ejecución

Llamarse Pedro y ser primo de Alberto, uno de los involucrados en el rapto y asesinato del taxista Julio González, fueron motivos para que el policía lo ejecutara con dos balazos; sin siquiera darle oportunidad de explicar que no era al que buscaba, sino a su primo… también llamado Pedro.

Para el funcionario -perteneciente a las filas de la Policía del estado Bolívar (PEB)-, la orden de allanamiento a la casa de la familia Coral Lizardi estaba autorizada por la delación de uno de los implicados en el crimen contra sus compinches, firmada por su uniforme y sellada por el parentesco que tenía con el conductor ultimado.

“Estaba acostado y me abrieron la puerta de golpe. Era un policía, pero no me dijo nada y siguió al otro cuarto, donde Pedro escuchaba música. Ahí empezaron los gritos. Mi sobrino rogaba que no le hiciera nada, que no era a él a quien buscaban”, relata Mario Coral sobre lo ocurrido la noche del 10 de marzo.

Pese a las súplicas de Pedro Luis Coral Lizardi, de apenas 20 años, su tío oyó cuando el estadal lo golpeaba. Intentó salir a auxiliarlo pero otros dos policías, que habían tomado posiciones “estratégicas” dentro de la casa, se lo impidieron. “Váyase a dormir viejito. Tranquilo que no va a pasar nada”, le repetían.

Familiares y vecinos de la víctima señalan que la Policía del estado Bolívar simuló un hecho punible y alteraron el sitio del suceso

Sonaron tres detonaciones e inmediatamente el primer policía llegó al cuarto de Mario para preguntarle si escuchó los tiros. Le explica que el muchacho le disparó en dos oportunidades y que él debió repeler el ataque, matándolo en el acto. Posteriormente el PEB hizo una pregunta algo inusual y estúpida, pero reveladora al mismo tiempo:

– Por cierto viejito, ¿no sabes dónde está la pistola del muchacho?

A lo que el sexagenario respondió:

– Si te disparó como dices, ¿entonces con qué pistola lo hizo?

Al notar el error que supuso hacer esa pregunta, el uniformado se dio media vuelta y ordenó a sus compañeros pedir refuerzos y cerrar la casa desde su interior. Así lo hicieron.

Una serie de eventos desafortunados causaron la muerte de Pedro Luis: El primero fue la desaparición y posterior asesinato del taxista Julio González, quien prestaba servicios para la línea Orionca en la Terminal de Pasajeros Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz, y de donde salió la noche del jueves 8 de marzo con tres pasajeros.

Las investigaciones por el homicidio de un taxista tuvieron un desenlace completamente equivocado y fuera de ley

Su vehículo -un Honda Civic azul, placas MBI-61G- amaneció desvalijado y quemado la madrugada del viernes en las adyacencias de la Unidad Educativa Nacional (UEN) Nuevo Mundo, en el sector de San Félix, a dos cuadras de la vivienda de los Coral Lizardi. En ese mismo sector vivían los responsables del hecho:

– Alí José Fuentes, de 20 años.

– Alberto Silva Coral, de 21 años y apodado Beto.

– Pedro García Romero, de 20 años.

“La policía detuvo a Alí el sábado en la mañana y él contó lo que hicieron con el taxista y reveló que Beto y su primo Pedro (García) fueron sus cómplices en el crimen. Entonces le pidieron que los llevaran a donde Beto y él accedió”, contó Jenny Blanco, vecina de la familia Coral Lizardi, sobre el segundo desacierto de los uniformados para el trágico final de Pedro Luis.

Alí guió a los estadales adscritos al Centro de Coordinación Policial (CCP) La Victoria hasta la casa de Alberto Silva Coral, ubicada en la calle Ponce de León del sector Nuevo Mundo, en San Félix. Lo que el joven no sabía era que hacía meses su familia lo había corrido por su mal comportamiento y ahora vivía en otro barrio.

