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Odevida: 44 líderes sindicales fueron asesinados entre 2015 y 2020
Las 9 noticias petroleras más importantes de hoy #24A

 

Pdvsa aportará 260 millones de dólares para el pago de nuevos salarios

“Pdvsa está haciendo este jueves un aporte al ejecutivo nacional de 260 millones de dólares que están entrando a una tasa de 60,27 Bolívares Soberanos por dólar y eso genera una masa monetaria que ya garantiza el pago de recursos necesario para nómina propia del estado y la empresa privada”, manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa. Panorama

Venezuela reitera ilegalidad de Orden Ejecutiva emitida por Donald Trump en 2017

A un año de la Orden Ejecutiva 13808 emitida por el presidente estadounidense Donald Trump, que impone restricciones a la negociación sobre emisiones de deuda y bonos por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y su estatal Pdvsa, el viceministro de Relaciones Exteriores venezolano para América del Norte, Carlos Ron, reiteró este jueves la ilegalidad de este decreto. Minci

Ejecutivo Nacional cuenta con los recursos para el pago de nómina del sector privado

Durante una entrevista ofrecida al Noticiero Venevisión, el titular de la cartera económica, Simón Zerpa, detalló que “todos los bolívares que se están inyectando a la economía a partir de este momento, son producto de las exportaciones de las empresas del Estado, como lo está haciendo Petróleos de Venezuela (Pdvsa)”. Correo del Orinoco

Juez de EEUU confirma autorización a Crystallex para confiscar activos de Citgo

Un juez de Estados Unidos (EEUU) autorizó formalmente a Crystallex para ir tras los activos de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y así satisfacer su reclamación respecto a la nacionalización de sus operaciones de oro en el país, ocurrida en el 2008. Casi dos semanas atrás, esta autoridad ya había otorgado el permiso a la firma canadiense para ejecutar esta acción. Efecto Cocuyo

Las ventas de petróleo de Venezuela a España se hunden un 75%

La crisis política y económica que sufre Venezuela en los últimos tiempos está provocando que las compras de petróleo de España al país suramericano se estén desplomando hasta prácticamente ser residuales. En el primer semestre de este año, España importó de Venezuela crudo por valor de 43 millones de euros. En el mismo periodo de 2017 fueron 177 millones de euros, lo que supone una caída del 75%. En 2013, año en el que las importaciones de Venezuela estaban en su nivel más alto, España le compró petróleo por 693 millones de euros entre enero y junio. La Razón

Precios del petróleo aumentan ante las sanciones a Irán

Los precios del petróleo subían este viernes debido a que se espera que las sanciones de Estados Unidos a Irán reduzcan los volúmenes significativos de crudo del mercado. 20 Minutos

Sube el petróleo; las conversaciones entre EE.UU. y China no van a ninguna parte

Los precios del oro han seguido subiendo este viernes, pues las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China finalizaron el jueves sin muchos avances. Los futuros del petróleo del West Texas han subido un 0,87% hasta 68,42 USD a las 10:39 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, referencia para los precios del petróleo fuera de Estados Unidos, se han situado en 75,28 USD por barril, subiendo un 0,74%. Investing

El crudo sube un 6% en siete días pero hay dudas de su continuidad alcista

El precio del petróleo ha aumentado un 6% en los últimos siete días, a pesar de que se hayan se reactivado parte de las sanciones dictadas por la Casa Blanca contra Irán, que habían quedado suspendidas gracias al acuerdo nuclear de 2015. Sin embargo, los expertos creen que el suministro no sufrirá grandes interrupciones y que su precio no irá mucho más allá. Bolsamanía

Arabia Saudita cancela la salida a bolsa de su estatal Saudi Aramco

Arabia Saudita canceló la salida a bolsa de Saudi Aramco, tanto local como internacionalmente. Se esperaba fuera la mayor operación de ese tipo en la historia, dijeron el miércoles cuatro fuentes de alto rango de la industria. Energía16

Cerca de Margarita, se precipitó al mar avión con nueve personas a bordo

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Un avión jet marca Gulfstream, modelo Aerospace G-1159A «Gulfstream III» matriculas YV-2896 se precipitó al mar cerca de la península de Macanao en la Isla de Margarita.

Según la cuenta de Twitter Aviation Source, la aeronave llevaba nueve tripulantes a bordo y no llegó a su destino. El aparato partió desde el Aeropuerto Simón Bolívar y aparentemente tuvo una falla en el sistema hidráulico a tres mil pies de altura.

Extraoficialmente se pudo conocer que en el avión se encontraban al mando del Mayor Alex Duran y los tripulantes eran Miguel Brito y Kenin Porte, René Ramirez y tenía como pasajeros a Daniela Sparacino y Maria Ridzewsky. Se desconoce el nombre del resto de las personas que iban a bordo de la aeronave.

