DGCIM

La hermana del capitán detalló que De la Sotta ha conocido todas las celdas de tortura que existen en los sótanos de la Dgcim: el “Tigrito”, el “Cuarto de los locos” “el Ataud” y la “Casa de los sueños”

Al capitán Luis de la Sotta lo detuvieron el 18 de mayo de 2018 en la estación naval Bahía de Turiamo, en el estado Aragua, por presuntamente instigar y liderar el golpe de Estado denominado “Operación Armagedón”.

Según el medio oficialista Misión Verdad, la “Operación Armagedón” se gestó en 2017 y tenía como objetivo tomar la Base Aérea de la Carlota en Caracas, evitar la reelección de Maduro en las presidenciales de 2018, y finalmente, el magnicidio del gobernante. 

La versión que ofreció el medio oficialista cuenta que la operación estuvo supuestamente integrada por efectivos militares, civiles, así como también por Oswaldo Álvarez Paz, del partido Copei, y la dirigente política de Vente Venezuela, María Corina Machado. Aseguran también que contó con el financiamiento de Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, esto nunca se llegó a comprobar.

En contraparte, Molly de la Sotta, hermana del capitán de navío, afirmó que el caso de su hermano es una venganza por haber denunciado a su jefe. 

“Mi hermano denunció a su jefe, Edwar Ojeda Sojo, porque utilizaba al personal militar para construir su casa en la playa, también reclamó que le robaba la comida a la tropa y lo acusó de ladrón”, dijo. 

Junto a De la Sotta, otros 32 militares resultaron detenidos e imputados sin pruebas por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y contra decoro militar.

El Capitán de Navío Luis De La Sotta se encuentra detenido desde el 18 de mayo del 2018. Ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos. Se encuentra recluido en la sede de la DGCIM, Boleíta.#PresosPoliticosEnRiesgo pic.twitter.com/nHAIkOhPsI

— Observatorio Nacional de DDHH (@ONacionalDDHH) September 7, 2021

Víctima de torturas

Cuenta la hermana del capitán Luis de la Sotta, Molly de la Sotta, que desde el primer día que lo detuvieron en Turiamo  fue golpeado por cuatro hombres con palos de madera, asfixiado con una bolsa plástica, y que le aplicaron descargas eléctricas en los pies y polvo lacrimógeno en los ojos para que confesara más detalles del supuesto plan. 

Luis de la Sotta llegó a su audiencia de presentación con la misma ropa que lo detuvieron: sucio, ensangrentado, con olor a orine y con evidentes signos de tortura. Aún así, se declaró inocente y además denunció que había sido torturado, acusación que el juez desestimó.

Desde el 21 de mayo, la familia del capitán de navío duró 32 días sin saber nada de él. Lo mantuvieron aislado, incomunicado, con prohibición de visitas de sus familiares o de un abogado. 

“Mi hermano duró 32 días en una total oscuridad, durmiendo en el suelo, evacuando en bolsas plásticas, con poco alimento y agua”, dijo Molly de la Sotta. 

La hermana del capitán detalló que De la Sotta ha conocido todas las celdas de tortura que existen en los sótanos de la Dgcim: el “Tigrito”, el “Cuarto de los locos” “el Ataud” y la “Casa de los sueños”. 

A los recluidos en la “Casa de los sueños” no se les permite ningún tipo de electrodoméstico, no tienen permiso siquiera para leer o escribir. Las celdas tienen un tamaño de 2.50 x 1.90 metros y, por lo general, hay más de dos detenidos en cada una. “El espacio es el mismo para todas las actividades: donde evacúan, ahí mismo comen y duermen”, aseguró la hermana del capitán. 

El 16 de septiembre del 2020, el Informe de la Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reseñó que en los centros de detención en Venezuela se aplican métodos de tortura a presos políticos y opositores al gobierno. 

“Después de conocerse y hacerse público los resultados del informe de la ONU, la Dgcim encerró a mi hermano en un cuarto de 60 x 60 centímetros llamado ‘el Ataúd’, con las manos esposadas hacia atrás, en donde solo se puede estar de pie, y con prohibición de alimentos, agua y aseo personal”, dijo Molly de la Sotta. 

Según un estudio publicado por la ONG Provea, la Dgcim fue el organismo que más torturó en 2018. A pesar de la poca información y de la censura que reina en el país, la ONG logró registrar al menos 488 casos individualizados de torturas desde 2013 hasta 2018. 

Desde marzo de 2022, Luis de la Sotta se encuentra detenido en las instalaciones de la Dgcim en Fuerte Tiuna, Caracas, aislado en una celda de 2×2 sin actividades recreativas, deportivas ni religiosas. “Pasa sus días sin hacer ningún tipo de actividad, el radio y el televisor que les pusieron cuando fue la Misión de la ONU, se los quitaron”, dijo la hermana del capitán de navío.

#ATENCIÓN | Familiares del preso político Luis de la Sotta denuncian que tiene 7 días confinado en celda 2×2 mts en #DGCIM Fuerte Tiuna. También reportan que su abogado no ha podido verlo para verificar su estado de salud. Exigimos #FeDeVida @MollyDeLaSotta pic.twitter.com/eT1NnMPajK

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) July 23, 2022

Cinco años sin juicio 

De la Sotta no ha tenido ninguna otra audiencia, ni ningún otro juicio desde que lo detuvieron en el 2018 en las costas de Aragua. Aunque se han presentado denuncias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, no se obtuvo ninguna respuesta. 

