Eddie A. Ramírez S.

Las declaraciones de Manuel Rosales no solo son un golpe bajo y jugar a favor del régimen. También ponen en riesgo de encarcelamiento a inocentes y dan pie para que los grupos violentos ataquen las concentraciones de MCM

Quiero compartir una nota que envié por Whatsapp sobre las recientes declaraciones de Manuel Rosales sobre la estructura política de María Corina Machado.

Rosales cometió un suicidio político

Hasta ahora mantuve que no había que descalificar a Rosales. Pero hoy considero inaceptables sus declaraciones afirmando que “en la estructura de María Corina hay quienes no creen en la ruta electoral y creen en la abstención y en la violencia”.

Y aunque luego matizó con un “no creo que MC esté en eso, me niego a creerlo”, sus declaraciones, definitivamente, son inadmisibles. Con ellas no solamente le hace el juego al régimen al repetir los señalamientos de Tarek William Saab, sino que es torpe. Creo se suicidó políticamente.

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Acepto que, como se dice en criollo, estaba muy molesto (usé otra palabra) cuando escribí lo anterior por la plataforma de mensajería. El punto es que siempre tengo presente a quienes están presos y a los perseguidos políticos. Rosales también tiene derecho a estar molesto (…) por los ataques que recibe; unos con razón, otros sin ella. Ha podido rechazarlos sin decir que “algunos son de la estructura de MC”.

Eso no solo es un golpe bajo y jugar a favor del régimen. También pone en riesgo de encarcelamiento a inocentes y da pie para que los grupos violentos ataquen las concentraciones de María Corina. Además, proporciona a Maduro elementos para encerrar a MC, ya que, si gente de su estructura tiene esos “planes”, cualquiera puede inferir que es con el aval de ella.

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Todo indica que se utilizó la alianza del gobierno con el hampa en el asesinato en Chile del teniente retirado Ronald Ojeda

Los dictadores cometen innumerables atropellos en sus países. Sin embargo, pocos se arriesgan a asesinar o agredir físicamente a opositores refugiados en otros lares. Cuando lo deciden es porque el miedo y la manía persecutoria se imponen sobre el temor a represalias de la comunidad internacional o a reacciones dentro del país. Recordemos algunos casos y, desde luego, el reciente asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile.

El dictador ruso Joseph Stalin ordenó en 1940 asesinar en México a León Trotsky, su excompañero de ruta, por sus críticas que ponían en peligro la unidad del partido comunista. El dictador chileno Augusto Pinochet ordenó en 1974 asesinar en Argentina, mediante una bomba, al general Carlos Prats. En 1976, también con una bomba, fue asesinado en Washington el exministro Orlando Letelier, a quien Diego Arria había logrado le cambiaran la cárcel por el exilio. En 1975, fua baleado en Roma Bernardo Leighton. Él y su esposa quedaron incapacitados. El dictador ruso Vladimir Putin ordenó asesinar en España al piloto militar Kuzminov quien desertó a Ucrania por dinero o por convicción. También intentó envenenar en Londres al opositor Navalni, quien temerariamente decidió regresar a Rusia y todo indica que fue asesinado el mes pasado.

En relación a Venezuela, cabe recordar que Rafael Leónidas Trujillo, dictador de República Dominicana, tenía un odio visceral contra Rómulo Betancourt por las críticas a su gobierno y apoyo a los opositores. Por ello ordenó tres atentados. El primero en 1950 en La Habana, en donde nuestro expresidente se encontraba exiliado, mediante el intento de inyectarle un veneno. Otro en San José de Costa Rica en 1953, según refiere Francisco Suniaga en artículo en Prodavinci del 2018. Los potenciales asesinos fueron descubiertos y ejecutados por Orlando García, quien después integró el equipo de seguridad de Carlos Andrés. El tercero fue el conocido atentado en Los Próceres en 1960 mediante bomba traída de República Dominicana y colocada en un vehículo estacionado. Betancourt sufrió quemaduras en sus manos y falleció el coronel Ramón Armas Pérez, jefe de su Casa Militar y un estudiante que pasaba por el lugar.

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En 1953, el dictador Marcos Pérez Jiménez ordenó a Miguel Silvio Sáez que fuese a Curazao con un grupo de la Seguridad Nacional para asesinar al entonces mayor Edito Ramírez, mi padre, exiliado en esa isla. La policía curazoleña descubrió el hecho y le dio protección, pero al poco tiempo el régimen presionó para que lo expulsaran, trasladándose a Trinidad. A principios de 1954, el gobierno de Trinidad descubrió un operativo organizado por la Seguridad Nacional para secuestrar a Jóvito Villalba, al mayor Edito Ramírez y al teniente León Droz Blanco.

El plan era que el contrabandista Nolly Dage los trasladara en su lancha para asesinarlos en Venezuela. Dicho plan también incluía dar palizas a Tenorio Sifontes y a Vicente Gamboa Marcano, dirigentes de URD y de AD, también exiliados. Dage confesó haber recibido dinero de Pedro Estrada, encontrándosele 39 medios billetes de quinientos bolívares y, años después, fue condenado a la horca. Droz vivía en nuestra casa en Puerto España y durante varios días tuvimos protección policial, hasta que nos solicitaron abandonar la isla por presión del gobierno venezolano.

