Desapariciones

OVV: durante el 2023 la prensa y las ONG registraron 6.973 muertes violentas, un 25,56 % menos que en 2022

Después de varios años, otro país de Suramérica supera a Venezuela en cifras de violencia: Ecuador registró en 2023 más de 7.600 muertes violentas

Según los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia, durante cada día del 2023 hubo 7 casos de suicidio, 6 de homicidios y 4 de desapariciones. Denuncian que la violencia de género aún mantiene cifras opacas

La sociedad civil venezolana advierte que en tres municipios del estado Bolívar se ha concentrado la mayor cantidad de muertes violentas. La minería ilegal y la brutalidad por parte de los organismos armados para estatales se ha normalizado en la zona y encubre las cifras verdaderas

Foto: EFE

El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) presentó su informe anual para el 2023. De acuerdo con los datos recopilados de la ONG a través de los medios de comunicación y más de 15 equipos de investigación, en el país hubo 1.956 asesinatos durante el año, un 15,9 % menos que en 2022. 

La ONG denunció que desde el año 2005 el Estado no brinda información sobre la violencia y la justicia en Venezuela. Sin embargo, algunas tendencias sobre la violencia hacia la juventud venezolana se mantiene en los registros de la sociedad civil en los últimos 10 años: el 66 % de las víctimas de homicidio en 2023 tienen un rango de edad entre los 15 y los 44 años.

El director del OVV, Roberto Briceño-León afirmó que, si bien la tasa de muertes violentas ha bajado comparado con el periodo de los años 2013 y 2018, «aún no encontramos en un gran problema de seguridad y salud pública».

La pandemia del covid-19, la emergencia humanitaria compleja venezolana y el incremento de la influencia de los grupos criminales como el Tren de Aragua está reconfigurando el resigtro de la violencia en el país. 

En Runrun.es presentaremos las siguientes siete claves para resumir los datos presentados por el Observatorio Venezolano de la Violencia: 

Seguimos bajo una «epidemia de la violencia»

Los homicidios confirmados representaron el 28,05 % de las muertes violentas en el país durante el 2023. La ONG estimó que hay otros 4.064 casos que están bajo «averiguación», personas que han fallecido y la justicia o no ha investigado el caso o no ha dado una sentencia firme sobre la naturaleza «accidental» del deceso.

En total, el OVV registrpo un total de 6.973 de muertes violentas registradas en el país, donde el 58,28 % están bajo averiguación y otros 953 casos son de personas que perdieron la vida a manos de los cuerpos de seguridad venezolanos. 

La tasa de homicidio se ubica en 7,5 por cada 100.000 habitantes si se cuentan los casos confirmados. Mientras tanto, la tasa de las muertes violentas global se ubicó en 26,8 a nivel nacional, casi nueve puntos por debajo que en 2022.

«En años anteriores había meses que tenían una mayor presencia de violencia, este año vemos que hay una cierta homogeneización a lo largo de 12 meses, lo cual lo interpretamos como una estabilización de los eventos en una fase de violencia crónica que se ha ido instalando en el país», dijo el director del OVV en una rueda de prensa digital.

La ONG advirtió que la tasa sigue siendo muy alta, manifestando una «epidemia de la violencia, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud», donde se establece que una tasa de 10 o más homicidios por cada 100.000 habitantes «es una característica de la violencia endémica».

La policía quiso igualarse con la delincuencia

Briceño-León enfatizó que en 37 de los 335 municipios del país las muertes por intervención policial fueron mayores que los homicidios, como en el caso de la localidad caraqueña de Baruta. Solo en el primer semestre del año se registraron 355 ejecuciones extrajudiciales por cuerpos de seguridad en el país, según la ONG Lupa por La Vida. 

«En el estado Carabobo las muertes por intervención policial superaron a las víctimas de la delincuencia (con 131 casos), y en los estados Miranda y Aragua las magnitudes de ambas categorías fueron
similares (con 227 y 100 víctimas, respectivamente)», se lee en el informe.

Bolívar: la normalización de la violencia

Los tres municipios más violentos este año se encuentran en el estado Bolívar: El Callao, Sifontes y Roscio. Solo en ese espacio geográfico se datan 202 muertes violentas.

La abogada Eumelis Moya, coordinadora de la oficina del Centro de Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello y miembro del OVV, describió que los actos de violencia letales y la eslcavitud moderna se han «normalizado» entre los pobladores debido a la presencia de los grupos criminales ligados al Arco Minero del Orinoco.  

«Estos grupos han suplido funciones que son competencia expresa del Estado: han reparado plantas eléctricas, (…) han creado rutas de transporte para los niños que hacen vida en las minas para que puedan asistir a las escuelas, entregan a los docentes las “bolsas mineras” —compuesta de alimentos no perecederos— (…). Y, ciertamente, cuando se producen castigos, las personas lo asumen como la consecuencia natural de no haberse plegado a las condiciones que establecen estos grupos. En función de eso, no hay denuncias constantes o permanentes sobre situacione de violencias», especificó Moya.

El director de la OVV agregó que una de las hipótesis es que ya la opacidad en Venezuela sobre la violencia de grupos como El Tren de Aragua vienen desde los «convenios» con funcionarios del Estado para «tapar» los delitos. 

