@franzambranor
Como si se tratase de los pistoleros del Lejano Oeste Jesse James o Wyatt Earp, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 31 de julio por supuestos delitos de narcotráfico.
Por primera vez en la historia, un funcionario venezolano en ejercicio es solicitado por las autoridades norteamericanas por tráfico de drogas. Poner un pie en territorio estadounidense o en un país aliado podría significar la prisión para el actual miembro del gabinete de Nicolás Maduro y exvicepresidente Ejecutivo de Venezuela.
“Es poco probable que este ciudadano vaya a viajar a un país al que considere que pueda correr peligro su libertad. Es decir, no va a correr el riesgo que lo detengan y lo entreguen a la justicia americana. De hacerlo, escogería a Turquía y Siria como ya lo hizo este año”, dijo el abogado especialista en derecho internacional, Mariano De Alba.
De Alba ve con escepticismo que Interpol genere una alerta roja para capturar a El Aissami. “Es posible que el gobierno de Estados Unidos solicite la inclusión de este funcionario en la lista de Interpol, pero usualmente ese organismo policial no se involucra con situaciones que pudiesen ser interpretadas de carácter político”, dijo De Alba. “Como Interpol es un organismo administrativo de policía, dependería del país que ese funcionario visite la posibilidad de apresarlo o no”.
Actualmente 11 venezolanos tienen alerta roja de Interpol. Ninguno de ellos con aparente afiliación política: tres por tráfico de drogas, tres por abuso sexual a menores de edad, dos por crimen organizado, uno por posesión de pornografía infantil, otro por trata de seres humanos y uno por asesinato.
Una fuente vinculada al Derecho Penal Internacional que prefirió no dar su nombre dijo que, efectivamente, Interpol evalúa las alertas cuando se trata de políticos y funcionarios de gobiernos, pero a veces emite órdenes de captura y no las hace públicas. Se las reserva en su intranet.
El especialista indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos posee más agentes que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), y además es independiente de otros organismos como la Administración para el Control de Drogas (DEA), que probablemente lleve una investigación aparte del caso de El Aissami.
Dijo también que la cobertura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se limita exclusivamente al territorio estadounidense, ya que cuando se emite una alerta trabajan en red con la mayoría de los países del mundo, constantemente monitorean el tráfico aéreo, marítimo y terrestre.
Manifestó que Venezuela ha firmado todos los acuerdos internacionales para combatir la criminalidad y no los ha respetado, incluyendo el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo, la cual entró en vigor en septiembre de 2003.
En el radar desde hace dos años
En 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos inició una investigación contra El Aissami por medio del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Ese mismo año, la Oficina de Controles de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de sancionados por eventuales violaciones vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas.
“En sus cargos anteriores, él supervisó o parcialmente fue dueño de cargamentos de drogas de más de 1.000 kilogramos que salieron de Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos que tenían como destino final México y Estados Unidos”, dice la reseña del ICE.
Con la represa de Guri como telón de fondo, El Aissami grabó un vídeo en el que acusa a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de infame y aseguró que “no podrán con nuestra fuerza moral”.
“Acúsennos de lo que les dé la gana, nosotros seguiremos construyendo el sueño de Bolívar leales con Chávez y Maduro”, dijo el también exgobernador de Aragua y hombre muy cercano al entorno de Cilia Flores y Maduro.
El ICE también incluyó en su lista de los más buscados a Samark López Bello, acusado de ser el principal testaferro de El Aissami.
“López brindó asistencia material y apoyo financiero a las actividades internacionales de narcotráfico de El Aissami y en representación de ella durante más de dos años”, señala la página web de la ICE.
Tanto El Aissami como López Bello podrían enfrentar una condena de hasta 30 años.
A través de un comunicado de prensa, López respondió a las acusaciones en su contra. “Samark López no esta acusado de narcotráfico ni de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El señor López ha sido acusado de supuesta violación técnica de la sanciones impuestas en febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro”.
Además de tener acusaciones de narcotráfico, a El Aissami se le vincula con redes de terrorismo. Según el fiscal del distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, mientras era ministro de Interior y Justicia proporcionó pasaportes venezolanos a miembros de Hezbollah y Hamas.
Además de estar en la lista negra de los Estados Unidos, El Aissami también está sancionado por la Unión Europea y el gobierno de Canadá.
El Aissami -criminólogo y abogado de la Universidad de Los Andes-, ha acumulado cargos durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro: fue diputado (2006-2007), viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana (2007-2008), ministro de Interior, Justicia y Paz (2008-2012), gobernador del estado Aragua (2012-2017) y vicepresidente ejecutivo de la República (2017’2018). Ahora suma uno nuevo al currículo: uno de los hombres más buscados del mundo por el gobierno de Estados Unidos.
