Durante 2022, hubo 48 casos de asesinatos por resistencia a la autoridad y 28 muertes a manos de sicarios en el estado Zulia. Estas fueron las dos principales causas de los 157 hechos que registró el Monitor de Víctimas en el estado occidental.
En el total de los casos, el municipio con mayor número de muertes fue Maracaibo, con 33; le siguió San Francisco, con 26, y el municipio Miranda, con 25. La Cañada de Urdaneta, que anteriormente había sido considerado el municipio más violento de Zulia, tuvo 13 casos.
Hay que destacar que la mayoría de los sicariatos fueron ejecutados en el municipio Miranda. De los 28 que fueron en total, 15 fueron documentados en ese municipio de la Costa Oriental del Lago.
Las ejecuciones extrajudiciales también tuvieron una cifra elevada; en total, fueron 18. Es decir, que hubo ocasiones en las que se registraron un poco más de una por mes.
Funcionarios de la Guardia Nacional y del Cuerpo de Policía del estado Zulia (Cpbez) fueron los que tuvieron la mayor responsabilidad, tanto en las muertes por resistencia a la autoridad, como en las ejecuciones.
9 femicidios en el año
Del total de las muertes por resistencia a la autoridad, 12 fueron a manos de la Guardia Nacional y 12 bajo la responsabilidad de la policía del estado Zulia. Y en las ejecuciones, 6 casos tuvieron como responsables a la Guardia Nacional y 4 a la Policía del estado Zulia.
Con respecto a los femicidios, en Zulia hubo 9 casos, de los cuales 5 ocurrieron en Maracaibo, 2 en el municipio Jesús Enrique Lossada, 1 en el municipio Mara y 1 en el municipio Cabimas.
“Comandante Richard, indíquenle ahí al comandante Richard Contreras: era el “Koki”, el elemento el “Koki” (…) Le tenemos el móvil con foto y todo”. La cita es de un audio emitido por un funcionario de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que el martes 8 de febrero de 2022 se volvió viral en Venezuela. Uniformados de distintos cuerpos de seguridad del Estado llevaban al menos un par de días en las montañas del estado Aragua tras la pista de uno de los delincuentes más buscados en Venezuela.
Poco después circuló la imagen del homicidio. El cadáver de “Koki” tenía la boca desfigurada, excoriaciones en la frente y en la barbilla y la mirada perdida. Un tatuaje con el nombre “Eladia” bajo la clavícula derecha confirmó que era el mismo hombre que meses antes apareció en una foto con una franelilla blanca y una cadena gruesa de oro con un dije dorado en el que se leía su apodo. Junto a la foto del cuerpo, otra prueba: la planilla con sus huella dactilares y su nombre completo: Carlos Luis Revete, el líder más mediático de la banda dirigida por él junto a Garbis Ochoa Ruiz, apodado “Garbis”, y Carlos Calderón, conocido como “Vampi”, y que desde hace casi una década controlaba las operaciones criminales y hasta la vida de los habitantes de los barrios de la Cota 905, al oeste de Caracas.
Así inició la cuenta de los grandes operativos policiales de 2022 en el país, supuestamente dirigidos contra los jefes criminales de megabandas que nunca fueron capturados, pero con denuncias de violaciones a los derechos humanos y decenas de muertes señaladas como ejecuciones extrajudiciales. Un par de meses antes, en diciembre de 2021, esos operativos habían cerrado el año con la muerte de Esteban Eduardo Quintana Monzón, conocido como “Eduardo Delicias” y líder de la banda “Las Delicias” de la zona de Barlovento, en Miranda.
Luego del operativo contra “Koki”, que se llamó “Gran Cacique Guaicaipuro II”, estos grandes despliegues policiales, al estilo de las Operaciones de Liberación del Pueblo, fueron bautizados como “Trueno”, término que la Real Academia Española define como “ruido o estampido que causa el tiro de cualquier arma o artificio de fuego”. En todos los casos, muertos y detenidos fueron señalados de ser integrantes de megabandas como “Tren de Aragua”, “Tren de Los Llanos”, “Wisleysi”, en Petare, o “Carlos Capa”, en Valles del Tuy. Estas dos últimas están en el estado Miranda.
A lo largo del año, 70 personas murieron en los ocho “Truenos” que retumbaron en cinco estados: Aragua, Yaracuy, Guárico, Miranda y Anzoátegui. La mayoría lo hizo en las operaciones ejecutadas en septiembre, donde mataron a 55 presuntos delincuentes.
