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Espacio Público: Casos de violación a la libertad de expresión suben 28 %
De acuerdo con la ONG, septiembre «cerró como el mes que más casos de violaciones a la libertad de expresión» ha registrado en lo que va de 2022

 

Foto: Medianálisis

Un reporte de la ONG Espacio Público divulgado el 3 de octubre reveló que en Venezuela hubo 27 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión en septiembre, lo que representa un aumento del 28 % respecto a agosto, cuando se documentaron 21 hechos. 

De acuerdo con la ONG, septiembre «cerró como el mes que más casos de violaciones a la libertad de expresión» ha registrado en lo que va de 2022. En su mayoría, se documentaron censura, restricción administrativa e intimidación.

En enero de 2022, Espacio Público registró 24 casos; en febrero, 19; en marzo, 20; en abril, 8; en mayo, 11; en junio, 12; en julio, 15; y en agosto, 21. Fueron, en total, 157 casos en los primeros nueve meses del año.

Las «principales víctimas de violaciones a este derecho fundamental en septiembre fueron los medios de comunicación». A este grupo le siguen la «ciudadanía en general» y periodistas, mientras que los «principales victimarios» fueron las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad, «desconocidos» y funcionarios.

En todo 2021, esta organización documentó 244 casos de violaciones a la libertad de expresión. Esta cifra, si bien representa una reducción de 37 % respecto a 2020, «no implica una mejora estructural de la situación», según Espacio Público.

En 2020, se computaron 390 casos; en 2019, se contabilizaron 468; en 2018, se registraron 387; y, en 2017, se llegó a un pico de 708.

Espacio Público documenta interrupciones al servicio de internet

A finales de septiembre, Espacio Público presentó un informe en donde evidencia que entre enero y agosto de 2022 las interrupciones del servicio de internet no solo limitan el derecho de la población a acceder a información de forma oportuna, sino también la posibilidad de difundirla.

Según la ONG, durante esos ocho meses se documentaron al menos 50 interrupciones generales del servicio de internet, lo cual supone un incremento del 284% con relación al número registrado en el mismo periodo del 2021. 

«La alta incidencia de este tipo de casos sumó a las restricciones a la libertad de expresión en línea, los cuales ascendieron a 74 episodios, lo que se traduce en el 58% del total de los casos de violación a la libertad de expresión registrados en lo que va de 2022″, se lee en el informe.

Espacio Público indicó que las fallas fueron generadas principalmente por las constantes caídas del sistema eléctrico, administrado por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y deficiencias en el servicio que presta el principal proveedor de telecomunicaciones del país, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Con información de EFE

DDHH olvidados | Justicia a medias en el caso de César Pereira
César Pereira recibió un impacto de una metra grande en el abdomen que le disparó un policía del estado Anzoátegui en una protesta. Murió en mayo de 2017 a los 20 años

@ValeriaPedicini

“Dispárame, pues”. 

Los compañeros de “La Resistencia” de César Pereira escucharon al muchacho decirle a un funcionario de la Policía del estado Anzoátegui. Era 27 de mayo de 2017, un día más de protesta opositora contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las calles de Lechería estaban cargadas de manifestaciones, adrenalina y enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado. 

El muchacho de 20 años se enfrentó, sin miedo, al que lo apuntaba directamente. Al instante siguiente, recibió un impacto de una metra grande en el abdomen del que no se recuperaría más.

En medio del shock y los gritos, a César lo llevan de emergencia a la Clínica Municipal de Lechería. Cuando los médicos lo reciben, le da un infarto, logran aplicarle resucitación cardiopulmonar y lo suben rápido a una ambulancia, ahora camino hacia el Hospital Las Garzas. 

Ahí una cadena de la policía municipal les impidió el acceso. El director del hospital dijo que no iban a recibir a un guarimbero. La respuesta del centro de salud hizo que las personas que acompañaban el vehículo protestaran. El destino ahora era la Policlínica Puerto La Cruz. 

Antes de ingresar a quirófano, al joven le dio un segundo infarto. Los doctores lo revivieron y lo sometieron a una intervención que llevó 10 horas y que hubo que practicarle sin anestesia, debido a la gran cantidad de sangre que había perdido.

“Gracias a Dios, que hubo los medicamentos. Hubo mucha gente que le donó sangre a César. Hubo muchos médicos de todas las ramas ayudando a mi hijo”, su madre cuenta  Zulimar Villegas.

Su madre estaba en camino a Caracas cuando le avisaron que a su hijo lo habían herido de gravedad. De inmediato se regresó a Anzoátegui, a tiempo para pasar a ver a César en terapia intensiva. 

Tres horas después, a César le dio otro infarto. 

Cuando yo me acerco, que lo tengo abrazado, y estoy hablando con él, suena el pitico que indicaba que ya César había fallecido… Me salí de la habitación como una loca… y salí corriendo por toda la clínica. Cuando llego a la puerta, estaba mucha gente, muchos amigos de César, familia, y cuando me ven supieron que César había muerto”.

Eran las 6:15 am del domingo 28 de mayo.

¿Quiénes son los responsables del asesinato de César?

César era un muchacho muy conocido en la comunidad donde vivía. Tenía un espirítu voluntarioso, carismático. Su interés por el activismo de calle lo llevó a ser captado por el Partido Voluntad Popular y convertirse en dirigente juvenil. 

Estudiaba tercer semestre de Publicidad y Mercadeo en el IUTIRLA y formaba parte de «La Resistencia», el grupo de jóvenes surgido en respuesta a la represión de las manifestaciones que se dieron en todo el país. Cuentan que su escudo lo armó con una antena de DirecTV y le pintó el escudo nacional.

El Ministerio Público comisionó al fiscal 20º del estado Anzoátegui, Luis Gonzalo Galindo, para investigar la muerte del joven. A partir de allí, el equipo de abogados y Zulimar Villegas enfrentaron un largo litigio, lleno de retardos procesales y todo tipo de contrariedades.

El 26 de mayo de 2021, a escasas 24 horas de cumplirse cuatro años de su asesinato, el defensor José Santoyo informó que se logró la condena del oficial de Polianzoátegui, Onán Pereira.

