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Codhez exige liberación inmediata para detenidos el 23 de enero

El pasado 23 de enero, en el Zulia se registraron masivas detenciones arbitrarias ocurridas en el contexto de las manifestaciones convocadas por la Asamblea Nacional para la restauración de la institucionalidad democrática en Venezuela.

Entre los casos registrados por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), se registra la detención arbitraria de Henry Alberto León, joven de 20 años, estudiante del Centro de Estudios Gastronómicos Alejandro Magno, y quien representaría al país en una competencia internacional de gastronomía el próximo mes de febrero en Ecuador.

Al momento de su detención, fue arrollado por una moto de la Guardia Nacional Bolivariana, organismo que ejecutó la detención arbitraria. Henry León estaba a una calle de su casa y se dirigía al centro de estudios para practicar la elaboración del platillo que realizaría en el concurso.

Luego de haber tenido acceso al acta de investigación se evidencia que el joven no portaba consigo ningún objeto explosivo o incendiario, y tampoco banderas ni ningún elemento alusivo a las manifestaciones de ese día.

No obstante, el Juzgado Noveno del Circuito Judicial del Estado Zulia, a cargo del juez Víctor Hernández, dictó la medida privativa de libertad, imputando al joven los delitos de agavillamiento, instigación pública, resistencia a la autoridad y obstaculización de la vía pública.

Reiteramos que en las actas de investigación no se evidencia ningún supuesto objeto que haya sido utilizado para una obstaculización de la vía, así pues como la retención de algún objeto o artefacto explosivo o incendiario que dé lugar a la imputación formulada por el Ministerio Pùblico.

Advertimos que estamos ante una situación de detención arbitraria, un hecho violatorio a los derechos humanos y que representa un crimen de lesa humanidad. En el caso de Henry León en particular, se le negó dos veces a sus familiares que se encontraba recluido en el Comando 111 de la Guardia Nacional (La Ciega),a pesar de que estaba recluido en ese lugar. Por esta razón, se puede afirmar que en este caso se produjo una
desaparición forzada al negarse el paradero de la víctima y sumergir en la angustia a sus familiares.

Frente a esta situación de múltiples violaciones a los derechos humanos, se suma la negación de atención médica a la víctima. Hasta el día de ayer, por medio de la mediación de profesores de la Universidad del Zulia, se permitió el ingreso de los cascos verdes de la institución para revisarlo.

Al caso de Henry León se suman los casos de otros 12 detenidos arbitrariamente en el Comando La Ciega por las mismas razones. Uno de ellos sufrió una crisis de asma durante la detención y le fue negado el medicamento, a otros dos se le dictó una medida de arresto domiciliario por enfermedad (epilepsia y hepatitis).

Destacamos que el joven con epilepsia padeció de ataques mientras se encontraba detenido, y en ningún episodio le fue suministrado el medicamento.

El equipo de defensa de Codhez exige la liberación inmediata de Henry León y las personas detenidas arbitrariamente. Advertimos que nos encontramos ante múltiples violaciones a los derechos humanos que incluyen violaciones al derecho al debido proceso, a la libertad personal, a la integridad física y la vida de los detenidos.

Recordamos que todas las autoridades involucradas en la violación sistemática de derechos humanos son responsables ante los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos.

Desde Codhez, se realizarán solicitudes al grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas y a las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar sobre estos casos y establecer las responsabilidades que haya lugar ante la Corte Penal Internacional.

Foro Penal: Nocturnidad y ataque a zonas populares caracterizan la nueva oleada de represión en Venezuela.

Del 21 al 24 de enero de 2019 han detenido a 369 personas y 22 hasta ahora, han sido asesinadas durante manifestaciones antigubernamentales en Venezuela, informó el director presidente de Foro Penal (FP), Alfredo Romero, tras señalar que el miércoles pasado fue uno de los días con mayores detenciones en los últimos 20 años.

“En cuanto a detenciones, el 23 de enero pasa a ser un día histórico con 328 personas detenidas en todo el país hasta ahora verificadas con nombre y apellido, de las cuales Foro Penal representará a la mayoría. Zulia es el estado con mayor número de detenciones, con 85, luego Aragua con 63 personas detenidas y Monagas con 45 personas detenidas. Desde el 21 de enero, si sumamos las detenciones verificadas, estamos hablando de 369 arrestos por protestas. Hoy todavía estamos verificando arrestos, ayer, 24 de enero siguieron dándose estos hechos y seguro el número sobrepasará las 400 personas. Por ejemplo, ayer hubo una cantidad importante de detenidos en El Junquito”, alertó.

