Luego de ser retrasado dos veces, el 24 de agosto inició el proceso judicial contra el parole humanitario, programa de la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para estimular la migración legal de migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Los migrantes venezolanos deberán esperar con incertidumbre el fallo del juicio contra el parole humanitario por unos meses. El juez Drew B. Tipton no se pronunció sobre la legalidad del programa.
Inicialmente, el proceso había sido agendado para abril y luego para el 13 de junio. Este retraso permitió más tiempo para que familias y patrocinadores en EE.UU. pudieran presentar solicitudes de parole a sus allegados y un alivio de algunos unos meses a quienes esperan respuesta de sus casos.
De acuerdo con la Voz de América, la demanda contra el programa migratorio fue impuesta el 24 de enero por los gobiernos de 20 estados contra la administración Biden ante el Tribunal Federal de Texas, al que piden que detenga el programa bajo los argumentos de que el presidente Biden no está facultado por la ley para crear un programa de visados que debería tener la anuencia del Congreso.
Los demandantes han argumentado que el estado está gastando millones de dólares en atención médica y educación pública, debido a la afluencia de inmigrantes bajo el amparo del parole humanitario anunciado el pasado 5 de enero por la administración de Biden que beneficia a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Los demandantes son los estados: Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Sur Carolina, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.
A continuación algunas claves de lo que ha ocurrido durante el proceso judicial en contra del parole humanitario:
«En los últimos seis meses se ha erogado menos en personas de esos países», dijo el juez.
El programa permite la entrada al país de hasta 30,000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
De acuerdo con Telemundo, a fines de julio de este año, más de 72.000 haitianos, 63.000 venezolanos, 41.000 cubanos y 34.000 nicaragüenses habían sido evaluados y autorizados para ir a Estados Unidos mediante el programa.
Durante el juicio, no se dio a conocer ninguna cifra sobre el número de rechazos de solicitudes.
A las 11:59 .m. de este 11 de mayo, el Título 42 llegará a su fin para dar paso a la puesta en práctica del Título 8. La medida que dejará de estar vigente tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.
Dicha orden de salud pública fue emitida por el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 20 de marzo de 2020, bajo la administración de Donald Trump.
Por su parte, el Título 8, que pertenece al Código de Estados Unidos y que entrará en vigencia desde el 12 de mayo de 2023, permite que los migrantes sean detenidos hasta ser deportados a sus países, en caso de que no puedan establecer una base legal para permanecer en territorio estadounidense.
«El fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario», advirtió Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional en una conferencia de prensa el pasado 10 de mayo.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, mostraron su preocupación en torno a la implementación de más trabas por parte del gobierno estadounidense para el proceso de solicitud de asilo en sus fronteras y territorio.
En breve iniciamos nuestra charla.
¿Qué es el Título 42 del Código de EEUU y cómo afectará su suspensión a los futuros migrantes?
Estas y otras preguntas explicadas por los expertos @AriMSawyer y @TMattiaceHRW
HOY 9:30am (Los Angeles) 12:30pm (NY) ➡️ https://t.co/HOsP3eGtd7— Human Rights Watch (@hrw_espanol) May 11, 2023
A continuación, algunas claves de lo que deberán enfrentar los migrantes con la aplicación del Título 8:
«Un elemento que sí cambia con el Título 8 y que sí es preocupante es que si alguien intenta cruzar sin cita, de inmediato, se aplica ahora prohibición de cinco años para volver a entrar a EEUU, cosa que no aplicaba con el Título 42», dijo Tyler Mattiace, investigador en México de Human Rights Watch, durante un Twitter Space este 11 de mayo.
Durante una conferencia el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, especificó que su país endurecerá los requisitos para solicitud de asilo. A continuación, algunas claves sobre cómo influirá el Título 8 en este proceso:
“Estamos dejando muy en claro que nuestra frontera no está abierta y que aquellos que no son elegibles para el asilo serán devueltos rápidamente. No escuches las mentiras de los contrabandistas. Esto es lo que te pasará: serás devuelto”, enfatizó Mayorkas.
«Ese permiso no da refugio o asilo. Es un permiso de viaje temporal. No se puede condicionar el acceso a protección a las condiciones económica de las personas. Todos tenemos derecho a la protección internacional», indicó Tyler Mattiace.
Ary Sawyer, investigadora de HRW, explicó que para solicitar asilo, los migrantes deberán esperar en ciudades fronterizas peligrosas por tiempos indeterminados.
Además de repatriación de migrantes más rápida, con la entrada en vigencia del Título 8 se creará un parole de reunificación familiar para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Venezuela y Nicaragua no forman parte del listado de nacionalidades que puede aplicar al proceso.
A continuación, 11 medidas adicionales que traerá la implementación del Titulo 8 en la frontera entre México y Estados Unidos, según precisó el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional:
El secretario de Seguridad Nacional indicó que han devuelto y expulsado a otros países a más de 665.000 personas durante la primera mitad de este año fiscal.
Cada semana, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realiza hasta 66 vuelos de repatriación en todo Estados Unidos, un número que esperan continúe según la demanda y, tras la puesta en práctica del Título 8, con mayor frecuencia a países de Centroamérica y otros en Suramérica como Colombia y Perú.
En medio de dos televisiones que mostraban un mapamundi en tonos azules, el secretario de seguridad nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que tras el fin del Título 42, a partir del 11 de mayo de 2023, todos los migrantes serán procesados bajo el Título 8 del código de Estados Unidos
Durante un rueda de prensa junto a Anthony Blinken, secretario de Estado de EEUU Mayorkas indicó que el Título 8 ha sido utilizado para procesar a personas migrantes por varias administraciones, tanto republicanas como demócratas.
«El Título 8 tiene graves consecuencias para la migración irregular, incluida una prohibición de reingreso de al menos cinco años y un posible enjuiciamiento penal por intentos repetidos de cruzar ilegalmente. El regreso al procesamiento de migrantes bajo las autoridades del Título 8 será rápido e inmediato», aseguró el secretario de seguridad nacional.
De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, con base en el Título 42, para diciembre de 2022 las autoridades estadounidenses habían expulsado más de 1,8 millones migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.
Blinken reiteró que continuarán los procesos de parole humanitario para venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos y las deportaciones a México por carencia de una base legal para permanecer en territorio estadounidense.
Durante la rueda de prensa, Blinken señaló que Colombia, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Belice han sido aliados de la nación norteamericana al momento de recibir migrantes venezolanos.
Madison González, especialista en movimientos migratorios y derechos humanos, aseguró que estas medidas son insuficientes para garantizar la integración de migrantes en sociedades de acogida.
«Son políticas de emergencia que no tienen ninguna posibilidad de establecerse como política de Estado en estos países que reciben a venezolanos. Por ello, los venezolanos se convierten en un gasto y problema por falta de políticas migratorias en los países destino», indicó González.
En la rueda de prensa, Blinken destacó que, hasta la fecha, México ha acordado aceptar hasta 30.000 expulsiones bajo el Título 42 por mes de personas con nacionalidad cubana, venezolana, nicaragüense y haitiana.
En un contexto posterior al Título 42, cuando se realice la deportación acelerada, a través del Título 8, EEUU tiene la intención de devolver a México a las personas de esas nacionalidades también.
La derogación del Título 42, prevista para el 21 de diciembre de 2022, abre una esperanza para los venezolanos que buscan ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, todavía son muchos los obstáculos que deben enfrentar los venezolanos que quieran llegar a los Estados Unidos.
Emitido con el pretexto de detener la propagación de Covid-19, el Título 42 permitió al gobierno estadounidense expulsar migrantes en las fronteras terrestres sin abrir ningún procedimiento y mucho menos una fórmula de juicio.
Según Betilde Muñoz-Poggosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), no se podrá retornar a las personas en frontera sin evaluar si efectivamente tienen un miedo creíble de volver de dónde vinieron, pero serán los agentes fronterizos los que harán esta determinación.
Bajo esta orden, entre marzo de 2020 y abril de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), envió de regreso a México y a otros países a 1,7 millones de migrantes.
En el caso de la migración venezolana, lo que ha frenado su entrada al territorio estadounidense es el parole humanitario, medida con la que el gobierno de EE.UU. intentó ordenar la entrada de personas venezolanas, y tener una mejor noción de quiénes son las personas que están llegando, asegurando también que tuvieran un apoyo para su estabilización e integración.
A pesar de la imposición de estas medidas, Tomás Páez Bravo, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, aseguró que la migración es un proceso imparable.
De acuerdo con los expertos, es difícil adelantarse a lo que pueda ocurrir con la migración venezolana tras la finalización del Título 42. Muñoz-Poggosian, aseguró que los venezolanos con intenciones de emigrar a Estados Unidos seguirán contando con la opción del humanitario, y tendrán que aguardar para ver cómo estarán organizando y respondiendo los oficiales en las entradas de las fronteras.
Es decir que, aún cuando finaliza la medida que permite la deportación de migrantes en la frontera, los migrantes venezolanos enfrentan otras barreras en su búsqueda del sueño americano.
“El problema es que si no tienen la opción de entrar solicitando asilo, y habiendo pasado Panamá de forma irregular, perderían cualquier chance de regularizar su situación migratoria en EEUU ya que ese es un requerimiento del parole humanitario”, afirmó Muñoz-Poggosian.
Más allá de procesos en curso de visas de trabajo y reunificación familiar, hasta ahora, la única vía legal para entrar al territorio estadounidense sigue siendo el parole humanitario.
Muñoz indicó que, para que su proceso de emigración a Estados Unidos sea viable, los migrantes venezolanos podrían presentar solicitudes de asilo, acceder a una entrevista con agentes fronterizos y, de determinarse ese miedo creíble de no querer regresar a su país, poder acceder al territorio a esperar su cita del asilo dentro de EE.UU.
Sin embargo, la recomendación de la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA es esperar la dinámica de recepción y reconocimiento del inicio de solicitudes de asilo a partir del 21 de diciembre de 2022, ya que es posible que se siga considerando solamente el parole humanitario para la migración de personas venezolanas.
Para los especialistas, la eliminación del Título 42 no traerá un incremento de la ola migratoria venezolana.
Páez explicó que el bloque de la orden indica que hay conciencia en EE.UU. sobre el tema migratorio.
“Es posible y factible que continúe la migración hacia Estados Unidos pese a obstrucciones que ofrecen países como Costa Rica y México”, aseguró Páez.
Otra de las medidas que muestra comprensión sobre el tema migratorio es la decisión de la Cámara de Empresarios de Panamá. “El gobierno panameño entendió que la migración es un activo y no un problema. Es parte de la solución, todos los migrantes aportan”, reiteró Páez.
Páez señaló que la principal consecuencia de crear políticas fronterizas es el crecimiento de las industrias diaspóricas.
“La trata de blancas, trata de niños, trata de jóvenes y el tráfico de drogas continuará. Es inevitable”, dijo.
El jueves 13 de octubre, se realizó una conferencia de prensa en el Departamento de Estado de EE.UU. a la que asistieron el secretario de Estado estadounidense, Antony J. Blinken; el fiscal general de EE.UU., Merrick Garlandy; y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard y la secretaria de Seguridad Rosa Rodríguez.
La conferencia se realizó para discutir los avances del Marco Bicentenario de Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, que fue creado hace un año en una reunión en Ciudad de México.
El marco cuenta con tres objetivos principales:
Uno de los temas abordados en la conferencia fue la migración en la frontera entre México y Estados Unidos. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, señaló que los migrantes son víctimas y quienes los manipulan son «criminales despiadados». Además, reiteró que si no se persigue a los jefes de estos grupos, no se podrá resolver el problema.
«Este fenómeno es muy complicado. Llega a México de toda Centroamérica. los inmigrantes no son delincuentes. El delincuente es quien los utiliza y explota de una forma absolutamente inhumana», indicó
Como parte de los avances, Blinken señaló que el presidente Joe Biden firmó, en noviembre de 2021, la Ley de Infraestructura Bipartidista.
La normativa incluye $1.9 mil millones para seis nuevos proyectos de construcción y modernización en la frontera sur de EE. UU. que incluyen características de seguridad mejoradas.
Siete meses después, en junio, Biden también firmó la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras.
Según Blinken, esta es la primera legislación importante de seguridad de armas de los Estados Unidos en casi 30 años.
«La ley hace que las compras falsas y el tráfico de armas de fuego sean un delito federal. La hemos utilizado para responsabilizar a los traficantes», aseguró el secretario de Estado.
México también ha progresado en materia de seguridad. El secretario Ebrard señaló que el presidente Andrés López Obrador creó una iniciativa para conocer las causas de la inseguridad en México. El proyecto consiste en la creación de la Guardia Nacional.
«Tenemos más de medio millón de personas sin trabajo. Por ende, creamos un programa, creamos una Guardia Nacional. Por primera vez, tendremos dominio del cumplimiento de la ley en todo el territorio», dijo.
Además, según el balance de Ebrard, en México se han incautado 32.000 armas.
«Por primera vez, tenemos una reducción de la tasa de homicidios de 9,2%», aseguró.
Para ambas naciones, el uso de sustancias es una preocupación. Por ello, ambos países han trabajado en inversiones en prevención, tratamiento y recuperación de uso de sustancias.
Blinken indicó que Estados Unidos ha realizado inversiones considerables en la prevención, el tratamiento y la recuperación del uso de sustancias, con el objetivo de reducir los estragos causados por las drogas ilícitas como para reducir la demanda.
«Este año, nuestro Programa de Comunidades Libres de Drogas ha trabajado con 745 coaliciones comunitarias en los 50 estados para prevenir el uso de sustancias por parte de los jóvenes», afirmó Blinken.
Uno de los aspectos que Blinken señaló que debe mejorar es el esfuerzo de EE.UU. para interrumpir la producción y tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.
«En 2021, 108 mil personas murieron en Estados Unidos por sobredosis. La mayoría por opioides sintéticos como el fentanilo», reiteró.
En México, los opioides sintéticos también están ganando una popularidad creciente. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, explicó que México ha lidiado con el problema del fentanilo desde la década de los 70.
Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue tesorera nacional de Venezuela en la Presidencia y enfermera de Hugo Chávez, estará en prisión durante el proceso, según se determinó este viernes en una corte federal de Palm Beach, en el sur de Florida (EE.UU.).
El tribunal ante el cual compareció, por vez primera desde su llegada a estado Unidos, aceptó un pedido de la Fiscalía para que no goce del beneficio de la libertad bajo fianza por «riesgo de fuga».
Díaz Guillén, que compareció en la corte encadenada de pies y manos y con ropa azul oscura, respondió a las preguntas a través de un intérprete durante la audiencia en la cual se le leyeron los cargos de lavado de dinero por los que fue extraditada.
Los dos fueron declarados prófugos de la Justicia estadounidense en abril de 2021, junto al empresario Raúl Gorrín Belisario.
La Audiencia Nacional española autorizó en noviembre pasado la extradición a EE.UU. de Díaz Guillén, pero fue hasta este jueves 12 de mayo que se autorizó la extradición de la enfermera a territorio estadounidense.
El matrimonio, residente en Madrid (España), fue acusado en diciembre de 2020 por su presunta participación en una «trama de lavado de dinero y cambio de moneda» por valor de «miles de millones de dólares», según informó el Departamento de Justicia de EE.UU.
La acusación alega que Raúl Gorrín Belisario, de 52 años, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén.
Gorrín, señala la acusación, «transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluidos recursos para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda».
*Con información de EFE
Foto: El Grupo de Puebla reunido en Ciudad de México el 30NOV21.
EE. UU. podría suministrar una flotilla de aviones F16 a Colombia.
La principal plataforma volante de la Fuerza Aérea de Colombia son los aviones de combate Kfir de fabricación israelí comprados a finales de la década de los años ochenta. Pese a numerosas actualizaciones, los Kfir colombianos, herederos del francés Mirage 5, requieren pronta sustitución y el mercado de armas mundial está moviéndose en competencia por la venta de dos decenas de aviones de combate.
Las particulares relaciones de Colombia con EE. UU. y un notable interés de la administración Biden en apalancar la industria militar estadounidense, despiertan conjeturas sobre una decisión colombiana a favor de la versión F-16V, en detrimento de ofertas suecas y francesas.
Por cierto, la Casa Blanca estaría planeando una pronta visita de Joe Biden a Colombia. Inicialmente se habría acordado un viaje de dos días, probablemente a Cartagena de Indias, a mediados del mes de diciembre de 2021. La cita finalmente no se concretó y ambos gobiernos estarían negociando una nueva fecha.
El Departamento de Estado de EE. UU. decidió renovar el listado de organizaciones y personas físicas relacionadas con el terrorismo en Colombia. Aparte de retirar del listado de terroristas a guerrilleros fallecidos como el jefe de las FARC Manuel Marulanda y su yerno Raúl Reyes, igualmente el gobierno de EE. UU. retiró de su lista negra a dirigentes políticos “pacificados”, como Rodrigo Londoño Timochenko y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, organización guerrillera disuelta y transformada en el partido Comunes.
El gobierno estadounidense advirtió que “la decisión de revocar la designación no cambia la postura con respecto a cualquier cargo o posible cargo en EE. UU. contra exlíderes de las FARC, incluido el narcotráfico” ni borra la culpabilidad de crímenes de lesa humanidad, pero “facilitará la capacidad de EE. UU.. para apoyar mejor la implementación del acuerdo de 2016, incluso trabajando con combatientes desmovilizados”.
Simultáneamente, la lista que controla el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluye ahora a las denominaciones adquiridas por los “disidentes” de las FARC que nunca abandonaron las armas: “Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército del Pueblo” y “Segunda Marquetalia”. Las organizaciones guerrilleras encabezadas por Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez, el Paisa, y Henry Castellanos, Romaña, y que son abiertos aliados del régimen chavista venezolano son ahora parte del listado oficial de terroristas.
Según el listado actualizado del Departamento del Tesoro de EE. UU., Iván Márquez tiene como domicilio el estado Apure en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia.
Por cierto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. aprovechó los cambios en la lista de terroristas para actualizar la información sobre varios dirigentes chavistas. Uno de ellos es Fredy Bernal Rosales a quien las autoridades electorales del régimen proclamaron como gobernador del estado Táchira fronterizo con Colombia en las votaciones del 21NOV21.
El Grupo de Puebla rápidamente deja de ser un grupo de “reflexión” y propaganda de la izquierda continental para convertirse en un aparato de acción política internacional paraestatal. La diplomacia paralela a la oficial, que los gobiernos castrochavistas denominaban “diplomacia social” y que ejecutaron en las pasadas dos décadas con Hugo Chávez como pivote y financista, ahora se centra en el Grupo de Puebla que se reunió el 30NOV21 en Ciudad de México.
Si bien el encuentro no se realizó en una edificación estatal, ya que fue realizada en el famoso hotel “Fiesta Americana Reforma”, sí contó con el patrocinio oficial del estado mexicano y del oficialista partido Morena. Entre los participantes estaban el ministro de Exteriores Marcelo Ebrard y el presidente de Morena, Mario Delgado. Además el evento fue transmitido por los sistemas de Internet del gobierno de México. El encuentro contó con la participación, vía internet o presencial, de altos funcionarios de Argentina, Bolivia, Perú y México, incluyendo a los presidentes Alberto Fernández y Luis Arce de Argentina y Bolivia, a la vicepresidenta peruana Dina Boluarte y a ministros de Argentina y México. Fue en definitiva un evento con presencia oficial de por lo menos cuatro gobiernos.
Además, hicieron presencia los españoles José Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Monedero, ambos operadores internacionales del régimen chavista; los brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff, los colombianos Ernesto Samper Pizano e Iván Cepeda, el paraguayo Fernando Lugo y el ecuatoriano Rafael Correa. Samper actúa como el coordinador para la producción de documentos del grupo.
Como es usual, la proclama de la reunión de México incluyó apoyos a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba aunque cuidadosamente los “pueblanos” suelen no incluir representantes de esos regímenes en los eventos del Grupo de Puebla.
Una intervención particularmente relevante, vía video, fue la del expresidente del parlamento europeo Martín Schulz, quien también es expresidente del Partido Socialdemócrata (SPD). Schulz adelantó que el nuevo gobierno alemán, encabezado por su partido, tenderá a juntar esfuerzos con las fuerzas “progresistas” de Latinoamérica para enfrentar a la “ultraderecha”. El alemán intervino en el foro de México en su calidad de presidente de la Fundación Friedrich Ebert (FES) perteneciente al SPD, lo cual hace suponer que la fundación alemana socialdemócrata está derivando financiamiento para los gastos operativos del Grupo de Puebla.
Llama la atención la reiterada presencia de la mexicana Alicia Bárcena en los eventos del Grupo de Puebla, pese a su condición de funcionaria de la ONU como secretaria ejecutiva de CEPAL. La intervención de altos funcionarios de la ONU en eventos “políticos” es un terreno gris en las normativas laborales del organismo multilateral, pero la participación de Bárcena en un evento político, claramente partidista, y dentro de su país de origen, es una abierta violación de las normas que impone la ONU a sus empleados.
El secretario y fundador del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez-Ominami, se ha presentado en cuatro ocasiones a elecciones presidenciales en su país. En la más reciente, la primera vuelta de las elecciones del 2021, sumó solo 7 % del total de votos presidenciales.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas del 11ABR21, la candidata “natural” del castrochavismo y fundadora del Grupo de Puebla, Verónika Mendoza, apenas consiguió 7 % de votos. Estos resultados originaron que todo el aparato internacional castrochavista se volcara para respaldar al “candidato secreto” de Evo Morales, el finalmente triunfador y actual presidente de Perú Pedro Castillo. En Chile está ocurriendo un evento similar. La derrota de Ominami originó el giro automático del castrochavismo, con proclamas abiertas desde la reunión del Grupo de Puebla, apoyando al candidato de izquierda Gabriel Boric quien se enfrenta a José Antonio Kast en la segunda vuelta del 19DIC21. Tanto el español Zapatero como el alemán Schulz hicieron, durante sus intervenciones, expresos ataques al candidato chileno y en la declaración final del evento se refieren a la “ultra-derechización de la derecha” en Chile.
El Grupo de Puebla festejó el triunfo en Honduras de la candidata castrochavista Xiomara Castro. Anunció que ha unido fuerzas para lograr la victoria de Boric en Chile y se siente confiado en que Lula da Silva ganará en las elecciones brasileñas del año 2022. Un triunfo de Lula en Brasil “va a cambiar el continente y el orden internacional” conjeturó Zapatero quien visualiza una alianza futura de México y Brasil para crear un “organismo de integración latinoamericana” dejando en evidencia el propósito de desmantelar a la OEA.
Según la cuenta del Grupo de Puebla, a finales del año 2022 deberían sumar por los menos una decena de gobiernos latinoamericanos en manos “progresistas”, incluyendo las tres principales economías regionales: Brasil, México y Argentina. Aparte de los aliados caribeños, en el escenario “progresista” entra también la posibilidad de un triunfo de su candidato colombiano Gustavo Petro. La izquierda continental, la alianza “progresista” con sectores de la izquierda europea y los gobiernos castrochavistas están trabajando, con objetivos precisos, para incrementar su espacio de poder en América, con la complacencia y el respaldo de dos actores extrarregionales: Rusia y China.
Por su parte, Nicolás Maduro, quien ha limitado el número y el alcance de sus viajes fuera de Venezuela desde que EE. UU. anunciara una recompensa por su captura, viajó a La Habana el 26NOV21. Como de costumbre, el traslado a Cuba se mantuvo en secreto hasta que fue revelado por la prensa cubana, la cual resaltó que a Maduro lo recibieron en el aeropuerto Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
Otros que, tras las votaciones regionales del 21NOV21 en Venezuela viajaron al exterior, fueron los representantes de los partidos de la oposición venezolana. El 01DIC21 la subsecretaria de Estado para asuntos políticos, Victoria Nuland, acompañada del embajador de EE. UU. para Venezuela (residente en Bogotá) James Story, recibió a un grupo de opositores, casi todos llegados desde Caracas. Se trataba de los miembros de la delegación opositora que participó en las pláticas con el gobierno de Maduro realizadas en México entre agosto y octubre pasado. La delegación incluyó a Gerardo Blyde, Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Luis Emilio Rondón, Luis Aquiles Moreno, Roberto Enríquez, Mariela Magallanes, Claudia Nikken y Stalin González. El propósito de la reunión fue evaluar conjuntamente los escenarios que se presentan en Venezuela luego de las votaciones del 21NOV21 que habían sido convertidas en suerte de prueba sobre la estrategia en Venezuela.
La franca división de la oposición venezolana hace que el grupo que viajó a Washington ya no representa a una alianza alrededor de Juan Guaidó, sino un aglomerado de partidos con planes divergentes a corto y largo plazo. La celebración de la reunión en el Departamento de Estado fue revelada, al día siguiente, por la subsecretaria Nuland mediante un informal tuiteo en el cual aseguró que EE. UU. espera que Maduro regrese a la mesa de negociaciones.
La posición de EE. UU. fue la de confirmar el reconocimiento a Guaidó, tal como se lo expresara el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, embajador Brian Nichols. Por ahora, no hay cambio de planes en Washington hacia Venezuela y las votaciones del 21NOV21 simplemente confirmaron la inexistencia de condiciones para elecciones libres y democráticas.
El 26NOV21, mediante una conferencia vía Internet, Guaidó celebró una reunión de trabajo con los diplomáticos que mantiene en diversos países de América. La reunión tenía como propósito evaluar la coyuntura tras las votaciones del 21NOV21 y coordinar acciones. La reunión fue un termómetro para medir el estado de resquebrajamiento en la alianza opositora venezolana.
Julio Borges, el dirigente del partido Primero Justicia que reside en Colombia y detenta el carácter de comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela no participó en la reunión de Guaidó con los diplomáticos del “gobierno”, del cual Borges es supuestamente su “canciller”.
Artículo publicado previamente en Diario Las Américas
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La reacción de la «tiranía» venezolana a la extradición del empresario Alex Saab a EE UU demuestra «cuál era la verdadera intención del diálogo venezolano», afirmó este domingo a Efe José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), quien se mostró seguro de que el extraditado «hablará».
Colina, un exmilitar venezolano exiliado desde hace años en EE UU, subrayó que la abrupta ruptura del diálogo por parte del Gobierno venezolano en señal de protesta por la extradición de Saab desde Cabo Verde es «un golpe certero y sumamente importante».
A su juicio, con esa reacción Maduro ha desnudado que el interés en dialogar con la oposición no era otro que «librarse o minimizar las sanciones estadounidenses» contra funcionarios venezolanos.
También -dijo- deja en mal papel a los opositores que siguieron con el diálogo después de que el Gobierno incluyera a Saab, en ausencia, entre sus representantes en las conversaciones en México.
Saab, nacido en Barranquilla (Colombia) hace 49 años y nacionalizado venezolano, fue extraditado este sábado desde Cabo Verde, donde llevaba detenido más de un año, para responder ante la Justicia estadounidense de lavado de activos provenientes de empresas fantasmas creadas en el extranjero para canalizar los beneficios de una amplia red de corrupción en Venezuela.
Este lunes comparecerá ante un juez federal en Miami por primera vez desde su extradición.
Al presidente de Veppex, que ha convocado a los venezolanos en Miami a manifestarse ante los tribunales durante la audiencia, no le queda duda de qué opción elegirá Saab ahora que está en manos de la Justicia estadounidense: colaborar para que su pena sea lo más reducida posible o someterse a un juicio público.
«Va a corroborar información que ya tiene EE UU y entregar nueva información», subraya.
Eso va a permitir «judicializar a por lo menos 400 militares y empresarios venezolanos implicados en el esquema de corrupción que ha saqueado Venezuela», aseveró.
También pondrá en evidencia a los países que han ayudado a la constitución de las empresas fantasmas de la red, algunos latinoamericanos entre ellos, además de China, Rusia y Turquía, dijo el exmilitar.
Colina destacó que Maduro, en su «desesperación» por alejar a Saab de EE UU, agotó todas las instancias «salvo la de acabar con él físicamente», y se congratuló de que no haya logrado su objetivo.
Además, llamó al Gobierno de EE UU y a la comunidad internacional a abrir los ojos y darse cuenta de que «la vía para acabar con «una pandilla de criminales no es ni el diálogo ni la negociación».
El Gobierno venezolano ha calificado de «secuestro» la extradición de Saab y denunciado la ilegalidad del proceso, además de romper unilateralmente el diálogo y devolver a prisión a seis exdirectivos de la compañía venezolana Citgo -filial de la petrolera estatal Pdvsa en Estados Unidos- que habían sido condenados por corrupción el año pasado, y puestos bajo arresto domiciliario.
Los directivos poseen nacionalidad venezolana y estadounidense, según sus abogados.