Le fueron imputados cuatro delitos y lo sentenciaron a 26 años de cárcel, orden emanada por el Tribunal de Juicio 3, del Palacio de Justicia de Barcelona, dirigido por la jueza Juliyen Rodríguez.

Los delitos imputados a Onán Pereira fueron homicidio intencional calificado por motivos fútiles o innobles, uso indebido de arma orgánica, manipulación de municiones y concurso real de delito. Por haber quedado establecido que cometió delitos de lesa humanidad, Pereira no tendría derecho a ningún beneficio. 

Asimismo, el sentenciado tuvo dos oportunidades para admitir los hechos, pero no lo hizo.

“Todos los elementos probatorios fueron admitidos, se corroboró que los policías manipulaban las municiones con metras”, dijo el abogado.

Si bien Santoyo destacó que esta es la primera sentencia que se dicta en el país en referencia a los casos de muertes de ciudadanos durante las protestas de 2017 contra el gobierno de Maduro, aclaró que insistirán ante al Ministerio Público para que se haga la investigación sobre la cadena de mando responsable, así como en identificar la participación de otros funcionarios que declararon en el juicio y que dispararon aquel día. 

“Se hizo una experticia a las armas de los policías y casi todas tenían restos de vidrio en los cañones. Es decir, se pudo corroborar que los funcionarios de Polianzoátegui sustituyeron las municiones por metras para disparar a los manifestantes”, aseguró a los medios de comunicación.

Santollo informó que los implicados serían cuatro funcionarios que estaban de comisión ese día de la protesta y a la cadena de mando.

La sentencia contra el responsable de la muerte de César fue una decisión agridulce para su familia. Aunque el funcionario que le quitó la vida recibió su castigo, nadie le devolverá su hijo a Zulimar Villegas. 

A pesar de lo que ha tenido que sobrellevar, la madre de César también manifiesta su intención de continuar: “Yo sigo buscando justicia, sigo levantando la voz. Quien me llame, mira, Zuly, una entrevista, mira Zuly, tienes que ir para la China porque quiero hacer un homenaje para tu hijo, para la China voy a ir, porque yo sigo su legado. Yo se lo prometí y así va a ser”.

DDHH olvidados | Hecder Lugo fue escondido a una protesta opositora y nunca regresó: un GNB le disparó en la cabeza
Hecder Lugo acudió a una protesta en el estado Carabobo en 2017, sus padres no lo sabían. Un efectivo de la GNB lo hirió en el abdomen y luego a quemarropa en la cabeza

@ValeriaPedicini 

Héctor Lugo llegó a su casa del trabajo y su hijo Hecder estaba en su cuarto, chateando en la computadora. Estuvo de guardia y llegó tan cansado que casi no intercambió palabras con su él. 

A las 3:00 de la tarde lo llamaron los amigos y le avisó a su padre que saldría. Le recordó que “la vaina estaba muy fea”,  pero Hecder lo tranquilizó con un: “No te preocupes, papá. Voy aquí mismo y vengo”. En teoría, iba a casa de un amigo de la zona. 

Aunque casi nunca protestaba, el joven de 20 años salió de casa sin decirle a sus padres que iba a una concentración en el sector Tulipán del estado Carabobo. Su madre Daysi Pérez temía por su vida: continuamente le escondía las llaves para que no se fuera y si los amigos se acercaban a su residencia a buscarlo, ella los corría. No lo quería en la calle entre tanta manifestación y, sobre todo, represión. 

Pero el 4 de mayo de 2017, Hecder fue a una protesta y nunca regresó. 

¿Qué le pasó a Hecder?

La marcha de aquel día era para exigir justicia por los jóvenes caídos en manos de cuerpos de seguridad del Estado durante los más de 30 días que habían transcurrido de protestas callejeras. El lema era “Ni un muerto más”. 

En Valencia, los estudiantes de la Universidad de Carabobo habían organizado una clase magistral abierta en el distribuidor El Trigal en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. En uno de los “trancazos” del sector Tulipán se escabulló Hecder escondido de sus padres. 

Su muerte, al igual que otras durante las protestas de 2017, quedó registrada en videos de los celulares de los manifestantes que se encontraban ese día con él. En la grabación se escucha una detonación y un grito: “¡Malditos cobardes!… Hay un muerto”. 

Los amigos de Hecder vieron cuando un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana lo hirió primero en el abdomen. Después se acercó al muchacho, que ya estaba tendido en el suelo, puso la pistola en la frente y apretó el gatillo. 

En los videos se ve a sus compañeros intentando rescatarlo en medio del enfrentamiento con la guardia. Hecder fue trasladado al Centro Médico Valle de San Diego, pero ingresó en la emergencia sin actividad cerebral. Tuvo pérdida de masa encefálica. Los médicos que lo recibieron confirmaron heridas en el abdomen y un tiro en la frente con orificio de entrada y salida. 

Estuvo 15 horas luchando por su vida, pero el viernes 5 de mayo en la mañana se confirmó su muerte. Ese jueves en Los Tulipanes, el sector de la céntrica ciudad de Valencia donde protestaban, hubo cuatro heridos. El único muerto: Hecder Lugo.

Hecder es una de las 19 personas que murió en Carabobo durante las manifestaciones de 2017. Este fue el quinto estado en donde sucedió la mayor cantidad de homicidios en medio del conflicto, después de Distrito Capital, Miranda, Lara y Táchira. El nombre del joven también está entre las 31 personas caídas por ataques de la Guardia Nacional contra quienes protestaban.

El muchacho pertenece a la franja que edad en la cual se registró la más alta cantidad de muertes: 83 personas (de un total de 158), entre los 18 y 30 años de edad, perdieron la vida en las protestas de 2017.

Con pruebas, sin justicia

Daisy estaba haciendo unos helados cuando recibió la llamada de uno de los amigos de Hecder que había ido a buscarlo ese día más temprano. Le dijo que a su hijo le habían dado un tiro. “Yo me quería morir, quedé en shock y ni siquiera pude salir de la casa a buscarlo”. 

Familiares, amigos y manifestantes que conocieron su caso en redes sociales asistieron al sepelio de Hecder en el cementerio Jardines del Recuerdo en Valencia. 

