Desacato

Los diputados de la oposición aprobaron iniciar con el mecanismo para designar el Comité de Postulaciones que elegirá a un nuevo CNE

Diputados del bloque oficialista aseguraron que solo participarán si la AN cumple con la sentencia del TSJ

@saracosco/Foto:El Nacional

La diputada Nora Bracho (UNT-Zulia) fue la encargada de confirmar la información que se regaba por los jardines del Palacio Federal Legislativo desde temprano en la mañana de este martes.

Desde su curul en el Hemiciclo de sesiones, la diputada solicitó una modificación en el orden del día para incluir el inicio del proceso para la designación del Comité de Postulaciones que se encargará de elegir el nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral, con las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución.

Los parlamentarios del chavismo empezaron a gritar que la Asamblea Nacional se encuentra en “desacato”, pero aun así Bracho hizo la invitación para que también se unieran.

“Esperamos que formen parte de este Comité y que no se nieguen a discutir lo que tanto Venezuela espera y aspira: unas elecciones presidenciales limpias, en las que realmente se respete al derecho al voto”, agregó la parlamentaria zuliana. 

El chavismo aseguró ver como algo positivo la incorporación del tema en la plenaria del Parlamento, pero al mismo tiempo afirmaron que no iban a formar parte del procedimiento para la designación del Comité.

Con un discurso pausado y sin alzar la voz, el diputado Jesús Montilla (Psuv-Falcón), reconoció que el país demanda soluciones y que se deben hacer acuerdos. “Lamentablemente esta iniciativa no va a llegar a nada, en primer lugar porque están en desacato”, añadió Montilla.

El “desacato” fue la palabra más repetida entre los diputados del chavismo, argumento que se utilizó desde 2016, luego de que el chavismo denunció un fraude electoral en el estado Amazonas, pero los parlamentarios opositores de la entidad – que son tres en total – igual se juramentaron en la AN y se incorporaron a las sesiones.

“Si esta Asamblea Nacional persiste en el desacato, no quedará otro camino que la Sala Constitucional nombre el Poder Electoral, para que en 2020 se hagan las elecciones que corresponde, que son las Parlamentarias”, fue el argumento del diputado Julio Chávez (Psuv-Lara).

Incluso más temprano el expresidente del Banco Central de Venezuela, Ricardo Sanguino, asomó la idea de que sea en la mesa de diálogo -que mantienen con partidos minoritarios de la oposición- la elección de los rectores del CNE.

Sin embargo el diputado José Gregorio Aparicio (Cambiemos-Monagas) – quien participa en el diálogo- aseguró que su partido respalda el acuerdo de iniciar la designación del Comité, haciendo un llamado también al chavismo para que se una.

Lo mismo hizo el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, quien llamó a la reflexión al chavismo. “Nadie tiene duda de que el CNE no le da confianza a los venezolanos”.

“Tenemos la oportunidad aquí de elegir al CNE y lograr un acuerdo para llegar a las dos terceras partes. No desperdiciemos la oportunidad que tenemos. Llamo a la reflexión”, dijo González.

Es por eso que cuando terminó el debate, el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela, Juan Guaidó, propuso declararse en sesión permanente para que los diputados del bloque oficialista hicieran consultas dentro de su partido, “porque sabemos que ustedes no deciden”. 

Con la aprobación de la mayoría de los diputados, Guaidó convocó a una nueva sesión para el miércoles 30 de octubre, en la que la oposición espera una oferta por parte del chavismo y que se unan al proceso para renovar el CNE.

Sin embargo, el exministro del Trabajo, Francisco Torrealba, dijo al salir de la sesión que solo participarán cuando la AN cumpla con la sentencia de Tribunal Supremo de Justicia, aunque confirmó que igualmente asistirán a la sesión de mañana miércoles.

Más sobre este tema:

Un chavismo reducido vuelve a la AN violando la Constitución

Leer más

Paola Martínez / @mpaolams

El acontecer noticioso de un día venezolano podría rivalizar con las noticias mensuales de un país nórdico. La censura en los medios tradicionales y la falta de información oficial logran que en ocasiones, sea el Gobierno quien marque la agenda diaria y que asuntos de importancia se vean opacados por otros temas. Sin embargo, existe una serie de aspectos claves en los últimos meses que han devenido en la actual situación país, pero que el oficialismo no trae a colación con frecuencia.