Aumentan las desapariciones

Durante la rueda de prensa digital, el director del OVV especificó que hubo 1.443 casos de desapariciones reportadas en el país. Existió un aumento del 5,3 % comparado con el año 2022.

Los estados con mayor número de reportes fueron Distrito Capital (con 348 casos o el 15 % del total), Miranda (con 183 reportes) y Bolívar (con 163). La tasa nacional se ubicó en los 5,5 víctimas por cada 100.000 habitantes.

Además, indicaron que el estado Amazonas es donde se está elevando el número de casos de desapariciones forzadas debido a la minería ilegal. 

«El panorama de las desapariciones es compleja, porque aún no podemos discernir si es por la participación directa de las bandas criminales, como ocurre en México actualmente, o es una práctica del Estado, como ocurrió con la dictadura Argentina en la década de 1980, o ambas», afirmó Briceño-León. 

El silencio del femicidio

Si bien el 88,4 % de las víctimas de las muertes violentas y el 98,6 % de las víctimas por intervención policial se identificaban como hombres, el Estado no ha sistematizado los datos sobre la violencia de género. 

La información sobre la violencia letal de género se registra exclusivamente en la sociedad civil venezolana. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ha documentado desde enero hasta septiembre del 2023 cerca de 201 femicidios consumados, mientras que en 2022 hubo 282 durante todo ese año. Mientras tanto, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ informó de 4 asesinatos a mujeres trans en 2023.

«Buena parte de esta violencia no es conocida, no es registrada, ni siquiera es denunciada, informada, porque no hay confianza al respecto ante las instituciones públicas y en consecuencia no están en registros oficiales», dijo Gloria Perdomo, directora de la Fundación Luz y Vida y coordinadora del OVV. 

El observatorio destacó que la violencia no letal es la más recurrente en la población femenina. Cerca del 96 % de las víctimas de abuso sexual y violaciones en Venezuela son mujeres. Al menos 171 adolescentes mujeres víctimas de violación y otras agresiones sexuales y otros 153 niños y niñas son víctimas de estos delitos (y de ese grupo, el 89 % son menores de 12 años).

Perdomo resaltó que el Estado ni siquiera comunica dónde se comenten estos delitos. «Sencillamente estamos trabajando a ciegas en materia de programas, acción, prevención y protección. Es una necesidad enseñarle a las instituciones públicas a cómo registrar adecuadamente estos casos», dijo.

El suicidio superó a los homicidios confirmados

A partir de los datos del OVV se puede calcular que se registraban 6 homicidios cada día del 2023, pero hubo 7 casos de suicidio en el mismo periodo. Gustavo Páez, geógrafo especialista en análisis demográfico y coordinador del OVV en Mérida, advirtió que se registraron 2.358 casos de violencia autoinflingida letal. 

La tasa de suicidios nacional se ubicó en 8,2 víctimas por cada 100.000 habitantes, un aumento del 6,5 % comparado con el año 2022. Los casos se localizaron en su mayoría en los estados andinos —Mérida, Táchira y Trujillo— y en Caracas, mantieniendo la tendencia histórica nacional.

Mientras tanto, la tasa de suicidios en Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y de otros 14 estados del país aumentaron. 

Para Páez, los detonantes más destacados es la precarización de la economía y de la salud mental y física en Venezuela desde el año 2015.

«La emergencia humanitaria compleja presiste en la actualidad, solo que con matices diferentes y particularidades», dijo Páez. «Mientras no acontezcan en el país los cambios estructurales económicos, políticos e institucionales, en tanto no se pongan en práctica las políticas públicas en materia de prevención de la violencia autoinflingida, el comportamiento suicida continuará siendo un problema de salud pública y de preocupación en el país».

Venezuela ya no es el país más violento de América Latina

«Aunque observamos una reducción importante en las cifras de las tasas de muertes violentas en el país, la tasa que tenemos a nivel nacional es superior a la de países tradicionalmente violentos, como México, Colombia y Brasil, siendo la tasa de Venezuela solo superada por Ecuador y Honduras, que serían los países que encabezarían las cifras en la región», advirtió el director del OVV.

Ecuador se conorará este 2023 como el país de Latino América con mayor cantidad de muertes violentas, con un registro de 7.607 homicidios entre enero y octubre, según el Ministerio del Interior de ese país y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. 

Para la ONG, las causas de la reducción de la violencia en Venezuela aún no se puede precisar, debido a que el Estado no ha brindado información demográfica desde el año 2011: la migración de los jóvenes podría significar la reconfiguración de las oportunidades del crimen.

Incluso, afirmaron que no se puede precisar con exactitud la magnitud del desplazamiento interno o externo debido a la violencia, aunque la OVV hizo una encuesta y el 22 % de los participantes aseguraron que se han tenido que mudar por estos motivos. 

Pese a la reducción de la violencia delictiva y policial, el 43 % de los participantes encuestados afirmaron que la situación de violencia en el país se mantiene igual, mientras que el 35 % señaló que ha aumentado.

Más sobre este tema:

Cinco años Monitor de Víctimas: ¿Por qué hubo una disminución de los homicidios en Caracas?