“Él no mintió. Dijo que Beto era primo de Pedro (García), pero no le dijo a los policías que en la casa había otro Pedro (Coral) también primo de Beto y que era un muchacho sano. Entonces esas bestias llegaron buscando a Beto, se encontraron con el Pedro equivocado y lo mataron sin dejar explicar la confusión”, explicó la vecina del muchacho.

Agregó que los policías actuaron fuera de su jurisdicción –y además, fuera de la ley- ya que al CCP La Victoria le corresponde patrullar parte de la parroquia Vista al Sol y la parroquia Yocoima, mientras que el sector Nuevo Mundo, ubicado en la parroquia Dalla Costa, es competencia del CCP Guaiparo. 

Amantina Jiménez, abogada y vecina de la familia Coral Lizardi, fue otra de las tantas personas que abogó por la inocencia de Pedro Luis y denunció las irregularidades que cometieron los uniformados de la PEB en el procedimiento con el que intentaron vengar a la familia del taxista asesinado.

“Pedrito era un muchacho sano. Tenía 20 años, pero era tenía un niño en su interior. Se la pasaba jugando pelotica e’ goma con los niños del barrio, volaba papagayos, era bien mandado y trabajador. Llegó hasta sexto grado y de ahí se puso a trabajar embolsando en la panadería La Revancha y en los (supermercados) chinos… se la pasaba trabajando, jugando y oyendo música”, enfatizó su vecina.

Agregó que en reiteradas ocasiones el muchacho manifestó su temor a que le pasara algo por las andanzas de su primo Beto y por eso evitaba juntarse con él. Por esa razón su papá, Elido Marcelino Coral, habló con el resto de la familia para que Alberto abandonara la casa y así poder darle tranquilidad al menor de sus dos hijos.

Pese a los esfuerzos de la familia de mantener alejados el mundo criminal en el que se desenvolvía Beto y el del inocente Pedrito, a las 7:00 de la noche del 10 de marzo todo se vino a pique. Un policía con sed de venganza e información incompleta infringió cuanta ley existe en materia penal y ejecutó a mansalva al Pedro incorrecto.

En el Certificado de Defunción de Pedro Luis Coral Lizardi señalan que presenta un solo disparo

“Le sembraron un revólver Smith & Wesson calibre 22 y hasta cambiaron las sábanas de la cama. Nosotros pensábamos que Pedrito estaba vivo y queríamos entrar a la casa, pero la cantidad de policías que llegaron como refuerzos lo impidieron. Nos golpearon, nos amedrentaron y no nos dejaban pasar. Sólo abrieron cuando llegó el Cicpc”, denunció Amantina.

Una vez se retiraron los policías del sector, la abogada se juntó con los vecinos e hicieron una lista de las patrullas y funcionarios que pudieron identificar para entregarla a la Fiscalía de Derechos Fundamentales. Hoy en día sólo están detenidos Alí, Beto y Pedro García por el caso del taxista; pero por la ejecución de Pedro Luis no hay ni un funcionario tras las rejas.

Cada día hay más elementos que confirman que el rebelde Óscar Pérez y su grupo se habían rendido en una operación policial que ya se conoce como ‘La masacre de El Junquito’, en Venezuela. La evidencia más reciente de presunta violación de derechos humanos durante la operación armada ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro ha sido un audio en el que claramente se escucha a comandantes de las fuerzas policiales hablando y dando cuenta de una negociación para detenerlos con vida. Pero luego, los cadáveres de las siete personas mostraban tiros en la cabeza, según informes forenses.

Pese a que el audio es un elemento que podría ser probatorio en una investigación –y ha provocado una gran reacción internacional (medios dentro y fuera de Venezuela, políticos, defensores de derechos humanos)– portavoces del Estado venezolano y sus instituciones permanecen en silencio.

Activistas defensores de derechos humanos como Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional; Rafael Uzcátegui, de Provea, y Liliana Ortega, del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), han hecho la denuncia y ofrecieron a Univision Noticias declaraciones que llevan a inferir que lo ocurrido en El Junquito posee todos los elementos de un caso de violación de derechos humanos histórico que puede sumarse al expediente de denuncias que ya se han hecho ante organismos internacionales. Aquí lo explicamos.

