que desde el inicio de la cuarentena en Venezuela sus ingresos han disminuido debido a que “vienen menos clientes, por un ratico cobramos 5 puntos, por la noche 1 grama, pero a veces pasamos la noche sin atender a ningún cliente, se nos pone duro el trabajo a nosotras también y es aún más preocupante cuando uno es el sustento de su hogar”.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) define la explotación sexual  como un abuso intencionado de la posición de vulnerabilidad de una persona ( por ejemplo, alguien que depende de alimentos u otros servicios para sobrevivir), para obtener favores sexuales, incluyendo, pero no solamente, ofrecer dinero u otras ventajas sociales, económicas o políticas;  además, el tráfico y la prostitución.

Las mujeres merecen protección

Por otro lado, aunque las vulnerabilidades crecen conforme se agudiza la emergencia humanitaria en Venezuela, ellas aseguran que laboran de forma legal: “Un día a la semana vamos hasta la sede de la Policía del Estado Bolívar (PEB) donde sellamos nuestros cartones de control. En el hospital nos dan preservativos y pastillas anticonceptivas”.

Norkis Salazar, coordinadora del área de género de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), explica que: “La prostitución en Venezuela no es un delito, no hay una ley que la tipifique como tal, y resulta por demás importante recordar que las mujeres que se dedican al trabajo sexual son humilladas, perseguidas, y muchas veces matraqueadas por las autoridades por el oficio que realizan”.

La coordinadora además agrega: “Los ambulatorios y hospitales muchas veces no cuentan con antivirales, condones o algún tipo de anticonceptivos que le suministren a  las mujeres para que puedan prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como es inexistente la posibilidad de que puedan realizarse  los exámenes o chequeos médicos preventivos de ITS, que son el más común (si no el mayor)  riesgo que corren las trabajadoras sexuales,  considerando además que tampoco cuentan con  poder adquisitivo que les permita comprar todos los insumos para prevenir estas infecciones”.

Salazar destacó que para quienes sí hay sanción es para aquellos hombres o mujeres que se benefician con recursos económicos a expensas de las mujeres que se dedican a la prostitución, lo que se conoce como proxenetismo. Además, en el contexto venezolano de crisis humanitaria, misma que ha exacerbado las vulnerabilidades, carencias, precariedad y falta de opciones, es más propio referirse a mujeres que ofrecen un servicio sexual con fines onerosos.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer establece en su artículo 4, “toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”.

Con este, ya suman tres derrumbes que se registran en una zona minera de El Callao en lo que va de año

Siete mineros del municipio El Callao, estado Bolívar, murieron por un derrumbe de tierra que se registró el 21 de julio, al sur del estado Bolívar.

De acuerdo con una nota de Crónica Uno, el accidente ocurrió en el sector minero de Nacupay y las víctimas fueron cuatro hombres y tres mujeres.

Sus cuerpos se trasladaron en vehículo particular de familiares e ingresaron sin signos vitales al hospital de El Callao, Juan Germán Roscio.

Con este, ya suman tres derrumbes que se registran en una zona minera de El Callao en lo que va de año.

Otros derrumbes en El Callao

El pasado 2 de mayo, en el mismo sector Nacupay de El Callao, murieron ocho personas a consecuencia de un alud de tierra (derrumbe). El hecho fue en la mina Productores del Sur, a nueve metros de profundidad.

En ese accidente murieron: Jesús Enrique Tarife, de 27 años; Andy Joel Tarife, de 38; Mirian Josefina Montilla Tarife, 36; Noel José Caña García, 41; Andrés David Maza, 38; Daniel José Caraballo, 26; José Luis Medina Rodríguez, 42; y Daniel de Jesús Medina Rodríguez, de 34 años.

También, a inicios de febrero, hubo otro derrumbe en la mina La Isidora, un campamento minero ilegal en un área restringida que pertenece a la empresa Mibiturven, antigua CVG Minerven.

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NO IMPORTÓ QUE LA PLAZA BOLÍVAR DE LA POBLACIÓN DE EL CALLAO, enclave minero ubicado al sur del estado Bolívar, estuviera vigilada por los cuerpos de seguridad. Uno de los grupos que lucha impunemente por el control de los yacimientos de oro quiso deja un claro mensaje a sus rivales y autoridades: en un saco yacía la cabeza de una persona decapitada cuya identidad aún no ha sido revelada.

