El pasado 31 de marzo, ante el autogolpe perpetrado por Nicolás Maduro a través de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los 20 Estados miembros de la OEA que el 28 de marzo habían emitido una Declaración sobre Venezuela (Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay), solicitaron a la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA –que en ese momento estaba en manos del Representante de Belice, Embajador Patrick Andrews–, una sesión extraordinaria con carácter de urgencia para el lunes 3 de abril con el propósito de “considerar los sucesos recientes de Venezuela”.
Empero, llegado el día, el Representante de Bolivia, Embajador Diego Pary Rodríguez, alegó que el “impasse entre poderes en Venezuela” había sido subsanado tras el paso atrás dado por el régimen de Maduro a raíz de la declaración de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, que le llevó a la convocatoria del Consejo de Defensa de la Nación y a la revisión parcial de las sentencias del TSJ. En consecuencia, desconvocó la reunión del Consejo Permanente y convocó a una reunión informal para tratar este asunto a la misma hora en otro salón.
El Representante de México, Embajador Luis Alfonso de Alba, acompañado de otras delegaciones, protestaron por lo que consideraron “un abuso” de parte de Bolivia. En consecuencia, dado que el Consejo Permanente había sido convocado en tiempo y forma, siguiendo el Artículo 37 literal B de su Reglamento, los Estados miembros decidieron reunirse en el lugar y hora acordada. Ante el persistente boicot de los Representantes de Bolivia y Haití, a la sazón Presidente y Vicepresidente del Consejo Permanente, hicieron uso del Artículo 6 del Reglamento, que establece que en caso de sus ausencias asuma la Presidencia el representante de mayor antigüedad. Por tanto, el Representante de Honduras, Embajador Leonidas Rosa Bautista, asumió la Presidencia en forma accidental.
Una vez constituida la sesión, el Representante de México señaló que el comportamiento del Embajador Pary sentaba “un precedente muy peligroso y es motivo de alta preocupación para mi país. Hay dos funciones distintas: la de Presidente y la de Representante nacional. Confiamos en que Pary sabrá ejercer con independencia y autonomía su función de Presidente”. En la misma línea, el Representante de Colombia, Embajador Andrés González Díaz, subrayó que la convocatoria era “absolutamente válida, los Estados miembros tenemos derecho a reunirnos y debatir”. En todo caso, los Estados miembros no estaban dispuestos a dejar pasar impunemente el “Madurazo”, ya que suponía hacerse la vista gorda de un autogolpe que traía muy malos recuerdos a la región, desde el golpe de Bordaberry en Uruguay en 1973 hasta el “Fujimorazo” en Perú en 1992 y el “Serranazo” en Guatemala en 1993.
Aunque se constató que existía quórum, la Presidencia decidió suspender por 15 minutos la sesión para informarle al resto de las delegaciones e instarlas a asistir. Pasado el receso, se le dio la palabra a la Canciller de Argentina, Susana Malcorra, como una cortesía dado su rango, quien procedió a exponer la gran preocupación respecto a la crisis venezolana existente entre los Estados Partes del MERCOSUR, en su calidad de Presidente Pro-Témpore de este mecanismo de integración. Explicó que, el pasado sábado 1 de abril, se había realizado una Reunión de Cancilleres del MERCOSUR en Buenos Aires, la cual decidió aplicar ante los sucesos ocurridos en Venezuela, la cláusula democrática contenida en el Protocolo de Ushuaia. En este sentido, los Estados Partes mantendrían consultas entre sí y con el gobierno venezolano para “restablecer la plena vigencia de las instituciones democráticas”. Asimismo, se instruyó a la Presidencia Pro-Témpore argentina a “iniciar las consultas indicadas con todas las partes venezolanas involucradas”. Aunque podría asumirse en teoría, que el problema había sido resuelto, porque Nicolás Maduro había instruido al TSJ a revisar las sentencias; en palabras de la Canciller Malcorra: “Esto demostró no solamente una injerencia del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo sino que comprobó la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Lo cual es la prueba evidente de que las instituciones democráticas no están funcionando en Venezuela”.
La intervención de la Canciller Malcorra fue saboteada por la súbita incorporación del Representante de Bolivia quien pidió un punto de orden y habló de “golpe institucional” por haberse reunido el Consejo Permanente sin su presencia. El Representante de Honduras le explicó la normativa aplicada. El Representante Alterno de Venezuela, Samuel Moncada, respaldó los argumentos bolivianos sobre la “ilegalidad” de la sesión extraordinaria y pasó de allí a denunciar con cinismo un supuesto “golpe de Estado en la OEA”, obviando olímpicamente que el Consejo Permanente se había reunido muy a su pesar para tratar el “Madurazo”. El Representante de Nicaragua, Embajador Denis Moncada, intervino como el otro escudero de la ALBA –nótese, en cambio, la actitud cauta que ha tenido Ecuador– para intentar continuar con el lamentable espectáculo. La Representante de Canadá, Embajadora Jennifer May Loten, afirmó que la sesión estaba ajustada al Reglamento y que debía seguirse tratando el tema de fondo. Llamados al orden, la Canciller Malcorra apenas pudo culminar su discurso diciendo “que el proceso progresivo de aplicación de la cláusula democrática del MERCOSUR está en línea con la Carta Democrática Interamericana”.