Uso excesivo de la fuerza

Partiendo de los videos tomados en el lugar y su divulgación en redes sociales, los expertos han podido determinar el uso de armamento de guerra, como lanzagranadas RPG, armas largas y un grupo de hombres que parecen no haber cumplido los protocolos establecidos para resguardar la vida de los rebeldes atrincherados y permitir así que un tribunal los juzgara.

Irrespeto a la rendición

Los especialistas ponen luces sobre las múltiples veces que mediante videos subidos a redes sociales, Óscar Pérez y sus compañeros manifestaron la intención de rendirse y negociar su entrega. El audio confirma que se estaba produciendo esa negociación hasta un punto en el que no se sabe por qué no continuó y terminaron muertos. «¿Por qué si se ha venido presentando evidencia de que Pérez y su grupo tenía intención de rendirse..? ¿Por qué si hay un protocolo que en apariencia se venía cumpliendo (negociación entre el comandante de la acción y los rebeldes) aparecen todos en la morgue?», se pregunta Jiménez, de Amnistía. En uno de los videos publicado por el propio Óscar Pérez horas antes de su muerte se le ve y oye gritar en medio de un incesante tiroteo. «¡Nos vamos a entregar, no sigan disparando!».

Pena de muerte

En Venezuela está prohibida la pena de muerte y el Estado debe garantizar el derecho a la vida. Con preocupación, los defensores advierten que en el país hay un contexto de violación a este derecho que persevera. «Tenemos que entre 2012 y 2017 se han producido 8,000 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, según informe de Cofavic», explica Liliana Ortega.

El trasfondo de lo que viene ocurriendo

Existe una historia documentada de violación de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Algunas de las organizaciones consultadas, como Cofavic, nacieron producto de masacres como la del Caracazo, en febrero de 1989, durante las protestas populares durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Amnistía y Provea advierten sobre detenciones sin orden judicial, represión contra manifestantes fuera de las leyes establecidas (tanto en 2014 como en 2017) y las muertes asociadas al plan OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo, creada por fuerzas policiales) «con la justificación de estar aplicando la ley» contra delincuentes, refiere Uzcátegui.

Sin embargo, qué hace diferente este caso. «La impunidad de la que parecen estar seguros quienes hicieron este operativo en El Junquito, a plena luz y con redes sociales», explica Jiménez. «Pero luego destruyes la casa que es destrucción de la cadena de evidencias, retrasas la entrega de los cuerpos y luegos los escondes y los entierras irrespetando a los familiares y las leyes», subraya Uzcátegui.

Sigue leyendo este trabajo de Tamoa Calzadilla en Univisión

Las cosas no cuadran. Mientras que desde el Ejecutivo se ha manejado la hipótesis de que las desapariciones fueron producto de un enfrentamiento, los testigos apuntan que hubo una masacre, que las víctimas fueron asesinadas sin que se mediara palabra. ¿Una venganza?, ¿un «cambio de carro»?, ¿una limpieza? No está claro el porqué «El Topo», presunto responsable de lo sucedido, cegó la vida de más de una veintena de personas y si hay alguien detrás de esta acción

@loremelendez

EN TUMEREMO, LA MAYOR SECUELA de la desaparición de los 28 mineros  –16 según el Ministerio Público- es el silencio. Contar lo sucedido en esos primeros días, con todos los detalles que ameritaba, daba miedo. Las historias salían entre dientes si se relataban dentro del pueblo. Quienes hablaban con más libertad, lo hacían lejos de la protesta y sus dolientes. Sólo algunos se atrevieron a romper con el mutismo.

Cerca del mediodía del martes pasado, cuatro días después de que los mineros no volvieran a sus casas, un testigo llegó a la tranca. “Yo tenía que venir porque debía mostrarles dónde ocurrió todo”, señalaba la persona que, desesperada, se movía de un lado a otro para tratar de conseguir quien la transportara a ella y al equipo de Runrun.es al sitio para tomar fotos y difundirlas. Entre los matorrales, que se conseguían al avanzar entre los fundos Peregrino y San Ramón, había prendas de vestir rasgadas, billeteras, conchas de proyectiles y manchas de sangre en el suelo y en palos usados para golpear a los mineros. Hasta ese momento, ningún cuerpo de seguridad se había percatado del hallazgo que los mismos pobladores habían hecho, a pesar de que ya se lo habían advertido a quienes empezaron las investigaciones, con helicópteros, desde el domingo.

El lugar estaba apenas a 20 minutos en moto de la entrada de Tumeremo. Era el mismo que conducía hacia “la bulla” -nombre que se da al punto donde tres meses antes se halló un yacimiento de oro- cercana al fundo Atenas. Allí, según otro testigo, se instaló una alcabala formada por hombres armados que pertenecían a la banda de “El Topo”, quien controla las minas más grandes del municipio Sifontes del estado Bolívar.

Lo que dijo el testigo coincide con lo mencionado por otros mineros que, como él, fueron interceptados por los delincuentes. El ataque se hizo a través de una emboscada. Ninguno de los sobrevivientes ha hablado de un enfrentamiento entre las bandas que se disputan el oro en el sur de Bolívar. Se trató, de acuerdo con los relatos, de ejecuciones.

«Uno conoce todo esto porque por aquí los mineros pasamos todos los días», relató uno de los testigos que fue obligado a bajarse de su moto cuando llegó a la alcabala. Eran alrededor de las 11:00 de la mañana y a esa hora se topó con cientos de personas que ya estaban amordazadas, amarradas, algunas sentadas y otras de rodillas, en un descampado cercano.

Allí, bajo el sol, los de “El Topo” mantuvieron a los mineros mientras que sus motos se quedaron estacionadas al otro lado de la vía. Escucharon disparos y sonidos de motosierras. Sólo al caer la noche, los hombres armados dejaron que el grupo de prisioneros volviera a sus casas. A esa hora, ya la masacre se había consumado. Un camión se había llevado los cadáveres.

Un vistazo a 2015 permite ver que los asesinatos de mineros son una constante. En enero del año pasado, seis cayeron baleados en Morichal Largo; en abril, mataron a cuatro en la mina La Catatumba; en junio, dos más murieron en un enfrentamiento en El Callao; en agosto, entre cuatro y siete mineros fueron masacrados en Bochinche-Corregente; en diciembre, un par se desplomó en la mina Tomy. En Tumeremo, lo que impactó esta vez a la población no fueron las desapariciones en sí mismas, sino el número y las voces de los dolientes, quienes de inmediato salieron a reclamar la devolución de los cadáveres para poderlos enterrar.

“La bulla” del rebusque

En Tumeremo, varios entrevistados señalaron que «la bulla», situada a dos horas de camino en moto desde Tumeremo, había representado para muchos la forma de rebuscarse. En diciembre, cuando fue descubierta, era fácil hacerse con decenas y hasta cientos de gramos de oro en un día. La prosperidad no tardó en atraer a los hampones.

«Yo mismo fui pa’ allá y quedé embombao. Coroné el 25 de diciembre. Ese día madrugué y me fui pa’ Atenas y conseguí un cochano -oro puro, sin ninguna aleación- de 700 gramos (unos 21 millones de bolívares si se considera que cada gramo cuesta 30.000 bolívares). Para ese momento, aquello no lo controlaba nadie, pero después se llenó de malandros», apunta otro habitante del pueblo minero.

Ese testimonio se ajustó con el de otros pobladores que no están relacionados entre sí: ir hasta el sitio era conseguir un buen fajo de dinero en apenas un día. Otro hombre treintañero que ha laborado como minero de forma ocasional admitió que cuando «la bulla» explotó, se acercó para ir a sacar algunos gramos de oro. Pero el sitio, según él, ya en enero estaba tomado por delincuentes que vigilaban cada paso y cobraban la mitad de lo que se extraía. «Así no se podía trabajar», rezongó.

