derechos humanos

La ONG recordó que en el país «no hay matrimonio igualitario, no hay reconocimiento de identidad, no hay salud digna» y «no hay protección» para esta comunidad

La ONG Provea aseguró el 28 de junio, a propósito de conmemorarse el Día Internacional del Orgullo LGBTI, que Venezuela «sigue rezagada en materia de derechos LGBTIQ+» en comparación con otros países de América Latina.

En su cuenta en Twitter, la ONG afirmó que en Venezuela «no hay matrimonio igualitario, no hay reconocimiento de identidad, no hay salud digna» y «no hay protección» para esta comunidad.

La organización manifestó que las personas LGBTI se enfrentan, además, a la «Emergencia Humanitaria Compleja que padece el país» y que afecta a toda la población.

«Solo en 2022 se registraron unas 97 agresiones a personas de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela», mientras que en los primeros 4 meses de 2023 se registraron «60 casos», detalló la ONG, citando datos del Observatorio de Violencia LGBTIQ+.

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Además, Provea reconoció la labor de activistas y asociaciones que luchan por la igualdad de los derechos en Venezuela, e instó a la ciudadanía y al Estado a promover «una sociedad con más educación y respeto».

Más temprano, activistas LGBTI llamaron a participar en la marcha que el colectivo realizará el 2 de julio en Caracas, en la que esperan contar con un «mar de gente» que se manifieste a favor de los derechos de esta comunidad.

En una rueda de prensa, la abogada Richelle Briceño llamó a los ciudadanos a manifestarse para exigir respeto al derecho de ser quiénes y cómo son, así como «de poder vivir en una sociedad sin discriminación», si bien el país es uno de los más atrasados de Suramérica en cuanto a conquistas para la comunidad.

Aseguró que el Estado carece de políticas públicas que garanticen la dignidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, por lo que llamó «a las personas que creen en la inclusión y el respeto», aun sin estar en la comunidad LGBTI, a participar en la marcha del domingo para pedir igualdad de derechos.

La lucha por la igualdad de derechos en Venezuela continúa

En el día de la conmemoración del Orgullo LGBTIQ+, además de Provea, otras organizaciones no gubernamentales recordaron que la lucha por la igualdad de derechos de la comunidad en Venezuela continúa.

A través de su cuenta de Twitter, la ONG Acceso a la Justicia explicó cómo la despenalización de la homosexualidad en el ámbito militar puede ser «un avance».

En una infografía, Acceso a la Justicia explicó que las relaciones entre homosexuales militares fueron despenalizadas «hasta cierto punto».

La organización recordó, en un diálogo, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solo anuló parte de la norma que preveía prisión para esos casos. 

En el #DíaDelOrgulloLGBTI+ recordamos que la lucha por la igualdad de derechos continúa. Conoce cómo la despenalización de la homosexualidad en el ámbito militar en Venezuela puede ser un avance en esta infografía #CómoTeAfecta #JusticiaVe https://t.co/NK0AdQ5ecU pic.twitter.com/mMIJfZldNI

— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) June 28, 2023

En un artículo de Caleidoscopio Humano, recordaron que el origen de esta celebración se remonta al 28 de junio de 1969, cuando ocurrieron los disturbios de Stonewall (Nueva York), que marcan el inicio de la lucha por los derechos de las personas homosexuales.

Para aquel momento, hubo una redada policial en el pub Stonewall Inn, en un barrio de Nueva York. Como respuesta, surgieron revueltas y manifestaciones violentas, que pretendían protestar contra un sistema que perseguía a las personas homosexuales.

Entre enero y abril del 2023, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (@ovlgbtiq) contabilizó 60 casos de violencias contra personas #LGBTIQ+.

✍️@marialexsilva01https://t.co/4ohN3rfeYX#DiadelOrgullo #28Jun

— Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) June 28, 2023

Con información de EFE

Amnistía Internacional ha alertado que las autoridades venezolanas suelen utilizar las detenciones arbitrarias para desarticular o desactivar focos de protesta social. Estas detenciones pueden ocurrir en el marco de la protesta, o en contra de quienes las convocan y organizan.