1. El Gobierno de Maduro rompe la ley y la usa a su voluntad

Los venezolanos han sido testigos de cómo el hilo constitucional se ha deshilachado bajo la mano de Nicolás Maduro. El Estado de Derecho se ha desintegrado, paulatinamente, con cada acción inconstitucional que los oficialistas han requerido. Un ejemplo de ello fue cuando, días después del nombramiento de Tareck El Aissami como vicepresidente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia que permite a venezolanos con doble nacionalidad postularse a la presidencia, lo que va en contra de la Constitución. Y más reciente, el llamado a un proceso constituyente sin seguir los pasos establecidos en la Carta Magna.

2. Aún no se realizan las elecciones parlamentarias de Amazonas, pero el CNE sí repitió los comicios de la ANC en dos municipios

Tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, Jorge Rodríguez mostró un video en donde presuntamente se comprobaba la compra de votos por parte de la oposición. Pero no se anunció ninguna acción para verificar las pruebas que, de ser reales, comprobarían también que Rodríguez violó el derecho a la privacidad consagrado en la legislación venezolana.

El TSJ, basado en dichas pruebas, emitió una sentencia donde impugnaba las elecciones en Amazonas. A esta acción le debió seguir un nuevo llamado a elecciones únicamente en el estado afectado. Año y medio –y una constituyente– después, aún el CNE no llama a elecciones parlamentarias en ese estado.

En el municipio Miranda de Mérida, y el Francisco de Miranda del estado Táchira, el CNE debió suspender los comicios del domingo de la constituyente por las protestas de los habitantes. Sin embargo, sin hacer mucho ruido en los medios estatales, el 13 de agosto se celebraron nuevamente las elecciones. Si hubo fondos y planificación para que se repitieran estos comicios, ¿por qué Amazonas sigue sin representación en la AN?

3. Sí hay pruebas de que en la ANC hubo fraude

La compañía que provee al CNE el sistema para el conteo de los votos, Smartmatic, notó irregularidades entre los resultados que anunció Tibisay Lucena y los que el mismo programa arrojó. Una diferencia de al menos un millón de votos, indicó el director ejecutivo de la empresa, Antonio Mugica. La fiscal Luisa Ortega encargó la investigación del hecho, pero ahora que el MP está en manos de William Saab, habrá que esperar si dicha investigación obtiene resultados.

4. El desacato de la Asamblea Nacional no existe

Por más que el Gobierno de Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia repitan que la Asamblea Nacional está en desacato, hay un aspecto que siempre olvidan comentar: el artículo de la Constitución en que se habla de dicho desacato.

El máximo tribunal declaró en desacato al Parlamento tras la incorporación de los diputados de Amazonas, lo que según el Poder Judicial, viola la sentencia en que impugnan los comicios. Si bien la figura del desacato existe, esta no puede ser aplicada a una institución como la Asamblea Nacional. El abogado constitucionalista Luis Alfonso Herrera afirma que el desacato de la AN no es más que “un invento político, ya que no hay norma jurídica alguna en Venezuela que establezca que si la AN no obedece una sentencia de la Sala Constitucional, queda imposibilitada de ejercer sus funciones”.

5. El Gobierno no ha acatado ninguna de las leyes y decisiones en las que la AN ha trabajado

Los diputados opositores cumplen año y medio legislando y discutiendo cómo mejorar el país y hacer justicia, pero los resultados de sus leyes y políticas nunca se vieron, porque el Gobierno lo impidió a través del TSJ. Doce de las 16 leyes que emanó el Poder Legislativo fueron anuladas por el tribunal. Cincuenta y seis sentencias contra la AN precedieron al Golpe de Estado que el TSJ dio con las dos decisiones que anularon los poderes parlamentarios, y que fueron luego revertidas.