Cuando el capitán cumplió dos años y nueve meses en prisión se introdujo un amparo constitucional para solicitar el decaimiento de la medida de privación preventiva de libertad debido a que la salud de De la Sotta ya estaba bastante comprometida, por lo que solo se le practicaron unos exámenes por un médico forense. 

La última reforma del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), realizada en septiembre de 2021, indica que el tiempo máximo para una “detención preventiva” es de hasta tres años, pero a pesar de esto y de las solicitudes realizadas por el abogado del capitán, el tribunal militar ha desestimado dichas solicitudes y ha ratificado la privación “preventiva” de libertad, y su custodia bajo el Dgcim.

El fiscal militar Israel Echenique y el Juez Luis Galavis González, conocen que no hay prueba contra #LuisDeLaSotta y aún así mantienen la detención más allá del límite máximo previsto en la ley, son los primeros responsables de esta violación de DDHH. https://t.co/sMcsq1AmBL

— Zair Mundaray (@MundarayZair) April 28, 2023

Molly de la Sota precisó que a consecuencia de todas las torturas, las condiciones insalubres de reclusión y la falta de atención médica, la salud del capitán está seriamente comprometida. 

“En diciembre de 2022 un médico forense lo evaluó y determinó que mi hermano sufre de hipertensión, deficiencia renal crónica grado 1, vértigo y mareos, depresión, insomnio, pérdida de audición en un oído debido a los golpes recibidos, cálculos renales, problemas respiratorios por secuelas del COVD-19 e infecciones dermatológicas, entre otras”, dijo Molly de la Sotta.

#LuisDeLaSotta esta PRESO SIN JUICIO hace 5 años.El @MinpublicoVEN,el Juez y los fiscales SON CÓMPLICES al no cumplir las leyes NI la decisión del @UNHumanRights q solicitó SU #Libertad. Lo mantienen encerrado como un animal SIN ATENCIÓN MÉDICA.Y la Ofic de @volker_turk en #Vzla? https://t.co/llvbR29g2u

— Molly De La Sotta (@MollyDeLaSotta) April 28, 2023

La hermana del capitán, quien vive en Estados Unidos, comentó que la única que puede ver al capitán de navío es su madre, una señora de 83 años, y su abogado, cuando se lo permiten. 

Agregó que solo en contadas ocasiones se le ha permitido hablar con su esposa y sus hijos a través de Zoom, quienes por miedo se fueron del país desde hace algunos años. 

Organismos internacionales silentes 

Molly de la Sotta es politóloga y desde que detuvieron a su hermano se ha dedicado a luchar para lograr la liberación del capitán. Asegura que le ha tocado la puerta a todos los organismos internacionales, pero no ha obtenido respuesta.

“Los organismos internacionales de derechos humanos me han dejado sola. Nadie ha hecho nada por mi hermano, uno grita y denuncia, pero no pasa nada”, dijo. 

#VenezuelaEnDesobediencia #NoSonPresosPoliticosSonRehenes
Abogada @MollyDeLaSotta quien es hermana del Capitán de Navío Luis de la Sotta, que continúa secuestrado por el régimen de Maduro!!! pic.twitter.com/vuf0eTmEgk

— #𝘓𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘥𝘖𝘕𝘢𝘥𝘢 #CapCaguaripano (@OsloVzla) January 27, 2023

El caso de Luis Humberto de la Sotta Quiroga no solo ha sido reseñado por la Misión de la ONU. El Grupo de Trabajadores sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas también se pronunció sobre el caso y consideró que la aprehensión del militar es ilegal, por lo que instó al gobierno de Maduro a que lo liberara “inmediatamente”. 

El 3 de octubre del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares que hasta la fecha no se han cumplido. 

El 27 de agosto de 2018, el cónsul de Perú (De la Sotta tiene doble nacionalidad) envió numerosas notas a la Cancillería de Venezuela solicitando la libertad de De la Sotta y solicitando su repatriación al Perú, pero no ha recibido respuesta. 

El 10 de enero 2023, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en derechos humanos del Ministerio Público del Perú, inició una investigación por las torturas y detención arbitraria de Luis De La Sotta en base a la Justicia Universal. 

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Durante 2022, Venezuela recibió dos visitas claves en materia de derechos humanos, una representación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otra, que aún continúa en el país, de la Misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas. El Instituto Casla aseguró que tras la llegada de ambas entidades internacionales ciertos centros de detención, donde se ejecutan tratos crueles, deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura

El Instituto Casla de Praga denunció en su informe anual que  los crímenes de lesa humanidad continúan ocurriendo en Venezuela. Entre enero de 2022 y enero de 2023, la organización evidenció que el Estado venezolano continúa realizando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, tortura y violencia sexual.

“La represión continúa de forma sistemática contra todo aquel que se opone o protesta”, indicó el documento.

En 2022, la lista de presos políticos creció, tras las detenciones de sindicalistas, militantes de partidos políticos, militares y civiles, jóvenes y activistas de derechos humanos, médicos y empleados del sector salud. 

Dentro de su informe, el instituto incluyó una lista de aquellos funcionarios que fueron señalados reiteradamente por víctimas como los jefes inmediatos y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en el informe. Entre ellos destacan: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Tarek William Saab, fiscal general de la República, Carlos Terán Hurtado, director del DGCIM sede de Boleíta. 

