Con esto del extremo cuidado que hay que tener en el uso del lenguaje de género para no herir a nadie, no me queda del todo claro si debe decirse «el dron» o «la dron», para referirnos al aparato tipo helicóptero chiquito manejado a control remoto. En todo caso, como es mejor en estos asuntos pecar por exceso que por defecto, para que ningune se ofende, preferiré hablar de la dron.
Hecha esta aclaratoria, leo la noticia de que la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) será la primera en Sudamérica en tener la dron con armamento. Claro que la noticia no deja de extrañar, porque uno pensaba que desde hace ya bastante tiempo se contaba con elles. En los próximos días, según la información, Venezuela mostrará públicamente la dron. Con lo cual ya no será este un derecho exclusivo de potencias como los Estados Unidos el mostrarlos y exhibirlos públicamente. Según cuenta la reseña, para potenciar el poder disuasivo, se ha venido desarrollando un proyecto que se basa en la dron Arpía, que será presentado en la Expo Tecnología Aeronáutica (ETA2021).
El uso que se dará a esta avanzada tecnología militar no ha sido revelado. Supone uno que se usará para combatir a las bandas criminales que están no menos armadas que las militares.
Seguramente en la Cota 905 también tienen la dron. Así que esta será una batalla al estilo de la Guerra de las Galaxias. Bien dice el dicho que “la dron que enfrenta a la dron, tiene 100 horas de autonomía”.
Quizá otro uso que se le podría dar a la dron podría ser el rescate de tanta gente retenida en las cárceles del país del norte. Aprovechando cuando algunos de ellos esté de paseo en el patio quizá la dron podría llegar disparando a diestra y siniestra al estilo del Juego del calamar y remolcar a la víctima de la justicia hacia un lugar menos hostil. Seguramente, en estos casos se requerirá un comando de la drones por el peso de la persona a rescatar y con autonomía de vuelo para soltarlo al menos en Cuba.
La dron podría vigilar, por ejemplo, empresas estratégicas, como las de la electricidad, para evitar, con su vigilancia, nuevos sabotajes del imperio. En todo caso, con esta notable mejora en la capacidad de ataque de Venezuela, quizá, de una vez por todas, se pueda atacar el hambre, la crisis educativa y la falta de asistencia sanitaria, algunas de las más urgentes batallas que nos quedan por librar.
Los aparatos se fabricarán en la Empresa Aeronáutica Nacional (EANSA), fundada en febrero de este año en búsqueda de la «independencia tecnológica» del país
Nicolás Maduro afirmó este 19 de noviembre que Venezuela fabricará «pronto» drones multiusos y «para la defensa» a través de una empresa aeronáutica fundada este año, y que esta misma jornada presentó dos prototipos de aeronaves de entrenamiento.
«Ya pronto vamos a estar fabricando nosotros, los venezolanos, drones de uso civil y multiusos (…), drones para el desarrollo nacional, para la defensa nacional, hechos en Venezuela», dijo durante un acto de trabajo transmitido por la televisión pública VTV, sin ofrecer mayores detalles.
De acuerdo con Maduro, los aparatos se fabricarán en la Empresa Aeronáutica Nacional (EANSA), fundada en febrero de este año en búsqueda de la «independencia tecnológica» del país.
Este mismo fabricante presentó este jueves dos aeronaves para el entrenamiento de pilotos y la observación, «hechos enteramente en Venezuela, con mano de obra venezolana y mente venezolana», aseveró Maduro.
El viceministro de Transporte Aéreo de Venezuela, Ramón Velásquez, aseguró que estas aeronaves tienen una autonomía de vuelo de cinco horas, aunque no informó sobre otros detalles técnicos o mecánicos.
En la televisión pública venezolana se mostraron imágenes de los aparatos, identificados como EANSA 1 y EANSA 2, y rotulados con los colores y siglas de la compañía aérea estatal de Venezuela, Conviasa, que Velásquez también dirige.
Sobre Conviasa, que tiene una flota de una cincuentena de aviones, pesan desde febrero pasado sanciones del Gobierno de Estados Unidos, que señaló que la empresa era usada para «trasladar a funcionarios corruptos del régimen (de Nicolás Maduro) en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos».
Venezuela respondió al castigo tachándolo de «grave error», al tiempo que anunció acciones legales en el plano internacional, sin que hasta ahora se conozcan los avances al respecto.
Las sanciones impiden a ciudadanos y empresas relacionadas con Estados Unidos hacer negocios con Conviasa -como la venta de repuestos o combustible-, lo que dificulta las operaciones internacionales de la aerolínea.
LOS ATAQUES CON DRONES CONTRA dos fábricas de Saudi Aramco en las provincias de Abqaiq y Khurais el sábado provocaron incendios que la compañía petrolera estatal puso bajo control, dijo el portavoz del Ministerio del Interior saudí sin identificar la fuente de los drones.
Los objetivos precisos y el alcance de los posibles daños no estaban claros. Aramco no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Abqaiq, a 60 km al suroeste de Dhahran, en la provincia oriental de Arabia Saudita, contiene la planta de procesamiento de aceite más grande del mundo. Khurais, 190 km más al suroeste, contiene el segundo yacimiento petrolífero más grande del país.
Las tensiones están aumentando en la región después de los ataques de junio y julio contra petroleros en aguas del Golfo, que Riad y Washington culparon a Irán. Teherán niega las acusaciones.
Los combatientes hutíes alineados con Irán en Yemen también han lanzado ataques sobre la frontera, atacando el yacimiento petrolífero de Shaybah con aviones no tripulados el mes pasado y dos estaciones de bombeo de petróleo en mayo. Ambos ataques causaron incendios pero no interrumpieron la producción.
Las fuerzas de seguridad frustraron un ataque de Al Qaeda contra Abqaiq en 2006.
Aramco se está preparando para emitir acciones ya este año como parte de los esfuerzos para diversificar la economía del mayor exportador de petróleo del mundo, lejos del crudo. Ha contratado a nueve bancos como coordinadores globales conjuntos para dirigir la oferta pública inicial y se ha reunido con los banqueros esta semana en Dubái para acelerar los planes de cotización.
Numerosas informaciones se desprenden de un expediente de más de 26 piezas con la investigación sobre el estallido de aeronaves no tripuladas durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. ¿Labor de inexpertos o un “hecho controlado”?