6. La Consulta Popular fue una protesta multitudinaria inédita y el Gobierno de Maduro no lo ha reconocido

7.535.259 venezolanos participaron en una Consulta Popular histórica para tomar una postura ante la asamblea nacional constituyente del oficialismo. Docenas de países reconocieron el resultado del ejercicio ciudadano que no estuvo organizado por una institución oficial, sino por la sociedad civil, las universidades y la coalición opositora. Son siete millones que el oficialismo intentó luego superar en la elección de la ANC acusada de fraude y son siete millones que, hasta ahora, el gobierno de Maduro se ha empeñado en desconocer.

7. Tarek William Saab investiga tala de árboles durante protestas, a pesar de que aún hay casos abiertos por muertes

El Ministerio Público dirigido por la Fiscal Luisa Ortega Díaz investigó la muerte de más de 100 personas en el contexto de las protestas antigubernamentales. Por ser culpables, imputó a funcionarios de la GNB y la PNB, y aún revisaba casos en los que funcionarios de la FANB estaban involucrados. También resaltó las acciones violentas de grupos civiles armados –conocidos como colectivos– contra manifestantes, y adelantó que su despacho seguía la pista de estos grupos paramilitares por estar señalados como culpables del homicidio de varias personas durante las manifestaciones.

Pero la persecución política del Gobierno hizo que Ortega Díaz dejara el país. La ANC designó en su lugar a Tarek William Saab, quien actualmente investiga la tala de árboles durante las protestas –y no exactamente en Amazonas, en el parque nacional Canaima o en el Arco Minero del Orinoco–. Con esto parece dejar de lado las muertes y los casos de corrupción que el MP llevaba adelante.

8. Sí hubo tiempo para la Constituyente, pero no para el Referéndum Revocatorio

Frente a una constituyente organizada en menos de tres meses, es válido recordar los intentos de la oposición por llevar a cabo un referéndum revocatorio en 2016. El CNE se tomó siete meses en verificar las firmas correspondientes a 1% del padrón electoral, no aceptó muchas de las planillas porque “Nicolás” no tenía el acento en la A, y luego solo otorgó 300 maquinas para verificar las rúbricas de 20% de las voluntades. Tras vencer todos los obstáculos, siete tribunales penales de siete estados ordenaron posponer la recolección de firmas porque 1% presentaba irregularidades. El CNE acató la decisión y suspendió el proceso “hasta nueva orden judicial”.

Más de medio año después, si bien no ha tenido nuevos avances, este proceso judicial resulta la excusa perfecta para generar problemas en otros ámbitos. El CNE prohibió a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentar candidatos en siete estados del país como consecuencia de “decisiones acordadas por juzgados de esos estados, relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado”, como señaló un boletín del CNE sin despertar el recuerdo del revocatorio.

9. El oficialismo perdió toda su popularidad y está aislado en la región

La popularidad de Maduro entre la población venezolana es la más baja de un presidente desde 1990, según Torino Capital. Para el mes de julio, su nivel de aprobación se ubicaba en 17,4% de acuerdo al sondeo de la firma encuestadora Datanálisis. Durante el año, demás estudios de opinión han arrojado resultados similares, que rompen con la alta popularidad que mantenía el difunto presidente Chavez. En el ámbito internacional Maduro tampoco goza de buena reputación. Gobiernos de más de 40 países han criticado, rechazado, condenado y desconocido la asamblea nacional constituyente, así como la destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz y la usurpación de poderes de la Asamblea Nacional a manos de la ANC.

10. Cuatro meses continuos de protesta señalan que nada está bien en Venezuela

Las protestas que iniciaron el 1 de abril, a raíz del golpe de Estado a la Asamblea Nacional y la declaración de ruptura del hilo constitucional por parte de la fiscal Ortega Díaz, se mantuvieron durante cuatro meses con manifestaciones diarias en las calles de todo el territorio nacional. La inseguridad, la escasez de alimentos y medicinas, la inflación, el decaimiento de los servicios básicos como la luz, agua, gas, aunado a la corrupción del gobierno y la violación de derechos humanos fueron el combustible para los más de 100 días de protesta, durante los cuales se pedía también la cancelación de la constituyente y el llamado a elecciones, entre otras cosas. A pesar de que las protestas decayeron tras la instalación de la ANC, los mismos problemas continúan causando pesar en la sociedad, por lo que todas las apuestas giran en torno a las venideras elecciones regionales.

