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Acfiman: Estado venezolano viola DDHH al negar información sobre el cambio climático
 Alicia Villamizar, miembro fundador de la Secretaría Académica de Cambio Climático de la Acfiman, aseveró que «la falta de compromiso del Estado de actualizar» los datos sobre el cambio climático en Venezuela «se puede categorizar o comparar como un crimen de lesa humanidad»
Estiman que los agricultores venezolanos de escasos recursos serán los más afectados por el cambio climático en los próximos 6 años
Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia fueron los países con mayor número de muertes asociadas a olas de calor en los últimos 22 años
Aníbal Rosales, ingeniero agrónomo de la organización Grupo Orinoco, advirtió que Venezuela tiene el peor índice de seguridad alimentaria relacionado al cambio climático de América del Sur 

Foto: Reuters. Embalse de Guri, estado Bolívar, Venezuela, en sus niveles más bajos registrados durante el año 2016. 

«De COP (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) en COP —una celebración anual—, Venezuela debe actualizar su inventario sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El último informe que publicó data del 2017 y tiene información del 2010. Esa falta de compromiso del Estado es un fallo para los derechos humanos a nivel mundial, se puede categorizar o comparar como un crimen de lesa humanidad», dijo la bióloga y miembro fundador de la Secretaría Académica de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), Alicia Villamizar. 

Las declaraciones de Villamizar coinciden con las advertencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional: el cambio climático representa una crisis para el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al acceso al agua y muchísimas otras más.

El Estado venezolano es parte de la COP y sabe de esos riesgos, pero al impedir el acceso a la información con conocimiento que eso perjudica a la población civil cae en la definición de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad

La comunidad científica venezolana reiteró su llamado al Estado venezolano a rendir cuentas sobre la variación del clima y su contribución al fenómeno global durante la presentación del segundo borrador del segundo reporte académico de cambio climático en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, el 31 de marzo del 2023.

«En Venezuela tenemos una vulnerabilidad crítica multidimensional no evaluada. Tenemos la emergencia humanitaria compleja que ya vivimos, y el cambio climático puede profundizar las carencias que ya tenemos», aseveró Villamizar.

Con 13 años de atraso en cifras oficiales sobre la producción nacional de gases como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), la información y documentación sobre el impacto del cambio climático en el país recae en las asociaciones civiles.

Los miembros de la Acfiman insistieron que la falta de datos y evaluaciones evitará tomar medidas para mejorar la calidad de vida de los venezolanos

«La desactualización tiene un costo muy caro», advirtió Villamizar. 

Los agricultores serán los más afectados en Venezuela

De no aplicarse estrategias políticas para mitigar el uso de combustibles fósiles y de desechos sólidos en Venezuela, el impacto del cambio climático afectará directamente a la producción agrícola nacional

«La producción de GEI provenientes de la agricultura venezolana ha mermado en los últimos años. Pero no es por la implementación de medidas de mitigación contra el cambio climático, sino por la disminución de la producción nacional en rubros como el maíz y el arroz, así como del ganado bovino», recalcó Aníbal Rosales, ingeniero agrónomo de la organización Grupo Orinoco

«Para mitigar el cambio climático, las sequías, inundaciones y el cambio de ciclos de cultivo se necesitan recursos, cosa que no tienen los agricultores», dijo.

Si bien el impacto será a nivel nacional, los modelos del Instituto Max Planck de Meteorología de Alemania predicen que al menos 14 estados del norte y oriente del país tendrán una reducción de lluvias igual o superior al 10% en los próximo 5 años, comparado con inicios del año 2000.

«Mientras tanto, en los llanos y en el sur del país, se espera que aumente la temperatura promedio», agregó Rosales. 

Bajo estas perspectivas, el ingeniero agrónomo anunció que en Venezuela se perdería la aptitud para «17 cultivos, como el maíz, el arroz, el plátano, entre otros».

También, se espera que las zonas semiáridas se amplíen hasta 106.000 km 2 y las zonas subhúmedas se expandan hasta los 107.000 km 2.

Venezuela presentaba 27% de su territorio nacional en climas áridos para el 2010, según la UNESCO. Las proyecciones presentadas por la Aficman estiman que el territorio sin condiciones óptimas para producir alimentos llegará a 50%

«El panorama venezolano es grave, porque presentamos el mayor índice de inseguridad alimentaria en América Latina por el cambio climático global», dijo Rosales. 