Por otro lado, el informe detalla que la población venezolana vive su día a día con la ausencia total o parcial del Estado. El Instituto denunció que la presencia de grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación del Pueblo (ELN), y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se han hecho dueños de territorios en el interior del país, donde predomina el secuestro, los enfrentamientos entre ellos o con organismos de seguridad, ocasionando el desplazamiento forzoso de poblaciones enteras, trata de personas, reclutamiento de niños y jóvenes.

“La presencia de grupos paramilitares demuestra la complicidad por un lado y la incapacidad por el otro del Estado venezolano, de no tener control territorial ni intención real de poner orden”, aseguró el informe. 

Ocultar la verdad a la comunidad internacional

Durante 2022, Venezuela recibió dos visitas claves en materia de derechos humanos, una representación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otra, que aún continúa en el país, de la Misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas. 

El Instituto Casla aseguró que tras la llegada de ambas entidades internacionales ciertos centros de detención, donde se ejecutan tratos crueles, deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura. 

Tal es el caso de las celdas que están ubicadas en los tres sótanos de la sede de la DGCIM en Boleíta. La conocida «celda de los Locos» ubicada en el sótano 2, que había sido convertida en una oficina, ha sido nuevamente habilitada, con paredes forradas de material aislante y pintada de gris y negro y con cámaras ocultas. Dos celdas ubicadas en el sótano 3, mejor conocido como «la Casa de los Sueños» fueron tapizadas con material aislante, pintadas de gris oscuro y negro, colocándoles WC de aluminio sin tapa, quitándole repisas y colocando cámaras enfocando todos los lugares de las celdas.

“El objetivo es utilizarlas para presos políticos que se encuentran en ese lugar, sean castigados, incomunicados, aislados  completamente de ruidos y luz, y que sus gritos no sean escuchados”, denunció el informe.

Además de deshabilitar algunos espacios para torturar, el estudio indicó que el Estado venezolano apresuró juicios cuyos detenidos ya tienen entre tres y siete años esperando la audiencia preliminar o comienzo del juicio, sobornando a las víctimas para que se declararan culpables, ofreciéndoles reducción de la pena y otros supuestos beneficios, poniéndolos a grabar videos para que dijeran que no fueron torturados.

Estado venezolano perfecciona su mecanismo de tortura

El informe anual explicó que a través de nuevos testimonios y denuncias obtenidos entre enero 2022 y enero 2023, se pudo conocer la utilización sistemática de las torturas que no dejan huella física en los nuevos detenidos, así como en los que ya se encuentran en las cárceles de los organismos de seguridad. 

“El gobierno muestra su talante perverso y cruel, torturando y maltratando a sus víctimas, pero cuidándose de no dejar huellas físicas”, afirmó el Instituto Casla.

De acuerdo al estudio, el Estado venezolano aplica los siguientes métodos de tortura en sus centros de detención:

Aplicación de la tortura psicológica en los organismos de seguridad: Amenazas de detención, detención o simulación de tener detenidos a familiares de personas detenidas o buscadas por el régimen, el dolor de otros detenidos en la sede de la DGCIM en Boleíta, y la del SEBIN en el Helicoide, la falta de atención médica oportuna, así como la privación de alimentos e hidratación, Privación y/o falta de privacidad absoluta de la visita familiar y las llamadas telefónicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes incluyendo a la familia.

Aplicación de la tortura blanca en los organismos de seguridad: Aislamientos de sus familiares y abogados desde 72 horas hasta seis meses; tortura visual, con el fin de impedir su capacidad visual; privación sensorial, método de tortura que implica el encierro en solitario y que tiene que ver con la restricción parcial o total de estímulos aplicada a uno o varios sentidos.

Torturas físicas: como descargas eléctricas sobre suelo o u objeto mojado, azotes en las plantas de los pies o bastinado con látigos, correas, cables o un palo, desprendimiento de uñas de las manos y/o pies, arrastrados por lugares boscosos desnudos, atados y encapuchados, ruleta rusa y descargas eléctricas en testículos, tetillas, uñas de las manos o los pies, y costillas, atadas de pie a una columna u otro objeto fijo, ahogamiento por inmersión en pozo natural, o con utensilios para agua o bolsas plásticas llenas de agua, fracturas o heridas contundentes en el rostro que causan deformaciones permanentes o temporales, asfixias con bolsas plásticas llenas de productos químicos e inyecciones con producto desconocido. 

Violencia sexual: las víctimas fueron desnudadas completamente para someterlos a largos períodos de tortura, expuestos ante los funcionarios y otras víctimas que estaban torturando al mismo tiempo. Al menos dos de ellas fueron amenazadas con violarlas. 