¿Recuerdas algo que Maduro quiere que olvidemos? Estaremos tomando sugerencias de los comentarios de los lectores para ampliar esta nota.

No deberían existir muchos inocentes sorprendidos que la dictadura lograra imponer a sangre, muerte y fuego su perversa constituyente castrista. A pesar de las innumerables promesas en contrario. Una vez más, encubiertos en la penumbra, sectores infames se arrodillaron a negociar a espaldas del pueblo, traicionándolo, sin importar un carajo los jóvenes fallecidos y el luto de sus familias, proporcionando oxígeno y tiempo necesario para que se arribara al domingo 30 de julio. Día, por cierto, que será recordado e inscrito en los libros, Wikipedia y similares como la estafa electoral y burla ciudadana más grande jamás ejecutada en la historia venezolana. Tal será de grosera la arbitrariedad, que Smartmatic lo denunció. Con seguridad los capos están agradecidos y sin duda, cooperantes cómplices serán bien recompensados. Son, para decir lo menos, traidores tarifados.

El acaricia posadero y empleado del castromadurismo, criticado en público pero elogiado en privado, ejemplo de la hipocresía política, lo confesó públicamente –y sin consulta previa- que en las últimas semanas había mantenido reuniones diversas con actores del Gobierno y otras con representantes de la oposición, y fue más específico: «Después de lo sucedido en los últimos meses, después de la pérdida de más de un centenar de vidas, después de las conversaciones mantenidas, me reafirmo en que únicamente la negociación, la concertación y el acuerdo pueden dar una salida a la grave crisis que vive Venezuela, la salida acordada y pacífica que desean la inmensa mayoría de los venezolanos». Más claro agua, aunque algunos sigan prefiriendo el chocolate amargo.

Agregó que en esos clandestinos encuentros, las cuestiones a definir fueron la fijación de un cronograma electoral con fechas precisas para elecciones a las alcaldías y presidenciales, avanzar de manera urgente en la Comisión de la Verdad para tomar medidas amplias e inmediatas sobre liberaciones de presos; acordar de manera urgente el procedimiento para poner fin al desacato de la Asamblea Nacional; fijar nuevas reglas y garantías para que la Asamblea Constituyente se comprometa de forma inequívoca con el respeto a los principios de la República, a los poderes constitucionales y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder; y asumir el compromiso de compartir la aprobación inmediata de medidas económicas y sociales, apelando también para ello a la colaboración externa.

¿A quién diablos solicitaron autorización para tratar temas que no estaban previstos en la consulta, donde 7.6 millones de ciudadanos ordenamos un mandato claro y contundente, dejando bien establecido lo que se debía hacer? No están facultados para ir más allá. Entonces la pregunta es ¿porqué no lo hicieron? ¿Qué les impide cumplir con exactitud el mandato ciudadano? ¿Se niegan a consumar la orden del pueblo? ¿O no tienen gónadas? Lo que sea, díganlo, sincérense para saber a qué atenernos los ciudadanos.

Quienes escogieron participar en ese macabro e inconsulto diálogo, perdieron, fracasaron, defraudaron, violaron el mandato popular, y deben asumir su consecuencia, abandonar los puestos de dirección en las filas de la oposición democrática, y dar paso a los nuevos dirigentes forjados en la calle, que actúan con franqueza y expresan la verdad sin malabarismos oratorios.

Esa dirigencia que no antepone intereses partidistas e individuales a los de la nación, que se niega a cohabitar, de buenas costumbres ciudadanas plenas de principios éticos y morales. Esa es la oposición que Venezuela merece y se gana a diario, con dolor, muerte, heridas, tortura, cárcel y exilio. Una oposición confiable, legítima, coherente, sin contradicciones, cumplidora de lo que promete, en la que los organismos internacionales tengan confianza, fe y seguridad, que al actuar fuera de nuestras fronteras, no serán desmentidos ni ridiculizados.  

La oposición, y en especial la Mesa de la Unidad Democrática, vivieron horas estelares y de mucho riesgo, pero no supieron interpretar adecuadamente lo que sucedía, se engolosinaron. Se limitaron a sus intereses, los arrastró la prepotencia y los hundió la soberbia ególatra; no entendieron a la sociedad actual, a quien no prestó atención y subestimó. Es hora de que los excluidos opositores que son mayoría, se impongan sobre la minoría excluyente, arbitraria, dominante y cumpla de inmediato el mandato popular.