Venezuela sin agua (ni electricidad)

Con el aumento de la aridez también escaseará el agua. Se espera que los embalses de Venezuela tendrán un déficit hídrico para el 2030

«Venezuela tiene un potencial para generar fuentes de energía renovables, como la eólica, pero no hay incentivos públicos para hacerlo», informó Davna Rodríguez, ingeniera ambiental y miembro de la Acfiman. «El país solo desarrolla el 32% del potencial en energías renovables. Solo se enfocan en la hidroeléctrica, que se verá afectada por las sequías y los periodos del Niño-Oscilación del Norte». 

La comunidad científica también reiteró que el Estado no brinda registros sobre la calidad de los embalses y de los lagos, restringiendo la implementación de políticas públicas para mejorar el suministro de agua y electricidad. 

«Es escasa la cobertura geográfica en las estaciones meteorológicas en el país. No tenemos cifras continuas y sistematizadas para saber si estamos en condiciones extremas o no», advirtió Estrella Villamizar, ecóloga y miembro de la Acfiman.

Reiteró que un episodio similar a las sequías en el año 2016 puede resurgir en el país, cuando se registró la temporada de El Niño más intensa hasta ahora y hubo cortes eléctricos diariamente a nivel nacional.

La Organización Meteorológica Mundial enfatizó que las probabilidades de que aparezca una época de El Niño después de julio del 2023 es del 55%. También, pronosticó que «al menos uno de los años que quedan hasta 2026 se convierta en el más cálido jamás observado» debido a la conjunción de El Niño y el cambio climático. 

«Con un aumento de la temperatura de 2 grados centígrados entre el 2030 y el 2050, las precipitaciones en Venezuela se reducirían entre 5% y 25% en casi todo el país, reduciendo también el caudal de los ríos en casi todas las cuencas del país», enfatizó la ecóloga. 

Más olas de calor, más focos de enfermedades

Alicia Villamizar reiteró que existe una correlación entre el aumento de los focos de dengue, zika y otras enfermedades transmitidas por mosquitos y los periodos de sequía por El Niño y en áreas endémicas deforestadas en el país. 

«Sin embargo, la falta de registros epidemiológicos históricos y de cifras actualizadas y confiables es la principal restricción para el estudio de la relación entre el cambio climático y la salud», dijo. 

Pese a los datos escasos, las investigaciones de campo en el estado Bolívar y las herramientas digitales y satelitales ofrecen algunos panoramas para la sociedad venezolana.

Según el Informe 2022 sobre salud y cambio climático en América del Sur publicado por The Lancet Countdown el 28 de marzo, la transmisión del dengue alcanzó su nivel más alto: 35,3% entre 2012 y 2021 en todos los países de la región donde se encuentran los mosquitos transmisores (excepto Argentina y Surinam).

El documento escrito por miembros de la ONU también especificó que Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia fueron los países con mayor número de muertes asociadas a olas de calor en los últimos 22 años. A nivel regional, las muertes relacionadas al calor aumentaron en 160% entre el periodo del 2017—2021 y el periodo del 2000—2004.

Del mismo modo, el informe indicó que los incendios forestales han aumentado en la región, lo que aumenta la exposición y vulnerabilidad a enfermedades respiratorias y cardiacas a largo plazo. En el caso de Venezuela, 41,4% de su población estaría expuesta a los incendios forestales relacionados al cambio climático y al ser humano en el año 2021. 

«Dada la intensificación de las quemas experimentadas en la Amazonía venezolana en los últimos años, es posible que la pérdida de árboles para capturar el carbono vía fotosíntesis también esté mermada», agregó Estrella Villamizar.

Desmejorará otros derechos humanos

Para Isaías Lescher, sociólogo de la Universidad del Zulia, las implicaciones del cambio climático en Venezuela degradaría las posibilidades de restablecer la institucionalidad humanitaria

«De acuerdo con la literatura académica venezolana, se espera que para el 2030 el PIB nacional se contraiga otro 10%, aumentará aún más los flujos migratorios y el índice de pobreza en el país», destacó. 

