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ARI Móvil | Centro Santa Inés: un espacio de salud en el que se junta la solidaridad y atención profesional
ARI Móvil, un camión de información de la Alianza Rebelde Investiga visitó las instalaciones de esta organización social en la UCAB para leer noticias en caliente y conocer la sinergia entre destacados profesionales de la salud con pacientes que van en busca de calidad y precios accesibles

Por Glorimar Fernández

Martina tiene 37 años y es residente de la parroquia El Paraíso de Caracas. Hace tres años que cumple con sus controles ginecológicos en el Centro de Salud Santa Inés. Para referirse a este espacio, la mujer dijo que se trata de «un área pulcra, con aire acondicionado, son reconocidos médicos los que te atienden y es prácticamente gratis».

La paciente es una de las 300 personas que diariamente acuden a este establecimiento ubicado en el Parque de Acción Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con sede en Montalbán. Ella asegura que se trata de «una aguja en un pajar» por ser este un espacio que está en pie gracias a donaciones de la empresa privada y financiamiento de este centro de estudios.

ARI Móvil, un camión de información de la Alianza Rebelde Investiga, se instaló frente a su sede para conocer la labor que hacen médicos en este espacio que, como lo describió Martina, dignifica a cientos de pacientes que acuden a sus salas. Además, leyó noticias en directo y respondió dudas de escuchas debido al difícil acceso a la información.

ARI Móvil es una iniciativa de la Alianza Rebelde, que integran los medios Runrun.es, TalCual y El Pitazo que busca llevar el periodismo y las noticias a la gente

Médicos y personal de administración del centro Santa Inés se dieron cita en este medio de comunicación rodante para relatar su experiencia y el secreto del éxito de este lugar. Explicaron que inició funciones en 1999 con solo dos especialidades y para 2024 ya son 40 los servicios que prestan.

«Santa Inés nace para beneficiar a las personas más vulnerables de las comunidades cercanas a la UCAB como Antímano, Carapita, La Vega y Caricuao, aquí puede venir el que quiera», dijo en una breve reseña sobre su fundación y visión Carlos Torres, miembro del departamento de comunicaciones del centro de salud.

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También creen en los milagros

La pediatra Ruth Castro, que posee una trayectoria de más de 30 años, ofrece atención en el centro Santa Inés. Durante la entrevista en el ARI móvil, confesó que uno de los momentos que más disfruta es cuando se sube, junto a sus equipos médicos, en camionetas rústicas para subir a lo más alto de los sectores populares mencionados.

Detalló que es en las comunidades con menos recursos donde son mejor recibidos. «Los organizadores asean y arreglan los mejores espacios de sus sectores para que podamos atender a niños de la comunidad, la emoción de encontrarnos es mutua», expresó.

Al indagar sobre los índices de desnutrición que ha atendido en estas zonas pobres de Caracas, la especialista aseguró que son frecuentes, pero se enfocó en describir la cantidad de padres que cumplen sus indicaciones para mejorar la salud de niños con esta complicación.

Las consultas para las especialidades que se ofrecen tienen costos a partir de los 20 dólares y las jornadas que hacen médicos especialistas en zonas populares son completamente gratuitas

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Ruth Castro, pediatra del Centro Santa Inés en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) siendo atendida por el ARI Móvil
Falta de medios económicos para acceder a alimentos es una constante en Venezuela
Aunque la disponibilidad de alimentos mejoró en Venezuela, la falta de medios económicos sigue siendo una constante

Foto: EFE

La disponibilidad de alimento en Venezuela ha ido en crecimiento después de la pandemia, sin embargo, la falta de medios económicos para que los ciudadanos puedan adquirirlos sigue siendo una constante, así lo afirmó la doctora Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud y miembro de la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición en una entrevista para NTN24.

La especialista recalcó que el acceso a los alimentos «esta sumamente comprometido, porque hay alimentos en el país, lo que pasa es que no tenemos los medios económicos para acceder a ellos». Agregó que los ciudadanos deben recurrir a distintas estrategias para poder comer.

Un nuevo Informe de Seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela de la organización HumanVenezuela reveló que «en 2023 91,6% de los hogares utilizó estrategias de sobrevivencia para alimentarse, la mayoría rindiendo el presupuesto o aumentando su carga laboral ante mayores niveles de gasto».

Además, un 41,1% de la población para subsistir a nivel alimenticio tuvo que combinar en el año 2023 distintas estrategias y además sacrificar gastos y privación de consumo.

«Hay gente que, por ejemplo, decidió hacer dos comidas al día, hay familias donde las madres no están comiendo para que sus hijos puedan comer, o simplemente, hay gente que decidió no comprar más ropa ni hacer más pagos para insumos que requieran para educar a los niños para así poder alimentarse», describió. 

Otras personas también deben elegir entre comprar medicamentos o vender artículos del hogar para  cubrir estos gastos lo cual es una «estrategia irreversible». «Cuando vendes un microondas para comprar un alimento, muy difícilmente recuperas ese microondas en el tiempo», explicó Herrera.

Sumado a esto hay una «seguridad alimentaria marginal», la cual refleja que los venezolanos logran alimentarse aplicando una estrategia que sacrifica otras necesidades básicas.

«En 2023 hubo un aumento de la seguridad alimentaria moderada y de la seguridad alimentaria serena, la cual se había mantenido un poquito más estable después de la pandemia, pero hemos vuelto a retroceder», dijo la especialista.