El avión estaba registrada a nombre del Servicio Autónomo de Transporte Aéreo (SATA), de la Coordinación de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional.

 

Venezuela en la lupa de la OIT por violaciones a los derechos laborales

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Una vez más el gobierno de Venezuela vuelve a engrosar la lista de los 24 países con casos graves de violaciones a los convenios internacionales en materia laboral. Dichos atropellos serán examinados en la Comisión de Normas de la 106ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.
«El gobierno venezolano es llevado a examen por la reiterada violación al Convenio 122, sobre las políticas de empleo, caso por el cual ya fue revisado en la Conferencia del pasado año y sobre el cual la Comisión de Normas sugirió una serie de recomendaciones que no fueron acatadas por el Ejecutivo Nacional», dijo Servando Carbone, coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores UNETE.

Carbone desestimó la tan trillada guerra económica a la que se refiere el gobierno Maduro, confrontación que de ser cierta ha perdido con creces.

«Los trabajadores que estamos en las pocas fábricas que quedan activas, los desempleados, subempleados, sabemos que lo que hay en Venezuela es la falta de una política de empleo productivo donde sean consideradas todas las propuestas de los actores sociales del país».

«La OIT fue clara al concluir que deploraba la crisis social y económica que afecta al país y la ausencia de una política activa del empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, asimismo deploraba la ausencia de diálogo social con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con el objetivo de aplicar una política activa del empleo. Además la comisión exigía al gobierno de Venezuela que antes de septiembre de 2016 presentara informaciones detalladas a la Comisión de Expertos sobre la aplicación del Convenio número 122 en la legislación y la práctica y que el Gobierno debería aceptar una misión tripartita de alto nivel de la OIT antes de la próxima 106ª  Conferencia Internacional del Trabajo de manera de examinar los progresos alcanzados para cumplir con estas recomendaciones».

Carbone lamentó que el gobierno ignore por completo las recomendaciones de la OIT. «Aunque el hecho de que aparezca otra vez este año en la lista de los países a ser examinados nos presenta una oportunidad para que de manera consensuada logremos reactivar la producción del país», concluyó.

Gobierno implementará pasaje estudiantil electrónico a finales de mayo

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Desde el 25 y 26 de mayo se realizará en Mérida, Lara y Distrito Capital la jornada de vinculación de datos de los estudiantes universitarios a la base de datos del nuevo sistema de cobro del Pasaje Estudiantil, informó el viceministro de Transporte Terrestre, Christopher Martínez.

Durante una entrevista para Radio Miraflores destacó que la próxima semana estarán en las universidades para realizar la vinculación a la gran base de datos para la implementación de la nueva metodología.

Esta base de datos es un nuevo instrumento con el cual el Ejecutivo Nacional busca realizar el pago del pasaje estudiantil una vez finalice el proceso de bancarización de todos los transportistas y se implemente el sistema de cobro electrónico.

El dispositivo de pasaje estudiantil es un mecanismo electrónico instalado en las unidades de transporte, que funcionarán con sistema óptico, lo cual permitirá facilitar el cobro del pasaje a través de tarjetas inteligentes.

Los transportistas recibirán el pago de forma directa, de acuerdo con el número de estudiantes transportados diariamente, a través de una cuenta bancaria.

La Asamblea Nacional y la Constitución de empresas mixtas petroleras por Luis Herrera Orellana

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La decisión No. 156 del 29 de marzo de 2017 (ver el texto aquí: https://goo.gl/2l0qx8 ), más que darle a la Sala Constitucional las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional –lo que ya viene haciendo hace tiempo, al aprobar en lugar de la AN la ley de presupuesto de 2017 y la aplicación del Estado de Excepción-, tiene por finalidad permitir que el Ejecutivo Nacional contrate con empresas o gobiernos extranjeros en materia petrolera para constituir empresas mixtas en este sector sin aprobación previa de la Asamblea Nacional.

En efecto, en su parte dispositiva, esa decisión concluyó que “4.1.- Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo”.

Cabe suponer que al Ejecutivo Nacional le urge celebrar algunos contratos en materia petrolera, tal vez para mantenerse al día con sus obligaciones de deuda internacional, y dado que según la Constitución y la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos, para celebrar contratos para constituir empresas mixtas en el sector petrolero, debe contar con la aprobación previa de la AN para que sea válido ese contrato, y la AN actual no le dará esa aprobación debido a la ruptura del hilo constitucional ocurrida en el país, pues el Gobierno ha pedido a la Sala Constitucional que lo libere de ese requisito, y como es costumbre desde al menos 2004, la Sala lo ha complacido.

