Ejecución extrajudicial

En lo que parece ser una nueva escalada de violencia policial en Venezuela, Monitor de Víctimas contabilizó seis decenas de muertes de ciudadanos a manos de funcionarios de las policías y la FANB, en 15 estados del país, en los primeros 31 días de 2024. Por lo menos, 63 de estos casos serían presuntas ejecuciones extrajudiciales

Ronna Rísquez / Adriana Materano

Venezuela no está en guerra y se supone que la delincuencia se ha reducido. Pero militares y policías mataron a 65 personas en 15 estados del país, en el primer mes del año; en promedio, dos víctimas cada día de enero. Tres de los asesinados son menores de edad y casi todos los casos podrían calificar como ejecuciones extrajudiciales.

En estos hechos, presentados en su mayoría como resistencia a la autoridad y enfrentamientos, están involucrados distintos grupos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en diversas regiones del país, las policías estadales  y municipales de ocho estados.

Los estados Aragua, Carabobo y Miranda encabezan la lista de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, con 12, 11 y 10 casos cada uno, respectivamente. Le siguen Guárico con 8, Anzoátegui con 5 y Monagas con 4. Continúan Trujillo y Falcón, con 3 cada uno; Distrito Federal y Portuguesa, con 2 víctimas, y Táchira, Zulia, Lara, Cojedes y Sucre, con 1 caso de ejecución extrajudicial.

Los cuerpos de seguridad que lideraron la lista de ejecuciones extrajudiciales fueron la PNB, con 24 hechos, y CICPC, con 15 casos. Así mismo, las policías estadales de 7 estados sumaron un total de 15 hechos: 6 de la policía de Carabobo; 4 de la del estado Monagas; en tanto que los estados Aragua, Cojedes, Guárico, Lara y Sucre registraron 1 caso cada uno.

Las fuerzas militares como la GNB y el Ejército sumaron un total de 8 casos. La mayoría de los asesinados no perdieron la vida en el lugar de los sucesos. Luego de resultar heridos, fueron llevados a las unidades médicas; sin embargo, todos murieron durante la movilización o al poco tiempo de llegar a los centros de salud.

Tres menores de edad asesinados 

Las tres víctimas menores de edad son Jordan Ramón Gómez Roldán, de 16 años; Iverson José Torres, de 17 años, y Cristian González, de 17 años. Los homicidios se ejecutaron en circunstancias que no justifican el uso de la fuerza. Incluso, dos de las víctimas murieron por motivos personales. 

La tarde del 1° de enero, en un casino militar ubicado en el estado Trujillo, el adolescente Jordan Ramón Gómez Roldán fue abusado sexualmente y asesinado por el sargento del Ejército Leonardo Enrique Cardozo Hernández, de 27 años. Todo inició cuando Cardozo encontró a su pareja, una mujer también integrante del Ejército, de 26 años, teniendo relaciones sexuales con el menor de edad.

Cardozo le propinó múltiples golpes al adolescente y lo dejó inconsciente. Posteriormente, lo asfixió hasta causarle la muerte. Las investigaciones llevaron a la detención de Leonardo Enrique Cardozo Hernández, tras comprobarse su responsabilidad en el hecho. En la audiencia de presentación, el agresor fue imputado por los delitos de homicidio intencional calificado y abuso sexual a adolescente con penetración.

El segundo adolescente asesinado fue Aiverson José Torres, quien estudiaba 5to año de bachillerato. El adolescente trabajaba como mecánico con su papá y quería ser abogado. Aiverson fue asesinado de dos disparos en la cabeza en un hecho en el que participaron los policías del estado Trujillo, Kelvin Gabriel Leal Mendoza (34), Miguel Eduardo Mendoza Álvarez (26), Eli Rafael José Piña Díaz (23) y Vilma Maribel Quero Franco (34).

El homicidio ocurrió la noche del martes 9 de enero de 2024, en la localidad de Carora, estado Lara, luego de que los policías intentaran detener al menor, quien transitaba en una moto, presuntamente, por no usar casco. Al no acatar la orden, el policía Leal Mendoza detonó dos disparos al aire y luego dos más a la cabeza del menor de edad.  

Los cuatro (4) funcionarios de la policía fueron detenidos y expulsados, dos días después. Efectivos del CICPC reconstruyeron la escena del crimen con la intención de individualizar las responsabilidades por el asesinato de Aiverson Tórres. 

Cristian Gonzalez de 17 años fue el tercer menor de edad asesinado. El hecho se registró la noche del domingo 21 de enero en la localidad de Turen, estado Portuguesa. Cristian murió luego de recibir un disparo en el pecho que propinó su padrastro Augusto Flores, un sargento adscrito al Destacamento № 312 de la GNB. 

Según la versión policial, el sargento llegó en estado de ebriedad a su casa, donde se encontraban la víctima, su madre y dos infantes, hijos de la pareja. Al forcejear la puerta, Flores, junto con un acompañante identificado como Yoelvi Antonio Lameda Nelo, alias “el Morao”, entraron a la vivienda. Una vez adentro, Cristian se dispuso a enfrentar a su padrastro, quien detonó un disparo al pecho del joven.

Se supo que tanto Flores como Lameda fueron capturados por las autoridades luego de que ambos se dieran a la fuga. De igual forma, se conoció que Yoelvi Antonio Lameda Nelo tenía antecedentes por porte ilícito de arma de fuego y por violación.

Siete hombres asesinados por funcionarios de seguridad

Marlon Montilla, de 22 años, y Jhonaiker Ramírez, de 21 años, fueron asesinados por cuatro funcionarios de la PNB, la noche del pasado 24 de enero de 2024. El hecho ocurrió en el Municipio Valera del estado Trujillo. Según las investigaciones de los efectivos del CICPC, los funcionarios simularon un enfrentamiento con las víctimas.