En todos los niveles y grupos etarios hay desnutrición

Herrera explicó que dentro del amplio espectro de pobreza hay grupos que, por su vulnerabilidad, suelen ser los más afectados.

Entre ellos están los niños menores de cinco años que son considerados grupos poblacionales vulnerables, también los adultos mayores y aquellos hombres y mujeres en edad fértil «que van a tener un déficit y desventaja a la hora de la procreación a las cuales se han sometido».

Esto, para Herrera, es «una notable y dura realidad que afecta a la mayoría al día de hoy». Pero, según la experta, para poder llegar a la solución de este conflicto se debe pasar primero por un análisis de otros temas como, por ejemplo la mejora de los servicios de agua, electricidad y gas.

La especialista resaltó que la falta de nutrientes desde temprana edad y aún desde la concepción influye sobre el desarrollo adecuado de los niños y niñas que están creciendo en el país.

Claves | En 8 de cada 10 hogares venezolanos el presupuesto no alcanza para comprar alimentos
Según el informe de HumanVenezuela a pesar del crecimiento en la producción de alimentos persiste la desnutrición en el país. 

La vulneración al derecho fundamental de la alimentación en Venezuela ha sido una constante al menos desde el año 2014. Para millones de personas es todo un reto cubrir los gastos alimenticios y sobrevivir y un reciente estudio determinó las dimensiones de la inseguridad alimentaria en el país. 

El nuevo Informe de Seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela de la organización HumVenezuela reveló que en 2023 91,6% de los hogares utilizó estrategias de sobrevivencia para alimentarse, «la mayoría rindiendo el presupuesto o aumentando su carga laboral, ante mayores niveles de gasto».

En la encuesta de hogares aplicada por HumVenezuela en 20 estados constan hallazgos preocupantes sobre la situación alimentaria de los venezolanos. 41,1% de la población para subsistir a nivel alimenticio tuvo que combinar distintas estrategias, sacrificar gastos y también hubo privación en el consumo.

La calidad y variedad en el consumo de alimentos de los hogares venezolanos desmejoró 87,6%. 61,9% de los encuestados para la investigación indicó que a pesar de pagar por el programa de subsidio estatal de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) «los productos de las bolsas no cumplían estándares nutricionales, eran pocos y no llegaban con regularidad».

En, al menos, 9,5% de los hogares del país uno de los miembros migró para ir en búsqueda de alimentos. Otro de los aspectos que resalta el informe es que en el 4% de los hogares consultados se compró alimentos vencidos; en el 3,5%, varios miembros debieron comer fuera del hogar; y en el 1,5%, se intercambió sexo por alimentos».

Otras familias con niveles más extremos de pobreza reportaron que en un 13,8% de ellas, un miembro trabajó por alimentos, y de 10,3% a 12,3%, creció el porcentaje que recibió alimentos donados u obsequiados.

En 2023, un número más alto de personas «cayó en situaciones inaceptables de privación alimentaria a niveles de subalimentación y subnutrición extrema». El porcentaje de personas que durante ciertos períodos del año pasaron hambre de forma permanente «se incrementó considerablemente de 14,4% a 22,3%» entre 2022 y 2023. 

«De este grupo, las personas que permanecieron con hambre, todo el tiempo, aumentaron de 7,2% a 9,5%. Igualmente se produjo un ascenso, de 10% a 15,5%, en el número de personas que alguna vez pasó días enteros sin comer y, de 4,9% a 5,7%, las que muy seguido durante el año no pudieron alimentarse por días enteros», revela el informe. 

Alimentarse se ha convertido en una hazaña

El aumento de los niveles de desnutrición ha continuado ascendiendo. Como parte de las privaciones alimentarias en los menores de 5 años la desnutrición sigue siendo un gran problema, pues afecta a 1,4 millones de niñas y niñas que presentan algún grado de déficit nutricional o riesgo de tenerlo.

Para el año pasado se estimo que hubo 9,5% de niñas y niños con desnutrición aguda y 35,4% con desnutrición crónica, por retardo de crecimiento en talla para la edad.

De acuerdo con Hum Venezuela la  afectación total de la inseguridad alimentaria asciende al 45,2% de la población, lo que equivale a 13 millones de personas.  Según el informe la falta de recursos para acceder a las cantidades de alimentos necesarias para cada hogar es la principal causa para la no accesibilidad alimentaria en gran parte de la población.

Para 2023, el ingreso mensual de los hogares venezolanos representaba un 72,4% menos de los costos de una canasta básica para una familia de tres miembros.

Por esta razón se incrementó el número de hogares que redujeron el numero de porciones de comida de 57,2% a 62,3%, al mismo tiempo 35,7% de las personas en esos hogares comió cantidades menores de manera frecuente.

A su vez, hubo aumento en los hogares que bajaron la cantidad de comidas al día de 37,2% a 47,4%. Además pasó de 22,3% a 25,7% los que debieron privarse de alguna comida diaria de manera frecuente.

Más alimentos, menor consumo

A pesar de que ha aumentado la disponibilidad de alimentos debido a la creciente producción nacional y la llegada de otros países, no se han reducido los altos niveles de contracción del consumo.

Según las cámaras agrícolas, aunque aumentó la disponibilidad de alimentos persistieron «los problemas de escasa inversión, impuestos excesivos y trabas burocráticas, tierras productivas inactivas, falta de insumos agrícolas, escasez y altos precios del combustible, interrupciones eléctricas y problemas de seguridad».