Para ello, la Sala Constitucional apela a la existencia de un supuesto desacato por parte de la AN como Poder Público respecto de –inconstitucionales- decisiones por ella dictadas con anterioridad en contra de la autonomía constitucional del Poder Legislativo, y la supuesta omisión legislativa derivada de ese desacato, esto es, la imposibilidad de que la AN ejerza válidamente sus funciones y competencias, mientras se mantenga en desacato, es decir, mientras no obedezca a la Sala Constitucional.  

Ahora bien, es falso que la AN esté en desacato y que exista una omisión legislativa imputable a aquélla. En Venezuela no existe ninguna norma jurídica que establezca lo siguiente: “Si la Asamblea Nacional se niega a cumplir con una sentencia de la Sala Constitucional, incurrirá en desacato, y quedará automáticamente impedida de ejercer sus competencias y funciones hasta que no cumplan con la sentencia”. No existiendo una norma tal en el ordenamiento jurídico del país, no existe desacato, y menos omisión legislativa, ya que la AN puede y debe ejercer sus competencias y funciones constitucionales, entre las que está el aprobar o no la celebración de contratos de interés nacional, siendo un ejemplo de este tipo de contratos el convenio que se celebre con otro Gobierno o empresa extranjera para constituir empresas mixtas en materia petrolera.

Entonces, estando la AN en pleno ejercicio de sus funciones, ¿qué es lo que debe hacer el Ejecutivo Nacional para contratar válidamente la creación de una empresa mixta en materia petrolera? Pues cumplir con lo que establece el artículo 150 de la Constitución vigente, según el cual “la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional”, lo cual es ratificado por el artículo 33 del Decreto-Ley Orgánica de Hidrocarburos, según el cual “La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional”.

Por si hay dudas, eso fue exactamente lo establecido por la Sala Constitucional en una decisión de 24 de septiembre de 2002, en la que “interpretó” el artículo 150 de la Carta Magna (puede verse la decisión aquí: https://goo.gl/WlMw4S).

¿Qué pasa si se contrata la creación de una empresa mixta sin cumplir con la exigencia constitucional y legal de la aprobación previa de la Asamblea Nacional? Pues el contrato así celebrado es nulo, no puede surtir sus efectos, y por tanto no obliga a la República a cumplir con las obligaciones que de él deriven, siendo únicamente responsabilidad personal de quienes suscriban ese contrato inconstitucional e ilegal el responder ante el Gobierno o empresa extranjera por la irregularidad cometida, pero en ningún caso el Estado venezolano, la República, cuya Asamblea Nacional, como Poder Legislativo constitucional y democrático, no autorizó la celebración del mismo.

Es importante que Gobiernos y empresas extranjeras tengan claro que toda contratación con el Ejecutivo Nacional de Venezuela en materia de empresas mixtas petroleras, sin contar con la aprobación previa de la Asamblea Nacional, no será fuente de obligaciones para la República, es decir, no obligará al Estado venezolano a pagar deudas o cumplir con otras obligaciones derivadas de esa contratación, y que ningún tribunal extranjero o arbitraje internacional reconocerá la existencia de obligaciones derivadas de esos contratos, ya que ni el Ejecutivo Nacional ni tales Gobiernos o empresas extranjeras pueden desconocer la Constitución venezolana, la competencia del Poder Legislativo Nacional y la soberanía popular, con base en una decisión, la No. 156, tan antijurídica como ilegítima, desde que el TSJ no es un tribunal independiente e imparcial, sino un órgano controlado políticamente por el Gobierno Nacional, tal y como está demostrado tanto en el Informe del Secretario de la OEA sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, como en el libro El TSJ al servicio de la Revolución.  

 

@LuisAHerreraO

TSJ solicita a Maduro proponer en la OEA remoción de Luis Almagro

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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, leyó un comunicado donde entre otras cosas recomendó al presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitar la remoción de Luis Almagro como secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

“Acordamos proponer al Ejecutivo nacional que solicite la remoción del actual secretario general de los Estados Americanos, Luis Almagro, como lo establece el artículo 116 de la carta de la OEA, dada la agresión contra las instituciones de la Venezuela”, agregó el magistrado.

Moreno exigió respeto al diálogo político entre gobierno y oposición con la mediación de El Vaticano y manifestó que las acciones de Almagro buscan crear una matriz internacional en contra del gobierno nacional.

La máxima autoridad del TSJ calificó de inaceptable que se pretenda suspender a Venezuela del órgano hemisférico.

‘Ningún organismo puede cuestionar a los poderes legalmente constituidos, menos aun sujetarlos a interpretaciones de convenio», leyó.

