derechos humanos archivos - Página 19 de 148 - Runrun

derechos humanos

Humano Derecho #204 con Miguel Barone, de Gritemos con Brío
Gritemos con Brío busca posicionar, exponer e incrementar los liderazgos estudiantiles de la universidad venezolana

 

@_humanoderecho

¿Cuál es la posición de Gritemos con Brío frente a las persecuciones a defensores de los DD. HH.? ¿Cómo han logrado que los jóvenes se integren y quieran ser parte de un cambio? ¿Qué hacen para seguir sumando jóvenes a su causa pese a la ausencia de la vida universitaria? Conversamos de estos y otros temas con Miguel Barone, de Gritemos con Brío quien nos hablará acerca de todos los temas relacionados con sus proyectos.

Gritemos con Brío busca posicionar, exponer e incrementar los liderazgos estudiantiles de la universidad venezolana generando un impacto positivo en el ámbito nacional.

«El principal motor de lo que han sido nuestras iniciativas, fue empezar por esas figuras que yo veía cercanas a mi generación que también son representantes estudiantiles. Con el apoyo de muchos de ellos, logramos penetrar en diversos espacios donde pudimos, a su vez, llamar la atención de más activistas”.

Presentado por Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano). Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.

Más contenido en humanoderecho.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Laureano Márquez P. Jul 07, 2021 | Actualizado hace 1 mes
Fundaredes

Javier Tarazona, director de Fundaredes, muestra la foto por la que fue acusado de «traidor a la patria» por el régimen venezolano. Foto en Infobae

 

@laureanomar

Formar a la gente en la defensa de los derechos humanos es, para el régimen político venezolano, delito de lesa patria. Promover la defensa de la democracia y la libertad, también. De hecho, el amado líder supremo acaba de pronunciarse en contra de la “democracia burguesa”, es decir, en contra de la democracia en la que el pueblo vota y elige representantes para que actúen en su nombre y en la que funciona la división de poderes. El régimen ha optado por la democracia “participativa y protagónica” en la que el pueblo gobierna directamente. Claro que, como no hay una sala tan grande para reunir a todos, hay que apelar a nuestro máximo conductor, quien, casualmente, conoce de manera tan profunda y objetiva los deseos, pensamientos y necesidades del pueblo, que consultar la opinión de este resulta innecesario, ya que coincide con la de aquel.

Esta animadversión del régimen por los defensores de los derechos humanos, por otra parte, es perfectamente comprensible. Como si uno quisiera encargarle a Superman la vigilancia de un depósito de kryptonita, no hay forma ni manera.

El fiscal general de la república, un hombre que algunos guardan un vago recuerdo como defensor de tales derechos, ha dicho que Javier Tarazona fue sido detenido por “hacer denuncias sin fundamento”. Curioso delito en un país en el que lo que abunda más bien es fundamento sin denuncia. Agrega el fiscal: “En declaraciones públicas Javier Tarazona denunció sin presentar ninguna evidencia, salvo una foto sin fecha, que existe una relación directa entre el Estado venezolano y grupos irregulares colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Busco en Internet el contenido de  la susodicha fotografía, y encuentro lo siguiente descripción: “en la fotografía aparecen sentados alrededor de una mesa, que preside Rodríguez Chacín y junto a él su esposa Carola, los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN): Nicolás Rodríguez Bautista alias Gabino, quien hasta hace unos días fue el máximo jefe e integrante del Comando Central del ELN (COCE-ELN); Eliécer Herlinto Chamorro Acosta alias Antonio García, quien ahora es el máximo jefe de la organización guerrillera; e Israel Ramírez Pineda alias Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN”.

Puede que el fiscal tenga razón, una foto no prueba nada, cualquier hijo de vecina podría ser fotografiado un día en una animada reunión, tomando café con la plana mayor de la guerrilla por una coincidencia que no hay por qué explicar. Pero, como dirían los locutores de televentas: “hay más”. Si uno rastrea un poco en Internet, encuentra datos como estos publicados por El Tiempo en 2002. Basten como muestra un par de botones:

21/6/2000.