La confesión vino acompañada de otra revelación: «Yo le digo una cosa: los que mataron allí eran malandros. Habría dos o tres inocentes, pero los demás eran malandros», dijo el treintañero. Para él, lo sucedido fue de un “cambio de carro”, frase del vocabulario carcelario que designa un cambio violento del mando de un determinado lugar.

El porqué de la masacre

Los mismos testigos y pobladores aseguraron que, en las últimas semanas, “la bulla” no estaba dando tanto oro como en sus primeros días. A pesar de ello, al menos 300 motos entraban a diario en el sitio. El viernes 4 de marzo, ninguna ingresó y de ello se percataron los mineros que habían pernoctado cerca del fundo Atenas.

Un testigo que había permanecido una semana en “la bulla” relató que cerca de las 5:00 pm de ese viernes, se escucharon cuatro disparos. “Un muchacho vino a avisarnos que habían matado a dos mineros, una chama y un chamo, y nosotros corrimos a escondernos”, apuntó.

El refugio fue un cerro cercano, desde donde el testigo pudo ver lo ocurrido. Los cuerpos estaban en el mismo lugar donde habían sido tiroteados, justo en la entrada de la mina. Los hombres, armados con fusiles y vestidos de negro, habían llegado en dos carros de “chasis largo”, un Toyota verde y uno blanco, además de un camión en donde recogieron los cadáveres. En ese último vehículo había otras dos víctimas que habían sido asesinadas por los lados del fundo Atenas. Uno de ellos fue Gustavo Guevara quien, de acuerdo con los testimonios, confundió la caravana de los delincuentes con la que llevaba comida a los mineros todos los días. Al salir a su encuentro, fue baleado.

El argumento de la matanza que da el testigo es el mismo que han repetido otros que vieron los hechos.

“Ellos llegaron diciendo que iban a hacer limpieza, que ellos tenían orden de acabarlos a toditos, que se iba a acabar lo de estar robando celulares, de estar robándose motos y de estar quitándole a la población el 50 por ciento de lo que se saca. Ellos llegaron con esa y en esa entraban todos. De repente yo ahorita no estuviese contando la historia, porque si el chamo no llega a avisar, a toditos nos matan. Al que saliera corriendo le iban a disparar”, afirmó el testigo que amaneció en el cerro y escapó por una trocha distinta a la principal. Junto a él había una veintena de personas.

“Eso no estaba echando oro”

El testigo duda que la masacre haya sido producto de una disputa de poder, o de un “cambio de carro” como lo dijo un habitante de Tumeremo. Él, que estuvo desde que se descubrió el yacimiento, señaló que los de Cicapra, un sindicato de Guasitapi, se habían llevado más de 100 kilos de oro durante las primeras semanas de “la bulla”. Luego entró gente de “El Callao” que pudo conseguir cochanos de hasta 800 gramos. Pero de ahí en adelante, el control pasó a estar en manos de la banda de El Potro y El Gordo, dos delincuentes que viven en el barrio La Caratica, al este de Tumeremo, que cobraban a los mineros la mitad de lo que extraían. Sin embargo, ya el mineral no brotaba como en sus inicios.

“De ahí eso estaba muerto, por eso es que yo digo que eso (el cambio de mando) no tiene sentido, porque si es para apoderarse de la mina, eso no estaba echando oro. Ese día iba a entrar la máquina para trabajar”, agregó el testigo.

“El Topo”, de acuerdo con los pobladores de Tumeremo, tiene bajo su poder al menos una decena de las minas más grandes del municipio Sifontes. Su ganancia proviene de la compra del oro de esos yacimientos: los mineros están obligados a vendérselo todo a él, al precio que él decida, a cambio de que les costeen las herramientas que necesitan. Que haya cometido una matanza con estas características sólo para hacerse del control de una mina pequeña y empobrecida, genera sospechas. ¿Para qué ‘limpiaba’ un espacio que no le daría cuantiosos cochanos?

Otro poblador de Tumeremo aseveró que la masacre fue producto de una venganza. La gente de “El Potro” se hizo pasar por la de “El Topo” para poder controlar la mina. Cuando este último se enteró, fue a buscar a los malandros que actuaban en su nombre. Por eso los asesinó.

En el pueblo tampoco dejan de circular los rumores sobre las relaciones que “El Topo” ha mantenido con quienes están en el poder, algo que le ha consolidado en el control de tantas minas dentro del estado y que le ha dejado actuar a sus anchas en la desaparición de decenas de mineros. Los pobladores aseguran que ante cualquier desacuerdo, el “don”, como le gusta que le llamen, asesina y echa los restos de sus víctimas en los barrancos -hoyos en la tierra escarbados para seguir las vetas del oro- que están en sus predios.

“Aquí lo que nadie ha dicho es que ‘El Topo’ se reunió con el gobernador (de Bolívar, Francisco Rangel Gómez) antes de la masacre”, afirmó un tumeremense que merodeaba la tranca, cita que Runrun.es no pudo confirmar. El mandatario regional negó la matanza horas después de que los familiares de los desaparecidos cerraran la Troncal 10 para exigir que les devolvieran los cuerpos de los suyos. Lo mismo hizo con el caso de La Paragua, en 2006, cuando el Ejército en El Papelón de Turumbán acabó con la vida diez mineros. Hasta este domingo, Rangel Gómez no había visitado Tumeremo después de los hechos.

Lea más: Todo sobre los mineros desaparecidos de Tumeremo

Las recientes apariciones mediáticas del ministro de Defensa de Corea del Norte, Hyon Yong-chol, han generado  dudas sobre la veracidad de su ejecución, un día después de que ésta fuera anunciada por la agencia de inteligencia de Seúl.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS) aseguró el miércoles a medios y diputados del Parlamento que el pasado 30 de abril el líder Kim Jong-un mandó fusilar al jefe de su Ejército por desobedecerle y quedarse dormido en su presencia durante un evento.

“Al analizar la información sobre los hechos el NIS descuidó algo básico: que el ministro de Defensa no ha dejado de aparecer en los vídeos norcoreanos en las últimas semanas”, declaró Cheong Seong-chang, director de estrategia de unificación del Instituto Sejong.

Los medios estatales de Pyongyang han seguido emitiendo vídeos antiguos en los que aparece Hyon, lo que contrasta con purgas anteriores en las que el régimen edita los contenidos audiovisuales para eliminar a sus oficiales purgados, según argumentó el experto a la agencia local Yonhap.

El NIS, por su parte, ha contribuido a multiplicar aún más dudas al matizar que “recibimos datos de inteligencia que indican que tuvo lugar la ejecución, pero no está confirmada”, reconoció hoy a Efe un portavoz del NIS, sin ofrecer más detalles como las fuentes de la polémica información.

Mientras, el periódico Rodong del Partido de los Trabajadores mencionó al ministro de Defensa el mismo día 30 de abril, lo que indicaría que fue arrestado y ejecutado en cuestión de horas, algo poco probable a juicio del citado analista.

Además, medios en Seúl observaron que Hyon Yong-chol, de 66 años, asistió a un concierto dos días antes de su supuesta ejecución.

La noticia del fusilamiento del ministro de Defensa llegó semanas después de que el NIS afirmara que el dictador Kim Jong-un había ejecutado a 15 cargos del Estado en lo que va de año, un dato que Pyongyang desmintió al considerarlo parte de la guerra psicológica de su vecino y “enemigo” del Sur.

De momento, el régimen de Corea del Norte mantiene silencio sobre la nueva presunta purga y ésta tampoco ha sido corroborada por otras fuentes, algo habitual debido al extremo hermetismo del Estado totalitario de los Kim.

La única purga confirmada por el régimen desde la llegada al poder en 2011 de Kim Jong-un -y la más importante en décadas- fue la de su tío y número dos del régimen, Jang Song-thaek, ejecutado en diciembre de 2013 por traición.