Alfredo Romero resaltó que la mayoría de estos casos de detenciones se han dado en zonas populares, en la noche y la madrugada y sin orden o justificación alguna. “Personas han sido retiradas de sus casas, de manera arbitraria. Zonas importantes como Petare, donde la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional) ha ingresado de forma violenta en casa de personas para detenerlas; José Félix Ribas, Catia, El Valle, El Junquito, Cotiza, el barrio El Limón, San Martín, por mencionar algunos de Caracas. Los cuerpos de seguridad además han abusado del uso de la fuerza con los detenidos al someterlos a descargas eléctricas y golpizas que incluso han sido denunciadas ante tribunales. Aquí hacemos un llamado a los funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía, que sepan que se está haciendo vigilante en cuanto a las violaciones de los derechos humanos”, señaló.

Detalló que solo el 21 de enero se registraron 8 arrestos en Distrito Capital. Mientras, el 22 de enero se registraron 6 en Bolívar, 8 en Distrito Capital, 5 en Monagas, 13 en Nueva Esparta y 1 en Vargas para un total de 33 detenidos. «A los pocos que han presentado del 21 y 22 de enero se les imputan delitos como terrorismo, instigación al odio, alteración del orden público y desacato a la autoridad, los últimos dos se han vuelto los más comunes. Han retirado los cargos de terrorismo, por ejemplo, y en el caso de los de Caracas a algunos se les dio medida cautelar previa fianza. Todavía faltan por presentar en tribunales a más de 300 detenidos», expresó Romero durante una rueda de prensa de este viernes.

Asimismo, el abogado defensor de derechos humanos aclaró que en este registro preliminar no se encuentran personas detenidas por saqueo, pues consideran esta acción como un acto vandálico.

En cuanto a los asesinados en protestas, Romero dijo que hay diferencias en cifras, sin embargo, verificadas por el Foro Penal hay 22 personas asesinadas desde el 21 de enero. “3 en portuguesa, 2 en Táchira, 2 en Barinas, 2 en Amazonas, 7 en Bolívar, incluyendo 2 menores de edad, 5 en Caracas, y 1 en Mérida”, precisó.

Sobre Bolívar en particular dijo que hay asesinados en medio de saqueos, “5 de las 7 fueron asesinadas en un saqueo”, acotó.

Por su parte, Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de Foro Penal explicó que en este momento “es difícil establecer el patrón de actuación de los tribunales ya que solo han presentado a menos del 10% de los detenidos. No obstante, aseguró que en el caso de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del estado “hay detenciones que son selectivas y el motivo es porque las protestas en esta oportunidad son en zonas populares y humildes de Venezuela”.

Himiob Santomé alertó que la represión no es solo de los cuerpos de seguridad, también han intervenido cuerpos de violencia informales como colectivos armados que incluso, se han atrevido en algunas zonas como ocurrió en estos días en el 23 de enero a dictar toque de queda. “Esto es completamente irregular y es una gravísima violación a los derechos humanos”, dijo.

Al día de hoy Foro Penal contabiliza 273 presos políticos, a los que deben sumarse los detenidos de enero de 2018.

Más de 70% de hacinamiento en calabozos militares

ForoUVL

Hacinamiento, torturas, falta de atención médica, enfermedades y retraso procesal son algunas de las irregularidades que se cometen en las cárceles y centros de detención militar que fueron denunciados en el informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los Centros de Reclusión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

El informe fue presentado por el coordinador de UVL, Carlos Nieto Palma y por el periodista Javier Mayorca, quien fue parte del equipo encargado de realizar la investigación.

De acuerdo con los datos recabados en el informe, el hacinamiento en las cárceles militares se agravó el año pasado como consecuencia de las jornadas de protesta que se extendieron por todo el país entre los meses de abril y agosto de 2017, especialmente luego de la implementación del Plan Zamora. el cual había sido presentado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2016 que tendría como objetivo enfrentar los estados de conmoción y activar la “liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos vienen de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha” incorporando a civiles a estas labores, dijo Maduro el 28 de diciembre de 2016.

El Plan Zamora se activó tras el recrudecimiento de las protestas a partir del 19 de abril del año pasado cuando se desplegaron las Fuerzas Armadas en labores de control de manifestaciones y se incorporan civiles, o colectivos a esas labores.