Al ser expulsado de Trinidad, Droz se fue a Barranquilla con la esperanza de que su esposa Lola Sandoval y dos hijas pequeñas pudieran visitarlo, pero poco después, el dictador ordenó su asesinato. El temor del sátrapa era que él había sido campeón de tiro. Le disparó por la espalda el agente de la Seguridad Nacional Braulio Barreto, quien fue detenido, pero al poco tiempo propiciaron su fuga. Al caer Pérez Jiménez pasó varios años preso. En España, Pérez Jiménez ordenó darle una paliza al distinguido intelectual don Mario Briceño Iragorry en diciembre de 1954. El agresor le causó una herida grave en la cabeza al autor de La traición de los mejores.

Hugo Chávez inició la relación con el hampa para agredir opositores, como fueron los asesinatos de José Manuel Vilas y de Maritza Ron. Maduro estrechó esta alianza y todo indica que se utilizó en el asesinato en Chile del teniente retirado Ronald Ojeda. La policía de este país tiene identificados a tres sospechosos de nacionalidad venezolana, un menor de edad, a Maikel Villegas Rodríguez y a Walter Rodríguez Pérez, este último trabajó en la gobernación de Aragua con Tarek El Aissami. Ojeda ya no era de interés para obtener información, pero sí para evitar que testificara ante la Corte Penal Internacional por las torturas que sufrió y otras que conoció. El objetivo pareciera que fue secuestrarlo y simular que había entrado a Venezuela para realizar acciones de desestabilización. Algo les falló y decidieron asesinarlo. Esta acción tuvo que autorizarse al más alto nivel.

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El distinguido periodista Hernán Lugo divulgó parte de un manuscrito de Ojeda en donde señala “los vínculos del Alto Mando militar, DGCIM y de personeros del gobierno de Maduro con la guerrilla colombiana, con grupos organizados de delincuentes y de cómo los manuales de tortura dictados desde Cuba se aplican en Venezuela”. Además, Lugo cita nombres de militares señalados por Ojeda, que deben investigarse. Entre ellos, Ovidio Delgado, Marco Tulio Álvarez, Franco Quintero, Alexander Granko, Asdrúbal Brito y Nairobí O´Connor. El embajador general Arévalo Méndez debe despojarse de su inmunidad y declarar sobre este asesinato.

El presidente Boric ha actuado con seriedad y ha declarado que en Venezuela hay violación a los derechos humanos. Los gobiernos democráticos deben impedir que la mano peluda de los dictadores intervenga dentro y fuera de sus países.

Como (había) en botica

• Rechazamos la detención de Emill Brandt, jefe de campaña de María Corina en Barinas, y miembro de Gente del Petróleo.
• A Rocío San Miguel no le han permitido ver a sus abogados y al teniente coronel Igbert Marín le inventaron otros cargos y lo trasladaron a la cárcel de El Rodeo.
• Lamentamos los fallecimientos de Carmen Josefina Martínez y de Jorge González Campos, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
• ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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En Venezuela no hay guerra, tampoco hay escasez de recursos, sino un régimen inepto y corrupto. Emiliana, su pareja y la maestra tenían claro que mientras Maduro esté en Miraflores no hay futuro

Dos noticias en paralelo. Una muy dolorosa, cuya protagonista fue una mujer que falleció mientras huía de Venezuela en busca de empleo y de calidad de vida para satisfacer necesidades mínimas que esta otrora Tierra de Gracia le negaba. Otra muy indignante, representada por sanguijuelas de los sectores políticos y empresariales que, por encima de principios y valores, se arrodillaron ante un régimen que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.

La señora Emiliana Carolina Seña Ramírez cayó de un tren mexicano al intentar evadir a policías que obstaculizan a miles de venezolanos que desesperadamente tratan de llegar a Estados Unidos. Seguramente, ella y su pareja querían que el bebé que llevaba en su vientre tuviese una vida digna. Hace dos años ocurrió otro hecho doloroso, al ahogarse Victoria Lugo, de siete años, hija de la maestra Mayerlin Mayor, cuando cruzaban el río Bravo. No eran del grupo de delincuentes que el régimen había excarcelado con la excusa del hacinamiento en las ergástulas, a los que utiliza como aliados dentro y fuera de Venezuela. Solo iban en busca de empleo para satisfacer necesidades mínimas. 

En Venezuela no hay guerra, tampoco hay escasez de recursos, sino un régimen inepto y corrupto. Emiliana, su pareja y la maestra tenían claro que mientras Maduro esté en Miraflores no hay futuro. Sin embargo, hay otros venezolanos que cual sanguijuelas se pegan del régimen para lograr dádivas. No les importan los compatriotas que han sido asesinados, torturados, encarcelados o que han tenido que emigrar. Solo les interesa enriquecerse.

