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La violencia policial no se detuvo en 2023 y regresó el “ajuste de cuentas” como móvil frecuente

Las dinámicas y formas de violencia cambian constantemente en Venezuela, y estas particularidades son muy visibles en las regiones. Monitor de Víctimas recoge los datos de homicidios en cinco estados del país, cada año para llevar el pulso e intentar caracterizar la violencia homicida en el país. En 2023, continuó el descenso de los homicidios, pero la reducción fue mínima en varias de las entidades. 

Destaca la participación de policías y militares en la mayoría de los casos registrados en Zulia, Caracas y Lara. También se ha reportado un incremento en el móvil de ajuste de cuenta o venganza.

En Caracas hubo una leve baja en los homicidios, pero aumentaron los casos por ajuste de cuentas

La familia de Luis Manuel Romero Alemán, de 22 años, no lo reconoció cuando le mostraron las fotos de su cadáver. Los 21 balazos que le dieron en el rostro lo desfiguraron por completo. De acuerdo con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), miembros de la banda Los Chicorrios lo asesinaron en el barrio 5 de Julio, de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, cuando lo confundieron con un joven de la banda de Wilexys. Todo fue por una venganza.

Los ajustes de cuenta o venganzas fueron el móvil de homicidios que más aumentó en Caracas entre 2022 –cuando hubo 50 muertes por esta razón– y 2023 –cuando ocurrieron 70–, de acuerdo con las cifras recabadas por Monitor de Víctimas. Ese incremento es de 40% en solo un año.

Los asesinatos por ajustes de cuentas representan 23% del universo total de los homicidios registrados por MDV, en 2023, y que alcanzaron los 304, 9 menos que en 2022. Sólo en marzo de 2023, se documentaron 10 homicidios por esta razón.

La mayoría de las víctimas fueron hombres. Sólo una mujer: Ana Victoria Rubio, de 42 años, fue asesinada por su hermana, mientras dormía con sus dos hijos. María Gregoria Rubio la golpeó con una escardilla y con una chícora en la cabeza y, luego, incendió la casa en donde estaban. La victimaria se vengó así de su hermana, tras enterarse de que su pareja le había sido infiel con ella.

 

Ese repunte no significa que los ajustes de cuenta o venganzas hayan desplazado al móvil de homicidios más común en el Área Metropolitana de Caracas, desde 2018: la letalidad policial, que en 2023 representó 31,5% del total de los asesinatos. En total, 96 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, 2 casos más que en 2022. 

Los victimarios en 69 homicidios de letalidad policial fueron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En otros tres, se denunció que los asesinos eran miembros de grupos de élite derivados de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, el cuerpo de seguridad que la otrora Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, exigió eliminar en 2019, por la cantidad de ejecuciones extrajudiciales por las que estaba señalado.

Uno de esos casos es el de Carlos Alberto Perdomo Machado, un joven de 18 años que el 28 de marzo de 2023 fue asesinado por funcionarios de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de una persecución cerca de su casa, en la parte alta del barrio Guaicaipuro de Petare.

De acuerdo con el relato de familiares, el joven había sido detenido en 2022 por esa misma brigada durante una redada. En aquel entonces, era menor de edad, y mes y medio después de arrestarlo, lo liberaron porque no encontraron razones para imputar.

 

Menos muertes por riñas y robos 

Las muertes por riña o pelea iniciada en el sitio registraron un descenso de 21%. Hubo 26 durante el 2023, 7 menos que en 2022. 

Las armas de fuego predominan entre las empleadas por los victimarios en 14 de 26 casos; y en riñas, las armas blancas, la fuerza física y el estrangulamiento se usaron en los otros 11.

El caso de Lermis Antonio Guevara Correa, de 47 años, es una muestra del empleo de este tipo de armas. A él lo asesinaron el 13 de marzo de 2023, en el boulevard de la parroquia La Vega, en el municipio Libertador del Distrito Capital, luego de sostener una discusión tras un juego de dominó. Se presume que un hombre lo agredió y lanzó al piso, donde sufrió una fractura craneoencefálica que le costó la vida.

En 2023, los asesinatos por robo también disminuyeron. Hubo 25, según datos recabados por MDV, lo que representó 8,2% del total de los homicidios cometidos durante el año. La cifra es menor a las 39 que se registraron en 2022.

Aunque el número ha descendido, no deja de afectar a la población más vulnerable en sectores populares.

Tal es el caso de Leninyer David Molina Medina, de 16 años, adolescente a quien asesinaron en la vía a El Junquito, en el Barrio Niño Jesús, en abril de 2023,para robarle el carro de su madre. Recibió un disparo en el cuello y otros 4 en piernas y brazos. Se presume que los victimarios eran miembros de una banda de la zona.

Bajan homicidios, pero no feminicidios

En 2023, de las 21 mujeres que mataron a lo largo del año, 11 fueron asesinadas por razones de género, apenas 2 menos que en 2022. En 6 de estos feminicidios, los victimarios fueron sus propias parejas o exparejas. Tres de las mujeres tenían signos de violencia sexual.

Uno de estos feminicidios fue el de Fabiola Teresita Parra Mogollón, de 37 años, a quien su expareja, el funcionario de la Policía del estado La Guaira, Henry Briceño, le disparó  el lunes 31 de julio de 2023, en el estacionamiento de su antigua residencia, en la urbanización Guaicay, en el municipio Baruta del estado Miranda. Hasta allí había ido Parra Mogollón a buscar ropa en compañía de su hermana y su hijo de 18 años.

Dos días antes del hecho, la víctima había denunciado a Briceño ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), porque éste la amenazaba. Le había comentado a un allegado que ella temía por su vida. El uniformado se suicidó luego de cometer el crimen. 

Durante 2023, hubo 7 personas que murieron durante enfrentamientos entre bandas armadas. Otras 5 fueron impactadas por balas perdidas o cayeron en medio de fuego cruzado. Cuatro policías murieron en servicio. Los datos recabados por Monitor de Víctimas apuntan a que el único linchamiento de 2023, en Caracas, ocurrió en abril, en la urbanización Simón Rodríguez de Ciudad Tiuna, parroquia Coche del municipio Libertador del Distrito Capital. Allí, un grupo de personas le roció gasolina a un hombre para quemarlo, luego de señalarlo por el robo de unas herramientas.

Hay 57 casos en los que no se logró determinar la causa de la muerte.

Las cifras rojas de Petare

A pesar de que en el municipio Libertador del Distrito Capital ocurrió la mayor cantidad de homicidios durante 2023 –155 en total–, la parroquia Petare del municipio Sucre, en el estado Miranda, fue la que más acumuló casos en toda el Área Metropolitana de Caracas: 90 muertes durante 2023, que representan 29% de los sucedidos en la capital venezolana.

 

Los homicidios en Petare son mucho mayores que en cualquier otra parroquia de la ciudad. La segunda jurisdicción en la que mataron a más personas fue El Valle (Distrito Capital), con 26; seguida de Filas de Mariche (Miranda), con 23; Sucre (Distrito Capital), con 21; y San Juan (Distrito Capital), con 17.

Las armas de fuego continúan como las más usadas por los victimarios. A balazos, mataron a 227 personas. De estas, 21 provenían de armas largas. 

Los 304 homicidios sucedidos en 2023 dejaron, por lo menos, 181 huérfanos menores de edad en el año.

 

Asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad aumentaron 233% en Lara 

Durante el año 2023, se registraron 76 asesinatos en el estado Lara, según datos recabados por Monitor de Víctimas. Del total de víctimas, hay 72 civiles, 2 policías y 2 militares. 

Marzo fue el mes con más muertes violentas, con 10; seguido de agosto, con 9; y febrero, abril y mayo, que cerraron con 8 muertes cada mes. Del total de víctimas, hay 70 hombres y 6 mujeres. El año 2022, cerró con 65 muertes, 9 menos que en 2023.

La violencia 2023

 

Iribarren, el municipio capital, se posicionó como el más violento, con 52 asesinatos, lo que representa 68% del total; seguido de Palavecino y Jimenez, con 6. Cuatro parroquias de Iribarren  -Ana Soto, Unión, El Cují y Tamaca- concentran la mitad de las muertes violentas de 2023: 38 víctimas. En Ana Soto, anteriormente conocida como Juan de Villegas y la parroquia más poblada de la entidad, ocurrieron 19 de los asesinatos. 

El móvil con mayor número de víctimas es el de riña o pelea iniciada en el sitio, con un saldo de 21; seguido de ajuste de cuentas, con 16.

Funcionarios de seguridad del Estado figuran como los victimarios en 21 asesinatos: 12 muertes por presunta resistencia a la autoridad, 7 ejecuciones, así como una muerte por bala pérdida y un caso por determinar.

La violencia 2023

 

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) perpetró 10 de estas muertes violentas; las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), 4; el Cuerpo de Investigaciones Cientìficas, Penales y Criminalísticas (CICPC), 4; la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 3; y el Ejército, 1. Este indicador aumentó 233% en comparación con el número de crímenes cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, el año anterior. En 2022, hubo 9 casos.

En 50 de los asesinatos registrados durante 2023, se utilizaron armas de fuego y esto equivale al 65,78% de las muertes. En 16 casos, las víctimas murieron por heridas de arma blanca, y en otros 6, por impacto de objetos contundentes. Se desconocen las armas utilizadas en 2 homicidios. En otros 2 casos, usaron armas de combustión y fuerza física.

En 28 homicidios, los autores de los crímenes eran conocidos, familiares, cónyuges o vecinos de las víctimas. Esta cifra representa 36,84% del total de muertes contabilizadas por Monitor de Víctimas en la región larense, de enero a diciembre de 2023. 

La violencia 2023

 

Entre las víctimas, hay un recién nacido, 2 adolescentes de 15 y 16 años de edad y un joven de 19 años. 45 víctimas –39 hombres y 4 mujeres– tenían entre 21 y 40 años de edad. 17 de las víctimas –13 hombres y 2 mujeres– tenían entre 41 y 60 años de edad.

Tres de las víctimas, todos hombres, tenían entre 61 y 80 años de edad. Una víctima, mujer, tenía 86 años de edad. 

Se desconocen las edades de 6 de las víctimas. Los móviles en 5 de estos casos fueron resistencia a la autoridad (4) y ejecución (1).

 

Femicidios-suicidios

Monitor de Víctimas contabilizó 6 asesinatos de mujeres, y de estos, cuatro son femicidios. En dos de estos casos los victimarios se suicidaron; en otro, el presunto asesino fue detenido, y en otro más, el agresor que, supuestamente, era pareja de la víctima, aún no ha sido identificado por las autoridades.

En los otros dos casos, se trató de un robo y su asesino aún está prófugo de la justicia. Asimismo, hubo un matricidio en contra de una octogenaria, y su autor fue detenido.

Bárbara Naybeth Leal Rodríguez, de 34 años de edad, fue asesinada por su expareja y padre de sus niñas, Manuel Gómez, el 1º de noviembre de 2023, en Barquisimeto. La joven había emigrado a Chile y sus tres hijas quedaron al cuidado de Gómez. A finales del año, decidió regresar a Venezuela para buscar a las niñas debido a que Manuel la había amenazado con que las iba a asesinar si ella no volvía al país.

Los vecinos de Bárbara relataron que una vez que llegó a Venezuela, fue al Ministerio Público (MP) para denunciar la situación y, con oficio en mano, la enviaron a un centro policial de la PNB, para que solicitara acompañamiento y así sacar a las niñas de la vivienda de su pareja. Según testigos, la joven fue, por lo menos, a tres comandos y no obtuvo acompañamiento alguno. En el último, le dieron un número telefónico para que llamara “por si algo sucedía”.

Ante la respuesta negativa de los funcionarios de seguridad, Bárbara fue a buscar a sus hijas sin la policía. La vivienda donde ocurrieron los hechos está a menos de 400 metros de cuatro módulos de la PNB, del CICPC y de una fiscalía municipal.

Habitantes del sector relataron que la tarde del 1º de noviembre escucharon una discusión y gritos en la casa de Manuel. Luego, llegó una comisión de la PNB. inmediatamente, sonaron dos disparos.

Las autoridades determinaron que Manuel Gómez había encerrado a sus hijas en una habitación. Con una escopeta, asesinó a su esposa y, posteriormente, se quitó la vida con una pistola.

Funcionarios asesinados

Johnny José Lores González, detective agregado del Cicpc e instructor de tiro, es uno de los cuatro funcionarios de seguridad del Estado asesinados en Lara en febrero de 2023, el martes de Carnaval. Johnny fue atacado a golpes con una patineta en la avenida Los Abogados con Morán, de Barquisimeto. Dos hombres le propinaron una golpiza, tras una discusión que se originó a sólo metros del Círculo Militar. 

Dos días después del suceso, la tarde del jueves 23 de febrero, fue aprehendido uno de los homicidas: Luis David Cordero, de 29 años.

El 13 de junio, Moisés David Travieso, funcionario del Ejército Bolivariano, fue asesinado durante una práctica de tiros en el Polígono de Barquisimeto, ubicado en la Intercomunal Barquisimeto-Duaca. 

El joven recibió un impacto de bala, presuntamente, por su compañero, cuando hacía la práctica. Sin embargo, este caso no ha sido esclarecido y no hay responsables tras las rejas.

Parroquias más violentas

En 4 de las 58 parroquias de Lara, todas de Iribarren, se registraron la mitad de las muertes violentas de 2023. Las cinco parroquias con más asesinatos están en la zona metropolitana del estado.

Ana Soto (municipio Iribarren): 19

Unión  (municipio Iribarren): 7

El Cují  (municipio Iribarren): 6

Tamaca (municipio Iribarren): 6

José Gregorio Bastidas (municipio Palavecino): 5

En Sucre la venganza o ajuste de cuentas fue el móvil con más casos

En el estado Sucre, se registraron 100 homicidios durante el año 2023, de acuerdo con el balance realizado por el equipo de Monitor de Víctimas en las morgues de Cumaná y Carúpano, respectivamente.

En el registro, se evidencian 13 muertes violentas menos que en 2022, cuando ocurrieron 123 homicidios.

El mes más violento fue agosto, con 19 víctimas; seguido de marzo, con 17; febrero y junio, con 10 cada uno; noviembre con 9, septiembre con 8; abril con 7; julio con 6; octubre con 5; diciembre con 4; mayo con 2 y enero con 3 víctimas.

 

La violencia 2023

 

 

Los municipios con mayor registro de víctimas fueron Sucre (Cumaná) con 32; Cajigal (Yaguaraparo) con 13; Bermúdez (Carúpano) con 12; Arismendi (Río Caribe) con 8; Montes (Cumanacoa) con 7; Ribero (Cariaco); con 6; Andrés Eloy Blanco (Casanay) 4, Libertador (Tunapuy), con 1, y 10 no determinados.

La venganza se mantiene como el móvil con mayor registro de muertes violentas, con 30 víctimas. Los homicidios por peleas o riñas fueron 11, el enfrentamiento entre bandas tuvo un registro de 10 víctimas, 9 muertes fueron por sicariato, 7 por robo, mientras que los casos por violencia de género fueron 3 y el linchamiento dejó una víctima.

Igualmente, destacan 14 víctimas por resistencia a la autoridad. 10 menos que el año pasado, cuando ocurrieron 24 víctimas bajo este móvil. Mientras que 2 funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado murieron en servicio y 9 fueron los homicidios cuyas causas quedaron por determinar o en averiguación. 

Asimismo, 89 de las víctimas pertenecían al sexo masculino, 10 eran femeninas y una identificada como transgenero -de acuerdo con la información recogida por el equipo de investigación-.

Casos emblemáticos 

Entre los casos más impactantes de 2023 en el estado Sucre, se encuentra el registrado el 21 de febrero en el municipio Arismendi,  cuando cuatro personas fueron asesinadas y tres quedaron  heridas, tras un  ataque de un grupo armado, en un centro hípico ubicado en El Morro.

Las víctimas que quedaron tendidas en el sitio fueron: Alexander Manuel Guilarte Rivero (25), quien falleció por un impacto de bala en el cuello; Enrique Caraballo (36), quien recibió disparos en la región del tórax; Jesús Guillermo Jáuregui (75), quien recibió un balazo en la fosa lumbar izquierda y  Carmen Elena Fermín Fermín (57), quien falleció por impacto de proyectil con orificio de entrada sin salida en región temporal.

Mientras que sobre las muertes por intervención policial el jueves 16 de marzo de 2023, efectivos adscritos a la Tercera Compañía de Bohordal, del Destacamento 532 y del Destacamento Rural 53-2 de Río de Agua, reportaron una intervención legal del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) de “Zacarías”, en una zona boscosa entre los sectores de Río Grande y La Horqueta, en el municipio Cajigal, donde ocurrió el homicidio de “el yaguare”, integrante del referido grupo armado.

En el hecho resultó herido por arma de fuego el capitán (GN) Joiner Chaustre Sánchez, comandante de la Tercera Compañía de Bohordal, quien recibió heridas de bala en el brazo izquierdo y superficialmente en el glúteo derecho.

 

 

 

En agosto, se produjeron 22 muertes violentas en toda la entidad. Solo en la zona de Carúpano – Paria ocurrieron 12 homicidios, y siete en la última semana del mes.

El martes 29 de agosto, se registraron diferentes dobles homicidios en los municipios Bermúdez y Arismendi, respectivamente. Uno de estos ocurrió cuando dos hombres fueron acribillados a tiros en el sector El Lirio de Carúpano.

Según las versiones de testigos del populoso sector, ubicado al sur del municipio Bermúdez, las víctimas fueron identificadas como José Gregorio Jiménez Salazar (44 años), alias “Goyito”, y Carlos Alfonso Rivas Rivas (38), quienes recibieron varios disparos por parte de desconocidos que se desplazaban en una motocicleta.

El mismo día, en horas de la noche, se supo del hallazgo de dos cuerpos en una zona apartada del caserío Santa Isabel, ubicada a escasos kilómetros de Río Caribe, en el municipio Arismendi. Uno pertenecía a una adolescente y otro a un hombre adulto.

Los cuerpos correspondían a María José Villarroel Suárez, de 17 años, y Gabriel Alexander Velásquez Hernández, de 22 años, a quien apodaban “el Diablo”. Ellos habitaban en los alrededores de la referida zona. Los cadáveres fueron hallados en el sector Quebrada de Forio, con varias heridas de arma blanca y de fuego.

Triple homicidio

El año pasado, en el municipio Cajigal, persistió la incidencia de asesinatos, y el 26 de noviembre, destacó el triple homicidio de los ciudadanos Frayeczon Gabriel Álvarez Brito (27), alias “el Cabezón”; Julián José Subero Prado (33), conocido como “el Peluca” y Wuiquerson Alexander Subero Fermín, llamado “el Wuiquer” por habitantes de Yaguaraparo. Las víctimas, supuestamente, eran integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (Gedo) Zacarías.

A los cadáveres se le encontraron múltiples disparos de arma de fuego, cortadas profundas con arma blanca (machete), además de que fueron cercenadas sus cabezas. Al parecer, estas mortales lesiones fueron producto de una riña por el control de la zona entre bandas rivales, en la zona boscosa de Río Grande de Los Marines, cerca de Yaguaraparo, municipio Cajigal.

Por esta razón, las autoridades suponen que fue asesinado, con los otros dos acompañantes, por problemas para controlar el sector. Sus cuerpos quedaron tendidos en plena vía pública de la zona agrícola.

Morgue de Cumaná

En el registro de casos ocurridos en el estado Sucre, también están los homicidios de José Gregorio Arreciart (28) y Douglas Ernesto Serrano, quienes fueron asesinados por hombres que intentaron ingresar a una celebración de cumpleaños.  El hecho ocurrió el 27 de agosto, en el barrio Los Molinos de la parroquia Altagracia de Cumaná, estado Sucre.

Violencia de género

Entre los casos de violencia de género, se encuentran el de Juan Carlos Gutiérrez Hernández, de 50 años, ocurrido el 2 de junio, cuando la víctima transitaba junto a su pareja por el sector La Matica de El Peñón, en Cumaná (Sucre). Sostuvieron una discusión, que se tornó violenta, y ella optó por golpear a Gutiérrez con una silla de plástico rota, que le ocasionó la muerte de inmediato. La victimaria huyó, pero fue capturada por las autoridades y el caso pasó a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público.

En otro hecho, ocurrió el femicidio de Roxana del Valle Gutiérrez Gutiérrez, de 20 años, localizada dentro de una bolsa negra y en avanzado estado de descomposición, en las adyacencias del estadio Roberto Carreño de Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre; su pareja, Dannie David Centeno Marcano de 20 años, confesó que la había matado el 12 de septiembre y su cuerpo fue encontrado cuatro días después.

También se registró el homicidio de Ibis Luisana Fabelo Hernández, de 15 años, cuyo cuerpo fue localizado, el pasado 10 de noviembre, en unos matorrales, en el sector El Manguito de Santa Fe, parroquia Raúl Leoni, del municipio Sucre.

El cadáver de la adolescente presentaba fractura del temporal derecho. Los cuerpos de seguridad no han esclarecido el caso.

En otro caso que conmocionó a la opinión pública sucrense, ocurrió en la comunidad Campo Ajuro. Una adolescente de 13 años fue violada y asesinada presuntamente por sus tíos, quienes fueron detenidos el 14 de junio.

La adolescente falleció el lunes 5 de junio, según los médicos de guardia, por un paro cardiorespiratorio. Pero la madre de la menor fue advertida, por otra profesional de la salud, de que la niña había sido víctima de abuso sexual de forma reiterada, y le recomendó practicarle la autopsia.

El acta de defunción que les entregaron en el hospital de Cumaná explica que la joven murió como consecuencia de una neumonía necrotizante, síndrome de niño maltratado, traumatismo torácico cerrado y craneoencefálico.

Otro caso fue el homicidio de Gregorio Antonio Guerra, 47 años, conocido como «la Pelele», ocurrido el 23 de abril, luego de una fiesta en el barrio Las Palomas de Cumaná. En el lugar, se presentaron varias discusiones y la víctima salió a buscar a su hermano, pero su cuerpo fue localizado, en la madrugada, con golpes en la cabeza y varias heridas punzopenetrantes. Autoridades investigan el caso bajo el móvil de presunta venganza. 

El extraño caso de los homicidios que ocurren en Táchira, pero se registran en Colombia

Un total de 34 homicidios fueron perpetrados en Táchira a lo largo del año 2023, de acuerdo con la base de datos que recopiló Monitor de Víctimas en la región fronteriza, donde el municipio limítrofe, Pedro María Ureña, fue el que más muertes violentas registró, con 8 asesinatos. El municipio San Cristóbal ocupó el segundo lugar con mayor número de casos de asesinatos, con 6 muertes, en total. 

La cifra de homicidios del año 2023 indica que hubo una reducción de 50.72 % en los casos de homicidios, en comparación con el año 2022. Pese a la reducción, varios hechos de sangre conmocionaron a los tachirenses. 

El menor número de homicidios en Táchira podría deberse a la alta migración de personas de esta zona, a la apertura formal de la frontera, así como al control que ejercen grupos guerrilleros en varios municipios de la entidad, en los cuales imponen sus reglas y ejercen un control que ha sido en cierto modo efectivo y respetado, concluyó el Observatorio Venezolano de Violencia – Capítulo Táchira, en su más reciente informe. 

Vale mencionar que los datos recopilados se basan en los cadáveres que son ingresados a las morgues del Táchira, situadas en el Hospital Central de San Cristóbal y el Cementerio Municipal de la ciudad, así como algunas muertas que los medios de comunicación colombianos reportan que ocurrieron del lado venezolano en algunas trochas entre Colombia y Venezuela. 

Uno de los hechos que causó conmoción en el año 2023 ocurrió el 10 de febrero, , precisamente, en el municipio Pedro María Ureña, en donde a plena luz del día, un adolescente de 14 años de edad, identificado como Luis Manuel Díaz Escorcia, fue asesinado frente a una carnicería, cuando el muchacho estaba en el establecimiento comercial donde laboraba. 

Una de las versiones que se manejó, en el momento, fue que el joven estaba parado al frente del local comercial, donde trabajaba, cuando fue abordado por dos sujetos que se le acercaron a pie y le dispararon, para luego huir, indicaron fuentes locales. Este suceso ocurrió durante una ola de amenazas y ataques con granadas a los comerciantes y habitantes de este pueblo fronterizo, ejecutado por la banda paramilitar La Línea, que se adjudicó los hechos, posteriormente. 

De las 34 víctimas, 29, fueron de sexo masculino y 5 de sexo femenino, con edades comprendidas entre 14 y 75 años.  En cuanto a los móviles de los crímenes, se obtuvo que 9 casos quedaron por determinar; 8 se debieron a venganza o ajuste de cuentas; 7 fueron ocasionados por motivos de robo; 5 personas murieron en riñas o peleas iniciadas en el sitio; 3 personas fueron ejecutadas; 1 caso fue motivado por violencia de género y 1 asesinato por sicariato. 

La mujer que fue víctima de violencia de género, el 30 de junio de 2023, fue identificada como Rosa Isabel Toca Jaimes, quien fue asesinada por su pareja Elfido Antonio López Trigos, de 42 años. El victimario terminó quitándose la vida tres días después. Este terrible suceso ocurrió en el sector Pabellón de la parroquia Bramón, municipio Junín del estado Táchira.

El cuerpo de la mujer, quien era de nacionalidad colombiana, fue hallado el sábado por uno de sus hijos en una platanera, presentando en su cuerpo heridas por arma blanca. Además, el femicida dejó un escrito en el que confesaba que había asesinado a su pareja tras sostener una discusión.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales 

Cabe destacar que tras la recopilación de datos se detectó que de las 34 personas asesinadas, cuatro murieron en manos de los cuerpos de seguridad del estado. En un caso con tres personas muertas estuvo involucrada la Policía Nacional Bolivariana, a través de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI). El otro asesinato fue cometido por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Entre las víctimas a manos de funcionarios del estado estuvieron: Maikel Andrei Acuña Gómez, de 24 años; Frank Yoider Acuña Guerrero, de 23 años, y Gilbert Alberto Rodríguez Vargas, de 25 años de edad, quienes fallecieron el  sábado 13 de mayo de 2023, en el sector Aguas Calientes de Ureña, frontera con Colombia. Las autoridades informaron que habían muerto en un enfrentamiento con una comisión de la Unidad Antiterrorista de la Policía Nacional Bolivariana.

Los jóvenes Acuña, de nacionalidad venezolana, eran primos y, según sus allegados, fueron secuestrados por un presunto grupo guerrillero, el pasado 8 de mayo, cuando jugaban en una cancha de la localidad. La tercera víctima, Gilbert Alberto Rodríguez Vargas, era colombiana. Pero los relatos de sus familiares indican que ellos no eran paramilitares ni miembros de ninguna organización delictiva.

 

En otros tres hechos se documentó que los perpetradores de las muertes fueron miembros de la guerrilla. En un caso, se reportó a un grupo paramilitar como los responsables, y en 10 hechos, los victimarios fueron civiles.

El tipo de arma más utilizada para cometer los crímenes fue el arma de fuego corta, tipo de armamento que fue usado en 14 hechos. Mientras que 9 asesinatos fueron cometidos con arma blanca, 4 con objetos contundentes, 2 con granadas y 4 con armas no determinadas. 

En el caso de Táchira, la reducción de los homicidios, aunque parezca contradictoria, está asociada a la pax mafiosa impuestas por los grupos armados establecidos en ese estado fronterizo, y a una treta que consiste en dejar del lado colombiano los cadáveres de personas presuntamente asesinadas del lado venezolano.   

252 homicidios sumó Zulia: GNB y Cicpc los principales responsables

Resistencia a la autoridad, sicariatos y ejecuciones extrajudiciales fueron los tres principales móviles de los homicidios que ocurrieron en Zulia, en 2023, y que contabilizó el equipo de Monitor de Víctimas en el estado. En total, hubo 252 homicidios.

De este número, 103 casos ocurrieron por resistencia a la autoridad, según se conoció en el registro que se llevó a cabo durante el año pasado. De estas muertes, 25 fueron a manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana; 22 por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; 16 por el Cuerpo de Policía del estado Zulia; 16 por la Policía Municipal de San Francisco; 9 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana; 7 por el Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia; 2 por la Dirección de Inteligencia Regional; 2 por la Policía municipal de Lagunillas, y los funcionarios de las policías municipales de Cabimas, Baralt, Urdaneta y Rosario son responsables, cada uno, de 1 homicidio.

Los sicariatos están en segundo lugar en el número de víctimas que, el año pasado, llegó a 46. En el municipio Miranda, en la Costa Oriental del Lago, hubo el mayor número de personas asesinadas por este móvil, que sumó 19.

 

El caso más emblemático fue el que ocurrió el pasado 26 de diciembre de 2023, cuando hubo un atentado en contra del alcalde oficialista, Jorge Nava, que dejó dos personas asesinadas y unos 17 heridos; entre ellos, la máxima autoridad local y el secretario de Servicios Públicos, Juan Carlos Vilchez.

Alfredo Molleda, un albañil de 55 años, quien residía en el sector Guaru Guaru de la parroquia Faría, del municipio Miranda del estado Zulia, fue la tercera víctima del ataque armado contra el alcalde.

Con respecto a los sicariatos, en Maracaibo hubo 7, en el municipio Baralt hubo 5, en Santa Rita otros 5; en los municipios La Cañada de Urdaneta y San Francisco, hubo 3 casos, respectivamente; en el municipio Colón, 2; en Jesús Enrique Lossada, 1, y en Machiques de Perijá, 1.

 

La violencia 2023

 

Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, hubo 25 durante los 12 meses del año 2023. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fueron los responsables de 9; la Policía regional del estado Zulia de 6; la policía municipal de San Francisco de 3; la Policía Nacional Bolivariana de 3; el Cicpc de 2; el Servicio de Investigación Penal de 1 y el Servicio de Investigación de Zulia de 1.

Violencia de género, robos y ajuste de cuentas

Los otros móviles de homicidios en el estado Zulia durante el año 2023 fueron los asesinatos por robo, que el año pasado fueron 23, las muertes por riñas, de las que se registraron 15; los ajustes de cuenta o venganza, 14; homicidios por violencia de género, 13, y abuso y maltrato infantil 6; entre otros.

Uno de los casos que causó más conmoción fue el de Eudimar Parra, de 33 años, quien fue asesinada a puñaladas por su pareja Elizaul Antonio Cegueri Noguera, de 43 años, dentro de su casa, en el municipio Baralt, en el estado Zulia. El femicida después se suicidó al lanzarse, en la vía pública, contra un vehículo en marcha que lo arrolló. Los hechos ocurrieron el 9 de marzo de 2023.

Carlos Luis Delfín Silva, de 22 años de edad, fue asesinado de una puñalada por su pareja, Yetsabeth del Carmen Galbán Guerrero, de 21 años, quien fingió un accidente con un cuchillo en el municipio Lagunillas, en el estado Zulia. El crimen ocurrió el 24 de junio de 2023.

Con respecto a los casos de maltrato infantil, se reseñó el de una madre que ahogó a sus hijas de 2 y 3 años en una pipa de agua que mantenía en su casa, ubicada en el sector 12 de Octubre, del municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago. El hecho sucedió el miércoles, 20 de diciembre. La mujer fue identificada como Roselin Banett Sandrea Jiménez, de 38 años, quien confesó el crimen.

Sicariatos de regreso

Estos son los casos que más destacaron el año pasado y en el que están involucradas bandas criminales.

El 18 de febrero se reportó un doble atentado, de forma casi simultánea, contra la carnicería Tu Finca Express y el supermercado Samba Latino, que causaron ocho heridos y dos muertos en el municipio Maracaibo.

La violencia 2023

 

Los organismos de seguridad señalaron a las bandas del “Yiyi” y del “Caracas”, lideradas por Guillermo Rafael Boscán Bravo y José Antonio Márquez Morales, respectivamente, de ser las responsables de los atentados. 

El primer fallecido fue Luis Castilla, empleado de la carnicería, en la que otras tres personas también fueron heridas de bala, el 18 de febrero.

El 5 de enero, una banda delictiva que opera en Barranquitas, municipio La Villa del Rosario de Perijá, asesinó a tiros a tres pescadores que estaban a bordo de una lancha en el Lago de Maracaibo, estado Zulia. El suceso se registró el jueves 5 de enero.