A partir de allí, Moncada apeló a la histeria, en lugar de la diplomacia. Arremetió contra la Canciller Malcorra y contra la “facción minoritaria” que desconocía a su juicio los principios de la organización. Prosiguió con improperios contra los gobiernos de México, Colombia y Paraguay. El Representante de México le señaló con agudo sarcasmo que “el Representante Permanente Alterno de Venezuela, tengo entendido que es eso” mostraba un lenguaje impropio y un amplio desconocimiento de la normativa de la organización. El Representante de Colombia le increpó “usted tiene la habilidad de ocultar su condición de diplomático”. El Representante de Argentina, Embajador Juan José Arcuri, exigió respeto a su Canciller, y visiblemente molesto sentenció “la grosería aquí prevalece”, para a renglón seguido mandar a callar al Representante venezolano que le interrumpía constantemente. La Representante de Paraguay, Embajadora Elisa Ruiz Díaz, desafió a Moncada señalando que en su país se respetaban los derechos humanos y no existían presos políticos. Visto que no podían detener la sesión, Moncada flanqueado por sus escuderos se retiraron en “protesta”. En lugar de hacernos más dignos, todo este episodio constituyó una auténtica vergüenza para el pueblo venezolano.
Acto seguido, con un quórum de 21 delegaciones, procedió a discutirse un proyecto de resolución que venía siendo considerado en los pasillos, el cual finalmente quedó aprobado por consenso según el Artículo 67 del Reglamento. Se produjo así un punto de inflexión en la OEA respecto a la crisis venezolana, ya que en el marco del Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, se hizo una apreciación colectiva de la situación, se concluyó que existe una “alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela”, y se estimó conveniente adoptar la Resolución 1078. En términos más llanos, se decidió empezar a aplicar formalmente la Carta Democrática Interamericana al gobierno venezolano como proceso gradual que inicia por gestiones diplomáticas. El gobierno de Maduro ha visto así reducido su margen de maniobra y prestigio internacional, ya que esto supone un reconocimiento formal de la falta de normalidad democrática en Venezuela; en tanto que una amplia mayoría de Estados del Hemisferio que representan el 90% de su población y territorio, lo perciben claramente como una autocracia. Ergo, ayer también presenciamos una clara sanción moral y política al gobierno venezolano tras el “Madurazo”.
Más específicamente, la Resolución 1078 estipula un conjunto de acciones enmarcadas en los supuestos del Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Veamos: 1) “Urgir al gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”; es decir, los Estados miembros hacen responsable al gobierno venezolano por todo lo ocurrido y por eso le solicitan subsanar la situación, al tiempo que piden finalizar el “desacato” de la Asamblea Nacional declarado por el TSJ que ha derivado en una suerte de tutelaje judicial sobre el Poder Legislativo, un atropello a la inmunidad parlamentaria y una usurpación de funciones; 2) “Mantenerse dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático y al Estado de Derecho”, es decir, mantener su fraternal ofrecimiento a apoyar diplomáticamente una nueva etapa de diálogo y negociación en Venezuela para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático mediante el respeto a la separación de poderes, la fijación de un cronograma electoral, la liberación de los presos políticos y la garantía del pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales; 3) “Seguir ocupándose de Venezuela y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial”; es decir, mantienen el monitoreo sobre la crisis venezolana y en el marco de lo dispuesto en el Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana dejan la puerta abierta a emprender gestiones diplomáticas más activas, incluso convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en caso de seguirse deteriorando la situación en el país.
El gobierno venezolano reaccionó emitiendo un Comunicado que “denuncia ante la Comunidad Internacional la grave alteración del orden institucional de la OEA”. El Mundo al revés. Un intento de desvirtuar la realidad a golpe de retórica que está destinado al fracaso. Asimismo, en cadena nacional, Nicolás Maduro gritó “¡Vade retro OEA! Saca tus manos, inmundas y llenas de sangre, de Venezuela” y “la derecha continental ha convertido la OEA en un tribunal de inquisición contra Venezuela”. Empero, no se atrevió a la ruptura definitiva. Bien sabe que no tiene fuerzas suficientes, y que esta coyuntura en nada se asemeja a la vivida por Cuba en 1962. Meros chillidos de fiera herida, que además se sabe acorralada.
En todo caso, se ha iniciado oficialmente un pulso largo y complicado entre la OEA que ha decidido aplicar la Carta Democrática Interamericana –acompañada del MERCOSUR que ha decidido aplicar el Protocolo de Ushuaia– y el régimen de Maduro. Se ha terminado el silencio y la indiferencia. Una amplia mayoría de Estados miembros han despejado el camino para que la OEA se ocupe a fondo del tema, y las discrepancias de enfoque cada vez son menores. Ergo, estamos ante una coyuntura internacional muy favorable para la redemocratización de Venezuela, la cual no debe ser desaprovechada. ¿Y usted qué opina?
@kenopina
Doctor en Ciencias Políticas, MBA en Energía e Internacionalista. Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).