El 4 de agosto se cumplió un año desde que estallaron dos drones manejados a control remoto, durante un acto militar que encabezaba el presidente Nicolás Maduro, en la avenida Bolívar de Caracas.
Un hecho con tales características no tiene precedentes en la historia venezolana, y probablemente en la historia mundial, si se toma en cuenta que las aeronaves no tripuladas del tipo usado en este episodio solo pueden ser adquiridas en el mercado civil desde tiempos relativamente recientes.
En filas del chavismo, y especialmente luego de la crisis de abril de 2002, se extremaron los cuidados para prevenir que el mandatario fuese víctima de un ataque como el que ejecutaron en Egipto para matar a Anwar el Sadat, en 1981. Esto implicaba inutilizar las armas que portaban los militares que participaban en los desfiles o paradas.
Pero la tecnología de los drones abría la posibilidad de un ataque a distancia. Parecía un escenario novelesco, hasta el 4 de agosto de 2018.
A un año de aquel episodio, han surgido informaciones que sirven para entender algunos aspectos cruciales, y que reposan en un expediente de más de 26 piezas.
La última tarima de Chávez
En una serie de trabajos publicada en este mismo espacio en los días inmediatos a las explosiones se indicó que uno de los aspectos fundamentales de la investigación tenía que ver con la “puesta en escena”. Entonces, se celebraba el 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional. La parada militar solía ser efectuada en el patio de honor de la Academia de la GN, en Fuerte Tiuna, o en su defecto en el Paseo Los Próceres.
Según Contrainteligencia Militar y la Fiscalía, encarnada por el abogado Farik Karim Mora, la responsabilidad por la escogencia del lugar y la diseminación posterior de la información relativa a esta decisión correspondió al general de división Alejandro Pérez Gámez, el oficial de mayor graduación detenido hasta el momento por este caso.
Pérez Gámez era director de Orden Interno de la Guardia Nacional. Durante las investigaciones, sostuvo que la elección del escenario del acto aniversario era competencia habitual de los oficiales del área de Logística. Pero que el año pasado se planteó hacer algunos cambios sobre el particular. Dijo que se trataba de una decisión en la que participaba el generalato. En esa instancia plantearon hacer la parada en Maracaibo, otros mantenerla en Los Próceres y otros en la avenida Bolívar, con el argumento de que fue el lugar escogido por Hugo Chávez para su último mítin.
Una vez que el cuerpo de generales acogió esta última propuesta, recordó, se creó un grupo de whatsapp para hacer las convocatorias y ventilar los detalles de organización que implicaba el traslado de unos tres mil hombres a esa arteria vial. Se hicieron además tres reuniones preparatorias y, según Pérez Gámez, la Casa Militar (cuyo comandante es el mismo director de la Dgcim) estaba al tanto de todos los arreglos.
Contrario a lo que se hacía en años anteriores, por razones de seguridad el acto en la avenida Bolívar no fue ensayado. Los vecinos del lugar se enteraron vagamente de que algo harían en el extremo oeste de la vía cuando comenzó la instalación de las tarimas, el miércoles 3 de agosto.
Cuando estalló el primer dron, a unos 25 metros de altura y a media cuadra de distancia con respecto a la tarima donde estaba Maduro, Pérez Gámez se encontraba en un palco especial junto a los demás generales del componente.
Eran cinco drones
Poco después de la primera explosión, aproximadamente a medio kilómetro al sur del lugar donde se desarrollaba el acto militar, otra pequeña aeronave caía en un techo frente a la fachada norte del edificio Don Eduardo, en la esquina Curamichate. Inmediatamente estalló y un abrió un boquete en la pared externa del inmueble.
En los días que transcurrieron hasta el lunes 6 de agosto fueron apareciendo otros aparatos similares. Uno, en la cabina de una camioneta, cerca de donde explotó el segundo dron. Otro, en la oficina 10B del edificio Cipreces. Desde allí, según la versión gubernamental, se produjo el despegue de la aeronave que voló sobre la avenida Bolívar.
El último aparato del que se tenga noticia fue encontrado por un grupo de empleados de Fundacomunal, cuando tomaban un descanso el lunes 6 de agosto a las 10 am. Los trabajadores fumaban cerca de una ventana del despacho público, ubicado en el piso 15 de la Torre Este de Parque Central. Una mujer se asomó para lanzar una colilla, y encontró los restos de otro aparato Phantom blanco, sobre una cornisa. Aparentemente, se había estrellado contra la ventana sin que se produjera explosión alguna. Algunas de sus hélices fueron a dar a la planta baja.
La tesis esbozada por la Dgcim y la Fiscalía es que estos dispositivos fueron traídos al país por partes desde Cinacota, Colombia, donde supuestamente se hicieron los primeros ensayos de lo que llaman el “magnicidio frustrado”. Pero la investigación no ofrece datos o testimonios que permitan corroborar esta teoría.
“Sabían lo que iba a suceder”
Hasta el momento, por este caso han sido presentados diecisiete personas ante el juzgado primero contra terrorismo a cargo de la abogada Carol Padilla. Dos de ellas son generales y otra coronel de la Guardia Nacional. Los demás son civiles. Entre ellos figura el diputado Juan Requesens. En el expediente también se hace mención al concejal Fernando Albán, muerto en octubre de 2018 mientras se encontraba en custodia del Sebin, en Plaza Venezuela, y el capitán de corbeta Rafael Acosta, quien de igual forma murió como consecuencia de la golpiza que le dieron mientras estaba detenido en Contrainteligencia Militar, en virtud de las averiguaciones sobre el alzamiento militar del 30 de abril.
Otro nombre mencionado es el del coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Por ende, el expediente sobre el estallido de los drones pareciera plantearse como un capítulo más de un largo conflicto, en el que también participaron el inspector jefe de la policía judicial Oscar Pérez y el capitán retirado de la GN Juan Carlos Caguaripano.
Algunas de las personas que fueron involucradas en este expediente son líderes políticos que en su mayoría no se encuentran en el país. Pero en los interrogatorios, los agentes de la Dgcim exigían –a menudo con torturas- que los implicaran. Así lo reveló el general de brigada Héctor Hernández da Costa durante la audiencia preliminar.
Este oficial, alférez mayor de la promoción egresada de la Efofac en 1989, había sido jefe del comando antidrogas de la GN. No presenció el acto aniversario de 2018 pues se encontraba de reposo médico. No obstante, la Fiscalía le imputa el rol de “planificador” de los ataques. Cuando era sometido a interrogatorio, un funcionario conocido como Ezequiel le planteó “la gran oportunidad de su vida”.
“Usted decide: solo tiene que decirnos la vinculación que tienen Julio Borges, Juan Requesens, Antonio Ledezma, Maria Corina Machado y Leopoldo López con el magnicidio”, le dijeron.
Por su experiencia, Hernández sabía que estaba ante el juego de “policía bueno, policía malo”. Y que el segundo rol correspondía a un teniente de navío, quien ya había dejado en su cuerpo algunos indicios de lo que vendría.
La declaración de este general ha sido la más prolongada. Para él, los estallidos del 4 de agosto de 2018 necesariamente contaron con el concurso de oficiales de la Casa Militar.
“Fue un hecho controlado. Sabían lo que iba a suceder, pero lo dejaron correr para ganar indulgencia con el Presidente”, afirmó.
Más de un año ha transcurrido desde aquellos hechos. La Guardia Nacional ha sido profundamente impactada, no solo por los detalles de este caso sino, en términos más amplios, por su rol en el conflicto político que atraviesa el país. Una evidencia fue el tono de los actos correspondientes al último aniversario: en el Patio de Honor de la Academia, sin público, con un Maduro confinado y bajo extremada vigilancia. Adelante, una Guardia Nacional mermada en su moral y capacidades, que ahora se ve obligada por decisión presidencial a admitir a contingentes de milicianos para compensar de alguna forma el deslave de sus tropas.
Quizá esto no ha sido observado con suficiente énfasis, pero los movimientos militares más importantes y evidentes de este año en contra del Gobierno han surgido de este componente (21 de enero, 30 de abril). Aún así, la población continúa viendo a la GN con desdén, como consecuencia de las “atrocidades” contra los manifestantes, observadas por el ministro Padrino, y una profunda corrupción, de la que por cierto no tiene el monopolio.
Breves
-El 10 de julio, agentes de la policía judicial asignados a Interpol detuvieron en la playa El Cardón de Margarita al francés Chirstian Maillaud, también conocido como Stan. Según su novia y compañera de peripecias en los últimos doce años, Janette Seemann, ambos recién finalizaban una sesión de trote por la playa cuando fueron interceptados por los policías, quienes se llevaron al hombre sudoroso, y lo recluyeron en una celda de la agencia internacional en Caracas. Alias Stan es el centro de una controversia en Francia, debido a los métodos radicales que aplicaba para la protección de menores de edad, de quienes se creía podían ser víctimas de abuso sexual por alguno de sus padres. Según su pareja, estos procedimientos incluían llegar a un acuerdo para el traslado del menor de edad junto a alguno de sus representantes, a un sitio donde el otro no lo pudiera encontrar. Seemann y Maillaud llegaron a la convicción de que los tribunales franceses no garantizan la justicia. De allí que, según esta lógica, fuese imperativo aplicar medidas drásticas. “¿Si no podemos encontrar justicia (en los juzgados), cómo podíamos arreglar estas cosas?”, se preguntó ella. Mailllaud fue miembro de las Fuerzas Especiales francesas y de la Gendarmería. Luego, en la vida civil, fundó varias empresas de seguridad en la Isla de Reunión. En 2018, un tribunal galo lo condenó por un delito equivalente al rapto de una niña de cinco años de edad, Camille, quien presumiblemente fue ayudada por él a salir del país junto a su mamá, Priscilla. Maillaud y su compañera abandonaron Francia y, según ella, fueron en una especie de periplo por islas del Caribe, que incluyó Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, hasta llegar a Margarita. En cada isla, hablaron con los embajadores venezolanos, para solicitar asilo. Pero nunca les fue otorgado formalmente. Una vez en Interpol Caracas, el ex comando se declaró en huelga de hambre. Dice que prefiere morir en Venezuela que ser recluido en su país natal. Ahora, Francia se encuentra en un dilema: ¿formalizará la solicitud de extradición ante el Tribunal Supremo de un Estado cuya legitimidad desconoce? Hasta el momento de redactar estas líneas, tal acción no se ha concretado.
-El 2 de agosto, el canciller estadounidense Mike Pompeo anunció la revocatoria de visa y la prohibición de entrada a EEUU para el mayor general (Ejército) Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar, y del teniente coronel (GN) Rafael Bastardo, ex jefe de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. El anuncio parecía extemporáneo pues ambos habían sido incorporados en la lista OFAC del Departamento del Tesoro el 15 de febrero, por su participación en violaciones continuadas a los derechos humanos. Esta medida no solo trae como consecuencia automática la congelación de todos los bienes y activos de las personas señaladas, sino también un impedimento de viajar a EEUU. El aspecto más relevante del anuncio de Pompeo, entonces, no tenía que ver directamente con estos funcionarios, sino con la extensión de la medida a sus respectivas esposas e hijos. Esto envía un importante mensaje a más de 140 personas que están en la misma lista, en cuanto a que sus familiares directos también podrían ser expulsados del territorio estadounidense. Julio, además, fue un mes especialmente activo en cuanto a sanciones del Tesoro relacionadas con el caso venezolano. Hubo cuatro anuncios que afectaron a catorce personas, a la Dirección de Contrainteligencia Militar como institución y a más de quince empresas, algunas de ellas ubicadas en Cuba. Un indicador de que, luego de una relativa calma, Washington intenta escalar el conflicto con el régimen de Maduro.
EL PRESUNTO ATENTADO EN CONTRA DEL PRESIDENTE Nicolás Maduro fue, de acuerdo con la información oficial difundida, un plan que ameritó la participación de al menos 19 personas. En el grupo se encuentran ex militares, parlamentarios y civiles. Fueron justo estos últimos quienes se encargaron de la ejecución de lo que hoy se conoce como la “Operación Fénix”, plan en el que se intentó perpetrar un magnicidio con dos drones cargados de C4 y metralla.
Desde el mismo día de los hechos, el pasado 4 de agosto, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a 11 sospechosos. De este grupo, cinco (45 %) son menores de 25 años, es decir, se criaron bajo la era Chávez. Otros cuatro (36 %) son menores de 40 años. Solo uno tenía más de 20 años cuando el chavismo llegó al poder. A otro más no se le ha podido verificar la edad.
La versión oficial asegura que el grupo se dividió para actuar en dos escenarios distintos.
Juan Carlos Monasterios, presunto jefe de la operación, junto a Henryberth Rivas Vivas, José Miguel Estrada y Argenis Valera Ruiz llegaron a la avenida Este 12 a bordo de una camioneta Chevrolet Orlando para operar uno de los drones.
El otro equipo, integrado por Brayan Oropeza Ruiz, Yanín Fabiana Pernía Coronel y Alberto Bracho Roquez, hizo volar el otro dron desde el Centro Empresarial Cipreses, en la avenida Sur, a una cuadra de la avenida Bolívar, donde se llevó a cabo el acto.
El primer artefacto perdió el control poco después de elevarse y por eso se estrelló contra el edificio Don Eduardo, en la avenida Este 12, a 50 metros de la esquina El Cristo, donde estalló. El segundo explotó a 80 metros de la tarima presidencial e hirió a siete militares.
Esa misma noche, un panfleto con la frase “Se buscan” en rojo y con el membrete de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes, mostró los rostros de los jóvenes supuestamente involucrados en el magnicidio. El mayor de este grupo tiene 31 años. En mayúsculas, todos eran señalados como “terroristas solicitados autores de atentado a nuestro comandante en jefe”.
El haber expuesto las fotografías de los presuntos implicados supone una violación del numeral 4 del artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que indica que entre las reglas de actuación policial está la de “no presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de comunicación social, cuando ello pueda afectar el desarrollo de la investigación”. Así lo apunta Gonzalo Himiob, abogado del Foro Penal Venezolano, organización que tiene previsto encargarse de la defensa de algunos de los arrestados. Añade el experto que la divulgación de estas imágenes se hizo sin autorización alguna de los sospechosos aun cuando se presume que son inocentes.
Paradero desconocido
Tras los hechos, Monasterios y Valera Ruiz fueron capturados esa misma tarde en la camioneta Orlando, cuando supuestamente tenían el control del dron en las manos. Rivas Vivas y Estrada lograron huir del sitio.
Ese mismo día también detuvieron a José Gregorio Blanco, un joven oficial de Polichacao que pasaba por la zona con el uniforme en un morral. Acababa de salir de su casa, en Santa Rosalía, y se dirigía a su trabajo. Sus familiares se enteraron a través de los vecinos y lo confirmaron con el cuerpo policial en el que trabaja el funcionario. Sin embargo, por ninguna vía han podido obtener más información sobre el paradero del uniformado.
Oropeza Ruiz, Pernía Coronel y Bracho Rozquez salieron del Centro Empresarial Cipreses sin que los descubrieran, indica la versión oficial. Sin embargo, los dos primeros fueron arrestados horas después, a la 1:30 am del 5 de agosto, mientras atravesaban el estado Barinas en un vehículo Seat Córdoba, con José Del Carmen Pinto al volante, quien también fue apresado. Según Maduro, se dirigían a la frontera con Colombia.
Un día después de las explosiones, la tarde del 5 de agosto, detuvieron en la autopista José Antonio Páez, en el estado Portuguesa, a otros dos sospechosos: Estrada y Bracho Rozquez. Los acompañaban Emirlendris Carolina Benitez Rosales y Yolmer José Escalona Torrealba, quien es hermano de Yilber Escalona Torrealba, señalado por recibir y probar los drones en Barquisimeto, Lara. Tanto este último, como Rivas Vivas y José Gregorio Yaguas, un presunto explosivista, no han sido capturados.
“Me están vinculando en algo que no he hecho. Soy inocente, reportero independiente. Regresé a Venezuela a visitar a mi familia”, indicó Rivas Vivas a Runrun.es a través de una red social. “Que Venezuela sepa que mis amigos están siendo torturados por esta dictadura. Sí estuve en las protestas pero no soy terrorista”, afirmó el joven de 22 años que se identifica como reportero gráfico.
Ninguno de los familiares de los presuntos implicados ha sido informado oficialmente sobre el paradero de los detenidos. Se presume que pueden estar en la sede del Sebin del Helicoide, aunque también pudieron ser llevados al edificio de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicada en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda. A ninguno de los arrestados se les ha dejado comunicarse con sus parientes.
“A los muchachos detenidos no se les ha permitido el acceso a sus abogados ni a sus familiares, se les ha mantenido incomunicados. En este momento están, desde el punto de vista de la definición técnica, en una situación de desaparición forzada, salvo que los hayan presentado ante tribunales con un defensor público sin que nadie se haya enterado y de manera clandestina”, sostiene Himiob.
Si esta presentación ante tribunales no ocurrió, se estaría ante una nueva violación: la del artículo 236 del COPP, que establece que los arrestados deben ser conducidos ante un juez durante las 48 siguientes a su aprehensión para la audiencia de presentación.
De diputados y financistas
Durante la cadena de radio y televisión que Nicolás Maduro ofreció el martes 7 de agosto para hablar, exclusivamente, del “atentado”, informó quiénes eran los presuntos “cerebros” de las explosiones. Allí se mencionó a Osman Delgado Tabosky como financista y a los militares Rayder Russo Márquez y Oswaldo Valentín García Palomo como presuntos reclutadores y planificadores de las acciones.
El mandatario también aseguró esa noche que dos diputados a la Asamblea Nacional, pertenecientes al partido Primero Justicia, estaban vinculado a la operación: el expresidente del órgano legislativo, Julio Borges, y el parlamentario por el estado Táchira, Juan Requesens. Este último fue detenido mientras se transmitía la alocución presidencial. A ambos les allanaron la inmunidad parlamentaria a través de la asamblea nacional constituyente, totalmente chavista, y se ordenó su captura por medio del Tribunal Supremo de Justicia. Para el resto de los involucrados, incluyendo a un funcionario de Migración Colombia llamado Mauricio Jiménez Pinzón, supuestamente se emitió una alerta roja a la Interpol a fin de arrestarlos.
Se presume, dice Himiob, que los casos sean llevados por tribunales ordinarios, pero con competencia especial en materia de terrorismo. Esto a partir de las sentencias en contra de los diputados, las cuales fueron dictadas sin la presencia de sus defensores, tal como lo establece el COPP. Así, los jóvenes detenidos serían imputados con cargos como homicidio calificado en grado de frustración, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública o a la rebelión.
“A los diputados se les violaron sus derechos al debido proceso porque la forma en la que se les allanó la inmunidad parlamentaria es completamente irregular. Aun cuando la anc hubiera sido legalmente constituida, hubiese tenido facultades para allanarles la inmunidad parlamentaria, porque eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Eso, según el artículo 12 de la Constitución, es una ‘usurpación de funciones’ y cuando se incurre en esta, todas las acciones son nulas”, señaló el abogado de Foro Penal.
A todos los implicados, además, también se les ha ultrajado el derecho a la presunción de la inocencia, continuó Himiob, porque desde las más altas esferas de poder se les ha señalado como culpables sin juicio alguno y sin que se lleve a cabo una investigación “objetiva e imparcial” que demuestre qué pasó aquel 4 de agosto.
Mientras tanto, las pruebas mostradas por Maduro en cadena nacional han sido contaminadas debido a su difusión. Todas debieron mantenerse en reserva de las partes (Ministerio Público y defensores de los señalados) hasta que cerrara la fase de investigación preliminar del proceso judicial, la cual finaliza 45 días después de las detenciones.
Anunció nuevos bonos y premios para los militares y llamó a elevar a un millón la cifra de milicianos.
El presidente de la República Nicolás Maduro, encabezó este sábado una reunión con el alto mando militar con el objetivo de tratar algunos puntos y afinar estrategias como consecuencia de los últimos acontecimientos, particularmente el caso del presunto atentado cometido en su contra el pasado sábado 4 de agosto.
Entre los puntos tratados, el mandatario recomendó a los militares, “alejarse de los familiares opositores antes de perder su carrera por una imprudencia”, punto sexto de lo tratado.
Además anunció el pago de nuevos bonos y premios para el personal militar, así como la “necesidad de contar con un millón de milicianos”.
Entre los puntos tratados se encuentran:
1.- Relato de lo ocurrido y de cómo los organismos de inteligencia habían logrado conocer de la potencialidad de tales ataques y neutralizar la amenaza. Hizo énfasis en que “El Magnicidio fue orquestado, organizado, planificado y ejecutado desde el Palacio de Nariño, no es el pueblo de Colombia, pero hay una casta política y empresarial, en unión con factores del Gobierno de Trump y miembros de la Derecha venezolana donde se encuentran Julio Borges y otros”, el único responsable es Juan Manuel Santos, esperemos la respuesta del Presidente Iván Duque, y ojalá no se deje influenciar y corromper por Uribe, hay quienes me dicen que es su títere, pero yo tengo que darle el beneficio de la duda”.
2.- Es importante que se recalque al personal subalterno el “Magnicidio en grado de Frustración” realizado, la calificación penal es esa y no debe dársele otro nombre y el video debe ser reproducido en todas las unidades militares hasta el último grado de la organización con una charla al respecto por parte del cuerpo de Generales en cada área de responsabilidad
3.- Valor y fortaleza de la FANB ante el ataque y reconocimiento a los profesionales heridos durante el mismo.
4.- Confianza plena del Presidente en la FANB, ha ordenado un nuevo incremento de sueldo y primas para ella el 01 de octubre y una serie de actividades enmarcadas en la “Misión Negro Primero” para favorecer a los profesionales antes del inicio de las clases, además de potenciar el sistemas de seguridad social, créditos y otros beneficios que serán anunciados próximamente, pidiendo mucha prudencia en esta información para evitar que la “Derecha apátrida ponga a los sectores conspiradores del trabajo en contra de la misma”.
5.- Entregarán próximamente varios urbanismos para profesionales de la FANB y el personal civil que labora en el mismo.
6.- Acotó: “Yo entiendo que en la familia militar pudieran existir, en sus núcleos familiares, personas que no están de acuerdo con el gobierno, que se han dejado contaminar por la política, pero les pido lealtad completa, total, es preferible que un militar, y discúlpenme que lo diga así, que un militar deje de visitar o evite a esa parte de la familia a tener que ver perdida su carrera por una imprudencia, con esto yo voy a ser muy estricto y he girado instrucciones precisas para que se evite que seamos infiltrados o permisivos con quintas columnas; sus familias debe ser consecuentes con ustedes y pensar en ustedes antes que en quienes quieren destruir a la revolución”.
7.- Hemos logrado un acuerdo de intercambio para el mantenimiento y reparación de nuestros equipos con China y Rusia, próximamente van a unos ejercicios militares y el Ministro les dará los detalles.
8.- Es necesario llegar al Millón de milicianos, insto a todos los Generales y Almirantes a desplegar sus esfuerzos para lograr esta meta antes de diciembre, habrá un bono especial o premios para los que logren las metas.
9.- Reiteró el llamado a la lealtad al Comandante Supremo y al legado que el dejó y que está representado en su persona, cualquier información referente a conspiraciones, intentos de infiltración, de espionaje o de ataque a la FANB debe ser informado en forma inmediata, para lo cual se entregará la próxima semana equipos codificados en red con la Comandancia en Jefe y el Alto Mando Militar.
Monitoreo de teléfonos al personal militar
Finalizado el encuentro con el Presidente de la República, se efectuó reunión con el Ministro de la Defensa, Puntos Tratados:
Cumplimiento estricto de lo ordenado por el Presidente de la República entendiendo que es el Comandante en jefe de la FANB, “tal como lo hacíamos con mi Comandante Chávez”. Hay que recalcar el término correcto “Magnicidio en grado de Frustración” y que se grabe en la voz de cada uno de los miembros de la FANB.
Es necesario incrementar las medidas de Contrainteligencia para evitar ataques o asaltos a las unidades militares, sustracción de armas y equipos o sustracción de información vital de los cuarteles, tenemos información de que hacia allí apunta el gobierno de Estados Unidos y sus aliados regionales, el CEOFANB y el Gral. Barrios Quintero están trabajando eso por el MD. Hay que incrementar la inteligencia apoyándonos en la inteligencia social, las UBCH, los comités CLAP y a los aliados del Partido de gobierno y el FFM.
“Hay que tener mucho cuidado con filtraciones en nuestros cuadros profesionales, todo permiso y vacaciones del personal profesional bajo su mando debe ser monitoreado, en los teléfonos inteligentes hay una función de ubicación, entonces, cuando salen de permiso no está de menos que ustedes les pidan la ubicación a sus profesionales para evitar que estos estén en asuntos raros, al que no le guste, que recuerde que está para cumplir órdenes y es una medida de protección de la superioridad para evitarles que cometan un delito y se desgracien su carrera”
Es necesario que se tramite de manera inmediata cualquier novedad sobre dudas referente a la lealtad del personal profesional bajo su mando, hay que ejercer un liderazgo tal que les haga ganar la máxima confianza en ellos, usen redes internas e informantes, vamos a incrementar la partida para este concepto que se va a tramitar y entregar en forma directa a los Generales en funciones de Comando y estos los administren con los comandantes en forma directa; de igual forma es importante tramitar cualquier novedad social que tengan los subalternos para evitar que sean “comprados” por la derecha a través de profesionales o familiares cercanos. Tomen especial atención a la presencia de oficiales en situación de reserva activa y las visitas o contactos con sus profesionales.
Próximamente se estarán realizando unas jornadas de actualización en materia de “reafirmación de la lealtad de la FANB”, por promociones y por componentes, así que es obligatorio que en los momentos en que se dé el cronograma se cumpla en forma estricta.
Se va a realizar una serie de Jornadas de la Misión Negro Primero a partir del 10 de septiembre, para apoyar el retorno a clases de los hijos del personal profesional y civil que laboran en la FANB, hay que hacer un levantamiento de información de necesidades de vivienda, vehículos, línea blanca y línea marrón del personal militar para planificar los programas de apoyo en adquisición de los mismos a través de créditos de BANFANB y el IPSFA. Todo el personal civil y militar que labora para el Ministerio de la Defensa y los Componentes deben censarse en forma obligatoria en el “Censo Nacional de Transporte”.
Entre el 22 y el 29 de Septiembre de 2018 se van a realizar las “Maniobras de Acción Combinada Aeroespacial” con la participación de Venezuela, Rusia, China (Cuba como asesores de la FANB) con la finalidad de demostrar la capacidad que puede lograrse con la integración de los sistemas de aire, mar y tierra, lo cual será realizado por Rusia y China con sus unidades y sistemas. Se va a poder apreciar el enlace de las comunicaciones en forma tridimensional y con ello medir las necesidades de la FANB para ser presentadas al Presidente de la República. Hasta ahora los escenarios posibles son el frente oriental del país (estado Sucre – Nueva Esparta) o el frente occidental (Punto fijo – Maracaibo). Esta semana se van a designar las unidades que participarán en los ejercicios a los que deberán integrarse los profesionales que están participando actualmente en los juegos militares que se realizan en China y Rusia en la actualidad.
Recalcó las medidas de seguridad con los equipos de comunicación que van a ser asignados por la Presidencia de la República de los cuales 3 se extraviaron en circunstancias fuera de servicio y cuyos profesionales fueron destituidos de sus cargos.
El Departamento de Estado de EEUU considera “ilegal” el arresto del dirigente político Juan Requesens, acusado del atentado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y defendió que esa acción es solo “el último ejemplo de una larga letanía de abusos a los derechos humanos”.
El secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica, Francisco Palmieri, hizo esas declaraciones en un mensaje de Twitter, enviado el sábado por la noche.
“Maduro y su policía secreta siguen haciendo caso omiso del estado de derecho con su arresto y retención ilegal del miembro de la Asamblea Nacional, constitucionalmente elegido, @JuanRequesens. El último ejemplo en una larga letanía de abusos #DerechosHumanos. #11Ago #Venezuela”, afirmó Palmieri.
El Gobierno venezolano ha acusado a Requesens de ser cómplice del supuesto atentado con drones que se produjo el pasado sábado 4 de agosto mientras Maduro daba un discurso durante un acto de celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Requesens fue detenido el martes junto a su hermana, Rafaela, por funcionarios del servicio de inteligencia del Estado (Sebin).
Este viernes, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó en una rueda de prensa un vídeo en el que Requesens confiesa supuestamente haber participado en el complot a petición del expresidente del Parlamento venezolano Julio Borges, exiliado en Colombia.
En ese vídeo asegura haber coordinado la entrada a Venezuela de Juan Monasterios, también detenido por este caso.
El vídeo busca demostrar la implicación en el atentado de Borges, cuya detención ha pedido a la Interpol el Ejecutivo venezolano.
La familia de Requesens ha rechazado los vídeos y su hermana, Rafaela, ha apuntado a la posibilidad de que haya sido drogado o torturado para obligarle a hacer esas declaraciones incriminatorias.
En un discurso televisado, cuando se cumple una semana del atentado, Maduro insistió en que los responsables son el ya expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y miembros de la ultraderecha que, desde el estado de Florida (EE.UU.), activaron uno de los drones, según sus investigaciones.
Maduro ha pedido ayuda al presidente de EE.UU., Donald Trump, para capturar a los “asesinos” y se ha mostrado abierto a que el FBI viaje a su país para investigar el ataque.
Hasta ahora, el Gobierno de EE.UU. se ha limitado a rechazar su implicación en el atentado y condenar toda forma de violencia.
No obstante, una portavoz del Departamento de Estado dijo a Efe esta semana que investigará “actividades ilegales” dentro de su territorio si se aportan “evidencias creíbles”.
Los vecinos notaron algo extraño. Antes de los masivos allanamientos en los Altos Mirandinos en mayo, que precedieron a la “Operación Tun Tun por la Paz”, pequeños aparatos sobrevolaban San Antonio de Los Altos, en Miranda. Eran manejados por control remoto. Se trataba de drones, usados en una política de vigilancia que esa vez terminó con al menos 30 detenidos y varias incautaciones de herramientas utilizadas por manifestantes en las protestas.
Un dron es perfecto para la vigilancia. Son sigilosos, pequeños, ágiles y versátiles. Su definición formal es la de vehículo aéreo no tripulado. Son capaces de realizar, de manera autónoma, un vuelo sostenido y controlado. Además son reutilizables y pueden tener motores de explosión, a reacción o eléctricos. Este último tipo es el que se utiliza en ambientes urbanos.
No solo en Miranda se han utilizado. En Palma Real, al norte de Valencia, se reportó que hubo drones recorriendo la urbanización que, desde el inicio de las masivas protestas antigubernamentales en abril, ha sido un símbolo de la resistencia. Misma receta: sobrevuelos de reconocimiento y luego allanamientos masivos.
La compra y utilización de drones para la vigilancia en operativos de inteligencia es una política de Estado.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la compra de drones para reforzar los dispositivos de seguridad llamados “cuadrantes de paz”. Hizo el anuncio el 17 de enero de este año. El mayor general detalló que para ese momento había instalado 2.119 cuadrantes. La meta era de 2.300 al finalizar 2017. Entonces, era momento para que el Gobierno se fuera de compras.
Trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Monagas (Petromonagas) filtraron un documento que prueba que el Gobierno destinó 7 millones 484 mil 170 dólares para comprar drones, a través de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La aprobación del contrato la hizo Edgar Sifontes, presidente de la estatal petrolera.
Los drones también sirven para la contrainteligencia. El 18 de mayo en Maracaibo, dos infociudadanos contaron a El Pitazo que durante un escenario de represión salieron a tomar fotografías de cómo la Guardia Nacional lanzaba bombas lacrimógenas en zonas residenciales Mara Norte.
Con sus celulares, se escondieron detrás de un aire acondicionado industrial en uno de los edificios. De pronto, empezaron a caer bombas cerca del aire acondicionado —donde en teoría no había nadie, pues los guardias no tenían rango de visión. Cuando levantaron la mirada vieron un dron sobrevolando encima de ellos, equipado con una cámara y, presumiblemente, transmitiendo en directo su ubicación.
El basamento legal para la contratación directa es el numeral 2 del artículo 101 de la Ley de Contrataciones Públicas, refrendada en la Gaceta Oficial 6.154 del 19 de noviembre de 2014. Ese apartado especifica que la adquisición de material mediante contratación directa puede hacerse —sin importar el monto— cuando “las condiciones técnicas de determinado bien, servicio u obra así lo requieran o excluyan toda posibilidad de competencia o si, habiendo adquirido ya bienes, equipos, tecnología, servicios u obra a determinado proveedor o contratista, el contratante decide adquirir más productos del mismo proveedor o contratista por razones de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad con los bienes, equipos, la tecnología o los servicios que ya se esté utilizando”.
Además se agrega: “el volumen relativamente bajo del contrato propuesto en comparación con el contrato original, el carácter razonable del precio y la inexistencia de otra fuente de suministro”.
Es decir, el artículo que cita el documento oficial filtrado de Petromonagas demuestra una relación comercial previa a la compra que se autorizó en noviembre del año pasado.
La razón social de la empresa —de actividades primarias de exploración y explotación de crudo— no tiene nada que ver con la seguridad u orden interno. Tampoco queda claro el papel de un organismo militar como la Dgcim en la transacción a través de una petrolera.
Petromonagas es la misma empresa señalada en 2017 por la Asamblea Nacional. El parlamento aprobó por unanimidad un documento en rechazo a la venta de acciones de la empresa a la estatal rusa Rosneft. Esa transacción, por 500 millones de dólares, violó la Constitución, según los diputados.
El piloto García: un hombre clave
A 2.438 kilómetros de la sede de Petromonagas, en el condado de Sunrise en Florida, Tito García Montero sube una foto a su Instagram. Está probando los nuevos modelos de drones.
El hombre es un amante de la aviación y militar retirado venezolano radicado en Estados Unidos. También una persona clave en la transacción filtrada: García es presidente de TGM Aviation LLC —registrada en 2015 en Florida—, la proveedora de los equipos voladores por más de 7 millones de dólares al gobierno de Nicolás Maduro a través de Petromonagas.
Registros empresariales del país norteamericano muestran como responsable de TGM Aviation al teniente retirado de la Aviación Militar. García es natural de Caracas, cursó estudios en el liceo militar Jáuregui y luego entró a la Academia Militar de la Aviación, donde se graduó en 2003. Estudió desde 2006 a 2007 investigación de accidentes aéreos en la Escuela Superior de Guerra Aérea.
La empresa no aparece registrada en el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), un requisito indispensable para proveer al Estado de bienes o servicios. Uno de los socios o personas cercanas a García es Claudia Crescenzi Duva. La mujer aparece como directora en Global Bussines TCG, de la cual, el exoficial es presidente desde 2012 hasta la fecha, según uno de sus perfiles en redes sociales.
Esta segunda empresa aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), pero se especifica que no está inscrita, pues no terminó el proceso. Según el perfil de García, se desempeña como presidente de esa segunda firma (Global Bussines).
En Venezuela, García aparece ligado a otras empresas. Es la persona de contacto en la Constructora Corazón de España C.A., una empresa registrada con archivos en la oficina auxiliar de Pdvsa en Maturín, cerca de Petromonagas. La constructora se inscribió en el RNC en 2012 (requisito indispensable para hacer negocios con el Gobierno). Se venció un año después y actualmente está inhabilitada para contratar con el Estado según el RNC.
Crescenzi también tiene nexos empresariales en Venezuela: es la persona de contacto en la Almaduan JCA C.A., con sede en Puerto Cabello, y actualmente inhabilitada para contratar con el Estado.
El exaviador lo reconoce: hace negocios con el Gobierno. En el perfil de la red social aparece un comentario de una persona interesada en comercializar drones hacia Venezuela.
García, a través del perfil @Tito_rector, le responde al usuario: “Gracias, hermano. Sí, yo vendo al gobierno venezolano drones profesionales para vigilancia y usos industriales”, dijo en un comentario publicado hace 28 semanas. Pero sobre su registro, detalles de los contratos, modelos de los drones confeccionados y márgenes de ganancias no hay datos públicos.
El Pitazo intentó comunicarse con García a través de sus redes sociales y correos electrónicos disponibles en el RNC para obtener una opinión sobre sus vinculaciones con el Gobierno. Para el momento de la publicación de este reportaje no había respuesta del empresario.
Mercado en auge
El mercado de los drones dejó de ser incipiente. En la actualidad, la gama de posibilidades es amplia y satisface una gran variedad de necesidades. La unidad de investigación de El Pitazo ha comparado los modelos con cámara integrada de las dos principales fabricantes: las empresas chinas DJI y Syma. Los resultados comparativos de precios respecto con la orden de compra de Pdvsa demuestra que con esa cantidad de dinero se podría comprar entre 4.408 y hasta 152.025 drones, dependiendo del precio.
Es decir, suponiendo que el Gobierno desplegara un dron por cuadrante, quedarían entre 2.289 y 149.906 unidades más de las que podría requerir. Eso representa un porcentaje de compra de entre 162% y 664% más de lo que se necesita.
En el caso de que sean dos dispositivos por cuadrante y se utilizara uno de los modelos más costosos (DJI Phantom IV Pro Display), cuyo precio ronda los 1.697,99 dólares, al menos 170 unidades sobrarían.
Los modelos avanzados no son baratos. En algunos portales web de Venezuela especializados en ventas los equipos pueden conseguirse con precios que oscilan entre los 200 mil bolívares —modelos que no son para la recreación y que tienen autonomía de batería mayor a 15 minutos— hasta los 9 millones de bolívares en sus modelos más avanzados. Hay incluso publicaciones que exceden los 13 millones de bolívares.
De acuerdo con análisis disponibles en Internet, una de las marcas más destacadas en el apartado drones es DJI. Su modelo Phantom IV convencional, al que se le puede adaptar una cámara para la videovigilancia, puede costar 858 dólares.
En el país hay vendedores que lo ofrecen por siete, nueve y hasta 13 millones de bolívares. Otros más accesibles, como el DJI Phantom III puede tener un precio de 550 dólares.
Pero TGM Aviation LLC no prueba drones de marcas existentes únicamente. Tito García es fabricante. Sus redes sociales empresariales están repletas de modelos propios, cuya confección se ve mucho más avanzada y funcional que la de las marcas chinas.
El monopolio del marco legal
En agosto de 2016, durante una rueda de prensa, a espaldas de Reverol había 11 unidades móviles —tipo camiones— equipadas con aparatos de vigilancia. El ministro dijo que eran parte de un sistema integrado de monitoreo y vigilancia.
“Con la finalidad de ejercer un monitoreo permanente de todas las actividades inherentes a la seguridad ciudadana y a garantizar el orden interno y la paz”.
Añadió la adquisición de 30 nuevos drones y la publicación en Gaceta Oficial de una resolución conjunta de los Ministerios de Interior, Justicia y Paz; y el de Transporte Aéreo y Acuático para regular el uso de las aeronaves pilotadas a distancia.
El 29 de agosto de 2016, Reverol anunció que el uso de drones estaba prohibido hasta el 5 de septiembre, luego de que el Gobierno diera con un presunto plan desestabilizador que sería ejecutado en la marcha convocada por la oposición para el 1° de septiembre denominada “La Toma de Caracas”.
El ministro especificó que pilotar aeronaves no tripuladas sería castigado con la confiscación de los aparatos. También prometió que en 120 días los organismos debían desarrollar un sistema de registro de este tipo de aparatos y que toda persona que tuviera uno debía notificarlo al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) para obtener un permiso.
El 31 de agosto se publicó la Gaceta Oficial 40.978, en la que existe una resolución del Ministerio de Defensa. Allí se explica que el vuelo de drones es un asunto de seguridad nacional y que puede ser sensible para la estabilidad del Estado en algunas zonas. Por eso el plan de vuelo, despegue y aterrizaje de los drones manejados por civiles debe estar previamente autorizado por el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas y también debe contar con una planilla de registro llenada y aprobada con las características de la aeronave.
Contra los opositores
Los esquemas de vigilancia del Gobierno han funcionado no solamente contra la delincuencia organizada —como ha prometido Reverol— sino contra objetivos políticos. La noche del 6 de febrero del año pasado la esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, denunció que un dron sobrevoló su casa. El dispositivo grabó durante varios minutos a través de la ventana de su casa y en los cuartos de sus hijos.
Cuando la activista de derechos humanos se percató, cerró de inmediato las cortinas hasta que el dron se marchó. Pero no le queda duda: era manejado por organismos de inteligencia “para amedrentarla”. Eso fue tres días antes de que Reverol anunciara un plan para la vigilancia con drones como parte del dispositivo Carnavales Seguros 2016.
En este video puede ver algunos de los usos que el Gobierno le da a los drones:
Otro caso es el del exdirector de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la AN, Alejandro Puglia. El joven permaneció 56 días privado de su libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide. Su aparente delito fue volar un dron durante la gran marcha convocada por la oposición denominada “La Toma de Caracas” el primero de septiembre de 2016. El argumento de la juez 37 de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Yesenia Maza, fue presunto “favorecimiento bélico”.
La semana del 5 de junio, durante disturbios en los edificios “Los Verdes”, en el sector El Paraíso de Caracas, vecinos reportaron que drones sobrevolaron los apartamentos. Allí, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) han tumbado los portones de conjuntos residenciales para dar con el paradero de manifestantes encapuchados. Pero están, al igual que en Maracaibo, apoyados desde el aire.
En zonas de alta conflictividad, como el estado Táchira, las unidades militares ya han anunciado el uso de los aparatos voladores para la vigilancia de actividades principalmente opositoras.
El jefe de la Región de Estratégica de Defensa Integral (Redi), el general José Morantes Torres, anunció que drones serían utilizados para monitorear las concentraciones y protestas.
“A partir de ahora no aceptaremos que la marcha dé las sorpresas que se reúnen en un lugar y no sabemos para dónde van”, se lee en una declaración recogida por el diario La Nación de San Cristóbal.
Lo que ven los vecinos de San Antonio de Los Altos en el cielo y en Valencia es lo mismo que vieron Tintori o Puglia. O lo que divisan los habitantes de Maracaibo o “Los Verdes” en El Paraíso: una política de Estado para la vigilancia. Y a pesar de ser costosa, ya tiene recursos, proveedores y un futuro promisorio fuera de Venezuela, en los cálidos atardeceres de Sunrise, en Florida.
Nota del editor: Este reportaje fue realizado por la Unidad de Investigaciones de El Pitazo. Participaron en la reportería César Bátiz, Jesús Alberto Yajure y Luis Alejandro Borrero. Se utilizaron datos aportados por Pola del Guidice desde San Antonio, estado Miranda. Fue escrito por Luis Alejandro Borrero