Entre 2022 y 2023 aumentó de 85,8% a 87,6% el consumo de dietas poco variadas, saludables y nutritivas. Midiendo en kilogramos por persona al año, se elevó el consumo de carne de res (de 30,4% a 42,9%), de leche y sus derivados (de 55,4%a 60,0%), de harina de maíz (de 43,0% a 50,0%), de arroz (de 17,4% a 21,8%), y de hortalizas (de 13,8%a 30,0%).

Para el año pasado también se observó una disminución de 55,6% a 51,6% en el déficit de consumo de alimentos de alto valor proteico.

«El déficit de consumo de carnes se mantuvo en 62%, pero se redujeron los déficits de pollo (de 56,7% a 51,4%), de pescado (de 67,1% a 63,3%), de huevos (de 42% a 36,6%), de leche (de 69,7% a 62,6%), de queso (de 35,6% a 33,7%) y de granos (de 29,7% a 28,4%). En cambio, con un alto peso en la dieta de los hogares, bajó el consumo de arroz (de 88,2% a 86,8», destacó el informe.

«En 2023, para 86% de los hogares el presupuesto era insuficiente para comprar alimentos. El 15% utilizaba más de la mitad del presupuesto para gastos de alimentos, 50,6% lo gastaba casi todo y 20,3% no disponía de un presupuesto para estos gastos», reza el informe.

ONG registró casos de tuberculosis, VIH, covid y desnutrición en calabozos policiales
Otro hallazgo importante que destaca la ONG es que en 161 calabozos policiales conviven 10.254 privados de libertad, para una capacidad instalada de 6.028 personas, lo que indica que existe un hacinamiento de 170%

 

Este miércoles, 30 de agosto, la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) informó que al menos 240 detenidos en calabozos policiales padecen de tuberculosis, 45 de VIH-SIDA, 7 de Covid-19 y 411 presentan un cuadro aparente de desnutrición.

Las cifras reveladas surgen después de que se realizaran 18 jornadas médicas asistenciales entre octubre del año pasado y julio de 2023, que tuvieron el objetivo de «determinar las condiciones sanitarias de los centros de detención preventiva y el estado de salud de los privados de libertad».

El coordinador general de Una Ventana a la Libertad explicó que las mencionadas jornadas médicas asistenciales, en las cuales se aplicaron pruebas rápidas de tuberculosis y VIH-SIDA, se realizaron en siete estados del país: Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Bolívar, Aragua, La Guaira y Zulia.

Otro hallazgo importante que destaca la ONG es que en 161 calabozos policiales conviven 10.254 privados de libertad, para una capacidad instalada de 6.028 personas, lo que indica que existe un hacinamiento de 170%.

Condiciones precarias 

La ONG afirmó que la falta de distanciamiento es lo que hace que las enfermedades infecto-contagiosas como la tuberculosis, la escabiosis (sarna), gripes y COVID-19, entre las más comunes, se mantengan en la lista de problemas de salud entre los privados de libertad.

UVL también expuso que la mayoría de la población penitenciaria recluida en estos espacios se encuentra en riesgo sanitario debido a que las condiciones de los calabozos policiales no son las apropiadas, pues de los centros de detención preventiva estudiados solo 86 tienen baños y 87 cuentan con agua potable.

La organización reportó con frecuencia que las celdas de estos calabozos policiales no tienen ventilación y que muchas veces los reclusos deben preparar sus alimentos en los mismos lugares donde hacen sus necesidades fisiológicas.

En cuanto a los niveles de desnutrición, UVL detalló que se debe a la falta de alimentación balanceada.

«Según el testimonio de algunos familiares, alimentar a los reclusos resulta difícil debido a los altos costos de los alimentos y a la falta de recursos para que madres, padres, hermanas y esposas lleguen a esos lugares a entregar las viandas de alimentos», se lee en el informe en donde también se asegura que los familiares son los responsables de la alimentación de los reclusos.

Puede leer el informe completo AQUÍ

Pobreza y necesidades cada vez más agudas, el día a día de los pueblos indígenas del Zulia
Un reciente informe de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) concluyó que el Estado venezolano sigue omitiendo sus obligaciones  y violando «de forma reiterada» los  derechos a la vida, integridad, bienestar general y calidad de vida de las poblaciones indígenas de la entidad 
Los pueblos  indígenas del Zulia se ven empujados a sobrevivir «en condiciones desiguales, de calamidad y vulnerabilidad constantes»

Foto: La Verdad

 

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentó un balance de la situación general de los derechos humanos en el Zulia, en el que reiteró que las poblaciones indígenas del estado continúan enfrentándose a pobreza y necesidades agudas en su día a día sin atención prioritaria de los organismos competentes. 

Los pueblos indígenas Wayuu y Añú, habitantes de la Guajira al norte de Zulia, y Barí, Japreria y Yukpa, habitantes de la Sierra de Perijá hacia el occidente de Zulia, enfrentan constantes restricciones a los servicios públicos más elementales: agua potable y electricidad. 

Además, los habitantes de estos pueblos indígenas no cuentan con una alimentación suficiente, lo que ocasiona un aumento en la tasa de desnutrición.

De acuerdo con el boletín, el 80% de los habitantes del municipio Guajira no tiene trabajo, lo que dificulta el acceso a alimentos nutritivos y suficientes.

La organizacióninformó que los niños que viven en Añú se enferman constantemente de diarrea, asma, fiebre y gripe. «Buena parte de estos niños presenta cuadros de desnutrición», aseguró el informe. 

