El médico infectólogo Julio Castro indicó que el gasto mínimo de un venezolano para cubrir los insumos que piden los hospitales en un quirófano es de 78 dólares, equivalentes a 20 sueldos mínimos
El 90% de los hospitales monitoreados por la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) reportaron que se pide al menos un insumo a los pacientes y sus familiares para poder entrar a un quirófano, aseveró el médico internista e infectólogo venezolano Julio Castro el 20 de noviembre durante la presentación del informe semi anual 2023 de la organización Médicos por la Salud.
Entre enero y septiembre de este año, los centros de salud del país reportaron un desabastecimiento en los quirófanos del 74 % —tres puntos porcentuales más que el año pasado—, donde destaca la ausencia de analgésicos, suturas y la lencería médica (las camas, sábanas y ropa para los pacientes y el personal).
De acuerdo con los resultados de la ENH, más de la mitad de los centros de salud evaluados piden batas, sueros fisiológicos, analgésicos y lencería médica a los pacientes. Al menos el 81 % de los hospitales piden suturas para operar a los venezolanos.
«Hicimos un ejercicio en la encuesta para tratar de monetizar cuánto representa el desabastecimiento y el pedido de materiales para el ciudadano en el día de hoy, y representa un gasto de casi 80 dólares (78$) solamente en estos insumos que son muy básicos, como suturas y lencería médica. Pero para una persona con sueldo mínimo, como un profesor universitario, el gasto es mayor (representa 20 sueldos mínimos)», explicó Castro.
Esperas que degradan la salud
El médico infectólogo aseveró que la tasa de desabastecimiento en salas de operación tiene un impacto directo en el retraso de la atención a los pacientes, aumentando las listas de espera para las más de 15.000 personas que aguardan su turno para operarse.
«Las personas con cáncer son las más afectadas. El aumento progresivo de personas en la lista de espera hace que no solamente las personas no puedan operarse y tengan ese problema médico, sino que, además, su condición médica empeora esperando la cirugía, y buena parte de la espera tiene que ver con la falta de insumos y la operatividad», dijo.
En este panorama, la encuesta recabó que, en promedio, la inoperatividad de los quirófanos es del 60 %.
En este informe se constató que el 43 % de los hospitales tarda entre 1 y 3 meses en operar a los pacientes con cáncer de mama, y al menos el 14 % de esos centros de salud tardan entre 6 y 12 meses. Solo en el 19 % de ellos operan entre una semana y un mes después de la indicación.
En el caso de los pacientes con cáncer de próstata, 44 % de los hospitales tardan uno y tres meses en operarlos y el 33 % tardan entre cuatro y seis meses.
La ayuda humanitaria mejoró algunos servicios básicos
Según el informe de la ENH, las fallas del servicio eléctrico en los hospitales mejoró por cuatro puntos porcentuales con respecto al año pasado y se ubicaron en 47 %.
Sin embargo, el tiempo promedio de los cortes de luz aumentó de 60 a 108 minutos. El daño de los equipos por fallas eléctricas disminuyó un punto porcentual con respecto al año anterior, ubicándose en 4 %.
La organización Médicos por la Salud pudo registrar en este periodo del 2023 un mínimo de 127 muertes atribuibles a las fallas eléctricas en los hospitales. «Si bien es una mejoría de las 204 muertes del año pasado y con respecto a años anteriores como el 2019, la cifra debería ser cero», aseveró Castro.
«La leve mejoría en los servicios básicos se debe primordialmente a las plantas eléctricas y tanques de agua que reciben los hospitales por la ayuda humanitaria y sus propios gastos. El servicio eléctrico por parte del Estado sigue igual de deficiente», resaltó.
Por otra parte, el abastecimiento intermitente del agua en los centros de salud se ubicó entre el 48 y el 53 %, dependiendo de la especialidad de las áreas de emergencia del hospital.
«La ausencia de agua en los centros hospitalarios se traslada en eventos de alto costo como infecciones adquiridas el entorno hospitalario y también implica un gasto económico de los familiares o pacientes para poder subsanar la falta de agua para necesidades básicas», se lee en el documento.
La intermitencia de los servicios básicos y el desabastecimiento de los insumos médicos priva al 17 % de los centros de diálisis en el país.
En tiempos de emergencia
La Encuesta Nacional de Hospitales informó que el desabastecimiento de las salas de emergencia ronda por el 34 %, cuatro puntos más bajo que el año pasado al analizar 20 insumos o medicamentos.
«Cuando vemos los históricos de este índice compuesto en los años 2018-2019, cuando casi se llegó al 65 % (de desabastecimiento), se ha venido aminorado progresivamente. Podemos decir con certeza que el número de medicamentos en las salas de emergencia medidos por este índice ha venido mejorando. Pero esto está muy lejos del índice general. Esto debería ser cero», explica el doctor Castro. «Acá se encuentran medicamentos básicos como esteroides, atropina, antibióticos de uso básico, adrenalina, anticoagulantes, entre otros».
