Detenidos

Alirio Colmenarez, Ronald Duran, Ismael Torres y Jonas Montilla permanecieron retenidos durante cuatro horas en el destacamento de la GNB

Este miércoles, 28 de junio, la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) denunció que cuatro ciudadanos del equipo logístico de María Corina Machado fueron detenidos en Sabaneta, estado Barinas. 

A través de su cuenta en Twitter, Fundehullan informó que los cuatro hombres fueron detenidos arbitrariamente por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y llevados al destacamento 14 de la  Guardia Nacional Bolivariana (GNB) donde estuvieron retenidos  por cuatro horas.

Alirio Colmenarez, Ronald Duran, Ismael Torres y Jonas Montilla estaban encargados del sonido y parte del equipo logístico de la candidata a las primarias de oposición. 

«Desde Fundehullan rechazamos la vulneración al derecho de la libertad personal Artículo  44 CRBV y el derecho a la libertad reunión en #Barinas y también rechazamos las medidas de hostigamiento y criminalización contra la sociedad civil por parte de los cuerpos de seguridad del Estado», expresó la ONG. 

La ONG exhortó al Ministerio Público a investigar y sancionar estas prácticas violatorias de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad. 

«Aunque la detención fue por 4 horas no deja de ser arbitraria y contraria a lo establecido en nuestra constitución,  tratados y acuerdos internacionales», insistieron.

Finalmente, Fundehullan también hizo un llamado a los sistemas de protección universales y a organizaciones internacionales de derechos humanos para que estén atentos a la situación de derechos humanos en las regiones.

Se conoció que aunque fueron liberados sus camiones y equipos de sonido continúan retenidos.

DenunciaFundehullan

Ayer miércoles 28Jun a las 8:30pm en Sabaneta Barinas fueron detenidos arbitrariamente por el #SEBIN y llevados al DEST GNB por 4 horas

Alirio Colmenarez,
Ronald Duran
Ismael Torres
Jonas Montilla

Parte equip logístico de la Candidata @MariaCorinaYA pic.twitter.com/eEVWDTVPoA

— Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) June 29, 2023

Desde @FundehullanVzla instamos al @MinpublicoVEN a investigar y sancionar estas practicas violatorias de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad.

El derecho a la libertad personal y libertad de reunión debe ser respetado @UN_HRC @CIDH @CourPenaleInt

— Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) June 29, 2023

Las cuatro personas detenidas por haber alquilado camiones a María Corina Machado en dos poblados de Barinas son Alirio Colmenarez, Ronald Duran, Ismael Torres, y Jonas Montilla. Los vehículos son su sustento. Fueron liberados pero permanecen retenidos camiones y equipos sonido.

— Víctor Amaya (@victoramaya) June 29, 2023

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El proceso para juzgar a altos funcionarios por delitos relacionados con la administración de recursos del Estado debe incluir, en primer lugar, un procedimiento a cargo de la Contraloría General, en el que se determinan las posibles responsabilidades administrativas

El proceso judicial que adelanta la Fiscalía a cargo de Tarek William Saab en contra de 25 personas, 14 de ellas funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, quienes ya fueron imputados la noche de este martes, 28 de marzo, en un procedimiento que avanza más rápido de lo habitual, representa según expertos, una «purga» madurista.

La Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe de la Sunacrip, un alcalde, cinco miembros de la estatal petrolera Pdvsa y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados por el delito de corrupción y «traición a la patria», entre otros.

El abogado constitucionalista y profesor universitario Leonel Ferrer explicó a EFE que la fórmula exprés «no tiene nada que ver con el Estado de derecho, es un asunto que está relacionado con una purga interna en el Psuv por razones de poder, no solo político, de poder económico».

¿Cómo debe ser el proceso?

Según explica una nota de la agencia de noticias, el proceso para juzgar a altos funcionarios por delitos relacionados con la administración de recursos del Estado debe incluir, en primer lugar, un procedimiento a cargo de la Contraloría General, en el que se determinan las posibles responsabilidades administrativas.

Cumplido este paso, si la Contraloría considera que podría haber responsabilidad penal, remite el expediente a tribunales con competencia en esa materia, momento a partir del cual la Fiscalía conoce del caso y podría emitir una acusación para que el funcionario sea juzgado.

Ferrer explicó que la Constitución establece el antejuicio de mérito, una prerrogativa por la que «no pueden ser juzgados ni procesados (los altos funcionarios) si previamente la Sala Plena de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha declarado, a solicitud del Ministerio Público, el mérito para el enjuiciamiento».

No obstante, el abogado aclaró que algunos delitos comunes como los de corrupción, implican la no procedencia del antejuicio de mérito y permiten que el funcionario que los cometa sea «absolutamente despojado de la prerrogativa y pueda ser, como cualquier ciudadano, objeto de un juicio por un tribunal».

«Judicialización de la política»

El pasado 21 de marzo, la Asamblea Nacional, le levantó la inmunidad parlamentaria al diputado chavista Hugbel Roa, acusado de estar implicado en la trama de corrupción dentro de Pdvsa.

En un procedimiento exprés, las dos terceras partes del Parlamento aprobaron el levantamiento para que el funcionario pueda ser sometido a juicio en tribunales ordinarios.

En este sentido, Ferrer recordó que los parlamentarios no administran presupuesto, por lo que podría ser el «tráfico de influencias» el delito en el que presuntamente incurrió Roa, para ser juzgado de esta forma.

Para el jurista, la forma en la que se avanza en los procesos muestra una «judicialización de la política».

«Cuando se habla de la judicialización de la política no es solamente el instrumento, (no es solo) utilizar la administración de justicia para perseguir opositores, que lo hacen, sino, internamente, para purgar y tomar el poder dentro de la disidencia interna que tienen», subrayó.

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*Con información de EFE

Durante la inspección, los guardias hallaron 157 pasaportes. De ellos, 154 pertenecientes a venezolanos, y los demás a españoles y un peruano

Tres curazoleños que vinieron a Venezuela con el propósito de “cazar talentos” para una petrolera israelí pasaron más de once meses privados de libertad, imputados por tráfico de personas y otros delitos, reseñó el portal web Crónicas del Caribe.

André Ryan Snijders (39 años), Sergei Paulus Ramphis (57) e Isidro Anacario da Costa (60) viajaron a finales de 2021 con la misión de captar a 157 técnicos y obreros especializados en distintas tareas de la industria petrolera. Lo hacían como agentes tercerizados de una firma israelí, Dick & Doof.

Según información del abogado José Amalio Graterol todo el proceso de reclutamiento se llevó a cabo en el estado Falcón. 

Crónicas del Caribe explicó que en la madrugada del 3 de diciembre de 2021, efectivos militares emplazados en un puesto de Boca de Aroa, sospecharon de cuatro hombres que iban en un Hyundai Senda azul, en dirección a Valencia.

Imputados en Falcón

El auto, manejado por Henri Gotopo, llevaba de copiloto a su hijo, Hender. Durante la inspección, los guardias hallaron 157 pasaportes. De ellos, 154 pertenecientes a venezolanos, y los demás a españoles y un peruano.

Eso fue suficiente para que dos días después los buscadores de talentos, así como el conductor y su hijo, fuesen imputados por un fiscal de Falcón como si integrasen alguna red internacional de delito organizado.

 El 19 de diciembre de 2021, el fiscal falconiano Rolando Rojas Cumare solicitó la captura de André Ryan Snijders, por “tráfico ilegal de personas en grado de frustración”

En mayo pasado, el tribunal primero de control de Falcón, con sede en Tucacas, declaró con lugar las excepciones planteadas por los defensores privados, y dictaminó que la acusación por tráfico de personas, asociación para delinquir y usurpación de funciones era “infundada”.

Llegó la justicia

El expediente pasó a una corte de apelaciones de Falcón, y allí quedó paralizado hasta el 15 de junio, cuando la presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Elsa Gómez Moreno, se avocó de oficio a este caso, y en la misma sentencia envió los recaudos de Snijders y sus compañeros de labores a un tribunal de Caracas, “con el propósito de velar por una correcta administración de justicia”.

El viernes 2 de diciembre, los tres curazoleños fueron trasladados al aeropuerto de Maiquetía. Iban acompañados por Graterol. Allí tomarían un vuelo de Copa a Panamá, y luego otro a Willemstad. Terminaba así un calvario que había comenzado como una simple misión de negocios.

Rafael Eduardo Regalado Molina, quien fue detenido en el centro de votación Andrés Eloy Blanco, en la parroquia Alto Barinas, ya fue liberado

El director y vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, señaló que cuatro personas fueron arrestadas en el contexto de las elecciones de gobernadores en Barinas. Uno de los detenidos ya fue liberado.

#9Ene 1:50PM A esta hora nos reporta la coordinadora de #Barinas del @ForoPenal, @lushia22 que son 4 los arrestos en el contexto de las elecciones. Una de las personas ya fue liberada.

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 9, 2022

La coordinadora de Foro Penal Barinas, Lucía Quintero, indicó que la persona liberada es Rafael Eduardo Regalado Molina, quien fue detenido en el centro de votación Andrés Eloy Blanco, en la parroquia Alto Barinas. 

«Las autoridades señalaron que cometió delito electoral al tomar foto a la papeleta del voto, una vez comprobado que no era así, fue liberado», explicó Quintero.

Rafael Eduardo Regalado Molina,
Fue detenido en el centro de votación Andres Eloy Blanco, parroquia Alto Barinas, señalando que cometió delito electoral al tomar foto a la papeleta del voto, una vez comprobado que no era así, fue liberado @ForoPenal

— Lucía Quintero R (@lushia22) January 9, 2022

Tal Cual Digital reseñó que varias organizaciones políticas y de la sociedad civil han denunciado una serie de irregularidades en la contienda electoral en Barinas, entre ellas el cambio repentino de miembros principales de mesa y algunos testigos, actitud despótica por parte de los funcionarios del Plan República y la lentitud para ingresar a las máquinas de votación.

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El aumento de los impuestos a la clase media y los problemas que ha generado la pandemia son algunas de las causas de las protestas en el vecino país 

Las protestas de este miércoles en Colombia, que llevaron a las calles a decenas de miles de personas descontentas con la reforma fiscal presentada por el Gobierno al Congreso, dejaron dos muertos, 26 detenidos y 44 policías heridos, así como cuantiosos daños materiales por acciones vandálicas, según las autoridades.

Los episodios más tensos se vivieron en Cali (suroeste), donde la jornada comenzó caldeada después de que un grupo de indígenas Misak derribaran la estatua del fundador de la ciudad, el conquistador español Sebastián de Belalcázar.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, destacó el «derecho a manifestarse contra políticas del Gobierno nacional», pero lamentó que mientras unos protestaban, «otras personas de manera premeditada, irresponsable y criminal (…) actuaron para vandalizar la amada Cali».

Según el alcalde, los «vándalos se dividieron la ciudad en diferentes áreas» y actuaron en el oriente «donde desafortunadamente una persona murió en hechos no esclarecidos vinculados con la manifestación».

Otra persona falleció en Neiva, capital del departamento del Huila, en momentos en que participaba de la manifestación. Al parecer su fallecimiento fue causado por un ataque epiléptico y, según el hospital al que llevaron su cuerpo, no presentaba «perforaciones ni heridas de arma de fuego».

Tres factores para entender las protestas y la indignación contra la reforma tributaria

Impuestos a la clase media en el marco de la reforma tributaria

En el papel, la llamada Ley de Solidaridad Sostenible, presentada al Congreso la semana pasada, tiene como objetivos principales los siguientes cuatro puntos: ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental.

Tal vez el punto más polémico sea el cobro de impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234.

Además, la ley propone imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos.

El descontento social continúa (y se acrecentó con la pandemia)

Varios sectores señalaron que parte del descontento del país tiene que ver también con los problemas que ha ocasionado la pandemia del covid-19 y la falta de reacción de los organismos públicos para solucionarlos.

Esto acrecentó, así mismo, el descontento que ya se había manifestado en las movilizaciones de noviembre de 2019.

«Estas protestas recogen la indignación, que se dirige al presidente a Duque, pero que son directamente hacia el modelo capitalista impuesto en el país. En estas movilizaciones se repiten las demandas de las marchas de 2019: implementación del Proceso de Paz, evitar que se comentan más masacres, cambio del modelo económico», señala Pardo.

Retrasos en las vacunas

La jornada de protesta de este miércoles se realizó en medio de un alarmante aumento de contagios de covid-19 en el país. De hecho, este 28 de abril se reportaron 19.745 casos, la más alta desde que se declaró aquí la emergencia sanitaria.

Hasta el momento, en Colombia se han aplicado cerca de cinco millones de dosis, lo que pone al país por detrás de Chile, Brasil y Uruguay en número de vacunados por habitantes.

Sin embargo, los reparos han comenzado a surgir por dos aspectos. Uno, el retraso en el acceso a la segunda dosis en las poblaciones de riesgo y dos, el desabastecimiento de vacunas para ampliar la campaña a los otros rangos de edad que quedan pendientes.

Con información de EFE y BBC Mundo

Según la data de la organización, 125 militares se encuentran detenidos por motivos políticos 

La Organización No Gubernamental (ONG), el Foro Penal Venezolano informó este martes 20 de abril que la cifra de presos por motivos políticos en Venezuela se ubica en 323. 

El informe detalló que entre los detenidos se encuentran 299 hombre y 24 mujeres, de los cuales 198 son civiles y 125 militares.

El Foro Penal en su acostumbrado balance semanal señaló que dos menores de edad se encuentran detenidos.

Apuntó que 9360 personas siguen sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares.

#20Abr Al día de hoy en el @ForoPenal registramos 323 #PresosPolíticos en #Venezuela. Además, 9360 personas siguen sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. pic.twitter.com/n4wXqdt2C3

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) April 20, 2021

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Medios locales informaron que solo nueve de los 16 niños venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago pudieron estar una hora el 31 de diciembre, antes del cambio de año, junto a familiares que se encuentran legalmente en esa isla.

Los siete niños restantes, incluido un bebé de cuatro meses, no pudieron despedir el 2020 con sus familiares: permanecieron bajo custodia junto con varios adultos de su país. Los menores han estado detenidos en el helipuerto Chaguaramas, en el suroeste de la isla, desde hace más de un mes. 

La abogada Nafeesa Mohammed, líder local en favor de los derechos humanos, había pedido a las autoridades trinitenses que permitieran que los niños venezolanos que quedaban detenidos fueran liberados.

Los 16 niños y 11 adultos habían entrado ilegalmente en Trinidad y Tobago el pasado 17 de noviembre. Días después fueron escoltados fuera de las aguas de la isla por la Guardia Costera. El grupo regresó a Trinidad tras pasar dos días en el mar y fueron retenidos en la comisaría de Erin y posteriormente trasladados al helipuerto Chaguaramas. 

«Llevan detenidos más de un mes. Si bien muchos de nosotros pasamos la Navidad con familias y seres queridos, ellos estaban al cuidado del Estado», dijo la abogada.

Con información de TalCual