El castrismo inventó la trampa Constituyente, su regente la ejecutó, y ambos quedaron atrapados. Parte del mundo reacciona desconociendo el fraude, presiones internas y externas se reforzarán mutuamente. El aislamiento internacional comienza, por ahora, político y declarativo, pero cada vez más avanzará en lo diplomático y económico, con graves repercusiones para la estabilidad, viabilidad y supervivencia del régimen. Pero incoherentes desequilibrados y contradictorios insensatos obstaculizan, quieren participar en elecciones regionales; hacerlo sería una trompada, un bofetón para la comunidad internacional que nos apoya. ¡Qué vergüenza, debería darnos pena!

En sus entrañas el PSUV sufre retortijones, convulsiona. Instalarán el esperpento, sus integrantes y directivos: quien la presida será presidente de facto, y estallará la confrontación interna por el poder.

Ahora se entenderá que los llamados divisionistas, radicales o guerrilleros del teclado, calificados así para desprestigiarlos, anularlos y denigrarlos, tenían razón y comenzará la verdadera lucha por la libertad, sin falsos diálogos ni negociaciones. El rescate va a ser duro y costoso pero el triunfo de la razón es inevitable y la justicia reinará entre nosotros, ¡el 31J no será una mañana más sino día que comienza la batalla!

Injusto y egoísta negar que la coalición opositora ha tenido más aciertos que errores en estas semanas de protestas y ha logrado cercar, acorralar al Gobierno. Pero la situación cambió, vienen momentos de apuestas arriesgadas y tiempos de decisión. Vacilaciones y discursos pomposos no tienen ya cabida. Los cálculos y conveniencias politiqueras se terminaron. La lucha no terminó el 30J, va a redimensionarse y quienes hoy tienen responsabilidades, han mostrado incapacidad para adaptarse.

La oposición está obligada a renovarse, ajustarse a las nuevas realidades. Continuar batallando sin amilanarse. El régimen complicó su estadía en el poder, la presidencia le queda grande, inmensa, y será el primero en arrepentirse de haber realizado la Constituyente.

Aun instalada, es una derrota política. Se falsearon resultados. No se necesitan pruebas, fue evidente. ¿Y ahora qué? La confusión reina acompañada de frustración y desánimo es parte de la disputa, las fuerzas democráticas debemos seguir adelante con sinceridad y apego a la verdad, en un enfrentamiento que no terminará hasta conquistar la libertad y democracia.

@ArmandoMartini

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en desacato al alcalde del Municipio Diego Bautista Urbaneja, Gustavo Marcano, y lo condenó a 15 meses de prisión, además de ordenar su captura e inhabilitarlo políticamente.

El desacato fue declarado por los magistrados de la Sala Constitucional con base en el mandamiento de amparo cautelar dictado el 31-05-17 en Sentencia 377. La audiencia se llevó a cabo sin la presencia de Marcano y sin representantes del Ministerio Público.

Tanto el alcalde de Lechería como demás políticos opositores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) declararon que no acatarían las decisiones que emane el TSJ.

La Sala Constitucional dictaminó que el sitio de reclusión de Marcano sería la sede del Sebin en Caracas hasta que un juez de primera instancia de ejecución determine el centro de reclusión definitivo. Aclaró también que se mantiene la prohibición de salida del país para el alcalde.

Marcano, al igual que su homólogo del municipio Chacao, Ramón Muchacho, fueron citados por el TSJ por incurrir en presunto desacato del mandato de amparo cautelar contenido en las sentencias números 377 del 31 de mayo 2017 y 369 del 24 de mayo 2017, respectivamente.

Desde la madrugada de este jueves todos los venezolanos despertaron con la noticia de que el TSJ asumirá todas las competencias de la Asamblea Nacional mientras está esté en desacato.

“Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”, así lo explica la sentencia de dicha sala.