En el marco de los 25 años de la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, se realizó el evento paralelo al Consejo de Derechos Humanos “Situación del Espacio Cívico en Venezuela”, donde personas defensoras de derechos humanos y el asesor de la Relatora Especial de la ONU alertaron sobre riesgos y persecución a defensores venezolanos.

La  investigadora de Asuntos Sudamericanos de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, dijo que en Venezuela siguen vigentes la represión a la disidencia, uso excesivo de la fuerza, la tortura en centros de detención, y muchas otras situaciones que podrían representar crímenes de lesa humanidad.

“El gobierno venezolano trata de difundir una narrativa de normalización y arreglo de la situación en el país, pero la verdad es que existen más riesgos y más persecución contra quienes reclaman derechos. Sofocar el espacio cívico en Venezuela repercutiría en la obstaculización de la búsqueda de la justicia y en la exigencia derechos”, dijo.

Para Michael Phoenix del equipo de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de defensores, el Estado venezolano parece haber construido un sistema de hostigamiento en contra de defensores y para limitar su trabajo.

“Hemos hablado con más de 30 personas defensoras venezolanas y nos preocupan sus testimonios de ataque y persecución. Observamos altos niveles de inseguridad, riesgo y violencia especialmente contra mujeres defensoras y personas defensoras de comunidades indígenas en contexto de actividades mineras”.

Sistema incapaz de proteger a los ciudadanos

Según Carlos Lusverti de la Comisión Internacional de Juristas, «el sistema de justicia venezolano es incapaz de proteger a las personas, más bien se han prestado para la judicialización arbitraria”.

«El sistema judicial venezolano ha sido usado para hostigar y atacar a defensores de derechos. Los jueces y magistrados no tienen los méritos requeridos para ejecutar sus cargos y, por instrucciones, establecen condenas injustas a como dé lugar «.

Por su parte, el Centro para los Defensores y la Justicia reconoce que en la medida que se profundiza la criminalización por la defensa de derechos, varios mecanismos internacionales se han pronunciado a favor de investigar violaciones y exigir el cese de la persecución y represión de las protestas.

“La Misión de Determinación de Hechos alertó que el uso de la lógica del enemigo, por parte del gobierno venezolano para criminalizar a personas consideradas disidentes, se estaba aplicando para atacar a la sociedad civil”, dijo Marianna Romero del Centro para los Defensores y la Justicia.

Estado venezolano estigmatiza y criminaliza el funcionamiento de las ONG

Rigoberto Lobo, miembro fundador de Promedehum, resaltó que el Estado venezolano estigmatiza y criminaliza el funcionamiento de las ONG e incumple con el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Explicó las dificultades que han tenido que enfrentar las organizaciones de la sociedad civil para la realización del registro y actualizaciones reglamentarias para seguir operando en el país.

“Al menos 28% de las ONG en Venezuela no se encuentran debidamente registradas; mientras que  el 54% registradas han tenido problemas para actualizar sus juntas directivas y legalizar sus documentos internos”.  

Del mismo modo, denunció que las organizaciones que realizan asistencia humanitaria son atacadas y su trabajo es obstaculizado por funcionarios del Estado venezolano. Los insumos que entregan a las comunidades son retenidos en muchos casos.

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El gobierno de Maduro, en otras oportunidades, ha usado Twitter para impulsar narrativas en las que se perciba al gobernante como un garante de los derechos humanos

Foto: EFE/Rayner Peña

El observatorio digital ProBox informó que el gobierno de Nicolás Maduro posicionó en Twitter una conversación en la que se hacía ver como garante y defensor de los DD. HH.

De acuerdo con el reporte de la organización, el chavismo utilizó la etiqueta #VenezuelaGaranteDeLosDDHH, la cual alcanzó unos 425 000 mensajes en las tendencias de Twitter.

Estos mensajes, añadió ProBox, se publicaron en medio una campaña digital coordinada que «parecía ser un apoyo a las políticas del gobierno de Maduro respecto a la promoción de los derechos humanos en el país».

Sin embargo, añadió la organización, «los casos de violaciones a los derechos de los venezolanos son tan frecuentes y serios que hasta la Corte Penal Internacional abrió una investigación hace ya dos años para evaluarlo».

Mippci, el promocionador

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) mandó a sus tropas digitales a impulsar la etiqueta #VenezuelaGaranteDeLosDDHH el pasado 10 de junio.

Durante ese mismo día, el Mipcci reiteró la promoción de esta etiqueta, haciendo mención al impulso de la misma al menos siete veces desde la cuenta oficial de la institución. 

Según ProBox, el interés del gobierno de promocionarse como un defensor de los DDHH tiene que ver con la reciente visita de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

Pero además, el Mipcci también utilizó fotos del encuentro entre Maduro y Khan acompañadas del mensaje: “¡La Verdad de Venezuela triunfa!”.

Esta etiqueta también se promovió en otras cuentas como las de VTV y el PSUV, aunque sin contenido que se vinculara sobre la intención principal del Mippci.

No es la primera vez 

El gobierno de Maduro, en otras oportunidades, ha usado Twitter para impulsar narrativas en las que se perciba al gobernante como un garante de los derechos humanos.

La primera visita del fiscal de la CPI a Venezuela (noviembre 2021) estuvo acompañada por una campaña en redes por parte del chavismo «para manejar el discurso ante la decisión de la CPI de abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad en el país», denuncia ProBox.

En aquella ocasión, las etiquetas impulsadas fueron #CooperaciónCPI (110.000 tuits), #VenezuelaGarantizaLaJusticia (47.459 tuits), #DocumentoHistórico (124.000 tuits) y #VenezuelaJusticiaSoberana (148.000 tuits). 

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A través de su cuenta en Twitter, La ONG Justicia Encuentro y Perdón, se pronunció para aclarar que la CPI no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Distintas ONG y defensores de derechos humanos en Venezuela rechazaron este martes, 9 de mayo, la insistencia del Gobierno de Nicolás Maduro en negar la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en el país. 

En un comunicado emitido por la cancillería, el gobierno afirmó que el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) solo recoja las opiniones de “víctimas potenciales”, significaba que, hasta el momento, no existe ninguna víctima venezolana reconocida por la Corte. 

En el documento, el Gobierno también expone que la CPI podría convertirse en un “arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela». 

A través de la red social Twitter, La ONG Justicia Encuentro y Perdón, se pronunció para aclarar que la CPI no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

Explicó que lo que ha hecho el organismo internacional el pasado 8 de mayo  es proteger -como es su deber- a las «miles de víctimas que hicieron observaciones» a favor de que continúe la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I.

«Es despreciable el uso de medios de comunicación y redes sociales para desinformar y manipular la información con el fin de revictimizar y causar desesperación a quienes han sido víctimas de crímenes contra los derechos humanos», señaló la ONG.

#ATENCIÓN: La Corte Penal Internacional (@IntlCrimCourt ) NO ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que ha hecho el día de ayer es proteger – como es su deber – a las miles de víctimas que hicieron observaciones a favor de que continúe la… pic.twitter.com/xHy3cm7lDy

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 9, 2023

Por su parte, el activista por los derechos humanos, Marino Alvarado, señaló que «la dictadura puso a funcionar su maquinaria para presentar como victoria una contundente derrota en la Corte Penal Internacional».

Alvarado indicó que el Gobierno de Maduro quiere engañar presentando una derrota como triunfo.

El desespero porque avanza la posibilidad que tengan que rendir cuentas por los crímenes, los llevó primero a plantear que en los diálogos se cuestione el trabajo de la #CPI

y ahora, quieren engañar presentando una derrota como triunfo.

— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) May 8, 2023

El abogado Joel García también usó su cuenta en Twitter para expresarse y ratificó que no solo hay víctimas de delitos de lesa humanidad, «sino que también hay criminales de lesa humanidad». «Por ahora, potenciales y presuntos respectivamente», recalcó.

No solo hay víctimas de delitos de lesa humanidad, sino que también hay criminales de lesa humanidad. Por ahora, potenciales y presuntos respectivamente.

— Joel García (@joelgarcia69) May 9, 2023

CPI rechazó la petición de Maduro

La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó la petición que hizo el gobierno de Nicolás Maduro a finales de abril pasado de responder al reciente informe de víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país.

El gobierno de Maduro solicitó la respuesta al informe de víctimas bajo el alegato de que introdujo «nuevas cuestiones» que podrían no haber previsto.  

Pero la Sala de Cuestiones Preliminares de la CIP precisó que su marco jurídico no contempla  responder «en detalle» cada una de las alegaciones de las víctimas, como exigió el gobierno madurista.

Además, insistieron en que el informe de  la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS). , publicado el pasado 20 de abril, contiene «opiniones y preocupaciones» de «víctimas potenciales». 

Por tanto, al no ser reconocidas todavía formalmente como víctimas, el Estado venezolano aún no puede responder a lo que ellas expresaron.

De esta última afirmación de la CPI se está valiendo el gobierno para asegurar que la Corte está supuestamente negando la existencia de víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad, lo que fue rechazado y desmentido por las ONG antes citadas.

Durante el encuentro se homenajeó a Juan Pablo Pernalete, joven estudiante de la UNIMET que falleció en el marco de las manifestaciones sociales de 2017

El Programa Transforma, iniciativa para brindar conocimientos y desarrollar capacidades en las víctimas directas e indirectas de violaciones de derechos humanos, graduó a 25 nuevos defensores. 

El objetivo del programa es que las personas se conviertan en voceros de sus propias causas para la construcción de memoria histórica y la realización de incidencia pública efectiva ante organismos nacionales e internacionales.

Hasta el momento se han realizado tres cohortes que suman un total de 70 participantes provenientes de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Táchira y Bolívar; y cinco internacionales de Perú, España, Chile, Alemania y Estados Unidos.

El Programa Transforma es uno de los programas más importante de impacto social que lleva adelante en el país la ONG Defiende Venezuela. 

Para este año, el proyecto plantea seguir innovando en la promoción y defensa de los DDHH en el país a través de la formación de un nuevo tipo de defensor, sumar nuevos aliados al proyecto, promover el fortalecimiento de los comités de víctimas e integrar a nuevas personas, además de desarrollar actividades para involucrar a los egresados de las otras cohortes y por último producir nuevos materiales gráficos y audiovisuales para difundir testimonios de las víctimas.

Historias de la memoria

Como parte del evento, un grupo de participantes del proyecto presentaron sus casos: Iván Urbina, integrante de ALFAVIC Venezuela, narró la historia de su hijo Fabián Urbina, asesinado el 19 de junio de 2017 por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana.

Ivonne Parra, fundadora del comité Madres Poderosas, comentó que su hijo Guillermo José Rueda fue ejecutado extrajudicialmente el 12 de diciembre de 2017 por parte de funcionarios de las Fuerzas Acciones Especiales (FAES).

Durante el encuentro se homenajeó a Juan Pablo Pernalete, joven estudiante de la UNIMET que falleció en el marco de las manifestaciones sociales de 2017.

En este sentido, Marisa Guinand, rectora de esta casa de estudios, informó que el Comité Rectoral había decidido crear el “Reconocimiento a la excelencia deportiva Juan Pablo Pernalete”.

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*Con información de NP

Un informe del Centro para los Defensores y la Justicia expone que los principales victimarios fueron funcionarios públicos, en el 51 % de los casos

La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó el 21 de abril que en Venezuela se registraron 226 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2023. Esta cifra representa 131 % más con respecto al mismo período de 2022, cuando se documentaron 98 casos.

«Durante el primer trimestre de 2023 se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático. El Estado venezolano continuó agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos», señaló la organización en su más reciente informe, que precisa que en enero se documentaron 105 casos, en febrero 63, y en marzo 58.

Del total de casos, 141 fueron de estigmatización, 51 de hostigamiento, 30 amenazas, tres ataques digitales y una detención arbitraria.

La ONG señaló que, en el primer trimestre, continuaron los «discursos y campañas de desprestigio y la estigmatización, señalando a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores».

Asimismo, dijo que 93 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y el 7 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.

Responsables de los ataques

De acuerdo con el informe de la ONG, los principales victimarios fueron funcionarios públicos, en el 51 % de los casos, seguidos de los medios de comunicación (25 %), personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado (17 %), instituciones públicas (5 %), y organismos de seguridad (2 %).

«Al cierre del primer trimestre del año, la política de criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos permanece vigente», señaló.

El CDJ exhortó al Estado a garantizar un «entorno propicio y seguro» para el ejercicio de la promoción de los derechos humanos en el país.

«El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas», añadió.

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ONG piden respetar DDHH de investigados por corrupción 

Un total de 35 ONG venezolanas pidieron este 3 de abril respeto para los derechos humanos previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado, de todos aquellos funcionarios y empresarios que están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción, por los que fueron detenidos en las últimas semanas.

«El derecho a un debido proceso, así como el derecho a la presunción de inocencia, asisten a cualquier persona privada de su libertad en el país. También es necesario recordar que el arresto, la detención o la prisión solo se pueden llevar a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o autorizados para ese fin», señalaron las organizaciones en un comunicado.

Asimismo, dijeron que las personas detenidas fueron presentadas ante tribunales pasado el lapso de 48 horas que establece el artículo 44 de la Constitución, «en instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que no son sede judicial».

«También preocupa que uno de los detenidos sea un diputado que no habría sido detenido en flagrancia, pues la información pública hace referencia a una investigación de ‘meses’, y a quien además no se le hizo el antejuicio de mérito oportunamente conforme a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución», agregaron.

Las organizaciones indicaron que el Estado venezolano tiene la obligación de investigar a todos los responsables de «corrupción estructural y de gran escala» que afecta al país, así como «desmontar los mecanismos y políticas institucionales que la han generado», entre ellas la «falta generalizada de acceso a la información y la ausencia de memorias y cuentas auditables».

Con información de EFE

La exposición por realidad virtual, «Latinoamérica sin presos políticos», denuncia en Madrid las violaciones a los DDHH de los presos políticos en Venezuela, Cuba y Nicaragua

El exmilitar y político venezolano, Raúl Emilio Baduel, dijo que los presos políticos, sobre todo en Venezuela, mantienen secuelas psicosociales de sus tratos crueles cuando estaban privados de libertad de forma forzada

Foro Penal informó que existen 282 presos políticos en Venezuela, 13 más que en febrero del 2023

Con información de EFE

La realidad virtual traslada a una celda de Nicaragua y a una cárcel de Venezuela al visitante de la exposición «Latinoamérica sin presos políticos», que denuncia en Madrid el sufrimiento de los perseguidos y de sus familiares en estos países y otros como Cuba.

La exposición, que estará disponible hasta el 22 de abril en la Fundación Carlos de Amberes de la capital de España, incluye una ruta fotográfica y la experimentación a través de realidad virtual de cómo es la prisión de Helicoide, que tiene mayor cantidad de presos en Venezuela, y una celda de castigo en el complejo policial Evaristo Vásquez en Nicaragua.

La muestra forma parte de una campaña iniciada en diciembre de 2022, que se centra en la idea de que «detrás de cada preso político hay una familia» y enfatiza que no solo sufren las personas encarceladas, sino también todos los que les rodean.

Los más de 1.400 presos políticos que hay hoy en Latinoamérica están siendo sometidos a torturas físicas y psicológicas y aquellos que han sido liberados tienen secuelas, pues «un preso político sigue siéndolo aún excarcelado», lamentó Raúl Emilio Baduel en la presentación de la muestra esta semana.

Baduel es hijo de Raúl Isaías Baduel, ministro de Defensa de Hugo Chávez y luego uno de los adversarios del Gobierno venezolano que falleció estando preso.

«Mi padre estuvo más de doce años en cautiverio de muerte y en la misma celda en la que falleció se encuentra en estos momentos mi hermano encarcelado», recordó.

Voces de los presos

La abogada venezolana experta en derechos humanos Martha Tineo trasladó testimonios de presos políticos y familiares sobre torturas en las prisiones.

La ONG venezolana Foro Penal informó que existen 282 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela para el 13 de abril del 2023, 13 personas más que su último conteo hace dos meses. 

De ese grupo, 152 son militares y 130 son civiles. 92,2% de los presos políticos en Venezuela son hombres. 

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 10/04/2023 por @ForoPenal:

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 282

Hombres: 262
Mujeres: 20

Civiles: 130
Militares: 152

Adultos: 282
Adolescentes: 0#Infografia #Balance #10Ab @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos @UNHumanRights pic.twitter.com/H2xlSQWrqq

— Foro Penal (@ForoPenal) April 13, 2023

Tineo destacó que los encarcelados son «personas que simplemente estaban asumiendo sus roles de defender derechos humanos o de informar desde su profesión de periodismo».

«Hace cinco años los nicaragüenses salimos a las calles para manifestarnos en contra de la dictadura», manifestó por su parte Silvio Prado, politólogo nicaragüense que reside en Madrid.

Prado añadió que con las campañas y movilizaciones ya han logrado la excarcelación de 222 presos en su país, «pero no los liberó la dictadura, se los arrancamos nosotros a fuerza de presión».

Encerrados aunque los declaren libres

Uno de los excarcelados que contó su experiencia fue el nicaragüense Guillermo Sobalvarro Oporta, quien tras ser declarado inocente no pudo salir de la cárcel entonces «porque no les dio la gana».

El joven de 22 años fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de La Modelo, donde sufrió torturas como «arrancar las uñas, electricidad en partes íntimas o que me recluyeron en una celda de uno por uno la cual llenaron de agua hasta mi cintura».

Representantes de los tres países demandaron una movilización «por la democracia, los derechos humanos y por la libertad».

«Nos están quitando nuestra patria y nuestro hogar», denunció el representante de Cuba Decide, Víctor Dueñas.

Además de Cuba Decide, la exposición la promueven las organizaciones Sé Humano de Nicaragua y Justicia, Encuentro y Perdón de Venezuela.

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La convocatoria incluye a quienes hayan presentado comunicaciones o recurrido a los procedimientos establecidos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El plazo para enviar información vence el 15 de abril

El Mecanismo de intimidaciones y represalias de la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) exhorta a personas o grupos a enviar información sobre casos de intimidación y represalias por cooperar o haber colaborado con la ONU y sus mecanismos de derechos humanos. Así lo dio a conocer Provea a través de su sitio web.

La convocatoria, cuyo plazo para enviar información vence el 15 de abril, incluye a quienes hayan presentado comunicaciones o recurrido a los procedimientos establecidos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a quienes hayan prestado asistencia jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

De acuerdo con la ONU, sus principales cooperantes, entre los que están activistas, trabajadores comunitarios, abogados, periodistas, entre otros, son potenciales objetivos de intimidación y represalias. También lo es cualquier persona relacionada con ellos.

En 2021 se alertó de un patrón de intimidación y represalias en Venezuela contra las organizaciones y personas que cooperaban con la ONU y sus mecanismos.

El Mecanismo sobre intimidaciones y represalias a cargo del Secretario General de la ONU invita a enviar informaciones sobre casos de intimidaciones y represalias en contra de personas o grupos de personas que:

Traten de cooperar o hayan cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o hayan prestado testimonio ante ellos o les hayan proporcionado información;

Recurran o hayan recurrido a los procedimientos establecidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y todos los que les hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a tal fin;

Presenten o hayan presentado comunicaciones con arreglo a los procedimientos establecidos en los instrumentos de derechos humanos, y todos los que les hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a tal fin;

Sean familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a las víctimas.

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Los actos de intimidaciones y represalias pueden ser acciones como, por ejemplo:

1. Promulgación de leyes restrictivas
2. Campañas de desprestigio
3. Sometimiento a vigilancia
4. Prohibiciones de viajar
5. Amenazas y acoso, incluso por representantes de la autoridad
6. Agresiones físicas
7. Detenciones y privaciones de libertad arbitrarias
8. Torturas y malos tratos, incluidas agresiones sexuales o denegación de acceso a atención médica
9. Asesinatos
10. El informe del Secretario General será presentado en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y luego en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La información necesaria está disponible en este vínculo.

Información publicada en Provea