«En la comunidad El Barro, ubicada en la Guajira, 83% de las familias solo comen una vez al día, con limitadas raciones de alimentos, y su principal fuente de proteína de origen animal es pescado (93%)», señaló el Comité de Derechos Humanos de la Guajira.

Adicionalmente, el informe afirmó que los pueblos indígenas son atropellados por parte de efectivos de seguridad del gobierno, civiles y militares.

«Las alcabalas de estos organismos son la forma más común para llevar a cabo estos atropellos. Los habitantes han denunciado extorsiones contra las comunidades o viajeros que se trasladan hacia o desde Colombia», indicó Codhez.

Ante ello, la organización exige al Estado venezolano el establecimiento de políticas que permitan visibilizar y solventar las «múltiples carencias padecidas por los pueblos y comunidades indígenas».

«Se debe otorgar atención prioritaria y privilegiada a las personas de estos pueblos que tradicionalmente son disminuidas en sus condiciones de vida», afirmó Codhez.

Presencia de grupos irregulares

Codhez denuncia que la demarcación de las tierras y hábitats indígenas persiste como una de las más grandes deudas estatales.

«Ello ha generado eventos de violencia por la lucha de sus espacios ancestrales, muchos ocupados hoy en día por fincas y productoras de ganadería; luchas que han generado muertes y desolación entre los indígenas yukpas», indican. 

Sumado a esto, para mediados del año 2022, pobladores denunciaban la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que “penetra en las comunidades indígenas, instala campamentos, supervisa el contrabando de ganado y recluta jóvenes para sus columnas”.

Abunda la desnutrición y el paludismo, pero no las vacunas de COVID-19

Durante 2022, los pueblos indígenas de Zulia presentaron casos de desnutrición y paludismo. 

90% de los niños pequeños de la población Añú se alimentan de leche materna o chicha de maíz. El informe indicó que parte de la población infantil tiene muy bajo peso en comparación con su talla.

En 2022, se reportó la muerte de cinco niños por vómito, diarreas y falta de transporte para acudir a un centro de salud.

En la población Añú solo opera un centro de salud, el Ambulatorio Rural Puerto Cuervito.

Según Codhez, el centro sanitario cuenta con un solo médico, por lo que la asistencia sanitaria es esporádica, no hay obreros, ni camareros, ni personal de enfermería. El ambulatorio tiene 90% de déficit de insumos médicos.

«Se trata de un espacio de salud inhumano que no cuenta con las condiciones mínimas para atender a personas enfermas. La otra opción que se presenta es llevar a la persona enferma al puerto (previa búsqueda de un transporte para ello), luego, caminar casi dos horas hasta el ambulatorio del pueblo, que básicamente se encuentra en similares condiciones», explicó la organización.

Para inicios de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira alertó sobre casos de paludismo detectados en comunidades Wayuu asentadas en las riberas del río El Socuy, mientras que la organización Homo Et Natura reportaba 20 personas afectadas. 

«Uno de los sectores más perjudicados ante esta falta de garantía del derecho a la salud son los adultos mayores que habitan este municipio indígena del estado Zulia», reiteró el informe.

Además de desnutrición y paludismo, las poblaciones indígenas de Zulia presentan casos de malaria, hepatitis, tuberculosis, leishmaniasis y constantes accidentes ofídicos. 

También, se registraron casos de COVID-19, el primero fue en junio de 2020. Sin embargo, las primeras vacunas llegaron a estas comunidades en diciembre de 2021, unos 10 meses después de haberse iniciado las jornadas de vacunación en el resto del país.

En esa oportunidad, se disponía de vacunas para unas 2.000 familias de la cuenca Toromo (los yukpas se agrupan en cinco cuentas entre las montañas de la Sierra de Perijá: Tukuko, Apón, Yaza, Macoíta y Toromo).

Codhez denunció que no hay información oficial de esta jornada. Tres meses después, no se tenía más información sobre nuevas jornadas de vacunación.

«Buena parte del pueblo yukpa no había sido vacunado contra el COVID-19 para el mes de febrero de 2022, se estimaba que solo 10% de la población yukpa había sido vacunada», aseguró la organización.

 

Sin agua y sin luz

Uno de los principales problemas que enfrentan los residentes de Wayuu, Añú, Barí, Japreria y Yukpa es la carencia de servicios públicos. 

Según Codhez, la Guajira es una de las zonas del estado Zulia con mayores problemas de acceso al servicio eléctrico. Las razones son diversas, entre ellas destacan:

  • La falta de generación eléctrica.
  • Fallas en la distribución por daño de guayas y equipos básicos.
  • Transformadores quemados.
Codhez señaló que en la población Añú, ubicada en las comunidades de la Laguna de Sinamaica, las fallas eléctricas ocurren a diario, con apagones constantes que pueden extenderse hasta por una semana.

En las poblaciones indígenas ubicadas en la Sierra de Perijá denuncian los daños intencionales causados a instalaciones eléctricas, específicamente en el sector Materita de la cuenca del río Yaza hasta la comunidad Kuse. 

La carencia de agua potable y electricidad ha perjudicado la educación en la Guajira.  Después del reinicio de las clases presenciales, el acceso al agua en las instituciones escolares ha sido crítico.

«Los docentes y representantes aplican estrategias o se autogestionan para abastecerse de agua limpia. Una forma de autogestión aplicada es que entre docentes y estudiantes aporten cada uno 100 pesos colombianos para comprar el agua, sobre todo para la cocina y el baño de las escuelas», indicó el informe.