A partir de ese momento fueron pasados a la jurisdicción militar a los detenidos durante esas manifestaciones. Medida para hacerle frente a la posición fijada por el Ministerio Público, “cuya titular había comenzado a marcar distancia de la represión indiscriminada” que se estaba realizando y luego de que durante la segunda semana de abril de 2017 los fiscales encargados de tres casos solicitaron a los tribunales la liberación de los detenidos.

La respuesta del gobierno fue pasar a la justicia militar a los civiles detenidos durante las protestas. El ministro el general en jefe del ejército, Vladimir Padrino López, justificó la decisión señalando que “Cuando se ha agredido a un guardia nacional, se sustrae o se atenta contra bienes militares, actúa la Fiscalía Militar que está desplegada en todo el territorio nacional”. A partir de ese momento se multiplicaron las imputaciones a ciudadanos comunes por delitos como ultraje al centinela e instigación a la rebelión, previstos y sancionados en el Código Orgánico de Justicia Militar.

De esta manera, las cárceles militares, instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se vieron de pronto saturadas de arrestados  y tuvieron que habilitar espacios para albergarlos durante su detención.

A pesar de las dificultades para la obtención de datos sobre las condiciones internas, los investigadores de la organización lograron determinar que en las tres cárceles destinadas a albergar a procesados militares, Ramo Verde, La Pica y Santa Ana, hay un hacinamiento estimado en en 77,9% para finales del año 2017, cuando contaban con una población de 961 presos, 421 por encima de la capacidad de los centros que era de 540 reclusos.

La cárcel con mayor hacinamiento fue la de Santa Ana (estado Táchira) que alcanzó 214,2%  al sobrepasar en 150 reclusos su  capacidad para 70 detenidos.Le sigue Ramo Verde con una capacidad de 350 detenidos y con una población de 600 presos, donde la saturación se ubicó en 71,4%. La cárcel de La Pica cierra  el grupo con una sobrepoblación de 17,5%; 21 presos de más que llevaron al centro de 120 detenidos a 141.

Se estableció que a finales del año pasado 2.857 personas permanecían detenidas en 24 instalaciones de la GNB, de los cuales  2.482 eran procesados, y 304 penados, además habían 286 extranjeros presos en esas instalaciones. Vale destacar que esos comandos no cuentan con espacio para mantener a 85 mujeres privadas de la libertad para finales del año pasado.

Esta cifra  aumentó a 3.400 personas para inicios de este año, y de acuerdo a las estimaciones realizadas en el informe de UVL, “no hay perspectivas que las cifras puedan reducirse este año; el panorama es a que aumenten las detenciones como consecuencia de la represión de las manifestaciones que se podrían presentar en el transcurso de 2018”.

Además el informe recoge testimonios sobre el hacinamiento en los calabozos de la Dgcim, organismo que en su sede de Boleíta, Caracas, tiene una capacidad para albergar a 36 personas y llegó a tener a 200 detenidos durante la agudización del conflicto el año pasado, momento en el cual el hacinamiento se ubicó en 455%.

Torturas y maltratos

Otro de los aspectos denunciados en el informe fue la práctica de torturas, malos tratos y vejaciones a la población detenida en esos centros.

Hay casos de torturas que van  desde la exposición a polvo de granadas lacrimógenas;, golpes en el cuerpo, plantas de los pies, cabezas y costados; inserción de tachuelas entre las uñas, prácticas de asfixia a través de la aplicación de capuchas impregnadas de insecticida o toallas mojadas para ahogar a las víctimas;, privación del sueño y  exposición a bajas temperaturas por períodos prolongados de tiempo.

Además, los privados de libertad denunciaron la intimidación a sus familiares por parte de los funcionarios, el encierro en solitario por prolongados períodos  que terminaron causándole enfermedades intestinales a los detenidos por las limitaciones en el uso del baño, inmovilización prolongada, privación de alimentos y de visitas por períodos indefinidos, entre otros castigos.

Presos con la salud en el pico de un zamuro

El equipo de Una Ventana a la Libertad denuncia además el uso discrecional de la atención médica como una herramienta para doblegar a los privados de la libertad.

“Hay casos de reclusos que presentan enfermedades graves cuya atención médica se les niega bajo las más extrañas razones, como la falta de autorización de un tribunal, o que se trata de algo leve. Tenemos recogido el testimonio de un general que tenía un dolor en la mandíbula y no lo dejaban ir al médico hasta que se detectó que era cáncer; finalmente permitieron su traslado a un centro de atención”, señaló Mayorca.

Muchos detenidos son torturados durante los primeros días de su ingreso a las celdas del Sebin o de la Dgcim y luego no pueden ser presentados ante los tribunales debido al estado en que se encuentran, lo que retrasa todo el proceso judicial que sigue, debido a que no pasarían la revisión médica. Sin embargo en algunos casos, como en el del capitán retirado Juan Carlos Caguaripano (quien fue detenido por participar en la toma del Fuerte Paramacay en Carabobo el 6 de agosto de 2017) , fue llevado de manera compulsiva ante juzgados de control aun sin revisión médica previa, señala el informe de UVL.

Reportan que el Sebin detuvo a 9 jóvenes en Valencia

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Foto referencial

9 personas, entre ellos tres menores de edad, fueron detenidas por el Sebin cuando se encontraban en las cercanías de la panadería La Mansión del Pan de la urbanización Mañongo, en Valencia.

Familiares y testigos aseguraron que los detenidos manifestaban pacíficamente cuando llegaron los funcionarios.

Una testigo del hecho ofreció el siguiente testimonio: «Un grupo de muchachos con unas banderas y unos carteles estaba en la panadería La Mansión del Pan. Les llega el Sebin, los funcionarios se bajaron encapuchados, con armas largas y empiezan a agarrar a los muchachos y a lanzarlos contra una reja. A uno lo tiraron al piso. En eso va pasando uno que iba a la panadería a comprar pan, lo agarran y lo tiran al piso y luego se lo llevan detenido».

La misma testigo contó también que, durante la emboscada del Sebin a los jóvenes, una señora que iba con su hijo menor de edad transitando en su vehículo por la zona llamó a unos muchachos para rescatarlos, pero los funcionarios se dieron cuenta de la situación y la detuvieron. Se trata de una mujer de 40 años.

Los detenidos fueron trasladados a la sede del Sebin en Naguanagua, a donde familiares y dirigentes políticos llegaron para mediar en la liberación, reseñó El Pitazo.

Foro Penal reportó más de 70 presos por decisión de tribunales militares

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El Foro Penal Venezolano aseguró este martes que 73 civiles han sido privados de la libertad en el país por decisión de tribunales militares, de las 137 que han sido presentadas ante estas instancias en el marco de las protestas antigubernamentales en el país.“73 personas han sido privadas de libertad como consecuencia de decisiones de tribunales militares”, dijo el director ejecutivo de la ONG, el abogado Alfredo Romero, durante una intervención en la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) de mayoría opositora.

El abogado indicó que en los últimos días 118 personas del céntrico estado Carabobo fueron presentadas ante tribunales militares que se instalaron en los comandos de la Guardia Nacional (policía militarizada) y que hoy fueron presentados 19 estudiantes que manifestaban en el estado occidental de Falcón.

“En el caso particular de Carabobo hemos encontrado que en las audiencias las personas están armadas, por lo menos 11 militares armados con armas automáticas, violando el derecho a la defensa e intimidando a los detenidos, evidentemente nadie declaró”, dijo.

Aseguró que en la mayoría de los casos, el FPV ha encontrado que “no existe ningún tipo de evidencia para poder acusar a nadie” y puso el ejemplo de los presuntos involucrados en los saqueos que se produjeron en Carabobo la semana pasada.

“Por saqueos se habían robado unas piernas de jamón y esta persona no fue imputada, ni se precalificaron los delitos como hurto o robo, ni siquiera alteración del orden público sino como instigación a la rebelión y vilipendio”, señaló Romero.

El abogado explicó que en estos casos se “creó una narrativa” de que estas personas capturadas en el escenario de saqueos “estaban supuestamente atacando a los guardias nacionales” y también se responsabilizó “a supuestos dirigentes de oposición” de causar esta situación.

“Todas estas evidencias las tiene la Fiscalía General de la República porque han estado presentes en cada una de las denuncias que se han planteado ante los tribunales”, apuntó y pidió al Parlamento invitar a la fiscal general, Luisa Ortega, a una sesión legislativa para que hable de esta situación.

Romero reiteró que en esta ola de protestas antigubernamentales que se inició a principios de abril pasado la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ha aumentado “no solo cuantitativamente sino también cualitativamente”.

“No se individualiza a las personas, se detienen de forma general a cualquiera que esté alrededor de una protesta o de una manifestación”, indicó y agregó que estas detenciones van acompañadas “de tratos crueles e inhumanos y de torturas”.