Leer más

De acuerdo con la OIM y Mayday Confavidt, al menos 150 venezolanos están desaparecidos desde su ruta migratoria en el Mar Caribe. Ningún caso tiene un paradero definido en un país donde la delincuencia y la trata de personas es un tema cada vez más recurrente

La última vez que Leonardo José Mora Medina vio a su familia fue en la madrugada del 7 de junio del 2019. Eran las 04:30 a.m. cuando él recibió una llamada en su casa, en La Vela de Coro, diciendo que su viaje a Curazao por mar zarpaba en pocas horas. 

Él y su esposa estaban dormidos, pero Leonardo ya había armado su bolso para salir días antes. Solo bastó una llamada para que un amigo, que iría con él, lo recogiera. 

Pero el viaje no era ordinario: la embarcación donde zarparía iba a entrar de forma irregular a la isla caribeña. La frontera entre Venezuela y las islas Aruba, Bonaire y Curazao (conocidas como las «islas ABC») estaba cerrada.

El sueño de Leonardo y su familia era que él llegara a las islas del Reino de Países Bajos para trabajar por un mes como mecánico automotriz y regresar a Venezuela con su inversión. Él y su esposa son profesores graduados de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, para ese entonces, el sueldo mínimo era de 40.000 bolívares soberanos, equivalentes a 5,89 dólares americanos a la tasa de cambio oficial en ese momento. 

«La única manera que tenían los venezolanos de migrar a las islas ABC era que te detuvieran en la frontera y luego formalizabas tu estadía», explica un familiar de Leonardo Mora, que decidió mantener anonimato para protegerse de represalias. «Los venezolanos tenían la oportunidad de estar como turistas un mes, luego tenías que regresar al país. Ese era el plan». 

El carro que recogería a Leonardo llegó una hora después, el ruido de su tubo de escape anunciaba su viaje. 

Su esposa lo acompañó hasta la puerta de la casa. Él iba a entrar al carro cuando se acordó de algo que le faltaba. 

—No me despedí de mis muchachos, mis hijos. Ya vuelvo. 

Ella esperó a que su esposo, de 49 años, se despidiera de sus tres hijos, todos adolescentes para ese entonces. 15 minutos después, regresó y se subió al carro. 

—Qué Dios te cuide mucho. Te amo —dijo ella sobre el ronquido del tubo de escape.

—También te amo. Por favor, cuídate tú también, cuida a los chamos y a mi mamá. 

14 horas después de esa despedida Leonardo zarpó en el peñero «Trompa de ballena» en Punta Aguide, municipio Acosta del estado Falcón. Los 34 pasajeros debían recorrer 157,42 kilómetros para llegar a Curazao, un viaje de tres horas máximo. 

Pero pasó un día y Leonardo no llamaba, pasaron 48 horas y los familiares metieron la denuncia para que buscaran la embarcación. 

Y han pasado cuatro años y el Estado no investiga ni informa sobre el paradero de Leonardo Mora y los otros 33 venezolanos.

La violencia se tragó el mar

«Lo particular de ese caso es que la mayoría de los que abordaron la embarcación se conocían. Leonardo viajó junto a su sobrino, Jesús Antonio Amaya Mora. La gran mayoría eran vecinos de La Vela de Coro o habían vivido allí», reflexiona el pariente de Leonardo. «Todos se enteraron del viaje por mensajes privados, por el boca a boca». 

El peñero «Trompa de ballena» no es la única embarcación perdida en Venezuela. Al menos otros ocho navíos han desaparecido en el territorio nacional, dejando sin paradero a al menos 150 venezolanos desde el 2015, según el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las costas de Venezuela Mayday (Confavidt). 

Según la ONG, todas las víctimas son venezolanos que buscaban migrar por el Mar Caribe a países como Trinidad y Tobago, Costa Rica, México, Estados Unidos y las islas ABC. Como en ninguno de los casos se sabe del paradero, no pueden descartar que los desaparecidos son víctimas del crimen organizado.

«Entre Leonardo y su sobrino, él era el único que tenía un celular. Le recomendaron que todos sus documentos y celulares debían estar guardados en un condón, un preservativo, porque el látex los protegía si se mojaban o caían al agua. Él guardó su celular antes del viaje, con la esperanza de mandarme un mensaje apenas llegara», dice el familiar entrevistado.   

Indicios no les faltan para denunciar esa posibilidad: si bien el Estado venezolano no da información sobre el crimen en alta mar, una investigación periodística de los medios El Espectador de Colombia y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) publicó este año que la banda criminal El Tren de Aragua mantiene una ruta de tráfico de personas con fines sexuales en el Mar Caribe, otra publicación de ARI indaga que los atracos y el tráfico de armas, drogas y personas están aumentando en los últimos 4 años en el país. 

«Para el viaje le pedían 400 dólares. Nosotros no teníamos dinero ni para alimentar a nuestros hijos (…). Le decían que en Curazao ganaría mucha plata, más si se dedicaba a la mecánica y la reparación de máquinas», recuerda. 

Acorralados por la economía

Leonardo Mora nació en La Vela de Coro en 1969. Toda su vida estudió en Falcón. Conoció a quién sería su esposa en la secundaria (conocido en Venezuela como bachillerato). Su pareja se fue a estudiar Turismo en el estado Zulia, donde ella nació, y después regresó a Falcón para casarse y asentarse en La Vela de Coro. Poco después decidieron afianzar sus estudios universitarios. 