Los señalados de torturar

Además de identificar los tratos crueles que ejecuta el Estado venezolano, el instituto identificó a aquellos funcionarios que fueron señalados reiteradamente por víctimas y testigos en las incidencias denunciadas en 2022, como los jefes inmediatos y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en el informe: 

• Nicolás Maduro Moros. 
• Diosdado Cabello 
• M/G Vladimir Padrino López 
• M/G Iván Hernández Dala, Director de la DGCIM 
• Tarek William Saab. Fiscal General de la República 
• G/D (Ej) Carlos Terán Hurtado, director de la DGCIM Boleíta. 
• Comisario Carlos Calderón Chirinos. SEBIN. 
• G/B (Ej) Manuel Christopher Figuera, ex subdirector del DGCIM y exdirector del SEBIN. 
• C/B (Ej) Rafael Franco Quintero. (Ej) exjefe de Investigaciones del DGCIM hasta febrero del 2020. 
• Gral. Hannover Esteban Guerrero Mijares, Jefe de Investigaciones del DGCIM. 
• G/D Octavio Gomez Hernandez: Director de los Servicios Penitenciarios Militares 
• Cnel. Asdrubal José Brito Hernández, actual Jefe de Investigaciones del DGCIM 
• Cnel. Alexander Enrique Granko Arteaga. Director de Asuntos Especiales DAE y DGCIM 
• Carlos Alberto Calderón Chirinos, Oficina Superior (SEBIN) 
• Comisario Angel Flores (SEBIN) 
• Comisario Hemis Cermeño (SEBIN) 
• Comisario Joel Cacique 
• T/Navio Abel Angola, Área de Investigación y jefe del cuarto de evidencias. DGCIM, hoy dia ZOCIM Carabobo 
• T/Cnel (GNB) Néstor Nepalí Blanco Hurtado, exjefe de Investigaciones del DGICIM, hoy dia ZOCIM Barinas 
• Mauro Alexis Bracho. Jefe de Asuntos Penitenciarios del Mismo Ministerio en el DGCIM, Boleita. 
• Cap. Jonathan Becerra, funcionario del DGCIM 
• Cap. Jesús Cárdenas. DGCIM 
• Ptte. Moisés Saúl Méndez Calderón, funcionario del DGCI 
• Fiscal: Farib Mora 
• Fiscal Dinora Bustamante

El documento reiteró que los señalados como presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad por entidades internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguen actuando libremente y sin que se conduzca una investigación por parte del Ministerio Público o la Fiscalía Militar, para identificar a los altos y medios responsables. 

*Puede leer el informe completo aquí.

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El informe documentó al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares, así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del Sebin

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela acusó, este 26 de septiembre, al Sebin y a la Dgcim de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos orquestado «desde el más alto nivel».

La presidenta de la misión, Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela cometidas por ambos organismos.

El informe, que ya se publicó y presentó en rueda de prensa la semana pasada, documentó al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares -algunas clandestinas- del Dgcim, así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del Sebin.

#ÚLTIMAHORA Misión de la ONU denunció en el Consejo de DDHH en Ginebra que los crímenes cometidos por el SEBIN y la DGCIM "continúan en el presente" y que la reforma judicial no ha servido para acabar con la impunidad https://t.co/UnBTU1M8Gi pic.twitter.com/a9Hrv1AMJC

— Monitoreamos (@monitoreamos) September 26, 2022

La jefa de misión negó que los crímenes fueran cometidos por individuos aislados sin conexión con las jerarquías, ya que los órganos de inteligencia «forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores».

Responsables de los delitos

La experta no citó nombres en su comparecencia ante el Consejo, aunque el informe apunta a Nicolás Maduro como responsable último de los abusos. También cita al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, por su influencia en el Sebin.

El documento también señala al actual director general del Sebin, Gustavo Enrique González; al director del Helicoide entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese período, Ronny González.

En el caso de la Dgcim se menciona al director general, Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.

Según la misión de la ONU, las violaciones de los derechos humanos por parte de ambos organismos continúan hasta el presente, bajo «un clima de total impunidad».

Valiñas denunció que en el mismo día de publicación del informe, el pasado 20 de septiembre, funcionarios del Sebin se presentaron en la sede de Provea, mientras familiares de sindicalistas detenidos hacían una rueda de prensa reclamando justicia.

Violación de DDHH en el Arco Minero del Orinoco

Además de este informe, la misión presentó otro sobre violaciones de los derechos humanos en el estado de Bolívar, tras la creación en 2016 del Arco Minero del Orinoco.

Ello ha ido acompañado de una militarización de la región, con las fuerzas armadas y líderes gubernamentales involucrados en la explotación del oro.

Actores estatales y no estatales, a menudo enfrentados entre sí, han cometido delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género, destaca este segundo informe.

Con información de EFE

El tercer informe de la Misión Independiente de la ONU identificó 17 residencias o «casas de seguridad» cerca del área metropolitana de Caracas, lugares clasificados como lugares de detención y secuestro clandestinos o no oficiales

Solo una de las instalaciones de torturas y secuestros no está activa

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela identificó en su más reciente informe al menos 17 centros de «tortura y secuestro clandestino» de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas

«El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual», señaló el tercer informe de la misión de las Naciones Unidas. 

De acuerdo con el documento, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) son las principales instituciones que perpetran torturas en el país. 

La actualización del informe del 2022 identificó 17 residencias o «casas de seguridad» cerca del área metropolitana de Caracas, clasificados como lugares de detención y secuestro clandestinos o no oficiales. 

Hasta el momento de la publicación, solo un lugar no estaba participando activamente en las torturas, agresiones sexuales y otros métodos de violación de Derechos Humanos, destaca la ONU. 

Todas las «casas de seguridad» están ligadas a la sede de la DGCIM que se encuentra en una zona industrial de Boleíta Norte, al noreste de Caracas.