“En Monagas (este), está el caso del profesor Joel Bellorín, torturado cruelmente y hoy en día privado de libertad, a él lo torturaban para exigir que confesara en contra de dirigentes de oposición”, comentó Romero.

La mayoría opositora del Parlamento aprobó hoy el “acuerdo en rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora y a la práctica inconstitucional de instalación de tribunales militares que usurpan la jurisdicción ordinaria violando los derechos humanos”.

El 18 de abril pasado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su decisión de activar el llamado “Plan Zamora”, que le fue presentado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para mantener el orden interno ante las supuestas amenazas de golpe de Estado auspiciado “desde Washington”.

La ola de protestas contra el Gobierno de Maduro en ocasiones ha degenerado en hechos violentos, que han dejado 37 muertos y centenares de heridos y detenidos.

En Carabobo piden saber el paradero de los detenidos por justicia militar

DetencionGNB_Foto Merida Digital

Foto referencial

Las madres de los detenidos por protestar en Valencia, estado Carabobo, no han tenido noticias de sus hijos desde el pasado jueves 4 de mayo, cuando fueron detenidos en el marco del Plan Zamora. Por esa razón se mantuvieron el lunes a las puertas del Destacamento de Seguridad Urbana -Desur- de la Guardia Nacional en Ciudad Chávez, al sur de Valencia.

Una nota de Tibisay Romero publicada en El Estímulo, recoge el testimonio de una de esas madres: “Vinimos por segundo día consecutivo porque nos dijeron que aquí los traerían desde el Core 2 –ahora Comando de la Zona 41- . Es una angustia no saber nada de mi hijo desde el jueves cuando lo apresaron en Bella Florida”.

Poco después del mediodía, llegó una camioneta policial con un grupo de 20 hombres. Las mujeres, y otros familiares que se habían trasladado al sitio, se acercaron a ver si estaban los suyos en ese grupo, pero no lograron saberlo.

Otra de las madres de los detenidos contó a Tibisay Romero para El Estímulo: «Quisiera saber qué es lo que está pasando porque mi hijo es un civil y no entiendo por qué a él lo están juzgando con estas leyes militares. Quiero que por favor me den una respuesta para saber qué es lo que está pasando, no sé en qué condiciones está”.

La mujer refirió que su hijo, dueño de un taller de motos en Bella Florida, se encontraba el jueves en la calle comprando una medicina cuando fue sorprendido por el operativo del Plan Zamora. Había salido, además, para darle una vuelta a su negocio porque temía que hubiesen irrumpido en él en medio de los saqueos y las protestas.

Con información de El Estímulo

 

 

LAS CIFRAS MÁS RECIENTES DEL FORO PENAL VENEZOLANO revelan que a cinco meses del inicio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, quedan 86 personas dentro de lugares de reclusión. Suman más de 3.200 personas las que fueron detenidas desde febrero en distintas partes del territorio nacional, mayoritariamente en el estado Miranda, 230 de ellos son menores de edad. Actualmente, más de 2.000 venezolanos viven con restricciones a su libertad, por medidas cautelares, de presentación o prohibiciones de circulación.
Las denuncias sobre violación de Derechos Humanos continúan, mientras las organizaciones no gubernamentales registran. Es lo que permitirá que algún día se haga justicia.
Las historias están allí para ser contadas.

 

DetenidosPorProtestar1

A Delibeth Briceño le montaron una emboscada para detenerla. Eso es lo que ella cuenta. La detuvo la Guardia del Pueblo. Eran casi las tres de la madrugada, iba junto a otros compañeros en un taxi para buscar a unos amigos que permanecían escondidos cerca de la carretera Valle Coche. Llamó por teléfono a uno de ellos, y una voz, que no le parecía familiar, le dio las indicaciones de adonde debía llegar. Se dirigió al sitio y allí la estaban esperando, pero no sus compañeros, sino la Guardia del Pueblo.

Delibeth Briceño: la historia de sus 28 días en el INOF como una delincuente (VIDEO)

Los esposaron y revisaron de arriba abajo. En el taxi, encontraron un bolso con bombas lacrimógenas. La acusaron de ser la dueña. Ella siempre lo negó, y lo niega. “No sabemos de quién era ese bolso, no pertenecía a ninguno de nosotros”, reitera.

Briceño había llegado a Caracas el 10 de marzo de 2014. Venía de Maracaibo, de donde es. Asegura que no es dirigente estudiantil, “sólo estudiante”. Decidió irse a Caracas para unirse a las protestas de jóvenes que habían arrancado a principios de febrero en Venezuela.