Jesús Urdaneta Hernández, exdirector de la DISIP y candidato a la gobernación del estado Aragua, acusó a Rodríguez Chacín de colaborar activamente con los grupos insurgentes colombianos. Yo lo boté porque descubrimos que a mis espaldas le rendía cuentas a Chávez, aseguró Urdaneta. En un documento llamado Proyecto Fronteras, fechado el 10 de agosto de 1998, le refiere al presidente los lineamientos de las actuaciones a desarrollar a favor de la guerrilla, agregó.

3/12/2000.

Cambio revela la identidad de los oficiales venezolanos que viajaron a la zona de distensión en San Vicente del Caguán. En el texto, un oficial de la policía colombiana asegura que Rodríguez Chacín se había convertido en una especie de enlace personal entre Hugo Chávez y Manuel Marulanda. Días más tarde, el presidente venezolano reconoce que Rodríguez Chacín es el enlace.

Así que no digo una fotografía, por lo visto aquí hay material para una miniserie documental… Y de veinte temporadas.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Exigieron la liberación de miembros de Fundaredes ante el Sebin de Plaza Venezuela
Marino Alvarado, activista de derechos humanos, calificó el hecho como una «detención forzada».

Activistas, organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos acudieron este sábado, 3 de julio, a la Sede del Sebin de Plaza Venezuela para exigir la liberación varios miembros de FundaRedes que fueron detenidos el viernes.

Javier Tarazona, director de FundaRedes; Omar de Dios y Rafael Tarazona, activistas de la misma ONG, fueron detenidos por agentes del Sebin, acción que fue denunciada por la organización.

De acuerdo con FundaRedes, Tarazona fue detenido cuando acudió a la Fiscalía de Coro, estado Falcón, para denunciar que estaba siendo «víctima de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón, Sebin y sujetos sin identificar”.

Marino Alvarado, activista de derechos humanos, calificó el hecho como una «detención forzada».

Comunicado de FundaRedes

A través de un comunicado que publicaron en su página web, la organización que dirige Tarazona alertó que ya se cumplieron 24 horas de la desaparición del activista.

«Hoy, vemos con esposas en sus manos a nuestro director general, doctor Javier Tarazona, un humanista convencido de que la labor por la ciudadanía y la recuperación de las libertades es el camino correcto», señala el texto.

Además, informaron que, aun con el cierre del espacio cívico, «los hostigamientos, amenazas y arbitrariedades en contra de nuestro equipo, continuamos monitoreando, documentando y denunciando las vulneraciones de derechos humanos, por todos quienes recurren a nosotros como una luz de esperanza en medio de sus dificultades y atropellos cometidos por el propio Estado que ha demostrado su absoluta incapacidad para garantizarle vida digna a sus ciudadanos».

Andrea Santacruz Salazar: Emergencia humanitaria agrava persecución contra defensores de Derechos Humanos
Profesora advierte que en el país “no hay Estado Constitucional de Derecho”
En un artículo publicado en la revista Democratización del Instituto de Estudios Políticos Forma, la directora ejecutiva del Centro de DDHH de la Universidad Metropolitana señala que el régimen chavista convirtió al sistema de justicia penal en una “herramienta de persecución política”

El aumento de la persecución contra los defensores de derechos humanos en Venezuela deja en evidencia que “en el país no hay Estado Constitucional de Derecho”, denuncia la abogada Andrea Santacruz Salazar, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet).

“Los Estados están obligados conforme al derecho internacional de los derechos humanos a proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar el ejercicio de sus actividades”, enfatiza Santacruz Salazar en un artículo publicado en la revista Democratización, editada por el Instituto de Estudios Políticos Forma.

La experta en Ciencias Penales y Criminológicas advierte que “cuando en un Estado se quiebra el Estado de Derecho y se socava la democracia, las violaciones graves de derechos humanos son generalizados y representan para las y los defensores de derechos humanos un mayor reto en cuanto a su trabajo, pero a su vez, un mayor riesgo de que ellos se conviertan en víctimas de la persecución del Estado”.

Con base en los informes divulgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Santacruz Salazar apunta que la disolución del Estado Constitucional de Derecho “se expresa en la falta de imparcialidad e independencia del Poder Judicial, sometido a los intereses del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que no hay separación de poderes”.

Sin justicia

“El uso del sistema de justicia penal como herramienta de persecución política se evidencia en las constantes detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y otros actos ilegales avalados por el Ministerio Público y los tribunales de la República, o incluso impulsados por estos, conforme la información dada por víctimas, las recogidas del ejercicio profesional y lo expuesto en distintos informes”, señala la profesora de la Unimet.