Una comunidad inundada

Según Codhez, 2022 se caracterizó por las constantes y fuertes precipitaciones en Zulia. El municipio Guajira fue uno de los más afectados y sus habitantes experimentaron, nuevamente, la improvisación estatal para atender emergencias sanitarias que se derivan en este tipo de eventos.

*Puedes leer el informe completo aquí.

Desnutrición fue la condición con más casos luego del coronavirus de acuerdo con Acción Solidaria
Dijeron que eso refleja las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja sobre los venezolanos

 

Según un informe de Acción Solidaria, el principal motivo por el cual se mantiene un índice alto de desnutrición no es la escasez de alimentos, sino la imposibilidad de las personas para adquirirlos. Además, quienes presentan desnutrición tampoco tienen acceso a los medicamentos y suplementos necesarios para recuperar la salud.

Acción Solidaria publicó el informe «Salud en emergencia» por segundo año consecutivo, que muestra el monitoreo realizado durante el período enero-septiembre de 2021 sobre la vulneración del derecho a la salud en todos sus estándares.

Un dato que llama la atención, en el informe presentado este martes 20 de septiembre, es que «la desnutrición es la condición de salud con más registros entre mujeres, después de la COVID-19«; lo que representa un aumento porcentual con respecto al monitoreo realizado en 2020 y refleja que esta es la condición que más aqueja a la mujeres, seguidas de condiciones como VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) y cáncer.

De acuerdo con los datos recabados por Acción Solidaria, que trabaja con reportes de medios de comunicación de alcance nacional y regional de la fuente de salud, en 2020 la desnutrición afectó a 8,9% y estas padecían de insuficiencia renal, patologías oncológicas y VIH; mientras que el año pasado, esta cifra creció a 9,4% de acuerdo con lo informado por los medios.

Desde Acción Solidaria explican que el hecho de que la desnutrición sea una de las condiciones de salud con más registros revela las graves consecuencias de la emergencia humanitaria compleja sobre los venezolanos; especialmente sobre las personas privadas de libertad, comunidades indígenas, mujeres y adultos mayores.

La contabilización de esta ONG da cuenta de que el año pasado los más afectados por la desnutrición fueron las personas privadas de libertad con 24 casos, las comunidades indígenas con 13, niños, niñas y adolescentes con 13 registros, cinco adultos mayores, dos migrantes y un caso de una persona con discapacidad.

También hubo 32 registros de desnutrición en menores de edad íntimamente relacionados con mujeres; lo que se explica por problemas entre embarazadas y que influyen desfavorablemente en la salud de los neonatos.

Durante el pasado año, las denuncias de servicios hospitalarios inoperativos, fallas por escasez de insumos, ausencia de medicinas, escaso personal de salud y fallas de servicios públicos fueron constantes en la mayoría de centros de salud públicos del país; afectando, principalmente, al personal de salud, niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas con condiciones crónicas (especialmente con insuficiencia renal, desnutrición y VIH), quienes sufrieron un impacto desproporcionado.

Otro dato que resalta el informe de Acción Solidaria son las personas que se internan en los hospitales, que en 95% de los casos son mujeres, y pasan a ser invisibilizadas y se les vulneran sus derechos.

Otras enfermedades vinculadas a la desnutrición son la tuberculosis con 20 casos, las infecciones respiratorias agudas con ocho registros, VIH con siete y diabetes con cinco. También hubo un alto índice de registros de desnutrición vinculados a la COVID-19.

Constructoras de paz | Ellas luchan contra el hambre en un Sucre azotado por la desnutrición
La fundación que actualmente atiende a cien niños, en dos comedores, depende de donaciones y de la buena voluntad de personas

 

El estado Sucre, situado al oriente del país, es uno de los tres estados con mayor índice de desnutrición infantil en Venezuela. En medio de la falta de alimentos y la pobreza, emergen planes de ayuda para los niños más vulnerables y son las mujeres quienes están al frente.

Tal es el caso de Nohemí Mata, coordinadora de un comedor de la Fundación Cumaná Mía, la cual surgió hace tres años en medio de una severa crisis humanitaria por falta de alimentos que azotó al país entero, pero en especial a la capital del estado Sucre.

Miranda Ponce, periodista, activista y madre de tres hijos; junto a su esposo y Nohemí concibieron la idea y decidieron que era el momento de hacer algo, desde sus posibilidades, para luchar contra los estragos del hambre.

Así nació la fundación que actualmente atiende a cien niños en dos comedores, situados en dos iglesias católicas en las parroquias más grandes de Cumaná. La tarea de conseguir alimentos no fue sencilla al inicio, ni lo es ahora. Dependen de donaciones y de la buena voluntad de personas que quieran colaborar.

Cifras alarmantes

Cuando Miranda inició Cumaná Mía, en 2019, el escenario de desnutrición infantil en el estado Sucre era alarmante. Según la fundación Cáritas de Venezuela, la entidad estaba entre los tres primeros estados con mayor índice de desnutrición en el país, junto con Portuguesa y Lara. 

En ese año, la situación era de emergencia total y las cifras daban cuenta de ellos, de mil 300 niños evaluados, el 50% padecía desnutrición en Sucre. 

Según Jorge Rojas, coordinador regional de Cáritas, alrededor de 120 niños al mes son diagnosticados con desnutrición en Cumaná y zonas periféricas. 

Para Miranda Ponce, la meta es que los comedores dejen de existir. “Abrimos el comedor con mucha esperanza de aportar y seguiremos haciéndolo. Pero ahora mi mayor esperanza es que dejen de existir y que las madres tenga la oportunidad de alimentar a sus hijos por sus propios medios, sin depender de este tipo de iniciativas para poder salvar a sus hijos del hambre”, concluyó.