El 6 de mayo, los padres del joven amanecieron aferrados al ataúd de su hijo que ahora reposa en el cementerio Jardines del Recuerdo, en Valencia. 

El Ministerio Público designó al Fiscal 34º nacional y el 28º del estado Carabobo para investigar el caso. Fue este último quien les confirmó a los familiares que los cartuchos del arma con que mataron al joven habían sido manipulados con materiales metálicos. La autopsia reveló presencia de metal en el cerebro.

“Cuando sale Luisa Ortega y entra Tarek William Saab nos pusieron unos abogados del gobierno, pero yo no quiero saber nada de este gobierno no quiero nada de ellos porque no sé con qué propósito lo hacen y ellos son los culpables de que mi hijo no esté vivo”, asegura la madre de Hecder.

En 2018 se conoció que el Fiscal 28º del estado Carabobo se había ido del país. “Cuando estaba Luisa Ortega nos garantizaron que se haría justicia, pero con su salida todo quedó en el limbo”, cuenta Daysi Pérez.

A su padre le cuesta dormir después de haber visto los videos de la GNB disparando a su hijo. Los muchachos intentando rescatarlo en medio de la protesta, Hecder herido en el piso, bombas lacrimógenas todavía cayendo cerca de su cuerpo… el funcionario que le dispara a quemarropa. 

A pesar de la existencia de los videos y testigos del asesinato, los padres de la víctima desconocen si existen órdenes de detención o imputaciones contra los uniformados que le dispararon en la frente al muchacho. 

“Lo que hago es pedirle fortaleza a Dios para que se me pase esto y haya justicia, pero no es fácil” dice la madre de Hecder. 

DDHH olvidados | Ariana Granadillo, tres veces injustamente detenida y torturada
Ariana Granadillo fue arbitrariamente detenida en tres oportunidades en menos de tres meses por cuerpos de seguridad del Estado. Fue víctima de tratos crueles, torturas y violencia de género

@ValeriaPedicini 

No una, ni dos. Ariana Granadillo ha sido desaparecida y arrestada tres veces por cuerpos de seguridad del Estado. ¿Su delito? Ser familiar del coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Oswaldo García Palomo y encontrarse en su vivienda cuando efectivos fueron tras él. 

La joven de 21 años era estudiante de cuarto año de Medicina y hacía sus pasantías en el hospital Victorino Santaella de Los Teques, estado Miranda. Al ser oriundos de Monagas, los familiares del coronel le ofrecieron su vivienda en San Antonio de Los Altos para que pudiera asistir a sus prácticas en el centro de salud. Ariana apenas tenía una semana viviendo en la quinta cuando todo en su vida se vino abajo. 

Eran alrededor de las 11 de la mañana del 1 de febrero de 2018 cuando entre 20 y 30 hombres encapuchados, algunos uniformados con el logo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), entraron a la casa. Buscaban al coronel, acusado de delitos de terrorismo, conspiración y rebelión militar, pero se había ido dos días antes a una finca. En la residencia solo estaban la esposa de García Palomo, sus hijos, una prima de Ariana y ella. 

Inmediatamente, arremetieron contra la esposa y el hijo del coronel. “Los golpearon delante de nosotras, nos hicieron quedarnos en la sala de la casa y también empezaron con el interrogatorio”, cuenta Ariana. A su prima y a ella también las golpearon para que dieran información sobre el paradero del coronel. “Nos informaron que se le acusaba de terrorismo y traición a la patria. Les dimos las respuestas que teníamos: que no sabíamos por qué se les estaba acusando de eso”. 

Se llevaron detenidos a la esposa y al hijo del coronel. También sacaron pertenencias de la casa: ropas, dispositivos electrónicos, electrodomésticos. En la vivienda se quedaron la hija del coronel, su prima y Ariana. Antes de irse, los efectivos les dijeron que debían quedarse en la casa, que no podían salir; tampoco le dieron otra opción: dejaron un vehículo afuera de la vivienda para que no salieran. 

A pesar del susto, pensaron que ya estaban a salvo, que ya no habría problema. Pero al día siguiente regresaron por ellas. Sin orden judicial, las sacaron de la vivienda. La primera detención de Ariana. “Me llevaron con mi prima, nos dijeron que iban a hacer unas preguntas rápidas, que nos iba a llevar 30 minutos nada más y que luego nos regresaban a la casa. Ellos estaban conscientes que nosotras no teníamos nada que ver con el caso y fuimos”. 

Pero lo que parecía ser algo rápido, pronto se convirtió en el principio del terror que le tocaría vivir. “Nos pusieron una capucha a mitad de camino. Nos dijeron que desde ese momento, las cosas ya eran distintas, que ellos eran dueños de nuestras vidas y que teníamos que hacer todo lo que ellos nos pidieran”, dijo Ariana. 

Las obligaron a bajarse en un lugar, las hicieron subir tres tramos de escaleras y las tiraron en el piso de un baño, todavía encapuchadas y con las manos atadas detrás de la espalda. 

Uno de los efectivos que se quedó cuidándolas se acercó a Ariana, le puso una navaja en la cara y le dijo: “Te voy a quitar la capucha. Si me ves la cara, te voy a cortar”. La joven se quedó con los ojos fuertemente cerrados. El hombre comenzó a tocarle el pelo, el cuello y su pecho. 

En la madrugada, fueron a interrogarlas varias veces entre distintas personas. “Querían información del coronel, dónde estaba. Por nosotras vivir en la casa, ellos suponían que teníamos información de las reuniones, de las personas con las que se encontraba, de todos los planes que él tenía y realmente no. No teníamos ninguna información, pero eso no evitó que nos torturaran y que se hicieron muy difíciles todas las horas en ese lugar”. 

Ariana estuvo desaparecida por dos días, sus padres no sabían de su paradero. En aquella oportunidad la torturaron física y psicológicamente. La golpearon, le propinaron descargas eléctricas en las costillas, en las piernas, en el pecho y en la espalda. Hasta para ir al baño y cambiarse tenía que hacerlo frente a los hombres que estaban ahí. Uno de ellos fue quien la había tocado la primera vez. “Nos halaron por el cabello, nos dieron golpes por el abdomen. De eso quedaron hematomas de los golpes. Fue en repetidas ocasiones y de distintas maneras”. 

La pesadilla se hizo realidad

La segunda detención ocurrió el 24 de mayo. Los familiares del coronel salieron del país y, debido a las secuelas psicológicas por la primera desaparición, los padres de Ariana viajaron de Monagas hasta San Antonio de los Altos para hacerle compañía. “Los estudios se me hacían muy complicados, el trauma, la paranoia de volver a pasar por una situación similar. Y como me encontraba en el mismo sitio, el miedo seguía latente”. 

En esa oportunidad, Ariana estaba durmiendo cuando los efectivos fueron por ella. Obligaron al vigilante de la urbanización a tocarles la puerta para que el padre de Ariana abriera. Lo apuntaron y le preguntaron dónde estaban. “Nos buscaron sin despertarnos y nos hicieron bajar hasta la sala. Yo entré en un momento muy difícil cuando veo que eran las mismas personas, cuando veo que iba a volver a pasar por algo igual, algo que todavía no había superado”. 

Le dijeron que volverían a llevarsela para interrogarla. Alegaban que por el simple hecho de estar en esa casa la señalaban como una cómplice del caso que llevaban en contra del coronel. Pero no solo se la llevaron a ella, sino también a sus padres. 

Estuvieron siete días en una casa ubicada en Fuerte Tiuna, una urbanización militar. “Fue más rudo que la anterior. El interrogatorio fue más fuerte. Hubo asfixias en dos oportunidades. La primera sí la pude soportar, pero en la segunda perdí la conciencia”. De las cosas más duras fue escuchar cómo interrogaban y golpeaban a sus padres. 

El Foro Penal realizó la denuncia ante fiscalía el 29 de mayo por la desaparición de la familia. Y el 31 de mayo fueron liberados bajo amenazas, incluso no les permitieron volver a la casa en San Antonio ni sacar sus pertenencias.

Huir

Al liberarlos, sabían cuál era el siguiente paso: salir de Venezuela. Planearon todo para emigrar de forma regular en julio, pero por tercera vez detuvieron a la joven. “Iba con mis papás en un (autobús) Expreso. Cuando nos acercamos a la frontera en San Antonio del Táchira nos detuvieron en una alcabala. Nos hicieron entregar las identificaciones a todos y en ese momento, me llamaron a mí, me dijeron que había una orden de captura en mi contra”. 

Le explicaron que Ariana estaba acusada por instigación a la rebelión militar y traición a la patria, además de estar solicitada por un tribunal militar, a pesar de que ella es una civil. Por consejo de los abogados del Foro Penal, organización que llevaba su caso, los padres de Ariana cruzaron la frontera mientras ella fue llevada a Caracas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Según publicó en sus redes sociales el director del Cicpc, Douglas Rico, Ariana estaba solicitada por el Juzgado Militar Segundo de Control de Caracas de fecha 27 de mayo por el delito de rebelión militar.

“Tenía una orden de captura del 27 de mayo, de cuando ella se encontraba desaparecida. Nosotros denunciamos su desaparición en la fiscalía y llevan a esa causa”, explicó Romero.

“Estuvo unos ocho o nueve días en ese transcurso. Me llevaron a dos puntos del Cicpc, que fue el organismo que me detuvo. Tenía que compartir el espacio de celda con presas comunes. No me dieron derecho a ducharme o al alimento. Fueron días muy difíciles”, señala Ariana. 

Al quinto día después de su detención llegó a Caracas, al sitio donde la iban a recluir, mientras esperaba el juicio en tribunales. La liberaron con medidas cautelares, bajo régimen de presentación cada ocho días. 

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Ariana ni lo pensó dos veces: salió del país. Emigró de forma irregular, sin ningún documento de identidad que le permitiera volver a estudiar. Sin sus papeles de secundaria, su partida de nacimiento o cédula. “Yo salí de Venezuela sin absolutamente nada, porque todo ellos se lo llevaron en el allanamiento”. 

Para ella, haber abandonado su carrera ha sido una de las cosas más duras de haber pasado por esta situación. “En 2020 me hubiera graduado de Medicina y tuve que dejarlo todo. Se ha hecho muy complicado continuar con mis estudios, a pesar de que las ganas las tengo, por lo menos empezar una carrera desde cero. Pero no se ha podido porque obviamente al no contar con los papeles, no se puede”.

El caso de Ariana y su familia fue documentado para el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, donde se recopilaron actuaciones del Estado venezolano que formarían parte de una política de represión y conducta sistemática que constituiría crímenes de lesa humanidad.

“La Misión tiene motivos razonables para creer que Ariana Granadillo, Argenis Granadillo, Sorbay Padilla y al menos otros cinco familiares fueron objeto de detenciones arbitrarias, desaparición forzada a corto plazo y tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, la Misión tiene motivos razonables para creer que se perpetraron actos de violencia sexual contra Ariana Granadillo y Argenis Granadillo en forma de agresión sexual, amenazas de violación a familiares y amenazas de mutilación genital, como parte de la tortura perpetrada contra ellas”, reza el informe. 

Ruta Verde: Queremos que se abra el debate público nacional sobre el aborto
Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos están impulsando el Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
La campaña Ruta Verde busca más de 21 mil firmas para que el debate sobre el aborto sea introducido de manera directa en las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional
Este 28 de septiembre, Dia de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, colectivos y activistas marcharán desde la plaza Morelos hasta el Parlamento 

@ValeriaPedicini 

Venezuela es uno de los países de la región con las mayores restricciones sobre el aborto en su legislación: solo es permitido cuando la vida de la madre está en peligro. No es legal en casos de incesto o violación. 

Es un hecho que las mujeres en Venezuela abortan: en un estudio realizado por Avesa en 2019, se documentó que por cada cuatro partos atendidos en Venezuela, uno es un aborto clandestino. El promedio es de 15 abortos por día, más de 2.200 en el año. 

Pero en Venezuela el tema suele quedarse en las sombras o en círculos de feministas, activistas, organizaciones o movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. En parte, por una fuerte presencia de grupos e ideas religiosas, así como una sociedad en la que sigue habiendo una imagen sobrevalorada de la maternidad. 

Mientras el resto de países de América Latina avanzan en la discusión y en la despenalización, en Venezuela el aborto sigue siendo un tabú y un debate postergado en los espacios de toma de decisión. 

Es por eso que alrededor de 25 organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos se agruparon en la plataforma social Ruta Verde para impulsar el Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de cara al Dia de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El proyecto consta de 18 artículos e incluye una campaña nacional para recoger más de 21 mil firmas de electores del padrón electoral e introducir por iniciativa popular este proyecto de ley en la Asamblea Nacional que fue electa en diciembre de 2020 y que es controlada por el chavismo.

“Esta es una propuesta de ley que surge de la preocupación como colectivas feministas que estamos en los territorios y que hacemos investigación sobre los derechos sexuales y reproductivos. Nos preocupa que no existe atención ni prevención de embarazos no deseados, de los abortos inseguros. Nos preocupan los embarazos adolescentes y las maternidades forzadas debido a este marco de penalización y delimitación con respecto al ejercicio pleno de estos derechos humanos”, expresa Laura Cano, integrante de la ONG Tinta Violeta y de la plataforma Ruta Verde.

La idea surgió inicialmente del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (CEDESEX), organización que presentó el proyecto en el marco de las mesas de trabajo que se han venido llevando a cabo en la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la AN, a raíz de la marcha multitudinaria e histórica del pasado 28 de septiembre en Caracas. 

“Nos articulamos y fuimos como Ruta Verde para discutir y presentar este proyecto con unos cambios”, asegura Cano. Organizaciones como Tinta Violeta, Faldas R, Avesa, Muderes también hicieron aportes en las disposiciones de los artículos y capítulos del proyecto de ley. 

Cano explica que el proyecto de ley que quieren impulsar desde la Ruta Verde pone sobre la mesa una política amplia de educación sexual: busca garantizar la educación sexual integral en todos los niveles educativos, una sexualidad libre de violencia, el parto humanizado, el acceso a métodos anticonceptivos, el derecho al acceso a los avances científicos en cuanto a la reproducción humana y la prevención y atención de infecciones de transmisión sexual.

“Es un proyecto que desde el primer capitulo se enuncia desde la no discriminación y la no violencia para el ejercicio de estos derechos humanos”, señala la activista. 

Esta propuesta, que deberá ser evaluada y debatida por el Parlamento antes de convertirse en norma, incluye en su capítulo final una disposición derogatoria de los cuatro artículos del Código Penal Venezolano que criminalizan el derecho a la interrupción del embarazo: 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor). 

¿Qué es la Ruta Verde?

La plataforma Ruva Verde nació en agosto de 2021 como una propuesta de la organización Tinta Verde. “Surge a raíz de que considerabamos que ya era momento de salir a la calle por primera vez en la historia de Venezuela en defensa del aborto seguro y acompañado como nuestro principal lema. Tiene que ver con el reconocimiento del acompañamiento y tiene que ver con la discriminalización y la despenalización del aborto y el acceso al aborto como un derecho humano”, manifiesta Cano. 

La Ruta Verde está integrada por más de 20 organizaciones feministas y sociales, provenientes de varios estados del país, que tienen diferentes posiciones socio-políticas y territoriales, pero se unieron, desde hace casi un año, por el derecho al aborto. 

El primer gran paso desde la Ruta Verde fue la movilización del pasado 28 de septiembre en Caracas. “Nunca había pasado antes en la historia de Venezuela dentro de la lucha de los movimientos de mujeres y feministas. Ahí hubo más de 400 personas que nos pronunciamos en ese momento”. 

 

Señala que la plataforma también ha permitido romper con la polarización dentro del movimiento feminista, debido a la incorporación de organizaciones con posiciones sociopolíticas diferentes.

“Digamos que desde hace mucho tiempo eso ha venido fracturando un poco el movimiento y a través de esta plataforma se ha podido oxigenar todo lo que tiene que ver con la articulación. Todo tiene un punto en común: que es la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. 

Que se abra el debate

La articulación de diferentes movimientos feministas en torno a la defensa del aborto como derecho ha sido crucial. Esto les ha permitido abrir el debate de la interrupción voluntaria del embarazo no planificado en un primer nivel: en la calle y en espacios más privados, gracias a las sensibilizaciones y jornadas en las comunidades. 

El segundo escalón ha sido impulsar la discusión en las esferas políticas, sobre todo con representantes del Parlamento para que el proyecto de ley sea considerado e introducido de manera directa en las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. 

“Más allá de que el proyecto sea aprobado o no, queremos que se abra de una vez por todas el debate público nacional y en los espacios de toma de decisión”, afirma Cano. 

Aunque ha habido apertura desde la Subcomisión de Protección Social Misiones y Grandes Misiones para debatir y reflexionar sobre el tema, la representante de Tinta Violeta señala que han notado resistencia en la derogación de los cuatro artículos del Código Penal sobre el aborto

“Nosotras creemos que no podemos seguir avanzando en legislaciones en torno a los derechos sexuales y reproductivos si no se modifica el Código Penal. Con decirte que en Venezuela la pena por el aborto se reduce cuando se realiza en nombre del honor del hombre de la familia. Eso nos parece súper grave, además que nos sigue manteniendo a las mujeres como máquinas reproductoras de bebés.  Reproduciendo el rol de madre, el rol de la sumisión. El rol del patriarcado que domina sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas y sobre nuestros destinos culturalmente”. 

Para Cano, la despenalización del aborto debe ser vista también desde las desigualdades: la criminalización que existe en el país sobre el aborto afecta de forma diferenciada a las mujeres, niñas o adolescentes empobrecidas o racializadas

“Ellas son las que van presas por abortar o acompañar mientras que las clínicas privadas se lucran sobre nuestra salud sexual y reproductiva. Por eso nos parece además que esto es una lucha no solo de género sino de clases y de derechos humanos. Un derecho humano que sabemos que hay que pelearlo, hay que lucharlo en las calles con resistencia e insistencia”.

Este argumento lo desarrollaron en el comunicado «En defensa de la vida, exigimos la derogación de los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto». Asimismo, en el texto se señala que los abortos clandestinos e inseguros son la tercera causa de mortalidad materna en Venezuela. 

Aunque el proyecto de ley no garantiza la legalidad del aborto, a partir de esta propuesta pueden surgir leyes especiales. Por ejemplo, garantizar el derecho al aborto seguro y gratuito en las condiciones donde sea legal; es decir, cuando esté en riesgo la vida de la mujer gestante. 

“Sabemos que Venezuela, aunque es uno de los marcos jurídicos más restrictivos de la región, permite el aborto por la causal de la vida. Es una demanda de los movimientos feministas de hace varias décadas cómo se lleva a cabo esa causal. No conocemos cuáles son los protocolos médicos, no conocemos cómo se lleva a cabo en la práctica y al mismo tiempo es una causal muy limitante frente a la realidad. Frente a los embarazos producto por violación, a los embarazos en la adolescencia, frente a la falta de políticas públicas y acceso a métodos anticonceptivos de manera gratuita y permanente”.

Es por esto que la campaña de la Ruta Verde contempla nuevamente una movilización este 28 de septiembre, Dia de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el que colectivos y activistas feministas marcharán desde la plaza Morelos hasta la esquina La Ceiba, cerca del Parlamento, en el centro de Caracas. 

Este año vamos a volver a salir y esperamos que seamos más de 1000 personas en las calles de Caracas. Nos vamos a pronunciar en torno al aborto legal, seguro y acompañado y exigiendo principalemente, no solo la introducción del proyecto de ley en la plenaria ordinaria de la AN, sino que con este proyecto se abra un debate público nacional, político, ético y de los derechos humanos en estos espacios de toma de decisión”.

La plataforma Ruta Verde pretende entregar su más reciente comunicado a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional el día 28 de este mes, al término de la manifestación en Caracas. 

Twitter Space | Arco Minero del Orinoco: devastación y violación de derechos humanos

Las periodistas de investigación Lisseth Boon (Runrunes), Lorena Meléndez (Runrunes) y María Ramírez (Correo del Caroní) se unieron en un Twitter Space en el que hablaron sobre la deforestación, contaminación, pobreza, corrupción y violencia al sur del Orinoco, aspectos que documentan rigurosamente en Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco, un trabajo especial publicado el 18 de septiembre por este portal.

Caos y daño ambiental

Boon contó que emprendieron este trabajo hace 10 meses con el propósito de explorar la situación del Arco Minero del Orinoco después de la pandemia. «Teníamos la información de que la explotación aurífera del sur del país había continuado, a diferencia de otras regiones  donde estaba paralizada la vida y producción de otros rubros. Nos aliamos con Transparencia Venezuela, que además utilizó parte de este material para un informe sobre economías ilícitas, y por supuesto, un aliado natural, que es el Correo del Caroní, especializado en el tema minero y ambiental por estar radicado en Bolívar».

Precisó que durante la pandemia aparecieron nuevas empresas y plantas industriales para el procesamiento de oro con el uso de cianuro.

«También, encontramos mucho más molinos, unas empresas muy misteriosas, desconocidas, algunas con muros altos y con unos letreros sin registro de identificación fiscal ni mayor información completamente a la vista de los de los transeúntes de la troncal 10, que es la carretera internacional que une a Venezuela con Brasil y es la que atraviesa los municipios mineros. La deforestación está a la vista. Antes era más difícil acceder a estas zonas, que habían sido impactadas por toda la explotación aurífera en el Arco Minero del Orinoco. Ahora podemos ver cómo va avanzando y se han talado árboles ahí; hay remoción de tierra, los principales ríos que bordean estas poblaciones mineras están completamente contaminados y con sedimentos producto de toda esta actividad minera y de sus residuos».

Boon dijo que el panorama ha cambiado considerablemente: «Cada vez aparecen nuevas empresas y esto desdice mucho del control y de la organización que pretendía crear el gobierno al decretar esta zona como el Arco Minero del Orinoco bajo la supervisión de la Corporación Venezolana de Minería, que está omnipotente, omnipresente en todas partes, está como ese sello, esa aparente presencia, que es la que autoriza y aparentemente vigila y controla toda la actividad de la explotación aurífera en en el sur del país»

Señaló, además, que lo más notorio es el caos y «un impacto no solamente ambiental, sino en la vida de los pueblos mineros, de la gente, de las comunidades indígenas. Eso es lo que lo que pudimos constatar con este viaje».

Comunidades sitiadas por grupos armados 

Ramírez, por su parte, relató que en la pandemia la minería ilegal se expandió, lo cual, por supuesto, repercutió negativamente sobre las comunidades indígenas. «Lo que ha pasado con la expansión minera es que prácticamente la invasión de los territorios ha sido totalmente evidente. No es solamente que estas minas han sido ocupadas por grupos armados, sino que los grupos armados también han instalado sectores comerciales, tarantines, ventas clandestinas, aunque son a plena vista de todos los transeúntes y de todos los que los que pasan por esta vía internacional».

Narró que durante la pandemia se creó una zona que comercial «controlada por los grupos armados que ha afectado totalmente en la vida de esta comunidad, no solamente por por la presencia de ellos, sino también porque los alimentos han aumentado porque hay tráfico de drogas y, por supuesto, de armas».

Además de eso, continuó Ramírez, tuvieron noticia de un caso reciente: un conflicto por una invasión de un galpón. «Pudimos ver que prácticamente alrededor de las comunidades indígenas y en territorios indígenas también se están construyendo molinos y plantas sin consulta previa». 

En Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco, el lector «encontrará casos emblemáticos de indígenas asesinados durante estas invasiones de territorio. Pero no solamente eso, sino también podrá conocer esta explosión demográfica, gente atraída por la explotación del oro que ha viajado al sur de Bolívar a unirse a esta actividad. Esta explosión demográfica ha colapsado mucho más los precarios servicios públicos que hay en esta zona, y prácticamente estos municipios, que son los que de donde se extrae el oro, están en las peores condiciones de servicios, de seguridad, de educación y de salud».