Testimonios de familiares de los fallecidos confirmaron que Marlon Montilla y Jhonaiker Ramírez estaban en la cancha de la urbanización Bella Vista, cuando fueron interceptados por los funcionarios. Luego de realizarles una pesquisa, los policías llevaron a los jóvenes a su comando. Horas más tardes, Marlon y Jhonaiker, aparecieron muertos dentro de un carro en el eje vial de Valera, lugar donde los efectivos de seguridad simularon el enfrentamiento.

Los cuatro funcionarios están privados de libertad y a la orden del Ministerio Público. De igual forma, se conoce que dos policías más, involucrados en el hecho, están prófugos de la justicia. 

Gregorio Emilio Rebolledo de 62 años y Carlos Luis Rebolledo de 33 años, padre e hijo, fueron víctimas de una ejecución a manos de un efectivo de seguridad del Estado Carabobo, cuando se encontraban en un puesto de comida rápida. El hecho ocurrió el pasado 29 de enero de 2024, en horas de la noche.

Luego de sostener una discusión, el efectivo de seguridad sacó su arma de reglamento y asesinó en el lugar a Gregorio Rebolledo y, luego, hirió a Carlos Rebolledo, quién murió al llegar a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia. 

José Vargas y Ricardo Silvio fueron aprehendidos en el momento, por efectivos de una comisión de la Policía de Carabobo, que se encontraba cerca del lugar. 

Otro caso de homicidio a manos de un efectivo de seguridad se registró el pasado  28 de enero de 2024, en el estado Portuguesa. La víctima, un joven de 20 años, fue identificado como José Manuel Linares. Aunque no hay declaraciones oficiales, familiares del joven aseguran que el asesino fue un funcionario del CICPC, familiar de la víctima.

Los últimos dos casos de presunto homicidio por funcionarios de la PNB fueron registrados el pasado 26 de enero de 2024. Una de las víctimas fue reconocida como Kehiniber Gutiérrez Sucre, de 19 años. Según testigos, la víctima estaba sentado afuera de la casa, donde ocasionalmente residía en Caracas, cuando un grupo de funcionarios de la PNB lo rodearon y le dispararon. 

Según los testimonios de familiares, recabados por la prensa, la víctima recibió un disparo en el abdomen y fue llevado en una patrulla hasta el hospital Periférico de Coche, donde murió. 

Esa misma noche, otro hombre de 42 años de edad fue presuntamente víctima de la PNB. La identidad del hombre no ha sido revelada. Los familiares, quienes no quisieron dar más detalles del suceso, comunicaron que funcionarios le dispararon al salir de su casa en Filas de Mariche

Presunta ejecución extrajudicial a tres integrantes de una familia

Jaiverson Riso Cedeño, de 18 años; Nelson Reyes Zapata, de 23 años; y Jonklin Rizo Cedeño, de 19 años, fueron presuntamente ejecutados dentro de la vivienda donde residían, en el barrio El Campito de Petare. No hay información oficial del hecho, sin embargo, familiares denuncian que efectivos de la PNB irrumpieron en la casa, desalojaron a 12 niños y 4 adultos, y asesinaron a los tres hombres en la sala.

Se conoce que los efectivos pertenecían a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y que llegaron encapuchados al lugar de los hechos. Según los testimonios recabados por el medio digital El Pitazo, los familiares denunciaron que escucharon los disparos desde afuera y que a los minutos los funcionarios salieron con los cuerpos de los tres hombres y los llevaron al hospital con la intención de simular las ejecuciones.

De igual forma, los familiares también denuncian que los efectivos de seguridad orinaron la sala donde fueron presuntamente ajusticiados los tres hombres, y robaron zapatos, ropa, comida, dólares y hasta un candado con llave que era de la vivienda.

Víctimas por estados 

Anzoátegui

El pasado 16 de enero murieron cuatro presuntos delincuentes a manos del CICPC. Las víctimas fueron Alexander Eduardo Ávila Pino, de 22 años de edad, apodado «el Tata», junto con su acompañante, un hombre de 25 años de edad, que aún no ha sido identificado; Luis Alejandro Peraza Moreno, de 26 años, alias «el Gordo» y Ricardo Ismael González Velásquez, de 28 años, alias «el Ricky». 

El 31 de enero se registró la presunta ejecución extrajudicial de José Jesús Guacarán Narváez de 32 años, alias «Joseito».

Aragua

12 presuntas ejecuciones ocurrieron en este estado durante supuestos procedimientos policiales. Los primeros dos fueron registrados el 12 de enero de 2024 y resultaron muertos Brayan Alexander Gil Romero, de 19 años de edad y Melvin Gómez Batista, de 20 años a manos de efectivos del CICPC. 

Dos días después, el 14 de enero, funcionarios de la PNB ejecutaron, bajo presunto procedimiento policial a Eudy Donaires Montilla, alias “el Tocoroncito” y Alberto William Ruiz Vargas, alias “el Bam Bam”; ambos presuntos integrantes de la banda “el Asdrubal”. 

El 16 de enero fue registrada otra doble presunta ejecución extrajudicial a alias “el Yeferson” y alias “el Yeiner”, supuestos integrantes de la banda de “El chino”, por cuerpos de la GNB. 

Tres días después, el 19 de enero fue asesinado Samuel Alfonzo Escalante, de 27 años de edad, presunto integrante de la banda Los Guaricheros. Escalante fue ejecutado por miembros de seguridad de la PNB. 

El 22 de enero Deiby Enrique Silva Mollan, de 28 años de edad, alias «El culón», presunto integrante del Tren de Aragua, fue supuestamente ejecutado por efectivos del CICPC.

El 25 de enero, funcionarios de la GNB mataron a Juan Jesús Peñaloza Peñaloza, de 33 años, alias «el Juancho», presunto cabecilla de la banda “el Wilmer”. Dos días después, el 27 de enero, efectivos de la PNB ejecutaron a alias “el Guajiro” y alias  “el Chanchito”, en el sector La Guadalupe, en la carretera que conecta a Cúa, estado Miranda, con San Casimiro, estado Aragua. 