Este trabajo fue publicado en el microsite  de Mujeres Constructoras de Paz que estrenó IPYSve el pasado 18 de julio.

Esta red de periodistas recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en un país como Venezuela, caracterizado por una crisis humanitaria compleja.

La crisis disminuyó la esperanza de vida en Venezuela
Un estudio elaborado por el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins reveló que la esperanza de vida en Venezuela ha disminuido, al tiempo que reportó el aumento de la tasa de mortalidad materno-infantil y el resurgimiento de enfermedades infecciosas por baja cobertura de vacunación
La principal recomendación que hacen los investigadores de Johns Hopkins es invertir en materia salud para atender las necesidades urgentes de la población
Las áreas más estratégicas para la inversión incluyen la salud materna seguida por el manejo integrado de casos comunitarios con trabajadores de salud de las comunidades

 

Foto: The New York Times.

Desde 2012, el sistema de salud venezolano ha tenido una progresiva pérdida de operatividad que comenzó a intensificarse en 2017. Una variedad de factores han contribuido con el  colapso del sistema de salud. Entre ellos destacan la migración de profesionales del área, carencia de mantenimiento a la infraestructura sanitaria y la reducción de la inversión en medidas preventivas

El Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins preparó un perfil de la salud de Venezuela para la organización Simón Bolívar. El estudio fue presentado el 24 de marzo de 2022. 

La investigación abarcó la salud en Venezuela desde diferentes puntos de vista: tasas de mortalidad en niños y madres, enfermedades contagiosas, infraestructura sanitaria, inseguridad alimentaria y nutrición y la respuesta humanitaria ante la crisis. 

Mariela Poleo, presidenta de la Fundación Simón Bolívar, explicó en una entrevista a Runrun.es, que este estudio se hizo para conocer la situación de salud en Venezuela e identificar cuáles eran las áreas más importantes donde la fundación podría generar un efecto a largo plazo.

Poleo señaló que este estudio es importante para la organización porque les permite crear la base donde están las brechas más grandes.

«El estudio trata de ver es cuál es la nueva data que hay. Hay muchos huecos. Uno de los mensajes claves de los investigadores de Johns Hopkins fue que si la película se ve mal ahora con estos números, la realidad puede ser inclusive peor», reiteró la presidenta.

Esperanza de vida en Venezuela

La crisis prolongada en materia de salud ha hecho que la esperanza de vida de Venezuela haya disminuido respecto al continente.

Mientras que en América Latina y el Caribe los hombres viven, en promedio, 72,5 años, la esperanza de vida en Venezuela pasó a 68,3 años.

En el caso de las mujeres, la esperanza de vida del continente es de 76,8 años y la de las venezolanas 76 años. 

«Todo niño nacido en Venezuela tiene la expectativa de vivir 3,5 años menos que los nacidos en una generación anterior», cita el reporte.

El futuro está en la salud comunitaria

Para parte de la realización del estudio, los investigadores de Johns Hopkins utilizaron la herramienta Lives Saved Analysis (LiST) para plantear varios escenarios futuros y comparar qué  intervenciones serían efectivas, es decir, conocer el número de vidas que podrían salvarse de acuerdo a cada intervención.

Poleo explicó que este acercamiento se basa en la premisa de expandir el acceso a la provisión de intervenciones de alta calidad en la parte maternal, neonata, salud infantil y nutricional

«Si se puede intervenir en las madres embarazadas, en los niños recién nacidos y en los niños menores de 5 años, eso tendrá un efecto a largo plazo que va a reducir, o incluso eliminar, la posibilidad de enfermedades», dijo la presidenta de la organización.

Según Poleo, la herramienta trabaja con un escenario base (actualidad) y busca conocer cuál es el número de mortalidad de madres y niños. «A raíz de esa información, la herramienta maneja distintos escenarios cambiando algunos factores», señaló. 

En este caso se trabajaron cinco escenarios:

Si se amplia la cobertura de salud universal.

Si se manejan los casos de enfermedades a través del manejo integral comunitario, en lugar de hospitales.

Intervenciones en la salud materna.

Vacunación.

Intervenciones en la nutrición.

De acuerdo CON la presidenta de la organización, con estos escenarios se hacen diferentes modelos y al final se puede observar el número de vidas salvadas para el 2030.

«Con ello se puede determinar cuál es la mejor manera de aumentar el numero de vidas salvadas. Por ejemplo, si el escenario uno es el más adecuado o si es la mezcla del escenario dos con el cinco», aseguró Poleo.

Según la presidenta de la fundación, esta herramienta indicó que trabajar con el sector comunitario tiene un impacto mayor. «Por eso, una de la recomendaciones es que trabajemos a nivel de comunidades y capacitemos al personal médico de estas«, dijo. 

Los modelos liST del estudio sugieren que las áreas más estratégicas para la inversión incluyen la salud materna, con atención basada en los establecimientos, seguida por el manejo integrado de casos comunitarios con trabajadores de salud comunitarios.

Otro de los descubrimientos de la herramienta, en cuanto a la mortalidad de menores de cinco años, es que la mayoría de las vidas podrían salvarse ampliando las consultas médicas de rutina y las consultas prenatales a las embarazadas. Estas pueden ser hacerse ​​en la comunidad.

«El impacto de la atención prenatal, que incluye suplementos nutricionales durante la gestación, a menudo es beneficioso para reducir el riesgo de malos resultados en el parto. Lo que influye en el riesgo de mortalidad neonatal», aseguró el informe.

Tasas de mortalidad infantil siguen aumentando

La investigación explicó que, a diferencia de las tendencias regionales, Venezuela tiene tasas de mortalidad crecientes en niños menores de cinco años y madres.

Según el estudio, la tasa de mortalidad en menores de cinco años se estima en 24.2 muertes por cada 1000 nacimientos.

«La tasa de mortalidad de niños menores de cinco años ha aumentado más de 40% desde 2011. En ese año solo se registraban, 17.2 muertes por cada 1000 nacimientos», afirmó el estudio.

Mientras que a escala global, las muertes de bebés y niños disminuyeron entre 44% y 47%, respectivamente, entre 2000 y 2017.

Investigadores de Johns Hopkins encontraron que 60% de la mortalidad de menores de cinco años ocurre en bebés menores de un mes. Las causas más comunes de muerte en este grupo etario son: enfermedades infecciosas, en particular la neumonía, y la diarrea. 

En el caso de los neonatos, la cifra aumentó de 10.9 fallecimientos por cada 1000 nacimientos a 14.6 muertes por cada 1000 nacimientos. Las principales causas de muerte neonatal son: prematuridad, anomalías congénitas, sepsis y complicaciones del parto.

«Las estimaciones actuales sugieren que la mortalidad de menores de cinco años es más alta en Delta Amacuro y Amazonas», señaló el estudio.

Mariela Poleo indicó que por ser estados donde hay una distribución geográfica tan grande y una dispersión de la población importante, Delta Amacuro y Amazonas no tienen fácil acceso a la medicina. 

Los datos oficiales de mortalidad no han sido publicados desde 2013, con la excepción del breve comunicado de los datos de 2016 en 2017.

La mortalidad materna también ha incrementado

Mientras que las tasas de mortalidad materna han disminuido en la región, en Venezuela ha aumentado, al igual que los fallecimientos infantiles. 

La tasa de mortalidad materna es el número de mujeres que mueren por causas relacionadas al embarazo, durante el periodo de gestación, o dentro de los 42 días posteriores a la culminación del embarazo por cada 100.000 nacimientos.

En el 2000, Venezuela registró 119 muertes maternas por cada 1000 nacimientos. Para 2017, registraba 125 muertes por cada 1000 nacimientos.

Según el estudio, la principal causa de muerte materna es la hipertensión.

«El aumento de 5% de la mortalidad materna en Venezuela entre 2000 y 2017 es lo opuesto al tendencia mundial, que vio una disminución de 38% en el mismo período de tiempo», aseguró la investigación.

Según el estudio, entre 2012 y 2016, las muertes maternas se duplicaron de 370 a 756 a nivel nacional.

Carencia de vacunas ha resurgido enfermedades contagiosas

Además de aumentar sus tasas de mortalidad infantil y materna, Venezuela también ha experimentado un resurgimiento de enfermedades contagiosas que ha revertido décadas de progreso y ha tenido efectos indirectos en toda la región.

Según la investigación, la disminución de la cobertura de vacunación ha resultado en el resurgimiento de numerosas enfermedades prevenibles por vacunación. Entre ellas destaca el brote de sarampión de 2017-2019, pero también ha habido aumentos considerables en la difteria, tos ferina y paperas.

El estudio reseñó que las disminuciones en la cobertura de vacunación comenzaron en 2016, y aunque se han realizado campañas de vacunación masiva del estado desde 2018/2019, todavía hay brechas críticas en esta cobertura.

«Hay algunas vacunas que prácticamente no están disponibles. Los niveles de cobertura de vacunación de Venezuela están muy por debajo de los de países vecinos», aseguró la investigación.

La malaria es otra de las enfermedades que ha resurgido en Venezuela. De acuerdo al informe, los casos de malaria aumentaron alrededor de 900% de 2007 a 2017.

«Venezuela representa más de la mitad de los casos de malaria en América. El estado Bolívar es el más afectado debido a la minería y deforestación», explicó el estudio.

Al igual que la malaria, mientras la tuberculosis en la región son estables, o incluso han disminuido, en Venezuela la tasa se duplicó entre 2010 y 2018. 

Vacunación para seis enfermedades ha disminuido

Según el perfil de salud realizado por Johns Hopkins, la disminución de campañas de vacunación en Venezuela inició en 2007. 

«A partir de 2007, prácticamente no hubo campañas de vacunación en el país», afirmó la investigación.

El estudio señaló que, entre 2007 y 2009, no se pusieron vacunas contra la poliomielitis, la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo b a niños menores de 5 años.

«Para 2010, casi 20% de los niños no estaban vacunados», indicó el informe.

La falla en la cobertura de vacunación en Venezuela provocó repercusiones que han afectado a toda la región, aumentando los casos de difteria, sarampión y tos ferina en el país.

De acuerdo al informe, los casos de difteria y sarampión se propagaron a otros países de la región

A diferencia del resto de los países suramericanos, Venezuela se ha quedado atrás en términos de vacunación. 

«Las brechas en la cobertura de vacunación requieren una vigilancia epidemiológica para identificar nuevos brotes de enfermedades prevenibles por vacunación y responder rápidamente», indicó la investigación.

Sistema sanitario sin servicios públicos

El estudio reiteró que la falta de gasto en salud junto con la frecuente escasez de servicios públicos, la migración de los trabajadores de la salud y la pandemia de COVID-19 han contribuido con la disminución la capacidad clínica del sistema de salud venezolano.

De acuerdo a Mariela Poleo, el deterioro del sistema sanitario ocurre desde hace varios años y se debe a una combinación de varios factores, como el deterioro de las instalaciones físicas y la falta de recursos para comprar equipos nuevos o reparar los existentes. 

Además de ello, el sistema sanitario tampoco tiene acceso regular a servicios básicos.

De acuerdo al estudio de Johns Hopkins, más de 70% de los hospitales públicos no tiene acceso regular a agua o electricidad. 

A través de varias entrevistas, realizadas por Johns Hopkins junto a Human Rights Watch (HRW), se conoció que los profesionales de la salud en Venezuela tienen condiciones de trabajo terribles, donde prácticas para el mínimo control de infecciones hospitalarias, como lavarse las manos, son difíciles de cumplir.

Para hacer frente al escasez de agua, los hospitales dan prioridad a ciertos servicios y pacientes, como niños y mujeres embarazadas, pero a veces son obligado a suspender los servicios por completo.

«Estas decisiones reducen el acceso a los servicios de salud para algunos y disminuyen la calidad de la atención para la mayoría», explicó el estudio.

Para tomar estas decisiones, se toman en cuenta tres factores:

Si se necesita atención de emergencia.

La capacidad de brindar atención a pacientes en función de los recursos disponibles.

Si los miembros de la familia o el paciente pueden llevar al centro de salud los suministros necesarios.

33 mil médicos dejaron Venezuela

Antes de la crisis económica, los recursos humanos para la salud en Venezuela estaban por encima del promedio en comparación con los países vecinos de la Región Andina.

Según el informe, en 2017, Venezuela contaba con 17,3 médicos y 20,1 enfermeros por cada 1000 habitantes, respectivamente, mientras que el promedio de la Región Andina era de 16,6 médicos y 13,1 y enfermeros y el de la Región Latinoamérica y Caribe de 21,4 médicos y 15,8 enfermeros.

Sin embargo, las cifras de 2018 sugieren que más de la mitad de los médicos de Venezuela habían emigrado, alrededor de 22.000. 

«Al menos la mitad de los médicos y una cuarta parte de las enfermeras han emigrado desde 2012. Esto redujo la capacidad para atender condiciones no relacionadas con COVID-19 en más de 80%», indicó la investigación.

Según la página web «Médicos venezolanos: Al otro lado de la frontera«, alrededor de 33 mil médicos han dejado Venezuela empujados por la crisis humanitaria y la falta de recursos para ejercer la medicina. 

Perú y Argentina son los dos países que han recibido a la mayoría de los profesionales de la salud venezolanos. De los 33 mil, 4.000 emigraron a Perú y 1.706 a Argentina.

Según la Encuesta Nacional de Hospitales de 2019, de cada 10 médicos de urgencias, solo 3,5 son especialistas, un factor probable en la reducción de las áreas de especialidad que se ofrecen en algunos hospitales.

«La disminución de inscripciones y graduaciones de educación superior limitará aún más a la falta de recursos humanos para la salud en el futuro previsible», aseguró el informe.

94,5% de la población venezolana vive en pobreza total

Otra de las aristas de la salud en Venezuela que fue analizada en el inform, es la inseguridad alimentaria y nutrición de la población.

De acuerdo con el estudio, tanto la pobreza como la inseguridad alimentaria han aumentado dramáticamente en Venezuela, debido a la disminución de oportunidades de empleos, los salarios insuficientes junto al aumento de los costos de bienes y servicios.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2021 aseguró que, desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, la pobreza total aumentó de 34,2% a 94,5%. La cifra de pobreza extrema también tuvo un repunte importante, de 13,1% a 76,6%.

Encovi 2021
Dos tercios de los hogares del país viven en pobreza extrema por ingresos, de acuerdo con estas cifras. Además, la Encovi señaló que la cantidad de hogares en pobreza multidimensional (es decir, con privación o deterioro de condiciones como educación, vivienda, acceso a servicios públicos, ingreso y empleo) pasó de 64,8% a 65,2%.

El informe afirmó que los programas de protección social del Estado como las cajas o bolsas CLAP son poco frecuentes e inadecuados en cantidad y calidad.

«Los programas de alimentación escolar también han deteriorado dramáticamente, pero ahora muestran mejoras gracias a la participación del Programa Mundial de Alimentos», reiteró el estudio.

A pesar de ello, el informe estimó que 32% de los niños tienen desnutrición crónica y entre 6% y 11% desnutrición aguda.

«La cobertura de detección y servicios de tratamiento nutricional es notablemente limitado», reiteró la investigación.

 

Invertir en salud es fundamental

La principal recomendación que hacen los investigadores de Johns Hopkins es invertir en salud para atender las necesidades urgentes y las de salud general de la población.

«Esto podrá mitigar los impactos de la crisis en curso en el sistema de salud en Venezuela», concluyó el estudio.

Según el informe, la inversión debe concentrarse en apoyar el sistema de salud y facilitar el acceso a la atención primaria de esta, tanto en los centros sanitarios como en las comunidades.

Dada la escasez crítica de trabajadores de la salud, la investigación recomienda invertir en nuevas cátedras para trabajadores de la salud que requieran una preparación menos extensa. Esto podría ayudar a expandir el acceso a servicios de salud básica. 

Además del enfoque en la salud y nutrición maternoinfantil, para la ampliación de la atención primaria de poblaciones vulnerables, se deben considerar los servicios de salud sexual y reproductiva y las enfermedades no transmisibles.