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Está dedicado a estudiantes, abogados y miembros de organizaciones de la sociedad civil 

La organización no gubernamental Defiende Venezuela anunció el inicio del primer curso online que es dictado en Venezuela sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) a través de la plataforma Teachlr.com.

Esta iniciativa se lleva a cabo con el objetivo de formar a estudiantes, abogados y miembros de organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos sobre los mecanismos de protección en la región, sus procedimientos y resultados. Asimismo, consolidar sus capacidades para la detección de casos o situaciones violatorias de derechos humanos aptas para el conocimiento del Sistema Interamericano.

Luego de un exhaustivo proceso de selección, la ONG otorgó a los postulantes 200 becas completas para el curso, en el que contarán con sesiones pregrabadas y en vivo, un plan de estudios completo sobre el SIDH, asesoría de especialistas en el área, la oportunidad de conectar con litigantes expertos, así como miembros de la sociedad civil dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel nacional, para que hagan alianzas relevantes y contactos.

El Director de Proyecto, Carlos Briceño, destacó que el curso se encuentra diseñado para adaptarse a la agenda y características particulares de cada participante, permitiéndole llevarlo a su propio ritmo, e incluye sesiones síncronas, asíncronas, sesiones de resolución de dudas, charlas especiales, foros y evaluaciones de varios tipos.

Adicionalmente expresó que: “La cantidad de violaciones de derechos humanos en Venezuela no está representada en denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Defiende Venezuela es una organización fundada en el año 2017 que ha representado a más de doscientas (200) víctimas ante los diferentes organismos de protección internacional. Con este Curso Virtual buscamos aumentar la documentación y denuncia de casos, ofreciéndoles a los estudiantes las herramientas necesarias para que seamos más quienes registremos lo que pasa en Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

La presidenta de Defiende Venezuel, Génesis Dávila, afirmó que al finalizar el curso los estudiantes tendrán la satisfacción de saber cómo denunciar un caso formalmente y lo comprobarán realizando su primera petición, medida cautelar o solicitud de audiencia, convirtiéndose en auténticos defensores de derechos humanos.

La organización extiende la invitación a quienes se encuentran interesados en aprender sobre el Sistema Interamericano a postularse para la siguiente cohorte y entrar en la lista de espera a través del siguiente enlace:  https://forms.gle/aGS1dHiWuKPg4GMN9 

 

 

Bachelet sonríe ampliamente mientras habla de derechos humanos con Maduro
Durante su visita de tres días a Venezuela en junio de 2019, la expresidenta chilena instaló en el país una comisión de su oficina para vigilar la situación de los derechos humanos y brindar asistencia técnica con motivo de las denuncias de violaciones en esta materia

Nicolás Maduro y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, evaluaron este 3 de marzo, durante una reunión virtual, la cooperación de Venezuela con la oficina que lidera la funcionaria, así como el impacto de las sanciones económicas y las medidas contra la covid-19.

Según explicó en su cuenta de Twitter el canciller Jorge Arreaza se trató de una «cordial reunión» en la que también participaron el embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, y el jefe de la división de la oficina de Bachelet para las Américas, José María Aranaz.

«Se conversó sobre el avance en la cooperación con su oficina, el impacto negativo de las sanciones y nuestra política para controlar el COVID-19», dijo sin ofrecer más detalles.

Durante su visita de tres días a Venezuela en junio de 2019, Bachelet instaló en el país una comisión de su oficina para vigilar la situación de los derechos humanos y brindar asistencia técnica con motivo de las denuncias de violaciones en esta materia.

En su último reporte sobre las operaciones de su oficina en Venezuela, ofrecido en febrero pasado, la expresidenta chilena informó que veía progresos en el trato a los detenidos, especialmente un mejor acceso a la atención médica.

En esa oportunidad destacó que su oficina y el Gobierno de Maduro se encontraban evaluando acuerdos de cooperación para ampliar la presencia de su despacho en el país y establecer una sede fija.

El próximo 10 de marzo la alta comisionada volverá a abordar la situación de las libertades fundamentales en Venezuela y los posibles abusos contra estas en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos.