Ante esto, la sociedad civil se ha pronunciado a través de las redes sociales y esto fue lo que dijeron:

El Tribunal Supremo de Justicia hoy que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional debido a la persistencia del «desacato», un estatus que impuso el año pasado por el incumplimiento de varias sentencias.

«Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», reza una sentencia de dicha Sala.

Esta decisión surgió en respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas «requerirá la aprobación previa» de la AN, «a cuyo efecto el Ejecutivo (…) deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República».

La Ley de Hidrocarburos indica que en esta materia el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a la evaluación de la Cámara.

Sin embargo, el Supremo resolvió hoy que «no existe impedimento alguno» para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que éste deberá informar a la Sala Constitucional «de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones».

Además, el TSJ subrayó que el Parlamento, «actuando de facto», no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones en estas asociaciones.

Entre las consideraciones para decidir el TSJ recordó que la AN, que se instaló en enero de 2016 con una inédita mayoría opositora, incorporó a tres de los cuatro diputados del estado Amazonas (sur), cuya investidura ha sido impugnada y que por este caso todavía no hay una decisión.

La sala ha dicho que, mientras se mantenga el desacato, todos los actos de la AN son nulos y carecen de validez.

El diputado oficialista Diosdado Cabello celebró esta decisión del Supremo y sugirió a los opositores someterse a los dictámenes del máximo tribunal.

«Aquí nosotros no podemos estar con una Asamblea Nacional ausente porque ellos (opositores) quieran», dijo Cabello durante su programa semanal de televisión.

La Asamblea Nacional ha sido declarada nuevamente en desacato, en esta ocasión con la Contraloría General de la República (CGR), «al obstaculizar el ingreso a su lugar de trabajo a la auditora interna interventora de la Asamblea Nacional, Lic. Mayren Ríos Díaz».

El pasado viernes 17 el contralor general de la República, Manuel Galindo Ballesteros, había designado a la funcionaria Ríos como la auditora interna interventora de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional. Este órgano tiene «la potestad de controlar, vigilar y fiscalizar a las unidades de auditoría interna de los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del poder público nacional, estadal y municipal», entre otras funciones, asegura una nota de prensa de la CGR.

Al no haber permitido el acceso a la funcionaria Ríos al edificio administrativo de la Asamblea Nacional, la CGR considera que el parlamento «manifiesta abiertamente el desconocimiento a la autoridad de la Contraloría General de la República».

Asimismo, la CGR señala que tiene autoridad para aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la Ley que rige la materia.

Asamblea Nacional @AsambleaVE desacata a la Contraloría General de la República. Obstaculiza acceso a auditora interna interventora.

— CGR Venezuela (@CGRVenezuela) 20 de febrero de 2017

AN @AsambleaVE desconoce la #CRBV, la #LOCGRSNCF y las atribuciones de la Contraloría General como Máximo Órgano de Control Fiscal.

— CGR Venezuela (@CGRVenezuela) 20 de febrero de 2017

El desconocimiento a la autoridad de la #CGR es sancionado según la Ley Órganica de la #CGR y el Sistema Nacional de Control Fiscal.

— CGR Venezuela (@CGRVenezuela) 20 de febrero de 2017

El sobrepeso de las acciones irregulares cometidas desde distintas instancias del Estado pone a prueba constantemente la resistencia del entramado jurídico que sostiene la democracia en Venezuela. TSJ, CNE, Sebin y hasta el presidente de la República violan sin ningún rubor la Carta Magna

 Desacato de la Asamblea Nacional

Este es otro triunfo de la retórica revolucionaria sobre la legalidad, sostiene el abogado constitucionalista y ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Perkins Rocha, en conversación con Runrunes.

“La razón por la cual tanto la Sala Constitucional del TSJ como el Gobierno consideran que la AN está en desacato, es por el supuesto incumplimiento de una medida cautelar dictada por la Sala Electoral del TSJ, en el caso de los cuatro diputados del estado Amazonas”, dijo Rocha.

¿Por qué no procede el desacato? “El ordenamiento jurídico venezolano, más concretamente, nuestro Código Penal -que es el compendio normativo de tipos punibles más importante del país-, no consagra el desacato como un delito (…); lo previsto en su artículo 483 es la desobediencia a la autoridad, pero desafortunadamente para el gobierno –y para sus acólitos magistrados del TSJ– no está concebida como delito sino como sanción y en consecuencia solo causa arresto y multa”, explicó el jurista en un artículo publicado recientemente.