Todos los muertos eran de sexo masculino y aunque no se conoce la edad de todas las víctimas, ninguno era mayor de 55 años. En cuanto a las identidades, solo se conoció el nombre y apellido de 47 de ellos, mientras que ocho solo fueron mencionados con un mote. Los otros 16 no fueron identificados al momento de los operativos. En ningún despliegue se registraron muertes de policías.
El cuerpo que dirigió la mayoría de los operativos “Trueno” fue la PNB con sus diversas direcciones, sobre todo la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), que se considera sucesora de las cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), acusadas de ejecutar a centenares de personas en el país y cuya disolución fue solicitada por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). A los funcionarios de la PNB los apoyaron las policías regionales, pero también uniformados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y hasta efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Tras la muerte de Carlos Revete, transcurrieron varias semanas antes de una nueva tormenta de balas. Desde el 20 de abril de 2022, habitantes de Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas de Guárico, denunciaron las acciones de la operación “Trueno” – que desplegó casi 800 uniformados– de las que luego se hizo eco la organización no gubernamental Defiende Venezuela.
“Logramos identificar que siguen los allanamientos ilegales a las residencias y comercios, se ha atentado contra vidas, existe un sometimiento de los ciudadanos con detenciones arbitrarias, se han dado confiscaciones ilegales, robos de bienes, violencia de género y, por último, actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo uno de los abogados de Defiende Venezuela en un comunicado. En mayo, en dos localidades del municipio José Félix Ribas, mataron a cuatro personas que identificaron como miembros del Tren del Llano.
Ese mes, Trueno II llegó a Yaracuy. El objetivo era desintegrar la banda de “Wilmer Bachiller”, liderada por Wilmer Gustavo Aponte, quien trabaja y ejecuta las órdenes de Josué Ángel Santana, apodado Santanita, uno de los integrantes de la megabanda Tren de Aragua. Aponte también está al frente de la banda Mimosin, a cargo de los secuestros y extorsiones en la región.
El operativo se ejecutó en varios municipios, pero solo en cinco mataron a ocho personas en cuatro días. Todas las víctimas fueron señaladas como integrantes de las bandas mencionadas. En cinco de los ocho casos se denunciaron ejecuciones extrajudiciales.
Westerlinth Samuel Heredia Clisánchez y Mervin Montero, en el municipio Veroes, fueron las primeras víctimas. Familiares dijeron que ninguno estaba armado y que no pertenecían a organización criminal alguna. A Heredia Clisánchez lo detuvieron en su casa y luego apareció muerto en la morgue, mientras que a Montero lo asesinaron en su vivienda. Sobre José Alberto Mendoza Bracho, asesinado en Bruzual, parientes aseguraron que se usaron los antecedentes de un familiar como excusa para su ejecución. También estaba desarmado.
En Trueno II detuvieron a 32 personas y se denunciaron abusos policiales como allanamientos a viviendas sin orden alguna, robos y maltratos por parte de los funcionarios.
Durante septiembre se ejecutaron cinco operativos en cuatro estados. En Trueno III, entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, se desplegaron 2.000 funcionarios en tres municipios de Guárico (Leonardo Infante, José Félix Ribas y Pedro Zaraza) para desarticular al Tren del Llano. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 14 asesinatos en una minuta, sin especificar las identidades de las víctimas ni detalles de los presuntos enfrentamientos.
El operativo estuvo marcado por la opacidad y la incertidumbre. En Tucupido, municipio José Félix Ribas, los habitantes relataron que se impuso un toque de queda en el pueblo y que sentían miedo de ser alcanzados por una bala perdida durante los tiroteos. En seis días, los cuerpos de seguridad detuvieron a 138 ciudadanos, cuatro de ellos fueron presentados como presuntos integrantes del Tren del Llano. La población denunció que aprehendieron a personas inocentes o que estaban caminando en las calles por la noche.
Trueno IV ocurrió en seis municipios de los Valles del Tuy. Allí mataron a 20 personas entre el jueves 8 y el domingo 11 de septiembre y en varios de los casos, tanto familiares de las víctimas como vecinos de las zonas afectadas, desmintieron los presuntos enfrentamientos. La incursión de 900 funcionarios no solo sorprendió a las bandas armadas que operan en esta subregión mirandina, sino también a los cuerpos de seguridad locales. De acuerdo con datos obtenidos por Monitor de Víctimas, la idea era evitar que se fugara información debido a la presunta vinculación de policías con líderes criminales. Por ello, los oficiales que comandaron los procedimientos eran foráneos.
