Edison Lanza

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, considera “alarmante” la “ley contra el odio” aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que amenaza a partidos políticos, medios y ciudadanos.

“Tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin garantías, es mucho más grave de lo que parece a primera vista”, explicó hoy el experto en una entrevista con Efe en Washington.

Estos son los comentarios “preliminares” de Lanza, relator desde 2014, mientras en la CIDH “se está analizando” el texto aprobado y se prepara desde hace meses un informe completo sobre la situación de derechos humanos en el país para antes de final de año.

La “ley contra el odio” contempla penas de hasta 20 años de cárcel y restringe de manera general las opiniones contrarias al Gobierno al afectar a la oposición política, la protesta ciudadana, los medios de comunicación y las redes sociales.

“Llaman la atención las sanciones totalmente draconianas y desproporcionadas que establece la ley para quienes incurran en esas expresiones, penas de prisión de 10 ó 20 años, algo que en derecho penal comparado podría incluso compararse a un asesinato o algo semejante”, apuntó el experto.

El “deterioro en Venezuela”, señaló, “ha sido constante y progresivo” pero hasta ahora todavía “perduraban ciertas garantías para los periodistas y opositores porque había que cumplir con un tipo penal preciso y las sanciones eran excarcelables”.

“Esto es absolutamente mucho más grave, porque son tipos penales absolutamente abiertos, se crean las condiciones para perseguir al enemigo interno y entrar a un Estado absolutamente totalitario”, advirtió.

Además, subrayó que con esta medida “va a ser clausurado el último espacio libre en Venezuela, que eran las redes sociales”.

El abogado uruguayo critica asimismo que el texto esté “embarrado con palabras bonitas y buenas intenciones, como suelen hacer los regímenes totalitarios, en nombre de la diversidad y la no discriminación”, mientras que en la práctica “no tiene normas de promoción sino que son normas represivas”.

La iniciativa, cuyo nombre completo es, “ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” recibió hoy el rechazo del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, al considerar que busca sembrar miedo en los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad en general.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha pedido este año tres veces al Gobierno de Venezuela que le permita hacer una visita al país para analizar la situación de derechos humanos, oferta que fue rechazada.

Venezuela tiene denunciada la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 2013, por lo que la CorteIDH, con sede en San José (Costa Rica), no puede recibir casos del país.

Sin embargo, Venezuela sigue siendo miembro de la OEA (pidió su salida en abril de este año pero tarda dos años en entrar en vigor), por lo que la CIDH sigue pronunciándose sobre la situación en el país de acuerdo a la Declaración Americana de Derechos Humanos firmada por los 35 países del continente en 1948.

En estos dos años hasta que entre en vigor su salida de la organización continental, Venezuela sigue bajo la Carta de la OEA, el documento fundacional que creó también la Comisión.

Venezuela celebrará este domingo un proceso inédito, una votación que no fue organizada por su autoridad comicial, el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con el apoyo de distintas organizaciones civiles, gremiales y académicas; y cuyo propósito es consultar a la población su parecer sobre la polémica Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro.

La iniciativa no ha sentado bien en las autoridades, las cuales no solo la han cuestionado sino que han pautado el simulacro de la elección de la Constituyente para el mismo día e incluso han girado instrucciones a los medios de comunicación para invisibilizarla. Estas medidas preocupan al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien pide al Gobierno garantizar los derechos a la manifestación, asociación, participación y la libertad de expresión, por considerar que así se facilitará la normalización de la situación.

¿Cuáles son sus expectativas frente a la jornada de este domingo visto lo que ha ocurrido en estos meses de protesta?

—La jornada del domingo la entendemos como una instancia donde la población ha llamado a una manifestación pacífica política y por lo tanto es un derecho fundamental a participar en esa jornada. Recordamos que la libertad de expresión y el derecho de participación se refuerzan mutuamente. No tendría sentido el uno sin el otro. No tendría sentido llamar a una manifestación si hay restricciones para convocar esa manifestación, así como para que los medios de comunicación puedan cubrir dicha manifestación.

