Los diplomáticos son quienes representan al Estado en el exterior y, como tales, desde siempre han gozado de privilegios e inmunidades que garanticen su misión y el debido respeto a la dignidad del Estado al que representan. Entre estas garantías sobresalen la inviolabilidad personal de los agentes diplomáticos, que los hace inmunes a la jurisdicción de los tribunales del Estado en el cual se encuentran acreditados o a la de los Estados de tránsito hacia o desde su destino, la inviolabilidad de la valija que contenga los documentos oficiales o los objetos indispensables para el desempeño de su misión y que tengan como origen o destino a las autoridades del Estado que les ha acreditado en una misión diplomática, y la inviolabilidad de los bienes del agente diplomático, incluyendo su equipaje personal. Se trata de privilegios e inmunidades concebidos en beneficio del Estado y no del agente designado y acreditado por aquel. Por lo tanto, ni la inmunidad de jurisdicción es un derecho (o privilegio) del agente diplomático, puesto que el Estado puede renunciar a ella, ni la protección debida a su equipaje personal es un instrumento al servicio del representante del Estado, que le autoriza a llevar cualquier cosa, incluyendo cocaína o heroína, con el propósito de comercializarlas en el exterior. Pero, al parecer, en las más altas esferas de este gobierno no se ha entendido así.
Tiene razón Diosdado Cabello al afirmar que tanto Francisco Flores como Efraín Campos Flores son dos personas adultas; pero no la tiene al concluir que, por ser adultos, “son libres de hacer lo que quieran”. Desde luego, como ciudadanos de un Estado en que todos estamos sometidos a la ley, no son libres de delinquir impunemente, ni son libres de valerse de un pasaporte oficial para cometer sus fechorías; por muy adultas que fueran, las personas antes referidas tampoco eran libres para comprometer el nombre de Venezuela en sus aventuras delictivas.
Nadie, en el gobierno, tiene la obligación de responder por la conducta criminal de quien pueda estar unido, por lazos de familia o de otro tipo, con el jefe del Estado u otro funcionario público, pues la responsabilidad penal es individual y no se extiende al entorno del delincuente. Pero este gobierno tiene el deber de explicar por qué un avión pilotado por un oficial de la FAN pudo despegar desde Venezuela con dos personas que luego fueron detenidas y acusadas por tráfico de drogas. Sobre todo, este gobierno tiene la obligación de explicar por qué esas dos personas portaban pasaporte diplomático, que no es un documento trivial o carente de importancia, sino que es la certificación de que esa persona representa al Estado en el exterior, con todos los privilegios que ello implica; por ende, a menos que se trate de un fraude a la ley, el gobierno debe explicarle al país cuál era la misión que se le había encomendado a esas personas, y ante qué Estado u organización internacional habían sido acreditadas como tales.
A menos que actuaran en cumplimiento de instrucciones dictadas por quienes ejercen el poder, el Estado no tiene que responder por los actos criminales de sus funcionarios; en realidad, sería demasiado grave asumir que hemos caído en manos del crimen organizado. Pero este gobierno tendrá que explicar cuáles son los criterios que utiliza para reclutar a sus agentes diplomáticos y cuáles son los círculos en que lo hace porque, obviamente, no es entre los expertos en relaciones internacionales o entre profesionales calificados. En el caso específico de las dos personas que hoy enfrentan cargos criminales por tráfico de drogas ante los tribunales de Estados Unidos, además de sus supuestos contactos con el hampa, ¿qué otras credenciales, o habilidades, tenían para que se les otorgara un pasaporte diplomático, atribuyéndoles la representación de Venezuela en el exterior?
No hay que descartar que un gobierno irresponsable pueda utilizar a sus agentes diplomáticos para cometer graves delitos; tampoco sería la primera vez que ocurre. Precisamente por eso, el gobierno de Venezuela tiene el deber de condenar todo acto que involucre a cualquiera de sus funcionarios en el tráfico de drogas; asimismo, en el caso de Francisco Flores y de Efraín Campos Flores, el Estado está obligado a disponer una inmediata investigación que esclarezca quién, siguiendo instrucciones de quién, les otorgó pasaportes diplomáticos, quién, y a cambio de qué, les facilitó el avión en el que viajaron al exterior, así como las circunstancias en que salieron del país. En el caso del piloto del avión, se debería esclarecer si, en efecto, este era un oficial de la FAN, si actuó siguiendo instrucciones de sus superiores o si lo hizo a título personal, por qué, o a cambio de qué.
Pero, que nadie se llame a engaño. Como es su costumbre, este gobierno no va a explicar nada y el Ministerio Público tampoco va a investigar nada. Una vez más, nadie asumirá su responsabilidad. ¡Por ahora! Porque, al igual que la inmunidad diplomática no es sinónimo de impunidad, tarde o temprano este gobierno tendrá que rendir cuentas. Y, probablemente, será más temprano que tarde.
Héctor Faúndez
El Nacional
