CUALQUIER GOBIERNO QUE SUSTITUYA al régimen de Maduro recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. A las medidas de ajuste económico se les atribuye un impacto social y costo político que puede significar para el nuevo gobierno la pérdida de las parlamentarias. Y al no contar con el respaldo de la AN, se habrá producido un cambio político pero no se habrá superado la crisis de gobernabilidad.
En efecto, para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas y teléfono, cuestión que no sería bien recibida en los hogares que han visto como su ingreso es devorado por la hiperinflación. Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina con su impacto en las tarifas del transporte público; y, por si fuera poco, reactivar el cobro de peajes para generar recursos que permitan repotenciar la deteriorada infraestructura vial.
El nuevo gobierno tendría que iniciar un duro y no siempre rápido proceso de renegociación de la deuda externa. Los términos de esa negociación son claves para liberar fondos y reinsertar a la República en el mercado financiero internacional. De lo contrario, no se podrá tener acceso a los recursos para importar los repuestos, insumos y maquinarias que requiere la reactivación productiva.
El nuevo gobierno tendría que ejecutar un profundo proceso de reestructuración de toda la administración pública, fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y privatizar empresas estatales que terminaron quebradas por la corrupción. Tendrá que acometer la reconstrucción de Pdvsa y deslastrarla del enorme peso de misiones sociales y productivas que nada tienen que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar. Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una nómina de más de 144 mil trabajadores que se resistirán a perder su empleo. La considerable reducción de las abultadas nóminas de la burocracia pública puede desencadenar una ola de conflictividad sindical y social que comprometería la gobernabilidad.
Todos estos son problemas económicos complejos que llevará tiempo resolver. Liberar controles de cambio y de precios, corregir el déficit fiscal, erradicar el financiamiento monetario, sincerar tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, eliminar ministerios y entes públicos inoperantes, privatizar empresas quebradas, reconstruir Pdvsa y sincerar su exagerada nómina, son una pesada carga que puede dar al traste con un nuevo gobierno en su primer año de gestión.
Un cambio político no es garantía de cambio económico
El nuevo gobierno se enfrentaría a un difícil dilema: si aplica las medidas de ajuste económico, el impacto social y costo político lo llevaría a perder las subsiguientes elecciones parlamentarias, temor que lo obligaría a posponer las medidas de ajuste económico hasta después de las elecciones; pero si pospone las urgentes medidas para superar la escasez y abatir la hiperinflación, el nuevo gobierno defraudaría las expectativas de cambio y de todas formas pagaría los costos de una alta abstención o votos en contra, con la inevitable pérdida de la mayoría parlamentaria.
La ruta es gobierno de coalición, ajuste económico, reinstitucionalización y elecciones libres: primero parlamentarias y después las presidenciales
Nervio sin inteligencia es torpeza, nervio con inteligencia es habilidad. Más allá de la desesperación por salir de este nefasto régimen y del apuro que tienen los aspirantes a la Presidencia de la República por instalarse lo más pronto posible en el Palacio de Miraflores, el interés nacional indica que sería mejor convocar las elecciones presidenciales después de las parlamentarias, una vez que se haya asegurado la mayoría de diputados que respalde al nuevo gobierno.
Gobierno de Coalición
Para evitar que un nuevo gobierno pierda rápidamente la confianza del pueblo, es necesario evaluar con sensatez la conveniencia de conformar un Gobierno de Coalición que haga el trabajo “sucio” de aplicar las medidas de ajuste para sanear la economía. Este gobierno conformado por el Oficialismo y la Oposición crearía las condiciones electorales para convocar primero las elecciones parlamentarias y luego las presidenciales, con el incentivo de que, quien resulte ganador, recibirá un país que se pueda gobernar. La mediación internacional puede contribuir al logro de una solución política y pacífica a la crisis venezolana al hacer una oferta creíble al Oficialismo y Oposición para sustituir las sanciones financieras por incentivos económicos, a cambio de que se sienten en la mesa a conformar un Gobierno de Coalición. Entre los incentivos económicos se pueden mencionar los siguientes
- Levantamiento de las sanciones financieras internacionales
- Reapertura del mercado internacional para las exportaciones de petróleo
- La protección de los activos de Pdvsa y Citgo en el exterior
- Refinanciamiento de la deuda externa
- Nuevo financiamiento internacional
- Inversiones extranjeras para reactivar la economía
- Ayuda humanitaria para atender la emergencia
Ajuste Económico
Con el apoyo de estos incentivos, el Gobierno de Coalición tendría la misión de complementar las capacidades y recursos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en función de llevar a cabo las reformas económicas y legislativas para promover la inversión y reactivar la producción. La corresponsabilidad del Oficialismo y la Oposición en el Gobierno de Coalición los obliga a:
- Concertar, aplicar y apoyar el Programa de Reformas Económicas
- Convenir la Agenda de Reformas Legislativas para Reactivar la Producción
- Garantizar la seguridad jurídica a la inversión productiva
- Respetar los derechos de propiedad
- Socializar y privatizar empresas públicas que fueron quebradas por la corrupción
Reinstitucionalización de los poderes públicos
El canje de sanciones financieras por incentivos económicos será a cambio de la reinstitucionalización de los poderes públicos, comenzando por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Así se evitaría reeditar la experiencia de elecciones con ventajismo oficialista y, sobre todo, que el resultado electoral sea luego anulado por maniobras del TSJ, tal como pasó con la impugnación de los diputados del estado Amazonas. Los compromisos del Gobierno de Coalición para la reinstitucionalización de los poderes públicos serían al menos los siguientes:
- Restitución de las funciones de la Asamblea Nacional
- Liberación de los presos políticos
- Rehabilitación de los partidos ilegalizados
- Renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE)
- Reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia
- Depuración y actualización del Registro Electoral Permanente (REP)
- Convocatoria de Elecciones Parlamentaria en diciembre de 2020 o antes
- Convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 2021 o antes
- Garantías para la postulación de candidatos
- Transparencia en el financiamiento de la campaña electoral
- No uso de los recursos públicos para promover candidatos
- Observación internacional de todo el proceso electoral
- Garantizar derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones
- Ofrecer incentivos para el desarme y pacificación de colectivos y paramilitares
Elecciones libres
Los analistas del proceso electoral venezolano advierten que se requieren al menos nueve meses para la reinstitucionalización del poder electoral y asegurar unos comicios que cumplan con los estándares internacionales. El apuro por convocar elecciones presidenciales antes que las parlamentarias puede conducir a la restauración del viejo orden. Una jugada mejor pensada y más inteligente puede ser tomarle la palabra a Maduro para adelantar las elecciones legislativas, a cambio de convocar nuevas elecciones presidenciales, a lo sumo seis meses después.
Debido al creciente rechazo al régimen, en unas elecciones con las condiciones y garantías adecuadas, las fuerzas democráticas lograrían una abrumadora mayoría calificada que puede llegar a 4/5 de los diputados; es decir, 80 % del total. Esta tendencia se mantendría en las siguientes elecciones presidenciales y llevaría a una contundente e indiscutible victoria, siempre y cuando las fuerzas democráticas no vayan divididas y presenten un solo candidato unitario.
Para conjurar el riesgo de tener que aplicar medidas antipopulares a las que se asocia un costo político que desembocaría en la pérdida de la AN, una vez renovados el CNE y el TSJ se convocarían primero las parlamentarias y luego las presidenciales, a lo sumo seis meses después. En este orden, quien resulte ganador en las presidenciales, contará con una mayoría calificada en la AN que apoye su gestión, y recibirá del Gobierno de Coalición una economía saneada, sin escasez y sin hiperinflación, así como un país desarmado y pacificado que se pueda gobernar.
@victoralvarezr
