dilma rousseff

Dilma Rousseff arenga el 12MAY16 a seguidores tras separarse del cargo. Lula cabizbajo la acompaña. Foto: Agência Brasil.

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El jueves 12MAY16 Brasil amaneció con dos presidentes. A primeras horas, el Senado Federal aprobó por amplia mayoría la admisión del caso contra Dilma Rousseff, que conllevó a su inmediata separación de las funciones presidenciales. El vicepresidente Michel Temer asumió las funciones presidenciales de manera interina por el lapso que dure el proceso de enjuiciamiento que el Senado, convertido en tribunal, seguirá a Rousseff. Formalmente no existe un nuevo gobierno en Brasil sino dos presidentes: Rousseff en condición de Presidente suspendida provisionalmente del cargo y Temer como Vicepresidente en funciones presidenciales temporales. La situación es análoga a la que viviera Venezuela en 1993 cuando el presidente Carlos Andrés Pérez fue retirado del cargo en tanto era procesado por la Corte Suprema de Justicia y el Congreso venezolano designó a Ramón J. Velásquez como Presidente interino. Pero al igual que en la Venezuela de 1993, en el Brasil del 2016 existe la sensación de que el interinato se convertirá en permanente y que Rousseff no volverá a despachar desde el presidencial Palacio de Planalto.

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Una de las alternativas políticas para Brasil es que el impeachment contra Rousseff no prospere y ella regrese al ejercicio de la Presidencia en caso de ser encontrada inocente por el Senado. Temer incluso ordenó que la fotografía oficial de Rousseff siga presidiendo las oficinas públicas. Pero la opción de un veredicto favorable a Rousseff parece remota dado el actual cuadro político del país. El proceso en el Congreso brasileño no está referido a los sonados casos de corrupción que involucran al partido de Lula da Silva y Rousseff. El intento de impeachment contra Rousseff en el Congreso está sólo basado en delitos específicos (¡no comunes!) que la Constitución señala como causales para un “juicio político”. Pero Rousseff también enfrenta un proceso por delitos electorales y acusaciones de delitos comunes que ponen igualmente en duda su futuro en la Presidencia de Brasil. La suspendida mandataria tiene abierto un proceso en el Tribunal Supremo Electoral por financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2014 que también podría significar su destitución. Además, el 04MAY16 la Fiscalía General solicitó al Supremo Tribunal Federal la apertura de una investigación judicial contra Rousseff relacionada con el esquema de corrupción que conecta al partido de Lula da Silva con la estatal Petrobras y empresas privadas.

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Una extensa alianza política, empresarial y religiosa, abrió paso al enjuiciamiento de Rousseff en el Congreso e igualmente actuó para rodear a Michel Temer y propiciar un gobierno de “salvación nacional”. Esa alianza de gobierno comienza a operar el 12MAY16 bajo el supuesto de que Rousseff no regresará al ejercicio de la Presidencia. La confluencia política alrededor de Temer quedó retratada en la conformación de un nuevo gabinete ministerial que incluye a representantes de tradicionales familias políticas (el hijo del expresidente José Sarney, v.g.), de la poderosa “Iglesia Universal del Reino de Dios” (que recibe el ministerio de Desarrollo e Industria) o del opositor partido socialdemócrata PSDB, rival natural de Temer, que estará a cargo de la política exterior.

La delicada política económica fue confiada por Temer a Henrique Meirelles, un hombre sin militancia política, de amplia aceptación en medios financieros brasileños e internacionales, quien fuera presidente del Banco Central de Brasil bajo el gobierno de Lula. Meirelles era el candidato de Lula para que Rousseff lo designara Ministro de Hacienda al iniciarse el segundo gobierno de la mandataria en 2015, pero la propuesta no se concretó. Tocará a Meirelles definir e implementar un programa económico de emergencia que atienda la recesión económica, la altísima deuda pública y los compromisos presupuestarios que deja el mandato Rousseff.