Por último, el 30 de enero de 2024, alias «el Kelvin» murió a manos de funcionarios de la policía del estado Aragua, en el sector Alí Primera, ubicado en Cagua, municipio Sucre.

Carabobo

En el estado Carabobo, se contabilizan 11 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 9 fueron efectuadas a presuntos delincuentes en presuntos enfrentamientos e intervenciones legales. Las dos primeras fueron ejecutadas en diferentes operativos, el 11 de enero, en los que resultaron muertos Luis Antonio Rodríguez Castillo (35), apodado “el Culita” a manos de funcionarios del CICPC, y Jonal Mauricio Catary Durant (47), ajusticiado por policías del estado Carabobo. 

De igual forma, el día 18 de enero, dos hombres fueron ejecutados. El primero fue identificado como “el Gordo”, presunto miembro de la banda “la Guaricha”, a manos de funcionarios de la Policía de Carabobo. De igual forma, alias “Carlitos Guanare”, presunto miembro de la banda “El Niño Bote” fue asesinado por fuerzas policiales del municipio Libertador.

Un día después, el 19 de enero, otros dos hombres resultaron ejecutados por una operación conjunta de la PNB. en un presunto enfrentamiento. Los fallecidos fueron identificados como alias “Samuelito” y “Enmanuel», quienes estaban involucrados en un presunto intento de robo en la casa de dos funcionarios.

El sábado 20 de enero, José Ángel Silva (32), alias «el Movicoy”, fue asesinado por la Policía del estado Anzoátegui, en una supuesta intervención legal en el barrio Trapiche. Por último, el 29 de enero, fueron ejecutados alias “el Búho” y Arnaldo Miguel Díaz Escalona, alias “Caricari», ambos presuntos miembros de la banda “El Niño Bote”, en dos operativos diferentes de la Policía de Carabobo y la Policía del Municipio Libertador.

Cojedes

Una muerte por una presunta ejecución extrajudicial fue registrada en el estado Cojedes, el pasado 20 de enero, en la comunidad Buenos Aires I, del municipio Tinaco. El fallecido fue identificado como Carlos José Riera Cordero, de 35 años, alias «Cochino». Funcionarios de la Policía de Cojedes fueron los responsables del hecho. 

Distrito Capital

En la ciudad de Caracas, una de tres muertes registradas fue contabilizada como una ejecución en un presunto enfrentamiento con funcionarios de la PNB, el 25 de enero de 2024. Como Delin Hernández, de 28 años de edad, fue identificado el fallecido. El hecho se registró en el sector Brisas de Propatria.

Falcón 

Tres hombres identificados como Willian Gustavo González Ledezma, de 24 años, alias “Bilita”; Robert Enrique Medina Colina, alias “el Huevo”, y Jesús Enrique Medina Colina, alias “El Pantera”, fueron ejecutados en presuntos enfrentamientos con funcionarios de la PNB. El 22 de enero, fue registrada la muerte de alias “Bilita”, presunto integrante de la banda “Los Chicateros”, mientras que la muerte de alias “el Huevo” y alias “el Pantera”, presuntos integrantes de la banda “Los Rosa Blanco”, ocurrió el 27 de enero de 2024.

Guárico

El estado central de Los Llanos registró siete (7) ejecuciones en presuntos enfrentamientos. Alias «el Zamuro», que aún no ha sido identificado, fue asesinado el pasado 14 de enero por funcionarios de la PNB. Al día siguiente, en un enfrentamiento con el CICPC fueron asesinados Henry José Corro Torrealba, alias «el Tierra»; Freddy García Lugo, apodado «Pelón»; alias “el Chino” y otro hombre que aún no ha sido identificado. 

El 20 de enero, fue asesinado Robert Omar Pinto (35), alias «el Robertico»,  también por la PNB. Hasta el momento, el último ejecutado extrajudicialmente se registró el día 24 de enero, a manos de la GNB. El fallecido aún no ha sido identificado sin embargo, se le conocía como alias “el Ronco”.

Miranda

En dos operativos, fueron identificados siete (7), de los 10 hombres ejecutados en presuntos enfrentamientos por la PNB y uno por el CICPC. Los primeros cuatro, asesinados el 14 de enero de 2024, fueron reconocidos como: Ángel Daniel Avedaño, alias «el Danielito», líder de la banda; José Rojas, alias «Chicha»; José Miranda Corrales, alias «el Durito» y Markiyi Osorio, alias «Totorito». 

Los otros dos hombres murieron el 17 de enero. Aunque el caso no ha sido informado por cuerpos de seguridad ni en medios de comunicación, de manera extra oficial, Monitor de Víctimas logró conversar con familiares de los fallecidos, quienes prefirieron no realizar ninguna denuncia ni declaración. Los ejecutados responden a los nombres de Gregorio Laya y Victor Manuel Villarroel.

Por último, el día 23 de enero de 2024 fue registrada la muerte de Carlos Javier Ramos Guierres, de 25 años, alias «Chonguito». Ramos, quien murió en un presunto enfrentamiento con efectivos del CICPC, y, supuestamente, era integrante de una supuesta banda criminal y poseía historial criminal.

Monagas

Tras un presunto atraco, un funcionario perteneciente a la Policía del estado Monagas mató a dos hombres. El suceso ocurrió el 2 de enero, y según la investigación policial, los hombres, Carlos Alberto Urrieta Bermúdez (38) y Héctor Andrés Salazar León (20) intentaron robar al policía que estaba vestido de civil y se encontraba haciendo carreras de taxi. 

Otros dos hechos se registraron el día 18 y 25 de enero, también perpetrados por la Policía del Estado Monagas. Uno de los ejecutados responde al nombre de Carlos Mosqueda, alias «Carlos Sonrisa», mientras que el otro, de 20 años de edad, fue identificado como alias “el Pitirre”. Según relatos oficiales, los hombres fueron ejecutados al sostener presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Sucre

La víctima fue Ángelo Lorenzo Ávila, de 34 años, presuntamente integrante de  la banda de “El Jaque”. Se conoce que fue asesinado por funcionarios de la Policía del estado Sucre.

Táchira

Como Luiggi Urieta, de 27 años, fue identificado el hombre asesinado en un presunto enfrentamiento con efectivos del CICPC. El hecho ocurrió el 29 de enero de 2024, en la localidad de la Zorca, Providencia.

Zulia 

El 27 de enero, fue ejecutado en un presunto enfrentamiento armado Yendrix José Benítez Infante, alias «el Pelón». Las fuerzas policiales de la PNB, junto con un Operativo mixto con la Policía de Polibaralt, efectuaron la ejecución.

En la mayoría de los casos, la versión de los cuerpos de seguridad asegura que estas personas tenían antecedentes o registros policiales por robo y otros delitos. Sin embargo, las autoridades no ofrecen información precisa sobre los supuestos prontuarios de las víctimas. Se desconocen las fechas y expedientes de estos supuestos delitos, así como las circunstancias de estos hechos.

De la misma forma, se utiliza el término de “intervención legal” para justificar los supuestos enfrentamientos, en los que no se reportan funcionarios de los cuerpos de seguridad heridos o muertos. 

Los funcionarios llegaron, el pasado lunes 3 de abril de 2023, a la casa en la que dormía Yonaiker José Moreno Fuenmayor; la desalojaron de sus parientes y le dispararon dentro de la vivienda

@loremelendez

Tres días después de la masacre ocurrida en el barrio San Blas de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, funcionarios policiales regresaron a la parroquia. Esta vez, el escenario fue el barrio Bolívar, donde efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) mataron a Yonaiker José Moreno Fuenmayor, de 24 años.

De acuerdo con el relato de los familiares, el hecho ocurrió a las 5 de la mañana del lunes 3 de abril de 2023, cuando Moreno Fuenmayor dormía. Los oficiales arribaron a la casa de unos parientes, en la que él se había quedado la noche anterior. Sacaron al resto de los ocupantes y le dispararon al joven dentro de la vivienda.

«Yo lo había mandado para allá, porque él tuvo unos problemas con unos malandros de Filas de Mariche», contó un familiar que pidió mantener su identidad en reserva. Moreno Fuenmayor había estado detenido y perteneció a una banda armada. Hace un año había salido en libertad. No trabajaba y, según sus allegados, no tenía ningún arma. Por eso, los suyos ponen en duda que se haya enfrentado a los policías.

El joven deja huérfana a una niña de dos años. Era el séptimo de ocho hermanos. 

De acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas, esta fue la novena persona que murió a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, entre el 31 de marzo y el 3 de abril de este año.

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Tres funcionarios de Policarabobo fueron condenados a más de 20 años de prisión por el homicidio de Maikol Antonio Leal Cohello, de 20 años, ocurrido en junio de 2020.

Al joven lo interceptaron arbitrariamente en la entrada de una urbanización en Valencia, lo llevaron a una zona boscosa y lo pusieron a escoger entre tres números. Posteriormente, le dispararon

El Ministerio Público informó que fueron condenados a 28 años y seis meses de prisión Kassandra Catherine Zambrano Balzán (24) y Marco Antonio Reinoso García (33), funcionarios adscritos a la Policía del estado Carabobo (Policarabobo) por el homicidio de Maikol Antonio Leal Cohello (20).

Por este mismo caso también fue condenado a 21 años, 11 meses y siete días de prisión René Alejandro Martínez Mujica (23), un funcionario perteneciente al mismo ente policial.

La ejecución extrajudicial ocurrió el  16 de junio de 2020 en las adyacencias de la Urbanización Boca de Río; que está en el municipio Valencia.

De acuerdo con la investigación, los funcionarios interceptaron arbitrariamente a la víctima en la entrada de la Urbanización Boca de Río y lo trasladaron hasta una zona boscosa del sector Pirital.

Uno de los policías, Reinoso García, le solicitó a la víctima que escogiera entre los números 6 (negativo), 20 (herido) o 21 (muerto). En desconocimiento de su significado, el joven escogió el último número y recibió un disparo mortal en la cabeza y otro en el tórax.

Ante la desaparición de Leal Cohello, su familia interpuso una denuncia en Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes dieron conocimiento del caso al Ministerio Público y, luego de investigaciones, ubicaron el cuerpo de la víctima en la citada zona boscosa el 17 de julio de ese año.

Seguidamente, a través de las diligencias coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por efectivos del Conas, se determinó la participación de los tres funcionarios policiales.

Los policías fueron detenidos el 18 de julio de 2020 en Valencia tras una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 8° de Control.

Recluidos en Internado Judicial de Carabobo

En el juicio, la Fiscalía 35ª de Carabobo ratificó la acusación contra Reinoso García como autor de homicidio calificado con alevosía, agavillamiento y trato cruel.

Por su parte, se ratificó la acusación en contra de Zambrano Balzán como determinadora en homicidio calificado con alevosía, agavillamiento y trato cruel.

De igual modo, a Martínez Mujica se le ratificó la acusación como cómplice necesario en el homicidio calificado con alevosía, agavillamiento y trato cruel.

El Tribunal 3° de Juicio de esa jurisdicción dictó las condenas y ordenó la reclusión de los dos hombres en el Internado Judicial de Carabobo.

A su vez, la dependencia judicial dictaminó que la mujer se mantenga recluida en el anexo femenino del mencionado recinto penitenciario.

El promedio equivale a más de 1.400 muertes anuales según los datos de Cofavic, organización que también alertó sobre un «altísimo índice de impunidad» en estos hechos. 

También, advirtieron sobre el despliegue de operativos de seguridad ciudadana, «practicados especialmente en zonas urbanas muy vulnerables,» y en los cuales «se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos».

En ese sentido, puntualizaron que de abril a septiembre de 2022, por orden del Ejecutivo, se puso en práctica una nueva política de seguridad ciudadana denominada Trueno. En estos procedimientos, hasta el mes de enero, contabilizaron 33 personas asesinadas y más de 130 detenidas.

La ONG instó al alto comisionado a  «mantener y profundizar» el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia.

Cofavic denunció que en los últimos 10 años ha documentado 14.296 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de seguridad del Estado, para "un promedio superior a las 1.400 muertes anuales" https://t.co/60ZXJmMMbQ

— Runrunes (@RunRunesWeb) January 27, 2023

Eran casi las 6:30 de la mañana del pasado jueves 10 de noviembre de 2022, cuando Luis José Acosta Ramírez (19) fue sorprendido por comisiones policiales en el interior de su vivienda, en el sector Ciudad Tablita, de la parroquia Caucagüita, municipio Sucre del estado Miranda.

Desde la morgue de Bello Monte, los deudos denunciaron que los agentes de la Dirección Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron a la casa de la víctima sin orden de allanamiento.

Luis José estaba dormido, junto a su pareja, una adolescente que recientemente cumplió 16 años.

En el inmueble también estaba otro muchacho, también de 16 años. Los dos jóvenes fueron desalojados a la fuerza y casi desnudos; mientras, los uniformados tomaron el control de la casa, dijo un familiar de Acosta Ramírez, que esta semana hacía trámites para retirar el cuerpo de la medicatura forense y quien prefirió resguardar su identidad.

«No habían terminado de subir las escaleras y ya había sonado un tiro», agregó. El pariente relató que bajaron a los jóvenes en una patrulla y los dejaron abandonados en otro sector de la zona. 

Poco después, los efectivos policiales sacaron el cuerpo de Luis José envuelto en sábanas  hasta el hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito. Tenía un tiro en el pecho. 

Parientes señalaron que, según el testimonio de algunos vecinos, después que se llevaron el cadáver del joven de 19 años, se escucharon detonaciones. 

«Por más que intentamos entrar al sitio no pudimos. La policía nos lo impidió», contó otro familiar. 

En la vivienda de Luis José había impactos de bala en paredes de la sala, cocina, cuarto y en la nevera. 

En el reporte oficial se indicó que los funcionarios de la PNB actuaron como consecuencia de un enfrentamiento que tuvieron con Acosta Ramírez. 

Acosta Ramírez no tenía registros policiales. Se ganaba la vida como comerciante de ropa desde hacía cuatro años. Era el tercero de seis hermanos. 

105 muertos en municipio Sucre 

Cifras recopiladas por Monitor de Víctimas arrojan que en el municipio Sucre, de enero a septiembre 2022, se registraron 105 homicidios, que incluyen a Luis José Acosta Ramírez. 

En ese mismo período y en la parroquia Caucagüita, se han reportado cuatro víctimas por muerte violenta. 

@jheilyn_cermeno

El Cicpc relacionó al joven de formar parte de bandas criminales del municipio Bolívar

Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (Fddhhanz), exhortó a dar celeridad en la investigación de la muerte de Joseph Mata, de 26 años, ocurrido en Barcelona.

Magallanes señaló que la madre de la víctima, Eglis Barrios, relató que el joven murió a manos de funcionarios del Cuerpo de investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el 5 de mayo de 2021 en el barrio La Orquídea, de Barcelona, estado Anzoátegui.

«El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía XIX del Ministerio Público a cargo de los doctores Ernesto Cova y Mario Hernández», señaló Magallanes.

Sin embargo, señaló el director de la ONG, «presenta un retardo procesal porque el Cicpc no ha respondido a la solicitud de antecedentes penales de Mata, trámite que permitirá  el inicio de un juicio contra los responsables».

Por otra parte, indicó que el Cicpc señaló al joven de formar parte de bandas criminales del municipio Bolívar, versión que refutó la madre de la víctima, quien asegura tener pruebas de la supuesta ejecución extrajudicial.

«La señora Barrios relata que su hijo formaba parte de la Universidad Nacional Experimental (UNES),  que el día del suceso, unos 15 funcionarios llegaron a su casa de forma violenta. Allí fue sacada arbitrariamente y trasladada a la sede del eje de homicidios, donde horas más tarde le informan que su hijo murió en un enfrentamiento, testimonio que ella desmiente», resaltó el representante de la ONG.

Por último, Magallanes instó a cumplir el artículo 249 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: “el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, quienes serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios».

Nota de prensa

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Ghina Rodríguez se fue de Venezuela con sus dos hijos luego de que su esposo Guillermo Sánchez falleciera tras ser herido de gravedad por civiles armados en las protestas de 2014

El responsable de la muerte de Guillermo fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria, luego de que se declarara culpable

Ghina ha sido hostigada e intimidada por denunciar el crimen de su pareja

@ValeriaPedicini

Era 12 de marzo de 2014 y en Venezuela había protestas antigubernamentales. Aunque Guillermo Sánchez vivía en una avenida de La Isabelica, Valencia, donde esa mañana había manifestaciones, salió temprano de su residencia para ir a pintar la casa de su madre. 

El hombre de 42 años caminaba por la avenida Henry Ford de la urbanización cuando fue interceptado por un grupo de civiles armados, quienes disparaban a quienes desde hace días se encontraban bloqueando una vía pública en señal de protesta contra el gobierno.

“En la zona había muchos policías y militares pero no intervinieron. Yo observé varias camionetas con insignias del SEBIN con personas repartiendo armas y municiones. Eso no me lo contaron, yo lo vi”, aseguró su esposa Ghina Rodríguez a la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

Según registros de Amnistía Internacional, fueron los policías quienes dejaron a Guillermo en la puerta de una clínica, donde intentaron salvarle la vida al experimentado deportista vinculado a Criollitos de Venezuela. 

