Michel Temer (casi empatado con el cubano Raúl Castro) no ha logrado legitimar su imagen en la región tras el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff. A su vez, Enrique Peña Nieto empeoró su imagen positiva en cinco puntos.

En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. El mundo económico brasileño se echó a temblar; el mundo político, también. Y no han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podía guardar el nieto (y ya por entonces presidente) de la mayor constructora de América Latina, con 168 mil empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o Estados Unidos, eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por si solos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región.

Durante muchos meses, Marcelo, un hombre pagado de sí mismo y de carácter fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía brasileña: confesar lo que sabía (esto es: a quién había sobornado para conseguir contratos golosos) a cambio de rebajar la condena. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más las pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornado constituyó una de las más concluyentes) le hicieron doblegarse.

Aceptó cantar y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años). Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad.

Además de pedir perdón públicamente, la empresa, asimismo, se avino a pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3 mil 500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.

Pero una vez que las investigaciones se habían puesto en marcha, nada iba a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde Estados Unidos y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y al expresidente peruano Alejandro Toledo. “Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de la empresa (un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera) que, sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes», afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano.

Nada apunta a que la tormenta vaya a parar. Al contrario. Las confesiones de los más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht) están hoy por hoy en Brasil protegidas por el secreto de sumario. Pero no lo estarán por mucho tiempo y, más pronto o más tarde, se harán públicas. La prensa brasileña las denomina, acertadamente, “la confesión del fin del mundo”. Hace un mes se filtró la declaración de uno de esos altos cargos. Solo uno. Se llamaba Cláudio Melo Filho y su trabajo consistía, según afirmó ante la policía, en presionar (y sobornar) a políticos brasileños a cambio de que favorecieran los intereses de la empresa a la hora de conceder contratos o modificar leyes. Aseguró también que el actual presidente, Michel Temer, aceptó en la terraza de su palacio 10 millones de reales (más de 3 millones de euros) para su campaña electoral. Lo que esconda la declaración de Marcelo Odebrecht, que trataba con presidentes y ministros de muchos países, es dinamita pura a punto de estallar.

Esto es lo que se va conociendo de las diferentes investigaciones:

VENEZUELA

Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.

COLOMBIA

La posibilidad de que el caso Odebrecht, empresa que confesó haber pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos, salpicase al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha desatado un tsunami político desde el martes por la noche en el país sudamericano. La Fiscalía aseguró que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Este miércoles, el fiscal salió a matizar ese condicional y explicó que responde únicamente al testimonio del exsenador detenido pero que no hay prueba física de que ello ocurriese, por lo que ha pedido que se investigue, un reclamo que ha hecho el propio presidente. Mientras, el Gobierno en pleno salió en defensa de Santos.

El pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. A partir de la declaración de Bula, la Fiscalía emitió el comunicado matizado después.

BRASIL

Las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.

Hasta el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de que una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario pero la prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer y a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. Están también dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), desde José Serra, actual ministro de Exteriores, a Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre fuerte para las generales de 2018. 

PERÚ

La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo, que se encuentra en París junto a su mujer Eliane Karp, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde negó haber recibido los sobornos denunciados.

Toledo no es sin embargo el único expresidente peruano salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del expresidente Ollanta Humala se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial. Antes de esta revelación, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

Además, el pasado 31 de enero, las autoridades peruanas detuvieron a su llegada de Estados Unidos a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de unas obras de metro.

Pero no sólo por corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los peruanos. Perú tuvo que cancelar la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia de este país. El consorcio encargado de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó con la financiación necesaria para terminarla. Ha sido multado.

ARGENTINA

En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio Macri.

El jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente (hasta el punto de que le alquila el departamento de lujo en el que vivía antes de trasladarse a la residencia oficial) se ha visto obligado a declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. La hipótesis que manejó La Nación, el diario que publicó la noticia, es que se trataba de una coima por la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

El Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri defendió a su amigo: “No entiendo de dónde sacan la vinculación con Odebrecht, es un cuento”, llegó a decir.

MÉXICO

Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado (mexicano)”. Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso. Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.

En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero, Arely Gómez, la titular de la SFP, dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero no presentó ningún avance en la investigación.

REPÚBLICA DOMINICANA

Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha cantidad.

Según el acuerdo, «dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles». Destacó que, además de Brasil, República Dominicana es «el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos».

ECUADOR

Ecuador también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. En la actualidad, la Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español que puede aportar información sobre el caso Odebrecht en Ecuador, según informa EFE. Durán es investigado por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.

PANAMÁ

Así como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.

La muerte del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Teori Zavascki, instructor del caso de las corruptelas en Petrobras y responsable de las homologaciones de las delaciones de esta trama, conocida como «Lava Jato», abre otra incógnita sobre el mayor caso de corrupción en la historia del país.

Zavascki, de 68 años, falleció este jueves cuando la avioneta en la que viajaba cayó al mar en el sur del estado de Río de Janeiro por causas aún desconocidas.

La Policía Federal de Brasil abrió, una investigación para determinar las causas del accidente. «Se trata de un procedimiento normal que pasa naturalmente cuando ocurren este tipo de sucesos», señalaron fuentes de la Policía Federal de Angra dos Reis.

El Cuerpo de Bomberos aumentó a cuatro el número de víctimas de la avioneta, modelo Hawker Beechcraft King Air C90, que había salido del aeródromo Campo de Marte, en la ciudad de Sao Paulo, con destino a Paraty, en el litoral sur del estado de Río de Janeiro, según confirmaron fuentes de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).

Entre los fallecidos, además del magistrado Zavascki, estaba el empresario Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dueño de la cadena hotelera Emiliano y propietario de la aeronave, cuyo piloto, Osmar Rodríguez, también murió, según un comunicado de la compañía.

La presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Cármen Lúcia Antunes, lamentó en una nota la muerte de Zavascki, «uno de los más brillantes jueces que ayudaron a construir la historia del STF y del país». «Su trabajo permanecerá para siempre y su presencia y ejemplo se quedarán como un rumbo del cual no nos desviaremos. El sentimiento de dolor servirá de permanente recuerdo para los compromisos que marcaron la vida del magistrado», expresó Antunes.

Los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff también reaccionaron a la muerte del juez encargado del caso «Lava Jato» en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, con sendos mensajes en las redes sociales.

«Brasil perdió a un ciudadano que honró la Magistratura en todos los puestos que ocupó. Mi solidaridad a la familia y a los miembros del STF», manifestó Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010.

Por su parte, Rousseff, destituida en agosto pasado tras ser sometida a un juicio político por el Legislativo, señaló que Zavascki «se consagró como un intelectual del Derecho, celoso de las leyes y de la Justicia».

La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff dijo este viernes en Montevideo que si el Mercosur aplica la cláusula democrática a Venezuela para expulsarlo del bloque también se debería aplicar a Brasil.

“O tenemos una regla para todos o no. Es muy interesante esta historia de aplicar la cláusula solo a países que tienen determinadas características”, criticó Rousseff durante una rueda de prensa previa a su participación en la charla “Yo defiendo la democracia”, en la sede de la coalición oficialista uruguaya, el Frente Amplio.

Así, pidió coherencia con relación a la aplicación de la cláusula democrática, ya que Brasil no sufrió sanciones tras el “golpe parlamentario” que la apartó a ella del poder, argumentó.

Y respecto a la situación de Venezuela, defendió el diálogo previo y el envío de “delegaciones oficiales” que busquen una “salida pacífica” para la situación antes de aplicar sanciones.

Además, manifestó que la participación de Venezuela en el bloque “tiene sentido porque es un país de 45 millones de habitantes que, dentro de un proceso de integración, constituye un gran mercado”.

El pasado 24 de octubre, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo estar muy “preocupado” por la crisis política que vive Venezuela e indicó que “en estos términos” el país presidido por Nicolás Maduro “no puede ser parte del Mercosur” ya que allí “no se están respetando los derechos humanos”.

En esa misma instancia, el mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez, que realizaba una visita oficial a su par argentino, anunció que el Mercosur celebrará una reunión para discutir si se aplica la cláusula democrática sobre Venezuela.

Por otro lado, con relación al acuerdo comercial que se negocia entre la Unión Europea (UE) y cuatro de los cinco países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -Venezuela se mantiene al margen pos decisión propia-), Rousseff destacó que el mayor reto es la falta de voluntad de “determinados países”.

“Irlanda, Francia y Polonia no quieren el acuerdo entre la UE y el Mercosur porque consideran que sus productos agrícolas serían perjudicados, y no podemos concretar este tratado sin considerar los lácteos y todos nuestros demás productos que son competitivos”, precisó.

El ex presidente de la Cámara baja de Brasil Eduardo Cunha fue detenido hoy en Brasilia por la policía, por su presunta implicación en la trama de corrupción en la estatal Petrobras.

Cunha, quien hace unas semanas fue despojado de su escaño, fue detenido por orden del juez Sergio Moro, quien investiga su presunta participación en la red de corrupción que operó en Petrobras, de la cual se sospecha que recibió unos cinco millones de dólares.

El ex diputado es dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece el presidente Michel Temer, quien está en el poder desde el pasado 31 de agosto, tras la destitución de la ex mandataria Dilma Rousseff tras un proceso iniciado por el propio Cunha.

Cunha fue detenido en el barrio Asa Sul, uno de los más acomodados de la capital brasileña, en la que aún mantenía una residencia tras haber sido despojado de su escaño.

Como presidente de la Cámara baja, Cunha aceptó a trámite las acusaciones de irregularidades fiscales que dieron inicio al proceso que llevó a la destitución de Rousseff por presuntos malos manejos en los presupuestos.

En julio pasado, al renunciar a la presidencia de la Cámara baja en medio del proceso que finalmente le costó el escaño, Cunha se ufanó de haber iniciado el trámite que llevó a la caída de Rousseff.

«Estoy orgulloso por haber ayudado a que Brasil se librara de uno de los Gobiernos más corruptos que ha tenido», declaró entonces.

Sin embargo, el propio Cunha, cuando inició el proceso contra la exmandataria, ya era investigado por su presunta participación en la red de corrupción que operó en la petrolera estatal Petrobras, de la que habría recibido unos cinco millones de dólares en sobornos.

Según la acusación, Cunha mantenía oculto ese dinero en cuentas cifradas abiertas en bancos suizos, lo que el exdiputado siempre negó, aunque sus argumentos fueron desbaratados por la justicia helvética, que comprobó la existencia de esos depósitos.

Tras esa comprobación y otros indicios, el Supremo abrió tres causas distintas contra Cunha, una de las cuales fue remitida al juez Sergio Moro, responsable de la investigación en Petrobras, una vez que perdió su escaño.

Según las autoridades policiales, tras su detención en Brasilia, Cunha será trasladado a la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde están centradas todas las operaciones sobre la red de corrupción que operó en Petrobra

Listas de precios de alimentos importados ofrecidos en un abasto de Caracas el 14OCT16.

La situación legal del expresidente izquierdista brasileño Lula da Silva tiende a complicarse aún más. El Ministerio Público de Brasil presentó el 10OCT16 denuncia contra Lula por recibir propinas millonarias a cambio de influir para que el estatal Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) aprobara créditos a la constructora Odebrecht destinados a obras en Angola. La acusación de la Fiscalía fue acogida el 13OCT16 por un juez federal de Brasilia quien declaró a Lula como “indiciado”. Hasta la fecha Lula figura como indiciado en tres procesos judiciales distintos, todos ellos relacionados con el esquema de corrupción que conectó a empresas constructoras con altos jefes del partido PT. Según Lula se trata de maniobras de jueces, policías y medios para frenar su candidatura presidencial del 2018. Pero la imagen del otrora dirigente sindical se está convirtiendo en una rémora para su propio partido, según se desprende de los resultados de las elecciones municipales del 02OCT16 en las cuales su electorado tradicional dio la espalda al PT.

Tras la destitución de Dilma Rousseff, el PT acarició la idea de crear un clima de violencia callejera y exigir elecciones anticipadas para reemplazar al presidente Michel Temer. Los resultados electorales municipales pusieron fin a la ilusión izquierdista de Lula arrasando en las urnas y devolviéndolos al poder. En este momento el futuro de Lula pareciera está más cercano a los tribunales de justicia que al palacio presidencial de Brasilia.

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El régimen chavista implementa una nueva fase de su paquete de ajuste económico con el único propósito de garantizar disponibilidad de dólares en manos del Gobierno. Mediante grises mecanismo de importación, con exoneración de aranceles y sin registros sanitarios, los estantes de abastos y cadenas de supermercados venezolanos comienzan a recibir mercadería importada la cual es ofrecida en los envases originales de sus países de origen. Arroz procedente de Brasil donde el precio a nivel del consumidor oscila en menos de un dólar por kilogramo, está siendo vendido en Caracas al equivalente a US$ 3,5. Alimentos  procedentes de EEUU, tales como harina de trigo, arroz, aceite o azúcar son comercializados a más de tres veces el precio ofrecido en cualquier cadena de ventas minoristas estadounidense. El salario mínimo en Venezuela equivale a US$22 y se eleva a US$66 mediante bonificaciones obligatorias. Sólo una pequeña y decreciente fracción de la población venezolana está en capacidad de sufragar sus gastos básicos. Las más extremas propuestas “neoliberales” para la economía venezolana resultan tibias ante el impacto empobrecedor del paquete “antineoliberal y socialista” que aplica Maduro, soportado por la alta jerarquía castrense y por un aparato represivo omnipresente.

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Mediante la declaración del estado de excepción a principios del año 2016, el gobierno Maduro se autoconfirió la potestad de aprobar erogaciones fiscales extrapresupuestarias, sin contar con el aval de la Asamblea Nacional controlada por la Oposición. El chavismo se niega a someter al escrutinio público las cuentas de los diecisiete años en los que han gobernado hegemónicamente al país. En la medianoche del 11OCT16 el Tribunal Supremo de Justicia, totalmente bajo control de chavismo, anunció una sentencia según la cual el Presupuesto Nacional 2017 no requeriría la aprobación del poder Legislativo, bastando la emisión de un Decreto presidencial y la bendición de la Sala Constitucional de ese mismo Tribunal Supremo. La base “legal” para tal sentencia es que según el TSJ, la Asamblea Nacional, es decir la representación popular, estaría en “desacato”. El 14OCT16, a las puertas del Panteón Nacional, Maduro procedió a autoaprobarse el presupuesto de ingresos y gastos del año 2017 incluyendo los montos en los cuales endeudará a la Nación para financiar sus erogaciones. El gobierno chavista, sin que el documento fuera considerado y aprobado por el parlamento, se autorizó a sí mismo a gastar US$ ocho mil millones.

Además, los reiterados decretos emitidos por Maduro que suspenden las garantías constitucionales, debidamente ratificados por el TSJ, lo facultaría para aprobarse su propio presupuesto de la Nación.

La palabra “dictadura” para referirse al régimen venezolano comienza a ser de uso generalizado en los más diversos medios internacionales.

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Tras la derrota sufrida en el plebiscito del 02OCT16 cuando el electorado colombiano rechazó el Acuerdo Santos-Farc, el presidente colombiano está desplegando una intensa operación para lograr, sea como sea, la entrada en vigencia de algún pacto “de paz” con la guerrilla. La estrategia de Santos pareciera ser la de crear un clima de opinión, interno y externo, que neutralice los resultados del plebiscito, muestre a Santos como un “interlocutor” nacional entre las Farc y los “guerreristas” y favorezca la aplicación del Acuerdo Santos-Farc basado en sus genéricas potestades constitucionales.

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El arsenal presidencial de Santos incluye desde inusuales cadenas de televisión casi diarias con sus alocuciones sobre gestiones para la paz, hasta la participación directa de su familia en la organización de propaganda callejera. La propia esposa de Santos, doña María Clemencia, ha estado utilizando su cuenta en Twitter identificada con su apodo familiar “Tutina”, para promocionar operaciones de propaganda capitaneadas por su hijo Martín. Acciones aparentemente espontáneas como pega de afiches en las paredes de Bogotá así como campañas en redes sociales de Internet a favor del “Acuerdo Ya” son  direccionadas desde los salones familiares del presidencial Palacio de Nariño.

El 04OCT16, desde La Habana, el jefe guerrillero Iván Márquez tuiteó: “Aquí no queda otro camino que salir a la calle a defender el Acuerdo de Paz”. Mostrando poco apego a la sentencia de las urnas, las Farc llamaban a desconocer el rechazo popular a las condiciones del Acuerdo firmado con Santos. Esa línea fue asumida por el gobierno Santos, estimulando un “espontaneo” activismo de calle para confrontar a quienes se han opuesto a los términos pactados con la guerrilla. De hecho, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ahora figura como uno de los aspirantes presidenciales santistas, ha divulgado sus imágenes participando en actividades “espontaneas” de apoyo al Acuerdo.

En tanto, desde el Departamento de Estado de EEUU hasta el equipo editorial del The New York Times presionan a Álvaro Uribe para que ceda en sus posiciones. Curiosamente, nadie pide que las Farc cedan en sus exigencias que tienden a la impunidad judicial. La táctica de las Farc pareciera estar ganando: han colocado a parte de la élite gobernante colombiana y al Gobierno y prensa de EEUU a defender los intereses de los jefes guerrilleros.

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La misma noche del 02OCT16 Santos invitó a conversar a quienes identificó  como líderes del “No”: los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Las propuestas formalizadas por Pastrana y Uribe para modificar el Acuerdo Santos-Farc están dirigidas a temas esenciales de lo pactado por el gobierno con la guerrilla. La propuesta opositora propone una amnistía para guerrilleros rasos, rechaza la creación de un aparato de “justicia especial” para guerrilleros, rechazan que los jefes de las Farc sean exonerados de penas de privación de libertad y  sean elegibles a cargos políticos, rechazan el financiamiento privilegiado al partido político que crearían las Farc, se oponen a que el Acuerdo se convierta en parte de la Constitución de Colombia, no aceptan que las Farc comiencen a tener asiento en el Consejo Nacional Electoral, entre otros puntos. Santos ha prometido llevar a las Farc las propuestas de Uribe y Pastrana sabiendo que no son aceptadas por los jefes guerrilleros. Santos, sin duda, está entrampado entre intentar burlar el resultado del plebiscito o procurar liderar un improbable (¡no imposible!) acercamiento de posiciones.

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El lunes 10OCT16 en la sede de la cancillería de Venezuela en Caracas, el gobierno de Colombia y voceros de la guerrilla ELN, anunciaron el inicio de negociaciones públicas de paz. El acto se produjo sin que el ELN liberara a todos los secuestrados en su poder y pareciera mostrar el apremio de Santos por alejarse de la derrota en el plebiscito. Las negociaciones con el ELN comenzarían el 27OCT16 en Ecuador y no en Caracas como tantas veces solicitó la guerrilla. El gobierno de Brasil, al cual Maduro no reconoce, forma parte de los países garantes del proceso de negociaciones Santos-ELN.

Documento suscrito por el gobierno de Colombia y el ELN en Caracas el 10OCT16.

Aún con el Acuerdo no aprobado, el gobierno Santos procedió a suscribir el 13OCT16 un nuevo protocolo con las Farc y las Naciones Unidas. Se trataría, en parte, de un esquema para el aumento de personal y equipos de la ONU con el propósito de supervisar el actual cese al fuego bilateral. El gobierno colombiano ha mantenido mutismo sobre los términos pactados con la guerrilla, pero el jefe de la misión de la ONU en Colombia Jean Arnault se refirió el 10OCT16 a que la Fuerza Pública colombiana y las Farc  “tomarán medidas de redespliegue que minimicen la posibilidad de encuentros armados”. Tras la firma de este nuevo protocolo, Santos anunció la noche del 13OCT16 la prorroga hasta el 31DIC16 del cese al fuego, aunque para evitar malestar en los jefes de las Farc residenciados en La Habana, el presidente colombiano aclaró que no se trataba de un “ultimátum”.

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En medio de la controversial situación política que vive Colombia, Santos será nuevamente anfitrión de dos decenas de mandatarios extranjeros que se congregarán en la XXV Cumbre Iberoamericana. El 28OCT16 deberá arrancar en Cartagena de Indias la cita de dos días que congrega anualmente a jefes de gobierno de España y Portugal, más una veintena de mandatarios de Latinoamérica, África y Asia, con la segura presencia del rey Felipe VI. Tres días después de la Cumbre Iberoamericana, Santos viajará a Londres donde disfrutará de una de las dos fastuosas visitas de Estado que la reina Isabel concede anualmente a mandatarios extranjeros. Santos junto a su esposa, a la canciller y también precandidata presidencial María Angela Holguín y parte de la larga comitiva se alojará en Palacio de Buckingham.

@ecotalvora

Diario Las Américas

Jefes de las Farc esperan el resultado del plebiscito del 02OCT16 arrellanados en el Club Habana en Cuba. Foto: @Alapepastorfarc

Juan Manuel Santos orientó su campaña publicitaria para el plebiscito como una falsa disyuntiva entre la paz y la guerra. El propio Comité Nobel de Noruega, que confirió a Santos el Nobel de la Paz el 07OCT16, argumentó en su veredicto que “el plebiscito no era una votación a favor o en contra de la paz”, sino una consulta sobre el “controversial” acuerdo alcanzado con las Farc.

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Los estrategas de la campaña oficialista en Colombia entendían que el único enemigo a vencer en el plebiscito era la abstención y su meta era lograr el umbral mínimo de votos requeridos por ley, dando como supuesto que el voto por el “no” sería minoritario. Pero el “si” al Acuerdo perdió el plebiscito porque el aparataje clientelar político nacional y, básicamente local, que buscó votos para Santos en las elecciones presidenciales de 2014, no se movió para acarrearle electores a las mesas en la consulta por la paz. Santos intentó validar políticamente su Acuerdo con las Farc mediante un mecanismo electoral el cual intentó ganar como si se tratara de una elección, fracasando en el intento. A favor del acuerdo sólo se pronunció el 18,27% del electorado mientras el 18,42% lo rechazó. El tema de las “Farc” la noche del 02OCT16 pasó nuevamente a ser un asunto a negociar entre las élites gobernantes en Colombia, cuyas contradicciones no logró resolver Santos en los seis años que lleva en conversaciones con las Farc.

Santos, al contrario de lo que expresa la propaganda en su contra, difícilmente puede calificarse como un agente “castrochavista”. Pero las Farc no es una organización legalista, democrática y pacifista como ahora pretende presentarse. Además, los resultados del plebiscito dejaron ver que las Farc y la izquierda legal colombiana poseen un peso electoral mínimo en la Colombia actual.

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Tras horas de evidente confusión e incertidumbre, la misma noche del 02OCT16 el gobierno colombiano arrancó un plan para salvar el proceso de paz con las Farc. Santos identificó a los expresidentes Alvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango como los voceros legítimos de quienes se opusieron al Acuerdo. El gobierno aceptó lo que rechazaba hasta ese momento: el Acuerdo con las Farc puede ser modificado. Tanto el uribismo como el Gobierno coinciden en que una eventual renegociación debe hacerse entre el Gobierno y las Farc sin participación de terceros. Pareciera que nadie en Colombia, gobierno, oposición y las Farc, desean convocar a una nueva consulta popular sobre un eventual futuro acuerdo modificado. El uribismo, que en 2015 había coqueteado con la idea de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, ahora habría desechado esa ruta y considera que el Presidente posee facultades constitucionales para canalizar un acuerdo modificado. La vocería de las Farc insiste en que el Acuerdo firmado es un “tratado internacional” inmodificable y que puede ser puesto en vigencia por Santos sin atender a los resultados del plebiscito.

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Los negociadores de Santos y de las Farc, tras sostener largas conversaciones en Cuba posteriores al plebiscito, emitieron un comunicado que deja ver las tensiones existentes. Los jefes guerrilleros cómodamente residenciados en La Habana, se niegan a considerar cambios sustantivos en el Acuerdo. En el comunicado conjunto leído en el Hotel Palco de La Habana el 07OCT16, las Farc aceptan seguir “escuchando un proceso rápido y eficaz, a los diferentes sectores de la sociedad, para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida por los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2016”. La mención a esa sentencia indica que las Farc mantienen la posición de no renegociar el Acuerdo y exigir que sea puesto en vigencia independientemente del resultado del plebiscito. El comunicado se refiere a “ajustes y preocupaciones” que serán “discutidos” por el Gobierno y las Farc “para dar garantías a todos” y no a eventuales cambios de fondo.

Las reformas que la oposición está exigiendo al Acuerdo Santos-Farc son de fondo. La oposición rechaza la amnistía general implícita en el Acuerdo que cobijaría incluso a los altos mandos de las Farc, la creación de tribunales especiales, la no inhabilitación política de los guerrilleros procesados y su consecuente incorporación a la política. Todos ellos son aspectos centrales del Acuerdo y son impugnados por la oposición.

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La ejecución de los términos para la desmovilización acordados por el gobierno colombiano con las Farc no se ha paralizado. Tras la derrota en el plebiscito del 02OCT16, el gobierno Santos decidió continuar la aplicación de lo pactado con la guerrilla en lo atinente a la cesación del fuego y los preparativos para la movilización de guerrilleros hacia las denominadas zonas de concentración. La decisión de Santos cuenta con el apoyo de los opositores al Acuerdo, los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes igualmente se han pronunciado a favor de que la “comunidad internacional” continúe las tareas de monitoreo y verificación que ya parcialmente están cumpliendo. El general argentino Javier Pérez Aquino, designado como jefe de la misión de observadores de la ONU para Colombia, se encuentra cumpliendo funciones en el país al frente de un cuerpo que ya alcanzaría varias centenas de funcionarios internacionales. Se espera que la Secretaría General de la ONU apruebe la continuidad de la presencia de sus observadores a pesar de los resultados del plebiscito.

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El 04OCT16 el Ministro de la Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, emitió una Directiva normando el cese al fuego por parte de las tropas colombianas con vigencia hasta el 31OCT16. El anuncio fue entendido por diversos medios de prensa y hasta por las Farc, como un plazo para el reinicio del conflicto armado. Sin embargo la Directiva ministerial fue emitida para cubrir un vacío normativo sobre la actividad de los militares ante las Farc, organización que aún permanece armada y al margen de la ley. El cese al fuego oficial que arrancó el 29SEP16 fue establecido mediante el decreto suscrito el 26AGO16 por Santos el cual no contempla plazo final y que no ha sido derogado. El reinicio del conflicto armado es un escenario analizado por planificadores militares colombianos y de países vecinos, pero que oficialmente es negado tanto por el Gobierno Santos como por las Farc.

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Las fotografías que circuló la agencia AFP el 02OCT16 que mostraban al jefe de las Farc, Timoleón Jimenez Timochenko y a otros jefes guerrilleros arrellanados en grandes butacas, fumando habanos en una lujosa sala del exclusivo Club Habana, hacen dudar que la actual jefatura de las Farc, cuyas edades promedian los sesenta años y que han pasado cuatro en Cuba, regrese a las montañas de Colombia a retomar un conflicto armado en el cual han sido derrotados. Una eventual retomada del conflicto armado en Colombia sería con unas Farc dirigidas por nuevos jefes con el peso de la poderosa narcoeconomía globalizada que está estructurando una nueva geografía del narconegocio en Suramérica sediento de  combatientes propios.

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El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien en su momento rechazara el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, visitó Brasilia el 06OCT16 siendo recibido no sólo por el canciller Jose Serra sino por el propio presidente Michel Temer. Durante la audiencia concedida por Temer a Almagro en el Palacio de Planalto fue tratado el tema “Venezuela” y la evidente decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no realizar en 2016 el referendo revocatorio presidencial auspiciado por la Oposición. La tesis de suspender al gobierno Maduro  de la OEA, en aplicación a la Carta Democrática, fue analizada en la reunión ya que nuevamente comienza a cobrar cuerpo.

Tres días antes, el 03OCT16, Temer visitó Buenos Aires y Asunción, celebrando reuniones y firmando declaraciones con Mauricio Macri y Horacio Cartes, tanto sobre temas bilaterales como sobre gestiones específicas del Mercosur en las cuales omitieron totalmente al gobierno chavista. El Mercosur se está recomponiendo sin chavismo y a favor de resolver viejas trabas a los acuerdos comerciales que dieron razón de ser al mecanismo. Argentina, Brasil y Paraguay se han convertido en el epicentro de un grupo de gobiernos latinoamericanos que se consultan y actúan en conjunto sobre Venezuela, se disponen a retirar la condición de “miembro pleno” del Mercosur  a Venezuela, y están propugnando su suspensión del Mercosur y de la OEA por violación a las respectivas clausulas democráticas.

Michel Temer y Mauricio Macri reunidos en la residencia presidencial argentina Quinta de Olivos el 03OCT16. Foto: Presidencia Brasil

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Evo Morales decidió normalizar sus relaciones con el gobierno brasileño abandonando la línea de Cuba y Venezuela que desconocen a Michel Temer como mandatario de Brasil. Morales en una rueda de prensa el 03OCT16 en La Paz, intentó explicar las razones por las cuales ahora sí reconoce a Temer como mandatario. “Si bien ha habido un golpe congresal, me he informado que es legal, que se han cumplido los procedimiento normativos, pero no tienen legitimidad, eso entiendo», dijo Morales.

La declaración del presidente y líder cocalero boliviano es un verdadero trabalenguas argumental que mantiene la tesis izquierdista según la cual el enjuiciamiento y destitución de Dilma Rousseff habría sido un “golpe”. Pero  Morales igualmente asegura que la presidencia de Temer es “legal” aunque “no tiene legitimidad”. Tras justificar su nueva evaluación del gobierno brasileño al cual ha repudiado hasta le fecha, Morales ordenó el regreso a Brasilia de su embajador   José Kinn. Con una ya sensible reducción de sus ingresos fiscales, para Morales resulta urgente concretar negociaciones de venta de gas a Brasil.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

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La expresidenta brasileña Dilma Rousseff ha intentado un nuevo recurso ante la Corte Suprema, en el que pide la anulación del proceso que acabó con su destitución por diversas irregularidades fiscales, según informó su defensa.

El documento, de 493 páginas, fue presentado por el abogado José Eduardo Cardozo, exministro de Justicia que representa a Rousseff, y reitera los argumentos esgrimidos durante el juicio político, que no bastaron para convencer al Senado, que actuó como tribunal bajo una estricta supervisión de la propia Corte Suprema.

En esta nueva apelación, Cardozo reitera que el proceso careció de base legal pues, en opinión de la defensa, las acusaciones no fueron debidamente comprobadas y fue producto de unas «meras articulaciones políticas».

El documento responsabiliza de esas maniobras políticas a Michel Temer, quien como vicepresidente ha pasado a ocupar la Presidencia de Brasil desde el pasado 31 de agosto, cuando Rousseff fue destituida.

«Un país no puede, bajo el riesgo de traumas y conflictos, ser gobernado por quien no ha sido elegido por el pueblo y no ejerce su mandato como consecuencia del texto constitucional», dice el texto.

También sostiene que «la democracia no puede convivir con ningún Gobierno ilegítimo, así sea por unos pocos días».

Además de pedir la anulación del proceso, la defensa exige que Rousseff sea restituida en el poder y que Temer vuelva a ocupar la vicepresidencia.

«En un Estado Democrático de derecho, no puede ser admitido que se invoquen falsos motivos jurídicos para destituir a un presidente de la República», añade el documento, que insiste en calificar el proceso de «golpe» y «ruptura democrática».

A lo largo de todo el proceso, que se desarrolló entre diciembre de 2015 y agosto pasado, la defensa de Rousseff intentó diversas acciones en el mismo sentido ante la Corte Suprema, que hasta ahora las ha rechazado una a una.

La decisión sobre esta nueva apelación estará a cargo del juez Teori Zavascki, uno de los once miembros de la Corte Suprema, que no tiene un plazo legal para anunciar si acepta la demanda de Rousseff y la lleva al pleno del tribunal o la rechaza, como ha ocurrido con todas las acciones anteriores.