Luis Guillermo Espinoza fue herido de bala el 5 de junio de 2017 cuando funcionarios adscritos a la GNB reprimían una protesta en San Diego. El muchacho solo tenía 15 años
Luis Guillermo salía de una práctica de fútbol cuando se encontró de pronto en medio de la represión. Él corrió, pero se tropezó, cayó y un funcionario le disparó en la parte derecha de su rostro
Luis Guillermo Espinoza soñaba con ser futbolista profesional. No por nada sus amigos que compartieron con él su pasión por el balompié por más de ocho años lo llamaban “Totti”, como el conocido jugador italiano Francesco Totti.
Desde muy temprana edad mostró su gusto por el fútbol. Ya a los cinco años se paraba en medio de los arcos de la portería para impedir que el equipo contrario hiciera gol. No mientras estuviera ahí cuidando el marcador. Su equipo confiaba en él.
Su futuro era prometedor, pero nadie podrá saber nunca en qué se hubiera convertido: el 5 de junio de 2017 fue herido de bala cuando funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezaron a reprimir la manifestación antigubernamental.
El árbitro en la vida de Luis Guillermo Espinoza sonó el silbato para siempre. El muchacho solo tenía 15 años.
Ese día la oposición había convocado a una protesta en el sector Los Tulipanes en San Diego, estado Carabobo. Cerca del colegio de Luis Guillermo. Su madre había llamado al Colegio Buen Pastor, donde el joven estudiaba cuarto año de bachillerato, para verificar si habría clases. Le respondieron que sí y entonces le dejó dinero suficiente a su hijo para que tomara el autobús. Ella se fue a trabajar.
En horas de la tarde, Luis Guillermo salía de una práctica de fútbol cuando se encontró de pronto en medio de la represión. Él corrió, pero se tropezó, cayó y un funcionario le disparó en la parte derecha de su rostro.
“Totti” fue trasladado de emergencia para la clínica Los Arales, de allí lo llevaron hasta el centro clínico Valle de San Diego, después a la Policlínica la Viña y por último a la CHET. Ahí fue recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia.
Zulmith estaba de regreso a su casa, al sur de Valencia, cuando su hermano la encontró y le dijo que se montara en el carro porque su hijo estaba en el hospital. No le dio más detalles.
Al principio pensó que se trataba de una lesión durante la práctica de fútbol, hasta que le dijeron que fue herido en una manifestación. «Igual yo nunca imaginé que era tan grave, sino que tenía algunas heridas de perdigones en las piernas, quizá».
Pero era mucho más serio. En la tomografía que le practicaron los doctores se evidenció que había sufrido una herida por arma de fuego y que tenía una esquirla de la bala alojada en el cerebro que le produjo un edema cerebral.
El médico forense confirmó horas más tarde que se trataba de una bala. A eso se sumó que, por el impacto, Luis Guillermo perdió la visión en ambos ojos.
El muchacho estuvo 21 días en coma inducido mientras le suministraban el tratamiento para disminuir el tamaño de los hematomas que le surgieron.
Sus familiares vivieron de cerca la crisis de salud. Su madre vio pacientes desangrarse, muchos que entraban y morían al poco tiempo, otros que ingresaban con alguna lesión y se complicaban con bacterias hospitalarias.
El estado crítico en el que se encontraba el hospital no contribuyó a la recuperación del joven. «No le daban la comida a mi hijo que yo entregaba, tampoco le administraban el tratamiento como se debía, y una vez hasta lo conseguí desconectado del respirador mecánico. Cuando mi hijo murió estaba desnutrido y eso no se justificaba. Por eso yo no dejé que nadie lo viera y se le rindieron sus honores fúnebres con la urna cerrada».
Sin embargo, en medio de tantas precariedades, las personas que se enteraron del caso de Luis Guillermo les donaron medicinas o los ayudaron económicamente.
El 6 de junio lo ingresaron a quirófano para hacerle una limpieza de los restos de pólvora, al menos eso le explicaron los especialistas a la madre. “Él se movía, él escuchaba. Me dijeron que había evolucionado”, recuerda.
Luis Guillermo estuvo dos meses y ocho días luchando por su vida. “Él estaba bien”, comentaron sus familiares. En algún momento mejoró tanto que “lo subieron a piso” el 8 de agosto, pero a los pocos días le dio un primer paro respiratorio y fue devuelto a la Unidad de Cuidados Intensivos.
Pero no aguantó un segundo paro respiratorio: el domingo 13 de agosto falleció.
Irregularidades
Zulmith ha tratado de llevar una vida normal, pero la muerte de su único hijo ha sido difícil de procesar. «En ocasiones simplemente quisiera no existir más».
Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.
Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: en abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.
De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.
El dolor de perderlo se suma a la frustración de tener que buscar justicia en Venezuela. Cuando su familia decidió tomar las riendas de la investigación del caso tuvieron que enfrentar irregularidades desde el principio.
Le informaron que no había registro de los resultados de la primera tomografía, en la que se veía la esquirla de la bala alojada en el cerebro del joven, lo que se traduce en la desaparición de evidencias. Asimismo, en el informe de la autopsia, procedimiento al que se le prohibió la entrada, se estableció que no había esquirla.
Por otra parte, las solicitudes que se ha hecho ante la Guardia Nacional para que envíe a fiscalía la lista de los funcionarios que participaron en la represión del 5 de junio de 2017, la única respuesta que se recibe es que hacia San Diego no se mandó a uniformados de ese cuerpo castrense, pese a que hay videos que indican lo contrario y que testigos del hecho vieron claramente que eran ellos quienes dispararon, y que a Luis Guillermo fue uno en particular quien lo abordó para herirlo en la cabeza.
Es por esto que Amnistía Internacional denunció graves irregularidades en el transcurso de la investigación penal del caso de Luis Guillermo Espinoza, así como múltiples obstáculos para lograr la identificación de los funcionarios involucrados.
“El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos investigaciones imparciales e independientes, especialmente cuando se trata de posibles actuaciones arbitrarias por parte de miembros de cuerpos de seguridad estatales contra el derecho a la vida de las personas”, denunciaron.
Cinco años después, la investigación penal no ha culminado ni se han identificado a los responsables.
En medio de la incertidumbre, Zulmith tiene algo claro: «Solo lograremos justicia cuando este gobierno cese, porque Tarek Wiliam Saab no hará nada para que se esclarezca el caso de mi hijo y de todos los demás que aún son un limbo jurídico».