Los 17 puntos de detención y secuestro clandestino

Un solar en el barrio de Prados del Este en Caracas;

«Una de las víctimas describió la casa de seguridad del barrio de Prados del Este, en Caracas, como la casa de un antiguo empresario que acabó en manos de militares. Estimó que estaba situada a unos 15 minutos de Boleíta», detalló la ONU. 

Casa Tamanco, cerca del Hotel Tamanco, en Caracas;

Casa La Trinidad, en Caracas;

Casa Galpón, en el barrio de Guarenas, en Caracas;

Un sitio en San Bernardino, cerca del restaurante Crema Paraíso, en Caracas (ahora inactivo);

Una casa en el barrio de Bello Monte, en Caracas;

Una casa en el sector de La Mariposa, denominada “Casa de Granko nº 1”;

Una casa llamada Galpón, en la Mariposa;

Una casa en el sector de Los Naranjos;

Una casa en el sector Lomas de Las Mercedes;

Una casa en la urbanización San José, en Fuerte Tiuna o en sus alrededores, en Caracas;

Un sitio en el Fuerte Tiuna, donde tienen su sede el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Comando del Ejército. 

«Este lugar consta de 12 celdas que son administradas por la DGCIM, separadas de la prisión administrada por la Policía Militar», se lee en el documento;

Un sitio llamado Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos, en el estado Miranda;

Un sitio en la zona montañosa del municipio El Hatillo, en el estado Miranda;

Una casa en Alto Prado, cerca del Centro Comercial Plaza;

Un sitio cerca del aeropuerto de La Carlota;

El “cerro”, situado dentro de Caracas —«a una media hora en coche desde Boleíta»—.

Más de 122 víctimas

Testigos con acceso a información privilegiada le dijeron a la Misión que la DAE (Dirección de Asuntos Especiales) de la Dgcim, dirigida por Granko Arteaga, administra las casas de seguridad.

También, dijeron que dos capitanes, que responden a Granko Arteaga, están a cargo de la gestión de las casas de seguridad, incluyendo la logística y el «suministro de materiales utilizados para llevar a cabo la tortura, los actos de violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes», aclara el informe. 

La misión ha documentado los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dgcim, tanto en su sede principal en Boleíta como en una de sus casas de seguridad, y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en el Helicoide, contra políticos opositores, periodistas, manifestantes, activistas y civiles.

La actualización del informe recopiló 471 entrevistas entre enero del 2019 y abril del 2022. Más de la mitad de los casos se recopilaron entre 2020 y abril de 2022.

«A partir de finales de 2021, la gestión de los centros de detención del SEBIN y de la DGCIM en Caracas fue transferida al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario», aclara el documento.

Hasta los momentos, la ONU documentó un mínimo de 16 casos de detenciones arbitrarias ligadas a estas «casas de seguridad». Las víctimas se mantuvieron cautivas sin la supervisión legal entre 48 horas o 2 meses. 

«Durante este lapso, no tuvieron contacto con nadie más que con sus captores y no se les permitió llamar a familiares o abogados/as», recalca la Misión.

Lista de torturas y violaciones

«Tanto el Sebin como la Dgcim hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos (…) Las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia. Las violaciones y los crímenes del Sebiny la Dgcim continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas», asegura la Misión.

La ONU también estableció que «la DGCIM regularmente plantaba, fabricaba y/o manipulaba» pruebas contra opositores  

Algunas de las prácticas violatorias de Derechos Humanos que se documentaron dentro de las «casas de seguridad» son las siguientes: 

• Fuertes golpes con bates y objetos punzantes;
• Descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, incluidos los genitales;
• Asfixia con sustancias tóxicas y con agua;
• Cortes y mutilaciones en distintas zonas del cuerpo, especialmente en las piernas, en la planta de los pies y debajo de las uñas;
• Esposas excesivamente apretadas;
• Posiciones de tensión corporal como las «crucifixiones»;
• Uso de un aparato llamado “señorita”, para levantar y deformar cuerpos y bajarlos a tanques de agua.
• Violaciones y agresiones de origen sexual y de género con objetos (incluidos objetos punzantes o armas de fuego);
• Amenazas de violación;
• Desnudez forzada;
• Degradación a través de insultos homofóbicos;
• Condición de detenciones arbitrarias y denigrantes: encierro total por periodos indefinidos de tiempo, privación de alimentos y agua, iluminación u oscuridad completa en el campo de visión de manera constante, privación de inodoros y otros productos de aseo personal, alimentación forzada de heces y vómitos;
• Privación de tratamientos médicos; 
• Tortura psicológica: amenaza de muerte y torturas más severas tanto a la víctima como a sus seres queridos (incluidas mascotas);

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Distintos orígenes, un mismo destino

La Misión de la ONU identificó que la mayoría de las víctimas que  fueron retenidas en «casas de seguridad» eran llevadas a Boleíta en Caracas.

También, mencionan que los familiares de los detenidos fueron víctimas de agresiones físicas y sexuales por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos. 

El informe detalla distintos orígenes para esas «casas de seguridad». Entre las más destacados, se mencionan que los recintos fueron «casas que habían sido confiscadas a narcotraficantes» o establecimientos que originalmente eran «para la protección de funcionarios y funcionarias en caso de amenazas o golpes de Estado». 

«Al menos uno de estos sitios también funcionaba como centro de entrenamiento para las y los agentes de la Dgcim», agrega el informe. 