#MonitorDeVíctimas | PNB y FAES asesinaron a ocho hombres en menos de 24 horas en Lara
Los hechos ocurrieron en medio de un despliegue policial en sectores populares de los municipios Iribarren y Palavecino

Liz Gascón / @LizGascon

Grupos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), son los responsables de ocho de las nueve muertes violentas que se registraron en el estado Lara durante la tercera semana de febrero de este año.

Estos fallecimientos se registraron en medio del despliegue de los mencionados cuerpos policiales en sectores populares de los municipios Iribarren y Palavecino, entre los pasados viernes 19 y sábado 20 de febrero.

De los ocho hombres asesinados por funcionarios de dichos organismos, se supo que seis cayeron a manos de las FAES. En cuatro casos los familiares de las víctimas negaron la versión de que se hubieran dado enfrentamientos entre los ahora occisos y las comisiones de la PNB, como se indica en las respectivas minutas.

Lo mataron frente a una iglesia

Al menos 15 funcionarios adscritos a la estación policial de Palavecino sacaron de su casa a Jonathan José Túa, de 24 años de edad, en hechos ocurridos el pasado 20 de febrero a las 2:00 am.

Así lo aseguraron dos familiares de Túa que fueron entrevistados por Monitor de Víctimas. Indicaron que el hombre vivía solo en la comunidad Villa El Milagro, en Cabudare, y que fue asesinado frente a una iglesia en una zona aledaña llamada Piedra Azul.

 Se conoció que vecinos que presenciaron la llegada a la casa del joven de hombres armados y portando uniformes negros de mangas camufladas fueron quienes alertaron a su madre.

“Violentaron su residencia y dejaron un desastre. Lo mataron y dejaron el cuerpo en el ambulatorio de Cabudare. Su sangre quedó al frente de una iglesia que, según la policía, él iba a robar”, relató un allegado, que prefirió mantenerse en el anonimato. Este entrevistado indicó que Túa era el menor de tres hermanos y que no tenía problemas con nadie.

La misma fuente aseguró que Túa había sido detenido en noviembre de 2017 y que en ese momento le notificaron que era por el asesinato de un oficial de la Guardia Nacional, en Piedra Azul. Si embargo, cuando lo presentaron en tribunales no hicieron mención de este delito y lo presentaron por porte ilícito de arma de fuego.

“Espero que se haga justicia. Ya está bueno del abuso de poder de estos funcionarios”, reclamó el allegado de la víctima.

Estaba cuidando a sus sobrinos

A Yorman de Jesús Yánez también se lo llevaron de su casa, ubicada en el barrio Bolívar, al oeste de Barquisimeto. El hecho ocurrió el viernes 19 de febrero a las 8:00 am.

El joven, de 22 años de edad, estaba a cargo del cuidado de tres sobrinos cuando funcionarios de las FAES irrumpieron en el lugar. La PNB reportó que su deceso se registró en un presunto enfrentamiento en el caserío Macuto, al sur de la ciudad. En ese mismo procedimiento resultó muerto Randy José Flores, de 30 años de edad.

La madre de Yánez se enteró de su muerte mientras le entregaba comida a otro hijo suyo, preso en la Comunidad Penitenciaria Fénix. Así lo indicó una tía de Yánez.

La vida d Maikel José Martínez, de 25 años, tuvo el mismo desenlace que las de Túa y Yánez: miembros de las FAES lo mataron en el barrio San Francisco, una comunidad que no frecuentaba, según sus conocidos.

Estaba por convertirse en padre

La quinta víctima fue Miguel Ángel Rangel Falcón, de 23 años de edad. Al joven lo asesinaron funcionarios de las FAES en la urbanización La Carucieña, en Barquisimeto. Familiares del hoy occiso señalaron que los policías lo sacaron de su casa el pasado viernes 19 de febrero a las 5:00 am.

La mamá de Rangel recibió un mensaje en el que le indicaban que su hijo estaba en el Hospital Central Antonio María Pineda, en Barquisimeto. La mujer pensó que estaba en dicho centro asistencial por algún asunto relacionado con su nuera, la pareja del joven, que tiene dos meses de embarazo. Ya en el sitio le explicaron que el joven había sido asesinado.

