Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, aseguró que los estados que mejor se han adaptado al impuesto son Carabobo y Trujillo
Frente a un impuesto irracional, que es difícil de aplicar y no se comprende, la salida de los comercios ha sido la informalidad
A diferencia del Impuesto al Valor Añadido (IVA), este impuesto no se puede cruzar, por ende, no se neutraliza, si no que se suma a cada factura
El 25 de febrero de 2022, fue publicada la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras en la Gaceta Oficial Nº 6.687. A tres meses de su imposición, continúan las dudas en cuanto a su aplicación.
A pesar de indicar que sería un impuesto de 3% adicional para aquellos que pagaran en divisas, Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, indicó que se habla de un incremento de 12% en el costo final del producto.
«Todo impuesto afecta el precio final del producto. El impuesto de grandes transacciones financieras va en cascada hasta el consumidor. Dependiendo del número de niveles de canales, se habla de 12%, cada paso debe incorporar el impuesto a su factura final», explicó Polesel.
Para la presidenta de Consecomercio, el aumento de 12% es significativo. «Desde el punto de vista numérico, la gente puede pensar que este impuesto no impacta, pero sí impacta, y mucho», afirmó.
A diferencia del Impuesto al Valor Añadido (IVA), este impuesto no se puede cruzar, por ende, no se neutraliza, si no que se suma a cada factura.
De acuerdo con Polesel, el fabricante, el distribuidor, el mayorista–hay canales que tienen hasta tres y cuatro mayoristas– y el detallista deben cobrar el impuesto de grandes transacciones financieras, hasta que finalmente llega al consumidor.
«Si se empieza a sumar ese porcentaje, se va cargando de canal en canal y ahí ocurre el aumento de precio», reiteró Polesel.
Esta ley no es nueva, Polesel indicó que este impuesto ya existía para compras canceladas en bolívares, y era de 2%. «Si se paga en bolívares, también se paga el impuesto. Lo que pasa es que pesa más en el consumo de moneda extranjera», señaló.
Legislador pretende incentivar el bolívar
Según Polesel, el gobierno venezolano pretende incentivar el uso del bolívar y regresar la confianza a la moneda venezolana a través del impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.
«Consecomercio no comparte esta afirmación porque la utilización de una moneda no depende de un impuesto. La confianza se devuelve tomando otro tipo de medidas, como las macroeconómicas», aseguró Polesel.
La presidenta de Consecomercio indicó que el uso del dólar y del euro es, precisamente, por la desconfianza que tiene la población en el bolívar.
Contribuyentes especiales deben cobrarlo
Las empresas que son contribuyentes especiales están obligadas a cobrar este impuesto. Polesel señaló que estos son ciertos negocios que por su característica de volumen, exigencia de volumen y representatividad tienen exigencias diferentes para los consumidores.
«Los contribuyentes especiales son empresas que, para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), son suficientemente organizadas y ordenadas para cobrar y pagar a tiempo este impuesto», explicó Polesel.
Según Polesel, en principio, este grupo fue seleccionado con una muestra representativa de comercios, en el que se incluyeron los más «famosos» y representativos con gran volumen y gran organización.
Hoy en día son casi todos, hasta kioscos, porque sus montos de ventas se dispararon durante la hiperinflación, sin embargo, no valían nada por este mismo fenómeno.
Sin dinero para ajustarse al impuesto
Además de las confusiones que trajo consigo la imposición del impuesto las Grandes Transacciones Financieras, la incorporación a las máquinas fiscales de los comercios no fue posible por temas tecnológicos. Al no ajustarse, algunos negocios debieron comprar nuevas máquinas.
Polesel indicó que, primero, el impuesto debe incorporarse como un nuevo concepto a la factura, eso implica modificaciones en máquinas fiscales que tienen los negocios.
De acuerdo con Polesel, esa máquina tiene que comunicarse con el sistema operativo de la empresa. Cuando se impuso el IGTF, las máquinas que se tenían no tenían esta posibilidad. Al hacer esta adaptación, se afectan muchas operaciones internas de la empresa.
«Las máquinas no se ajustaron. Los comerciantes tuvieron que comprar nuevas máquinas fiscales, cada una cuesta alrededor de $1.200, es muchísimo», aseguró la presidenta de Consecomercio.
«Una cadena comercial que tenga 20 sucursales en Venezuela y tres cajas por cada sucursal, debe invertir $1.200 por cada máquina nueva, más la programación y ajustes. La cadena está enfrentando costos no planificados y en un momento altamente complejo como este«, reiteró Polesel.
«No es solo la imposibilidad de comprar nuevas máquinas fiscales, es comprarlas de manera descontada», explicó.
Ante esta problemática, el Ministerio de Finanzas diseñó un crédito a 12 meses en el Banco de Venezuela para que los comerciantes pudieran adquirir nuevas máquinas fiscales. «En el camino nos dimos cuenta que era un crédito de solo seis meses», indicó la presidenta de Consecomercio.
Si la empresa no tiene cuenta en el Banco de Venezuela, no tiene acceso al crédito. Según Polesel, la mayoría de los comercios tienen cuenta bancaria en el Banco Bicentenario.
De acuerdo con cifras de Consecomercio, solo 5% de las empresas a escala nacional han obtenido el crédito al 5%.
Polesel aseguró que los estados que mejor se han adaptado son Carabobo y Trujillo, en un porcentaje aproximado de 50%. En el resto de los estados es, como mucho, de 5%.
Consumidor no solo es afectado por el IGTF
A pesar de haber salido de la hiperinflación, los venezolanos siguen enfrentándose a un alza constante de precios.
Polesel destaca que el IGTF no es lo único que afecta al consumidor venezolano. Tras la llegada de la pandemia de COVID-19, se esperaba que 2022 fuese un año altamente inflacionario en el mundo por la etapa poscovid.
«Está siendo víctima de una inflación en el mundo, de China y de Estados Unidos. La pandemia de COVID-19 causó que los gobiernos tuvieran que pagar costos, no es gratis, eso debe pagarlo el consumidor», explicó.
Según Polesel, se debe suma al IGTF los impuestos, los costos generados por deficiencia en servicios públicos e infraestructura, el uso de planta eléctrica y gasoil, cisternas, conectividad, entre otros. «Si a eso le sumas los impuestos de los municipios, que han aumentado 2.000%, más el aseo urbano, que incrementó 3.000% o 4.000%, todo se traduce en un costo muy alto», indicó.
«Ese empresario que es emprendedor no se termina de formalizar, y la formalidad quiere informalidad, porque no puede cubrir todos los gastos», dijo Polesel.
Frente a un impuesto irracional, que es difícil de aplicar y no se comprende, la salida de los comercios ha sido la informalidad.
«La informalidad le hace un daño inmenso al fisco y a quienes estamos dentro de la formalidad», reiteró Polesel.