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Un grupo de sanguijuelas está integrado por políticos o aspirantes a políticos a los cuales nos hemos referido en otros artículos. Son los ya conocidos Timoteos, los Bernabé, los Claudios y los Ratti, además de quienes usurpan los símbolos de los partidos COPEI y Voluntad Popular, entre otros. Ahora, se suman algunos a quienes dábamos el beneficio de la duda. Son los dirigentes de los partidos de maletín Puente, Movimiento Republicano, Pro Ciudadanos, CONDE, El Lápiz, Fuerza Vecinal, Por Ti Venezuela y otros.

Hay otro grupo, con mayor poder de succión, integrado por empresarios que no buscan el poder, sino estar cerca de quienes lo tienen. Sin escrúpulos se pegan como sanguijuelas a Maduro y a los hermanos Rodríguez. Se arrodillan y firman cualquier papel que les pongan por delante, como el llamado Acuerdo Nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías electorales elección presidencial 2024. Con sus firmas aceptaron lo que ningún ciudadano con principios y valores aceptaría. 

Entre los empresarios que firmaron el pasado 28 de febrero están Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria, Luigi Pisella, presidente de Conindustrias, Adán Celis, presidente de Fedecámaras, Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, Enrique Novoa, presidente de la Cámara Petrolera y Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria de los Hidrocarburos.

Cabe preguntar si los miembros de estas organizaciones avalan la decisión de sus presidentes. Además, si tomaron en cuenta que con esa firma incursionaron en política y apostaron al corto plazo, exponiéndose al escrutinio de la opinión pública, la cual en un 85 por ciento rechaza al régimen de Maduro

A continuación, transcribimos los puntos más vergonzosos y entre paréntesis nuestro comentario:

1. Declararse representantes de distintos sectores de la vida política, social, económica, académica, cultural y religiosa. (Mentirosos, solo representan un porcentaje mínimo de esos sectores).

2. Aceptar que los valores superiores del ordenamiento jurídico del régimen son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. (Hipócritas, el régimen no practica ninguno de esos valores).

3. Rechazar categóricamente el paralelismo institucional promovido por movimientos desestabilizadores y antidemocráticos que han pretendido posicionar figuras ficticias que atentan contra la institucionalidad democrática del país. (Patrañeros, la oposición verdadera y abrumadoramente mayoritaria apuesta a cambiar al régimen por la vía electoral).

4. Reivindicar a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como el único parlamento vigente, legítimo y electo por el pueblo para ejercer la representación popular durante el período 2021-2025. (Olvidan que esa Asamblea fue desconocida por la mayoría de los gobiernos y parlamentos democráticos).

5. Exhortar a que en el régimen sancionatorio y punitivo que elabore el Consejo Nacional Electoral, se incluyan las infracciones derivadas del uso indiscriminado y ajeno a los principios antes enunciados por parte de los actores políticos en las redes sociales. (Esto apunta a la censura de las redes sociales, uno de los pocos medios donde puede expresarse la disidencia al régimen).

6. Respetar los fallos y decisiones de los entes de los poderes públicos nacionales, especialmente los emanados por el Poder Judicial y el Poder Electoral. (En términos claros, lo que avalaron los firmantes fue el veto a la candidatura presidencial de María Corina Machado).

En conclusión, ese acuerdo fue una pantomima del régimen, aprobada por un grupo de aprovechados que por sus intereses desconocen la lucha por sobrevivir de Emiliana y de casi ocho millones de migrantes, los asesinatos, torturas, encarcelamientos y exilios practicados por el régimen y se hacen los desentendidos de que la Corte Penal Internacional acordó, por unanimidad, seguir investigando los crímenes de lesa humanidad.

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• Ha causado indignación el asesinato del teniente Ronald Ojeda Moreno. Esperamos que la policía chilena identifique autores materiales y a los intelectuales. ¿Pudo ser ejecutado por malandros protegidos y aliados del régimen de Maduro, como se ha evidenciado en Venezuela, donde los ha utilizado para asesinar, agredir y amedrentar?
• ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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Del 2002 al 2023 los organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares oficialistas han perpetrado miles de asesinatos; pero los rojos, con su doble moral, solo hablan del Caracazo…

Tal día como hoy, 27 de febrero hace 35 años, se produjeron saqueos de gran magnitud en Caracas y en otras ciudades que duraron hasta el 7 de marzo. En su control hubo evidentes violaciones de los derechos humanos. Diez años después, en 1999, el gobierno de Hugo Chávez reconoció esas violaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aceptó que el Estado compensara a las víctimas. Después de ese reconocimiento se han producido innumerables violaciones cometidas por los regímenes de Chávez y de Maduro, pero la reacción ha sido desconocerlas, retirarse de esa Corte y de la Organización de Estados Americanos. Sin duda, quienes detentan el poder desde 1999 tienen una doble moral.