El panorama se tradujo en un tiempo de atención a los pacientes con infarte se redujo de 78 a 72 minutos, mientras que la atención de emergencia por neumonía se redujo de 180 a 102 minutos.
«Esta mejoría también se puede deber a la mejoría en la disponibilidad de los medicamentos, donde los familiares deben buscar medicamentos por su cuenta porque en el quirófano no los tienen. Sin embargo, estamos lejos de llegar al estándar en el tiempo de atención, que es menor a los 40 minutos», explicó Castro.
La violencia sigue en los hospitales
Laboratorios y rayos X mantienen niveles similares a años previos. Solo el 32% de los hospitales tienen rayos X todos los días, mientras que en más de la mitad de los hospitales el servicio es intermitente o nulo.
«Ese número se ha mantenido estable en los últimos dos, tres años sin cambios. Son insumos que requiere cualquier paciente en el hospital. Si vas a un hospital y no hay laboratorios simples como una hematología, sobre todo ahorita que hay dengue e influenza, o que no haya rayos X simple, son cosas relativamente poco costosas que implican gastos para el paciente», expresó el médico internista.
Todo el panorama anteriormente descrito repercute en hechos de violencia hacia el personal de salud. En ese sentido, el ENH documentó que el 81 % de los casos de violencia por parte de los familiares de los pacientes es una especie de respuesta «de frustración frente al deterioro del sistema de salud. Pero sigue sin ser una justificación».
Entretanto, la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y de grupos armados parapoliciales representó el 15% de las denuncuas.
«¿Estamos mejor que antes? Sí, estamos mejor que antes. Pero no estamos ni cerca de la definición de un hospital moderno en el contexto de América Latina. El desabastecimiento debería ser cero. Mientras haya déficit en los hospitales sobre cosas básicas, estaremos en una situación completamente anormal», concluyó Julio Castro.
Advierten que el venezolano no puede adquirir sus medicamentos debido a sus bajos ingresos
Con información de EFE
El mercado farmacéutico de Venezuela creció un 9,8 % en los primeros cinco meses del año respecto al mismo período de 2022, de acuerdo con los datos suministrados este domingo a EFE por la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar).
Unos 77,02 millones de medicamentos se colocaron en el mercado entre enero y mayo, que son 6,88 millones de unidades más en comparación con el mismo lapso del año pasado, cuando se distribuyeron unas 70,14 millones de medicinas en las farmacias del país, según las cifras del sector.
La mitad de los medicamentos que se distribuyen son producidos localmente y la otra mitad son importados, indica la cámara farmacéutica.
Sin poder de compra
El presidente de Cifar, Tito López dijo que, pese a la mejora económica registrada desde mediados de 2021, todavía representa un problema para la industria el «bajo» poder adquisitivo en el país. El salario mínimo y la pensión equivalen a unos 4,5 dólares al mes.
«Lo que más se vende son analgésicos, antiinflamatorios, productos que son de precio bajo», señaló.
El mercado farmacéutico venezolano cerró el año pasado con un crecimiento del 21,9 % respecto a 2021, al aumentar de 159,28 millones a 193,77 millones el número de medicinas distribuidas.
Entre 2014 y 2019, el mercado cayó un 75 %, de acuerdo con las estadísticas de Cifar.
La cámara proyecta un crecimiento del 8,3 % para este año, cuando prevé que se distribuyan 210 millones de medicamentos.
Según la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), el sector farmacéutico operó a un 40,2 % de su capacidad instalada durante el primer trimestre de este año.
En Venezuela ya existía un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, pero la llegada del coronavirus vino a profundizar esta problemática
El gobierno se valió de la crisis de la pandemia para seguir implementando su control social, a través de medidas que no responden a criterios médicos o científicos sino políticos
“Cuando llega la pandemia a Venezuela, por supuesto que lo que viene es a agravar más esa crisis humanitaria que ya teníamos. Y eso se da, principalmente, por las políticas públicas implementadas por el Gobierno”, dijo Yeimber Machado, abogado y miembro de la organización Defiende Venezuela
La abogada Natasha Saturno de Acción Solidaria asegura que en Venezuela no solo hay una violación flagrante del derecho a la salud, sino que se ha visto un patrón sistemático, grave y que tiene alcance nacional de violaciones del derecho a la salud
La llegada del coronavirus a Venezuela paralizó a Ana María Estrada. Recuerda estar sentada en la cocina y ver en la televisión a la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez informar sobre los dos primeros casos en el país y sentirse aterrada. Ella, pensionada de 63 años con hipertensión y con sus dos hijos fuera del país, sentía que tenía todos los boletos para que, si se llegaba a contagiar de COVID-19, le fuera muy mal.
Así que se tomó muy en serio la cuarentena y el ahorro de los pocos recursos económicos que tenía. Si apenas le alcanzaba para comer, mucho menos para comprar tapabocas o antibacteriales. Incluso, pasaba horas sin probar bocado para rendir los alimentos. “No sabía cuánto tiempo iba a pasar para volver a comer o a comprar comida. Eso me daba mucho miedo”, confiesa.