Tras su cruel y duro asesinato hace 8 años, la familia de Guillermo Sánchez se tuvo que ir del país. Sus hijos y esposa lo lloran, extrañan y recuerdan desde muy lejos. Su lucha por la memoria y la justicia continua.#ConstruimosMemoria pic.twitter.com/RwmcYk6A3m

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 12, 2022

Según el Informe de la Fiscalía titulado, “Hechos de violencia 2014”, al 12 de febrero de 2015, el caso estaba a cargo del Fiscal 61° Nacional y 27º del estado Carabobo.

Jhon Anderson Torres Sinisterra, civil relacionado con sindicatos de la zona sur de la ciudad de Valencia, fue acusado por el delito de homicidio intencional e intimidación pública, al haberse encontrado evidencia balística que le relaciona con los hechos. El funcionario habría alegado que prestó su arma a otra persona que hasta la fecha no había sido identificada.

Guillermo Sánchez fue asesinado por civiles armados durante las protestas de 2014, casos como este no deben repetirse y el Estado debe garantizar justicia y reparación a los familiares#13Marhttps://t.co/SQpYmeblF7 pic.twitter.com/XpYn1m1TvZ

— Marcos Gómez 🕯 (@GomezMarcos) March 14, 2018

La causa se encontraba en fase intermedia para febrero de 2015. A febrero de 2016, según información suministrada por familiares a Amnistía Internacional, Torres Sinisterra habría sido condenado a cinco años de prisión domiciliaria, luego de que se declarara culpable aceptando los hechos.

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El miedo de denunciar

Ghina Rodríguez forma parte del Frente de Víctimas contra la Represión, organización que fue creada por familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante las protestas entre febrero y julio de 2014.

Desde que se inició la investigación por la muerte de Guillermo, Ghina ha sido hostigada e intimidada por denunciar el crimen de su pareja. Cuando Ghina Rodríguez denunció los hechos, la fiscalía le otorgó medidas cautelares que consistían en protección durante 24 horas de la policía municipal de Valencia. 

Sin embargo, cuando se acercó a la policía a solicitar que se hiciera efectiva la medida de protección los agentes se burlaron de ella diciéndole que no iban a perder el tiempo en cuidarla. Nunca cumplieron. “No es fácil contar esta historia, pero la voy a seguir contando porque algún día se debe hacer justicia”.

Guillermo Sánchez murió el 12 de marzo de 2014 al recibir disparos de un grupo de civiles armados mientras se desarrollaba una protesta en Valencia

Ghina Rodríguez, su esposa, salió del país con sus hijos tras recibir amenazas https://t.co/RcwURTyP5M#RepresionProtestas2014 pic.twitter.com/s1Fi98zmw8

— amnistia . org 🕯 (@amnistia) March 12, 2022

Ghina y sus dos hijos abandonaron Venezuela en julio de 2014 por temor a su seguridad. Actualmente se encuentran en México donde se les ha reconocido la condición de refugiados.

“Si hablamos de justicia, muchas personas debieran estar pagando por el crimen: los agresores que golpearon a mi esposo, quienes dispararon, las personas que les entregaron las armas, quienes apoyan a estos, los policías y militares que vieron lo que ocurría y no intervinieron, además de los funcionarios del SEBIN que te comenté antes. Por eso es que yo digo que en Venezuela no hay justicia, esa palabra no existe. La familia de mi esposo decidió no actuar, no los juzgo, quizás tuvieron miedo porque no hay confianza en el sistema judicial. Yo, que sí protesté, finalmente tuve que salir huyendo del país”.

Aunque hay días difíciles, Ghina sabe que en Venezuela no encontrarán tranquilidad. “Algunas veces me pega la nostalgia y la soledad, y quisiera regresar a Venezuela, pero luego lo pienso mejor y concluyo que las condiciones no están dadas para eso. Debo pensar primero en mis hijos”.

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La operación se llevó a cabo en las zonas 5, 6, 7 y 9 del barrio José Félix Ribas, los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero

@carlos_dhoy | Foto: Carlos Ramírez

Al menos once personas, diez hombres y una mujer, resultaron muertas en un operativo implementado por funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana los días lunes 31 de enero, martes 1 y miércoles 2 de febrero, en los sectores 5, 6, 7 y 9 del barrio José Félix Ribas de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, donde opera la megabanda del delincuente conocido como Wilexis.

La operación empezó el pasado lunes 31 de enero en el sector 6 y se prolongó hasta este miércoles 2 de febrero. Según informaciones policiales, los funcionarios buscaban a integrantes de las bandas de Wilexis Alexander Acevedo Monasterios y Los Chicorrios, que en las últimas semanas han sostenido enfrentamientos por el control de uno de los barrios más grandes del país.

En la morgue se reportó el ingreso de 11 cadáveres, todos provenientes del hospital Domingo Luciani de El Llanito, hasta donde fueron trasladados los presuntos implicados en los supuestos tiroteos con los uniformados.

Estaba durmiendo cuando lo mataron

Entre las víctimas figura José Luis Nieto Suárez, comerciante informal, que vendía chucherías en el Metro de Petare. Su pareja, Carol González, indicó en la morgue de Bello Monte, donde hacía los trámites para retirar el cuerpo, que a José Luis lo mataron mientras dormía.

“Él no se enfrentó nada, no era malandro, no tenía pistola; era una persona sana, dedicada a nosotros: su hijo de cuatro meses de nacido, su mamá y yo. No pueden venir a decir que él se cayó a tiros porque es mentira”, afirmó.

Recordó que el lunes José Luis había decidido quedarse en su casa porque había mucho covid en Petare y no quería enfermarse: “Se puso a ver televisión y se quedó dormido. Nosotros salimos a hacer unas compras y cuando regresamos nos encontramos con todo ese desastre, lo habían herido y se lo llevaron al hospital, los policías revolvieron toda la casa”.

Una lista a medias

En la zona 6, un grupo de PNB supuestamente mató a José Manuel Suárez, de 19 años. El hecho ocurrió el lunes 31 de enero, a las 4:00 p. m. Parientes informaron que no estaba armado en el momento de su muerte.

La mañana del martes cayeron muertos por balas de la policía Romer Alejandro Echenique, Enrique Reyes y una mujer que no ha sido identificada.

A Echenique, de 24 años de edad, lo mataron dentro de su casa en la zona 6 de José Félix Ribas de Petare, a las 8:00 a. m. Hasta allí ingresaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes lo sorprendieron mientras estaba en la vivienda con su pareja. Los familiares, que no quisieron dar detalles sobre el hecho, afirman que se trató de una ejecución extrajudicial.

En la zona 9 de José Félix Ribas fueron ultimados otros tres hombres. Dos de ellos no pudieron ser identificados debido a que no portaban documentos, el tercero fue identificado con el alias de Joseíto, presunto integrante de la banda de Wilexis Acevedo.

El miércoles 2 de febrero en la noche fueron ingresados en la morgue otros tres cadáveres, también provenientes del Domingo Luciani; estos venían de la zona 5 del mismo barrio.

Hasta la tarde de este jueves 3 de febrero, a la sede del Senamecf en Bello Monte habían sido ingresados 11 cadáveres de víctimas provenientes del barrio José Félix Ribas de Petare. Cuatro de estas víctimas fueron identificadas por sus familiares: José Luis Nieto Suárez, José Manuel Suárez, Romer Alejandro Echenique y Enrique Reyes. Sus sepelios se realizaron bajo la imposición de una escolta policial para evitar que supuestos aliados de fechorías rindan homenaje a los fallecidos.

El resto de las víctimas, ocho en total, no habían sido identificadas. Pero se pudo confirmar el ingreso a la morgue de sus cadáveres.

*Con información de Lorena Meléndez G.

28 exreclusos que obtuvieron su libertad por el Plan Cayapa o la Comisión para la Revolución Judicial fueron presuntamente ejecutados por cuerpos de seguridad en el estado Lara de enero de 2020 a septiembre de 2021. La FAES fue la institución más letal, al perpetrar más de 50 % de los homicidios

Karina Peraza Rodríguez / Liz Gascón / Anderson Piña Pereira

Haber estado en prisión, tener antecedentes penales o registros policiales, estar bajo régimen de presentación o tener un beneficio de destacamento de trabajo convierte a los exreclusos en un “objetivo” de los funcionarios de seguridad del Estado en Venezuela. En un lapso de 21 meses (más de año y medio), 30 hombres fueron asesinados en operativos policiales en el estado Lara poco después de haber salido de algún centro de reclusión.

En estado Lara se han cometido una serie de homicidios en procedimientos de la fuerza pública que son reportados como casos de presunta resistencia a la autoridad, pero que en realidad son presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Aunque esto viene ocurriendo desde 2015, cuando el gobierno de Nicolás Maduro implementó las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) y se agudizó desde 2017, con el nacimiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, desde 2020 Monitor de Víctimas ha identificado una característica común en algunas de las personas ejecutadas en el estado Lara:  28 de las víctimas eran exreclusos.

En el año 2020, Monitor de Víctimas contabilizó 21 homicidios de exreclusos a manos de los cuerpos de seguridad. La mayoría de estos homicidios fueron perpetrados por la PNB: tres en operativos de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) y 14 por las Fuerza de Acciones Especiales (FAES), considerado el cuerpo más letal de ese organismo. Mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) mató a dos exconvictos y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional (GN) a otros dos.

En 2021, entre tanto, se redujo el número de personas asesinadas por parte de los cuerpos de seguridad y hasta el 30 de septiembre se habían reportado siete casos. La razón es que los cuerpos de seguridad recibieron una orden de paralización de estos procedimientos letales en todo el territorio nacional, según revelaron funcionarios consultados por Monitor de Víctimas en condición de anonimato.

En lo que va de año, Monitor de Víctimas contabilizó siete homicidios de exreclusos en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. La versión oficial indica que murieron en presuntos enfrentamientos: cuatro de las víctimas fueron asesinadas en incursiones de las FAES, dos en un operativo del CICPC y una por la PNB. En tres de los casos, los exreclusos eran beneficiarios de la denominada Revolución Judicial, implementada desde junio de 2021.

Condenados a muerte

El abogado Marino Alvarado, activista de derechos humanos y coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advierte que hay denuncias recurrentes el territorio nacional sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales de exreclusos al poco tiempo de ser liberados.

“Como quedan con antecedentes penales, se les incorpora a la lista de ‘ejecutables’ que tiene no solamente las FAES, sino el CICPC y las policías estadales. Aunque ya hayan pagado la condena y se hayan reincorporado a la sociedad, llevan en su espalda una condena de muerte”, indica Alvarado.

Además, señala que no es de extrañar que las personas que han sido beneficiadas con la Revolución Judicial en el segundo semestre de 2021 terminen siendo ejecutadas por las FAES. “Es el grave riesgo que corren las personas con antecedentes penales”, subraya.

Un mismo patrón

Jorge Luis Camacaro Rodríguez, de 31 años de edad, es una de las víctimas de las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se han perpetrado en la región larense este año.

Camacaro Rodríguez fue asesinado el 10 de septiembre del 2021. Testigos relataron que agentes de la FAES llegaron a su casa, ubicada en el sector Brisas de Carorita III, al norte de Barquisimeto a las 5:00 am. Los funcionarios tumbaron la puerta y despertaron violentamente a la pareja.

Entraron a la vivienda donde el hombre vivía con su esposa sin una orden judicial, sacaron a su esposa y se la llevaron en un carro para luego abandonaron a varios kilómetros de la vivienda, una práctica frecuente del cuerpo élite de la PNB, que se caracteriza por desalojar las casas antes de disparar.

Camacaro Rodríguez se quedó solo en la vivienda con otros policías. Según familiares de la víctima, lo mataron media hora después de la incursión. El joven tenía un disparo en el pecho y múltiples hematomas.

Camacaro Rodríguez tenía un año de haber salido de la cárcel. Como no conseguía un trabajo estable, decidió abrir una barbería en su casa.

“Solo por salir de la cárcel ya lo hacen un criminal de los más peligrosos. El Estado no deja que esos muchachos se reinserten a la sociedad, porque en menos de un año los matan”, comentó un allegado que prefirió no identificarse.

La historia de Camacaro Rodríguez es repetitiva en Lara. Familiares de las víctimas de letalidad policial en el estado responsabilizan a los funcionarios de simular enfrentamientos para encubrir los excesos. Es un patrón en las presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Lara que los funcionarios persigan a hombres con antecedentes penales o que lleguen a sus casas al enterarse de que salieron de centros penitenciarios, de acuerdo con testigos.

La historia de Jorge Luis Merlo González, de 37 años de edad, confirma ese patrón que se ha podido identificar en las actuaciones de las FAES.

Merlo González había estado preso. Una vez que las FAES supo de su liberación, comenzó el hostigamiento en su contra. La hermana del hombre confesó que veía cómo lo vigilaban y perseguían.

Por temor a que lo mataran, solicitaron un una medida de protección y esperaban que le fuera concedida, pero la respuesta nunca llegó. El 17 de febrero del 2020, una comisión de las FAES llegó al barrio El Caribe. Hombres vestidos de negros, encapuchados y con armas largas lo sometieron, lo golpearon delante de sus tres hijas menores de edad y de su esposa. La familia fue sacada de la vivienda por la fuerza y a él lo mataron de un disparo en el pecho.

Una situación similar vivió la familia de Ramón Antonio Mendoza Reyes, de 21 años de edad, quien fue asesinado el 17 de enero del 2020. El joven había obtenido su libertad a través de un Plan Cayapa y tenía apenas un mes de haber salido del penal.

Cuando Mendoza salió de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, le tocó caminar unos 30 kilómetros desde el penal hasta su casa en el barrio La Paz. La familia de Mendoza reveló que mientras él salía del penal con otro hombre que fue excarcelado una camioneta negra los seguía, aunque nunca los detuvieron.

Randy José Flores Giménez, de 30 años de edad, también es parte de la lista de víctimas de las FAES en 2021. Fue asesinado el pasado 25 de febrero. El joven había salido en libertad bajo régimen de presentación y asistía cada mes a los tribunales.

Flores fue abordado por un grupo de funcionarios el 25 de febrero en horas de la mañana. El joven presentó su boleta de excarcelación y los policías desistieron de llevárselo al momento, pero lo fotografiaron antes de dejarlo ir. Seis horas después, Flores fue asesinado por los funcionarios.

Un pariente de Flores, que ofreció su testimonio en condición de anonimato, dijo que la versión policial de que se trataba de un caso de resistencia a la autoridad era falsa.

Luis Eduardo Lucena Ramos  de 29 años de edad, sufrió una persecución similar a la de otros expresidiarios. Murió en una incursión de las FAES el 24 de julio de este año.

Los primos de Lucena Ramos mencionaron que estuvo detenido por tres meses por Polilara  por el delito de robo, y fue recluido en los calabozos de la comisaría de Quíbor hasta que el martes 20 de julio salió libre.

Señalaron también que Lucena Ramos había recibido un beneficio de presentación cada ocho días por la Comisión para la Revolución Judicial. Sin embargo, eso no fue garantía para seguir con vida.

Otras víctimas fueron: Roiner Andrés Durán Giménez, de 24 años de edad. Exrecluso tenía aproximadamente un año de haber salido en libertad. Por porte ilícito de arma de fuego y violencia sexual. También Yorman de Jesús Yánez Cordoba, de 21 años de edad, tenía menos de un año de haber salido en libertad plena. Estaba preso por extorsión. Y Manuel Alexis Aragort Silva, de 26 años de edad; Ricardo Daniel Yánez, tenía más de ocho meses en libertad bajo beneficios; José Reinaldo Briceño Rivas, de 44 años, quien tenía menos de 15 días de haber salido en libertad.

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Sobrevivieron a la masacre de Cepella, pero la FAES los mató

En circunstancias similares mataron a dos hombres que salieron de la cárcel través del régimen de confianza tutelado otorgado por la entonces ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Valera. Ambos eran sobrevivientes de la masacre del  Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella) ocurrida el 1° de mayo del 2020 que terminó 49 reclusos muertos y 75 heridos.

Las víctimas, identificadas como Moisés Antonio Herrera Barreto, de 28 años de edad y Javier Enrique Sánchez Barrios, de 26 años de edad, murieron en manos de las FAES. Sus familiares también aseguraron que se trató de ejecuciones extrajudiciales.

Herrera no tenía ni 10 días de haber regresado a su casa cuando un grupo de hombres armados llegó a la vivienda. Le pidieron que se vistiera y le dijeron a su familia que solo se lo llevaban por una averiguación. Su familia acudió a la sede de las FAES, ubicada cerca de la casa de Herrera, a los pocos minutos de la supuesta detención, pero no les dieron ninguna respuesta. A Herrera no lo encontraron en un módulo policial sino en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto.

Sánchez, en cambio, fue interceptado por la policía al salir de visitar a su mamá, según el testimonio de su familia. Algunos testigos afirmaron que se lo llevaron a una zona que él no frecuentaba y fue allí donde lo asesinaron. Supieron de su muerte al día siguiente al acudir al Hospital Central Antonio María Pineda.