Entre los ataques se registraron 26 casos de estigmatización, 10 de intimidación y hostigamiento, 9 de amenaza, 2 de detención arbitraria, 2 de judicialización y uno en el apartado otros
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) advirtió sobre el recrudecimiento de la criminalización contra los defensores de derechos humanos (DDHH) en Venezuela.
Mediante su reporte mensual, la organización reportó que durante el mes de julio se registraron 50 ataques e incidentes de seguridad en el país.
Según la ONG, esos ataques evidencian los «patrones sistemáticos de agresión que hacen parte de la política de criminalización«, que se aplica contra organizaciones y personas defensores de DDHH y de acción humanitaria.
En ese sentido, advirtieron que no cesan los riesgos para aquellos que se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos humanos.
Caracterización de los ataques
De acuerdo con el CDJ, los patrones más de agresión se aplicaron con más fuerza contra aquellos que realizan actividades relacionadas con la reivindicación y protección de los derechos.
En consecuencia, personas y organizaciones se enfrentaron a distintos patrones de «violencia, represión y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor».
Asimismo, se documentaron nuevas detenciones «arbitrarias» y se iniciaron nuevos procesos de judicialización. También, según la ONG, persistió el hostigamiento judicial y el uso del derecho penal para criminalizar bajo la lógica del enemigo.
Durante el mes de julio, el liderazgo sindical fue víctima de un aumento de la persecución y de la represión en represalia por sus actividades de exigencia por la reivindicación de derechos sociales.
Entre los ataques se registraron 26 casos de estigmatización, 10 de intimidación y hostigamiento, 9 de amenaza, 2 de detención arbitraria, 2 de judicialización y uno en el apartado otros.
Víctimas de los ataques
De todos los ataques que se registraron en julio de este año, el CDJ señaló que 30 fueron individualizados dirigidos en contra de organizaciones de DDHH, equivalente a un 60% del total.
Por su parte, 20 de los hechos se individualizaron contra personas defensoras de derechos humanos, representando el 40% restante.
En cuanto a los casos, destacaron las detenciones arbitrarias y judicialización de los líderes sindicales y defensores de derechos humanos Emilio Negrín y Gabriel Blanco.
Responsables
De acuerdo con el Centro para los Defensores y la Justicia, los principales responsables de los ataques e incidentes de seguridad documentados durante julio se distribuyeron de la siguiente manera:
- 14 de los ataques (28%) los perpetraron funcionarios públicos. Haciendo uso de sus redes sociales o declaraciones en medios de comunicación, estigmatizaron, amenazaron e intimidaron.
- 14 de las agresiones (28%) fueron realizadas por personas o agrupaciones afectas a los intereses políticos del Estado, y actores armados no identificados. Principalmente, incurrieron en amenazas y actos de intimidación y hostigamiento.
- 11 (22%) fueron efectuados desde los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en redes sociales.
- 9 de los hechos (18%) fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas como el Ministerio Público y los Tribunales.
- 2 de los ataques (4%) los ejecutaron organismos de seguridad del Estado como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La lógica del enemigo interno aplicada a la defensa de DDHH
A juicio del CDJ, bajo la lógica del «enemigo interno», el Estado insiste en ubicar a defensores de DDHH como actores que deben neutralizarse y se comenten agresiones en represalia.
También, consideran que con base en patrones de agresión y amedrentamiento, «se fortalece el carácter sistemático de la criminalización y represión de la defensa y exigencia de DDHH».
Como parte de lo que llaman «discurso de odio y desprestigio», a organizaciones y defensores de DDHH se les acusó de promover actividades injerencistas en el país, de terroristas, desestabilizadoras y se cuestionó la independencia y autonomía de su labor.