Cuando en el resto del mundo se comenzó a hablar de vacunas, Ana María se dijo que eso sería lo primero que haría cuando las dosis estuvieran disponibles en Venezuela. Se inscribió en el Sistema Patria y puso sus datos, con la esperanza de ser de las primeras en ponerse la vacuna.
Pasó semanas enterándose cómo a otros familiares, amigos o allegados les llegaba el mensaje, incluso a personas más jóvenes, menos a ella. Por insistencia de sus hijos, se acercó al Hotel Alba Caracas, en el centro de la ciudad, para ver si tenía suerte. Después de muchas horas de cola, sin certeza de que lo lograría, un efectivo de seguridad del Estado se apiadó de ella y la dejó pasar a vacunarse.
La historia de Ana María Estrada es una de miles.
La vulneración de derechos humanos en Venezuela no se limita a la pandemia por la COVID-19. Ya en el país se habían identificado denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, uso excesivo de la fuerza de seguridad, deterioro en sistemas de salud, servicios públicos, inseguridad alimentaria, escasez de medicamentos, pobreza extrema y una Emergencia Humanitaria Compleja desde el año 2016 que compromete otros derechos fundamentales.
Pero si los organismos internacionales ya habían asegurado que existían motivos suficientes para decir que en el país se violan los derechos humanos -incluso determinaron que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad desde 2014-, en el contexto por la llegada del coronavirus, la crisis no hizo sino aumentar.
El panorama en Venezuela, antes de la pandemia, ya era desalentador. Así señaló a Runrun.es el abogado Yeimber Machado, miembro de la organización Defiende Venezuela.
“Previo a la pandemia, Venezuela se encontraba en lo que organismos internacionales denominaron una crisis humanitaria compleja y era así por la multiplicidad de factores. La institucionalidad se encontraba prácticamente en quiebra, no había separación de poderes, no había una independencia del Poder Ejecutivo con relación al Poder Judicial y, a pesar de que la oposición tuvo una mayoría en la Asamblea Nacional, tampoco se dejó ejercer el Poder Legislativo”, explica.
Pero no todo era una crisis de institucionalidad, sino que se sumaba la deficiencia de los servicios públicos, tales como el agua, la electricidad, el gas, el transporte público. “Casi todo estaba a nivel de colapso”, agrega Machado.
“Cuando llega la pandemia a Venezuela, por supuesto que lo que viene es a agravar más esa crisis humanitaria que ya teníamos. Y esa agravación se da, principalmente, por las políticas públicas implementadas por el Gobierno”.
La excusa para tener más poder
El 13 de marzo de 2020 se decretó en Venezuela un estado de alarma mediante un decreto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria. Aunque es un estado de excepción consagrado en la Constitución, pero deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, tiene una duración de 30 días y solo puede ser prorrogable por otros 30 días más. Sin embargo, el Gobierno estuvo prorrogando el estado de alarma reiteradamente en el resto del año 2020, violando la Constitución.
Nicolás Maduro informó sobre las medidas que se adoptarían para hacerle frente a la pandemia por el coronavirus. Estas incluían restricciones a la circulación y libre tránsito, suspensión de actividades académicas presenciales, suspensión de eventos y manifestaciones públicas, cierre de fronteras y suspensión de vuelos, uso obligatorio de mascarillas.
Y aunque en los estados de alarma se restringen garantías constitucionales, no debe implicar una vulneración de los derechos fundamentales. Eso en Venezuela no pasó: la política de aislamiento que adoptó el gobierno de Nicolás Maduro fue radical.
“Este decreto impuso la llamada cuarentena obligatoria y, además, se le dio amplios poderes al Ejecutivo. A través de esas llamadas políticas públicas lo que se hacía era darle más poder al Ejecutivo para que se siguieran vulnerando derechos y garantías. Las decisiones con base en este decreto tuvo incidencia en otros derechos”, dice Machado.
Machado explica que, bajo la excusa de la cuarentena social, se reprimían protestas o concentraciones, sobre todo de las personas que vivían en las regiones que se movilizaban en demanda de los servicios públicos.
Incluso con las restricciones de las libertades, cuarentena, medidas de distanciamiento social y la reducción del espacio cívico, en 2020 hubo 9.633 protestas en Venezuela, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). 81% de las protestas documentadas ocurrieron durante la vigencia total del decreto de estado de alarma por el coronavirus.
En un informe de Defiende Venezuela, reportaron detenciones arbitrarias de al menos 628 personas desde el comienzo de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020 hasta mayo de 2021 por ejercer su derecho a la manifestación.
“No solamente fue la persecución al ciudadano común, sino incluso a periodistas y médicos que denunciaban alguna irregularidad o la falta de medicamentos e insumos. Eran perseguidos y encarcelados”, dice el abogado.
Salud en terapia intensiva desde siempre
El sistema de salud público venezolano ha sido de los más afectados por la crisis. Recortes presupuestarios, pérdida de la capacidad de atención, desabastecimiento de medicamentos e insumos, disminución en la calidad del servicio, bajos salarios para los trabajadores de la salud, rebrotes de enfermedades ya erradicadas, migración de profesionales, fallecimientos por muertes prevenibles.
“Si la mayoría de los mejores sistemas de salud públicos del mundo, como España, Italia, Canadá, Reino Unido, que tienen sistema de punta modelos, empezaron a colapsar a consecuencia de la pandemia, te puedes imaginar cómo recibimos nosotros el coronavirus. Donde había escasez de insumos, no hay mascarillas y cuando había se rehusaban, no había atuendos especializados, la cantidad de personas que llegaban para ser atendidas y no había manera”, cuenta Natasha Saturno, abogada, defensora de derechos humanos y miembro de la organización Acción Solidaria.
Saturno cuenta que las conclusiones más importantes de un informe de la organización, en el que hicieron un monitoreo desde enero hasta diciembre de 2020, fue cómo la pandemia había exacerbado deficiencias que se venían arrastrando de años anteriores.
Una de esas era lo relacionado con las cifras oficiales. “Los datos no se armonizan con los que están levantando la sociedad civil. Las organizaciones, que tienen menos capacidad para poder hacer un registro y un levantamiento de cantidad de muertes del personal de salud por coronavirus, por ejemplo, lo han hecho y esas cifras no se ven reflejadas en los datos oficiales. La información discrepa considerablemente. Nosotros nunca hemos sabido exactamente cómo ha sido la situación de Venezuela ante la pandemia. Lo que sabemos no es lo que se está reflejando oficialmente, sabemos que es más grave”.
El gobierno estableció 46 hospitales del país como centros centinelas en Venezuela para que fueran rectores en el proceso de atención del coronavirus. Esta medida, afirma Saturno, no atendió a ningún tipo de criterio médico, geográfico o poblacional. “Entonces, encontramos que en lugares con menos población había más centros centinelas que en lugares con mayor población y con focos más importantes.
“Hubo algunas cosas locas que pasaron aquí que no pasaron en ninguna otra parte o pasaron en pocos lugares”, dice Saturno. “El Estado venezolano aprovechó la excusa de la pandemia para decir que estaban haciendo un monitoreo y un trabajo de seguimiento de casos en el país para hacer detenciones arbitrarias. Hubo varios casos y denuncias de personas, normalmente políticos de oposición o activistas que critican abiertamente al Estado venezolano, donde les llegaron a sus hogares cuerpos policiales con la excusa de que habían recibido una denuncia de que esas personas tenían COVID-19. Se los llevaban, recluidos en contra de su voluntad, los amedrentaban”, narró.
El Estado habilitó hoteles, residencias estudiantiles y el mismo Poliedro de Caracas como centros de cuarentena obligatoria para aislar a pacientes con sospecha de COVID-19 o contagiados. Pero las situaciones eran deplorables: las personas estaban hacinadas, encerradas en sitios con condiciones insalubres, sin asistencia médica y acceso limitado a alimentos y agua.
Esto también ocurrió con los venezolanos migrantes que, en medio de una pandemia en sus nuevos países de acogida, decidieron volver a Venezuela. En vez de ser bien recibidos al llegar, fueron encerrados en los Puntos de Atención Social Integral (PASI) donde debían cumplir una cuarentena obligatoria en las peores condiciones. El propio gobierno propició un discurso contra estos venezolanos retornados, a quienes llamaban “armas biológicas o bioterroristas”.
“La información que nos llegaba de ahí era aberrante, prácticamente eran como pequeñas cárceles. Primero obligaron a colegios e instituciones privadas que prestaran esos espacios. Eran salones compartidos y no les proporcionaban alimentación adecuada ni cobijos, sino que la gente tenía que resolver con lo que tenía. Entonces algo que se supone que era para prevenir terminaba convirtiéndose incluso en focos de contagios de COVID-19”; apunta Saturno.
Uno de los grupos afectados en el derecho a su salud fueron aquellos pacientes renales, oncológicos, diabéticos e hipertensos quienes, de alguna manera, quedaron todavía más desplazados por la atención urgente y necesaria de la pandemia.
“Esto es algo que sucedió en todas partes del mundo. No podemos decir que Venezuela fue una excepción, esto fue algo generalizado. Pero si Venezuela ya tenía una afectación bastante marcada, esto lo profundizó”, señala Saturno.
El cierre o el colapso por COVID-19 de algunos centros de salud afectó a personas en espera de trasplantes que deben dializarse varias veces al mes o las medidas de cuarentena impidieron que las personas accedieran a su derecho a la salud. “Personas que iban a retirar medicamentos, que necesitaban hacer un seguimiento de sus condiciones de salud, les restringieron el paso, sin importar que tuviera justificativo. El derecho a la salud no es un derecho que puedas restringir. Tenía que haber ciertas consideraciones y excepciones que no se tuvieron”, dice la abogada.
Saturno destaca que también hubo una intensificación de la criminalización dentro de los centros asistenciales públicos contra el personal de salud. Los obligaban a cumplir los horarios y las guardias, sin ofrecerles los equipos necesarios para su exposición al virus. “También los criminalizaron por darte información sobre la situación real de cómo estaban los centros y cómo se estaban atendiendo los casos de COVID-19. Los amenazaban con botarlos o quitarles los beneficios”.
Según PROVEA, a noviembre de 2020, 25 integrantes del personal de salud fueron detenidos por hechos relacionados a la difusión de información sobre COVID 19 a la población.
El personal de salud también se convirtió en un grupo de vulnerabilidad creciente. Más de 800 profesionales de la salud han muerto desde que inició la pandemia por la COVID-19 “Quienes están en la línea directa de atención han demandado con urgencia esa ayuda. Implementos de bioseguridad, equipos e insumos. Pero la distribución no ha sido equitativa”, reza un informe de Acción Solidaria.
Saturno asegura que en Venezuela no solo hay una violación flagrante del derecho a la salud, sino que se ha visto un patrón sistemático, grave y que tiene alcance nacional de violaciones del derecho a la salud.
Alimentos, educación y trabajo en jaque
Las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) también se han agravado en el contexto de la pandemia. De acuerdo con la organización Hum Venezuela, los niveles de pobreza, de inseguridad alimentaria, de desempleo y de deserción escolar continúan incrementando de manera grave y alarmante.
El cierre de vías por el decreto de emergencia, el cese laboral y el llamado al encierro para cumplir con la cuarentena derivó en problemas para las personas que dependían de sus trabajos, del día a día para poder enfrentar los distintos problemas producto de la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela.
Hum Venezuela asegura que 94% de la población no cuenta con los ingresos para obtener la canasta básica, mientras que 9,3 millones de venezolanos se encuentran en inseguridad alimentaria, según un estudio del Programa Mundial de Alimentos.
Conforme a estándares internacionales, los Estados tienen el deber de garantizar la accesibilidad a educación gratuita y la sostenibilidad de la misma. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación en virtud de que en varios sectores del país venían ocurriendo suspensión de actividades escolares en los niveles de educación primaria, secundaria y superior como consecuencia de los apagones y la interrupción en el suministro de agua.
Esto con la pandemia empeoró. “El tema del derecho a la educación fue de las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Al principio lo que se hacía era una educación comunitaria a través de radio o televisión, sin ningún tipo de tecnicismo, preparación o distinción de grados o niveles. Luego se empieza a implementar la educación online y la calidad de la educación se vio mermada y afectada por el tema de los servicios públicos”, manifiesta el abogado Yeimber Machado.
Las decadencias tecnológicas y las fallas en los servicios públicos que constantemente ocurren en el país han sido una limitación muy severa para el desarrollo del estudio a distancia. Y no es poca cosa: Venezuela tiene el tercer peor Internet móvil del mundo, con una velocidad de 5.88 Mbps, solo por encima de Afganistán y Turkmenistán. La disponibilidad de computadora y otros recursos de aprendizaje a distancia en el hogar está diferenciada según el perfil socioeconómico, lo que aumenta los índices de desigualdad.
En un informe de Defiende Venezuela se señaló que organizaciones de la 231 sociedad civil indicaron que, durante el año escolar 2021, ha habido un alto índice de abandono de la educación básica, algunas sugiriendo que hasta un 50%, principalmente por la necesidad de obtener ingresos familiares en medio de la pandemia.
Asimismo, según la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el tiempo fuera de las aulas por motivo del distanciamiento social por la pandemia del COVID-19 ha provocado un rezago escolar, el promedio de los estudiantes de secundaria no supera los 10 puntos sobre 20.
Por su parte, Machado destaca que la situación del derecho al trabajo es compleja. El gobierno garantizó la inamovilidad laboral para la estabilidad de los trabajadores, pero resultaron gravemente perjudicados los empleadores. “No tenían cómo producir el dinero y el gobierno los obligaba de alguna manera a mantener a los trabajadores en el ejercicio”, explica.
De acuerdo a la ENCOVI-2021, hombres y mujeres entre 15 y 29 años se encuentran doblemente excluidos de las actividades productivas del país. Entre 2013 y 2021, aumentó en Venezuela el fenómeno denominado “doble exclusión”, es decir, las personas entre 15 y 29 años no están inscritos en centros educativos y tampoco se encuentran insertos en el mercado laboral
Afirma que una de las grandes vulneraciones de derechos que documentaron en Defiende Venezuela fue la implementación de los planes de Chamba Juvenil. “Lo hacían a través del Carnet de la Patria, no era una política de Estado para toda la sociedad, sino simplemente para aquellas personas que estuvieran afiliadas. Esto era totalmente discriminatorio”.
Adultos mayores: los más vulnerables
Desde que el coronavirus fue identificado en el mundo, se señaló que los adultos mayores eran un grupo especialmente vulnerable frente al virus. Las personas de la tercera edad se encuentran bajo una situación de riesgo al coronavirus, que cuenta con una tasa de mortalidad aproximada del 15% y que cuando se trata de personas mayores de 80 años que presentan condiciones crónicas de salud previas, incrementa en mayor medida la letalidad del virus.
Pero para el Estado venezolano los ancianos jamás han sido prioridad, a pesar de haber casi tres millones en el país, según HelpAge International.
Una muestra de eso es que Venezuela no ha suscrito la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento que promueve, protege y ampara los derechos de las personas mayores.
Los adultos mayores en Venezuela llevan años sufriendo el desmejoramiento progresivo de sus condiciones de vida: desnutrición, imposibilidad de costear sus medicinas, falta de acceso a la salud, migración de sus hijos y familiares. Aunque no hay datos oficiales, la Organización Convite calcula que al menos 900.000 adultos mayores quedaron solos en el país debido a la migración.
No tienen posibilidad de acceder a la canasta básica de alimentos ni a los medicamentos que requieren, estando el 86,9% de las personas mayores en situación de pobreza, donde sólo el 5% puede a través de algún medio acceder a sus medicamentos, según Convite.
“Los adultos mayores han sido y creo que son los más afectados en el caso de Venezuela. No solamente porque el coronavirus afectan más grave a las personas mayores, sino porque estas personas dependen de una pensión o jubilación que no les alcanzaba si acaso para comprar un kilo de queso”, asegura Machado.
“La pandemia en la sombra”
Las mujeres, adolescentes y niñas venezolanas ya se encontraban en un contexto difícil antes de que el coronavirus pisara territorio nacional. La Emergencia Humanitaria Compleja, crisis nacional y el colapso de servicios públicos las ha afectado de forma diferenciada.
“Ya se estaban enfrentando a muchísimos retos que hacían la cotidianidad sumamente difícil en materia económica, en labores de cuidado y lo referido a la atención de mujeres sobrevivientes de violencia de género el acceso a la justicia era muy limitado. Por eso precisamente la pandemia también viene a intensificar las dificultades que estábamos viviendo las venezolanas”, expresa Estefanía Mendoza, abogada y directora de la organización Proyecto Mujeres.
Desde que se desató el brote de COVID-19, hubo un incremento importante en los reportes de violencia de género que se estaba viviendo en las casas por las medidas de confinamiento para evitar el contagio. Mientras para algunos, encerrarse en casa era una opción segura, miles de niñas y mujeres que sufren abusos dentro de sus hogares se vieron forzadas a aislarse junto con sus maltratadores.
“Para muchas mujeres las medidas de confinamiento significaron estar encerradas con su agresor. Mujeres que ya vivían procesos de violencia y tenían una especie de resguardo mientras el agresor estaba trabajando o salía, todo eso se eliminaba al estar todos encerrados juntos”.
Fue por esta razón por la que incluso la Organización de Naciones Unidas lanzó una campaña llamada “La pandemia en la sombra”.
Desde Proyecto Mujeres y Mulier redoblaron sus esfuerzos para ofrecer atención psicológica, legal, médica y de emergencia a las mujeres, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia. Tuvieron que pasar de hacerlo presencial a crear un directorio con más de 150 servicios de atención a víctimas con alcance nacional, regional o municipal.
“Esto nos acercó a casos que estaban muy relacionados con las medidas de confinamiento. Vimos un incremento de las situaciones de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Y además la imposibilidad de recibir atención médica en materia de salud sexual y reproductiva”, dice Mendoza.
En el Zulia, donde funciona la organización, se registraron muchas denuncias de mujeres que asistieron a centros para controles prenatales y fueron pospuestos o eliminados, así como “ruleteo” a embarazadas que ya estaban en labores de parto.
“Así como para aquellas que necesitaban una interrupción del embarazo, que se intensificaban porque si no tenías un servicio que pudiera ofrecerle algún tipo de información sobre métodos anticonceptivos o planificación de sus decisiones reproductivas, esto solamente trae como consecuencia más embarazos no deseados y más situaciones que pueden obligarlas a las mujeres a buscar alternativas que son más peligrosas para su salud”.
El confinamiento también significó para cientos de mujeres víctimas de violencia de género la pérdida de estructuras de soporte. “Cuando las mujeres podían reunirse a hablar con vecinas, primas, amigas, de estudio, pueden tener acompañamiento y estrategias para lidiar con la situación. Al estar confinadas esto se pierde. Hubo también efectos sociales en mujeres que se sintieron menos acompañadas en el contexto de pandemia”, expresa la abogada.
Por su parte, al estar más tiempo en la virtualidad, se registró un aumento de los contactos inapropiados con niñas y adolescentes. “Desde el grooming, por el tema de la pedofilia, o incluso captación para redes de trata de personas”.
Mendoza explica que debido a un incremento de las dinámicas virtuales, las redes de trata se diversificaron en el mundo virtual. “En muchos casos, la explotación no desaparece sino que migra a estas formas virtuales”.
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) y la Fundación Vanessa Peretti (Funvape) presentaron el Informe Anual de la Situación de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Venezuela
La salud y acceso a la justicia son los derechos más transgredidos en el territorio nacional a las personas con discapacidad
En 71% de los casos estudiados se reportó la imposibilidad de acceder a atención médica. Del 40,9% que dijo necesitar un tratamiento médico determinado para su discapacidad, 27,8% reportó que lo cumplía muy pocas veces, principalmente por razones económicas
63,6% de los encuestados dijo que no asistía regularmente a un centro de salud para tratar su discapacidad; y de este grupo, 44% no lo hacía por falta de transporte
31,8% de las personas con discapacidad mencionó que necesitaba ayudas técnicas o tecnologías de apoyo tales como prótesis auditivas (50%) u otras (28,5%). Sin embargo, el 95% de estas personas no poseían ayudas técnicas otorgadas por alguna institución del Estado
En materia de alimentación, un 40,9% de las personas con discapacidad informaron que poseían requerimientos alimenticios especiales o dietas debido a su condición. No obstante, el 100% no cumplía tales requerimientos, y de este grupo, un 55,1% no lo hacía por razones económicas
El pasado 15 de diciembre, las organizaciones Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) y la Fundación Vanessa Peretti (Funvape) presentaron el Informe Anual de la Situación de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Venezuela
Este documento evidenció que la salud y acceso a la justicia son los derechos más transgredidos en el territorio nacional a las personas con discapacidad.
El informe refleja que en 71% de los casos estudiados se reportó la imposibilidad de acceder a atención médica, como consecuencia de la falta de insumos médicos en los centros hospitalarios públicos.
Del 40,9% que dijo necesitar un tratamiento médico determinado para su discapacidad, 27,8% reportó que cumplía muy pocas veces con tal tratamiento.
El principal motivo fueron las razones económicas (56,6%) o la escasez de medicamentos e insumos (40%).
Adicionalmente, un 63,6% no asistía regularmente a un centro de salud para tratar su discapacidad; y de este grupo, 44% no lo hacía por falta de transporte; 18,5% por la inexistencia de unidades de transporte y centros de salud accesibles. Un 37,2% declaró que no lo hacía por ambas razones.
«Esto constituye un antecedente claro del bajo nivel de acceso a la salud y una falta de cubrimiento de este derecho por parte del Estado venezolano, bien sea por acción u omisión de su mandato moral. Incluso, cabe agregar que 44% de los centros de salud a los que asistían las personas encuestadas no contaban con un servicio regular de agua y electricidad. Y un 93% de las personas con discapacidad tampoco recibían atención domiciliaria en materia de salud brindada por el Estado», abunda el informe.
Asimismo, 31,8% de las personas con discapacidad mencionó que necesitaba ayudas técnicas o tecnologías de apoyotales como prótesis auditivas (50%) u otras (28,5%).
Sin embargo, el 95% de estas personas no poseían ayudas técnicas otorgadas por alguna institución del Estado; lo que evidencia el «panorama de indefensión en materia de derechos que antecede y continúa hacia el año 2020», afirman las ONG.
Alimentación comprometida
También, en materia de alimentación, un 40,9% de las personas con discapacidad encuestadas en este estudio informaron que poseían requerimientos alimenticios especiales o dietas debido a su condición.
No obstante, el 100% no cumplía tales requerimientos, y de este grupo, un 55,1% no lo hacía por razones económicas.
«Toda imposibilidad de mantener una dieta especial para una persona con discapacidad que así la requiere constituye un detonante para problemas de salud futuro, que por demás, no serían atendidos prontamente debido al mismo panorama de desprotección en materia de salud», advierten Consorven y Funvape.
Recuerdan que en una investigación de abril de 2020 se pudo concluir que 53,7% de los 150 entrevistados mencionó que redujo su ingesta de alimentosdurante la cuarentena nacional por COVID-19.
Desventajas en el acceso a la justicia
Por otra parte, 29% de los consultados manifestó que el acceso a la justicia para personas con discapacidad tampoco fue posible.
66% de este grupo manifestó que existe retardo procesal, lo que obliga a las personas con discapacidad a permanecer privados de libertad por mucho más tiempo del que contempla la ley.
Otro factor que identificaron es la ausencia de intérpretes de Lengua de Señas Venezolana en los procesos judiciales. Esto, según denuncian, impide un «proceso legítimo e inclusivo de la defensa personal».
«No se cuenta con la posibilidad de comprender las audiencias judiciales, siendo esto una evidente demostración de violación a nuestros derechos consagrados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el marco legal venezolano”, expresó en rueda de prensa Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven.
Metodología de la Investigación
Consorven y Funvape realizaron 9 investigaciones de carácter cuantitativo y cualitativo en el año 2020 tendientes a evidenciar la situación de las personas con discapacidad dentro y fuera de Venezuela, en áreas específicas como acceso a la salud, educación, servicios psicológicos y servicios de protección; seguridad alimentaria; movilidad humana en la región; los derechos humanos y el acceso a formas comunicacionales inclusivas en el marco de la pandemia por COVID-19.