La familia de Leonardo asevera que la situación económica fue empeorando hasta llegar a un punto crítico en 2017. 

«Él era conocido en su familia como el “utility”, hacía de todo: reparaba carros, hacía latonería, carpintería, era taxista. Al principio tenía trabajos fuera de la universidad sobre ello, pero llegó un punto que la gente ya ni podía pagar», relata. «Entonces se fue con su madre, que tenía una venta de dulces, y la ayudó. Desde allí podía conseguir un plato de comida para su núcleo familiar (de 3 hijos y una esposa), que en muchas ocasiones era lo único que ingerían». 

La historia de Leonardo no estaba aislada. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 3.7 millones de venezolanos estuvieron en situación de hambre en 2017. El panorama no ha mejorado con los años: en septiembre de 2023, la empresa venezolana Consultores21 estimó que 7 de cada 10 familias venezolanas no tiene ningún nivel de seguridad alimentaria. La ONU ha concluido en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que el principal factor de esta hambruna es las altas tasas de inflación nacional y los sueldos bajos en todos los niveles. 

«Ese viaje fue el resultado de la carencia económica. Sabíamos que era riesgoso, pero ya no teníamos otras opciones que probar en otro país. Pretendíamos que fuera un viaje corto, incluso Leonardo me dijo que no le dijera a su madre que iría a Curazao», dice el pariente bajo protección de Runrun.es. «Cuando él desapareció tuvimos que esperar varios días para decirle. Lo tomó con mucho dolor. Ella falleció sin saber del paradero de su hijo en 2020. Se contagió de COVID-19  y no siguió el tratamiento al pie de la letra. Lo último que dijo fue que daba su vida por la de su hijo».

«Él intentó migrar por vías legales, pero no podíamos por los gastos. Tratamos de vender nuestros enseres, nuestros electrodomésticos, para pagar el viaje. Pero nadie podía: todos los que conocíamos estaban en la misma precariedad económica que nosotros. Tuvimos que pedir prestado a una persona para que él se fuera. Varios familiares de los desaparecidos hicieron eso. En algunos casos, como el mío, esa deuda continúa porque dicen que “el compromiso es con él, no con la familia”», agrega.

Tanto Confavidt como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establecen que la gran mayoría de los migrantes no tenía antecedentes penales de ningún tipo. «Son personas que migran por necesidad, y en dos embarcaciones los desaparecidos son pescadores de oficio», recalca el pariente de Leonardo bajo la protección de la ONG. 

«Una herida que no se cierra»

No pasaron dos días para que los familiares de los viajeros del «Trompa de ballena» se movilizaran al Ministerio Público en su sede de Falcón. El Estado tardó cuatro días para admitir la solicitud de búsqueda, pero los días seguían pasando y no había información. No había rastros de la embarcación, ni manchas de gasolina que de un indicio de su última locación. 

Entonces, los familiares de los 34 desaparecidos decidieron levantar el caso por su cuenta, y poco después se conformó el Confavidt.

«Como nosotros no manejamos el tema, tardamos un poco en recabar la información. En el Ministerio Público nos dicen que no cuentan con los recursos y, bueno, entre todos a veces hemos hecho colectas y hemos podido asistir a algunas diligencias para avanzar un poco en el caso. Aún así, imagínense, llevamos más de cuatro años en esta situación y todavía nosotros todavía no tenemos justicia», explica el emparentado de Leonardo.

En este momento el caso de la desaparición de los 34 venezolanos está en la fase de juicio. El 4 de junio del 2022 detuvieron a cinco acusados en organizar el viaje de la «Trompa de ballena» y el presunto delito de trata de personas. Pero el caso sigue en el Juzgado Primero de Control y no en un Tribunal de Juicio, porque han diferido las audiencias constantemente. 

Para la familia de Leonardo y de los 33 venezolanos desparecidos, «el retraso y la lentitud procesal es suficiente castigo y tortura».

«Considero que no es el deber ser para el caso, pues el tiempo es oro porque no es lo mismo que el apoyo legal y penal en el caso de un muerto, porque ya la justicia es restaurativa. En nuestro caso cada minuto cuenta porque no sabemos si nuestros familiares siguen con vida. No sabemos el destino de nuestros familiares. Cada segundo que se pierda es un segundo que puede estar en peligro la vida de ellos, donde quiera que estén», acotó. 

Si bien la familia de Leonardo está conformada por 3 miembros, solo uno de ellos se comprometió a hacer todas las visitas al Ministerio Público. «Solo de ver el dolor que esto y los destrozos que esto les ha causado a a mi familia en su vida, trato de hacer todas estas cosas. Es una herida que no se cierra», dice. 

Llamadas frente a la incertidumbre

Los casos como el de Leonardo Mora siguen en pie y, según la OIM, con más frecuencia. La institución sobre derechos humanos alertó que el año 2022 fue la época con mayor tasa de muertes y desapariciones de migrantes en el Mar Caribe, con 310 casos. 

Sin embargo, el organismo internacional registra que, de los 154 casos registrados entre 2015 y 2022, el año con mayor número de víctimas venezolanas fue el 2019, con 89 personas desaparecidas en total. 