Este hecho ocurrió la noche del jueves 23 de mayo, frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen del ruidoso pueblo aurífero. Fue la nueva campanada de la escalada del conflicto originado por la violencia asociada a la extracción y comercialización del oro, el mineral que hoy día sirve al régimen de Nicolás Maduro como auxilio financiero en medio del descalabro de la producción petrolera y el cerco de las sanciones internacionales.

Mientras el gabinete ministerial de Maduro explora, junto a sus aliados internacionales, maniobras para evadir las sanciones financieras y así poder cotizar los lingotes de oro que logra retener a través de un entramado sistema de tráfico del metal, en uno de los principales centros de extracción y acopio del mineral los grupos chocan a sangre y fuego ante la mirada pasiva de las autoridades y una población cada vez más dependiente de la voluntad de quienes infunden terror.

La crisis política y económica de Venezuela desencadenó una importante migración de personas, en su mayoría desesperadas y desempleadas, hacia las zonas mineras que estaban bajo control de grupos irregulares antes de la entrada en vigencia del proyecto estatal Arco Minero del Orinoco.

Desde entonces la población de El Callao, como otras localizadas a lo largo y ancho del cordón aurífero guayanés, están bajo el perenne azote de bandas criminales que zanjan sus diferencias con muerte por encargo y empleando métodos que evocan a los conflictos más violentos de América Latina, como la ‘guerra del narco’ en México, en donde descuartizan, acribillan y hasta decapitan a los rivales.

Autoridades policiales del municipio El Callao, consultadas por Monitor de víctimas, no revelaron mayores detalles del hallazgo de la cabeza humana en la plaza del pueblo, tan solo refirieron que estas prácticas (decapitaciones) comenzaron a tomarse como ejemplo de mafias mexicanas, quienes enviaban una advertencia a sus grupos enemigos con cada muerte. 

Las atrocidades habían cesado en el último año, al menos, en cuanto a la exposición de los cadáveres porque las muertes en los yacimientos no han cesado. Sin embargo, las instituciones no dan cuenta de estos enfrentamientos y la gente suele callar ante los crímenes que ocurren dentro de las zonas boscosas en las que se extrae el material aurífero que luego va a los molinos que proliferan en cada esquina del pueblo minero.

El panorama dominado por la violencia ha expulsado a muchos habitantes que escapan del horror desencadenado por la fiebre del oro. Otras permanecen. Es el caso de Eucaris Padilla quien reside en El Callao desde hace 15 años.

“Soy de San Félix, pero desde hace 15 años me vine para El Callao junto a mi esposo; aquí tuve dos niñas. Aunque el pueblo se ha vuelto muy violento y es normal escuchar las balaceras casi todas las noches, mi familia ha decidido permanecer aquí, mientras uno no se coma la luz con los malandros, ellos no se meten con nosotros; ayer con el alboroto salimos hasta la plaza y observamos la cabeza que estaba en el saco, esas cosas me asustan y creo que no nos vamos a acostumbrar. Pero es difícil dejar nuestra casa y todo lo que tenemos para comenzar de nuevo con esta situación país, esperamos en Dios que la situación mejore”, indicó la mujer.

No es la primera vez que en la Plaza Bolívar de El Callao arrojan restos humanos. Uno de los hechos fue atribuido al “sindicato” minero liderado por dos sujetos apodados el Chingo y Pato Lucas, respectivamente.

“Aquí nosotros vivimos en zozobra, con miedo, yo soy madre de tres muchachos que trabajan en las minas y no estoy tranquila hasta que ellos regresan a la casa”, contó una mujer de 45 años quien prefirió resguardar su identidad.

Ella aguarda el deseo de que sus hijos decidan salir de El Callao. “Aquí vivimos bien, tenemos alimentos y comodidades, pero no tenemos paz”.

Ante lo ocurrido, el alcalde del municipio El Callao, Alberto Hurtado, informó que el hombre decapitado, cuya cabeza fue arrojada dentro de un saco en la plaza la noche del jueves, no ha sido identificado.