¿Pueden los magistrados del TSJ manipular la Constitución impunemente? Quien fue magistrado del máximo órgano judicial, explicó que la acción del TSJ “subvierte el orden constitucional y los hace merecedores de las mayores consecuencias penales, que en este caso sí prevé nuestro Código Penal, en su numeral 2º del artículo 143, cual es el de «rebelión civil»: “Serán castigados con presidio de doce (12) a veinticuatro (24) años: 2. Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la nación, conspiren para cambiar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», pues desconocer la soberanía popular representada en la Asamblea Nacional, mediante interpretaciones fraudulentas, extendiendo indebidamente preceptos normativos, previstos para regular otras supuestos, es obrar en conspiración abierta contra nuestro más sagrado texto político: la Constitución”.

Elecciones de gobernadores, alcaldes… y diputados de Amazonas

La última vez que Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, le habló al país, anunció la postergación de las elecciones para gobernadores que según el artículo 160 de la Constitución, debían realizarse en diciembre de 2016. No dio razones para justificar la dilación, ni fecha concreta para los comicios. Solo asomó que los mismos se realizarían en el primer semestre de 2017. A días para que finalice enero, se desconoce el cronograma del CNE.

Aquel 18 de octubre, Lucena también informó que las elecciones para las 335 alcaldías se efectuarían en el segundo semestre de 2017, tal y como lo dispone el artículo 174 de la Constitución. No obstante, la ausencia del calendario electoral y las reiteradas declaraciones de personeros del Gobierno asegurando que mientras dure la emergencia económica no será posible realizar elecciones, han hecho sonar las alarmas de los ciudadanos.

Escepticismo aparte, la oposición sí tiene razones para dudar de la celeridad que el CNE le imprima a la realización de elecciones, máxime cuando las encuestas indican la pérdida de popularidad del chavismo. Después de todo, los amazonenses llevan más de un año sin representación parlamentaria por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, violando los artículos 125 y 186 del texto constitucional, sin que el CNE se haya dado por aludido.

El Sebin no acata decisiones de tribunales

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), también conocido como policía política, anda de su cuenta. No acata órdenes de jueces, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ni fiscales del Ministerio Público desde que el general Gustavo González López asumió las riendas de ese cuerpo de seguridad hace unos meses.

“Zoraida Castillo, integrante de la defensa de los 14 polichacao detenidos por el supuesto asesinato del periodista Ricardo Durán el 19 de enero del 2016, denunció al director del Sebin, Gustavo González López ante la Fiscalía 85 nacional, por no aceptar las boletas de excarcelación emitidas por el Tribunal 7° de Control, luego de que acordó la libertad condicional; es decir, medidas de presentación”, dice una nota publicada por El Nacional el 4 de enero de 2017.

Una situación similar enfrenta el dirigente de Voluntad Popular Yon Goicochea, quien permanece recluido en los calabozos del Sebin, pese a que un tribunal de control le otorgó la libertad plena el pasado 5 de diciembre de 2016. Sus familiares y abogados han denunciado que los funcionarios de la policía política se niegan a liberarlo.

Recientemente Runrun.es tuvo conocimiento del caso de un detenido al que funcionarios del Sebin exigían el pagó de 10.000 dólares para ejecutar la orden de excarcelación emitida por el tribunal. “El 20 de diciembre de 2016 el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas emitió una boleta de excarcelación con el número 013-2016 en la que se ordena al ciudadano jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) poner en libertad al ciudadano Niroumand Iraj, titular de la cédula de identidad E- 84.397.275… toda vez que este Juzgado… acordó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad…”.

Con estas arbitrariedades, el Sebin viola el artículo 44 de la Constitución de Venezuela, referido a que la libertad personal es inviolable y en consecuencia: “Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta”, según lo establece el numeral 5.