Las víctimas quedaron identificadas como Reibis Navas y los hermanos Carlos Alberto Nuñez Vásquez, de 54 años, y Alcides de Jesús Núñez Vásquez, de 52 años. Los cuerpos de los dos últimos fueron localizados en la zona conocida como Planchada Soldó en las orillas del lago, según fuentes policiales consultadas por El Pitazo.

El 11 de enero, un hombre armado asesinó al chofer de un autobús de transporte público en el municipio San Francisco, estado Zulia. La víctima recibió dos disparos en la cabeza y fue identificada como Atilio José Torres Moreno, de 47 años de edad.

El homicidio se registró en el barrio Negro Primero en el kilómetro 5 de San Francisco, en la vía que conduce al municipio La Cañada de Urdaneta. Testigos aseguraron que el homicidio fue ordenado por “el Yiyi”, quien extorsionaba a la línea de transporte.

El 19 de marzo, sicarios asesinaron a balazos, a una joven pareja en el municipio San Francisco del estado Zulia. Las autoridades policiales investigan si el crimen está relacionado con mafias dedicadas a la extorsión.

El Cicpc aseguró que el autor intelectual del crimen es Wilmer Antonio Matos Atencio, de 63 años, quien está prófugo y presenta notificación roja de Interpol por homicidio, extorsión y asociación para delinquir. En este hecho también señalaron que está involucrada la banda del “Yiyi».

Y el 29 de julio, dos sicarios asesinaron a un productor agropecuario dentro de su casa en el sector Las Casitas, en el kilómetro 48 del municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia. Los delincuentes grabaron el momento en el que dispararon contra el productor, quien se encontraba sentado en el garaje de su vivienda. “Es JL”, gritó el hombre mientras grababa con un celular el asesinato.

 

La violencia 2023

La violencia 2023

 

Lorena Meléndez, Liz Gascón, Karina Peraza, Anggy Polanco, Mayber Márquez, Yesenia García, Sheyla Urdaneta, Nataly Ángulo, Adriana Materano y Ronna Rísquez

Un grupo de madres se acompañan para exigir justicia por ejecuciones extrajudiciales

En «Madres Poderosas», una organización que agrupa 13 casos de ejecuciones extrajudiciales, mujeres se acompañan para exigir justicia en los asesinatos de sus hijos, ocurridos en enfrentamientos simulados por organismos policiales.

Esta organización integrada por 11 madres, una hermana y un padre que está en Barrancas del Orinoco, en el estado Monagas. La idea surgió de dos madres que perdieron a sus hijos en medio de ejecuciones extrajudiciales.

Carmen Arroyo, una de las creadoras de este grupo, perdió a su hijo Cristian. Un funcionario policial le quitó la vida y, a pesar de la depresión causada por el homicidio de su hijo, ella lucha incansablemente por obtener justicia, según un reportaje de Constructoras de Paz.

El pasado 22 de enero de 2024, después de más de 11 audiencias, Arroyo por fin logró que se condenara a Aljerdy Victorino Pacheco Rengifo, el policía que disparó contra su hijo a 23 años y 15 días de prisión. Los otros funcionarios que actuaron como cómplices necesarios, siguen libres, sin ser judicializados.

A Cristian Charrys Arroyo lo asesinaron el 24 de septiembre de 2018, en La Dolorita, parroquia Petare, cuando regresaba a su casa de celebrar su cumpleaños número 25. Funcionarios de la extinta Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), lo abordaron, lo obligaron a arrodillarse y le dispararon a quemarropa sin razón ni motivo alguno.

“Nada de esto le va a devolver la vida a mi hijo, ni calma mi tristeza o alivia la depresión a la que me enfrento diariamente, pero mi lucha va a contribuir a que ese asesino no va a seguir acabando con la vida de más muchachos sanos como el mío”, asegura Carmen.

Carmen tiene 56 años y se unió a otras madres, hermanas y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en barriadas de Venezuela, para buscar justicia y visibilizar estos hechos que ocurren sin que el Estado le ponga freno, investigue ni aplique castigos o las penas.

Un colectivo encabezado por mujeres

“A nosotras nos unió esta desgracia que tenemos en común y así será hasta el final de nuestros días”, afirma Ivonne Parra, que junto a Carmen dirige “Madres Poderosas”, desde que se registró como una Asociación Civil Sin Fines de Lucro en septiembre de 2021.

La idea surgió en 2018, señaló Ivonne. Fue un abogado criminalista quien ayudó a darle un nombre que, más allá de representar casos particulares, buscara que otras madres y familiares pudieran integrarse.

Ivonne es madre de Guillermo José, a quien en el 2017, también -sin motivo ni razón-, otro grupo de funcionarios policiales asesinó con un tiro de gracia, dentro de su propia casa. Los funcionarios simularon un enfrentamiento.

Antes de crear «Madres Poderosas», en el 2019 ya Carmen e Ivonne  formaron parte del grupo de familiares víctimas relataron sus testimonios de la letalidad policial y de las violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales que que se vive en el país a Michelle Bachelet, ex-alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Desde entonces trabajan junto a la organización Alianza de Familiares Víctimas del 2017 (Alfavic 2017) y se transformaron en un colectivo encabezado por mujeres, que se ha convertido no solo en “abogadas” y defensoras de los derechos humanos, sino en terapeutas las unas de las otras.

Sin investigaciones

Aunque haya dictado sentencia contra el asesino de su hijo, Carmen sabe que no será la última vez que irá al tribunal. Ella sigue acompañando a sus compañeros y a las mamás de los otros 12 jóvenes asesinados.

Ahora, la mayoría de las mujeres que integran este grupo manejan términos judiciales, redactan oficios para presentar ante el Ministerio Público, tribunales o para solicitar alguna experticia.

“Cada semana alguna debe ir a los tribunales o a la fiscalía y ahí estamos para acompañarnos. Si es de ir todas a la morgue para buscar un protocolo de autopsia porque tienen tres años que no se lo han enviado a la fiscalía, lo hacemos. Nosotras mismas nos encargamos de los escritos y de enviarlos por correo”, comenta Ivonne.

La falta de respuestas por parte del Estado en su obligación de realizar una investigación en cada caso, de forma debida y expedita, dentro de los lapsos procesales, despertó en ellas la solidaridad, sororidad y empatía.

“Tenemos una herramienta, que no es el dinero, sino el apoyo que nos damos entre todas. Si en una fiscalía se están burlando de una de nosotras, que lo hacen a cada rato, vamos y le explicamos lo que hemos aprendido en este camino y hacemos acompañamiento”, precisa Ivonne.

Sin sentencia definitivamente firme

El homicidio de Andrés David Osorio Contreras, de 18 años, es uno de los más antiguos de los documentados por «Madres Poderosas» y donde el culpable fue eximido. El hecho ocurrió el 22 de julio de 2006, en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Jardín Botánico.

Su madre Daissy Contreras cuenta que Andrés David trabajaba como mototaxista, y cuando regresaba de llevar a un pasajero al centro comercial El Tolón, en Las Mercedes, un funcionario del Cicpc le dio un disparo en la espalda. Ocurrió en medio de un enfrentamiento con delincuentes que intentaron robar al policía.

“En el 2013, el funcionario fue condenado. Sin embargo, en el 2014 se anuló el juicio y comenzamos otra vez ese camino de tortura, hasta hoy en día. Juicios interrumpidos y detenidos por dos años en pandemia”, relata Daissy.

Contreras logró que se continuara el juicio, “pero en diciembre de 2022, un juez de la mal llamada justicia del Estado venezolano, absuelve a este funcionario, sin que hasta la fecha haya sido publicada la sentencia para poder ejercer el derecho a apelación”.

Este episodio no solo le quitó a un hijo a Daissy, pues su otro hijo se vio obligado a marcharse del país y dejar su vida por temor a represalias por estos funcionarios del Cicpc. “Temíamos a que lo sembraran y lo detuvieran. Yo vivía con mucho miedo a que lo encontraran en el camino y también me lo mataran”.

Puede leer el reportaje completo aquí

DDHH Olvidados | La Masacre de El Junquito cumple seis años en impunidad
Organizaciones No Gubernamentales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los únicos que han llevado a la justicia las presuntas ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y otros seis venezolanos

Foto: Inaki Zugasti (Agence France-Presse)

«Nos están disparando con RPG (lanzacohetes), granadas, lanzagranadas… Hay civiles acá adentro. Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos. Nos quieren asesinar», dijo el expolicía Óscar Pérez, entre la sangre y los escombros, cuando se grabó en redes sociales antes de morir a manos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en Caracas el 15 de enero del 2018. Momentos después, la sociedad civil llamaría a ese evento «La masacre de El Junquito».

Nueve personas murieron durante el ataque de las fuerzas de seguridad del Estado a un chalet ubicado en El Junquito, en el municipio Libertador del Distrito Capital, en donde se refugiaba Óscar Pérez con seis de sus compañeros (cinco ex miembros de los cuerpos de seguridad y un civil). Ocho de los fallecidos tenían un impacto de bala en su cabeza, solo uno tenía un impacto de bala en el cuello

Han pasado seis años desde «La Masacre del Junquito» y el Ministerio Público aún no ha investigado ni imputado a los responsables de esas ejecuciones extrajudiciales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 26 de diciembre del 2023 que el caso de Pérez y los otros seis venezolanos será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a «la impunidad del sistema de justicia venezolano».

Sobrevuelo en la opinión pública

Óscar Pérez fue un agente activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y crítico del gobierno de Nicolás Maduro entre los años 2017 y 2018, cuando en Venezuela se presentaba una segunda ola de protestas en repudio a Maduro. 

Pérez sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017 a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil, cuando en el país se registraron un mínimo de 9.787 manifestaciones pacíficas en contra del gobierno madurista y al menos 158 ejecuciones extrajudiciales en el contexto de esas protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, respectivamente

El expolicía caló en la opinión pública venezolana gracias a su presencia en las redes sociales. A través de videos narraba sus críticas y fundó el «Movimiento Equilibrio Nacional», donde se unieron varios exmiembros de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Ese día del 2017, Maduro tildó de «terrorista» al movimiento militar.

Y en septiembre de ese año, el Estado detuvo al escolta Franks Cabaña, quien hasta la fecha es un preso político, privado de libertad sin una sentencia condenatoria, por haber atendido una llamada de Pérez el día que robó el helicóptero.

Asesinatos casi grabados en directo

Daniel Enrique Soto Torres, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini y Abraham Lugo Ramos eran exfuncionarios de seguridad y estaban con Pérez en El Junquito ese 15 de enero del 2018. Ellos trataron de alzarse contra el gobierno madurista, luego trataron de rendirse y entregarse a las autoridades, pero los cuerpos de seguridad abrieron fuego contra una vivienda donde se refugiaban.

«Alrededor de 500 fuerzas de seguridad atacaron la residencia en El Junquito donde se encontraban Oscar Pérez y otras seis víctimas. A pesar de que, tal y como lo muestran diversos videos grabados por Óscar Pérez, las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo», se lee en el reporte de la CIDH.

Entre el grupo de los fallecidos se encontraba Lisbeth Andreina Ramírez Montilla, una enfermera y estudiante de odontología de 30 años. 

Las autoridades estatales revelaron las identidades de los fallecidos 30 horas después del suceso que el gobierno de Nicolás Maduro bautizó como la «Operación Gedeón» (que en hebreo significa «destructor» o «guerrero poderoso»).

Pasaron más de 72 horas para que sus familiares pudieran identificar sus cuerpos y más de una semana en darles un sepelio

«En una nota de voz (Lisbeth Ramírez) dice ‘me agarraron’, no dijo ”nos tienen acorralados”. Eso da muchas dudas de si mi hermana está muerta, es porque a ella dice que la agarraron, lo debe decir es porque alguien la agarró. Quiero ver a mi hermana», dijo Leidy Ramírez, hermana de Lisbeth, al medio Crónica Uno cuando esperaba en la Morgue de Bello Monte, en Caracas, a que confirmaran que su hermana había fallecido el 18 de enero del 2018.

Mientras tanto, en las redes sociales y en la prensa circulaban fotografías de los cuerpos de Óscar Pérez y las otras seis víctimas.

Néstor Reverol, quien para ese entonces era ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó que dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana murieron en el «operativo»: Nelson Chirino Cruz y «Andriun Ugarte». Poco después se reveló que «Ugarte» era una identidad falsa para el antiguo miembro de los «Colectivos» -grupos de civiles armados e ideológicamente alineados con el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro- y antiguo miembro de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), una serie de despliegues policiales entre 2015 y 2017 acusada de más de 500 casos de ejecuciones extrajudiciales.

La impunidad también se viralizó

Los familiares de las víctimas denunciaron que recibían amenazas e intimidaciones por parte de funcionarios del gobierno madurista y cuerpos de seguridad sin que el Estado les brindará protección o «hacer un funeral adecuado», según recuenta la CIDH. 

Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello e Iris Valera, mantuvieron en sus discursos que Óscar Pérez y las otras seis víctimas eran «terroristas» y fueron «abatidos» «con el peso de la ley». 

Entre las protestas de crítica al madurismo del año 2018, la prensa venezolana nacional estaba bajo esquemas de censura estatal. Pocos días después de «La Masacre del Junquito», la periodista Alba Cecilia Mujica fue despedida del canal televisivo Globovisión por haber opinado que la muerte de Pérez y los otros seis venezolanos fue una ejecución extrajudicial. 

Mientras tanto, otras seis personas fueron detenidas y relacionadas por la «Operación Gedeón», acusadas de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. 

Si bien fueron liberados el 19 de diciembre del 2018, Joally Javier Deyon González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruiz Lugo y Antonio José Pérez Cisneros fueron víctimas de torturas y tratos crueles bajo las audiencias del en el Tribunal Militar Segundo de Control, con sede en Caracas, según los reportes del portal Armando.info

«La Masacre de El Junquito» se encuentra entre los miles de casos que el gobierno de Nicolás Maduro debería enfrentar ante la Corte Penal Internacional, donde la ONG Human Right Watch catalogó al evento como una ejecución extrajudicial similar a las dictaduras de Chile y Argentina en el siglo XX. 

Cinco años Monitor de Víctimas: ¿Por qué hubo una disminución de los homicidios en Caracas?
La periodista Ronna Rísquez puntualizó que hubo una especie de «mutación del crimen», pues el «hampa común» fue convirtiéndose en «megabandas» y empezaron a ser lo que se conoce como «crimen organizado»
La socióloga Andrea Chacón explicó que desde 2018 a 2022 la disminución de homicidios en la capital del país fue de un 60 %

Monitor de Víctimas, plataforma que analiza las cifras de homicidios en Caracas, reveló en su quinto informe anual que desde en 2022 hubo una disminución de los homicidios en Caracas y cuáles son las razones que explican esta situación. 

Durante una transmisión en vivo  en Twitter,  Ronna Rísquez, periodista de investigación y cofundadora de Monitor de Víctimas; Andrea Chacón, socióloga y doctora en Ciencias Sociales de Reacin; y María Irene Barreto, coordinadora de Monitor de Víctimas por Mi Convive analizaron estas cifras

 

Monitor de Víctimas es una iniciativa periodística que nace en Runrun.es, la cual busca solventar la censura oficial de las cifras de homicidios en Caracas desde el año 2017.

En estos cinco años, la iniciativa se expandió y también abarca Táchira, Zulia, Sucre y Lara.

Hipótesis sobre la disminución de los homicidios

La socióloga Andrea Chacón explicó que desde 2018 a 2022 la disminución de homicidios en la capital del país fue de un 60 %. «Eso quiere decir que pasamos de una tasa de 40,3 muertes violentas en Caracas por cada 100.000 habitantes a una de 9,3 en 2022», dijo.

Sin embargo, puntualizó que todavía no se puede decir que en Venezuela la situación ha mejorado.

Por su parte, la periodista Ronna Rísquez señaló que a partir del año 2018 se comenzó a ver un cambio en la dinámica de los homicidios, pues la mayoría «no lo cometían los delincuentes, sino que eran responsabilidad de los cuerpos de seguridad».

«Aunque se ha dado una reducción de homicidios, la reducción no ha sido proporcionalmente igual en el caso de las mujeres. No hay una reducción en cuanto a los femicidios», añadió Rísquez.

También puntualizó que hubo una especie de «mutación del crimen», pues el «hampa común» fue convirtiéndose en «megabandas» y empezaron a convertirse en lo que se conoce como «crimen organizado».

«Estos cambios afectan la dinámica de los homicidios de zonas urbanas como Caracas. No es que desaparecieron, sino que están operando los lugares. Estos grupos ahora se enfocan más en sus negocios criminales y mercados ilícitos. Muchos de ellos se han expandido a otros países, no solo a zonas fronterizas», señaló.

 

Además, señaló la incidencia de la migración que, aunque no se conocen cifras concretas de la misma, tiene un peso en la disminución de los homicidios.

Ejecuciones extrajudiciales

Uno de los móviles que sorprende en el informe de Monitor de Víctimas son las ejecuciones extrajudiciales y casos registrados como «resistencia a la autoridad», un término creado por las autoridades para justificar estos homicidios.

«Tenemos 1.739 casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales solo en Caracas en cinco años», señaló Ronna Rísquez.

Recordó el caso de la masacre de la parroquia La Vega, ocurrida en el año 2021. «Quedó como en un limbo porque no se sabía cuántas personas habían muerto», dijo.

Ante esa situación, explicó la periodista, Monitor de Víctimas se dedicó «a confirmar con testigos y familiares que estas personas habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales».

Chacón señaló que por distintos factores, como la presión internacional, los operativos policiales también cambiaron su dinámica de ejecuciones extrajudiciales.

«Ahora en vez de matar a 100 muchachos, quizás mataban a 20 o 15 en operativos muy focalizados y respondían a eventos muy particulares (…) El cambio de estrategia fue por la reacción internacional y pudo haber contribuido a tener un número menor de muerte pero que no deberían estar ocurriendo», señaló Chacón.

 

Presencia de colectivos y bandas armadas

La periodista Ronna Rísquez señaló que los dos municipios más violentos de Caracas son Libertador y Sucre y que las parroquias con más casos de homicidios «son las que tenían o que tienen presencia de colectivos y bandas armadas».

De acuerdo con Rísquez, estos grupos «ejercen gobernanza criminal en los sectores donde están» a la par que controlan el territorio y dominan a la población.

«No creemos que sea una cosa casual el hecho de que los sitios donde hay presencia de colectivos y megabandas es donde presentamos la mayor cantidad de homicidios», resaltó.

Aumento de femicidios

La socióloga Andrea Chacón señaló que aunque las mujeres no son la mayoría en los porcentajes de las víctimas, cuando se habla de violencia de género, se encuentran «algunas dinámicas interesantes».

Las mujeres víctimas de femicidios, explicó Chacón, mueren en edad productiva, entre los 15 y 39 años y la mayoría de esas muertes «ocurren en sus viviendas y en manos de personas conocidas».

A partir de la llegada de la pandemia y con ello, el confinamiento, según Chacón, «se cometieron mucho menos actividades delictivas».

Sin embargo, lo anterior, «no quiere decir que dejó de haber violencia, por ejemplo, en la casa».

«Cuando revisamos los casos de la violencia de género, hay un aumento de casos», añadió Andrea Chacón.

En cuanto a los victimarios, en general, «son las parejas o personas que están muy relacionadas a las víctimas», señaló la socióloga Andrea Chacón.

Huérfanos de la violencia

Entre 2017 y 2022, Monitor de Víctimas documentó 2.033 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estas personas dejaron huérfanos, al menos, a 1.520 niños, niñas y adolescentes.

Una investigación de la plataforma, que se publicó en agosto de 2023 con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (Capir), reveló a través de tres podcast cómo los niños, niñas y adolescentes terminan siendo el eslabón más frágil y vulnerable de la cadena de dolientes que deja la letalidad policial en Venezuela.

 

Sobre los huérfanos de la violencia, durante el Twitter Space, Ronna Rísquez explicó que desde la plataforma periodística querían saber cuántos huérfanos había.

«La mayoría de las víctimas están en edad productiva y de tener hijos (…) Nos preguntábamos qué pasa con esos niños que quedan sin padres. Nos hemos dedicado a registrar la cantidad de niños huérfanos que han quedado producto de la violencia», explicó.

Sobre estos niños, niñas y adolescentes, Rísquez señaló que «no reciben ningún tipo de asistencia psicológica ni del Estado» y «en muchos casos han perdido a su madre porque muchas han tenido que emigrar para buscar el sustento».

A su vez, María Irene Barreto indicó que entre las cifras que tiene Monitor de Víctimas, «la cantidad de huérfanos es similar o incluso mayor a la cantidad de muertes registradas».

Barreto explicó que muchos de estos niños, niñas y adolescentes pertenecen a zonas donde hay altas tasas de natalidad y las familias tienen varios hijos. «Hay víctimas que han dejado hasta cinco o seis hijos», dijo.

El Mañanero del #06Nov: las ocho noticias que debes conocer

En El Mañanero de Runrun.es de este 06 de noviembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela y los derechos humanos: la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones advierte que las cárceles del país no podrán albergar a todos los privados de libertas que son trasladados por la «Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro», advierten que la Policía Nacional Bolivariana es el cuerpo de seguridad del Estado que más ejecuciones extrajudiciales ha hecho durante el 2023 y los en estados Mérida, Zulia y Falcón reportan inundaciones y lluvias torrenciales sin saber el número de afectados.

OVP advierte que el hacinamiento en las cárceles superará el 300 %

OVSP: fallas eléctricas incrementaron casi el doble entre enero y septiembre de 2023

Lupa por la Vida registró 355 ejecuciones extrajudiciales durante primer semestre de 2023 

Reportan inundaciones relacionadas a las lluvias en el occidente del país

Conatel cierra la emisora Súper Stereo 94.5 FM en Falcón

International Crisis Group: 64 % de los migrantes que cruzan el Darién son venezolanos

Primarias 2023 | Vicepresidente de Junta Regional de Lara fue citado por segunda vez a Fiscalía 

Unicef: un niño muere cada 10 minutos en Gaza por la guerra entre Israel y Hamás

«Si para venir a la cárcel de La Pica se nos hacía difícil por el tema de que somos de bajos recursos, ahora cómo haremos para ir a otros estados del país a visitarlos, llevarles comida o medicinas. Esta situación es muy difícil porque nosotros no tenemos recursos para ir tan lejos a visitar a nuestros hijos. Estoy muy preocupada porque soy una señora de la tercera edad», denunció un familiar de los privados de libertad de la cárcel La Pica, estado Monagas a Radio Fe y Alegría luego de la intervención militar del pasado 3 de noviembre.

Gracias por leer El Mañanero de Runrun.es del lunes 06 de noviembre del 2023.

La generación que perdió el sueño: los huérfanos de la letalidad policial en Venezuela
Venezuela es el país con la tasa de letalidad policial más alta de América Latina y, quizás, del mundo. Monitor de Víctimas, una plataforma periodística que lleva un registro de los homicidios en cinco estados del país, documentó 2.033 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2017 y 2022. Estas personas dejaron huérfanos, al menos, a 1.520 niños, niñas y adolescentes
Esta investigación busca visibilizar las historias ocultas de 26 huérfanos de la letalidad policial en Caracas, Lara, Táchira, Zulia y Sucre. A través de tres podcast se revelan los efectos de estas ausencias trágicas en sus vidas. Cada capítulo explora un aspecto de la cotidianidad de estas familias y sus traumas: su salud mental, las secuelas de sus privaciones económicas y la deserción escolar

Por Monitor de Víctimas

Hay madrugadas en las que Jennifer Blanco*, de 14 años, se despierta aterrada. No hay pesadillas, ruidos bruscos, ni nada repentino que aliente el temor. “Empiezo a mirar, toco a mis hermanos para ver si están respirando, no sé por qué tengo eso. Después, cuando veo que todo está bien, me acuesto otra vez”, confiesa. 

Aunque no puede predecir estos episodios, sí sabe cuál es su origen: empezaron poco después del asesinato de su padre, Amilcar Blanco*, quien fue presuntamente ejecutado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, luego de participar en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en enero de 2019. Una comisión policial entró a su casa en un pueblo del estado Lara, a 470 kilómetros de Caracas, sacó a sus hijos y a otros familiares y se quedó solo con él. La víctima dejó cinco niños huérfanos. Jennifer es la mayor.