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Tal como adelantara el Informe Otálvora del 30ABR16, el senador por el estado de Roraima Romero Jucá, activo en acciones de denuncia del régimen chavista venezolano,  presidente del partido PMDB y hombre de confianza de Temer, será una pieza central del nuevo gabinete brasileño. Jucá fue uno de los parlamentarios brasileños agredidos en Venezuela cuando el 18JUN15 intentaron visitar presos políticos en Caracas. Ahora, Jucá fue designado Ministro de Planificación de Brasil y todo indica que estará encargado de tareas de coordinación política del gobierno y como puente con el complejo entramado de grupos que conforman el partido de Temer. Incluso, como parte de la reforma de la estructura del gobierno con la cual arrancó el gobierno Temer, el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico Social BNDES fue transferido al control del Ministerio de Planificación, es decir, de Romero Jucá. El BNDES fue utilizado por los gobiernos de Lula y Rousseff como brazo financiero para el apoyo a gobiernos extranjeros aliados, tales como los de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua. Los préstamos blandos brasileños a los hermanos Castro, a Daniel Ortega o a Nicolás Maduro ya parecen cosas del pasado.

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El inicio del gobierno Temer no requirió un acto formal de toma de posesión por tratarse de un hecho automático ante el enjuiciamiento de la titular del cargo. Pero Temer aprovechó la toma de posesión de sus ministros, el mismo 12MAY16, para pronunciar un discurso sobre las líneas que pretende seguir en su mandato. Mientras Temer hablaba en el pequeño Salón Este del Palacio de Planalto, en la histórica rampa del edificio una decena de militantes del partido de Lula intentaban ingresar violentamente, dejando entrever una tendencia clara existente en el llamado lula-petismo que procuraría deteriorar el clima político para entorpecer al gobierno interino. Pocas horas antes en el mismo sitio, la propia Rousseff, escoltada por un cabizbajo Lula, arengó a unos pocos cientos de manifestantes que su partido logró reunirle. Rousseff llamó a sus seguidores a tomar la calle para luchar contra “el golpe” y contra el gobierno de Temer al cual califica de “ilegítimo”, y pidió que las protestas fueran pacíficas. Pero diversas fuentes aseguran que sectores del lula-petismo promueven la línea de crear un clima de ingobernabilidad en Brasil, en respuesta a lo califican como “golpe de Estado”. Las acciones violentas contra el gobierno interino comenzaron a sentirse incluso antes de la votación en el Senado, cuando el 10MAY16 militantes del PT y del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra cerraron importantes autopistas en las principales ciudades del país.

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En su discurso del 12MAY16, Temer afirmó que su política exterior estaría guiada por la Constitución brasileña, confirmando que abandonará la diplomacia altamente ideologizada de los gobiernos Lula y Rousseff.  Que la política exterior “vuelva a representar los valores e intereses permanentes” de Brasil y busque la “recuperación del prestigio del país” fueron las indicaciones de Temer.

Como adelantó el Informe Otálvora del 30ABR16, la cancillería brasileña Itamaraty fue puesta en manos del senador socialdemócrata José Serra del PSDB. Corresponderá a Serra liderar el giro a la política exterior brasileña que fue guiada en la última década por una cancillería paralela que Lula creó bajo control de su operador internacional Marco Aurelio García. La alianza de partidos  castrochavistas del continente, conocida como Foro de São Paulo, perdió la conducción de la política exterior brasileña. En tanto, se espera una pronta reunión de Temer con el presidente argentino Mauricio Macri.

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Los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua emitieron  comunicados atacando al gobierno de Temer y denunciando que el enjuiciamiento a Rousseff como un “golpe parlamentario y judicial”. Aunque ninguno de ellos anunció inicialmente el retiro de sus diplomáticos ante el gobierno de Brasil. Más allá de esos pronunciamientos y de una intensa campaña contra Temer desde el canal de propaganda Telesur, la capacidad de reacción externa para erosionar a Temer pareciera muy limitada. No existe posibilidad de que Brasil sea objeto de sanciones por parte de la OEA, Unasur o Mercosur, mientras la tesis de que el impeachment es un “golpe de Estado” no ha prosperado internacionalmente y tiende a debilitarse. La etapa del enjuiciamiento político a Rousseff en el Senado no estará encabezada por un parlamentario sino por el Presidente del Supremo Tribunal Federal, el jurista Ricardo Lewandowski. Con ello, la constitucionalidad del proceso está siendo avalada por el STF, cuyos miembros en su gran mayoría ingresaron al cargo apadrinados por Lula.

Como señal del cambio de orientación de la diplomacia brasileña, los dos primeros comunicados de Itamaraty bajo el gobierno de Temer fueron para “repudiar” declaraciones del colombiano Ernesto Samper, Secretario General de Unasur, y para “rechazar enfáticamente” los pronunciamientos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

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Comienza a circular una nueva biografía del expresidente venezolano Ramón J. Velásquez.

La Biblioteca Biográfica Venezolana (BBV), el ambicioso proyecto editorial diseñado por Simón Alberto Consalvi con auspicio de El Nacional y el Banco Caribe, arrancó en 2005 con la edición de dos tomos sobre la vida del expresidente y caudillo venezolano del siglo XIX Joaquín Crespo con autoría de Velásquez. Once años después del nacimiento de la BBV, con el plan editorial ya ejecutado mediante la publicación de 150 biografías, los editores decidieron publicar  las biografías de Consalvi y Velásquez, fallecidos en 2013 y 2014, y estarían planeando editar igualmente un tomo dedicado al gran caricaturista Pedro León Zapata. La biografía de Consalvi, divulgada en 2015, fue encomendada al periodista Diego Arroyo Gil, quien presentó una extensa e íntima reconstrucción de la vida del gran intelectual y político.

Catalina Banko y Ramón González Escorihuela fueron  escogidos para producir la biografía de Ramón J. Velásquez presentada al público el 01MAY16. Banko y González lograron una sintética construcción biográfica del multifacético Ramón J. Velásquez. Vale la pena leerla.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

La percepción de que el pase de la (suspendida) presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a la fase de juicio político repercutirá en toda la América Latina no es exclusiva de los latinoamericanos. El diario británico “Financial Times” publica una nota de John Paul Rathbone, su hombre en Miami, con el título “Desmise of Brazilian leftism will reverberate across the Americas”. La primera apreciación del articulista es que Rousseff será destituida en juicio, lo cual permite ya adelantar algunas consecuencias inmediatas a partir de la decisión tomada ayer de madrugada por el Senado, seguida de la toma de posesión del cargo, ayer mismo en la tarde por el (antes) vicepresidente Michael Temer. Es el fin de 13 años de control del gobierno brasileño por el Partido de los Trabajadores (PT), fundado en 1980 y que, a juicio de Matías Spektor, profesor de Relaciones Internacionales en la Fundación Getulio Vargas (FGV), no solamente fue el mayor partido socialdemócrata de la región, sino “el principal movimiento izquierdista en el mundo democrático”. Las cosas en Suramérica están posicionándose en el centro, si se observan los acontecimientos en los países fronterizos con Brasil; uno de los efectos de la llegada de Temer es que dejará sin cobertura a los gobiernos izquierdistas que todavía quedan. Rathbone hace una observarión fundamental: Rousseff será juzgada formalmente por la manipulación financiera del presupuesto; no obstante, el motivo real es el escándalo de coimas en Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), lo que marcaría otra tendencia regional: los latinoamericanos ya no toleran la corrupción, como algún día lo hiciesen. El articulista se refiere a un problema observado por el think tank alemán German Institute of Global & Area Studies (GIGA), cuando chocan dos poderes surgidos del voto popular; Brasil lo resolvió mediante una acción parlamentaria; otra solución sería que un presidente autocrático recurriera a una salida más peligrosa: la disolución del Congreso; es lo que, a juicio de GIGA, está ocurriendo en Venezuela, donde Nicolás Maduro Moros ha orquestado “un golpe constitucional para desempoderar al Congreso (Asamblea Nacional)”.

Gaby Arellano inicia huelga de hambre para que liberen a los diputados suplentes

La diputada opositora Gaby Arellano y un grupo de jóvenes de Voluntad Popular se declararon en huelga de hambre para exigir la liberación de Gilberto Sojo, Renzo Prieto y Rosmit Mantilla, quienes fueron elegidos parlamentarios suplentes el año pasado.

Este jueves los legisladores Tamara Adrián, Desirec Barboza, Manuela Bolívar, Sergio Vergara, Yanet Fermín, Wiston Flores y Arellano acudieron a la Sala Constitucional del TSJ para protestar contra la reclusión de los diputados suplentes.(El Nacional)

Rousseff disuelve su Gobierno tras ser separada del cargo por el Senado

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, disolvió hoy su Gobierno tras ser separada del cargo por el Senado para responder a un juicio político, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial en el que destituye a todos sus ministros y asesores.

La lista de ministros destituidos la encabeza el expresidente y padrino político de la mandataria, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegó a ser designado titular de la cartera de la Presidencia en abril pasado, pero no llegó a asumir por una decisión del Tribunal Supremo, que suspendió su nombramiento.(La Patilla)

AN aprueba en primera discusión Proyecto de Ley de Transmisiones Simultáneas y Medios Públicos

Este jueves la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Transmisiones Simultáneas, Publicidad Oficial y Medios Públicos, donde los diputados de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aseguraron que “el Gobierno viola continuamente la Ley Resorte, porque usan contenido con mensajes partidistas”.

En este sentido, los parlamentarios ofrecieron cifras durante su participación en el cual aseguran que entre 2013 y 2016 se han transmitido un total de 638 cadenas nacionales, catalogándolas de “abusivas, arbitrarias y discrecionales”.(Noticias 24)

Fedecámaras: Decreto de Emergencia Económica aumentó la inflación y la escasez

El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, considera que el decreto de Emergencia Económica hecho por el Ejecutivo no ha traído resultados positivos y por el contrario ha aumentado los niveles de desabastecimiento, mayor inflación, pérdida de negocios y aumento de la conflictividad, publica Unión Radio.

Este jueves en el programa A Tiempo de Unión Radio, el representante gremial sostuvo que las condiciones económicas del 2014-2015 no fueron atendidas a tiempo lo que comprometió severamente las condiciones y la hiperinflación que se avizora para el 2017.(La Patilla)

Borges: No hay manera que el Revocatorio no se haga este año

El diputado a la AN, Julio Borges, informó que el próximo sábado la alianza opositora nuevamente marchará hacia las instalaciones del CNE para exigir se acelere el proceso de activación del Referendo Revocatorio.

El coordinador nacional de Primero Justicia y Jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, Julio Borges, aseguró este jueves que el Referendo Revocatorio se dará este año.

“Nos pidieron 200 mil firmas y en 48 horas les presentamos 2 millones, después que se revisen esas rúbricas que es el proceso en el que estamos ahora, la gente pondrá su huella para levantar el 20% de las firmas y después de eso se establecerá la fecha del Referendo, estamos en mayo y lo solicitamos desde marzo, no hay manera para que el Revocatorio no se haga este año”, dijo.(El Universal)

Audiencia de narcosobrinos se celebra este jueves en tribunal de Nueva York

La conferencia previa del caso Flores fue suspendida a solicitud de los diferentes abogados defensores en cuatro oportunidades.

Este jueves a las 11 am, los dos acusados se presentarán ante el juez Paul Crotty, junto a cuatro escritorios jurídicos diferentes, dos equipos legales cancelados por el gobierno de los Estados Unidos, y otras dos firmas pagadas por un tercero, cuyo nombre no se ha dado a conocer.

De acuerdo a los reglamentos de este tipo de procedimientos, en la audiencia el Juez oficializará la desincorporación de los abogados de oficio de Campos Flores: Kafahni Nkrumah, y los de Flores de Freitas: Jonathan Andrew Marvinny y Vincent Michael Southerland, y podría formalizar la entrada de los abogados privados previo consentimiento de los acusados.(La Patilla)

Dilma Rousseff fue notificada oficialmente sobre la apertura del juicio político y suspensión de mandato como presidenta después de que el Senado brasileño aprobara el impeachment en su contra. Igualmente, el ahora presidente, Michel Temer, ya fue informado que puede asumir el cargo durante, al menos, seis meses.

Durante sus primeras palabras tras conocer la decisión, Rousseff aseguró que se trata de un golpe de estado e indicó que su gobierno siempre ha sufrido de un «intenso sabotaje». «Lo que está en juego no es mi mandato (…) es el respeto a las urnas, de la voluntad de los brasileños, las conquistas de los últimos 13 años» afirmó recordando que fue electa por 54 millones de brasileños.

Acompañada de 22 de sus ministros, algunos senadores y diputados, Rousseff admitió que «he podido cometer errores, pero no he cometido crímenes. Estoy siendo juzgada injustamente». Sobre la acusación de alterar las cuentas públicas para equilibrar los balances a base de pedir dinero a grandes bancos públicos, la ex mandataria recordó que no es una práctica nueva y que nadie había sido juzgado por ello.

«El juicio sin crimen de responsabilidad es un golpe» aseguró para luego calificar de fraudulento el proceso en su contra. «Me acusan de un crimen falso. Tratan como crimen a un acto normal de gestión. Todo lo que hice fueron actos legales.»

Se mostró orgullosa de ser la primera mujer brasileña elegida democráticamente en las urnas y mencionó los desafíos que ha tenido que afrontar y sufrir durante su vida. «He sufrido el dolor invisible de la tortura, y ahora sufro, una vez más, el dolor de la injusticia. Lo que duele es la injusticia», comentó durante su discurso.

Le pidió a sus seguidores que se mantuvieran en la lucha unidos pero de forma pacífica e hizo un llamado a los brasileños que crean en la democracia apoyar su causa.

«Jamás voy a desistir de luchar». Con esas afirmación concluyó su discurso para luego sumarse a un acto con movimientos sociales en frente del Palacio de Planalto, sede del Gobierno.

Ni la destitución de Eduardo Cunha, ni la intención de anular la sesión de la cámara de diputados, ni la solicitud ante el Tribunal Supremo Federal, ni el retraso de la decisión de los senadores. A la presidenta brasileña le resultó inevitable convertirse en la segunda mandataria de ese país en ser enjuiciada. Aquí los porqués

@loremelendez

EL MOMENTO LLEGÓ DESPUÉS DE MESES DE ESPERA. Luego de ser condenada por los miembros de la Cámara de Diputados brasileña, los senadores de la nación decidieron llevar a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio político. Lo hicieron fundamentados en los señalamientos que la oposición formuló contra la mandataria: maniobras contables ilegales con las que maquilló los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificación de los presupuestos de la nación mediante decretos y acumulación de deudas para solicitar créditos a la banca pública. Ella lo negó todo. Su defensa, mientras tanto, sostuvo que se trató de meras faltas administrativas.

Para tratar de evitarlo, desde el gobierno y el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) se pusieron en marcha una serie de acciones: a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, lo destituyeron para que se continuaran las investigaciones en su contra por corrupción. De inmediato se designó en ese cargo a un antiguo aliado: Waldir Maranhão, del Partido Progresista (PP), quien intentó anular la votación de los parlamentarios que puso a Rousseff al borde del abismo del impeachment (término en Brasil usado para el juicio político), orden que a las pocas horas fue revertida. El último intento partió de la tolda oficialista, cuando ésta introdujo ante el Supremo Tribunal Federal la petición de la derogación de todo el proceso, solicitud que fue desoída.

Al final, ningún argumento pudo detener el destino de Rousseff y esto era predecible según los analistas y periodistas encargados de cubrir el tema. Semanas antes de esta jornada decisiva en el Senado, así lo había afirmado el editor de Política del diario Estado de Sao Paulo, Daniel Bramatti.

“Ya prácticamente nadie cree que Dilma pueda evitar su deposición por el Senado. Hay dudas sobre el plazo para que eso ocurra: la oposición tiene prisa, pero los aliados de la presidente hablan de la posibilidad de iniciar el proceso en septiembre. En ese momento, Dilma sería apartada de la Presidencia hasta que el Senado termine de juzgarla, en un plazo máximo de seis meses”, dijo Bramatti a Runrun.es.

Para el periodista, el juicio contra la Presidenta fue apalancado en parte por el aislamiento en el que está inmersa y la pérdida del apoyo que otrora tenía dentro del Poder Legislativo, amén de las protestas que han afectado su popularidad en continuo descenso: a finales de marzo pasado apenas tenía 10% de aprobación de acuerdo con un estudio publicado por Folha de Sao Paulo.

“Las calles empujaron a los políticos, que decidieron derribar al gobierno en vez de esperar por la casi cierta derrota del PT en el 2018. El desgaste de Lula (Luiz Inácio Lula Da Silva, ex presidente de Brasil), involucrado en la Operación Lava Jato, impulsó ese proceso”, agregó.

El golpe

Dilma Rousseff se ha amparado en la tesis del “golpe de Estado” para justificar su enjuiciamiento. Según ella, sus detractores la atacan sólo porque quieren arrebatarle el poder que detenta.

Los especialistas consultados echan por tierra ese argumento. Para Bramatti, existieron razones suficientes para que se aprobara el juicio político contra la mandataria, aunque anteriormente hubo una polémica ‘técnica’ sobre la causa, pues estaba en discusión si Rousseff había cometido o no un “crimen de responsabilidad” al retrasar pagos a bancos públicos. Esto, según la Constitución brasileña, era necesario para avanzar con el impeachment aprobado este miércoles.

Oscar Hernández, quien fue embajador de Venezuela en Brasil, opinó que la jugada de la oposición contra la Presidenta estuvo afianzada en la institucionalidad.

“El hecho de maquillar cifras y generar incertidumbre es mérito para que se active uno de los poderes, en este caso el legislativo, y solicite sanciones. La realidad es que se debe dar un mensaje a los países de la región, a los pueblos, para que tengan menos tolerancia al ver a los jefes de Estado utilizar el dinero público para fines privados. Cuando los Estados tienen instituciones autónomas, donde hay Estado de derecho, uno de los sectores está en la obligación de reaccionar. Y esto no es un golpe, esto no debilita la democracia”, señaló Hernández.

En esa misma línea, el internacionalista Carlos Luna desechó la idea de una componenda contra la mandataria. Se trata, puntualizó, de un movimiento contra “el sistema y las ideas que ella representa”.

“Las instituciones deben ser activadas por los dirigentes, por la elite política. Pero a diferencia del proceso político venezolano  —donde podemos ver que la tensión entre Populismo-Personalismo vs. Institucionalización, la ha ganado el populismo— en Brasil el fenómeno es totalmente contrario. Son las instituciones las que están siendo activadas para que se permita una salida ‘pacífica’ desde el poder”, dijo.

Pero dentro y fuera de Brasil hubo voces que salieron en defensa de Rousseff. A la cámara de diputados se le acusó de hacer un circo, en abril pasado, al aprobar el impeachment. Los señalamientos se enfocaron, sobre todo, en las maniobras del opositor Cunha, quien estaba siendo investigado por corrupción al tiempo que orquestaba el enjuiciamiento de la mandataria.

Detrás del impeachment no hay uno sino varios grupos con distintos objetivos. Eso lo advirtió el periodista Bramatti.

“Algunos tienen una agenda anticorrupción, otros son anti-PT y hay políticos interesados en alcanzar un poder que difícilmente conquistarían en elecciones. El vicepresidente (Michel Temer, distanciado de Rousseff) no tiene más de 2% en las encuestas para 2018. Otros grupos políticos quieren anticipar las elecciones presidenciales para eso, el Tribunal Superior Electoral tendría que anular la elección de Dilma y Temer. Hay una causa en la Justicia Electoral que acusa a los dos de irregularidades en la recaudación de recursos para la campaña de 2014. Y los empresarios —que apoyaron las más recientes protestas anti-Dilma— quieren cambios en la política económica que Rousseff no tiene ganas de cambiar o condiciones políticas para implementar”, aseveró.

Lo que viene

Tras la decisión del Senado, Dilma Rousseff debe ser separada de su cargo por un plazo de 180 días, mientras transcurre el juicio político en el que se decidirá si debe dejar su silla de manera definitiva. La Presidencia la ocupará el vicepresidente, Temer, hasta el 31 de diciembre de 2018. Es precisamente a este personaje a quien se le pretendía seguir un impeachment por corrupción, proceso que fue detenido por el destituido Eduardo Cunha.

El proceso de destitución definitiva de Rousseff podría ser interrumpido por las apelaciones que interpusieron, tanto gobierno y como oposición, ante el alto tribunal, en las cuáles se exige la revisión de varios aspectos del proceso. De acuerdo con AP, también «existe la posibilidad de que una corte, o incluso los propios magistrados o un juez por su cuenta, puedan intervenir» en el enjuiciamiento.

«Yo no creo que vaya a haber mayor convulsión», añadió Luna al ser interrogado sobre el destino del gobierno brasileño. Señaló que en el Tribunal Supremo Federal de la nación, muchos de los magistrados fueron nombrados por Rousseff, por lo que no extrañaría que muestren su apoyo a la mandataria mientras transcurre su alejamiento del poder.

Foto: EFE

Michel Temer asumirá hoy la presidencia de Brasil tras la decisión del Senado de apartar a Dilma Rousseff y lo hará con el desafío de terminar los deberes dejados a medias por la jefa de Estado, entre los que prima el hercúleo reto de levantar una economía en caída libre.

En la lista de tareas imprescindibles, Temer deberá recuperar la confianza de los inversores y de los mercados financieros, desencantados con la política poco ortodoxa implementada por Rousseff, separada hoy de su cargo por la Cámara Alta para iniciar un juicio político con vistas a su destitución.

Como presidente interino, Temer toma las riendas de un país con una economía totalmente noqueada, que el año pasado se contrajo un 3,8 % y que podría caer otro 3 % en 2016, ahogándose así en su peor recesión desde 1930.

Temer asume una herencia maldita en cuestión de números, especialmente en las cuentas públicas del país, que en 2015 registraron un déficit fiscal primario de 111.249 millones de reales (unos 32.000 millones de dólares).

El Ejecutivo espera este año una cuenta negativa de cerca de 100.000 millones de reales (unos 28.000 millones de dólares), lo que supondría el tercer año consecutivo en números rojos y un agravaría de la deuda pública, que se sitúa ya en torno al 67 % del Producto Interior Bruto (PIB).

Para restaurar la salud de las finanzas, Temer se ha comprometido a aplicar un ajuste fiscal, el mismo que su antecesora Rousseff intentó llevar a cabo sin éxito por la fuerte oposición que encontró en el Congreso y en sus propias bases.

Temer podría delegar esa misión a Henrique Meirelles, el jefe del Banco Central durante el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y un experimentado exbanquero de Wall Street que cuenta con el beneplácito del mercado financiero.

El eje central del paquete de austeridad pasará por la reducción de los gastos públicos, comenzando por un corte significativo en el número de ministerios, según han adelantado legisladores próximos a Temer.

Para engrosar las cuentas, también podría recurrir a las privatizaciones de «todo lo que sea posible» en materia de infraestructura, como fue adelantado recientemente en un documento titulado «Travesía social» y que cuenta con el visto bueno de Temer.

Otro de sus caballos de batalla será la reforma del sistema de pensiones, una propuesta que la propia Rousseff intentó plantear en el Congreso, pero que contó con una fuerte resistencia por parte de su propio partido.

En la lista de innumerables asuntos pendientes en materia económica también figura el combate a la inflación, que en 2015 cerró en el 10,67 %, el mayor nivel en los últimos 13 años, aunque ha comenzado a desacelerar durante 2016.

El alza de los precios ha golpeado el consumo de las familias, que durante años fue uno de los motores que hicieron girar la rueda económica del país, y ha obligado a las autoridades monetarias a elevar fuertemente los tipos de intereses.

Como un pez que se muerde la cola, el enfriamiento de la economía y la incertidumbre política se han ensañado con el desempleo, que ha aumentado sin tregua, hasta los 11,1 millones de parados.

Pero su éxito no depende sólo de sus maniobras en materia de números, sino de las piezas que se vayan moviendo en un tablero político salpicado por corrupción.

Para llevar adelante los proyectos, Temer deberá tejer fuertes alianzas parlamentarias, las mismas que hicieron a Rousseff perder el rumbo de su Gobierno y la precipitaron hacia el abismo político.

El Senado brasileño dio hoy luz verde al juicio político contra Dilma Rousseff, que será suspendida de la Presidencia del país durante 180 días y sustituida de forma interina por el vicepresidente, Michel Temer, mientras la Cámara define si destituye a la primera mujer que ha llegado al poder en Brasil.

Tras una sesión maratoniana, que se prolongó durante 20 horas y media, la votación fue contundente: 55 se pronunciaron a favor de apartar a Rousseff, 22 en contra y 4 se ausentaron.

Una abultada derrota para Rousseff: bastaba una mayoría simple, 41 senadores sobre los 81 que componen la Cámara Alta para apartarla temporalmente de la Presidencia por un «crimen de responsabilidad», el maquillaje de las cuentas públicas, una práctica habitual en los gobiernos brasileños de todos los signos políticos y que, a ojos de la Justicia, no constituye un delito.

La oposición logró superar su objetivo de llegar a 54 votos, equivalentes a la mayoría calificada de dos tercios que, una vez que concluya el juicio, será necesaria para que Rousseff sea finalmente destituida.

El Gobierno y el Partido de los Trabajadores (PT) agotaron todas las posibilidades para tratar de frenar el proceso hasta el último minuto recurriendo incluso al Tribunal Supremo, que a primeras horas del miércoles avaló el desarrollo del procedimiento y rechazó un recurso de la Abogacía General del Estado.

No hubo sorpresas durante una jornada en la que sus señorías se ajustaron a sus respectivos guiones y, en la mayoría de los casos, utilizaron sus intervenciones más para justificarse ante su electorado con la vista puesta en las próximas elecciones municipales que para debatir en profundidad las causas que han llevado a la separación de Rousseff del poder.

Sólo los miembros del PT y algunos de sus escasos aliados defendieron a la mandataria e insistieron en calificar de «golpe» la maniobra que ha llevado al hasta hoy vicepresidente Temer a la Presidencia.

El abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, insistió en que el «impeachment» carece de sustento legal y advirtió de que con su aprobación «Brasil se transformará en la mayor república bananera del planeta».

Entre los partidarios del impeachment, durante la sesión se sucedieron las críticas al maquillaje de las cuentas públicas y las encendidas condenas contra la corrupción, aunque sus señorías evitaron mencionar que cerca del 60 por ciento de los senadores tiene cuentas pendientes con la Justicia.

El propio presidente de la Cámara Alta, Renan Calheiros, uno de los protagonistas del impulso al juicio político contra la presidenta, tiene una decena de causas en los tribunales.

Calheiros admitió esta madrugada que el impeachment es «un factor de inestabilidad» y abogó por revisar la ley en el futuro para «garantizar la seguridad jurídica».

«Cada cual tendrá que responder ante la historia por sus aciertos y errores en este proceso», dijo antes de dar paso a la votación.

Para el senador Fernando Collor de Mello, quien renunció a la Presidencia en 1992 cuando se enfrentaba a un proceso de destitución por corrupción, que el sistema político «está en ruinas».

Collor, que renunció antes de ser destituido en medio de un escándalo que sacudió al país pero fue absuelto por la Justicia dos años después, reveló que avisó a Rousseff del proceso que se le venía encima y le ofreció su consejo, pero no fue escuchado.

La decisión del Senado supone la separación automática de Rousseff, a la que se le notificará formalmente en las próximas horas y tendrá que abandonar Planalto, la sede del Ejecutivo.

Se atrincherará en la residencia presidencial, la Alvorada, durante los seis meses que se tomará el Senado para avanzar en el juicio político y definir si la exonera, y la permite volver al cargo, o la destituye.

Consciente de la derrota anunciada en el Senado, Rousseff comenzó el miércoles a desalojar su despacho que hoy mismo ocupará su vicepresidente y nuevo presidente interino.

Temer, que en las últimas semanas ha estado muy ocupado negociando la formación de su Gobierno dando por segura la separación de Rousseff, presentará a su equipo avanzado el día.

La «estrella» del nuevo Gabinete es un viejo conocido de los brasileños, Henrique Meirelles, que fue presidente del Banco Central con el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y que ahora tiene el desafío de recuperar la economía del gigante latinoamericano.

Mientras, según una encuesta del Instituto Ipsus, apenas el 14 por ciento de los brasileños se declara optimista sobre el futuro del país, el nivel más bajo en una década.