Lescher especificó que la industria petrolera también se vería mermada. Cerca del 85% de las reservas de hidrocarburos y el 89% de las reservas de gas quedarían en el rango de «no utilizadas»

Frente a los pronósticos del deterioro de la industria venezolana, Alicia Villamizar reiteró que el Estado no ha publicado ningún balance sobre su aporte a los GEI

«A partir del 2010, todos los gobiernos adscritos a la ONU acordaron realizar un Informe Bienal de Actualización (IBA) donde se especifique un inventario de emisiones antropogénicas (de la industria y la ganadería). Venezuela no ha hecho ni el primer IBA», informó Villamizar. «Se espera que el primer inventario se publique por la Acfiman en el 2024». 

La bióloga enfatizó que la ley de cambio climático es el único instrumento jurídico nacional que puede fortalecer el registro de los GEI, la asignación de responsabilidades para a la reducción de esos químicos y la creación de protocolos de reducción de riesgos y desastres. Pero el documento jurídico lleva años en elaboración. 

El presidente de la Acfiman, Ismardo Bonalde, reiteró que la institución científica venezolana está abierta a colaborar con el Estado para lograr los objetivos de la ONU. Pero no han recibido una respuesta del gobierno

«Mantenemos un atraso considerable que nos puede perjudicar de muchas maneras. Esto mantiene un panorama desolador y devastador. Somos altamente vulnerables», concluyó Villamizar.

ONG piden respetar DDHH de investigados por corrupción en medio de la #PurgaMadurista
Las organizaciones destacaron que el Estado venezolano tiene la obligación de investigar a todos los responsables de «corrupción estructural y de gran escala» que afecta al país

 

Un total de 35 ONG venezolanas pidieron este 3 de abril respeto para los derechos humanos previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado, de todos aquellos funcionarios y empresarios que están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción, por los que fueron detenidos en las últimas semanas.

«El derecho a un debido proceso, así como el derecho a la presunción de inocencia, asisten a cualquier persona privada de su libertad en el país. También es necesario recordar que el arresto, la detención o la prisión solo se pueden llevar a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o autorizados para ese fin», señalaron las organizaciones en un comunicado.

Asimismo, dijeron que las personas detenidas fueron presentadas ante tribunales pasado el lapso de 48 horas que establece el artículo 44 de la Constitución, «en instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que no son sede judicial».

«También preocupa que uno de los detenidos sea un diputado que no habría sido detenido en flagrancia, pues la información pública hace referencia a una investigación de ‘meses’, y a quien además no se le hizo el antejuicio de mérito oportunamente conforme a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución», agregaron.

Las organizaciones indicaron que el Estado venezolano tiene la obligación de investigar a todos los responsables de «corrupción estructural y de gran escala» que afecta al país, así como «desmontar los mecanismos y políticas institucionales que la han generado», entre ellas la «falta generalizada de acceso a la información y la ausencia de memorias y cuentas auditables».

44 detenidos vinculados en la #PurgaMadurista

El fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, informó que 44 personas han sido detenidas por su presunta vinculación en una trama de corrupción denunciada el gabinete del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desde el inicio de la #PurgaMadurista, a mediados del mes de marzo del 2023.

Las autoridades venezolanas presumen arrestaron entre el viernes 31 de marzo y  primero de abril a 15 personas.

«A la fecha el Ministerio Público (MP, Fiscalía) logró -junto a los órganos auxiliares- la detención de 42 sujetos vinculados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar (en su inmoralidad delictiva) a la economía nacional, dañando a la comunidad en general», señaló Saab en su cuenta de Twitter.

El fiscal no ofreció detalles sobre la identidad de los detenidos o qué cargos ejercen dentro de las instituciones del Estado.

De la lista de nombres implicados que ha salido al público, ocho están relacionados a la esfera militar. El 31 de marzo, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, aseguró que la lista de detenidos por corrupción era de 27 personas.

Con información de EFE

CLAVES | Alto comisionado de la ONU: Venezuela sigue presentando serios desafíos en materia de derechos humanos
Volker Turk manifestó su preocupación por la persistencia de denuncias sobre detenciones arbitrarias, el cierre de medios de comunicación y las muertes en operativos de seguridad del Estado

 

Este martes, 21 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) estuvo reunido en Ginebra para presentar una actualización sobre la situación de los DDHH en Venezuela.

La presentación del informe estuvo a cargo del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, quien se refirió a los presos políticos, las detenciones arbitrarias, el cierre de medios de comunicación, las muertes de venezolanos en operativos de seguridad del Estado y la recién aprobada Ley contra las organizaciones no gubernamentales (ONG). 

En su intervención, Volker Turk, habló de su visita al país en el mes de enero y de la reunión que sostuvo con Nicolás Maduro y otras autoridades, así como también con integrantes de la Plataforma Unitaria y miembros de la sociedad civil.

A continuación, los hechos más resaltantes que destacó en su informe verbal del alto comisionado de DDHH de la ONU sobre Venezuela: 

Detenciones arbitrarias

Volker Turk manifestó su preocupación por la persistencia de denuncias sobre detenciones arbitrarias, «incluyendo personas que siguen detenidas después de que se hayan dictado órdenes de liberación, o individuos que permanecen bajo custodia antes de juicio una vez superados los límites legales».

Turk afirmó que se siente «consternado» por las personas que continúan detenidas de manera arbitraria y reiteró su llamado para que sean liberadas inmediatamente.

Ataques y criminalización en contra de periodistas y medios de comunicación

El Alto Comisionado de la ONU denunció que defensores de derechos humanos y periodistas siguen sufriendo «ataques y criminalización en Venezuela».

“Seis trabajadores sindicales están detenidos desde hace nueve meses por cargos de conspiración y asociación criminal. También me preocupan las restricciones a los medios de comunicación, se han cerrado sitios web, emisoras de radio y programas”, declaró.

Serios desafíos civiles, políticos, económicos y sociales

En su intervención, Volker Turk advirtió que las políticas que apoyan el crecimiento económico de Venezuela deben incluir a los derechos humanos, haciendo referencia principalmente al «acceso igualitario, transparente y libre a datos y a la información pública».

Türk destacó además «esperanzadores signos de mejora económica» en Venezuela, aunque subrayó que Venezuela «continúa afrontando serios desafíos de derechos humanos en la esfera civil, política, económica y social».

Atención para los pueblos indígenas 

El alto Ccmisionado de la ONU mencionó a los pueblos indígenas y señaló que requieren atención. 

Informó que los territorios de los indígenas deben ser demarcados de conformidad con las normas de derechos humanos internacionales y la Constitución.

«Toda medida que pueda afectar sus modos de vidas, con respecto a las actividades extractivas en sus territorios deben ser precedidas por su consentimiento, libre, previo e informado”, dijo.

Muertes en operativos de seguridad

Al menos cinco personas han muerto en el contexto de operaciones de fuerzas de seguridad en Venezuela desde julio de 2022, denunció Türk.

El alto comisionado añadió que aunque hay investigaciones abiertas sobre algunos casos, «muchos de ellos, años después, siguen sin resolverse y las audiencias judiciales son sistemáticamente pospuestas».

«Espero que se rinda justicia a las víctimas porque las víctimas y sus familias merecen garantías de reparación», sugirió Türk. 

Ley contra las ONG

Sobre el proyecto de ley que busca regular las ONG, sugirió que el texto se alinee con las normas internacionales de derechos humanos. 

Turk alentó a las autoridades al diálogo con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

CLAVES | Informe del Departamento de Estado retrata la violencia contra los indígenas, mujeres y trabajadores venezolanos
El informe destaca que existe  falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, la violencia en el lugar de trabajo, el feminicidio y otras formas de violencia

 

Este lunes, 20 de marzo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el Informe por países sobre prácticas de derechos humanos en 2022.

En amplios apartados, el documento aborda la discriminación y abusos sociales en Venezuela, la situación de los derechos de las mujeres, la violencia indígena, trata de personas y abusos basados en la orientación sexual y de género que se han cometido en el país. 

Sobre la violación y la violencia doméstica y de género en contra de las mujeres venezolanas, el informe señaló que la ley tipifica como delito la violencia física, sexual y psicológica en el hogar o la comunidad y en el trabajo, con penas mayores para la violencia ejercida por la pareja íntima. 

Añade que la ley castiga a los perpetradores de violencia de pareja íntima con penas de condena que van de seis a 27 meses de prisión.

Sin embargo, advierte el documento, en la mayoría de los casos, no se aplica la ley. Resumen las irregularidades más comunes que encontraron y que se enlistan a continuación. 

  • La policía se mostró reacia a intervenir para prevenir la violencia de pareja y no estaba debidamente capacitada para manejar tales casos.
  • La ley también establece oficinas de la mujer en las jefaturas de policía locales y tribunales especializados en violencia de género, y dos tercios de los estados tenían tribunales especializados.
  • En septiembre de 2021, la fiscalía general del régimen, al mando de Tarek William Saab, abrió un servicio para recibir denuncias del Área Metropolitana de Caracas por casos relacionados con violencia contra mujeres y niños, pero el informe señala que no se realizaron esfuerzos durante el año para expandir los servicios de violencia basada en género en otras partes del país, incluidas las zonas rurales y fronterizas. 
  • La Defensoría de la Mujer del Ministerio Público contó con un equipo de abogados, psiquiatras y otros expertos que atendieron exclusivamente casos de feminicidio, violencia de género y otros delitos contra la mujer, pero rara vez se cumplía o se hacía cumplir la ley.
  • El documento indica que el Gobierno de Maduro no publicó estadísticas sobre violencia de género. La OACNUDH denunció una falta de debida diligencia en las investigaciones de casos de violencia de género. Según las ONG, los esfuerzos del gobierno para proteger a las víctimas de la violencia de género fueron ineficaces o inexistente.
  • El documento agrega que la aplicación de las leyes y el acceso a la justicia fueron limitados, ya que las víctimas de violencia de género informaron de la falta de progreso y la incapacidad de dar seguimiento a los casos después de presentar las denuncias.
  • También, hubo una falta de protección adecuada para sobrevivientes de violencia de género e instalaciones de albergue con condiciones mínimas de operación.
     

Derechos Reproductivos

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos detalla la situación de los derechos sexuales y reproductivos de los y las venezolanas.

Alertaron que mujeres, niñas, niños y adolescentes carecen de condiciones e información «para tomar decisiones seguras sobre su salud sexual y reproductiva» así como también de «acceso a servicios y métodos anticonceptivos en tiempo y calidad».

Denuncian que el régimen restringió el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las sobrevivientes de violencia sexual, incluida la anticoncepción de emergencia para el manejo clínico de la violación.

«La mala gestión económica y el descuido de la infraestructura de atención de la salud del país restringieron gravemente el acceso a los recursos para la salud y la higiene menstrual, así como a la atención médica calificada durante el embarazo y el parto», precisan.

 

Discriminación y violencia racial 

El Departamento de Estado destaca que la constitución prohíbe la discriminación basada en la raza y que la ley prohíbe todas las formas de discriminación racial y prevé un máximo de tres años de prisión por actos de discriminación racial.

Sin embargo, los hallazgos del informe demuestran que más allá de la señalización en los establecimientos comerciales de prohibición de discriminación, «se hizo poco para hacer cumplir las leyes contra este flagelo o enjuiciar a los responsables de los casos».

Por otra parte, alertan que los grupos indígenas continuaron pidiendo una implementación más rápida del proceso de demarcación y que siguen sufriendo discriminación en el empleo y la ocupación.

«Los grupos indígenas denunciaron periódicamente conflictos violentos con los mineros en relación con los derechos sobre la tierra.  Hubo informes de hostigamiento, ataques y desalojos forzados contra personas indígenas que viven en áreas incluidas como parte de las concesiones mineras del régimen de Maduro», se detalla en el texto. 
 

Abuso infantil 

La ley condena por mantener relaciones sexuales con un menor de 13 años, con una persona “especialmente vulnerable”, o con un menor de 16 años cuando el autor sea un familiar o tutor, con pena preceptiva de 15 a 20 años. 

Aunque el sistema judicial actuó para sacar a los niños de hogares abusivos, el informe  del Departamento de Estado asegura que las instalaciones públicas para esos niños eran inadecuadas.

Sin embargo, este apartado del informe, deja claro que el Gobierno generalmente hizo cumplir la ley en casos de abuso sexual infantil. 

 

Abusos basado en la orientación sexual 

La Violencia contra las personas LGBTQI+ también se vio reflejada en el documento que emitió el Departamento de Estados. El mismo señala que los incidentes más denunciados fueron en contra de las personas transgénero. 

«Los principales defensores señalaron que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a menudo no investigaban adecuadamente para determinar si los delitos estaban motivados por el odio o la discriminación de género», observaron.

Destacan que  enVenezuela no existen instrumentos legales que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo, la unión de hecho o la adopción de niños para parejas del mismo sexo.

«Las personas transgénero e intersexuales no recibieron servicios médicos adecuados, incluida la terapia hormonal y el apoyo psicológico. La policía local y las fuerzas de seguridad privada supuestamente impidieron que las personas LGBTQI+ ingresaran a centros comerciales, parques públicos y áreas recreativas», recoge el texto. 

Comentaron además que distintas ONG informaron que el régimen de Maduro negó sistemáticamente el reconocimiento a las personas transgénero, intersexuales y no binarias al negarles la emisión de documentos de identidad en su género preferido, «que son necesarios para el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, la atención médica y otros servicios».

 

Personas con discapacidad

Aunque la ley venezolana prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad física y mental, «no se hizo ningún esfuerzo por hacer cumplir las leyes» a juicio de esta investigación. 

Según el texto del Departamento de Estados de los Estados Unidos, las personas con discapacidad tenían un acceso mínimo al transporte público y las rampas eran casi inexistentes. Entre otras violaciones que hallaron sobre este punto destacan:

  • Las personas con discapacidad sufrían regularmente discriminación en el empleo y la ocupación.
  • Los hospitales carecían de infraestructura para acomodar a las personas con problemas de movilidad y personal para comunicarse con las personas sordas. 
  • Los recursos en línea y el acceso a la información estaban generalmente disponibles para las personas con discapacidad, aunque el acceso a videos en línea con subtítulos o con descripciones de audio para personas con discapacidades visuales y auditivas era limitado.
  • Algunos niños con discapacidad asistían a escuelas separadas, mientras que otros estaban en escuelas ordinarias con compañeros sin discapacidad. 
  • Los padres de niños con discapacidad informaron de importantes dificultades para matricularse en la escuela, lo que impedía que sus hijos recibieran educación formal. 
     

Derechos de los trabajadores

El documento del Departamento de Estado abordó en el séptimo ítem el derecho de los trabajadores venezolano y la libertad sindical, además del derecho a la negociación colectiva.

Advierten que  el Gobierno de Maduro impuso varias restricciones al derecho de los trabajadores de formar y afiliarse a sindicatos de su elección, por lo que desplegó una variedad de mecanismos para «socavar los derechos de los trabajadores y sindicatos independientes».

«Los trabajadores que participan en huelgas legales gozan de inmunidad procesal y su tiempo de servicio no puede reducirse por el tiempo dedicado a la huelga, pero esto no se observó», denuncian. 

Añadieron que la ley exige que los empleadores reincorporen a los trabajadores en huelga y prevé penas de prisión suficientes para disuadir a los empleadores de infracciones que no lo hagan: «Esta ley nunca se hizo ni se cumplió».

El informe señala que el régimen habría incumplido repetidamente con las obligaciones del país en virtud del convenio de la OIT con respecto a los salarios mínimos y las normas laborales.

Por otra parte, deja constancia de que, además de los bajos salarios, las condiciones de salud y seguridad laboral no fueron las más idóneas, pues durante los primeros dos años de pandemia el sector salud reflejó graves carencias en dotación de equipos de bioseguridad. 

 

Prohibición del trabajo infantil

En Venezuela, indican,  la ley prohíbe todas las peores formas de trabajo infantil y establece la edad mínima para trabajar en 14 años.

Según la OIT, el régimen de Maduro no había puesto a disposición del público la lista de tipos específicos de trabajo considerados peligrosos.

«Cualquiera que emplee a niños menores de ocho años está sujeto a tiempo en prisión. El régimen de Maduro no hizo cumplir efectivamente la ley. Las altas tasas de deserción estudiantil empujaron a los niños a situaciones laborales», lamenta el documento.

Acnur: retirada de la nacionalidad a 300 nicaragüenses contraviene los derechos humanos
El organismo multilateral exhortó a la dictadura de Daniel Ortega a cumplir con el derecho internacional a la no apatridia

 

Con información de EFE

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) manifestó su preocupación por la reciente decisión del Gobierno de Nicaragua de privar arbitrariamente de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses

El pasado 15 de febrero, la dictadura del nicaragüense Daniel Ortega apeló a revocar la ciudadanía a 94 personas, justo después de que enviara las 222 presos políticos a Estados Unidos el 9 de febrero y también les quitara legalmente su nacionalidad.

El organismo recordó que las recientes reformas legislativas que permiten la retirada de la nacionalidad por razones arbitrarias «son contrarias a las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos».

Además, señaló que el derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos e indicó que ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión u otros, nunca puede justificar la privación de la nacionalidad.

La Agencia pidió a Nicaragua, «que es parte tanto de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 como de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, que respete sus obligaciones internacionales y garantice el disfrute del derecho a la nacionalidad y de tomar medidas para prevenir y erradicar la apatridia».

El gobernante Daniel Ortega excarceló a 222 presos políticos la madrugada del jueves 9 de febrero y los desterró a Estados Unidos y luego, previa reforma de la Constitución, les privó de su nacionalidad nicaragüense.

ONG esperan que oficina de la ONU cumpla con su mandato de promover y proteger los derechos humanos
La aspiración de los venezolanos, a juicio de Rendón, es que Volker Türk ejerza un mandato más “vinculado a los estándares”, a diferencia de su predecesora, Michelle Bachelet

 

 

Este martes, 7 de febrero,  organizaciones no gubernamentales de Venezuela pidieron que esta oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumpla con su mandato de promover y proteger los derechos humanos con un rol más vocal, lejos del trabajo soterrado hecho hasta ahora.

La coordinadora general de la organización Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, hizo un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a “hablar alto y claro” y con “exigencias mucho más fuertes”. 

«Desde septiembre de 2019, cuando se firmó el memorando de entendimiento entre la oficina del Acnudh y Venezuela, se estableció la presencia en el país de funcionarios de esta instancia, pero bajo la vigilancia del Estado, lo que le impide ejercer su mandato con “total independencia”, dijo Rendón. 

La abogada y activista enfatizó que es necesario que la oficina se formalice, es decir, que no siga actuando a través de una carta convenio, que es muy discrecional, que no se conoce públicamente y que el Estado pudiera revocar en cualquier momento.

“Necesitamos una oficina que tenga todas las libertades, la institucionalidad de Naciones Unidas en el país y que pueda actuar con total independencia, esto, permitiría que el trabajo de la oficina no se limite a la asistencia técnica que ha solicitado el Gobierno para capacitar a personal de instituciones públicas, sino que le daría ‘libertad’ para estar presente en casos en los que sea requerido y ser contundente a la hora de llamar la atención con comunicados públicos», dijo.

La aspiración de los venezolanos, a juicio de Rendón, es que Volker Türk ejerza un mandato más “vinculado a los estándares”, a diferencia de su predecesora, Michelle Bachelet, quien tuvo un rol más político en el desempeño del cargo, así como contactos políticos con el chavismo antes de ser nombrada alta comisionada.

*Con información de EFE

Advierten que proyecto sobre ONG en Venezuela afecta el principio de legalidad
El abogado insistió en que los planes de financiamiento internacionales para ONG no son «únicos y exclusivos para Venezuela, son planes para ONG a nivel mundial».

Alonso Medina Roa, abogado y miembro de la Coalición por los DDHH, se refirió este miércoles, 25 de enero, a la decisión de la Asamblea Nacional chavista de discutir un reglamento sobre las ONG en Venezuela.

Durante una entrevista que ofreció a Unión Radio, Medina Roa señaló que desde hace algún tiempo hay una «amenaza» en contra de las ONG.

Para el abogado, es necesario entender cuál es el rol de las ONG en una sociedad como la venezolana. «Hay un concepto muy amplio sobre la operatividad de las ONG», dijo.

«Evidentemente, hay un interés por parte de las autoridades de regular el funcionamiento de las organizaciones», añadió Medina Roa.

A juicio de Medina Roa, ese interés se puede entender por lo que se ha convertido cada una de las organizaciones, pues se han vuelto «organismos incómodos para algunos sectores políticos del país».

Alonso Medina Roa señaló que las organizaciones no han sido escuchadas y tampoco les han planteada ninguna solicitud formal de requerimientos.

«Al contrario, cuando se han planteado algunos debates, nosotros con absoluto respeto nos hemos dirigido a los fines de ponernos a la orden», señaló.

El financiamiento internacional es público

El abogado Alonso Medina Roa recordó que los programas de financiamiento de las ONG son actos públicos y diferentes organizaciones, nacionales e internacionales, participan en concursos de financiamiento a nivel global.

«Cada ONG presenta su proyecto y en caso de que se beneficie de esos planes, esos organismos son exageradamente rigurosos en cada uno de los casos«, aclaró.

En ese sentido, insistió en que esos «no son planes únicos y exclusivos para Venezuela, son planes para ONG a nivel mundial».

«Hay ganas de buscarle cinco patas al gato y limitar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales», advirtió.

Afecta el principio de la legalidad

Alonso Medina Roa comentó que le preocupa el anteproyecto de ley de Fiscalización, Regularización Actuación y Financiamiento de la Organización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que presentó la AN chavista.

«Cuando ves el anteproyecto de ley, te preocupas por las situaciones que podrían considerarse ilícitas. Conceptos exageradamente subjetivos», cuestionó.

Por ejemplo, mencionó, que si alguna ONG defiende los derechos de los educadores, «se podría entender como que está una actividad desestabilizadora porque el maestro está reclamando sus reivindicaciones laborales».

«Esa subjetividad afecta lo que conocemos como el principio de legalidad y pone en vulnerabilidad a los ciudadanos», advirtió.

Medina Roa consideró que a Venezuela le hace falta «crecer como ciudadanos, entender la necesidad de la diversidad política, de opiniones».

«No puedes tener una sociedad encajonada en un solo pensamiento (…) Esto pareciera ser que hace ruido o genera temor en algunos sectores políticos del país», acotó.

Alto Comisionado de ONU visitará Venezuela para hablar con el gobierno sobre DDHH
La Plataforma Unitaria pidió a Volker Türk «verificar presencialmente» las condiciones de reclusión y estado de salud de los privados de libertad considerados presos políticos

 

El alto comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, llegará este 26 de enero a Venezuela para hablar con el gobierno de Nicolás Maduro, la sociedad civil y la oposición «sobre diversos asuntos de derechos humanos» en el país.

«Es muy importante para mí hablar con el gobierno, con los grupos de la sociedad civil, con defensores de derechos humanos, con la oposición sobre diversos asuntos de derechos humanos en Venezuela», dijo Türk durante una rueda de prensa al finalizar su visita a Colombia.

De esta forma, el alto comisionado decide incluir a Venezuela, un país sobre el que ha emitido duros informes de vulneraciones de derechos humanos, en su primer viaje a Latinoamérica, durante el cual también ha visitado Ecuador.

Según el alto comisionado, que no dio mayores detalles sobre el viaje, la agenda ni su duración, es su «labor llevar asuntos de derechos humanos al gobierno y asegurarme que se discute sobre ello».

Del mismo modo, aseveró que busca «asegurar que la perspectiva de derechos humanos está clara cuando se trata de cualquier medida que el gobierno esté tomando, particularmente cuando se trata de espacio cívico».

Oposición pide a la ONU visitar a «presos políticos»

La Plataforma Unitaria pidió a Türk «verificar presencialmente» las condiciones de reclusión y estado de salud de los privados de libertad considerados presos políticos.

La coalición pidió a Türk, a través de una nota de prensa, «verificar presencialmente las condiciones de reclusión y estado de salud físico y psicológico de los más de 240 presos políticos que existen actualmente en Venezuela».

Al respecto, la exdiputada opositora Adriana Pichardo, citada en el escrito, aseguró que la oposición espera que «esta visita traiga resultados para la familia venezolana que ha sido víctima directa del régimen».

Además, aspiran a que el paso de Türk por Venezuela «traiga la liberación de los más de 240 presos, entre civiles y militares, hombres y mujeres», que contabilizan.

Información de EFE