Las ONG internacionales advierten que las rutas irregulares en el mar continúan en América, incluso obligan a las personas a viajar muchas veces para ver la oportunidad de zarpar y las pueden extorsionar para que hagan el viaje, como le pasó a Leonardo. 

«Cuando él llegó a casa esa noche del 6 de junio del 2019 yo pensaba que ya él no iba a viajar. Pensé que se había venido porque ya estaba cansado, ese día la embarcación iba a salir y no lo hizo, era la tercera vez que pasaba. Sin embargo, ese día me comentó que ya había pagado el viaje y por obvias razones no le iban a devolver el dinero», recuerda el pariente bajo protección. 

La familia de Leonardo Mora tiene esperanza en la justicia internacional. «De la presión que hicimos en Confavidt, el Alto Comisionado de la ONU publicó el 5 de julio de este año sobre el caso como una violación al debido proceso judicial, así como a muchos derechos humanos más». 

Ellos no niega que navega la incertidumbre con dolor. Pero advierten que no descansarán hasta que se descubra el paradero de Leonardo y se dé justicia. 

«Como él, otros 150 venezolanos están desaparecidos en el Mar Caribe por migrar o por trabajar. Ir repetidas veces al Ministerio Público para que no se olviden de su caso es otro martirio que se le suma el no saber si mi esposo está vivo o no. No podemos tener paz ni tranquilidad porque mientras mi esposo no me llame para decirme “no me busques más”, pues yo voy a seguir buscándolo, y voy a seguir buscando una respuesta. Entonces, alguien tiene que darnos respuesta», reflexiona. 

Más sobre este tema:

DDHH Olvidados | El teniente de navío Jefferson Díaz fue coaccionado para declararse culpable

Leer más

La estadística en Táchira, el principal punto de tránsito de migrantes, «demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos» en esta región

La ONG Fundaredes ha registrado, en lo que va de año, 246 desapariciones en la zona fronteriza del país, compuesta por seis estados que limitan mayoritariamente con Colombia, según un conteo publicado el 22 de septiembre en redes sociales.

#MonitorCDV| Un total de 118 desaparecidos ha registrado @FundaRedes_ en el estado Táchira en lo que va del año 2022. A través de su instrumento Curva de la Violencia la organización demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos de la entidad andina. pic.twitter.com/3Z9QJVGoSC

— FundaREDES (@FundaREDES_) September 22, 2022

Detalló, en la misma red social, que el estado Bolívar quedó segundo en el récord con 55 casos, seguido por Zulia con 29, Apure con 22, Falcón con 17 y Amazonas con 5.

La ONG consideró que la estadística en Táchira, el principal punto de tránsito de migrantes, «demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos» en esta región.

Fundaredes recordó que esta entidad federal «registra el mayor movimiento de grupos armados irregulares que controlan los pasos ilegales hacia Colombia por donde transitan miles de personas a diario».

En la medición, la organización subrayó que los municipios con más hechos de desaparición en Táchira son «Bolívar, Pedro María Ureña, Ayacucho y García de Hevia», los cuatro conectados en la franja fronteriza con el departamento colombiano de Norte de Santander.

Además, denunció que «una constante» en los casos de desapariciones en las entidades fronterizas es «la indiferencia del Estado venezolano para investigar, así como para atender las denuncias de los familiares de las víctimas».

En su último reporte mensual, Fundaredes aseguró que en agosto pasado se registraron 36 desapariciones en el «corredor fronterizo» venezolano, lo que representa un aumento de 50 % en relación con julio pasado, cuando se computaron 24 en la misma zona.

Indicó, además, que se contabilizaron 65 homicidios en estos seis estados fronterizos, siendo Zulia donde se cometieron más asesinatos.

Muertes en el Darién

En las últimas 48 horas, dos niños venezolanos fallecieron en circunstancias diferentes mientras cruzaban la selva del Darién, confirmaron autoridades panameñas el 22 de septiembre. 

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá confirmó que una niña de 10 años se ahogó en un río tratando de pasar junto a su mamá y a su tía el pasado 19 de septiembre.

El subcomisionado y jefe de Brigada Oriental en Panamá, Dani Villarreal, detalló que el cuerpo de la niña fue hallado en la zona montañosa del río Tacartí, en Panamá, luego de haber desarrollado varias labores de patrullaje.

Mientras tanto, niño venezolano de seis años perdió la vida el 21 de septiembre  cuando el grupo de migrantes con el que viajaba a través del tapón del Darién fue asaltado por personas con acento extranjero e indígenas panameños en la provincia de Tres Bocas.

Las pesquisas que realizó Senafront determinaron que el niño perdió la vida al recibir un impacto de bala en el pómulo derecho.

Con información de EFE

Zulia fue nuevamente la región «más violenta» con 33 casos de homicidios, la mayoría en los municipios de La Cañada de Urdaneta y San Francisco

El estado Táchira se ubicó en el tercer lugar con 8 homicidios, 10 desapariciones y 2 enfrentamientos armados

Este viernes, 8 de abril, la ONG Fundaredes informó que durante el mes de marzo registró 71 homicidios, 24 desapariciones y 23 enfrentamientos armados en seis de los ocho estados fronterizos del país.

Según un comunicado de prensa de la organización, los datos recogidos en el informe «Curva de la Violencia», fueron recabados en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, que limitan con Colombia o Brasil.

Fundaredes indicó que Zulia fue nuevamente la región «más violenta» con 33 casos de homicidios, la mayoría en los municipios de La Cañada de Urdaneta y San Francisco, lo que genera «desprotección a productores, comerciantes y demás habitantes del estado».

Asimismo, documentó 16 enfrentamientos armados entre organismos de seguridad y presuntos criminales y 2 desapariciones.

Le sigue el estado Bolívar con 14 homicidios en marzo, relacionado a la «minería ilegal en Venezuela», por lo que la organización documentó 7 casos en los municipios El Callao, Sifontes, Caroní y Roscio, poblaciones con numerosos yacimientos de oro, donde prevalecen los «conflictos» por el control de las minas.

El estado Táchira se ubicó en el tercer lugar con 8 homicidios, 10 desapariciones y 2 enfrentamientos armados, con mayor incidencia en los municipios fronterizos de Bolívar y Pedro María Ureña, donde prevalecen «actividades delictivas entre grupos armados y bandas delincuenciales en los pasos ilegales».

Fundaredes señaló que en el estado Apure se registraron 7 homicidios y 3 desapariciones, específicamente en el municipio Páez, que se destaca como una de las zonas «altamente vulnerables» por el posicionamiento «permisivo de bandas criminales y grupos armados irregulares, donde se evidencia extorsión, secuestro, contrabando y narcotráfico».

En el último lugar se encuentra el estado Falcón con 4 homicidios, 1 enfrentamiento armado y una desaparición.

La organización reiteró el llamado a que las autoridades venezolanas sean «garantes de la soberanía nacional» y lleven a cabo «acciones contundentes» para evitar estos flagelos en zonas vulnerables del corredor fronterizo.

Más sobre este tema:

CIDH insta a investigar y juzgar responsables de la muerte de cuatro indígenas yanomami

Leer más

*Con información de EFE

En los cuatro meses de 2020, las cifras de personas desaparecidas en Venezuela se han disparado de forma inexplicable. ¿Gente que se va sin decir adiós o policías fuera de control?

@javiermayorca 

El 18 de marzo, el escolta John Jairo Gasparini salió a hacer unas compras en el Farmatodo ubicado en la entrada de la urbanización La Lagunita. No regresó a su casa.

Los familiares de este hombre, de 42 años de edad, acudieron a la policía municipal, a la judicial y a otros organismos en la búsqueda de información que contribuyera a determinar su paradero. Solo supieron que lo vieron salir del referido local comercial en una motocicleta negra, que tampoco fue encontrada.

Los familiares suponían que la ausencia de Gasparini guardaba alguna relación con el posterior intento de allanamiento a un apartamento de las residencias Pacarima, en Los Naranjos, cuya ocupante es de su círculo familiar.

Pero pasaban los días, y nadie precisaba dónde se encontraba Gasparini.

El 20 de marzo, los familiares del guardaespaldas acudieron a la policía judicial para formalizar la denuncia sobre lo que parecía ser una desaparición.

El caso de este hombre forma parte de una creciente lista de personas desaparecidas, que está siendo procesada por la policía judicial.

Solo en los primeros cuatro meses de 2020, las distintas oficinas de este cuerpo han recibido 124 denuncias sobre la desaparición de personas. Lo que más llama la atención es que la curva ha ido en ascenso con el pasar de los meses. En enero fueron recibidas 16 denuncias; 28 en febrero; 39 en marzo y 41 en abril. Entre el primero y el cuarto mes, las cifras reflejan un incremento de 156 %

Todo esto, además, en un contexto en el que se supone que la gente no debería desaparecer, pues la mayoría debe permanecer en sus casas como consecuencia del decreto de alarma nacional, dictado el 13 de marzo.

Según el comisario Sergio González, exjefe de la división Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, los cuerpos de seguridad pueden recibir y procesar denuncias sobre desapariciones luego de 72 horas contadas a partir del momento en que la víctima fue vista por última vez.

El funcionario (actual director de la policía de El Hatillo), explicó que cuando la persona no aparece luego de un tiempo prudencial, y no existe evidencia de que pueda haber sido secuestrada, la lógica policial indica que pudiera estar muerta o que pudo haber sido víctima de una privación ilegítima de libertad.

Los familiares del escolta Gasparini pudieron determinar su paradero dos semanas después, cuando les confirmaron que estaba en custodia de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, para el momento de la redacción de esta nota todavía se preguntan con qué expediente lo están vinculando.

“La norma indica que no se puede retener a una persona por más de doce horas sin dar parte al Ministerio Público. Pero hemos visto casos de personas de las que no se sabe nada hace más de un mes, y luego se supo que estaban en poder de algún organismo”, indicó.

Sin rastro en pandemia

El problema de las desapariciones, y en especial las del tipo forzado, fue advertido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en los dos informes sobre Venezuela presentados durante 2019.