En Ocumare del Tuy se registró el mayor número de muertos: seis hombres. Cuatro de ellos fueron señalados como miembros de la banda de Deiber Johan González, apodado “Carlos Capa”, responsable del asesinato del supervisor jefe Richard José Rondón Ortega, adscrito a la Policía de Municipal de Charallave, y de su esposa, el domingo 4 de septiembre, en San Francisco de Yare, Miranda. A la organización también se le atribuye el aumento de falsas ventas de vehículos por la plataforma Marketplace y las amenazas que han recibido algunos organismos de seguridad.
Entre el 15 y el 19 de septiembre de 2022 se ejecutó Trueno V en la Colonia Tovar –pueblo turístico de origen alemán del estado Aragua– con un operativo de 1.000 funcionarios que se desplegaron también en zonas montañosas de Carabobo y La Guaira para seguir los pasos de los miembros de la banda “Los Guaricheros”, quienes supuestamente operan en las laderas del área. El resultado fue dos hombres muertos en el sector Monte Oscuro, del municipio Tovar.
Habitantes de la zona montañosa de Cobalongo grabaron videos para denunciar detenciones arbitrarias de agricultores de las zonas. “Se lo llevaron en malas condiciones, descalzo, en shorts y sucio, porque el estaba trabajando, estábamos recogiendo mercancía”, dijo la esposa de uno de los detenidos.
Los reportes oficiales nunca hablaron de la operación Trueno VI, pero paralelamente a los hechos de la Colonia Tovar, el Cicpc mató a tres supuestos miembros del Tren del Llano. Uno de ellos fue identificado como Ramón Celestino Toledo, conocido como “Chicho Toledo”, en el sector La Alejandría de municipio McGregor en Anzoátegui, en la frontera con Guárico. Toledo, de 54 años de edad, era uno de los más buscados en la entidad guariqueña. A comienzos de 2022, salió en un video con amenazas dirigido a los productores de Guárico para exigir los pagos de extorsiones a cambio de permitirles trabajar sus tierras.
Trueno VII, por el contrario, sí contó con mayor propaganda. El operativo desplegó cientos de funcionarios entre el 27 y el 29 de septiembre en las parroquias Petare, La Dolorita y Filas de Mariche, del municipio Sucre de Miranda, y ejecutó a 14 hombres y un menor de edad. Los familiares de la mayoría de las víctimas señalaron que los suyos no estaban vinculados a las bandas de “Wilexis” y “Los Chicorrios”, que supuestamente eran el objetivo de la movilización de los funcionarios.
Dos hechos marcaron las principales incongruencias en los reportes oficiales. Tres de las 15 víctimas fueron detenidas en otros municipios horas antes de que las autoridades las señalaran por haber participado en los presuntos enfrentamientos. Familiares contaron que otras tres personas fueron arrestadas en sus casas en Petare y Filas de Mariche y asesinadas en otras zonas de la populosa parroquia.
A mediados de octubre, el Cicpc atacó otra vez al Tren del Llano, en lo que podría considerarse la operación Trueno VIII. Nuevamente, fueron tres las víctimas y solo uno de ellos fue identificado: Henry José Milano Moreno, conocido “el Demonio”, señalado por medios locales como uno de los jefes de la megabanda mencionada.
De acuerdo con el monitoreo hecho por Monitor de Víctimas, en al menos siete de estos operativos detuvieron a 323 personas. La mayor cantidad de arrestos ocurrió en septiembre en Guárico, cuando se reportaron 188 personas detenidas por diversos delitos. Al menos cuatro de estas eran integrantes del Tren del Llano.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó luego de los hechos de Yaracuy, en mayo pasado, que a la fecha se había arrestado a 150 personas durante los dos operativos “Trueno”. Pero las cifras no cuadraron. En Guárico, durante la primera incursión, detuvieron a 24 personas y en Yaracuy solo fueron 32 los capturados.
Los detenidos en las operaciones “Trueno” en cinco estados del país fueron trasladados hasta Caracas. En algunos casos fueron imputados por delitos como “terrorismo” y enviados a cárceles como Rodeo II.