La Misión establece que todas las «casas de seguridad» y sus cadenas de mando son administradas por Granko Arteaga, teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

Los objetivos de estos centros clandestinos de torturas se enfocaban en extraer confesiones, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar a las víctimas. 

La ONU aclaró que, si bien los casos son documentados entre 2017 y 2019, no niegan que existen casos más actuales, impunes y en proceso.

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La Guardia Nacional Bolivariana fue el organismo que sumó más víctimas 

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) informó que registró 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer trimestre de este 2022 en el estado Bolívar.

La ONG destacó que en marzo falleció un hombre identificado como Julio José Hurtado Mosquett, mientras estaba bajo la custodia del Estado.

«Murió por complicaciones de salud en el hospital Doctor Raúl Leoni Otero tras ser trasladado por funcionarios de seguridad desde el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo en San Félix», indicó Codehciu.

Asimismo, recordó que el pasado 30 de marzo el Diario Primicia reveló que trasladaron al hombre debido a que presentó complicaciones de salud por una úlcera.

«Una muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial puede ocurrir de diferentes maneras. Una de ellas se evidencia cuando la persona fallece mientras estaba detenida o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes, según lo explica el Protocolo de Minnesota. Bajo estas circunstancias, son los funcionarios públicos policiales o militares quienes ejercen un mayor control sobre la vida de la víctima», enfatizó la organización.

Ejecuciones en presuntos enfrentamientos

Añadió que, además de la muerte de este privado de libertad, otros 20 hombres fueron asesinados durante presuntos enfrentamientos a manos de cuerpos policiales y militares.

«La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue el organismo que sumó más víctimas durante los primeros tres meses de 2022, según el monitoreo a medios de comunicación regionales hecho por Codehciu», indicó.

Y precisó que efectivos de la GNB estuvieron involucrados en seis presuntas ejecuciones durante actuaciones individuales. A ello, se suman otras seis en actuaciones mixtas junto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Enfrentamiento en El Callao

«El hecho más violento del trimestre en relación al monitoreo fue un presunto enfrentamiento ocurrido a inicios de febrero en el municipio de El Callao. En este murieron seis hombres por arma de fuego. Supuestamente eran integrantes de la banda delictiva el Perú», denunció la ONG, que agregó que en el hecho estuvieron involucradas la GNB y la Dgcim.

De acuerdo con el reporte, el siguiente órgano policial involucrado en mayores números de ejecuciones en Bolívar fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con tres.

Por último, se registró una presunta ejecución por parte de cada uno de los siguientes cuerpos: el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb), la Policía del estado Bolívar (PEB), la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB (DCDO).

10 víctimas sin identificar

La ONG puntualizó que las 21 presuntas ejecuciones corresponden a 5 de enero, 9 de febrero y 7 de marzo. Y señaló que de todas las registradas en el primer trimestre, 10 no fueron identificadas en los reportes de prensa.

«Se limitaron a publicar la versión del ente policial o militar. Lo que evidencia la falta de transparencia de los organismos, y que en pocas ocasiones los familiares tienen el valor de desmentir o de dar su versión de los hechos», aseguró.

Destacó que Bolívar es el tercer estado más violento de Venezuela, y que a su vez, los municipios más violentos son El Callao, Sifontes y Roscio.

Finalmente, Codehciu exhortó al Estado venezolano a investigar de manera imparcial y eficaz las muertes potencialmente ilícitas.

«Junto a la garantía de la justicia, los familiares de las víctimas también merecen reparación, protección, respeto a su integridad y la no repetición de estos hechos», expresó.

La ONG detalló que en la audiencia de presentación, el capitán denunció las torturas y se declaró inocente, pero la respuesta de la jueza fue que esos tratos no eran de su incumbencia

La ONG Defiende Venezuela denunció que han pasado cuatro años desde que la División de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”) detuvo al capitán de navío Luis De la Sotta por los delitos de instigación a la rebelión y traición a la patria.

Defiende Venezuela afirmó mediante un comunicado que el capitán De La Sotta es un preso político del régimen de Nicolás Maduro. 

«Desde su reclusión en el DGCIM de Boleíta, fue aislado, con restricción de alimentos, sin aseo personal y presentado a los tribunales cuatro días después de su detención sin que la familia tuviera conocimiento de dónde estaba», se lee en el texto.

La ONG detalló que en la audiencia de presentación, el capitán denunció las torturas y se declaró inocente, pero la respuesta de la jueza fue que esos tratos no eran de su incumbencia y fue devuelto a los sótanos de la Dgcim. 

El capitán de la estuvo aislado 32 días en el “cuarto de los locos”, durante este tiempo «fue golpeado con palos de madera entre cuatro torturadores, quienes además le aplicaron asfixia mecánica con una bolsa plástica, electrocución y polvo lacrimógeno en los ojos», denunció Defiende Venezuela.

Según la ONG, el capitán  pasó tres meses en una celda hincado, con la puerta cerrada, «recibiendo escaso alimento a través de una ventanilla, sin ver la luz del sol, sin actividad física ni intelectual, con una luz artificial encendida día y noche». Añadueron que hasta el mes de septiembre, cuando le facilitaron acceso diario al baño, solo le permitían asearse los sábados.

Defiende Venezuela enfatizó que el capitán Luis de la Sotta necesita atención médica especializada, pues a más de tres años de su detención, un médico forense, sin practicarle los exámenes de laboratorio para su evaluación, determinó que se encontraba bien. 

Actualmente,  como consecuencia de las torturas recibidas y las condiciones insalubres de detención, el Capitán De La Sotta se contagió de COVID19, sin que le fuera suministrada atención médica.

Solicitudes ignoradas

El Instituto Casla denunció la persecución, detención arbitraria, desaparición forzada temporal, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra del funcionario militar.

El Cónsul del Perú en Caracas ha enviado numerosas notas consulares al régimen venezolano, reiterando su preocupación por De La Sotta y solicitando su respectiva repatriación al Perú.

La Organización de los Estados Americanos se pronunció sobre el caso en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicadas el 3 octubre del 2018, exigiendo la libertad del capitán.

La organización @COPPPAL solicitó información a las Oficinas de La Alta Comisionada y el Presidente de la Asamblea Nacional, sin respuesta, demandan protección para su integridad física y mental. #LibertadParaDeLaSotta pic.twitter.com/lf9HLUhje0

— Defiende Venezuela (@DefiendeVE) March 11, 2022

La @OEA se pronunció con el caso del Capitán De La Sotta en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicadas el 3 octubre del 2018, exigen al igual que nosotros #LibertadParaDeLaSotta pic.twitter.com/BixzE8Q4KI

— Defiende Venezuela (@DefiendeVE) March 11, 2022

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Las detenciones arbitrarias, y otros crímenes de derecho internacional, son cometidos como parte de un curso de acción que ha demostrado ser sistemático y generalizado. Esto lleva a creer que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), el Foro Penal y Amnistía Internacional 

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), el Foro Penal y Amnistía Internacional publicaron una nueva investigación en la que se analizaron los datos de actos de represión en Venezuela.

El estudio identificó los distintos patrones en los que las detenciones arbitrarias por motivos políticos se correlacionan con las estigmatizaciones de ataques hacia personas defensoras de derechos humanos.

La investigación, titulada: «Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela», se llevó a cabo a lo largo de más de un año.

El estudio analizó los registros del Foro Penal y el CDJ, ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos basadas en Caracas. A estos datos de las organizaciones, que abarcan el período desde enero de 2019 hasta junio de 2021, se le aplicaron distintos modelos estadísticos como la correlación de Pearson, y otros de analítica descriptiva como análisis evolutivos y distribución de frecuencias porcentuales. Los modelos estadísticos fueron validados por un proceso de revisión de pares (peer review).

A continuación, algunas claves del análisis hecho por las organizaciones: 

Estigmatización para deslegitimar

Las estigmatizaciones son la caracterización de personas defensoras como “terroristas”, “enemigas del Estado” u “oponentes políticos” por parte de autoridades y medios de comunicación estatales. Estas se usan para deslegitimar su trabajo, incrementando su vulnerabilidad a sufrir abusos y violaciones a derechos humanos.

Medios del gobierno, canales de la estigmatización

El CDJ ha registrado eventos de estigmatización en contra de defensores de derechos humanos entre enero de 2019 y junio de 2021 en Venezuela, a través de medios de comunicación, públicos y privados, que tienen vínculos con el gobierno. Estos utilizan los espacios para atacar, exponer y hostigar a personas que son percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

El Mazo Dando fue la fuente que más emitió discursos con estigmatizaciones, ocupando 20,4% del total registrado. Le sigue Misión Verdad con 15,1% y Lechuginos con 9,8%.

Las fuentes mencionadas anteriormente son las que realizaron más estigmatizaciones tres días antes de que se llevaran a cabo detenciones arbitrarias entre enero de 2019 y junio de 2021.

En 486 detenciones arbitrarias, el portal web “Misión Verdad” había realizado estigmatizaciones tres días antes de que sucediera el arresto. En el caso del programa televisivo «Con El Mazo Dando» se registraron 481 casos donde ocurrió lo mismo, y en alrededor de 100 casos, los arrestos se producían tres días después de que el portal «Lechuguinos» publicara información estigmatizante.

Detenciones arbitrarias «sistemáticas y generalizadas» y con la discriminación política como trasfondo

Para que una detención sea considerada arbitraria se toma en cuenta la forma en que se practica, que suele ser sin orden judicial, y también la falta de garantías al debido proceso.

En Venezuela, las detenciones arbitrarias por motivos políticos han sido ampliamente documentadas por organizaciones nacionales e internacionales. Ellas, y otros crímenes de derecho internacional, son cometidos como parte de un curso de acción que ha demostrado ser sistemático y generalizado. Esto lleva a creer que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

La naturaleza arbitraria de las detenciones ha sido ampliamente documentada, pero los hallazgos de este informe indican con mayor certeza el carácter de discriminación política detrás de ellas.

En el período bajo análisis se documentaron más de 1200 detenciones arbitrarias.

Detenciones arbitrarias como consecuencia de las estigmatizaciones

La correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos y las estigmatizaciones llegó hasta a 77% en 2021. Mientras que en 2020, era 42% y, en 2019 29%.

Las organizaciones consideran que la dependencia entre la narrativa discriminatoria (estigmatizaciones) y las violaciones a derechos humanos (detenciones arbitrarias) podría indicar la existencia del crimen de lesa humanidad de persecución, por lo que las autoridades venezolanas, incluido al más alto nivel, deben ser investigadas para determinar su responsabilidad penal en estos hechos.

