Los Gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron el jueves, en una reunión encabezada por sus respectivos mandatarios en San Vicente y las Granadinas, no amenazarse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna
El secretario general de la ONU, António Guterres, «agradece» el compromiso entre las autoridades de Venezuela y Guyana de no recurrir al uso de la fuerza en su disputa por el Esequibo, dijo este viernes su portavoz, Stéphane Dujarric.
Guterres «da la bienvenida a los planes de las partes de reunirse de nuevo en Brasil en los próximos meses», añadió el portavoz durante su rueda de prensa diaria en la sede de la ONU en Nueva York.
Dujarric agradeció la mediación de las autoridades brasileñas, sanvicentinas y dominiquesas, que han ejercido de interlocutores en las conversaciones entre Caracas y Georgetown.
Los Gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron el jueves, en una reunión encabezada por sus respectivos mandatarios en San Vicente y las Granadinas, no amenazarse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna, incluyendo las «derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados».
Según un comunicado conjunto, ambos países, que se disputan un territorio rico en recursos naturales de casi 160.000 kilómetros cuadrados, acordaron que «cualquier controversia» se resolverá «de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra» de 1966, instrumento que defiende Caracas y que establece la solución del conflicto por la vía del diálogo.
En su rueda de prensa, Dujarric recordó que el asunto se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia, que hace dos semanas, justo antes del referendo, urgió a Caracas a «abstenerse» de tomar «cualquier acción que modifique» la situación del territorio al oeste del río Esequibo o que pueda «agravar o prolongar» este litigio ante el tribunal.
Guyana apela a un laudo arbitral de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que anuló el laudo y estableció bases para una solución negociada
Este jueves, 24 de noviembre, el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, informó que el Departamento de Defensa de Estados Unidos visitará la nación la próxima semana. Añadió también que tomarán «todas las medidas necesarias» para defender a su país.
«Nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional», dijo en rueda de prensa el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo.
Jagdeo afirmó que están interesados en mantener la paz en su país y en las fronteras, pero que ha estado trabajando con aliados «para garantizar un plan para todas las eventualidades».
#Atención Vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, indica que el Departamento de Defensa de EE.UU visitará Guyana la próxima semana. Indica que tomarán todas las medidas necesarias para defender a su país. #23Nov#MiMapa
— Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo (@AntroCanal) November 23, 2023
Representantes del Departamento de Estado visitarán Georgetown
«Tendremos del Departamento de Defensa de Estados Unidos la próxima semana dos visitas a Guyana de dos equipos, y luego varias otras visitas en el mes de diciembre y una representación de alto nivel del Departamento de Defensa aquí», informó Jagdeo en una conferencia de prensa.
El vicepresidente, sin embargo, dijo que el gobierno de Guyana espera que la disputa con Venezuela pueda resolverse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción desconoce Caracas en el caso del Esequibo.
«No somos una potencia agresiva (…) pero tenemos que asegurarnos de que también protegemos a nuestro país contra las mentiras y la campaña de desinformación», subrayó el vicepresidente.
La tensión entre ambas naciones se intensificó luego de que la petrolera estadounidense Exxon Mobil descubriera grandes yacimientos de petróleo.
Guyana apela a un laudo arbitral de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que anuló el laudo y estableció bases para una solución negociada.
Venezuela tiene previsto realizar un referendo consultivo para el próximo 3 de diciembre en el que preguntará a sus ciudadanos si apoyan otorgar la nacionalidad a los 125.000 habitantes de la región en disputa y crear una nueva provincia venezolana llamada «Guayana Esequiba».
Desde que el chavismo llegó al poder, la estrategia de defensa del Esequibo ha sido, por decir lo menos, errática. Omisiones, imprecisiones, galantería política, cambios en el discurso, amiguismos y regalías, allanaron el camino para que Guyana haya tomado ventaja en la disputa por el territorio de 159 mil kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, petróleo y gas
La República Cooperativa de Guyana ha llevado la disputa por el Esequibo al terreno que quería. El conflicto histórico, que lleva más de un siglo, finalmente se resolverá en tribunales internacionales, específicamente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al esta declararse competente para dar solución al problema el pasado mes de abril de 2023.
Este conflicto limítrofe, que comenzó con el despojo del Laudo Arbitral de París (1895) y alcanzó su reconocimiento en el Acuerdo de Ginebra (1958), se mantuvo sin avances ni retrocesos desde 1970 hasta el 2004, cuando Hugo Chávez estaba en pleno apogeo como presidente.
La primera vez que Chávez se refirió al Esequibo, en octubre de 1999, aseguró que iba a luchar y exigir los derechos de Venezuela sobre la “zona en reclamación”, pero esa posición cambió en menos de cinco años y el discurso se fue suavizando con la pretensión de ganar aliados internacionales, reconocimiento y protagonismo en la región.
Desde entonces, los errores, omisiones, imprecisiones, galantería política, cambios en el discurso, firma de “acuerdos de cooperación”, amiguismos y regalías petroleras y energéticas, allanaron el camino para que actualmente Guyana reclame como suyo con más firmeza ese territorio de 159 mil kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, selvas, ríos y, también en petróleo y gas.
A continuación detallaremos los errores que cometieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro (cuando ejercía como canciller) en la defensa del Esequibo:
Permisos a Guyana para explotar recursos
El primer error de Chávez fue reconocerle a Guyana derechos sobre el Esequibo y proponer dejar a un lado el diferendo para explotar en conjunto los recursos de la zona “como pueblos hermanos”, lo que le dio a Guyana poder y ventaja.
«Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana, primero a que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes (…) como es un proyecto de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas. Y segundo, durante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible, inmediatamente nos activamos ambos para conversarlo en la comisión binacional de alto nivel y buscarle viabilidad», expresó el mandatario el 19 de febrero de 2004.
Minimizar el reclamo de Venezuela
En el año 2008, Chávez en rueda de prensa afirmó que el reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo era una estrategia de Estados Unidos para crear un conflicto entre ambas naciones y derrocar al gobierno socialista guyanés de Forbes Burnham.
«Llegaba a plantearse abiertamente que nosotros teníamos que invadir el Esequibo, y tomar Georgetown. Nos pusieron a hacer planes de guerra contra un pueblo hermano como el de Guyana», dijo Chávez.
El amiguismo con Cuba
La nota “De la independencia de Angola a la entrega del Esequibo (I)”, escrita por el periodista Nelson Bocaranda para Runrun.es, explica que la decisión de Chávez de no perseguir el disputado territorio Esequibo se enmarca en el cumplimiento de una promesa hecha por Fidel Castro a Guyana.
El artículo profundiza en los tras bastidores históricos de la participación de Cuba en las guerras de Angola conocida como «Operación Carlota», apoyada por la Unión Soviética y China, que desempeñó un papel fundamental en la lucha de Angola por la independencia.
El texto expone también el papel crucial de Guyana en el apoyo a las misiones cubanas en África, revelando cómo la decisión de Chávez de no perseguir el disputado territorio Esequibo se vio influida por los lazos históricos de Castro con dirigentes guyaneses.
La adulación por Fidel Castro y los ideales socialistas hicieron que Chávez asumiera una posición de hermandad y demasiado amistosa poco común en estos casos, situación que llevó a que el embajador de Guyana en Venezuela pidiera al gobierno que se dejara atrás el diferendo.
En el año 2006, en un intento de Chávez por contar con el apoyo de la Organización de Estados Americanos en una reunión con la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), acordó congelar la disputa con Guyana a cambio de obtener los votos del grupo caribeño y así Venezuela poder obtener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU.
“El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países”, dijo Chávez.
«Nosotros, Guyana y Venezuela, tenemos este diferendo, ustedes saben que esto es un territorio en reclamación desde hace muchos años. Sin embargo, por encima del diferendo, aquí estamos, dando ejemplo de buena vecindad, de buena vecindad (…) No podemos permitir que el diferendo del Esequibo nos transforme en países, como estuvimos, de espaldas, incluso tildándonos casi que de enemigos», afirmó el fallecido presidente.
Regalías petroleras y la creación de Petrocaribe
En busca de apoyo y reconocimiento político y como parte de su política exterior, Chávez hizo generosos regalos petroleros y energéticos a los países miembros de la Comunidad del Caribe.
Entres estos, la iniciativa por parte de Venezuela de la creación de Petrocaribe, una alianza en materia petrolera entre Venezuela y 17 países del Caribe incluida Guyana, en donde Venezuela aportaría el 43% de la energía que estos consumirían y el envío de hasta 185 mil barriles de petróleo diarios (bpd) a precio preferencial.
Estas regalías, sin duda, favorecían los intereses de Guyana, y al mismo tiempo, restaban importancia y credibilidad al reclamo de Venezuela sobre el Esequibo.
Permitir que el caso llegara a la CIJ
La primera vez que Guyana interpuso una denuncia contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue en 2018. Georgetown acudió de manera unilateral al principal órgano de justicia de las Naciones Unidas para pedir que resolviera el diferendo.
En abril de 2023, la CIJ se declaró competente para resolver la disputa territorial. En respuesta a la declaración, el gobierno venezolano rechazó y declaró que “no reconoce” el mecanismo judicial como medio para la resolución del conflicto y ratificó que el único mecanismo válido es el “Acuerdo de Ginebra”.
A juicio del abogado y diplomático Víctor Cedeño Rodríguez, permitir que el caso del Esequibo llegara a la CIJ sin impedirlo ni presentar argumentos sólidos fue un grave error, debido a que la sentencia de la corte podría favorecer a Guyana sin tomar en cuenta los títulos jurídicos, históricos y políticos que tiene Venezuela sobre el Esequibo.
La Caricom afirmó que la consulta popular «no tiene validez, relevancia o prestigio en el derecho internacional en relación con esta controversia”. La OEA, por su parte, no se quedó atrás y condenó el hecho reiterando que “es ilegal según el Acuerdo de Ginebra de 1966”.
No pedir ayuda calificada
En opinión de Rodríguez Cedeño, el gobierno venezolano “no lo está haciendo bien”. Explicó que no pedir ayuda calificada constituye un grave error en la defensa del territorio.
“Tienen buenos abogados, algunos los conozco, son extranjeros, pero ellos tienen que consultar a los expertos venezolanos: historiadores, cartógrafos, geógrafos… no es un tema fácil y creo que no han hecho nada o, al menos, no lo han informado con transparencia”, dijo Cedeño.
El abogado y diplomático aclaró que si la CIJ falla a favor de Guyana y dice que el Laudo Arbitral de París es válido, se perdería el territorio completo, lo que sería fatal para Venezuela.
Indicó que aún se puede negociar, aunque el momento ya pasó. “Todavía se puede negociar en el proceso judicial, aunque Guyana tenga todo a favor. Las relaciones de buena voluntad aún pueden aplicarse, pero será cuestión de tiempo y de las gestiones de los gobiernos”, finalizó.
La politización del tema
Convertir el tema Esequibo en un asunto de la agenda política también constituyó un error en la defensa de la zona en reclamación.
Rodríguez Cedeño explicó que las cinco preguntas del referéndum están mal redactadas y además la número cinco constituye una agresión en contra de Guyana: preguntarle a los venezolanos si están de acuerdo con “la creación del estado Guayana Esequiba» y con el hecho de que se desarrolle un «plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio”.
El abogado señaló que al gobierno se le está olvidando que Guyana formará parte del Consejo de Seguridad de la ONU en enero de 2024 junto a otros 14 miembros, que no le van a perdonar a Venezuela una agresión de ningún tipo.
“No sé que están buscando con toda esta confrontación. No sé si están tratando de distraer la atención con lo de la primaria, pero están enredados. Creo que el fenómeno María Corina Machado los está haciendo actuar ‘un poco a lo loco’”, finalizó el experto.
En 1966, ambas naciones firmaron el Acuerdo de Ginebra, una herramienta con la que se comprometieron a buscar una solución amistosa para la disputa
Este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana denunció que en el país se registró el sobrevuelo de dos jets de combate Sukhoi SU-30, pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional (FAN) de Venezuela, en el poblado de Eteringbang, ubicado en un punto fronterizo al suroeste del país.
Las aeronaves volaron a una altitud de 1.500 pies (unos 460 metros) y dieron vueltas en el espacio aéreo del poblado antes de dirigirse hacia el este, acción que el gobierno de Guyana catalogó de agresión.
«El gobierno de Guyana condena este reciente acto de agresión por parte de las fuerzas armadas de Venezuela, lo que fue una violación de la soberanía de Guyana sobre el espacio aéreo encima de su territorio», resalta el comunicado del ministerio.
Las autoridades de Guyana adhieren este incidente en una lista de actos «hostiles» efectuados por Venezuela recientemente en el contexto de la disputa que mantienen ambos países por la soberanía sobre el territorio Esequibo.
Entre las hostilidades, resaltan el decreto firmado por Nicolás Maduro que establece la creación del Territorio Marítimo para el Desarrollo de la Fachada Atlántica, que cubre un espacio que Guyana considera suyo.
Reacción de Venezuela
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las denuncias hechas por Guyana respecto a la presunta incursión de dos aviones Sukhoi en territorio guyanés y afirmó que tales señalamientos son «imprecisos» y «falsos», ya que a su juicio lo que se quiere es manipular el tema respecto a la disputa por el terrtorio Esequibo.
«Resulta desconcertante que, en el afán de impulsar esta reiterada campaña difamatoria y de victimización ante el concierto internacional, se emita una acusación sin fundamento, basada en videos publicados en redes sociales, sin ofrecer la ubicación precisa y georeferenciada de la zona en cuestión», reza el comunicado de la Cancillería venezolana.
En 1966, ambas naciones firmaron el Acuerdo de Ginebra, una herramienta con la que se comprometieron a buscar una solución amistosa para la disputa.
El conflicto territorial estuvo bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta finales de enero de 2018, cuando el organismo dio por terminada su actuación en el diferendo.
Esa decisión provocó que Guyana acudiera a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), puesto que la ONU recomendó entonces que el caso se llevara a esa instancia. Esta se declaró competente para resolver la disputa.
En ese sentido, el régimen ha defendido de forma reiterada que no reconoce la competencia de la Corte. Una posición que reiteró hace dos días, cuando insistió en que solo acepta una solución pactada en el marco del Acuerdo de Ginebra como fórmula para dirimir la disputa.
#COMUNICADO | #Venezuela rechaza enérgicamente las falsas acusaciones del Comunicado emitido por #Guyana, con el fin de victimizarse ante la comunidad internacional y presentar a nuestro país como agresor. pic.twitter.com/Nw3NQTYvnB
El territorio en disputa entre ambos países, denominado Guayana Esequiba en Venezuela y dividida en varias regiones en la República de Guyana, abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados
El Gobierno de Guyana mostró entera confianza al obtener el respaldo de la comunidad internacional para obtener un resultado favorable en la disputa fronteriza con Venezuela en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
«Con base en nuestros argumentos y justificaciones confiamos en que la CIJ tiene jurisdicción para fallar en el asunto», dijo el ministro de Asuntos Públicos de Guyana, Juan Edghill, este sábado en su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo.
La CIJ trata de dirimir la disputa territorial que sostienen Guyana y Venezuela, una vía que tiene su origen en 2016, cuando Naciones Unidas, en ausencia de avances significativos hacia una solución del problema fronterizo entre los dos estados, optó porque la CIJ acogiera el caso para buscar una solución.
La iniciativa del secretario general fue bien recibida en Guyana y obtuvo el apoyo de buena parte de los países del Caribe, pero se encontró con el rechazo de Venezuela.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una declaración sobre el asunto a finales del pasado mes de junio señaló que cualquier forma de jurisdicción en esa corte debía darse basado en que existe un acuerdo entre las partes para ir a ese tribunal y de que Venezuela dio su consentimiento.
La disputa fue llevada ante la CIJ el pasado 30 de junio sin la participación de Venezuela.
«La Administración del Partido Progresista del Pueblo -PPP- continuará tratando este asunto de manera bipartidista, y anticipamos el apoyo de la oposición parlamentaria», dijo Edghill.
Sostuvo que la Administración del presidente Irfaan Ali protegerá la soberanía de Guyana y su integridad territorial, fortaleciendo la diplomacia multilateral.
Dijo que el Gobierno también está enfocado en fortalecer el liderazgo y la presencia de Guyana dentro de la Comunidad del Caribe (Caricom).
El territorio en disputa entre ambos países, denominado Guayana Esequiba en Venezuela y dividida en varias regiones en la República de Guyana, abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, lo que supone casi dos terceras partes de la antigua colonia británica.
En esa zona, la compañía ExxonMobil ha encontrado grandes yacimientos petrolíferos gracias a los cuales Guyana esperaba producir unos 120.000 barriles de petróleo diarios en 2020, una cifra que, según varias estimaciones, podría alcanzar un arco de entre 700.000 y un millón de barriles diarios a mediados de la década.
“Recordamos 54 años de la firma del Acuerdo de Ginebra que reafirma el derecho legítimo de nuestra Patria, sobre la Guayana Esequiba», escribió Maduro en Twitter.
Nicolás Maduro ratificó este lunes 17 de febrero el compromiso de ejercer la diplomacia de paz en defensa de la soberanía, a propósito del 54º aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra que establece el derecho de la nación sobre la Guayana Esequiba.
“Recordamos 54 años de la firma del Acuerdo de Ginebra que reafirma el derecho legítimo de nuestra Patria, sobre la Guayana Esequiba. A través de nuestra Diplomacia Bolivariana de Paz, seguiremos en defensa de nuestra soberanía, porque: ¡El Sol de Venezuela, nace en el Esequibo!”, escribió en su cuenta en Twitter.
El 17 de febrero de 1966 fue suscrito el Acuerdo de Ginebra, en la capital suiza del mismo nombre, que estableció los mecanismos para iniciar un proceso de tratamiento del llamado diferendo histórico por el Esequibo entre Venezuela y la República que se derivaba de la concepción de la independencia de Guyana por parte del Reino Unido, que para ese momento tenía un gobierno interino, indicó una nota del diario Correo del Orinoco.
En el documento, ambas partes acordaron la creación de “una Comisión Mixta, con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito”, rezó el texto.
En julio de 2015, Venezuela solicitó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la designación de un Buen Oficiante para mediar en el conflicto con Guyana.
Próximo encuentro en marzo
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará del 23 al 27 de marzo las audiencias sobre la disputa territorial que enfrenta a Venezuela con Guyana por el Esequibo, un territorio rico en recursos naturales que reivindican ambos países, informó el tribunal el pasado 6 de febrero.
Según indicó la CIJ, con sede en la Haya, las audiencias permitirán a las partes aportar sus argumentos sobre la jurisdicción de la corte en esta vieja contienda, que enfrenta a Venezuela con la excolonia británica.
Sin embargo, el Gobierno venezolano había advertido el año pasado que no comparecería ante la CIJ por considerar que «carece manifiestamente de jurisdicción en el caso».
El 29 de marzo de 2018, Guyana pidió a la CIJ que resolviera el conflicto, dos meses después de que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, derivara a esa corte la disputa fronteriza, de más de un siglo.
Venezuela reclama soberanía sobre la extensa región del Esequibo, rica en minerales y bosques y que abarca una zona marítima con importantes recursos petroleros; mientras que Guyana defiende un límite territorial establecido en 1899 por un tribunal de arbitraje.
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES de Guyana mostró este miércoles su beneplácito ante la notificación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de que celebrará audiencias orales sobre la disputa fronteriza de ese país con Venezuela del 23 al 27 de marzo de 2020.
Guyana pretende que la CIJ, ante la que presentó el caso en marzo de 2018, valide el Laudo Arbitral de París emitido en 1899, que trazó la frontera entre ambos países y que fue denunciado por Venezuela ante la ONU en 1962 por considerar que no se ajusta a derecho.
Guyana trata de obtener de la CIJ una sentencia definitiva y vinculante sobre el Laudo Arbitral de 1899, que estableció la ubicación del límite terrestre entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.
El país suramericano pretende que la CIJ determine que el Laudo Arbitral sigue siendo válido, además de que ratifique que la región del Esequibo le pertenece a Guyana y no a Venezuela.
Guyana presentó el caso ante la CIJ después de que el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, se pronunciara a favor de que la disputa sobre la validez del Laudo Arbitral y el límite resultante deben ser resueltos por la corte de La Haya.
La ONU designó al noruego Dag Halvor Nylander para ayudar a negociar un acuerdo a fines de 2017, pero concluyó que no se habían hecho progresos significativos para la resolución de la disputa territorial.
Por su parte, Venezuela ha declarado durante mucho tiempo que el tribunal con sede en La Haya, que es el principal órgano judicial de la ONU, no tiene jurisdicción para atender el caso fronterizo presentado por Guyana. También ha incrementado sus reclamaciones históricas sobre la región del Esequibo en Guyana, que abarca dos tercios del país de la Comunidad del Caribe (Caricom), desde que el gigante estadounidense Exxon Mobil descubriera petróleo en aguas en disputa frente a sus costas en 2015.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana indicó que espera que Venezuela participe en las audiencias en respeto por esa corte judicial y el estado de derecho internacional.
“El Gobierno de Guyana acoge con beneplácito la posibilidad de una decisión final y vinculante de la Corte que resuelva definitivamente esta controversia de larga data, y permita a Guyana y Venezuela desarrollar relaciones como estados vecinos”, señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la disputa territorial se agudizó tras el hallazgo de 2015.
El Gobierno venezolano emitió entonces un decreto presidencial que dictaba una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo, dicha maniobra generó el rechazo del Gobierno guyanés y disparó la tensión entre las dos partes.
La región del Esequibo abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supone las tres cuartas partes del territorio de Guyana.
GRUPOS ARMADOS HAN COMETIDO abusos aberrantes contra civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
El informe de 69 páginas, “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, documenta asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamiento forzado cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los grupos armados intentan controlar a la población a través de amenazas, incluso contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Varios de ellos han sido asesinados. Las víctimas de estos aberrantes abusos incluyen a venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria en su país.
“Mientras los grupos armados se disputan el vacío que dejaron las FARC en el Catatumbo, cientos de civiles han quedado en el medio de un conflicto brutal”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los venezolanos en el Catatumbo están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país”.
La violencia y los abusos han aumentado en el Catatumbo desde que las FARC se desmovilizaron en 2017 como parte de su acuerdo de paz con el gobierno. Las autoridades colombianas no han tomado medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la población civil y asegurar que las víctimas reciban justicia.
En abril de 2019, Human Rights Watch adelantó una investigación en terreno en el Catatumbo. En total, recogimos testimonios de más de 80 personas, incluidas víctimas y familiares de víctimas, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona.
Human Rights Watch también tuvo acceso a informes y estadísticas oficiales, publicaciones de organizaciones no gubernamentales e internacionales, y testimonios tomados por funcionarios públicos a aproximadamente 500 víctimas de abusos cometidos por grupos armados. Es altamente probable que la cantidad total de casos sea incluso mayor a la registrada por las autoridades, debido al temor de las víctimas a sufrir represalias de grupos armados si denuncian los abusos y al temor de las víctimas venezolanas a ser deportadas.
“Los que están en el conflicto no están sufriendo lo que nosotros, como campesinos…, estamos sufriendo”, dijo a Human Rights Watch un maestro de escuela rural que perdió un pie cuando una mina antipersonal explotó a pocos metros de su escuela. “Nosotros somos los que estamos pagando un conflicto que iniciaron ellos”.
Los escasos controles migratorios y la posibilidad de trabajos mejor pagos atraen a los venezolanos a la zona fronteriza del Catatumbo. Al menos 25.000 venezolanos viven en esta región, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Varios venezolanos vulnerables y a menudo indocumentados han sido víctimas de desplazamiento forzado, asesinato y reclutamiento de menores por parte de grupos armados.
En el Catatumbo, más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2017, la mayoría durante 2018, según estadísticas gubernamentales. Muchos han sufrido abusos que constituyen desplazamiento forzado con arreglo al derecho internacional humanitario. Muchos civiles debieron desplazarse luego de que grupos armados los amenazaran tras acusarlos de haber cooperado con otros grupos armados o con el gobierno. Otros han huido tras haber sido amenazados por negarse a unirse a un grupo armado.
OCHA reportó que 109 personas que consideraba civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo en 2018. Los grupos armados han asesinado a nueve defensores de derechos humanos en la zona desde 2017, según la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“Los líderes sociales desempeñan un rol fundamental al ser la voz víctimas de graves vulneraciones y abusos y contribuir a instaurar el estado de derecho en zonas remotas de Colombia”, expresó Vivanco. “El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para protegerlos y asegurarse de que los responsables de estos homicidios rindan cuentas ante la justicia”.
Los grupos armados en el Catatumbo también han cometido secuestros, desapariciones y crímenes sexuales.
Los grupos han obligado, con amenazas, a niños de apenas 12 años a sumarse a sus filas. En algunos casos los niños se unieron a los grupos por promesas de dinero. Human Rights Watch tuvo acceso a testimonios sobre una decena de casos de familias que se desplazaron después de que un grupo armado intentara reclutar a uno de sus hijos o amenazara con hacerlo.
Los grupos armados también han sembrado minas antipersonales en zonas rurales del Catatumbo, donde las FARC habían usado minas en el pasado. Cuatro personas han muerto y 65 resultaron heridas debido a minas terrestres antipersonales en el Catatumbo desde 2017.
Hasta el momento, las autoridades colombianas no han logrado que se investiguen y castiguen los abusos cometidos por grupos armados. Hasta abril de 2019, la Fiscalía tenía más de 770 procesos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 2017. Por estos casos, había 61 condenas. Solo dos miembros de grupos armados fueron imputados de homicidio, según la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía no ha imputado a nadie por amenazas, reclutamiento de menores o desapariciones cometidas en el Catatumbo desde 2017. Dos miembros de grupos armados han sido imputados por desplazamiento forzado, pero ninguno ha sido condenado, y hay más de 480 procesos abiertos por este delito.
La asistencia a los desplazados, contemplada en el derecho colombiano, ha sido lenta e insuficiente, según actores humanitarios en la región. Cientos de civiles han vivido en albergues temporarios improvisados por las comunidades. Algunos albergues no tenían muebles ni agua corriente. Las autoridades tampoco han abordado adecuadamente los riesgos y amenazas a los derechos humanos identificados por la Defensoría del Pueblo en sus “alertas tempranas”.
En octubre de 2018, el gobierno colombiano creó una Fuerza de Despliegue Rápido con el fin de llevar 5.600 militares más al Catatumbo. Residentes, funcionarios de derechos humanos y actores humanitarios han denunciado comportamientos abusivos por parte de la fuerza pública en la zona. Los soldados acusan a los civiles de ser cómplices de guerrillas y los interrogan en retenes militares. Estas situaciones exponen a los civiles a represalias por parte de grupos armados. En abril de 2019, un soldado mató a un exmiembro de las FARC desmovilizado.
Para cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional y al derecho colombiano, las autoridades colombianas deberían adoptar estrategias de seguridad respetuosas de los derechos humanos que estén destinadas a proteger a la población civil. También deberían aumentar los esfuerzos y capacidades para investigar abusos cometidos por grupos armados y procurar obtener asistencia internacional para los desplazados. Asimismo, el gobierno debería llevar a cabo una evaluación exhaustiva para determinar el número de venezolanos que viven en el Catatumbo y sus necesidades, y asegurarse de que todos los venezolanos puedan trabajar legalmente en Colombia, incluso en zonas más seguras del país.
“Las medidas del gobierno para aumentar la presencia de la fuerza pública en el Catatumbo deben estar acompañadas de acciones más integrales para proteger y defender los derechos de los campesinos y venezolanos que viven allí”, expresó Vivanco. “Estas medidas deberían incluir aumentar las capacidades para adelantar investigaciones penales y redoblar la asistencia humanitaria para las víctimas”.