Agregó que el Estado venezolano garantiza los derechos humanos y desde la OEA se quiere desvirtuar este hecho, creando una matriz de opinión distinta a la realidad.

Sentenció que el propósito es crear las condiciones para perpetrar agresiones contra el pueblo. «La actitud del actual secretario general de la OEA es contraria a la naturaleza de la OEA».

Acuerdo del TSJ

1.- Rechazar el informe de la OEA del pasado 14 de marzo

2.- Condenar la intención de generar una matriz internacional contraria al gobierno venezolano

3.- Atender como Poder Judicial las acciones formuladas por el resto de los poderes públicos

4.- Exigir al Secretario Luis Almagro el respeto al dialogo permanente

5.- Respaldar la defensa irrestricta de la institucionalidad democrática

6.-Solicitar al Ejecutivo Nacional que considere la remoción de Almagro

7.- Declarar al Poder Judicial en movilización para la defensa del Estado

8.- Instar a los Poderes Judiciales de la OEA a respetar el propósito de independencia de los países afiliados

 

   

Una declaración fruto del decreto de emergencia que mantiene en vilo a los contribuyentes

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«Hay que cobrar muchos más impuestos, a los millonarios, tienen que pagar más», dijo el presidente Nicolás Maduro durante la presentación del presupuesto para 2017 en el Panteón Nacional.  Si bien el Ejecutivo Nacional eximió de pagar impuestos a pensionados y jubilados, además de aquellos que ganen menos de seis mil unidades tributarias al año, pareciera que la orden es obtener la mayor recaudación posible, de hecho el superintendente José David Cabello informó a principios del mes de febrero que apenas en enero se recogieron 551,97 millardos de bolívares, lo que representa un cumplimiento de 164,96% de la meta asignada, fijada en Bs 334,61 millardos.

Además de los impuestos tradicionales, los contribuyentes especiales (personas jurídicas que el Seniat considera extraordinarias, atendiendo el nivel de ingresos brutos anuales) deberán en este 2017 presentar la Declaración Informativa del Patrimonio.

Tal declaración salió en Gaceta Oficial a mediados de mes de enero y significa la presentación de bienes y derechos de contenido económico de los contribuyentes especiales a través del portal del Seniat en un plazo no mayor de 90 días.

Hasta este punto todo pareciera normal, explicó el abogado experto en materia tributaria, Leonardo Palacios. El problema es que no hay transparencia en cuanto a qué se quiere obtener con esta declaración de patrimonio.

«No hay nada de extraño en que el Estado te pida información sobre tus bienes, en otros países se hace con normalidad, el asunto es que en otras naciones hay un Congreso o una Asamblea Nacional que legisla en materia tributaria», dijo.

A juicio de Palacios no hay reglas claras y el gobierno se paga y da el vuelto en asuntos de impuestos. «El presidente ha admitido que pechará a los que ganen más, en una especie de cruzada a lo Robin Hood, sin consultar a la AN, a las empresas, a los gremios, a los sindicatos».

Aunado a esto, para Palacios las iniciativas de Maduro en materia tributaria son inconstitucionales, porque se han hecho vía Decreto de Excepción, pasando por encima de la Asamblea Nacional. «No se sabe para qué piden esa declaración y lo que sea que surja de allí no podrá aplicarse sino hasta el 1ero de enero de 2018».

Palacios aboga desde hace rato por una reforma tributaria integral. «Tobías Nóbrega y Vielma Mora hicieron una propuesta aceptable en la AN hace algunos años atrás, pero en estos momentos no hay institución ni proceso que garantice una reforma como tal».

Posible plan siniestro 

Un empleado del Seniat que por supuesto no quiso revelar su identificación por cuestiones de seguridad sentenció que no descarta que el gobierno tenga un plan macabro con esta declaración de patrimonio informativa. «Es una posibilidad que estén investigando las empresas para posteriormente meterle la mano, no me extrañaría, el asunto es que la providencia es escueta y se presta para muchas interpretaciones», dijo.

Tomando en cuenta la cultura de expropiaciones que ha tenido el chavismo, casi desde sus inicios, más de un contribuyente especial teme por sus propiedades, un sentimiento que según este trabajador es completamente justificable.

«Hasta ahora no se nos ha informado para qué se está requiriendo esa información y por qué se tomó la iniciativa, lo cierto es que el mismo presidente dijo que más del 80% del presupuesto nacional de 2017 se iba a sacar de los contribuyentes».

El empleado anónimo del Seniat expresó también que el Estado quiere darle con todo a la evasión fiscal, especialmente en esta época de vacas flacas. «No es un secreto que el Estado necesita más dinero y en este caso los contribuyentes especiales son un blanco perfecto».

 

 

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