Según Marino Alvarado, miembro de Provea y de Amnistía Internacional, las desapariciones de personas se hicieron más frecuentes a partir de las operaciones de Liberación del Pueblo. Recordó el caso de la masacre en el sector El Café de Barlovento, en 2016, que comenzó con la desaparición forzada de 15 personas, en el curso de una razia por efectivos del Ejército, cuyos cadáveres fueron hallados posteriormente.

Según las estadísticas conocidas extraoficialmente, el 49 % de las desapariciones ha ocurrido a partir del 13 de marzo, cuando Nicolás Maduro emitió el decreto de alarma nacional. Algo que luce paradójico, pues en este lapso se ha puesto énfasis en que las personas permanezcan en sus casas.

Por otra parte, el 35 % de las desapariciones correspondientes al lapso enero-abril han sido denunciadas en Distrito Capital y Miranda. El segundo estado con mayor cantidad es Bolívar, con 14; Monagas y Falcón tienen nueve casos cada uno, y en Zulia han iniciado ocho averiguaciones. Como aspecto curioso, en Táchira solo han consignado una denuncia.

En el actual contexto nacional, con una cifra de secuestros que está en baja con respecto a otros años, la mayoría de las desapariciones obedece a cuestiones políticas o son consecuencia del ocultamiento de las víctimas de homicidios.

De allí que, según González, en Caracas las denuncias sobre desapariciones son procesadas por la división contra Homicidios. No obstante, si se produce un contacto entre secuestradores y sus familiares, intervienen los agentes especializados en secuestros.

“Sin embargo, no podemos hablar de homicidio hasta que no aparece el cadáver de la víctima. Mientras tanto, la persona quedará en calidad de desaparecida”, indicó.

Breves

* Hay un tratamiento selectivo del régimen hacia los 67 detenidos por la Operación Gedeón. La discriminación comenzó cuando algunos fueron enviados a celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mientras que otros quedaron en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Tal y como lo señala un reciente informe de la organización Una ventana para la libertad, en Boleíta las condiciones de reclusión son mucho más onerosas y degradantes que las existentes en el Helicoide. En Dgcim el hacinamiento superaba el 80 % antes del 3 de mayo, cuando comenzaron las detenciones de militares y policías que llegaron desde Colombia en lanchas, con el propósito declarado de capturar a Maduro y a elementos de su entorno. Allí han ido a parar aproximadamente 30 implicados. En lo que respecta al Sebin, hay detenidos por este caso que permanecen en celdas compartidas con varias personas, y soportan el confinamiento y las limitaciones en cuanto a la alimentación y la atención médica. Allí, sin embargo, padecen menos incomodidades que las de los reclusos en Boleíta. Pero hay tres individuos por los que tienen especial deferencia. Se trata de los exmarines estadounidenses y miembros de la corporación Silvercorp Airam Berry y Luke Denman, a quienes hasta ahora han tratado con guantes de seda, atendiendo incluso sus requerimientos de alimentación especial (Denman es vegano). Y está también el exdirectivo de Venoco, Franklin Durán, recluido en una celda especial que anteriormente era ocupada por el abogado José Rafael Parra Saluzzo. Hasta ahora, todas las audiencias se han celebrado en una sala ad hoc del Helicoide, a la que se trasladan las partes del caso. Los jueces que atienden el expediente Gedeón son los abogados Hilda Villanueva (Segundo de Terrorismo) y José Maximino Márquez (Cuarto de Terrorismo).

* ¿Quién es Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich? Este hombre es, junto con Luciano Marín Arango (Iván Márquez), uno de los integrantes del nuevo Comando Central de las FARC. Su presencia en Caracas fue revelada hace pocos días por el comisario general Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad designado por el presidente del Parlamento Juan Guaidó. En las imágenes aportadas por el policía se puede apreciar al colombiano mientras es llevado de la mano por los pasillos de lo que aparentemente es la planta baja de uno de los bloques del sector 23 de Enero del municipio Libertador. Hernández Solarte padece una enfermedad degenerativa que le quitó la vista por completo en el ojo derecho, y que amenaza con tener el mismo efecto en el restante. Eso explica por qué casi siempre porta lentes oscuros. Alias Jesús Santrich fue uno de los causantes de la ruptura de los acuerdos de paz (La Habana, 2016) por una parte del referido grupo guerrillero. La tormenta se inició cuando EE. UU. lo acusó a él, junto con otros tres miembros de esa organización (Marlon Marín, Armando Gómez y Fabio Simón Younes Arboleda, alias Doctor) por tráfico de drogas, alegando que ellos habían cometido estos delitos con posterioridad a la firma de la paz en la capital cubana, entre junio de 2017 y abril de 2018. Por ende, se trata de acciones que no gozan de amnistía. Según esta acusación, ventilada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el grupo había intentado producir y distribuir unas diez toneladas de cocaína. Para llevar los alijos a EE. .UU., utilizarían aviones con matrícula norteamericana. Desde entonces, comenzó un intenso debate en Colombia, pues se presumía que si las autoridades neogranadinas detenían a Santrich los acuerdos de La Habana se vendrían abajo. En julio de 2019, Maduro afirmó en una alocución pública que tanto Hernández como Marín eran bienvenidos en Venezuela. Un mes después, los jefes guerrilleros divulgaron un video anunciando la creación de las nuevas FARC. Estas imágenes fueron grabadas en territorio venezolano, de acuerdo con el diario El Tiempo de Bogotá, que citaba fuentes de inteligencia del vecino país. En una nueva acusación, presentada el pasado 26 de marzo, el gobierno y la fiscalía estadounidenses involucraron a Hernández en el tráfico de drogas en supuesta complicidad con el alto gobierno venezolano, en hechos que habrían comenzado en 1999 y que supuestamente se han extendido hasta el año en curso. Las fotografías y el video de este integrante del Comando Central de las nuevas FARC llaman la atención. El hombre aparece rodeado de individuos armados, quienes según Simonovis pertenecerían a un colectivo de esa parroquia. Es muy probable, por lo tanto, que tales imágenes fuesen tomadas por un integrante del propio anillo de seguridad, que servía al líder guerrillero.