Familiares de estos detenidos denunciaron que nunca los dejaron hablar con los arrestados y aseguraron que les violaron el debido proceso porque fueron presentados después de las 48 de su detención, no los dejaron elegir una defensa privada y su proceso judicial, pese a ser detenidos en el interior del país, fue iniciado por el Distrito Capital.
Los familiares de los presos explicaron que estos traslados les dificultan las visitas los fines de semana, por lo costoso que les resulta viajar a la capital. Hoy, muchos de estos detenidos están desasistidos y aislados de sus parientes.
Cerca de 20 personas, casi todas mujeres, participaron en una vigilia en Caracas para exigir justicia y reparación por casos de familiares que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, a propósito del Día de los Derechos Humanos,
«Fuimos invitados a esta vigilia en honor a nuestros hijos muertos, que fueron violados en vida sus derechos humanos», dijo Aracelys Sánchez, una mujer que desde 2013 está «luchando para conseguir justicia», luego de que, aseguró, cuerpos de seguridad asesinaran a su hijo dentro de su casa.
«Nosotras las víctimas tenemos fe y esperanza (…) esperamos que nos den justicia, esperamos una reparación integral para todas las víctimas, nos lo merecemos», expresó.
Durante la actividad, los manifestantes encendieron velas, recordaron los nombres de sus familiares y leyeron un documento conjunto en el que piden el fin de las ejecuciones extrajudiciales para «que los jóvenes puedan crecer y tener oportunidades».
A la concentración llegó Jorge Cedeño, un constructor de 27 años que busca justicia por la muerte de su hermano, fallecido en 2019 «a manos de la FAES», una división de la Policía Nacional que ha sido acusada por Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad.
«Hasta el sol de hoy no han hecho nada con el caso de mi hermano», denunció el joven que se trasladó desde el estado Guárico, a 200 kilómetros de Caracas, para presionar a los órganos de Justicia pues, señaló, no le dan ninguna respuesta en su región.
Según la ONG Cofavic, entre 2012 y julio de este año se contabilizaron 14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país.
Según la ONG Cofavic, entre 2012 y julio de este año se contabilizaron 14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país
Cerca de 20 mujeres -casi todas vestidas de blanco- caminaron unos 3 kilómetros en Caracas, en silencio, para recordar a sus familiares que murieron como víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y para exigir justicia en estos casos.
Irrupción en la vivienda
Gladys Urbina, de 60 años de edad, participó en la manifestación para honrar la memoria de su hijo, que murió en julio de 2017 luego de que 7 policías irrumpieran en su vivienda, cerca de la medianoche.
«Hace cinco años fui víctima de una muerte extrajudicial, (la) de mi hijo», dijo a EFE Urbina, al término de la caminata que atravesó un agitado bulevar comercial, en el que algunos vendedores y transeúntes recibieron información sobre estos casos de manos de las víctimas, que entregaron folletos mientras avanzaban.
La mujer aseguró que su hijo de 23 años de edad fue asesinado dentro de su casa, aun cuando la Policía dijo luego que este había perdido la vida en un enfrentamiento callejero.
Los agentes, siempre según la víctima, robaron bienes durante la irrupción en la vivienda y ahora están en libertad mientras ella presiona para acelerar el juicio.
«Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces he ido a la Fiscalía», añadió.
Daisy Contreras también caminó para recordar a un hijo asesinado, un crimen que ocurrió en 2006, cuando un detective, en plena vía pública, disparó a la espalda de Andrés Osorio, de 18 años.
«En el 2013 este funcionario fue condenado (pero) en febrero de 2014 el juicio fue anulado supuestamente por falta de intención de la juez», explicó la mujer de 59 años que en los últimos 8 años ha asistido a unos 6 procesos judiciales contra el agente que hoy ocupa un cargo superior dentro de un cuerpo policial.
Aun cuando el ahora comisario recibió en 2013 una condena de 19 años de prisión por «homicidio calificado por motivos fútiles», este no ha pasado ni un solo día en la cárcel y, en cambio, según Contreras, «se ha dado el lujo» de retrasar las audiencias.
Al respecto, la psicóloga Isabel Salaverría, miembro de la ONG Mi Convive -que organizó la actividad-, subrayó que lograr una sentencia contra uniformados por ejecuciones extrajudiciales «es complicado» en Venezuela, donde «lo máximo que se ha logrado es (poner a los agentes bajo) régimen de presentación».