Dinero público a rienda suelta

Todo ocurrió en apenas un mes. El pasado 3 de octubre, Nicolás Maduro consultó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la posibilidad de conseguir la aprobación del Presupuesto Nacional de 2017 sin que este fuera sometido a discusión en la Asamblea Nacional (AN), un movimiento que haría amparado en el desacato en el que el Parlamento había incurrido tras desoír varias sentencias emanadas por el Poder Judicial. Diez días después, el máximo tribunal le dio el visto bueno al primer mandatario y este le envió la ley en cuestión sin pasar por el “go” de los diputados de oposición.

Por primera vez en 18 años, la Presidencia pasó por encima de la Constitución Nacional de la República en lo que a esquema presupuestario se refiere. En el artículo 311, se establece que tanto este como la Ley de Endeudamiento Público, deben ser aprobados por el Legislativo. Además, el artículo 313, señala que “si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por ésta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”.

Pero las violaciones no llegaron hasta allí. A pesar de que los medios oficiales afirmaron que la Ley de Presupuesto y la de Endeudamiento se habían publicado a través de dos decretos (2.482 y 2.483) en la Gaceta Oficial N° 41.009, del pasado 14 de octubre de 2016, esto no sucedió. Sólo la de Endeudamiento se puede ver en línea, no así el esquema presupuestario que asciende a 8,4 billones de bolívares.

Pese a que se obvió tal publicación, un requisito indispensable para que pueda ejecutarse cualquier ley, la Oficina Nacional del Tesoro ya comenzó con las erogaciones del presupuesto. Así lo demuestra la web de la institución donde se señala que, para la semana del 23 al 27 de enero de 2017, se gastaron más de 151 millones de bolívares. La mayor parte del dinero fue a parar a los sueldos de los empleados públicos.

Aumentos de sueldo

El artículo 111 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo reza que el Ejecutivo Nacional podrá decretar aumentos salariales cada vez que lo considere necesario y debe ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales, morales e intelectuales del trabajador. “A tal fin realizará amplias consultas y conocerá las opiniones de las distintas organizaciones sociales e instituciones en materia socioeconómica”.

El gobierno de Maduro ha pasado por encima a las regulaciones establecidas por el propio chavismo en materia laboral y tomado la batuta en solitario. Cinco incrementos de sueldo ha llevado a cabo la actual administración desde marzo del año pasado de manera inconsulta con empresarios, sindicatos, trabajadores y la propia Asamblea Nacional.

El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, sostuvo que la actual gestión gubernamental ha violado los convenios con la Organización Internacional de Trabajo. “Específicamente el número 26 que responde a la fijación de salario que debe hacerse en un ámbito tripartito, el gobierno está obligado a sentarse con empleados y representantes legítimos de los empresarios como nosotros”.

No solo Martínez, sino miembros de otros sectores han expresado su descontento por los incrementos, el más reciente de 50% hecho el pasado 8 de enero y que dejó el ingreso mínimo en 40 mil 638 bolívares sin incluir el ticket de alimentación.

A juicio de varios analistas, los constantes aumentos solo traen como consecuencia desempleo, inflación y cierre de industrias.

“Decretan aumentos salariales seguidos, tratando de compensar sin éxito el avance de la inflación”, argumentó León Arismendi, director del Instituto de Altos Estudios Sindicales. “Aquí los sueldos van por las escaleras, mientras que los precios de los productos por el ascensor”, agregó.

Escuchas de conversaciones privadas

Representantes del gobierno recurren tanto a la práctica de grabar y difundir comunicaciones privadas para atacar adversarios políticos que tiende a considerarse normal. Pero es ilegal desde el punto de vista constitucional. En el artículo 48 de la Carta Magna se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas y que solo podrán ser interferidas por orden de un tribunal competente.

Aparte, la Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones, promulgada en diciembre de 1991, establece que el Estado, a través de órganos judiciales, únicamente puede grabar conversaciones privadas relacionadas con corrupción, delincuencia organizada y temas de seguridad del Estado y será de uso exclusivo de las autoridades judiciales y policiales. El que viole la prohibición de divulgar esa información obtenida (incluso los que instalen aparatos para grabar conversaciones), puede enfrentar hasta 5 años de prisión.

El Código Orgánico Procesal Penal (Coop) establece que este tipo de grabaciones solo pueden ser difundidas si cuentan con una autorización judicial.