FAES, el cuerpo de seguridad que más practica detenciones arbitrarias

Las detenciones arbitrarias por motivos políticos son practicadas por cuerpos de seguridad del Estado venezolano, entre ellos: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

La DGCIM, de índole militar, se ubica como el segundo cuerpo de seguridad en realizar detenciones arbitrarias cada año.

Otra progresión importante ha sido cómo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB han aumentado las detenciones que han realizado. En 2019 ocupaban el quinto lugar de cuerpos de seguridad que detuvieron de manera arbitraria, para el 2020 fueron el tercero y en 2021 se coloca como la primera fuerza de seguridad en llevar a cabo las detenciones arbitrarias.

El SEBIN, que depende del Poder Ejecutivo, y la DGCIM, que depende funcionalmente del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir del presidente de la República, y administrativamente del Ministerio de la Defensa, han fungido como órganos represores del gobierno de Maduro.

¿A quiénes afecta la dinámica represiva?

La dinámica de la represión en Venezuela se ha dirigido contra un grupo determinante de personas, que son aquellas percibidas como disidentes u opositoras al gobierno de Nicolás Maduro.

En Venezuela, los medios de comunicación han sido sometidos a un control administrativo que ha implicado el cierre y la descontinuación de concesiones. En paralelo, los medios de comunicación públicos, financiados por el presupuesto estatal, y otros medios de comunicación de línea editorial cercana al partido de gobierno, han proliferado.

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El Monitor de Víctimas ha logrado la identificación de 6 de los 11 cadáveres que fueron ingresados a la morgue de Bello Monte, luego de las incursiones policiales que se desplegaron en la comunidad del municipio Sucre, entre el lunes 31 de enero y el miércoles 2 de febrero. Además, se registró una víctima asociada a estos hechos.

@Yohanamarra / Foto: Carlos Ramírez

Raúl Medina Durán, de 25 años de edad, fue asesinado por civiles armados, en la parte alta del sector San José de Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

Eran las 7:00 p. m. del miércoles 2 de febrero cuando por lo menos tres hombres llegaron a la zona a bordo de un vehículo blanco, cuatro puertas, y dispararon a quienes estaban en la zona. Llevaban la música a alto volumen.

Según la versión que dieron los testigos a la familia de Raúl, él corrió junto con los vecinos que estaban a esa hora en la calle, incluso niños. De acuerdo con el acta policial, la víctima recibió un impacto de bala, pero aún el sábado 5 de febrero a sus parientes no les habían suministrado más detalles de lo sucedido.

“Cuando formalizamos la denuncia no nos dijeron nada. Uno de los funcionarios me dijo que fue la Policía Nacional Bolivariana en un supuesto enfrentamiento”, detalló un pariente, quien por medidas de seguridad no quiso revelar su identidad.

Entre el lunes 31 de enero y el miércoles 2 de febrero se desplegaron varios operativos de la Policía Nacional Bolivariana en Petare, que dejaron al menos 11 muertos, según fuentes extraoficiales.

El Monitor de Víctimas ha logrado la identificación de 6 de los 11 cadáveres que fueron ingresados a la medicatura forense de Bello Monte, entre ellos el de una mujer. Adicionalmente se identificó a un adolescente, de 14 años, asociado a estos operativos en la zona.

Las incursiones, presuntamente, eran para capturar a los miembros de la megabanda que lidera Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, involucrada en delitos de extorsión, homicidios y venta de drogas, y a integrantes de la banda de Los Chicorrios. Ambas se disputan frecuentemente el control territorial en Petare.

Raúl vivía con una tía en San José y trabajaba como obrero. Su familia comentó que en el acta de defunción escribieron que al joven lo asesinaron en el barrio 5 de Julio de Petare, específicamente en el sector La Y, pero aseguran que no fue ahí: “Prácticamente nos obligaron a dejar en el acta que fue en esa zona, pero esa zona no está cerca”.

En el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias fue asesinado Anderson Luis Carmona, de 27 años de edad. Su mamá, Yamileth Ramírez, fue testigo. Y su versión coincide con la que brindaron los parientes de Raúl: hombres vestidos de civil llegaron a bordo de un carro, con la música a todo volumen, y dispararon.

“Pensábamos que eran malandros, pero luego supimos que eran policías, por sus armas”, dijo la madre de la víctima.

Nueva incursión policial en Petare

Este sábado 5 de febrero se registró otro operativo, de comisiones mixtas, en distintas zonas de Petare. Fuentes policiales indicaron que fue asesinado un hombre apodado Chiripa, quien presuntamente es familiar de Wilexis Acevedo.

También fue asesinado un joven de 19 años, quien recibió una bala perdida en el cuello cuando salió a comprar jabón, pues en su casa lavaban.

Vecinos contaron al Monitor de Víctimas que la noche del sábado estaban tomados por los cuerpos de seguridad algunos sectores de José Félix Ribas, La Bombilla, Julián Blanco, barrio Bolívar y 5 de Julio. “No sé cómo haré para llegar a mi casa”, dijo una fuente.

Señalaron la presencia de funcionarios de la PNB, de las Fuerzas de Acciones Especiales, la Guardia Nacional Bolivariana y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En mayo de 2020 comisiones mixtas entraron en la comunidad para atrapar al Wilexis, pero no lo hallaron. Luego, en noviembre de ese mismo año, lo hirieron en un operativo, pero no resultó detenido. Habitantes de la zona aseguran que este hombre camina por la comunidad libremente.