La semana pasada, en las audiencias que la CIDH celebró en Lima (Perú), las autoridades venezolanas reconocieron que había problemas en materia de libertad de expresión en el país, pero negaron que hubiera censura. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y otras organizaciones han denunciado que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha prohibido, de viva voz, a los medios audiovisuales que llamen a la consulta del domingo, pese a que esto es a la luz del artículo 70 de la Constitución…

—Parte de nuestro trabajo es monitorear las decisiones de los órganos nacionales, pues somos un mecanismo subsidiario a los órganos nacionales y, por lo tanto, lo que cabe en este momento es solicitar información al Estado sobre estas noticias que han hecho públicas las organizaciones de la sociedad civil. Lamentamos que no haya un texto para evaluar. Cuando se aplica cualquier restricción a la libertad de expresión tiene que haber una resolución fundada que podamos evaluar.

Los estándares internacionales establecen que está prohibida la censura previa de cualquier clase, así como condicionamientos previos para el ejercicio de la libertad de expresión y obviamente puede haber responsabilidades ulteriores por el incumplimiento de estos estándares. No alcanzamos a comprender cuál es la razón para el condicionamiento previo que se ha denunciado. Debería haber libertad para que los medios de comunicación y los periodistas puedan reseñar este evento político. Si no hay ningún tipo de riesgo para la seguridad del Estado, no debería haber ningún tipo de sanción en una sociedad democrática.

Dice que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación están relacionados. ¿Si se limita uno, se limita al otro?

—Hay diversos instrumentos que establecen que la libertad de expresión, el derecho a asociación y de manifestar son elementos esenciales de la democracia. La democracia no es un elemento teórico y la libertad de expresión y el derecho a participar en asuntos públicos serían meramente ficticios si están sometidos a una intervención previa por parte del Estado. Esto restringe el derecho a la gente a participar en una manifestación.

Al Gobierno venezolano se le viene acusando de dictatorial desde distintas instancias nacionales e internacionales, pero él lo niega afirmando que aquí hay garantías plenas. ¿Medidas como estas no dan razón a quienes lanzan semejantes acusaciones?

—Es obvio que a partir de aquella decisión que adoptó el Tribunal Supremo de Justicia usurpando las facultades y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos declaró que en Venezuela hubo un apartamiento del orden constitucional, el cual, por cierto, el propio Ministerio Público ha señalado una serie de decisiones que indican que la justicia venezolana no tiene las garantías de independencia que debería tener; y por el otro lado, el deterioro en materia de libertad de expresión que la Relatoría ha señalado, ya no solo en los últimos tres meses sino en los últimos cuatro años.

Esto permite concluir que el Estado de Derecho, si bien no se ha suprimido totalmente, está en un riesgo eminente de caer bajo el poder absoluto del Gobierno. Sin embargo, creo que una calificación de mi parte no ayudaría en este momento, pero sí espero que gestos como la liberación de algunos presos indiquen un restablecimiento de la democracia.

¿Pero lo ideal no sería no dictar este tipo de medidas y así ahorrarse las críticas y cuestionamientos?

—Lo ideal sería cumplir los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, de reunión y de asociación. En este caso no hay duda de que el llamado es a manifestar la opinión política sobre un asunto importantísimo para la vida democrática de Venezuela y por lo tanto no habría ninguna razón para restringir las vías de comunicación, la posibilidad de manifestar y de que los medios de comunicación lo cubran sin restricciones. Esto es lo debido.

¿Qué le gustaría a usted, como relator para la Libertad de Expresión, leer el lunes en los diarios sobre lo que ocurrió en Venezuela el domingo?

—Lo que me toca esperar es que se desarrolle con normalidad la jornada, que el Estado garantice y facilite esta expresión de la manifestación de ideas políticas y opiniones de una serie partidos y organizaciones, las cuales quieren exponer sus puntos de vista a través de esta consulta no oficial y no vinculante, pero que es una forma de expresión y manifestación. También espero conocer los detalles a través de los medios de comunicación y de los periodistas.