“Estaba esperando a su primer hijo y estaba muy ilusionado. No vi cómo lo mataron, pero todo se lo dejo a Dios, porque la justicia divina existe”, expresó la madre del ahora fallecido.

Se supo que Rangel había sido detenido por las FAES en marzo del año pasado por porte ilícito de armas. Posteriormente fue dejado en libertad.

Pensaban que estaba desaparecido

A Jesús Amleto Lobatón Flores, de 25 años de edad, sus familiares lo daban por desaparecido. El pasado viernes 19 de febrero a primera hora había salido de su casa, ubicada en el barrio 5 de Julio, hacia su lugar de trabajo. Nunca regresó.

Dos días después sus parientes hallaron su cadáver en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda. Se supo que el joven fue asesinado por miembros de las FAES en un terreno baldío cercano al Mercado Mayorista de Barquisimeto.

Las últimas dos víctimas, para completar la lista de ocho, fueron Ángel Jean Rojas, de 40 años de edad, y Efrén Ramón Pérez Escalona, de 33 años. De acuerdo con informaciones preliminares, Rojas fue asesinado por las FAES en el kilómetro 13 de la vía Quíbor, en Barquisimeto. Se supo que Pérez cayó a manos de la Brigada de Respuesta Inmediata en la Circunvalación Norte.

DDHH olvidados | Yo misma me dediqué a averiguar la muerte de mi hijo”
El joven Luigi Guerrero fue herido en una manifestación en el estado Táchira el 23 de enero de 2019
Ante la negligencia de los cuerpos de seguridad y de justicia, su madre se encargó de investigar la muerte de su único hijo

Luigi Guerrero nunca había ido a una marcha. Pero el 23 de enero de 2019 se animó a salir a las calles a manifestar. Lo decidió esa misma mañana cuando vio cómo las personas de su comunidad se preparaban para ir al centro de Táchira, donde tendría lugar la concentración. Vio que sus vecinos iban en grupos, familias completas con niños, y le pareció que no habría peligro. 

Como fue de imprevisto y no había hablado con sus amigos para ir a la concentración, fue solo. Le dijo a su madre Julieta Ovalles que a eso de la 1:00pm ya estaría de regreso. Para evitar que lo robaran, dejó su cartera con sus documentos en casa y se fue con un termo de agua y unas mandarinas. 

El reloj marcó la 1 y no había señales de Luigi. Dieron las 3:00 pm… Y nada. Julieta comenzó a preocuparse porque no sabía nada de su único hijo. Desde su casa escuchó en la radio del vecino que en el centro había enfrentamientos, dos muertos y ocho personas heridas. Inmediatamente pensó que a Luigi le había pasado algo. 

“Él era muy responsable y tenía que trabajar en la tarde. Además que él no estaba acostumbrado a la violencia y es una presa más fácil porque no sabría cómo actuar. Yo me lo imaginaba a él atrapado en medio de todo eso sin saber qué hacer”. 

Julieta se acercó al Hospital Central de San Cristóbal acompañada de su madre. El joven no aparecía en la lista de heridos ni en la de muertos. “Como Dios existe, una señora que estaba en la emergencia me dijo que era mentira que hubiera dos muertos, sino cuatro y los tenían en la morgue del hospital”. 

Subieron a la morgue y un muchacho que cuidaba la entrada le dio los nombres de los fallecidos, pero no figuraba Luigi Guerrero. Julieta no se conformó: “Me dicen que aquí hay cuatro muertos. Yo quiero verlos”. No tenía pensado moverse a buscar a su hijo a otro sitio hasta que no le dieran más información. 

De tanto insistir, el muchacho comenzó a hacerle preguntas. Si su hijo tenía aparatos, si tenía tatuajes, si tenía alguna marca característica en el cuerpo. Para todas, las respuestas eran positivas. Y el joven no pudo evitar expresar su sorpresa. Minutos después vio cómo del lugar salía un vehículo con dos hombres “con pinta de matones”. El joven que la había atendido le dijo que eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). 

En la morgue le preguntaron por el número de cédula de su hijo. El muchacho encargado se acercó a ella con un celular. “Señora, le voy a mostrar una foto de los tatuajes para que usted lo identifique”. Ahí estaban: un paisaje y una flor.  

Pero Julieta no se conformó con eso. Quería verle la cara porque sentía que cualquier otro joven podía tener el mismo tatuaje que su hijo. Hasta que le mostraron la foto que ella necesitaba ver, pero no pudo evitar el asombro porque su hijo estaba irreconocible. “Tenía la cara muy golpeada, inflamada. La nariz partida y la boca reventada”. 

No le quisieron entregar el cuerpo de Luigi hasta que no fuera al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). “Cuando me lo entregaron al otro día parecía que un camión le había pasado por encima. Estaba todo golpeado, la cara y el cuerpo. Tenía muchos morados”, cuenta. 

Julieta no pudo ni quiso quedarse de brazos cruzados con todo lo que vio del estado en el que se encontraba Luigi. “Yo misma me dediqué a averiguar la muerte de mi hijo porque fue demasiado sorprendente que me lo entregaran todo vuelto nada”. 

Empezó a averiguar qué había pasado en el hospital. Duró tres meses yendo al centro de salud a hablar con médicos, enfermeras, trabajadores. Quienes recibieron a su hijo, quienes estaban ese día. 

Los doctores le contaron que cuando Luigi ingresó a la emergencia, fue rodeado por efectivos del Sebin y del CICPC. “Mi hijo llegó vivo al hospital, lo atendieron en la sala de emergencia. Hubo un momento en que los médicos se fueron porque alguien dio la orden y lo dejaron solo con los agentes. Fue cuando lo golpearon, estando malherido”, explica Julieta. 

Los trabajadores del hospital detallaron que había llegado al centro de salud con una herida de bala y tuvieron que hacerle una abertura en el costado izquierdo del cuerpo para drenar la sangre porque tenía un derrame interno. Dos orificios. Y sin moretones. “Pero cuando a mi me lo entregaron, él tenía tres huecos seguidos en el costado izquierdo. Estando ahí le dieron otro tiro más”. 

Represión en todo el país

Luigi Guerrero fue a su primera marcha el 23 de enero de 2019, el mismo día que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela. 

Al menos 33 personas fallecieron entre el 21 y el 24 de enero de 2019, en medio de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado a las protestas contra Nicolás Maduro. En 2017, ese número de muertes solo se había registrado tras 25 días de confrontaciones. 

La ola de protestas de 2019 estuvieron marcadas por la espontaneidad, por haberse trasladado del este al oeste o centro de Caracas y por ocurrir al caer la noche, casi siempre después de las 8:00 p.m. Las Adjuntas no fue la excepción: habitantes de Catia, La Pastora, la avenida Fuerzas Armadas, Altavista, Coche, La Vega, San Martín también salieron a las calles a exigir un cambio político. 

También se registraron saqueos, allanamientos ilegales y enfrentamientos de grupos paramilitares en zonas como Petare, El Junquito o el 23 de Enero. Entre el 21 y el 25 de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1023 protestas en todo el país. 

La represión también arreció. El OVCS identificó a 51 personas muertas durante las manifestaciones, en Caracas y otras ciudades, entre el 22 de enero y 7 de abril, la gran mayoría por impacto de bala. El 68% de los asesinados son atribuibles al uso excesivo de la fuerza pública, siendo la GNB la principal responsable y seguida por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).

El 23 de enero fue el día con más víctimas durante protestas en los últimos 20 años. El mismo día que Luigi Guerrero fue a su única y última marcha. 

Una madre que no se rinde

Julieta Ovalles se preocupó por documentar y registrar todo sobre la muerte de Luigi. Fue cientos de veces a denunciar lo ocurrido con su hijo y nadie le prestó atención. El caso de Luigi Guerrero está en Fiscalía, pero no ha avanzado nada desde aquel 23 de enero de 2019. Solo lo que ella se propuso buscar para la reconstrucción del crimen de su único hijo.

“Todo lo que se sabe sobre el asesinato de mi hijo es por la investigación que yo hice, ni la Fiscalía ni el CICPC han hecho su trabajo. Eso quiero que quede bien claro y así lo denuncio. Me pasé entre 8 y 10 meses investigando; la información que manejo es de primera mano”. 

Varias veces ha estado en el sitio donde Luigi cayó herido, visitó los comercios y contactó a las personas que estuvieron ese día en la zona. Habló con el personal médico que brindó los primeros auxilios a su hijo. Ubicó por redes sociales a los jóvenes que participaron en la manifestación, recopiló videos y fotos que la han ayudado a armar el caso.                                    

Sin embargo, con cierta desazón lamenta que todas las diligencias y demandas presentadas han sido desestimadas. Pero no desmaya, su determinación por honrar la memoria de su hijo y  el llamado a las autoridades a garantizar el derecho a la justicia consagrado en la Constitución Nacional, no cesan.

“Han hecho de todo para encubrir el asesinato de Luigi y se han burlado de mí. Yo exijo justicia al Ministerio Público y pido al ente encargado de las investigaciones, en este caso el CICPC, cumpla con su trabajo. Han sido crueles conmigo, con mi dolor de madre, pero Dios me dio esta fortaleza que me acompaña, mientras esté viva seguiré alzando mi voz”.

Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón

Defensorías de tres países piden facilitar la migración venezolana
Los organismos solicitaron que se otorgue el estatus temporal o permanente a todos los venezolanos desplazados en Colombia, Perú y Ecuador

Las Defensorías del Pueblo de Colombia, Ecuador y Perú exhortaron conjuntamente a los gobiernos a facilitar la migración venezolana en sus territorios y a adoptar medidas para regularizar su situación y evitar su exclusión social y económica.

Los organismos solicitaron que se otorgue el estatus temporal o permanente a todos los venezolanos desplazados en estos países y que enfrentan “condiciones frágiles y limitantes para su supervivencia, junto con la homologación de estas políticas a nivel subregional”.

Posición

“Ante la persistencia del cierre de las fronteras, el colectivo venezolano ha visto aumentar los riesgos asociados a la migración irregular, con el auge de expresiones de intolerancia, manifestaciones de xenofobia y aporofobia que estigmatiza y criminaliza a las personas en situación de migración”, manifestaron.

Por ello, reclamaron “políticas públicas con enfoque en derechos humanos que permitan la integración efectiva y empática de quienes, a pesar de sus circunstancias, optan por asentarse temporal o permanentemente en estos países”.

Igualmente recomendaron ejecutar acciones que protejan la dignidad humana de los venezolanos con necesidad de protección internacional basados en el «vínculo histórico, social y cultural común».

Otro exhorto que hicieron es el de no desplegar en «forma desproporcionada personal y equipo militar y policial» como han hecho en las últimas semanas tanto Perú como Ecuador para «evitar» el paso de los venezolanos que entran de forma irregular. 

Por último pidieron evitar actos que promuevan el rechazo de la población hacia los migrantes y promover campañas de sensibilización sobre la problemática de la migración y sus protagonistas.

Con información de El Nacional y El Tiempo

DDHH olvidados | Policías apagaron la sonrisa de “Doctor Cotillón”
Leonardo González fue perseguido y asesinado en las protestas de 2017 por policías municipales del estado Carabobo
Más de tres años después de que fueran identificados los responsables, el caso sigue en etapa de juicio

@ValeriaPedicini

A Leonardo González lo conocían como el “Doctor Cotillón”. Él era un payaso de hospital. Vistiendo una bata blanca, una nariz de payaso y gorro de arlequín, formaba parte de la organización Doctor Yaso que se encarga de visitar a niños, niñas y adolescentes en centros de salud para aliviar el sufrimiento de estos pacientes a través de la risa.

Así es como conocían al hombre de 48 años de edad, esposo y padre de tres hijas en su comunidad de Los Guayabitos en el estado Carabobo: por ayudar a la gente, por su alegría y su don servicial.

Fue por eso que la noticia de su asesinato el 27 de julio de 2017 causó consternación y dejó un vacío irreparable entre sus familiares, allegados y vecinos.

Ese jueves la gente se había concentrado en las calles para rechazar al gobierno de Nicolás Maduro una vez más. Las protestas callejeras llevaban más de tres meses consecutivos en todo el país. En la avenida Valencia del municipio Naguanagua, donde vivía Leonardo, también salieron a manifestar desde tempranas horas del día.

Todo marchaba con normalidad. Y de un momento a otro, apareció un contingente de la policía de Carabobo con intención de dispersar a las personas. Tras insultos, empujones y patadas vinieron las armas de fuego. Los efectivos soltaron varios disparos y la gente tuvo que salir huyendo del lugar.

El «Doctor Cotillón», quien suministraba agua y alimentos a las personas que manifestaba, fue el último en hacerlo: un joven de 18 años había quedado rezagado y él había regresado a buscarlo.

Un efectivo policial con un arma de fuego en la mano se dirigió violentamente a él y Leonardo decidió correr. Funcionarios de la policía de Carabobo iniciaron una persecución en su contra, luego se unió la policía municipal de Naguanagua. Más de 30 funcionarios lo perseguían.

Testigos del hecho contaron que Leonardo les gritaba a los policías desde el carro donde estaba que no le dispararan porque él era de la sociedad civil. 

Lo acorralaron. El vehículo donde “Doctor Cotillón” estaba recibió 26 impactos de bala y una de ellas fue a parar en su espalda. Leonardo se bajó del carro y pidió ayuda a los efectivos, pero lo ignoraron.  Él cayó al pisó y murió en el lugar, a pocos metros de su vivienda.

“La manera como actuaron revela la intención de los funcionarios. Trataron a Leo como un delincuente, siendo un hombre extraordinario, íntegro, padre de familia; a ellos no les importó nada”, expresó su esposa Olga de González.

No se ha hecho justicia

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.

Asimismo, el artículo 68 de la Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones. «Al revisar el carro y los bolsillos de mi esposo solo encontraron caramelos, cotillones. Nada de armas, de ningún tipo”, cuenta su esposa.

Doctor Cotillón sigue repartiendo sonrisas

A las 48 horas de haber fallecido, un funcionario de la policía municipal de Naguanagua, Ronald Vidal Paternina Ramírez, fue detenido y acusado por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivo fútil, uso indebido de arma orgánica y omisión de socorro.

En 2018, fueron aprehendidos otros cinco funcionarios más, acusados como coautores de los delitos anteriormente señalados: Wuisnbert Alexander Fernández Riera, Johana Orlimar Medina Blanco, Joel Lenin Rodríguez Sánchez y los hermanos Krosslan Josueth y Radameth Josueth Acosta Malpica.

Más de tres años han pasado del asesinato de “Doctor Cotillón” y el caso sigue en etapa de juicio.

“El retardo se debe a múltiples diferimientos de la audiencia preliminar, debido a la falta de traslado de los privados de libertad, falta de debida notificación a las partes y la falta de despacho por parte del propio Tribunal, lo cual se ha agudizado tras la cuarentena”, dice Olga.

A todo esto, se le suman los frecuentes cambios de fiscales, lo que interrumpe la continuidad del proceso. “Me obliga a actualizar la historia cada vez que asume un nuevo fiscal, tener que empezar de cero, revivir los hechos (revictimización, en términos jurídicos), lo cual me parece un irrespeto del Estado hacia las víctimas; recientemente nos cambiaron ambos fiscales, el nacional y el regional”.

En 2019, Olga de González solicitó a la Fiscalía de Carabobo la apertura de una investigación sobre el sitio de reclusión de los exfuncionarios acusados. Porque no están cumpliendo la privativa de libertad en el centro penitenciario dispuesto por el tribunal. «Solamente Ronald Paternina está en el lugar de reclusión que fue dispuesto en su momento por el tribunal y la funcionaria Johana Medina que recibió una medida de arresto domiciliario por un embarazo que ya superó, y ahora estamos pidiendo que dicho beneficio sea revisado. La lucha es dura pero seguimos batallando hasta obtener justicia”.

Pero el legado de “Doctor Cotillón” continúa. Su familia creó la “Fundación Leonardo González Barreto: Sonrisas de Esperanza. “Mi esposo era un hombre extraordinario, un payaso humanista, una persona de bien que se dedicaba a llevar sonrisas, repartía alegrías, esperanzas a los hospitales, a los enfermos con cáncer. En tributo a su memoria nos dedicamos a llevar alimentos, medicinas y fuerza espiritual a personas en situación de calle, centros médicos, asilos, casas hogares y demás instituciones públicas o privadas de Naguanagua que requieran nuestro apoyo”.

Expertos de la ONU piden libertad plena para activistas de Azul Positivo
Los cinco activistas de Azul Positivo permanecieron casi un mes detenidos y no se han retirado aún los cargos de terrorismo, financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales

 

Este jueves, expertos en derechos humanos de la ONU pidieron al gobierno de Nicolás Maduro que retiren los cargos contra los cinco miembros de la ONG Azul Positivo, liberados el 10 de febrero pero que aún afrontan graves acusaciones en su contra.

“Pedimos a las autoridades que revisen las leyes y prácticas restrictivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Venezuela en virtud del derecho internacional de derechos humanos y que respeten y protejan la labor de la sociedad civil, incluyendo a las defensoras de los derechos humanos”, declararon los expertos.

En un comunicado conjunto, estos expertos, entre ellos el relator de la ONU para la libertad de asociación, Clément Voule, instaron a las autoridades venezolanas a poner fin a los “continuos y crecientes ataques e intimidaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas”.

“Las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la “Ley contra el Odio” de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros”, dijeron los expertos de la ONU.

El grupo también señaló que en los últimos meses nuevas normas que intensifican la presión contra las ONGs y restringen su acceso a la financiación internacional, incluyendo los recursos necesarios para atender la crisis humanitaria. 

Poco después de conocerse el pronunciamiento del grupo de expertos, el gobierno de Nicolás Maduro, a través de su canciller, Jorge Arreaza, manifestó su rechazo a las declaraciones.

El funcionario de la administración chavista aseguró que el grupo de expertos ha descontextualizado las investigaciones sobre DDHH en Venezuela.

*Con información de EFE y TC

Solórzano: Tenemos la intención de que se sepa que la falta de justicia en Venezuela se mantiene
Delsa Solórzano aseguró que la administración de Maduro trata de evidenciar que en Venezuela sí se hace justicia para que la CPI no actúe

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano informó que sostuvo una reunión con el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en compañía de una víctima, de la cual reservó su identidad.

En una rueda de prensa semipresencial, Solórzano dijo que no podía ofrecer mayores detalles sobre este encuentro, pero que hubo una actualización de la situación de las desapariciones forzadas en el país. Igualmente criticó que la administración de Nicolás Maduro permitiera la entrada de la relatora sobre medidas coercitivas, Alena Douhan y no se le este mismo acceso al Comité de Desapariciones Forzadas.

Igualmente, Solórzano se refirió al expediente abierto que hay en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que aunque la administración de Maduro no ha cesado en la «violación a los Derechos Humanos», se han empeñado a través del fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, de tratar de evidenciar ante la CPI que sí es posible hacer justicia en Venezuela y así el organismo internacional no actúe.

«No es cierto que se esté haciendo justicia en Venezuela», agregó la diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015.

«Tenemos la intención clara y directa que se sepa que la falta de justicia en Venezuela se mantiene, que solo se trata de burlar la jurisdicción de la CPI señalando que hay algunos autores materiales en la cárcel, cuando el mando está impune en Venezuela», expresó. 

Por eso ratificó la importancia de que la CPI continúe con el proceso y abra la investigación definitiva y el procedimiento a juicio «porque en el país no hay posibilidad de hacer justicia».

Añadió que han remitido todas las pruebas donde queda evidenciada la violación a los derechos humanos y que incluyen centenares de declaraciones de víctimas. 

Solórzano también dijo que en el mes de marzo habrá un nuevo informe de actualización de la situación venezolana en el Consejo de Derechos Humanos.