Debemos reconocer que, algunos compatriotas, consideran normal el robo y el saqueo cuando no hay vigilancia. Una prueba es el pillaje de la carga de camiones que se accidentan en carreteras, sea cerveza o cualquier mercancía. Es decir, hay una falta de valores ciudadanos. En el Caracazo hubo poca presencia policial, ya que había una protesta de parte de los efectivos. El gobierno tardó en reaccionar y ante el desbordamiento de la situación acudió al ejército, cuyos integrantes no tienen la formación para controlar esos hechos. Las consecuencias eran de prever.

Han surgido hipótesis de que hubo injerencia de elementos de la extrema izquierda. Es probable que, una vez desatados los saqueos, ellos hayan intervenido echando leña al fuego. Incluso se ha dicho que Fidel trajo armas en su visita a Caracas, lo cual es poco probable, ya que en ese momento estaba de luna de miel con Carlos Andrés Pérez (CAP) e incluso tres años después condenó el intento de golpe de Estado de Chávez.

Otros apuntan al descontento por las medidas económicas anunciadas por CAP, pero la mayoría no se había aplicado. Pudo haber molestia porque eso no era lo que había prometido durante su campaña electoral y el derroche en su toma de posesión. Pocos mencionan que había un descontento creciente por el comportamiento del sector político y que el país venía cuesta abajo como consecuencia del derroche del programa la “Gran Venezuela” del primer gobierno de CAP, y de los malos gobiernos de Luis Herrera Campíns y de Jaime Lusinchi.

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El ingreso petrolero ya no era suficiente para seguir creando “la ilusión de armonía”, a la que se refirieron Naím y Piñango. El precio del barril de petróleo había caído a 13,5 dólares y había escasez de algunos alimentos. En todo caso, la chispa fue un aumento de la gasolina aprobada el día anterior y un incremento no autorizado del costo del pasaje Guarenas-Caracas que pasó 10 a 15 bolívares y tomó por sorpresa a los usuarios.

Ante la CIDH, los representantes de Chávez, es decir del Estado venezolano, reconocieron en noviembre de 1999, que se había violado el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad individual, a las garantías judiciales y que se había enterrado a ciudadanos sin el protocolo exigido. Oficialmente hubo 276 muertos. Además, aceptaron que el Estado tenía que compensar a las víctimas. Una queja de gente de zonas populares fue que los soldados y policías exigían presentación de recibos de los artefactos eléctricos.

¿Quiénes fueron los responsables de las violaciones mencionadas? Los rojos han querido culpar al Alto Mando militar, encabezado por el general Italo del Valle Alliegro, lo cual es injusto. Si el ejército no hubiese intervenido, los daños hubiesen sido de mayor magnitud. Lamentablemente, los soldados eran bisoños y en algunas zonas fueron recibidos con disparos. Un caso fue el asesinato del mayor Felipe Acosta Carlés. La responsabilidad recae en quienes tenían la obligación de prevenir estos sucesos, de contar con la preparación para controlarlos y de reaccionar a tiempo ante los informes de inteligencia, sin violar los derechos humanos.

Para citar solo unos pocos casos, recordemos los asesinatos ejecutados por pistoleros desde Puente Llaguno en contra de manifestantes desarmados; dentro de tres días se cumplen 20 años del asesinato de José Manuel Vilas L., de Gente del Petróleo y Unapetrol, a quien unos motorizados chavistas acribillaron en San Antonio de los Altos con el permiso de un pelotón de guardias nacionales; ese mismo 2004, un subteniente de la Guardia Nacional asesinó en Machiques a Evangelina Carrizo durante una marcha pacífica; en el 2019 en la Dirección de Contrainteligencia Militar torturaron hasta causarle la muerte al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. El Observatorio Venezolano de Violencia informó que en el 2022 hubo 1240 muertos en intervenciones policiales por supuesta resistencia a la autoridad, 5799 casos estaban en averiguación y hubo 1370 denuncias de desapariciones. En el 2023, hubo 953 fallecidos en intervenciones policiales y 4064 muertes violentas en averiguación.

Reciente está el caso de Rocío San Miguel, abogada defensora de los derechos humanos, a quien aplicaron desaparición forzosa y, al 25 de este mes, no habían permitido la visita de sus abogados. Ella tiene medida cautelar de protección de la CIDH y, además, esta instancia había exigido que el Estado la compensara por un despido ilegal en el 2004 por haber firmado la solicitud de referendo revocatorio presidencial. Ese despido lo hizo José Vicente Rangel y las nuevas acusaciones las realizó Tarek Saab Williams, ambos se promocionaban como defensores de los derechos humanos.

 ¡Qué ironía! Esa es la doble moral de quienes usurpan el poder.

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• La decisión de una Corte de Apelaciones de Nueva York en el caso de los bonos PDVSA 2020, emitidos con respaldo de CITGO, evidencia que la estrategia de Asamblea Nacional 2015 y de la directiva ad hoc de Pdvsa, presidida por Horacio Medina, era la adecuada. Esos bonos debían contar con la aprobación de esa Asamblea.
• Lamentamos el fallecimiento de Yenny Hernández Guzmán, compañera de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
• ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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El régimen creyó que sus fechorías pasarían inadvertidas y que no importan las protestas de la comunidad internacional, ni el rechazo que tiene en Venezuela. Está equivocado. Tendrá que realizar elecciones libres

El cuento se repite. Cada vez que el régimen se siente acosado inventa conspiraciones e intentos de magnicidio para encarcelar a opositores. Quiere que entendamos que, con o sin motivo, cualquiera puede ir preso, torturado e incluso asesinado. Para ello cuenta con fiscales y jueces incondicionales, aunque algunos se arrepienten, y con testigos que se venden o que declaran bajo tortura. Ahora, inventaron otra conspiración para encarcelar a Rocío San Miguel. Frecuentemente involucran a María Corina, a la CIA, DEA y a los expresidentes colombianos Uribe y Santos. Aquí recordamos algunos de los cuentos del régimen.

El 11 de abril del 2002 culparon a unos efectivos de la Policía Metropolitana de la masacre. Todavía mantienen presos a Erasmo Bolívar, Luis Molina y a Héctor Rovaín, a pesar de que las balas en los cuerpos de los asesinados no pertenecían a sus armas. La verdad es que quienes dispararon fueron los pistoleros rojos en presencia de Freddy Bernal. La fiscal que los imputó fue Haifa El Aissami, premiada con cargo diplomático y los sentenció Marjorie Calderón, recompensada con el cargo de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

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En el 2004 fue asesinado el fiscal Danilo Anderson. En su casa encontraron fajos de billetes y una maquinita para contarlos. Pareciera que quisieron ocultar a los verdaderos autores. Siguen presos Otoniel, Rolando y Juan Bautista Guevara y fueron asesinados por la policía política Antonio López Castillo y Juan Carlos Sánchez. También el régimen intentó involucrar, entre otros, a Alberto Federico Ravell y a Nelson Mezherane. El entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, presentó un “testigo estrella”, como lo denominó, y descaradamente declaró “con verle los ojos supe que decía la verdad”. Poco después, su testigo estrella Giovanny Vásquez reconoció que le dieron 500.000 dólares para acusar a quienes le ordenaran. Los Guevara tienen derecho a la libertad condicional, pero no se la otorgan porque ellos no aceptan la culpa.

A principios del 2014, Leopoldo López fue acusado de “incitar subliminalmente” a la violencia. Fue imputado por el fiscal Franklin Nieves y sentenciado a casi 14 años por la jueza Susana Barreiros. Un año después, Nieves solicitó asilo en Estados Unidos y declaró que Maduro lo obligó a inventar el expediente. Inmediatamente lo destituyó la fiscal general, Luisa Ortega, quien años después también solicitó asilo y se mostró arrepentida. También, en ese año, el régimen interceptó una llamada telefónica advirtiendo que “iban a ocurrir actos sangrientos”. Como se mencionó el apellido Gerbasi, el régimen señaló al distinguido internacionalista Fernando Gerbasi, que falleció en el exilio. El fiscal fue el mismo Nieves. Otro fiscal que tuvo que salir del país es Zair Mundaray.

Como consecuencia de las protestas estudiantiles, ese 2014 el régimen asesinó a varios jóvenes y realizó falsas acusaciones a opositores. Le tocó el turno a Henrique Salas Römer, excandidato presidencial y exitoso exgobernador de Carabobo, a Gustavo Tarre Briceño, distinguido constitucionalista, al exministro Diego Arria y a Pedro Mario Burelli, exdirector de Petróleos de Venezuela. También señalaron al entonces embajador de Estados Unidos Kevin Wittaker. La prueba fueron uno correos electrónicos supuestamente enviados por María Corina Machado, los cuales fueron calificados de falsos por expertos internacionales.

En el 2017 hubo muchas protestas. Numerosos jóvenes fueron asesinados. En el 2018 ocurrió el caso de los drones, uno de los cuales explotó en el aire cerca de la tribuna en la que se encontraba Maduro. Hubo muchos detenidos que fueron torturados. El régimen difundió la absurda versión de que Julio Borges y el expresidente Santos de Colombia habían participado. Diecisiete ciudadanos fueron sentenciados sin tener derecho a la debida defensa.

El fiscal declaró que “ella tenía orden de aprehensión por supuestamente estar vinculada a trama conspirativa e intento de magnicidio”. Posteriormente, fue imputada por “traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir”. ¡Qué descaro! Ese fiscal también ordenó detener a la hija de Rocío y a sus hermanos, posiblemente para torturar sicológicamente a Rocío e intentar doblegarla. Además, hubo desaparición forzada, al igual que en los casos anteriores, de Luis Camacaro, Juan Freites, Guillermo López y Víctor Venegas.

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Gobiernos, parlamentos, organizaciones y personalidades internacionales han rechazado las violaciones a los derechos humanos y, recientemente, el encarcelamiento de Rocío. Las respuestas groseras de Maduro, de los trastornados hermanos Rodríguez y del ministro Yvan Gil han sido vergonzosas. Las valientes Laura Louza, Claudia Carrillo, Andrea Santacruz, Martha Tineo y Lexys Rendón, de ONG defensoras de derechos humanos protestaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyos trece miembros fueron expulsados. Excelente el video de 33 mujeres de diferentes países, entre ellas María Corina, apoyando a Rocío.

El régimen creyó que sus fechorías pasarían inadvertidas y que no importan las protestas de la comunidad internacional, ni el rechazo que tiene en Venezuela. Está equivocado. Tendrá que realizar elecciones libres.

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Como (había en botica)

• Tarek William condenó a Israel por sus acciones en contra de los terroristas de Hamás, pero no mencionó la masacre en el kibutz de Kfar Aza, ni el secuestro de ciudadanos israelitas. Abogamos por un armisticio y que las partes entiendan que les conviene que haya dos Estados, como aprobó la ONU en 1948.
• Alexéi Navalni muy probablemente fue asesinado por órdenes de Putin.
• Lamentamos el fallecimiento de Pedro Pereira, compañero de Gente del Petróleo, distinguido profesional y apreciado amigo.
• ¡No más prisioneros políticos ni exiliados!

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En Venezuela, Maduro tiene armado un gran carnaval para intentar prolongar la agonía de su régimen

El título El gran carnaval es de una película de 1951. Un periodista majunche y sin principios manipula para que se prolongue el rescate de un hombre atrapado en una mina y así lograr que su reportaje se mantenga varios días en primera plana. Al final el hombre atrapado muere. En Venezuela, Maduro tiene armado un gran carnaval para intentar prolongar la agonía de su régimen. Quienes ocupan Miraflores están disfrazados de demócratas, para lo cual organizan elecciones a su medida. Los jueces se disfrazan de la diosa justicia, pero interpretan que la balanza que porta Lustitia debe inclinarse siempre a favor del régimen y que la espada es para asesinar judicialmente a los opositores. El Alto Mando hace tiempo está disfrazado con el uniforme militar, disimulando la camisa roja del partido oficialista. Algunos políticos, que son alacranes colaboracionistas del régimen, se disfrazan de opositores.

Algunos asisten por necesidad. Otros para hacerle el juego al régimen. Cabe preguntar quién es quién en este gran carnaval. Hay que entender que los empresarios acuden a las reuniones para sobrevivir. Mientras exista un Estado que decide sobre vidas y haciendas no les queda otro remedio. Tienen la obligación de mantener abiertos sus negocios, no solo para proteger su patrimonio, sino también la fuente de empleo de muchos compatriotas. Necesariamente, eso pasa por atender citaciones a reuniones de quienes detentan el poder. Por ello, no tiene sentido someterlos a la vindicta pública cuando asisten o cuando declaran en términos conciliadores.

Desde luego todo tiene un límite. Por ejemplo, Adán Celis, presidente de Fedecámaras solicitó que se levanten las sanciones porque han empobrecido al país. A lo cual, acertadamente Andrés Velásquez le respondió “qué infeliz declaración, la pobreza y ruina nacional son de la absoluta responsabilidad de los ladrones que están en el poder”. Celis ha podido decir que las sanciones afectan negativamente algunas empresas y que el gobierno debería acordar con la oposición la realización de elecciones libres. También podría callar.

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Otro ejemplo es Alberto Vollmer. Admiro mucho a esa familia, particularmente a don Gustavo y a don Alberto, dos grandes venezolanos que lamentablemente ya no están con nosotros. También admiro la sensibilidad social del joven Alberto. En reciente excelente entrevista que le hizo Javier Conde, declaró “que su papá le recomendó no tratar de ganarle al sistema, ya que este te va a ganar”. Él debería tomar en cuenta que esa recomendación la hizo don Alberto cuando en Venezuela había democracia. Desde luego, no pedimos que sea frontal contra el régimen, pero saludar a Maduro con el puño en alto y reír a carcajadas con Jorge Rodríguez no es constructivo. Una cosa es tener una relación con quien detenta el poder y otra es aplaudir a quienes violan los derechos humanos.

Mencionamos estos dos casos porque son ciudadanos trabajadores que han construido su patrimonio con esfuerzo propio. Hay otros empresarios, o mejor dicho seudo empresarios, que están cerca del régimen solo para hacer dinero mal habido.

En el caso de los políticos que se han acercado a Maduro, la opinión pública los censura. Hay unos que definitivamente son fichas del régimen, que les regaló una diputación, como Didalco Bolívar, Timoteo Zambrano, Bernabé Gutiérrez, Luis Augusto Romero, Javier Bertucci, Luis Parra, José Brito, Ricardo Sánchez, Miguel Salazar Rodríguez, Juan Carlos Alvarado y Luis Eduardo Martínez H. En este grupo incluimos también a Claudio Fermín. De todos no se hace uno.