De acuerdo con datos recabados por Monitor de Víctimas —una plataforma de periodismo que realiza un registro minucioso de los homicidios y los casos de letalidad policial en Caracas y otros cuatro estados de Venezuela— entre 2017 y 2022, 1.328 niños y adolescentes quedaron huérfanos producto de las muertes ocurridas por presuntas ejecuciones extrajudiciales o resistencia a la autoridad solo en Caracas. En el estado Lara —donde vive Jennifer y sus cuatro hermanos—, estas mismas causas dejaron huérfanos a 143 menores de edad, entre 2020 y 2022 (periodo del que se tiene registros). En Táchira fueron 14, entre 2021 y 2022; en Zulia, 27 solo durante 2022 y, en Sucre, 17 en el mismo año. 

Entre enero de 2016 y octubre de 2019, se reportaron 19.801 casos de resistencia a la autoridad en Venezuela, según una filtración de datos oficiales del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a la que se tuvo acceso. 

Esta investigación, basada en datos recabados por Monitor de Víctimas y con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), revela a través de tres podcast cómo los niños, niñas y adolescentes terminan siendo el eslabón más frágil y vulnerable de la cadena de dolientes que deja la letalidad policial en Venezuela. 

Para este reportaje especial se seleccionaron casos de víctimas de letalidad policial ocurridos entre 2017 y 2022 en Caracas y los estados Lara, Táchira, Zulia y Sucre, y dejaron huérfanos a menores de 18 años. Luego, se realizaron más de 30 entrevistas en persona a los niños, niñas, adolescentes y a sus madres y cuidadores por medio de dos formularios que indagaron sobre el estado físico y nutricional, la escolaridad, la salud mental, la carga familiar, la recreación y el afecto que reciben los pequeños. 

A través de las historias de nueve víctimas de la violencia policial, que dejaron 26 huérfanos en cinco estados del país, un equipo periodístico identificó cómo las familias —y, en particular, los más pequeños— se transformaron y comenzaron a experimentar una serie de consecuencias psicológicas, como los terrores nocturnos de Jennifer, además de carencias alimenticias, educativas, materiales y afectivas, luego de las presuntas ejecuciones de sus progenitores

Los relatos, acompañados de las opiniones de psicólogos, sociólogos y antropólogos consultados para este trabajo, se presentan en esta serie de podcast que explora tres aristas del problema: salud mental, privaciones económicas y educación.

Escucha el especial “La generación que perdió el sueño. Los huérfanos de la letalidad policial en Venezuela” haciendo clic en esta imagen:

CIDH presentó ante la Corte IDH caso de cuatro ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
La CIDH  presentó ante la Corte IDH el caso de cuatro ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Los hechos ocurrieron en el marco de un operativo de seguridad en el estado Aragua, en el 2017. 4 hermanos fueron asesinados a manos del CICPC. Los funcionarios declararon que fue en un enfrentamiento, pero su madre asegura que no tenían antecedentes
Foto: Cortesía: @CIDH

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sometió el 29 de marzo de 2023 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 14.177 de la República Bolivariana de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Israel Benjamín, Martín Daniel, Leonel David y Leonardo José Manaure Flores, así como por la falta de investigación de los hechos.

Según la información proporcionada, en 2017, un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ingresaron a la residencia de los hermanos Israel Benjamín, de 16 años, Martín Daniel, de 17 años, Leonel David, de 19 años, y Leonardo José, de 24 años, quienes fueron ejecutados en el lugar.

Los funcionarios declararon a medios de prensa que las muertes se habían producido por un enfrentamiento policial y que los hermanos serían delincuentes. La madre, Ana María Flores Quintero, afirmó que sus hijos no poseían antecedentes criminales, y que tres de ellos eran estudiantes y el otro trabajaba en albañilería.

Los hechos ocurrieron, denuncia la CIDH, en un «contexto de ejecuciones extrajudiciales de operativos de seguridad en Venezuela, en el estado Aragua»,  que según refieren, se caracterizan por actuaciones irregulares, allanamientos ilegales y enfrentamientos en los que personas, principalmente jóvenes de bajos recursos, terminan ejecutadas bajo la hipótesis de ser criminales, «sin respuesta judicial efectiva y en situación general de impunidad».

El Estado es responsable

La Comisión (CIDH) determinó que el Estado venezolano es responsable por la violación del derecho a la vida en perjuicio de los cuatro hermanos y que  no  cumplió con su obligación «de realizar una investigación con debida diligencia, de oficio, rápida, objetiva y dentro de un plazo razonable». 

De igual forma, y por el hecho de que Israel Benjamín Manaure Flores y Martín Daniel Manaure Flores tenían 16 y 17 años cuando fueron ejecutados,  la Comisión observó que el Estado incumplió con su deber de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su interés superior.

En consecuencia, considera que el Estado debe ejecutar las siguientes medidas de reparación:

1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo tanto el aspecto material como moral.

2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Ana María Flores Quintero, de ser su voluntad.

3. Continuar con la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan.

4. Adoptar las medidas de no repetición de hechos similares: i) programas de capacitación sobre los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza y prohibición de ejecuciones extrajudiciales; ii) medidas para investigar con la debida diligencia, la necesidad y proporcionalidad del uso letal de las fuerzas policiales, con protocolos de control y rendición de cuentas frente al actuar de dichos funcionarios.

Provea saluda la acción 

Provea saludó la iniciativa de la CIDH por el logro de justicia «ante los miles de casos» de ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en ene Venezuela.

“La perseverancia de las víctimas es fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad”, emitió Provea.

 

Para el 2022, se reportaron 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país, según Amnistía Internacional.

 

Cofavic denuncia ante Acnudh presuntas ejecuciones extrajudiciales
Mediante una carta, la ONG aseguró que, desde 2012, «se ha desarrollado en Venezuela un patrón caracterizado por el aumento en los índices de violencia estatal y en los referidos a la impunidad»

 

La ONG Cofavic denunció este 26 de enero ante el alto comisionado de la ONU para los DD.HH. (Acnudh), Volker Türk, quien se encuentra de visita en Caracas, que en los últimos 10 años ha documentado 14.296 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de seguridad del Estado, para «un promedio superior a las 1.400 muertes anuales».

A través de una carta, la organización no gubernamental aseguró que, desde 2012, «se ha desarrollado en Venezuela un patrón caracterizado por el aumento en los índices de violencia estatal y en los referidos a la impunidad».

«De manera particular, esto ha venido sucediendo mediante el despliegue de operativos de seguridad ciudadana, practicados especialmente en zonas urbanas muy vulnerables, durante los cuales se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos», señala el escrito.

La ONG señaló que también se registra un «altísimo índice de impunidad revelado por fuentes oficiales». En este sentido, aseguran que «del total de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales investigados entre 2017 y 2021, solo (el) 16 % ha obtenido sentencia condenatoria».

Además, indicó que, de abril a septiembre de 2022, y «por orden del Ejecutivo, se puso en práctica una nueva política de seguridad ciudadana denominada Trueno», en medio de la cual «han sido asesinadas, hasta los momentos, 33 personas y detenidas más de 130».

Ante estos hechos, la organización pidió al alto comisionado mantener y profundizar «una posición activa en el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia».

Asimismo, solicitó a Acnudh fortalecer las «labores de su equipo en el terreno, particularmente mediante el robustecimiento de sus funciones de observación», además de profundizar la relación con las ONG venezolanas, con las que espera que se «amplíe la cooperación técnica».

Visita del Acnudh a Venezuela

Este 26 de enero llegó a Venezuela desde Colombia Türk, quien desarrollará una misión oficial de dos días, informó Naciones Unidas Venezuela.

«El Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, llegó hoy a Venezuela en misión oficial, por invitación del Gobierno», dijo el organismo en su cuenta en Twitter.

Reiteró que el funcionario se reunirá con «autoridades de gobierno, organizaciones de sociedad civil, defensores de derechos humanos, representantes de grupos de víctimas y otros», sin ofrecer mayores detalles de la agenda.

El gobierno de Venezuela informó que la visita oficial del funcionario de ONU será entre este jueves y el sábado, y que se llevará a cabo «en ejecución de los mecanismos de diálogo constructivo, cooperación y asistencia técnica existentes entre Venezuela y la oficina a su cargo».

Con información de EFE