“Rechazamos contundentemente todas estas acciones y pedimos paz para nuestro municipio”, dijo el alcalde quien insistió en llamar a la calma y a mantener las actividades comerciales.

Sin embargo, la calma es hoy día una ilusión gubernamental a juzgar por el decapitado y la granada que lanzaron el pasado 19 de mayo a la sede de la Alcaldía de El Callao, otro hecho sin aclarar en la guerra no declarada por el control de los lucrativos recursos minerales de la región.

Bajo el dominio del “pranato minero”

El sur del estado Bolívar es un territorio minado, no sólo de yacimientos de oro sino también de bandas delictivas que controlan desde hace unos 8 años el negocio de extracción en la región, imponiendo un esquema de violencia que recuerda las formas de las mafias de la construcción en Ciudad Guayana y prácticas de algunas cárceles del país.

El abandono del Estado en los tradicionales yacimientos de oro permitió la llegada de grupos criminales para el control del negocio de extracción, similar a lo que ocurrió en las cárceles, y se produjo una migración de bandas delictivas de las zonas urbanas del norte del estado Bolívar hacia el sur, por lo atractivo del negocio minero, simbiosis civil y militar y ausencia de controles

En lo que respecta a El Callao, los grupos principales y más notorios de esta pugna están ubicados en el sector Nacupae y en el sector El Perú.

El sector Nacupae está bajo el mando de alias el Morocho y El Perú sigue liderado por alias el Toto, sujeto que desde hace más de un año es rastreado por comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y hasta ahora no han logrado ubicarlo.

Estos sindicatos son los más sonados en la población, a quienes se les atribuye masacres y muertes atroces ocurridas en la zona Sur, esto para tener el control de las minas.

La situación de extrema violencia ha sido identificada como otro factor de cuidado en el ya riesgoso panorama de crisis política que atraviesa Venezuela. La organización Crisis Group​ – fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales – publicó a finales de febrero de 2019 un informe titulado “El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, Informe sobre América Latina N°73”, en el que advertía que la presencia de crimen organizado y grupos guerrilleros “perjudica a las comunidades, desvía los escasos recursos y dispara las tasas de homicidio”.

Asimismo, la organización no gubernamental afirmaba en ese entonces que “las tensiones y la violencia se han disparado en los últimos meses y podrían empeorar en medio de la crisis presidencial de Venezuela”.

Lejos de los centros de poder de Venezuela, donde se está llevando a cabo la lucha para decidir el futuro político del país, las vastas regiones tropicales al sur están expuestas a graves riesgos de intensificación del conflicto entre grupos criminales violentos que vienen ejerciendo control sobre las comunidades mineras, a menudo en complicidad con las autoridades.

Los hechos recientes en El Callao así lo confirman.

Tierra de matanzas y destrucción ambiental

Ha sido evidente el deterioro creciente del medio ambiente a causa de la explotación ilegal del oro en una zona minera nombrada por el Estado venezolano como Arco Minero del Orinoco, en donde convergen grupos civiles armados y organizaciones gubernamentales en pugna sangrienta por los yacimientos.

El decreto del presidente Nicolás Maduro desencadenó, a partir de 2016, una degradación a gran escala del suelo y una afectación considerable en las cuencas hídricas, como un último intento para inyectar capital extranjero a la economía destruida.

Este proyecto, que a juzgar por las muestras palpables de desorden social y de negación a toda perspectiva ambiental, navega en las aguas de la opacidad informativa, dificultando las consultas de los pueblos indígenas que habitan en las áreas de exploración.

La situación planteada reduce las expectativas de vida digna de los pobladores más cercanos al conflicto y niega a las futuras generaciones el goce y bienestar de contar con una increíble biodiversidad.

El testimonio de las víctimas de la violencia armada alrededor de las minas y el sometimiento y posterior desplazamiento de comunidades indígenas, contribuirán a visibilizar el daño hecho a uno de los ecosistemas más importantes, el Amazonas, lo cual hace que este litigio propuesto contra el Arco Minero del Orinoco cobre un interés internacional.

EL OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA EN BOLÍVAR ve con preocupación la situación en las zonas mineras, donde ocurren constantes disputas que ponen en riesgo no sólo a los mineros artesanales, sino también a los habitantes de esa región al sur del país.

La coordinadora del OVV Bolívar, María Virginia Alarcón, informa que los mayores índices de violencia se concentran en la zona sur del estado con el registro de casos asociados con enfrentamientos entre grupos armados, en una lucha por el control del territorio donde se realiza la actividad minera. “Desde el año 2016 han ocurrido una docena de masacres vinculadas con la explotación de oro, masacres que han cobrado la vida de 107 personas”. La experta considera que “la situación reinante colida con los principios de legalidad y atenta con los derechos más fundamentales del ser humano”.

Las bandas armadas han tomado fuerza con el pasar de los años en las zonas mineras. Los mineros poco hablan del tema del pranato y el control que ejercen estos grupos por temor a represalias, pero admiten que “si el barranco está sacando cierta cantidad de oro, ellos se lo quitan a uno. También se les debe cancelar unos gramos semanalmente”.

“Esos grupos mantienen el control completo de la zona, señalan quién entra y quién sale (…) Las reglas las colocan ellos y deben ser acatadas. Quien se ‘come la luz’ puede hasta pagar con su vida”, agregan los trabajadores del oro.

Ejemplo de ello ocurrió hace unas semanas en el sector El Salto, Finlandia, en El Callao. Tres sujetos en garitas artesanales fallecieron tras, presuntamente, enfrentar a los más de 20 funcionarios policiales que entraron en la zona.

Según informaciones, las comisiones oficiales caminaron por más de una hora y media, en una zona montañosa, donde hallaron una fosa común en la cual había 14 cráneos y huesos humanos. Testigos informaron a los organismos policiales que los fallecidos eran personas asesinadas por estos grupos delictivos tras infringir algunas de las reglas establecidas por el “sindicato”, nombre que emplean los grupos hamponiles para referirse a las organizaciones que controlan el negocio.

Señala el OVV Bolívar que, aunado a esta situación, desde hace unas semanas los mineros han estado denunciando la presencia de exintegrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los yacimientos de oro del estado ubicado al sur del país, específicamente en el municipio Roscio-Guasipati y en Sifontes-Tumeremo.

Una fuente militar explicó que ya hay zonas en las cuales estos sujetos mantienen sus puntos de control. “Se les puede ver en la entrada del sector Hoja de Lata, Tumeremo, en Anacoco y San Martín de Turumbán. Usan pantalón de camuflaje, botas y camisa negra. No solo hay sujetos con acento colombiano, también indígenas; incluso tenemos conocimiento que ya esos grupos están reclutando venezolanos”.

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público, continúa en la labor de erradicar “grupos criminales” que se han instaurado en las zonas mineras del país y que a su juicio, buscan perjudicar estas “fuentes de financiamiento y de riqueza deseada por potencias extranjeras y mafias internacionales”.

Informó que partiendo de la investigación iniciada el 27 de septiembre, solicitaron una orden de aprehensión contra el «Zar del Oro» de El Callao, Eduardo González, alias «comandante El Tati», quien fuera propietario de la empresa Molinos La Vanguardia, que opera la mayoría de las maquinarias en las minas para la sustracción del oro, así como de los molinos donde se procesa.

“Se determinó que González financiaba bandas criminales asesinas que operan en minas de Bolívar, para adquirir la mayor cantidad de oro y comercializarlo fuera del país de forma irregular”, dijo.

El fiscal también también solicitó orden de aprehensión contra Higinio Benítez, exjefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, por otorgar permisos de forma irregular a González Mejías y a otras personas para la explotación de oro.

“Este exfuncionario no realizó las fiscalizaciones e inspecciones correspondientes a las minas, para verificar que la producción se destinara a Minerven y permitió que las minas fueran explotadas indiscriminadamente y que se violaran protocolos y normativas”, acotó.

Sólo en lo que va de año 2018, se estima que esta organización delictiva realizó el contrabando de 150 kilos de oro, equivalentes a unos 6 millones de dólares, por lo que a los dos involucrados se les imputaron los delitos de contrabando agravado, tráfico de material estratégico y asociación.