«Para ellas es sumamente importante la garantía de no repetición», cree, pues no ve probabilidades de que se haga justicia en estos casos pero, matiza, con estas manifestaciones se puede «empezar a generar un cambio que proteja a las personas que aún se encuentran con vida».
Entre las mujeres que marcharon había jóvenes de menos de 30 años y adultas mayores de más de 70 años que, recalcó Salaverría, perdieron a hermanos, hijos o esposos producto de la violencia policial, casi todas entre 2015 y 2020.
Entre 2015 y 2017 las fuerzas de seguridad acometieron numerosas «Operaciones de Liberación del Pueblo», redadas que consistían en irrupciones policiales en barriadas y que se saldaron con cientos de muertos.
Según la ONG Cofavic, entre 2012 y julio de este año se contabilizaron 14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país.
Cerca de 20 mujeres -casi todas vestidas de blanco- caminaron este domingo unos 3 kilómetros en Caracas, en silencio, para recordar a sus familiares que murieron como víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y para exigir justicia en estos casos.
Irrupción en la vivienda
Gladys Urbina, de 60 años, participó en la manifestación para honrar la memoria de su hijo, que murió en julio de 2017 luego de que 7 policías irrumpieran en su vivienda, cerca de la medianoche.
«Hace cinco años fui víctima de una muerte extrajudicial, (la) de mi hijo», dijo Urbina al término de la caminata que atravesó el bulevar de Sabana Grande en el que algunos vendedores y transeúntes recibieron información sobre estos casos de manos de las víctimas, que entregaron folletos mientras avanzaban.
La mujer aseguró que su hijo de 23 años fue asesinado dentro de su casa, aun cuando la Policía dijo luego que este había perdido la vida en un enfrentamiento callejero.
Los agentes, siempre según la víctima, robaron bienes durante la irrupción en la vivienda y ahora están en libertad mientras ella presiona para acelerar el juicio.
«Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces he ido a la Fiscalía», añadió.
Juicios e impunidad
Daisy Contreras también caminó para recordar a un hijo asesinado, un crimen que ocurrió en 2006, cuando un detective, en plena vía pública, disparó a la espalda de Andrés Osorio, de 18 años.
«En el 2013 este funcionario fue condenado (pero) en febrero de 2014 el juicio fue anulado supuestamente por falta de intención de la juez», explicó la mujer de 59 años que en los últimos 8 años ha asistido a unos 6 procesos judiciales contra el agente que hoy ocupa un cargo superior dentro de un cuerpo policial.
Aun cuando el ahora comisario recibió en 2013 una condena de 19 años de prisión por «homicidio calificado por motivos fútiles», este no ha pasado ni un solo día en la cárcel y, en cambio, según Contreras, «se ha dado el lujo» de retrasar las audiencias.
Al respecto, la psicóloga Isabel Salaverría, miembro de la ONG Mi Convive -que organizó la actividad-, subrayó que lograr una sentencia contra uniformados por ejecuciones extrajudiciales «es complicado» en Venezuela, donde «lo máximo que se ha logrado es (poner a los agentes bajo) régimen de presentación».
«Para ellas es sumamente importante la garantía de no repetición», cree, pues no ve probabilidades de que se haga justicia en estos casos pero, matiza, con estas manifestaciones se puede «empezar a generar un cambio que proteja a las personas que aún se encuentran con vida».
Entre las mujeres que marcharon había jóvenes de menos de 30 años y adultas mayores de más de 70 años que, recalcó Salaverría, perdieron a hermanos, hijos o esposos producto de la violencia policial, casi todas entre 2015 y 2020.
Entre 2015 y 2017 las fuerzas de seguridad acometieron numerosas «Operaciones de Liberación del Pueblo», redadas que consistían en irrupciones policiales en barriadas y que se saldaron con cientos de muertos.
Según la ONG Cofavic, entre 2012 y julio de este año se contabilizaron 14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país.
A Wilder Antonio Martínez Rojas, un joven de 25 años, lo sacaron de su casa, el martes 6 de septiembre de 2022, en El Jebe, una comunidad que está al noreste de Barquisimeto, en el estado Lara. Estuvo desaparecido por unas horas hasta que su familia lo encontró muerto en la morgue.
Ese día amaneció de golpe para algunos habitantes de El Jebe. Un grupo de funcionarios de la Dirección Contra Delincuencia Organizada (DCDO), adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegó hasta la vivienda, donde se encontraba Wilder, y entró a la fuerza.
Una vecina, que no quiso identificarse por temor a recibir represalias, detalló que luego de unos minutos, los funcionarios sacaron a Wilder de la casa y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Esa madrugada, el joven estaba durmiendo solo, por lo que sus familiares desconocían qué estaba pasando. Una vecina se habría comunicado con ellos para informarles lo que había visto.
Aparentemente, el grupo de funcionarios se llevó a Wilder hasta la comunidad Las Sábilas, zona que por años fue tildada como uno de los barrios más peligrosos de Barquisimeto. Desde El Jebe hasta esta comunidad, hay alrededor de 17 kilómetros de distancia, a unos 20 minutos de recorrido en carro.
Una patrulla de la Dirección Contra Delincuencia Organizada entró a la comunidad Las Sábilas, a las 7:00 de la mañana, y de inmediato, giró hacia la Manzana E. En cuestión de minutos, los habitantes escucharon una ráfaga de disparos. Los vecinos contaron a Monitor de Víctimas que se trató de una presunta ejecución, debido a que ellos observaron el momento en el que pasaba una patrulla con funcionarios e iba un hombre de civil.
«A ese muchacho lo trajeron para matarlo aquí. Ellos (los funcionarios de la DCDO) están acostumbrados a traer personas para acá y a decir luego que fue un enfrentamiento. Queremos que se limpie el nombre de Las Sábilas», sostuvo un habitante de esa comunidad que no se quiso identificar, por temor a recibir represalias.
La versión policial
Según un reporte policial, los funcionarios de la DCDO llegaron a Las Sábilas luego de recibir una denuncia sobre robos que estaban ocurriendo en la zona.
El cuerpo policial indicó que cuando los funcionarios estaban en la Manzana E, observaron a un grupo de hombres, que apenas vio a la comisión, salió corriendo. En medio de la persecución, uno de los jóvenes entró a las ruinas (lo que antes eran viviendas) y allí, presuntamente, se enfrentó a la comisión. Wilder Martínez resultó herido, al igual que un policía, de acuerdo con la versión oficial.
Se indica en el reporte, que a Martínez lo trasladaron hasta el ambulatorio de Tamaca, pero fue ingresado sin signos vitales. Presentó una herida en el tórax y otra en el abdomen. Mientras que el funcionario resultó herido en el brazo derecho, tras el paso de un proyectil.
Funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc se trasladaron hasta el sitio del suceso para hacer las experticias e incautaron una pistola 9 mm, arma que según la minuta policial, presuntamente, Wilder Martínez usó para disparar contra los policías.
En Lara, han muerto tres personas por presuntos enfrentamientos, en lo que va del año 2022. Las tres víctimas murieron a manos de funcionarios de la DCDO.
En mayo, cuando se registraron las dos primeras muertes, Luis Chirinos y Antony López murieron a manos de los uniformados en Las Sábilas. Después de estos casos, los habitantes de la comunidad pidieron que se investigue a los funcionarios, pues ellos aseguran que estos homicidios fueron ejecuciones.
Solo entre enero y junio de 2022, 31 personas fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el Área Metropolitana de Caracas, según la data recabada por el equipo de Monitor de Víctimas
Han transcurrido cinco años y en la casa de Ana parece que el tiempo no pasó. En el pasillo sigue intacta la marca del disparo de un policía que convirtió a su hijo, una noche de 2017, en uno de los 14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Venezuela desde 2012 hasta julio de este año, según la ONG Cofavic.
Desde entonces a Ana -nombre ficticio de esta madre que prefiere mantenerse en el anonimato- le ha tocado «vivir con la pena» a cuestas.
Cada jueves en la noche, revive el momento en el que funcionarios policiales irrumpieron en su vivienda, en una barriada caraqueña, y la obligaron a subir a la segunda planta la casa para quedarse ellos a solas con su hijo de 23 años, a quien torturaron y asesinaron, mientras ella y su familia lo escuchaban todo, según su relato.
Ahora, sus días transcurren entre su trabajo como comerciante informal, con el que ayuda a los tres nietos que le dejó su hijo, sus visitas constantes a los tribunales o a la Fiscalía para insistir en que se investigue la muerte de su familiar y unas reuniones ocasionales en las recibe el abrazo de otras mujeres que vivieron lo mismo.