Durante su intervención, Ramírez también resaltó que los grupos armados que son conocidos en el sur del estado Bolívar tienen rodeadas estas comunidades. «Estos grupos armados no se conforman con que han invadido en estos territorios indígenas, sino que también ahora quieren controlar las minas que explotan las propias comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas con las que hablamos defienden la explotación de esos territorios como una forma de sustentar sus gastos. Ellos dicen ‘si nosotros pedimos en este momento, por ejemplo, que el gobierno nos resuelva algún problema que tenemos, sabemos que no lo va a resolver’. Por eso ellos defienden esa explotación como una forma de sustentar sus gastos. Pero los grupos avanzan».

Escándalos y contrabando

Meléndez hizo referencia a los nombres de civiles y militares del gobierno que están vinculados con la minería y tienen su control. Asimismo, se refirió a asesinatos y secuestros ligados a estas tramas y a empresas que han sido asociadas a escándalos políticos.

«Hay un personaje que es Eduardo Enrique González. Salió en los titulares de prensa en el año 2018 porque que el fiscal Tarek William Saab lo mencionó y acusó de ser el zar del oro. Dijo que lo lo apodaban ‘el Tati’ y que el hecho de estar al frente de esta empresa, que se llama molinos La Vanguardia, le permitió extraer y contrabandear 150 kilos de de oro, que para ese momento equivalían a unos 6 millones de dólares. Lo cierto es que, si bien hubo un señalamiento por parte de Saab, y se libraron supuestamente órdenes de detención, nunca se supo qué pasó con ellos», sostuvo.

Visite el especial: Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco

Minería ilegal profundiza crisis de derechos humanos 

En un informe divulgado este 20 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas reveló que las violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo en el Arco Minero del Orinoco.

La misión internacional creada para investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela dijo que, a pesar de la presencia militar, los grupos armados operan abiertamente y controlan minas y poblaciones, a las que someten a diversos abusos, que van desde asesinatos hasta explotación sexual de mujeres y niñas.

Según un informe de la misión, el gobierno no solo no ha hecho nada para prevenir o detener estos abusos, sino que agentes gubernamentales y de las bandas criminales actuarían en complicidad en algunas zonas del estado de Bolívar.

Según la investigación, las fuerzas del Estado atacaron en el municipio de Gran Sabana a poblaciones indígenas y perpetraron detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos, lo que muestra que la violencia en Venezuela afecta a las zonas más remotas del país y olvidadas -salvo para la extracción minera- por las autoridades nacionales.

Asimismo, se enfatiza que las actividades económicas en esa zona han creado oportunidades para que personas cercanas al poder se enriquezcan, en particular los miembros de la cúpula militar y política.

Con información de EFE

 

Recrudecen ataques a defensores de DDHH en Venezuela, según ONG
El Centro para los Defensores y la Justicia detalló que, de los 27 hechos registrados en agosto, 13 correspondieron a intimidación y hostigamiento, 9 fueron casos de estigmatización y 5 amenazas

 

La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó este 19 de septiembre que en Venezuela se registraron 27 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos (DDHH) en agosto. Aunque se trata de 46 % menos que en julio, señala la organización, se trata de «agresiones más violentas».

La organización insistió, en su reporte mensual, en que los 27 ataques documentados en agosto dejan registro de «actos de intimidación, hostigamiento, amenazas bajo la aplicación de la lógica del enemigo interno en contra de quienes ejercen actividades de documentación y denuncian las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela».

Pese a que se registraron 23 ataques menos que en julio, cuando se contabilizaron 50 incidentes contra defensores y organizaciones de derechos humanos, se incrementó la violencia aplicada en la mayoría de casos.

La ONG detalló que de los hechos registrados en agosto, 13 correspondieron a intimidación y hostigamiento, 9 fueron casos de estigmatización y 5 amenazas.

Apuntó que se mantiene la «política de criminalización en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos», al igual que las «campañas sistemáticas de estigmatización (…) señalamientos y descalificaciones».

«En agosto, persistió el discurso descalificatorio en contra de las organizaciones y personas defensoras, partiendo principalmente de expresiones de descrédito y acusaciones infundadas sobre el uso de la cooperación internacional con fines injerencistas», subrayó.

En cuanto a los victimarios, 12 de los hechos fueron responsabilidad de instituciones públicas, 7 fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado, 4 por medios de comunicación estatales, 2 por funcionarios públicos y otros 2 por personas o grupos afectos al oficialismo, según la fuente.

ISHR pide mantener foco sobre DDHH en Venezuela

El Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés), instó este martes, 30 de agosto, a mantener el foco sobre los DDHH en Venezuela.

En un texto firmado por Eleanor Openshaw, se recordó que la Misión de las Naciones Unidas ha trabajado energéticamente con “vistas a garantizar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Asimismo, se destacó que la Misión encontró pruebas de probables crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del gobierno.

También, resaltan, elaboró recomendaciones sobre cómo abordar las bases estructurales y sistémicas de una serie de «graves violaciones».

El ISHR señala, además, que han sido testigos de algunos cambios en la situación de los derechos humanos, incluso en lo que respecta al patrón de comportamiento de los autores. 

Sin embargo, consideran que esto es insuficiente. «El número de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela sigue siendo escandalosamente alto», advierten en el texto.

En ese sentido, citan cifras de la ONG Provea, quienes señalan que, a pesar de la reducción de las cifras, en 2021 hubo 1.414 ejecuciones extrajudiciales.

Con información de EFE

CLAVES | Mujeres en frontera: un análisis de la migración venezolana con perspectiva de género
Cerlas y Entretejidas se unieron para explicar las realidades migratorias con perspectiva de género
74% de las mujeres encuestadas han salido del país en los últimos cinco años
La migración se acentúa en la población económicamente activa teniendo como causa fundamental la “falta de condiciones dignas en el trabajo”

Entre las muchas consecuencias en diversos ámbitos de la vida social y personal que ha dejado la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, se encuentra el fenómeno migratorio. 

Con los años, la migración venezolana no ha hecho sino aumentar. Recientemente, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) informó que el número de migrantes y refugiados venezolanos es de 6.8 millones de personas en todo el mundo

Sin embargo, el fenómeno migratorio no impacta de igual manera a las diversas poblaciones del país. Los efectos más perjudiciales los sufren las mujeres, adolescentes y niñas, quienes se ven sometidas y son más vulnerables a diversas violencias basadas en género tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de destino.

Es por esto que el Centro para la Reflexión y Acción Social (CERLAS) y la red de activismos de mujeres Entretejidas decidieron visibilizar y denunciar las realidades migratorias con perspectiva de género a través del informe «Mujeres en frontera».

La investigación se enfocó en tres estados venezolanos que tienen en común haber sido priorizados por el Plan de Respuesta Humanitaria y que tienen preponderancia en el tema migratorio: Anzoátegui, Bolívar y Zulia. 

El género no es la única variable, también lo es el contexto territorial: debido a la fragilidad institucional, se han acrecentado factores de riesgo por la actuación de redes delincuenciales, especialmente en zonas fronterizas.

La encuesta fue implementada en una población de 188 mujeres en los tres estados mencionados para precisar datos y aspectos referentes al tema migratorio con enfoque de género: cuáles son las perspectivas y vivencias de este fenómeno en las mujeres. 

Aquí los hallazgos más resaltantes del informe:

En busca de mejores condiciones laborales

  • El flujo migratorio es un fenómeno constatable y de alto impacto en la población: 73,94% de las mujeres encuestadas viajaron fuera de Venezuela en los últimos cinco años. Tomando en cuenta que el 92% de estas viven actualmente en el país, 80% se encuentra involucrada en un “flujo migratorio”.
  • La principal razón por la que las mujeres dijeron viajar es en “búsqueda de oportunidades laborales” y la segunda es por razones “familiares”.
  • Cerca del 50% que ha tenido que migrar por diversas razones cuenta con un grado de educación secundaria y/o universitaria culminada. 10,11% de las mujeres en flujo migratorio se encuentran cursando una carrera universitaria, lo que podría ser un factor que limite su culminación, afectando así su carrera profesional.
  • Las mujeres en la adultez o edad económicamente productiva (entre los 27 y 59 años) son las más involucradas en los fenómenos migratorios, representando el 61% de las mujeres entrevistadas, un porcentaje considerablemente superior al de las demás generaciones.
  • La migración se acentúa en la población económicamente activa. La percepción de las mujeres encuestadas respecto a si en el país existen condiciones laborales dignas, 63,80% afirman que no las hay. 
  • Entre 52,38% y 69,57% no trabaja en algo relacionado a sus estudios. Esto puede ser un claro síntoma de la falta de oportunidades laborales dignas. 
  • El 66% de las mujeres en edad económicamente productiva, a pesar de que en su mayoría poseen un trabajo, reciben remesas como apoyo para completar sus ingresos, ya que declaran no contar con ingresos suficientes. 

Emigrar para acceder a salud de calidad

  • Existe una percepción generalizada de que la atención de salud en Venezuela es deficiente en comparación con el extranjero. 62,59% de las mujeres que han viajado en los últimos cinco años señala que en el país el sistema de salud y la atención médica son malas o muy malas, evidenciando la crisis del sistema público de salud. 
  • 78,20% no cuenta con una póliza de salud. 69,39% asegura no tenerlo por los altos costos. 
  • Respecto a la salud sexual y reproductiva, 44,70% de las mujeres asisten al ginecólogo de forma regular, mientras que el 55,30% no asiste o lo hace esporádicamente. De ese grupo, 54,72% no lo hace por falta de recursos económicos y el 22,64% no lo hace por diversas razones (que evidencian falta de interés y/o conocimiento).
  • Un 24% de las mujeres señaló tener desconfianza de las citas ginecológicas debido a experiencias anteriores no gratas. Por ejemplo, “el doctor usaba comentarios fuera de lugar”, “he sentido incomodidad con algunos doctores”, “tuve mal trato por parte del doctor”, “un ginecólogo haciéndose cosas mientras me veía”. 
  • A pesar de que el 73,40% de las mujeres encuestadas no desean tener más hijos, el 76,80% declaró no usar métodos anticonceptivos. 
  • Las razones más comunes para no usar métodos anticonceptivos fueron por ya no estar en etapa reproductiva o por estar esterilizadas. “Esto indica que solo ven necesario los métodos anticonceptivos como una medida para prevenir embarazos no deseados y no los contemplan, como en el caso del preservativo, como herramientas para la prevención de infecciones de transmisión sexual”.
  • En el informe “Mujeres en frontera” señalaron que la salud puede ser un factor de peso para que las mujeres salgan de Venezuela hacia otros países donde se tiene la percepción de que existe un mejor sistema de salud público. 

Estatus migratorio

  • 2 años es el tiempo que la mayoría de la población emigrante encuestada dijo haber estado fuera del país. 50,60% de las mujeres encuestadas lograron un estatus migratorio como “residente”, mientras que el 21,50% se mantuvo en una situación administrativa irregular. 
  • 54,30% tiene intenciones de emigrar nuevamente.  
  • Todas las encuestas lograron señalar al menos un riesgo para las mujeres migrantes.
  • El 51% de las encuestadas opinó que la desinformación es uno de los principales riesgos que enfrentan las mujeres venezolanas en la ruta migratoria. “El resultado se puede relacionar directamente con el nivel de informalidad con el cual se ha desarrollado el fenómeno migratorio desde el 2016, ante el cual el Estado venezolano no ha brindado información suficiente y pertinente para lograr un proceso migratorio seguro”, reza el informe. 
  • Distintas formas de violencias basadas en género aparecen señaladas por un alto porcentaje de las mujeres encuestadas. Un 43,10% opina que el acoso sexual también representa un riesgo al momento de emigrar, un 41% menciona la violencia psicológica, un 39,40% opina que la trata de mujeres y en quinto lugar con 36,20% está la violencia sexual.
  • Ante estos riesgos, las redes de apoyo realizan una labor importante de acompañamiento, concienciación y de información segura respecto a los temas migratorios. Sin embargo, el informe permitió ver que aún son desconocidas por un alto número de personas: 56,66% de las mujeres señaló no ser consciente de la existencia de las redes, mientras que un 27,70% sí logró vincularse con alguna de estas redes. 
  • Los datos con respecto a la desinformación al momento de emigrar hace necesario dar mayor conocimiento de la existencia y posibilidad de enlace con las redes de apoyo migratorias.