Jesús Santrich se refugia en el 23 de Enero bajo el amparo de Maduro: La revelación de Simonovis (LAS PRUEBAS) https://t.co/Ea2qFcyXME

— Iván Simonovis (@Simonovis) May 25, 2020

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La Fundación Redes reportó la desaparición de más de 600 personas en el eje fronterizo Venezuela-Colombia que incluye los estados Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar

Carlos D’Hoy

@carlos_dhoy

Al menos 105 venezolanos se encuentran secuestrados por las organizaciones guerrilleras colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) y varios frentes no desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) denunció Javier Tarazona, director general de la Fundación Redes.

Tarazona indicó que de los 105 rehenes que mantienen las fuerzas irregulares colombianas, 33 fueron secuestradas en el estado Táchira, 21 en Zulia, 19 en  Bolívar, 17 en Barinas, 11 en Apure y cuatro de Amazonas.

El directivo de la ONG además denunció la desaparición de más de 600 personas en el eje fronterizo que comprenden Zulia, Apure, Táchira, Bolívar y Amazonas.

Tarazona destacó que tiene información fidedigna sobre  las víctimas que están en manos de los grupos guerrilleros anteriormente señalados. “ Vemos  que esas organizaciones colombianas se están convirtiendo en el brazo armado de la revolución bolivariana, actúan a sus anchas, sin miedo a las autoridades, ya que a los organismos policiales y militares venezolanos parece no importarles lo que está ocurriendo, o al menos esa no parece ser su prioridad”.

Agregó que bandas armadas de irregulares colombianos controlan el paso por la frontera a través de trochas y otros caminos, lo cual les genera importantes ganancias gracias  al “impuesto” que cobran por permitir el paso de contrabando.

Tarazona denunció además que se sabe que al menos el ELN tiene abierto un frente para tomar el área minera ubicada al sur del estado Bolívar. “Ya han participado en varios ataques perpetrados con el objetivo de quedarse con las minas de oro ubicadas en esa entidad,cuya riqueza se desconoce ya que son explotadas artesanalmente y sin control por parte del Estado”.

Recordó que el narcotráfico se vale del libre paso por las fronteras venezolanas para exportar sus productos con destino a Europa, África, Asia, el Caribe y Norteamérica. , “Se trata de un agente tremendamente desestabilizador que prácticamente es ignorado por las autoridades”.

Javier Tarazona, director de la Fundación Redes

Desaparecidos aparecen en fosas comunes en Colombia

FundaRedes ha registrado  la desaparición de 683 personas en la región fronteriza. Muchos de los desaparecidos son localizados muertos, pero un importante número, jamás son encontrados, situación que mantienen en vilo a las familias y autoridades quienes no pueden dar un cierre a esos casos, ya que la muchas de las víctimas de las desapariciones jamás vuelven a ser vistas.

“Lo grave es que muchos de estos desaparecidos posteriormente son localizados enterrados en fosas comunes en territorio colombiano, según reportes que han recibido de la fiscalía neogranadina”.  

Agregó que según los datos que maneja la fundación, semanalmente hay un promedio de  entre tres y cuatro desapariciones en el eje fronterizo”, puntualiza Tarazona

Al hacer el balance por entidad, el director de Fundaredes enumera  que el mayor número de víctimas lo lleva el estado Táchira con 264 desapariciones, seguido de Bolívar con 140,  y Zulia con 132. En cuarto lugar aparece Apure con 65 desapariciones y cierra el grupo el estado Amazonas con 21.

Acotó que las cifras corresponden al año pasado. “En lo que va de año hemos registrado 51 secuestros y 40 desapariciones”.

El activista denunció estos casos ante la dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y ante los organismos de seguridad del Estado, los cuales han mostrado una “actitud complaciente para con los irregulares, acá nada se investiga”, aseguró

Cinco nuevas denuncias ha recibido la Defensoría del Pueblo, con respecto a las 12 muertes violentas ocurridas en Barlovento durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

Tarek William Saab, manifestó que durante la mañana de este jueves inició la audiencia de presentación de los presuntos responsables de los hechos violentos, en el Tribunal Primero de Guarenas, extensión Barlovento.

Asimismo, Saab exhortó a las autoridades a “profundizar” las investigaciones relacionadas al caso, ya que no descarta que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones de militares que estuvieron involucrados en la masacre.

Por otra parte, indicó que mantendrá contacto con los familiares directos de las víctimas, hasta que se haga justicia por este lamentable hecho.