Hay otro grupo, integrado por Gustavo Duque, Antonio Ecarri, Leocenis García, Gloria Pinho, Daniel Ceballos, entre otros, que coquetean con el régimen vaya usted a saber con qué intención. Me extraña y lamento que Agustín Berrios asista a esas reuniones en representación de Benjamín Rausseo, conocido como el Conde del Guácharo, quien dijo que participaría y respetaría los resultados de la primaria y después se rajó y se lanzó como candidato, lo cual es reprochable. Elsa Castillo llamó la atención por su defensa del magisterio, pero debe entender que cinco minutos de exposición ante los medios no son credenciales para aspirar a la presidencia.

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Un tercer grupo, conformado por quienes aceptan el veto de Maduro a María Corina, predica que ella debe tirar la toalla y entrar en conversaciones para designar un sustituto. Entre ellos hay bien intencionados, a quienes nos permitimos sugerir que tomen en consideración que los gobiernos y parlamentarios de los principales países democráticos han declarado que debe respetarse el Acuerdo de Barbados y que María Corina debe poder inscribirse como candidata. Los malintencionados son los que, por interés propio o de terceros, no aceptan que fueron desplazados de la política. Tiran la piedra y esconden la mano. ¿Sergio Garrido, el gobernador de Barinas?

El gran carnaval de Maduro terminará cuando se realice la elección presidencial, que con presión nacional e internacional debe permitir que María Corina participe.

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• Ojalá cuando salga este artículo la canalla haya puesto en libertad a Rocío San Miguel, valiente defensora de los derechos humanos. Este caso y la agresión en Charallave a María Corina y a su equipo evidencia que la llamada furia bolivariana es solo cobardía madurista.
• ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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Señor embajador, hago votos porque esta vez esa embajada y el gobierno de España tomen cartas en el asunto, velando por las condiciones de reclusión de la señora San Miguel y su derecho constitucional a la debida defensa

Markham, Canadá, 11 de febrero del 2024

Excelentísimo señor Ramón Santos M.

Embajador de España en Venezuela

emb.caracas@maec.es

Tengo a bien dirigirme a usted en oportunidad de referirme al caso de la señora Rocío San Miguel, defensora de los derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano. Como es del dominio público, la señora San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía y solo hoy, 11 de febrero en horas de la tarde, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que está detenida. En las horas transcurridas sus familiares, amigos y abogados desconocían su paradero, lo cual es una violación de la Constitución.

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Activistas y defensores de DDHH se pronuncian en contra de desaparición forzada de Rocío San Miguel

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Señor embajador, este atropello y los señalamientos del fiscal acusando a la señora San Miguel de estar comprometida en un intento de magnicidio es inaudito. Quienes conocemos a la señora San Miguel podemos dar fe de que ella jamás se involucraría en un hecho de esa naturaleza. Además, como es público y notorio, el gobierno del señor Nicolás Maduro inventa frecuentes conspiraciones e intentos de magnicidios. 

Este lamentable caso me permite recordar que hace años estuve en esa embajada y me entrevisté con el embajador, señor Raúl Morodo, para solicitar se investigara el asesinato de José Manuel Vilas L., el 1 de marzo del 2004. Vilas, al igual que la señora San Miguel, tenía nacionalidad española y venezolana. En esa oportunidad dicho embajador no realizó ninguna diligencia y el asesinato de este compatriota de ustedes y mío ha quedado impune. Tiempo después, supe de los negocios del señor Morodo y de su hijo con el gobierno de Hugo Chávez.

Señor embajador, hago votos porque esta vez esa embajada y el gobierno de España tomen cartas en el asunto, velando por las condiciones de reclusión de la señora San Miguel y su derecho constitucional a la debida defensa. Además, que usted averigüe cuáles son las pruebas en contra de ella. Si usted procede, se dará cuenta del montaje de este caso. A ella no le perdonan que haya denunciado las frecuentes violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela.

Atentamente,

Eddie A. Ramírez S., Cédula 2.111.366 | Miembro de la Asociación Civil Gente del Petróleo

eddiearamirez@hotmail.com

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No puede ser triunfo de un régimen el tener que aceptar poner en libertad a venezolanos inocentes a cambio de alguien señalado como delincuente. No sobrevaluemos la importancia del mismo

La reciente excarcelación de Alex Saab para que el régimen de Maduro aceptara poner en libertad a ciudadanos estadounidenses ha levantado una tempestad de críticas en contra del presidente Biden. Se alega que Saab estaba siendo enjuiciado por cometer varios delitos, por lo que esa excarcelación fue una sinrazón, o sea una burla a la justicia, un error y una acción que perjudica la lucha contra la corrupción y deja mal parado al sistema judicial de ese país. El que en esa negociación se haya logrado también la libertad de ciudadanos venezolanos inocentes que estaban encerrados por razones políticas pasó indebidamente a un segundo plano.

¿Cuáles fueron las razones del presidente Biden para tomar esa decisión que implica un acercamiento a Maduro? Los más alegan que es la necesidad que tiene Estados Unidos de nuestro petróleo. ¿Es esto cierto? En estos momentos la nación norteña es la primera productora de petróleo crudo con 12.760.000 barriles por día y al sumar los líquidos del gas natural y los de origen vegetal, la cifra asciende a 20.580.000. Desde luego, todavía debe importar algo más de cuatro millones de barriles por día, la mayoría de los cuales los obtiene de Canadá.

Es decir, nuestro petróleo no es imprescindible y de hecho han estado varios años sin depender del mismo. Una fuerte presión que tiene Biden es de compañías como Chevron y empresas de servicio que están en Venezuela a las que el régimen debe muchos millones de dólares, por lo que requieren recuperar sus inversiones y gastos. Obviamente, esas empresas hacen lobby para un acercamiento entre los dos gobiernos.

¿Qué otros factores influyen en ese acercamiento? Uno muy importante es la política tradicional de Estados Unidos de recuperar a sus ciudadanos presos en el extranjero por diferentes razones. Eso cuesta entenderlo porque Venezuela no se preocupa por sus ciudadanos detenidos en el exterior. Solo Chávez y Maduro han hecho gestiones para la excarcelación del terrorista Ilich Ramírez (el Chacal) y eso solo por afinidad ideológica y para ponerlo en libertad apenas llegue a Venezuela. Afortunadamente, los franceses no han cedido.

Un amigo, asilado en Estados Unidos, nos comenta que el factor de más peso para ese acercamiento entre un país democrático y otro en donde impera una dictadura siglo XXI, son los problemas que causan los que buscan refugio. Entre ellos, miles de venezolanos que huyen del hambre, la inseguridad, escasez de servicios públicos y de la persecución política, males causados por el régimen de Maduro.

Biden entiende que esa migración no se detendrá hasta tanto no salgan del poder quienes están en Miraflores. Por eso, aunque a muchos les cuesta entender, la política exterior de Biden sí está dando pasos para que se realicen elecciones libres en Venezuela y pueda asumir un gobierno que recupere nuestra economía y respete la Constitución. ¿Podrían ser acciones más rápidas? Ciertamente. Y habrá que esperar si la presión logra que el TSJ decida que Mará Corina sí puede participar en la elección del 2024.

Algunos compatriotas piensan que el poderoso gobierno estadounidense dispone de medios de fuerza para doblegar a Maduro. Sin embargo, se olvidan que después de los reveses en Vietnam, Irak y Afganistán, el pueblo norteamericano, afortunadamente, no apoya ninguna intervención militar.

Del lado nuestro, todavía hay quienes sueñan en una insurrección de nuestros militares o en una de carácter civil. Las respetamos y ojalá se pudieran dar, pero no parecen ser factibles. Esta realidad obliga a negociar, lo cual implica que no podemos obtener todo lo deseado. Negociar no es rendirse, ni dejar de lado los principios y valores. Es luchar para obtener algunas concesiones que nos permitan desplazar al régimen vía electoral. ¿Difícil? Claro que sí.

Es entendible la gran molestia que tenemos por la excarcelación de Saab y la propaganda que hace el régimen como si hubiese logrado una victoria. Eso nos nubla un poco y no evaluamos ese hecho con serenidad. No puede ser triunfo de un régimen el tener que aceptar poner en libertad a venezolanos inocentes a cambio de alguien señalado como delincuente. No sobrevaluemos la importancia del mismo, tildado por algunos como “El Canario” y por otros como “El Sapo”.

Nos alegramos por la libertad, aunque sea condicional, de varios compatriotas. Más vale que un delincuente esté libre a que un inocente esté preso. Además, no es cierto que la entrega de Saab debilita nuestra lucha. Todo lo contrario, la fortalece.  

Este año hemos avanzado por el difícil camino de recuperación de la democracia. Logramos una gran victoria al realizar sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral una elección primaria en la que seleccionamos a María Corina como nuestra candidata; a pesar de que todos apoyamos nuestro derecho sobre la Guayana Esequiba, el pueblo rechazó por innecesario y contraproducente el referendo convocado por el régimen y la poca asistencia evidenció repudio a esa absurda acción de Maduro. Posteriormente, este sufrió otra derrota humillante en la reunión de Kingstown. A los militares que envió a Tumeremo tuvo que decirles ¡Vuelvan, carajos!, muy distinto al heroico grito de Páez en la batalla de las Queseras de Medio.

Nuestros esfuerzos en el 2024 deben dirigirse a lograr que se levante el veto a María Corina Machado, que se abran más sitios del Registro Electoral en el país, que se apruebe un mecanismo para que sea viable el voto de unos cuatro millones de venezolanos en el exterior y, desde luego, la libertad de todos los presos políticos que siguen en las mazmorras, algunos en mal estado de salud.

No puede haber una Feliz Navidad mientras haya presos políticos y exiliados, compatriotas pasando muchas penurias en Venezuela y en los caminos verdes buscando mejores oportunidades y otros con dificultades para adaptarse y ganarse la vida en otros países. Sin embargo, la esperanza del cambio está presente. La realidad indica que hay razones para ello.

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