Monitor de Víctimas reportó aumento de ejecuciones extrajudiciales en primer semestre de 2022
Entre enero y junio de 2022, 31 personas fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el Área Metropolitana de Caracas, según la data recabada por el equipo de Monitor de Víctimas.
La cifra representa un aumento en la participación de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en casos de este tipo, en comparación con el mismo período de 2021, en el cual se registraron 25 supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Por otra parte, los casos de letalidad policial, en el primer semestre de 2022, totalizaron 59 víctimas. Este es el resultado de la suma de los 31 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, y 28 hechos correspondientes a presunta resistencia a la autoridad, como define la administración de Nicolás Maduro las muertes que ocurren en operativos policiales.
De esta manera, los casos de muertes a manos de los cuerpos de seguridad bajaron en 13,3 %. Pasaron de 68, en 2021, a 59 en 2022, al comparar el primer semestre de ambos años.
Aunque las cifras disminuyeron, la mayoría de los homicidios en el Área Metropolitana de Caracas son consecuencia de la letalidad policial.
Los municipios con más casos de letalidad policial fueron Sucre y Libertador, con 29 víctimas cada uno. Esto representa una reducción en el municipio Libertador, donde 46 personas murieron a manos de la fuerza pública en 2021, y un incremento en el municipio Sucre, donde se documentaron 20 casos en el primer semestre del año pasado.
Además, los cambios en estas dinámicas pueden atribuirse a la muerte –en supuesto enfrentamiento– de Carlos Luis Revette, alias Koki, uno de los líderes de la megabanda de la Cota 905 (Libertador); y a la persecución a Wilexis Monasterios, alias Wilexis, jefe de la banda más poderosa de Petare (Sucre).
Voces Visibles busca empoderar a víctimas secundarias de ejecuciones extrajudiciales
Foto: AP
La ONG Mi Convive hizo público su más reciente programa, Voces Visibles, cuyo objetivo es empoderar a los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Caracas a través de espacios de formación y de acompañamiento psicosocial.
“Ya no somos simplemente los familiares de los olvidados”, manifestó una participante del programa.
Atender a estas personas es de suma importancia, ya que las cifras de Monitor de Víctimas de los últimos 5 años indican que el 21.8% de los homicidios en Caracas son ejecuciones extrajudiciales, siendo el mayor móvil de asesinato en el área, por lo que se habla de miles de familias que experimentan esta pérdida.
“El proyecto me permitió establecer relaciones de solidaridad con madres, hermanas, mujeres que son tan víctimas como yo lo fui”, comentó otra participante del programa.
El programa nace como respuesta de Mi Convive a los altos índices de letalidad policial, la ausencia de respuesta del Estado a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y la vulnerabilidad de las víctimas secundarias, aunada al trauma al que son expuestas.
“Siento que estoy aprendiendo a llevar con serenidad el proceso del que pensé alguna vez no poder procesar. Gracias a Voces Visibles esto se ha hecho un poco menos doloroso”, dijo una beneficiaria.
Actualmente, en esta iniciativa participan mujeres de 19 a 67 años de las parroquias La Vega, Sucre, Antímano, Santa Rosalía, El Valle, El Junquito, San Juan y San José, del municipio Libertador del Distrito Capital.
Voces Visibles cuenta con tres componentes principales: (a) área psicosocial, (b) liderazgo y activismo, y (c) derechos humanos, pilares fundamentales para brindar a las víctimas bienestar, así como conocimientos y herramientas para empoderarse.
Las formaciones están fundamentadas en la pedagogía crítica, que contempla la experiencia de las personas como un elemento esencial; enfoque que se alinea con el trabajo continuo de Mi Convive, sustentado en el conocimiento profundo de las comunidades a trabajar y en sus propias propuestas, para generar el aprendizaje de abajo hacia arriba.
Mi Convive observa que las personas que han perdido familiares a manos de los cuerpos de seguridad han vivido una situación muy dolorosa, que trae consigo fuertes consecuencias que deben afrontar día a día. Para la ONG es evidente cómo estas historias y vidas han cambiado drásticamente; por esto cree que merecen un espacio donde puedan hablar libremente, recibir apoyo y herramientas que permitan que sus voces puedan hacer visibles la importante realidad que se busca olvidar, que no se atiende y que el Estado trata de esconder.