Santacruz Salazar observa que la criminalización de la labor de los defensores de DDHH en Venezuela es “particularmente alarmante”, debido a que “ocurre en un contexto de emergencia humanitaria compleja, en el que ha habido un quiebre institucional que no le permite a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a espacios de justicia y reparación, pues el sistema de justicia penal es utilizado como herramienta de persecución política”.

“Las y los defensores de derechos humanos no son enemigos de nadie, no son delincuentes, son personas que al ejercer su derecho a defender derechos ayudan a otros en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, además son pieza clave para el estado de derecho y la democracia. Atacarlos a través de la criminalización evidencia la naturaleza del Estado actualmente”, concluye la académica.

Hasta inicios de junio, 120 trabajadores de la prensa se han contagiado y 47 han fallecido por COVID-19
Un informe de Ipys reveló que entre 2019 y marzo de 2021 se registraron 481 violaciones relacionadas con agresiones contra trabajadores de la prensa, categorizadas en 17 tipos de actos violentos

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) publicó en marzo de 2021 un comunicado en el que alegaba que se había registrado un aumento significativo de casos positivos y fallecimientos de comunicadores. Por tal motivo, la organización gremial solicitó a las autoridades sanitarias que los trabajadores de la prensa fuesen incluidos en el plan nacional de vacunación anti covid-19. Hasta la fecha no han recibido respuesta. 

La medida de confinamiento impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro consideró solo a cuatro sectores prioritarios para la movilización, en los que no fueron incluidos los trabajadores de la prensa. Tampoco fueron considerados para el plan de vacunación iniciado en febrero pasado.

Hasta inicios de junio de 2021, las autoridades del CNP contabilizaban 120 trabajadores de la prensa contagiados y, al menos, 47 fallecidos a causa de la enfermedad.

“La naturaleza de nuestro trabajo es esencialmente social y exige mucha movilidad y contacto personal. Por ello, es imperativo que luchemos por la bioseguridad de nuestros colegas”, expresó el CNP en su comunicado.

Edgar Cárdenas, secretario general de la seccional Caracas, recordó que en situaciones de crisis como la generada por la pandemia, los ciudadanos requieren información oportuna, tanto de las campañas de prevención como de la vacunación, y de los hechos noticiosos en general”. Además, señaló que la Constitución no establece restricciones a la libertad de expresión, “ni siquiera en los Estados de Excepción”.

Organizaciones civiles, como Transparencia Internacional, han advertido que la pandemia ha sido utilizada por muchos Estados como excusa para el abuso del poder, abuso de discrecionalidad y de los derechos humanos.

La agudización de estos abusos y los riesgos a la salud a los que están expuestos los periodistas en Venezuela en medio de la pandemia, son un elemento que profundiza la ya crítica situación que enfrentan la libertad de expresión y la libertad de prensa desde hace poco más de dos décadas.

Solo entre enero y mayo de 2021, el CNP, a través de su Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios, contabilizó casi 100 ataques entre detenciones arbitrarias, amenazas, bloqueos, cierre de emisoras y diarios, confiscación de equipos, amedrentamiento, intimidación, hostigamiento y agresiones físicas, entre otros.

En un informe sobre la situación de Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que la libertad de expresión en Venezuela “sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años”. La organización que agrupa a medios de comunicación del continente, emitió una resolución en la que condena la violencia sistemática contra estas libertades y exige el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios.

De igual modo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Venezuela en el puesto 148 entre los 180 países que conforman su índice anual 2021 sobre libertad de prensa. Mientras que el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela, en su Bitácora de riesgos, publicada el pasado 21 de mayo, reveló que entre 2019 y marzo de 2021 se registraron 481 violaciones relacionadas con agresiones contra trabajadores de la prensa, categorizadas en 17 tipos de actos violentos.

Por su parte, Espacio Público reportó, al menos, 90 detenciones arbitrarias durante los primeros 10 meses de cuarentena por COVID-19, que afectaron a personas que denunciaron las precarias condiciones del sistema de salud o emitieron críticas sobre el manejo de la pandemia. De los aprehendidos, 28 eran periodistas.  Además, entre enero y mayo de este año, documentó 189 violaciones a la libertad de expresión, es decir más de una por día.

Más información en TalCual 

Michelle Bachelet: Medidas anticovid que restringen DDHH deben ser temporales
Muchos países en desarrollo, ya en deuda y estrés financiero antes de la pandemia, se enfrentan a limitaciones físicas severas para responder de manera efectiva a la crisis sanitaria y a su impacto

 

Las medidas de emergencia contra la COVID-19 que resulten en restricciones de los derechos humanos (DD.HH.) deben ser temporales y respetar los principios de no discriminación, legalidad, necesidad y proporcionalidad, dijo hoy la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

“El rol central de los Estados durante una pandemia y otras emergencias sanitarias es conseguir una respuesta sanitaria robusta mientras que respetan los derechos humanos”, sostuvo Bachelet en su intervención durante la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

La alta comisionada consideró que es preocupante que los países estén centrando su atención en reducir sus presupuestos en vez de hacer inversiones a largo plazo para crear resiliencia, y señaló que las medidas de austeridad podrían afectar al 85 % de la población global el año que viene.

 

Muchos países en desarrollo, ya en deuda y estrés financiero antes de la pandemia, se enfrentan a limitaciones físicas severas para responder de manera efectiva a la crisis sanitaria y a su impacto.

“En consecuencia, muchos están atrapados en un dilema entre una crisis de deuda o una crisis de desarrollo y derechos humanos”, lamentó Bachelet.

La alta comisionada también aseguró que el fracaso en integrar un enfoque de derechos humanos en la respuesta contra la pandemia ha tenido “consecuencias serias” para el desarrollo, y pidió a los Estados que aumenten su apoyo a los sistemas de seguridad social y de salud, con un enfoque solidario.

Los grupos marginados históricamente por discriminación sistémica y desigualdades persistentes han sido los más afectados.

“Las leyes y las políticas que discriminan a las mujeres y a la población vulnerable deben de ser revocadas o cambiadas”, afirmó.

La alta comisionada explicó que las políticas que han buscado afrontar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia por razones de género han fracasado y esto debido a la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones durante la crisis sanitaria.

DDHH olvidados | 46 días de detención por pensar distinto

Karen Palacios estaba en casa de su abuela en Los Teques cuando efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) vestidos de civil la fueron a buscar. Era 1 de junio de 2019. Le dijeron a la clarinetista del Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles que eran profesores de música y que estaban interesados en su contrato filarmónico. 

A su madre Judith Pérez le pareció rara la situación, tenía sus dudas. Pero los hombres insistieron en que habían ido desde las oficinas del Palacio de Miraflores con la finalidad de hacerle una entrevista. Ya en el vehículo, vieron armas y chalecos. Uno de ellos les dijo que no había de que preocuparse, que serían devueltas a casa después de la entrevista. Al llegar a Caracas, no se dirigieron hasta el centro de la ciudad, sino que fueron llevadas a la DGCIM Boleíta. 

Los funcionarios llevaron a Karen adentro, mientras su madre esperaba afuera con la promesa de que solo interrogarían a su hija y volverían pronto. Eran aproximadamente la 1:00 p.m. Cinco horas después, le dieron un teléfono con la voz de su hija al otro lado para decirle que iba a ser retenida hasta su audiencia de presentación ante el tribunal el lunes siguiente. Sin orden judicial y de forma arbitraria. 

Días antes, el 26 de mayo de 2019, Karen Palacios había publicado comentarios en su cuenta personal de Twitter que se hicieron virales. En ellos criticaba a la Orquesta Filarmónica Nacional alegando que su contrato había sido cancelado debido a sus opiniones políticas. “El día de hoy, después de la novena función del Popol Vuh me comunican que mi contrato fue rechazado porque he firmado en contra del régimen». Ahora me pregunto yo, cuando ellos me llamaron para ofrecerme el contrato ¿por qué no me dijeron que era requisito pensar igual que ellos?”, dijo en esa oportunidad. 

La joven estuvo desempeñando como primer clarinete en la Orquesta Filarmónica Nacional mientras esperaba un contrato de tres meses que el conjunto le había ofrecido para entrar oficialmente a la agrupación.

Tres días después, una cuenta que apoyaba al Gobierno publicó capturas de pantalla de comentarios hechos por Karen. Entre ellos, uno que decía: Porque de verdad espero leer, en una noche de insomnio, que Maduro huyó, que lo mataron, que lo apresaron, o cualquier vaina que me haga feliz”.

El 3 de junio de 2019, la joven de 25 años compareció ante el Quinto Tribunal de Control, acusada de instigación pública a cometer un delito o al odio, y se le concedieron medidas no privativas de libertad. 

El juez emitió una orden de excarcelación y el defensor público presentó al día siguiente los documentos necesarios para la excarcelación la muchacha. Pero cuando su madre fue a la DGCIM, le negaron que hubiera órdenes de excarcelación. En el tribunal, funcionarios judiciales explicaron que la orden no había sido procesada. 

El 18 de junio de 2019, un tribunal emitió oficialmente la orden de excarcelación, pero Karen permaneció en custodia en Boleíta. Su madre no dejó de solicitar su liberación, aunque no recibió respuesta de las autoridades. 

Karen estuvo detenida en una celda sin ventanas en el sótano, con otras nueve mujeres con quienes tenía que compartir una litera de dos camas. Les dejaban encendidas las luces blancas brillantes para que no pudieran dormir. También fue torturada psicológicamente: recibió amenazas de muerte, por esa razón tenía miedo de dormir por las noches. 

Durante el mes y ocho días que estuvo en la DGCIM, la muchacha no pudo recibir visitas de su abogada ni de su familia. Su madre iba todos los días para llevarle agua potable y a veces los funcionarios le permitían entregarle papel higiénico y toallas sanitarias. 

El 8 de julio, Karen Palacios fue trasladada junto a otras siete mujeres al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), a pesar de que sus abogados no tenían conocimiento del cambio. 

Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea constituyente, anunció el martes 16 de julio por televisión que Karen había sido detenida porque “instigó, a través de redes, a que fuese asesinado el Presidente de la República y cualquier otro chavista”. Dijo que la joven había sido puesta en libertad, aunque era falso. 

Horas después, en horas de la noche, llegó al INOF una notificación por correo electrónico ordenando la excarcelación de la clarinetista con medidas no privativas de libertad. 

Estuvo 45 días detenida. Después de su liberación, la audiencia preliminar ha sido diferida numerosas veces. La audiencia había sido prevista para marzo de 2020, pero se aplazó de nuevo por las medidas de prevención por el coronavirus. 

 

DDHH olvidados | “Yo quiero limpiar el nombre de mi hijo”

José Gregorio César había regresado de Cumaná después de obtener su clasificación en las eliminatorias nacionales para representar al país en un campeonato de boxeo. Llegó a su casa en Caracas y de inmediato comenzó a preparar sus maletas para el viaje a República Dominicana. 

“Mi hijo ganó su primer campeonato a los nueve añitos. Formaba parte de la selección de boxeo de Venezuela, representó al país tres veces y acumuló 153 peleas”, cuenta su madre Milagros César. 

Cuando no estaba entrenando, el joven trabajaba como mototaxista. Aunque no le hacía falta porque sus primos le compraban lo que él quisiera y como atleta estuvo becado, hacía carreras en la ciudad para ayudar a su madre y a sus hermanas. 

El 26 de marzo de 2013, un día después de llegar de viajar, se dispuso a ir a entrenar. Aunque su madre y sus hermanas vivían en Las Adjuntas, José Gregorio vivía en El Paraíso junto a su tío y un primo, porque le quedaba muy cerca del estadio Brígido Iriarte. 

Al prender su moto, un hombre llegó a la parada de mototaxi y le pidió que le hiciera una carrera. En principio dijo que no pero después lo pensó mejor y aceptó. Llegaron a la UD2 en Caricuao, cerca del Instituto de Tránsito Terrestre. El pasajero le estaba pagando el servicio cuando José Gregorio fue rodeado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)

Segundos después se encontraba sobre el asfalto con un disparo mortal en el tórax. Eran las once y media de la mañana. Solo tenía 19 años. 

Al dispersarse el grupo de policías, un hombre que atendía un quiosco azul en la calle de enfrente vio al muchacho tendido, se acercó y lo reconoció en el acto: “Es Luna”, dijo, porque así lo conocían en el mundo del boxeo. Quiso levantarlo, pero los funcionarios no se lo permitieron: “Déjalo ahí”. El señor declaró al inicio del proceso que no vio a José Gregorio César armado y además repitió las palabras que el joven le dirigió: “Me estoy muriendo, quítame la moto de encima que me está quemando”. 

Cuando la hermana del boxeador acudió al cuerpo policial en búsqueda de información sobre su “detención”, le informan que resultó muerto en un enfrentamiento con la policía porque lo sorprendieron robándose una moto. 

El señor del quiosco y otros testigos fueron disuadidos porque no volvieron a declarar, afirma Milagros César, madre del joven. “Yo estoy luchando con un fantasma, porque no sé quiénes fueron ni mucho menos por qué. El mismo fiscal que recibió el caso me dijo que él estaba robando. ¿Robando? Robado salió él. Mi hijo tenía encima 800 dólares que se trajo cuando compitió en Ecuador. ¿Dónde están sus dólares? ¿Dónde está su tarjeta de débito, su teléfono, su cadena de oro, su carnet de la Selección? Después me devolvieron la moto vuelta nada, inservible. Según los testigos a él le dieron un solo disparo, pero cuando me entregaron el cuerpo tenía dos. ¿Cómo lo explican?”.

La mujer cuenta que el fiscal de su caso ha sido cambiado varias veces en la misma Fiscalía 83. “Llegó otra y me aseguró que me iba a ayudar. Yo le creí. Un día fui a hacerle seguimiento al caso y ella me notificó que estaba lista para acusar. A la semana la cambiaron y llegó otro diciendo que no, no hay pruebas, no podemos acusar. Ahí sí me puse a llorar”. 

Después de la ejecución extrajudicial de su hijo, Milagros César no quiso hablar más. No quiso escuchar sobre la necesidad de denunciar ni hacer justicia. Aunque eso solo fue al principio. 

“Tienes que denunciar. Tu hijo era un deportista, no un delincuente. No te encierres, tienes que luchar para hacerle justicia, me dijo Aracelis Sánchez de Orfavideh. Me convenció. Fuimos a la televisión, a los periódicos, pero a mí me costaba mucho hablar. Entonces, me di cuenta: si tú no luchas, olvídate. La justicia no te va a llegar sola. Hay que demostrar que uno no les tiene miedo a esos funcionarios”. 

Milagros quiere que su hijo sea recordado como un campeón. Como lo que era: un buen muchacho. Por eso a donde va porta una carpeta con recortes de prensa sobre el desempeño deportivo de José Gregorio César Luna y ni una sola reseña sobre el día fatídico, ningún titular que lo mencione como asesinado o “presunto delincuente abatido”. No es porque esas noticias no hayan sido publicadas, es que Milagros César se indigna de saber que existen. “No las puedo ni ver porque son una gran mentira”. 

Milagros recuerda lo especial que siempre fue su muchacho, sobre todo con ella. “Era un muchacho normal, alegre, sí iba a sus fiestas, pero en su cumpleaños se tomaría dos tragos y ya. Lo suyo era su deporte y si no estaba entrenando jugaba fútbol. Cuando a mi hija la llamaron para notificarle que José Gregorio estaba detenido en el Cicpc, ella se fue para allá sin decirme. Al llegar, preguntaron si estaba buscando al boxeador. Respondió que sí, y el funcionario le dijo: ʻA ese lo tienes que buscar en la morgueʼ. No hay claridad en nada, lo quieren tapar todo y decir que nuestros hijos son delincuentes. Cuando yo pude revisar mi expediente me di cuenta de que estaba viciado”. 

Lo que Milagros carga consigo son las evidencias de que la vida de su hijo estuvo siempre alejada de los malos pasos que la Policía y las instituciones de Justicia insisten en dar por ciertas para justificar su ejecución. “Los funcionarios y el Estado quedan limpios y la persona queda sucia. Yo quiero limpiar el nombre de mi hijo”. 

La tarea no ha sido sencilla, pero no se rinde. “El que insiste, vence. A veces nos han tirado la puerta en la cara. ʻNo, señora, no queremos saber nada de esoʼ, se excusan. Pero los volvemos a llamar, vamos a sus casas. Nos hemos metido en cerros de pura tierra solo para decirle a las madres que luchen por sus hijos. No importa si eran ladrones o no, todos tienen derecho a la vida, y nadie tiene derecho sobre la vida de nadie. Sean o no sean culpables de algo, son seres humanos”. 

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic