derechos humanos

A Yolanda le ofrecieron un trabajo en Colombia y al llegar fue amenazada para que tanto ella como una de sus hijas fueran explotadas sexualmente

@ValeriaPedicini

Una vecina le ofreció a Yolanda* una oferta de trabajo en una ciudad fronteriza de Colombia vendiendo cafés. Todo con la promesa de que podría mejorar las condiciones de vida que tenía Venezuela. Le contó que había estado en el país vecino y le había ido muy bien, así que a ella seguramente también. Yolanda no estaba muy segura porque no quería dejar a sus dos hijas, de 6 y 8 años, pero le dijo que no se preocupara y que podía llevarse a las niñas con ella. 

Se ofreció a pagar los costes del viaje, hospedaje y comida de Yolanda, su esposo y sus dos hijas. Yolanda aceptó y poco tiempo después iniciaron el viaje. 

Los cuatro cruzaron la frontera. Del otro lado del territorio venezolano, una persona les estaba esperando para trasladarles al lugar donde, en principio, iban a residir y trabajar. 

Yolanda dijo que no. 

Pero uno de los tratantes empezó a acosarla y, finalmente, la agredió sexualmente. “El señor entra al cuarto con un cuchillo y me lo pone en el cuello. Me dice que me quedara quietecita que ahí estaban las niñas y que si yo no abría las piernas, él podía atentar contra la vida de ellas y contra la mía”. 

Cuando el hombre intentó abusar sexualmente de una de sus hijas, Yolanda reaccionó. Lo empujó, agarró sus cosas y escapó de la vivienda. 

Una vez Yolanda se encontró con su esposo, le contó lo sucedido y este fue a retirar sus pertenencias de la casa. Pasaron la noche en una plaza pública y una pareja de policías se acercaron a preguntarles por su situación. Le contaron lo sucedido y los policías dijeron que no era la primera vez que ese señor tenía problemas y que ese tipo de historias solían ocurrirle a mujeres venezolanas.

La organización entró en contacto con varios organismos nacionales e internacionales, así como con la policía especializada en el delito de trata de personas, pero esta entidad no atendió la solicitud de manera inmediata. La asistencia básica, como la compra de productos básicos de aseo y alimentación, salud primaria, hospedaje en un hotel y medidas de protección se la brindaron varias organizaciones, pero fue de carácter temporal. 

Yolanda sigue esperando justicia

Yolanda presentó una denuncia por el delito de trata de personas ante la Fiscalía General de la Nación de la ciudad en la que se encontraba. No obstante, el personal de la Fiscalía determinó que su caso no se correspondía con un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino de inducción a la prostitución. Esta decisión tendría graves consecuencias posteriormente en el reconocimiento de sus derechos y de medidas de protección. 

Pero ella no se detuvo. Unos días después, con el apoyo de una organización, Yolanda se acercó a la Secretaría de Gobierno con el propósito de activar la ruta de protección y asistencia para la atención de víctimas de trata, pero los funcionarios que la atendieron le informaron de que en su caso no era posible activar dicha ruta, pues en la denuncia ante la Fiscalía el delito registrado era inducción a la prostitución. 

Ante la falta de protección debido a los problemas de identificación como víctima de trata y debido a la grave situación económica en la que se encontraba, Yolanda decidió volver a Venezuela junto a su familia. Al llegar a su ciudad natal, empezaron a recibir amenazas de muerte por parte de la red de trata, así que decidieron volver a Colombia. Pero las amenazas continuaron. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía para que otorgaran medidas de protección, pero Yolanda nunca recibió respuesta.

La autoridad competente en la protección de víctimas de trata no activó de manera integral la ruta de protección y asistencia a la Yolanda que tenía derecho. No tuvo acceso a vivienda, ni a empleo, ni a las mínimas condiciones de sobrevivencia y sus hijas se encontraban sin escolarizar.

Acompañada por Women’s Link, Yolanda llevó su caso a la justicia, donde llegó hasta la Corte Constitucional. Yolanda reclamaba ser reconocida como víctima de trata de personas y que la Corte dictara medidas urgentes y estructurales para que las autoridades colombianas mejoraran su capacidad de coordinación, identificación y protección integral a todas las víctimas de trata, incluidas sus familias, especialmente en el nuevo contexto de COVID-19. Se trata de la primera vez que la Corte revisa un caso de trata en el que la víctima es una mujer migrante y ordena medidas de protección.

517 mujeres venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas durante el año 2020, según registró el informe “Libres y Seguras” de la organización civil Mulier Venezuela, presentado en el III Seminario de Trata de Personas, organizado por Éxodo.

“La decisión provisional de la Corte Constitucional permitirá mejorar de manera inmediata la situación de Yolanda y su familia. Esperamos que cuando la Corte emita una decisión de fondo sobre este caso, muchas más mujeres víctimas de trata, sin importar su nacionalidad ni su estatus migratorio, puedan acceder a las medidas de corto y mediano plazo contempladas en la ley que les permitan recomponer sus vidas”, afirma Ana Margarita González, abogada de Women’s Link Worldwide.

*Yolanda es un nombre ficticio para proteger su identidad y seguridad.

Las FAES asesinaron a Robert Alvarado en la sala de su casa en Lara el 3 de febrero de 2019 mientras su madre era brutalmente agredida 

@ValeriaPedicini

Era domingo y Carmen estaba cocinando mientras su hijo Robert Alexander Alvarado estaba desayunando en su cuarto. Apenas tenía dos días en la casa. Había llegado el viernes en la noche, después de dos meses de haber salido del penal de Coro. Ahí estuvo nueve años por delito de robo.

Ese era el mismo tiempo que el joven de 28 años tenía sin ver a su madre. Acordaron que la visitaría, se quedaría el fin de semana, y el lunes se regresaría a casa de su abuelo, donde vivía. 

“Yo lo iba a sacar del país, pero en el Tribunal me decían que todavía aparecía como preso. No lo quería sacar así, preferí hacerlo legalmente. Él ya tenía libertad plena, pero ante la justicia todavía estaba preso y si se iba, saldría como si estuviese fugado”.

Llevaban armas largas y tenían los rostros cubiertos. Ninguno se identificó, pero Carmen los reconoció como efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). 

Carmen salió de la vivienda y preguntó qué era lo que pasaba, pidió que le mostraran la orden de allanamiento. El que llevaba el mando del grupo de las FAES, el único que tenía la cara al descubierto le contestó: “La única orden que tengo es matar al choro que está aquí adentro”.

Ella corrió a meterse en el cuarto con su hijo. “Me aferré a él. Me dijeron que si no me salía me iban a llevar presa, pero no me importó”. Comenzaron a forcejear: Robert la halaba hacia él y los policías la agarraban por el pelo para apartarla. 

Como se negaba a soltarlo, los funcionarios comenzaron a golpearla. Eran alrededor de 10 efectivos encima de la mujer; las funcionarias mujeres ni se movieron. Le reventaron los dientes. 

Carmen vio como uno de los hombres metió una bandana en la boca de Robert para acallar sus gritos de auxilio. Vio cómo ahorcaban a su hijo con un precinto de seguridad que le pusieron en el cuello. “Allí comenzó a balbucear y me dijo que ya, que lo dejara solo”. 

La sacaron del cuarto a empujones y le dijeron que corriera, pero ella no lo hizo. Temía que le dispararan por la espalda. “Y es que uno de los policías me decía: ‘Quédate tranquila porque yo no vacilaría en darte un tiro. Yo ya he matado mujeres hasta de 70 años’”. 

Desde la casa de una vecina, escuchó tres detonaciones. Minutos después, un vecino le avisó que a su hijo lo tiraron en una camioneta. “Los vecinos me cuentan que a Robert lo arrodillaron en la puerta y le pidieron que corriera. Él dijo que no correría. Pidió que lo mataran de una vez”. 

Cuando horas después, volvió a casa a ver qué había pasado y a buscar información, vio que en la pared de la sala todavía quedaban manchas de sangre. 

Durante el año 2020, en el estado Lara se contabilizaron 201 muertes violentas, según los datos recogidos por Monitor de Víctimas. Entre abril y diciembre del 2020, más del 60% de los asesinatos registrados fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado. 151 víctimas de la letalidad policial fueron asesinadas en su mayoría por funcionarios de las FAES.

La versión de las FAES indicaba que a su hijo lo capturaron en la calle y que la muerte fue el resultado de un enfrentamiento con la policía. 

A un año y ocho meses de lo ocurrido, Carmen no ha recibido una respuesta de la Fiscalía. “Yo lo único que pido es justicia, para mi hijo y para mí porque yo también fui brutalmente agredida, y que esto no vuelva a suceder con los demás como ha estado sucediendo en estos últimos tiempos”.

María Lourdes Afiuni fue detenida de manera arbitraria, recluida en el INOF, enjuiciada y condenada tras haber ordenado la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño

@ValeriaPedicini

La mañana del jueves 10 de diciembre de 2009 parecía igual al resto. La agitación de las primeras horas era la habitual en la casa de María Lourdes Afiuni: levantarse temprano, vestirse sobre la marcha con una taza de café en la mano, intercambiar palabras con sus padres o su hija, ver los minutos que faltaban para salir hacia el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas. 

Lo que la jueza venezolana no sabía es que horas después tomaría una decisión que cambiaría su vida. No sentía un mal presagio, solo una ligera angustia porque sabía que no la esperaba un caso sencillo. 

Afiuni era la titular del Tribunal 31 de primera instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas. Esa mañana tenía la audiencia preliminar de un preso por el cual el entonces presidente Hugo Chávez se decía que tenía un interés personal. 

El polémico expediente del banquero Eligio Cedeño tenía 15 días en sus manos, tiempo en el que había estudiado todas las 278 piezas y se había percatado que estaba lleno de vicios e irregularidades. 

La jueza llegó justo a tiempo a los tribunales. Ahí estaban los abogados de la Procuraduría General y de la defensa, pero no los representantes de la Fiscalía. Minutos después, fueron registrados sus ingresos al Palacio, pero no se dirigieron a la sala prevista para la audiencia. 

A los fiscales los ubicaron en el piso de los tribunales de ejecución. Para Afiuni, que estuvieran en un sitio inusual y no presentándose para la audiencia, significaba que se estaban escondiendo. Dio un lapso de espera hasta las 11:30 de la mañana. 

Llegada la hora, se trasladaron a la sala para dejar constancia de que los representantes del Ministerio Público no se habían presentado, así que no se podía llevar a cabo la audiencia. 

Pero la audiencia de Cedeño le pidió a Afiuni que se pronunciara sobre una medida cautelar en razón de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que señalaban que su detención era arbitraria e instaba a juzgarlo en libertad.

Pedían una medida menos gravosa, ya que llevaba dos años y 10 meses en la cárcel sin siquiera haber llegado a una audiencia preliminar. Para esa decisión no era necesaria la presencia de los fiscales. Su defensa argumentó que el retardo procesal era una pena anticipada. 

Cuando se disponían a sacar copias de la acta firmada para que fueran entregadas a las partes, aparecieron los fiscales. Pero ya era tarde: la jueza les dijo que la decisión ya estaba tomada y, si querían, tenían tres días para apelar. La defensa de Cedeño preguntó varias veces si el banquero podía retirarse y la respuesta siempre fue sí. 

Minutos después de haberle dado la libertad condicional, efectivos de seguridad allanaron la sede del tribunal y entraron al despacho de Afiuni para decirle que estaba detenida, junto a todo el personal del tribunal. Algo que no había ocurrido en 50 años de democracia. 

Los funcionarios alegan que actúan por órdenes superiores. Afiuni fue aprehendida sin orden judicial, sin que se le informara el motivo de la detención ni la autoridad que la había ordenado. Fue esposada, la montaron en unas camionetas negras con vidrios ahumados y la llevaron hasta el Helicoide, sede del Sebin.

Al día siguiente de su detención, el fallecido presidente Chávez calificó a la jueza de “bandida” y exigió una condena de prisión de 30 años, la máxima pena que se impone en el país, por haber “facilitado la fuga” de Cedeño. 

Afiuni fue presentada en tribunales y fue imputada con los delitos de corrupción propia, favorecimiento para la evasión, asociación para delinquir y abuso de autoridad. La fiscal general para ese momento, Luisa Ortega Díaz, declaró que Afiuni habría actuado de manera ilegal y en desconocimiento de la ley al otorgar la libertad condicional a Cedeño.

El 17 de diciembre fue trasladada hasta el Instituto de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, donde se encontraban numerosas mujeres a las que ella había juzgado y sentenciado por delitos como infanticidio, robo y narcotráfico.

María Lourdes Afiuni se convirtió en uno de los principales ejemplos del deterioro de la institucionalidad venezolana. Su caso permite mostrar la ausencia de independencia del sistema de administración de justicia venezolano, así como también la falta de separación de poderes y los abusos en los que incurren los funcionarios de seguridad del Estado. 

La jueza fue recluida en una celda de cinco por cinco metros. No la dejaban recibir sol y sus visitas eran severamente controladas, restringidas y, en ocasiones, prohibidas. 

Por todas estas razones, su salud física y mental se vio comprometida, sobre todo al habérsele negado en principio el derecho a la asistencia médica. 

El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró, en una carta remitida al Gobierno venezolano, que el encarcelamiento de la jueza era “arbitrario”, por lo que pidieron su liberación inmediata. Asimismo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron las condiciones “inhumanas” de la prisión de Afiuni. 

A principios de 2011, la fiscal Luisa Ortega Díaz recomendó dar arresto domiciliario a Afiuni tras inspeccionar el centro de reclusión donde estaba detenida. En junio de 2013, se pidió una medida menos gravosa y la jueza obtuvo libertad condicional con prohibición de salida del país, de hablar a los medios de comunicación internacionales y nacionales y de utilizar sus redes sociales.

El proceso judicial de María Lourdes Afiuni se había iniciado en 2012, pero fue el 16 de mayo de 2019 que se celebró la audiencia de juicio. Sin prueba alguna, el juez Manuel Antonio Bognanno condenó a la jueza a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”. Para ellos, a pesar de no haber dinero a cambio de la liberación de Cedeño, Afiuni aplicó medidas cautelares como un “acto de placer”. El 8 de noviembre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena. 

A Limbania Ramírez la desalojaron de su casa y la botaron de su trabajo luego de que supuestamente celebrara el presunto atentado en contra de Nicolás Maduro en 2018

@ValeriaPedicini

Limbania Ramírez vivía en el sector Los Chinos del complejo urbanístico Misión Vivienda, ubicado dentro de Fuerte Tiuna, desde el año 2015. Pero el 6 de agosto de 2018, dos días después del presunto atentado en contra de Nicolás Maduro, ya no pudo llamar a ese lugar su hogar. 

Esa noche, acompañada por colectivos armados y Llafrancis Colina conductora del programa Zurda Conducta, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari, la desalojaron de su vivienda. La acusaron de traidora por supuestamente celebrar lo ocurrido con el presidente y por vender efectivo a 400% de su valor. 

Ramírez también fue despedida de su empleo como servidora pública en la  Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. Cuando se dirigió a la oficina de recursos humanos para pedir una explicación, le dijeron que la orden fue hecha por los superiores. “Lo que el gobierno decida, nosotros lo apoyamos”, le respondieron. 

Sin empleo ni vivienda, tuvo que irse a vivir en el interior del país con sus familiares. Actualmente, vive de la buena voluntad de sus allegados y del dinero que su esposo pueda conseguir.

“Me dejaron sin trabajo, sin casa, vulnerable. Ahora, tampoco me puedo defender ante la justicia. Todo esto es injusto ¿qué hice para merecerlo? Ni siquiera de lo que se me acusa yo lo cometí”. 

“Desde que nos sacaron, hemos recibido amenazas de muerte de desconocidos, hasta de colectivos. Algunos de ellos estaban el día que nos desalojaron de mi casa. Es más, el 7 de agosto, cuando volvimos al apartamento para buscar las cosas que nos quedaban, las que no nos hurtaron, llegó un funcionario del Ministerio de Vivienda y Habitat, que se identificó como Armando Rondón, nos advirtió que ellos no se harían responsables de nuestra integridad personal, si nos quedamos allí”.

Ha sido en vano

A pesar de las amenazas y represalias, tres días después del intento de magnicidio, se dirigió a la sede del Ministerio Público para consignar una denuncia contra la jefa del gobierno del Distrito Capital.  El caso fue tomado por la fiscalía 50 del área Metropolitana de Caracas. 

Por su parte, abogados de las organizaciones Provea y Proiuris consignaron un amparo en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que le sean garantizados el derecho a la vivienda de Limbania. 

El abogado de Proiuris sostuvo que el amparo consignado es para que se le garantice una vivienda a Ramírez y responsabilicen a los funcionarios que violentaron sus derechos. “Se espera que el tribunal cite a las personas responsables para que resarzan el daño y le devuelvan su vivienda o una nueva con las misma condiciones. Es importante actual por esta vía para que estas personas se pongan a la orden de la justicia”, señaló.

“Fui tanto al Ministerio Público en su Dirección de Atención a la Víctima, a la Defensoría del Pueblo y a la Inmobiliaria Nacional S.A, con la intención de dar a conocer el desalojo forzoso de mi vivienda y obtener las reparaciones correspondientes. Pero ninguno de estos organismos me ha otorgado una respuesta en concreto”, manifestó en 2018. 

El psicólogo Manuel Llorens afirmó que en las comunidades donde se han vivido episodios de violencia crónica las personas comenzaron a mostrarse profundamente afectadas y reportan miedo, hiperactividad, depresión y malestar general

«Cuando el Estado no es capaz de generar los mecanismos defensivos que posibiliten el logro de la justicia y reparen el daño causado en las víctimas y sus familiares, la impunidad genera en las mismas un estado de inseguridad y pérdida de confianza en los organismos», afirmó Claudia Carrillo, psicóloga de Cofavic

@yeannalyfermin | Foto: EFE

Ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzosas, asesinatos de seres queridos, desplazamientos por miedo y persecución política son prácticas que dejan huellas en todas las personas que han sido víctimas de la violencia.

Los traumas psicosociales en personas y comunidades que han estado expuestas a largos períodos de violencia, fueron objeto de análisis en el III Congreso de Psicología que se realizó este 29, 30 y 31 de julio vía Zoom, evento que contó con el apoyo de 22 universidades del país y la participación de más de 100 profesionales destacados en el campo de la Psicología en Venezuela y de otros países.

Roger Castro vive en la parroquia El Cementerio, en Caracas, una zona popular que ha estado en zozobra desde hace varios años por la gobernanza criminal de alias «El Koki» y su banda.

Castro comenta que cuando «los de negro» suben para el barrio, se llena de miedo y esconde a sus tres hijos debajo de la cama por el temor de que una bala perdida los alcance.

«Una vez los policías se metieron a mi casa con la excusa de que yo estaba escondiendo algo, me golpearon y se llevaron mi celular. Cuando vienen, a todos en el barrio como que se nos paraliza la vida«, dijo. 

Ciclos violentos que se repiten

Desde el año 2016, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha venido alertando sobre el aumento sostenido de la letalidad policial, situación que según la organización, se ha extendido por varios estados del país, como la única política de seguridad que se ha estado implementando. 

A juicio del psicólogo Manuel Llorens, en las comunidades donde se han vivido episodios de violencia crónica como en Los Valles del Tuy, la Cota 905, y Los Ruíces; donde se vivió una cadena de linchamientos en 2015, las personas comenzaron a mostrarse profundamente afectadas, con miedo, hiperactividad, depresión y malestar general.

«Hemos encontrado personas que bajan la voz para hablar de manera susurrada, lugares donde la cultura del silencio impera, donde la gente dejó de ocupar espacios públicos por miedo, donde hay desconfianza total en los cuerpos de seguridad y donde finalmente se termina naturalizando la violencia», dijo Llorens. 

El psicólogo afirma que en las comunidades que han vivido violencia sostenida y no han tenido apoyo de la justicia, se comienzan a ver soluciones fragmentadas donde se instalan nuevos ciclos violentos y la cultura del más fuerte es la que impera.

«Un ejemplo de esto es lo que sucedió hace algunos años donde una mamá disfrazó a su hijo de Faes, el comando que más ha matado personas», dijo. 

Llorens explicó que vivir en un contexto de violencia hace que las personas pierdan de vista el sufrimiento del otro y se encierren en sí mismos para tratar de protegerse.

«En esa deshumanización se instaura también el crecimiento sostenido de la violencia, porque hemos visto casos donde personas dicen que ‘si los operativos son para matar a los malandros nadie debería molestarse’,  ‘que si lo mataron por ser malandro está bien’, sin conocer si la persona era inocente», explicó Llorens. 

Las huellas de la impunidad 

Giorgina Ramírez no puede ver una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) cerca de su barrio porque inmediatamente comienza a temblar y a revivir lo que ella describe como «el peor día de su vida».

La mañana del 25 de julio de 2017, varios hombres vestidos de negro, con pasamontañas y portando armas largas, irrumpieron en su vivienda, la maltrataron física y psicológicamente, la mantuvieron secuestrada durante al menos dos horas donde una vecina para que no presenciara el asesinato de su hijo menor y, además, le desvalijaron la casa.

«Cuando los veo, revivo la película del asesinato de mi hijo, y aunque ya han pasado cuatro años no olvido ningún momento ni la última mirada que mi hijo me dio. Me aterra el hecho de pensar que puedan volver. Vivo con miedo a pesar de que no les debo nada», dijo Ramírez. 

«Las afectaciones van desde varias áreas, el área física que compromete la salud de las personas afectadas, cambios a nivel cognitivo, dificultades en la atención, memoria, concentración y orientación, cuadros depresivos, ansiosos y conductuales. El temor a hablar de la situación, miedo a nos ser comprendidos, confusión y miedo a no poder enfrentar la situación son algunas de las consecuencias que dejan las violaciones y abusos a los derechos humanos», dijo Carrillo. 

La coordinadora psicosocial de Cofavic aseguró que cuando el Estado no es capaz de generar los mecanismos defensivos que posibiliten el logro de la justicia y reparen el daño causado en las víctima y sus familiares, la impunidad genera en las mismas un estado de inseguridad, de perdida de confianza en los organismos y también manda una negativa señal en materia de convivencia y paz social.

Acompañamiento en los procesos de justicia 

En la actualidad, hay muchas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que se ocupan de defender los derechos de las víctimas de la violencia, tal es el caso de Cofavic y Provea, ambas con una basta trayectoria en la documentación de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Venezuela desde el año 1988. 

Para la psicóloga Claudia Carrillo, el acompañamiento psicojuridico constituye un trabajo integral que le permite a las personas afectadas fortalecer sus recursos personales para enfrentar las frustraciones inherentes a los procesos judiciales y les garantiza condiciones mínimas para que el proceso de litigio tenga ese efecto sanador. 

Sobre este punto, el psicólogo Manuel Llorens afirmó que a las víctimas de violencia por parte del Estado se le debe facilitar la atención que requiera sin quitarle su protagonismo ni minimizarle su situación. 

«Escuchar las historias sin juzgar, la compañía, el silencio y la humanización tienen un efecto sanador y contribuyen a la recuperación de quienes han sido afectados por la violación a los derechos humanos o han sido víctimas de eventos violentos», dijo Llorens. 

Alicia Neuburger, psicóloga, Universidad de Buenos Aires y ponente en el Congreso de Psicología, destacó que los sistemas de justicia en la mayoría de los países de America Latina lo que hace es agravar la condición de las víctimas de la violencia. 

«Hay una obligación de los estados de proveer protección a las víctimas, a los familiares de la víctimas y cualquier persona que funcione como defensor de derechos humanos», afirmó Corao.

El jurista destacó que no hay que ver las etapas de frutración que puede sufrir una víctima de la violencia en Venezuela. «Hay que saber que hay justicia más allá de las instancias que conocemos», refiriéndose a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos. 

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Carlos Alberto Mora, de 19 años, fue asesinado el 14 de julio de 2006 en Antímano por efectivos de la extinta Policía Metropolitana de Caracas

@ValeriaPedicini

Cuando Dilcia Mendoza habla de su hijo, no lo hace en tiempo pasado. Cuando cuenta la historia detallada de cualquiera de las cuatro fotos que sostiene entre sus manos, siempre lo hace en presente. Las imágenes están unidas con grapa a una hoja carta que la mujer revisa con dolor desde hace más de una década por la ejecución extrajudicial de su hijo.

Carlos Alberto Mora había regresado a vivir a su casa natal en la Parroquia Antímano de Caracas. El muchacho de 19 años estaba decidido a estudiar Criminalística, así que había presentado los exámenes de admisión ante la Policía de Sucre. Mientras esperaba los resultados, trabajaba como mecánico junto a su papá en Filas de Mariches. 

Ansioso porque la respuesta no llegaba, el 14 de julio de 2006 no fue a trabajar y subió al sector La Acequia para ubicar un teléfono y averiguar si lo habían aceptado. 

Eran cerca de las 10 de la mañana. Cuatro horas más tarde, Carlos Alberto estaba muerto. 

Todavía Dilcia Mendoza no sabe por qué mataron al joven. Ella misma ha tenido que atar cabos sueltos para saber cómo fue asesinado por agentes de la hoy extinta Policía Metropolitana de Caracas. La versión policial sostiene que murió durante un enfrentamiento con los funcionarios. Pero Dilcia, convencida de su inocencia, ha ido reconstruyendo los hechos a falta de la indagación oficial. 

La mujer supo que cuando su hijo iba de regreso a casa, los efectivos iban subiendo por el barrio. Un conocido de Carlos Alberto  le dice que entren a una casa para evitar encontrarse con la policía. Dentro de la vivienda, se encuentran con un joven que presuntamente había estado implicado en un caso. “Los funcionarios tumbaron precisamente la puerta de esa casa y entraron. Uno de ellos le comentó a otro: ʻAquí ya tengo tres”. 

En sus averiguaciones, ella también ha podido establecer con los años que aquel funcionario, descargando su arma al aire, solo buscaba aplacar los gritos de auxilio y de dolor que las torturas estaban arrancando a su hijo en la casa vecina.

“Yo revisé la casa donde todo sucedió, encontré las medias de mi hijo, su gorra. Supe que de ahí salió vivo, pero con una ropa que no era la suya. Supe que los funcionarios tardaron una hora en llevarlo al hospital, que apenas está a quince minutos del lugar. ¿Qué pasó ahí? Hay demasiadas cosas que no han sido investigadas. En 2010, de la nada, apareció el teléfono celular de mi hijo. Me lo dio la misma vecina que dijo haberlo encontrado donde lo mataron porque una luz estaba titilando. ¿Seis años después un celular va a tener batería?”.

Había que denunciar

El cuerpo de Carlos Alberto todavía estaba tibio cuando Dilcia lo dejó en el Hospital Pérez Carreño y se fue a denunciar lo que había ocurrido. “Reaccioné y le dije a mi esposo que teníamos que ir a denunciar rápido, para que no les diera tiempo de cambiar la versión, de ponerse de acuerdo, para que no se perdiera evidencia ni borraran nada”. 

No estaban seguros a dónde podían ir. Así que subieron al primer taxi que encontraron. El conductor, tío de un estudiante asesinado por la policía, supo exactamente a dónde dirigirse: los llevó a la sede del Ministerio Público y les explicó lo que tenían que hacer. 

Después de tantos años trajinando su caso, Dilcia puede explicar que lo que vio aquel día en el cuerpo de su hijo no era una quemadura, sino el rastro de un disparo a quemarropa.

“Como víctimas, nosotras creemos que por el solo hecho de hacer la denuncia ya se va a hacer justicia. Ya hoy han pasado 21 fiscales en mi caso”, señala Dilcia Mendoza, quien desde 2006, se ha abocado día tras día a empujar los procesos jurídicos necesarios para establecer las responsabilidades en la ejecución extrajudicial de su hijo. 

Ha comprendido que frente a las disfunciones del sistema solo la voluntad puede marcar la diferencia. “La Fiscalía solo quiere que una se canse. Pienso que al Estado le conviene los casos estancados. Yo iba al Ministerio Público una y otra vez y siempre me decían que esperara, que el fiscal no estaba, que volviera. Yo no sabía nada de la justicia ni qué eran los derechos humanos”. 

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic

Médicos Unidos Venezuela, a través de su cuenta en Twitter, afirmó que el documento carece de elementos formales para ser validado como consentimiento informado

Expertos consultados advierten sobre posible vulneración al derecho a la salud, a la integridad física y a la vida 

@yeannalyfermin | Foto: EFE

El pasado viernes, 16 de julio, la Organización no Gubernamental (ONG) Médicos Unidos Venezuela publicó a través de su cuenta en Twitter el supuesto documento de consentimiento para la vacunación que debió ser firmado por todas las personas que recibieron la primera dosis del prototipo Abdala, la «vacuna cubana» que aún está en fase experimental y que no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. 

“Este es el documento de consentimiento informado (aunque con errores) que debió ser firmado por quienes recibieron la primera dosis del prototipo Abdala. Al parecer, se hará firmar en la segunda dosis. Esto incumple los procedimientos éticos de cualquier estudio”, se lee en tuit que publicó la ONG.

#Opinión.
Este es el documento de consentimiento informado (aunque con errores) que debió ser firmado por los que recibieron la 1ra dosis del prototipo Abdala. Al parecer se hará firmar en la 2da dosis. Esto incumple los procedimientos éticos de cualquier estudio.
Ud lo recibió? pic.twitter.com/lQOBj0CH8U

— Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) July 16, 2021

Médicos Unidos por Venezuela cuestiona que el documento no se corresponde con lo que debe tener un consentimiento informado para participar en un ensayo clínico, es decir, no deja claro que el prototipo Abdalá no es una vacuna, y que la misma no cuenta con los estudios necesarios para inmunizar a la población. 

La ONG dejó claro que el documento carece de elementos formales para ser validado como consentimiento informado.

Violación a los derechos humanos

Jaime Lorenzo, médico cirujano y director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela, explicó que cuando se realiza un ensayo clínico donde no se respetan las pautas internacionales, se vulneran los derechos humanos de todos los ciudadanos. 

«Cuando un aspirante a vacuna incumple las normas básicas que rigen la materia, es una violación flagrante de los los derechos humanos», afirma Lorenzo. 

El director de MUV explicó cómo debería ser el proceso que debe cumplirse en un ensayo clínico. 

«En un ensayo clínico se le debe decir a los participantes cómo va a ser el estudio, si se va a utilizar la figura del doble ciego, es decir, si unas van a ser vacunadas con la candidata a vacuna y otras con placebo, para determinar cuál de los dos grupos sufren más consecuencias ante el contagio con la enfermedad», dijo Lorenzo.

Sobre el derecho que tiene cada paciente cuando participa en un ensayo clínico, Jaime Lorenzo aseguró que toda persona puede renunciar al estudio así se haya colocado una dosis. 

“Lo que tú firmaste no te obliga a terminar el tratamiento. Si una persona se siente mal y no quiere seguir, debe notificarlo y no debe haber represalia de ningún tipo”, dijo.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 83, reconoce la salud como derecho social fundamental y estableció la obligación del Estado de garantizarlo a todas las personas, sin distinción alguna, como parte del derecho a la vida.

Respecto a los derechos que vulnera la aplicación de un producto que aún no ha sido internacionalmente reconocido como vacuna, la abogada de la ONG Acción Solidaria, Natasha Saturno, afirmó que aplicar a la población un prototipo sin haberle informado debidamente de los riesgos y sin haber obtenido un consentimiento previo firmado y claramente otorgado por la persona, puede constituir una violación al derecho a la salud por parte del Estado.

El director de Médicos Unidos Venezuela exhortó al gobierno a que deje de jugar con las necesidades de las personas que claman por una vacuna que les permita estar protegidas contra el COVID-19.

«Ya basta de faltar el respeto a los ciudadanos y llevar a personas que tienen una gran necesidad hasta psicológica de sentirse tranquilos porque están vacunados, eso es lo peor, y eso no tiene ningún calificativo en función de la dignidad humana», dijo Jaime Lorenzo. 

Lo que no dice el documento

Aunque en el documento publicado por MUV aparece que el prototipo Abdala fue producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba (CIGB), este no especifica datos relevantes, como quién está financiando el estudio ni el alcance del mismo. 

El director de Médicos Unidos Venezuela explica que a todos los participantes en un ensayo clínico se les debe decir qué se espera conseguir con el producto que se le está aplicando y los posibles daños que pueden sufrir. 

En el documento publicado en Twitter se lee que las reacciones adversas que puede producir el candidato vacunal Abdala van desde dolor, ligera hinchazón, enrojecimiento,  dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y cansancio, pero no advierte de las reacciones graves, pero poco frecuentes, como reacciones alérgicas (anafilaxia), síndrome de trombosis-trombocitopenia, síndrome de Guillain-Barré, miocarditis, pericarditis y hasta la muerte, en casos muy raros. 

«Todas esas cosas se le deben explicar a las personas que van a participar en un ensayo clínico para que ellos acepten o no colocarse la vacuna y todo eso se hace antes del proceso, no cuando ya van a aplicar la segunda dosis, porque eso es una violación fragante de la ética y los estudios bioéticos», dijo el director de MUV.

La Organización Panamericana de la Salud destaca en su página web que toda  investigación que involucra a personas debe ser siempre revisada y aprobada previamente por un comité que asegura que la investigación propuesta es ética.

El texto también señala que en caso de complicaciones, se le debe informar a los participantes sobre la atención que pueden recibir (tratamiento gratuito y compensación adicional) cuando sufren algún daño a raíz de alguna intervención o procedimiento de la investigación.

«Los dependientes de los participantes tienen también derecho a una compensación material por la muerte o discapacidad de alguno de ellos como resultado directo de su participación en un estudio», asegura la OPS.

El rechazo 

Sobre la eficacia de este prototipo de vacuna, Marta Ayala Ávila, directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, informó el pasado mes de junio que después de aplicarse tres dosis con 14 días de diferencia, Abdala brinda un 92,28% de protección contra el virus y también contra sus variantes Alpha, Beta y Gamma. Sin embargo, Ayala no presentó pruebas, ni los resultados experimentales han sido compartidos para revisión de pares en alguna publicación científica de renombre. 

#Abdala | Alcanza 92.28% de eficiencia con su esquema de 3 dosis y se convierte en el segundo de los #CandidatosVacunalesCubanos que alcanza los requisitos exigidos por la @WHO pic.twitter.com/2xk7uT6pxQ

— CIGBCuba (@CIGBCuba) June 21, 2021

El pasado 30 de junio, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, Aseguró que Abdala todavía no tiene autorización de uso de emergencia por parte de la OMS, por lo que invitó a Cuba a terminar los ensayos de fase 1, 2 y 3 y presentar los resultados para que sean evaluados y pueda considerarse su autorización.

El prototipo de vacuna, que solo se aplicado en Cuba y Venezuela,  ha sido rechazado en varias oportunidades por el sector científico y académico del país. 

A través de un comunicado, las Academias nacionales del país manifestaron su preocupación por las jornadas de vacunación convocadas por el Estado debido a que consideran el prototipo como «producto de dudosa credibilidad científica».

«Abdala no cuenta aún con la aprobación por los organismos internacionales competentes en la materia, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), como tampoco de la evaluación por pares internacionalmente reconocidos. Por tratarse de un producto experimental, no debe aplicarse a la población general, ya que no hay información de su eficacia en la protección contra el SARS-COV-2 así como tampoco su inocuidad», se lee en el texto.

El Centro Nacional de Bioética de Venezuela (Cenabi) advirtió que ese producto experimental no debe ser aplicado como vacuna a la población general. «Cuando se aplican estos productos con carácter experimental se hace en grupos limitados de personas con buena salud, generalmente adultos jóvenes, que han dado libremente su consentimiento informado, siguiendo un protocolo aprobado por un Comité de Bioética», detallan. 

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Darwilson Sequera de 20 años fue asesinado en una ejecución extrajudicial en junio de 2013 por funcionarios del CICPC

@ValeriaPedicini

Una parte de Aracelis Sánchez dejó de existir el día que su hijo murió. El ama de casa que apenas salía de su hogar, centrada en atender y cuidar a su familia, quedó atrás. Dejó de ser aquella mujer cuando funcionarios policiales irrumpieron en su casa, persiguieron a su muchacho hasta la azotea y lo balearon. 

Su historia no es una historia de un solo día. 

Todo empezó en abril de 2013. Un día regresaban a casa y encontraron dentro de su vivienda en El Valle, en el sudoeste de Caracas, a varios policías manipulando su computadora y documentos. No hubo explicaciones ni orden de registro. Hizo la denuncia ante la Fiscalía 127 y le dijeron que se quedara tranquila.

La extorsión duró varias semanas. La familia tuvo que huir, dormir en su carro, vender electrodomésticos. Aracelis acudió al fiscal e hizo una nueva denuncia, esta vez, por extorsión. El funcionario le aseguró: “A usted no le va a pasar nada”. 

La mañana del 11 de junio tocaron con fuerza su puerta. La despertaron gritando “helado” y cuando ella abrió un policía vestido de negro le apuntó con un arma larga y la amenazó con dispararle. Ella cerró y corrió gritando al interior a avisarle a su familia. 

Los funcionarios del Cicpc irrumpieron mientras Darwilson y su hermana de 12 años iban subiendo a la azotea; abajo quedaron la madre, el padre y el hijo mayor abrazados y desde allí oyeron los balazos. La niña aseguró que su hermano buscó refugio saltando entre los techos y se resguardó en una cuneta. 

Según el examen forense, el joven pudo haber estado de rodillas cuando recibió los disparos mortales. 

Cerca de 30 policías participaron en el operativo y cuando arrastraban a Darwilson lanzaban ráfagas y ordenaban a gritos que nadie saliera de su casa. Apenas se despejó la zona, Aracelis se lanzó a los callejones aledaños buscando a su hijo, hasta que su esposo la subió al vehículo y fueron al hospital de Coche. Cuatro días más tarde le entregaron el cadáver en la morgue del hospital a donde había acudido inicialmente. “Dejaron que su cuerpo se descompusiera”. Tenía tres orificios de bala, uno de ellos fue un tiro de gracia.

“Yo debí salir a defenderlo”

Si piensa en quién era en 2013, Aracelis no puede evitar reprocharse a sí misma por no haber sabido cuáles eran sus derechos, los de su familia, los de su hijo. Si hubiese sabido, no se hubiera quedado paralizada por el miedo cuando mataron a Darwilson. 

“Yo soy una persona muy diferente, no me reconozco, era tan tímida, miedosa, a veces me culpo de que hayan matado a mi hijo, debí parármele a los policías, que me mataran a mí, no a él. Yo debí salir a defenderlo. Eso cambió mi vida”. 

Pero la ejecución extrajudicial no fue lo único que la hizo cambiar, sino el enfrentarse al entramado institucional que pretendió distorsionar la descripción de los hechos.

“Una queda como en el aire, con ese dolor tan grande, desorientada; así estaba cuando fui a la División de Homicidios y me pedían que firmara un papel. Yo lo leí, y ahí decía que mi hijo tenía un apodo delictivo y que se había batido a tiros con el Cicpc. Querían obligarme a firmarlo. Dije que no, que lo corrigieran. Entonces arreglaron algunas cosas y me lo dieron de nuevo. Seguía escrito lo del enfrentamiento. Pedí que lo volvieran a hacer y cuando me lo mostraron, se molestaron: ʻ¿También lo va a leer, señora?ʼ, y yo respondí que sí. ¿Cómo podía confiar, si dos escritorios más allá había un funcionario que nos había estado extorsionando meses atrás?”. 

En la Fiscalía le dijeron que el caso estaba cerrado porque su hijo era un delincuente y no tenía ningún derecho. “Querían que me cansara”. 

Después del maltrato reiterado y las presiones de la Fiscalía para que desistiera, Aracelis estuvo en shock. “Conseguí los teléfonos de varias organizaciones y llamé buscando orientación, pero nunca me devolvieron la llamada. Cuando veía en la calle a alguien con libros, pensaba que eran personas leídas y les preguntaba si sabían dónde me podían ayudar”. 

Aracelis Sánchez es una de las fundadoras de Orfavideh. En su camino de hacer justicia por su hijo, conoció a otras madres que también querían lo mismo. Juntas empezaron a acudir a la morgue y la Fiscalía, en búsqueda de más familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 

“Preguntábamos, seguíamos pistas, íbamos a hablar con ellas, a decirles quiénes éramos, y por qué pensábamos que debíamos unirnos. Al principio mi esposo no quería que denunciara, porque temía que fueran detrás de nuestros otros hijos, pero cuando me vio decidida se convirtió en mi mayor apoyo”. 

Para Aracelis, la red de contención, apoyo y ayuda de la organización ha sido crucial. “Hay que denunciar, pero también debemos acompañarnos. Una víctima sola es más fácil de manipular y nunca le prestan atención, pero cuando nos presentamos juntas, estamos pendientes de hacerle seguimiento a cada uno de nuestros casos, nos damos ánimo cuando alguien decae o quiere desistir, se nota la diferencia. Si no estuviéramos ahí, insistiendo, nuestros expedientes prácticamente no existirían, ni tampoco darían constancia de la injusta muerte de nuestros hijos”. 

Ya nada queda de esa mujer miedosa y tímida. “Ahora mi carácter es más fuerte, muy determinado. Cuando veo la injusticia no la permito, me enfrento a quien tenga que enfrentar. He cambiado mi forma de vestir, de pensar, de peinarme. No podemos callarnos ni dejar que nos violen nuestros derechos. Aprendí que a estas personas no hay que tenerles miedo, hay que ir a la prensa, buscar asesoría, tener constancia. Yo ya no me puedo quedar callada. Yo decidí que nadie más me violaría mis derechos”.

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic