Una investigación realizada por el consorcio internacional de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revela una red de empresas y propiedades en Estados Unidos tejida por familiares del Ministro para la Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, así como el entramado corporativo de 35 generales activos del Ejército Bolivariano que mediante compañías de su propiedad han obtenido 225 contratos con el Estado venezolano.
A través de Yarazedt Betancourt, esposa de Padrino López por 20 años y otros parientes, se descubre un entramado familiar que incluye empresas y bienes raíces en Estados Unidos y Venezuela, valorados en millones de dólares . Solo cinco de esas empresas obtuvieron beneficios superiores a los 700.000 dólares en un año.
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) encontró que una de estas compañías es Trámites Consulares, Inc., empresa registrada en Texas en 2010, encargada de tramitar visas de asilo político para venezolanos víctimas de la persecución por los gobiernos de Chávez y Maduro, ocho años antes de que Washington impusiera sanciones al general Padrino y 10 años antes de que lo acusara por “conspiración para distribuir cocaína”.
La investigación, que se desarrolló durante más de seis meses a partir de documentos internos del Ejército venezolano, fue realizada por Occrp, organización global de periodismo de investigación que trabaja sobre criminalidad transfronteriza, esquema de lavado de dinero a gran escala y corrupción internacional.
«Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente miles de millones de dólares de Venezuela», dijo la fiscal estadounidense Ariana Fajardo Orshan en un comunicado en el que anunciaba los cargos contra Padrino y otros funcionarios, incluido el presidente venezolano Nicolás Maduro.
«Un funcionario corrupto, después de ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos, sigue siendo propietario y dirigiendo negocios a través de miembros de su familia», dijo a OCCRP Gary Kalman, experto estadounidense en temas de lavado de dinero y uno de los fundadores de FACT Coalition, organización que aboga por la transparencia corporativa.
El club de los 35
Pero Padrino no está solo. OCCRP también encontró que 35 generales de las fuerzas armadas venezolanas crearon 42 empresas privadas habilitadas para trabajar con el Estado. Juntos han obtenido 225 contratos, a pesar de que en Venezuela está prohibido que los funcionarios hagan negocios con el gobierno.
Los miembros del Club de los 35, como le bautizó Occrp, se relacionan con 42 empresas privadas habilitadas para contratar con el Estado. Fueron fundadas en las últimas décadas y se concentran en sectores económicos clave como la construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo. En total, obtuvieron 225 contratos a lo largo de los años. También se han involucrado en actividades tan diversas como la publicidad, la venta de equipos de salud, la importación de juguetes y el turismo.
“Se convierte en una especie de doctrina militar que algunos oficiales creen una empresa”, dijo Pedro Mendoza, un ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, otra rama de las Fanb, que decidió abandonar su país en febrero de 2019 y cruzó la frontera hacia Colombia.
Mendoza describió la actitud de la administración Maduro hacia sus generales como: “Tú me proteges, me mantienes en el poder y yo te doy a ti la posibilidad de que tengas beneficios económicos”.
Una mirada más profunda muestra que el estilo de vida de los miembros del Club de los 35 es incompatible con sus sueldos. Occrp tuvo acceso a nóminas del Ejército Bolivariano, que en Venezuela no son públicas, y muestran que un teniente gana en promedio 6,30 dólares mensuales, mientras que el salario de un general alcanza sólo 8,90 dólares.
“No ha habido voluntad para revisar qué está pasando con esos oficiales que están vinculados a un sector político y que manejan enormes cantidades de dinero”, dijo el abogado de derechos humanos Alonso Medina Roa, quien ha defendido a varios oficiales acusados de rebelarse contra el gobierno de Maduro.
La información sobre las compañías vinculadas a los generales viene del Registro Nacional de Contratistas (RNC), al que las empresas se supone deben afiliarse para obtener contratos con el Estado. Hasta hace tres años, una multitud de datos estaban a disposición del público, incluyendo la dirección de las empresas, la identidad de los accionistas, de los socios y de los miembros de la junta directiva, así como detalles de los contratos públicos de dicha empresa.
Pero en agosto de 2017, el gobierno limitó severamente la información del RNC y ya no es posible saber qué personas tienen vínculos con las empresas contratistas ni qué contratos han obtenido. De la noche a la mañana, Venezuela se volvió casi tan opaca como una jurisdicción offshore.