Las principales fuentes de datos de estas investigaciones son las personas con discapacidad, sus familiares o cuidadores/as, integrantes de otras organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
La información se recabó a través de encuestas, entrevistas a profundidad, grupos de discusión y observaciones estructuradas; y las principales herramientas de procesamiento de la información aplicadas fueron el análisis de datos cuantitativo y el análisis de contenido cualitativo. Se alcanzó un universo de estudio total de 636 personas encuestadas; además se entrevistaron 32 actores humanitarios y 20 personas con discapacidad y/o familiares.
También, se abordaron 8 comunicaciones oficiales para su análisis y 16 medios televisivos para observación y monitoreo.
Adicionalmente, ambas ONG establecieron un mecanismo de monitoreo y sistematización de datos en torno a casos de violaciones a derechos humanos de personas con discapacidad (180 en total), que incluye información relativa a datos de la persona y todo el proceso jurídico que le acompaña.
«Este proceso de sistematización ha dado como resultado una base de datos que refleja todos los casos atendidos y acompañados en 2020″, detallaron.
Niurka Camacho, de 15 años, fue paciente renal del hospital J. M. de los Ríos, en Caracas. Murió esperando un trasplante de riñón que nunca consiguió, a pesar de haber denunciado su caso ante la CIDH
@ValeriaPedicini
Niurka Camacho tenía pocos días de haber cumplido los 15 años cuando falleció. El 26 de julio llevaba un vestido azul claro y una corona; días después, su corazón había dejado de latir.
Era paciente renal del Hospital J.M. de los Ríos, el principal hospital pediátrico del país. Tenía ocho años cuando le dieron un diagnóstico que le cambió la vida a ella y a su familia para siempre: insuficiencia renal crónica en estado 5.
Necesitaba un trasplante de riñón.
Cuando la noticia llegó, no tuvieron opción: había que buscar la manera de ir a la capital para cuidar la salud de la muchacha. Así que lo vendieron todo, incluida la casa que tenían en Valle de la Pascua, en el estado Guárico, para mudarse a Caracas.
Estaban solos, sin mucho dinero en el bolsillo. Ni un techo donde dormir, tampoco comida que les llenara el estómago. Pasaron varios días sin comer. Pero su padre no paraba ni un minuto para encontrar una solución: “Mi papá se movía a todos lados para conseguir trabajo para mi alimentación”.
Un tío los ayudó a conseguir un alquiler cerca del hospital, ubicado en el centro de la ciudad, y así fue cómo se convirtió en paciente del servicio de Nefrología y empezaron las diálisis. Tres veces por semana para que unas máquinas hicieran lo que sus riñones ya no podían.
Para Niurka fue muy duro el cambio de ciudad porque los primeros años estuvieron separados del resto de sus hermanos. A los dos años de haber empezado con la diálisis fue que su madre pudo llevar al resto de sus hijos a la capital.
Como paciente del J.M de los Ríos, Niurka lo vivió todo. Las máquinas de diálisis comenzaron a presentar fallas y los insumos a escasear. “Todos los días se están dañando. Las arreglan y se vuelven a dañar. No hay insumos, ni los concentrados, ni guantes, ni nada para poder dializar”, expresó la muchacha en el último mensaje que ofreció públicamente antes de su fallecimiento y que fue difundido por la organización Prepara Familia.
Una vez, en el hospital no había catéter de sus medidas y le pusieron uno vencido. “Duraba un año y al cumplir un año se me rompió el catéter”. La escasez de insumos era lo habitual en el pediátrico. “No hay yelcos, no hay insumos, nada, ni guantes, para podernos dializar”, expresó también Niurka en el video.
No es la única
Ver morir a los compañeros es de las situaciones más dolorosas de los pacientes que están a la espera de un trasplante. En lo que va de año, 14 niños del J.M. de los Ríos han fallecido por esa razón. En tres años, han muerto 58 niños, según explicó Lucila Cárdenas de Velutini, encargada de las relaciones institucionales de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela.
El programa de trasplantes está suspendido desde junio de 2017, luego de que le fuera quitada la competencia a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) en 2014 y fuera pasada a Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud.
Fundavene habría notificado a los distintos centros de trasplante que el programa se suspendería tres meses por falla de inductores y medicamentos inmunosupresores para las personas trasplantadas. Pero hasta la fecha siguen sin reactivarlos.
Nicolás Maduro culpa a las sanciones de Estados Unidos, pero cuando eso ocurrió, las sanciones no existían. Sin embargo, para esta fecha no existían las sanciones.
Tras la suspensión del programa de trasplantes en 2017, las organizaciones Cecodap y Prepara Familia introdujeron ante la CIDH una solicitud para la adopción de medidas cautelares para los niños del Servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos.
La CIDH respondió. El 21 de febrero de 2018, la CIDH otorgó las medidas cautelares.
El equipo de @preparafamilia, colaboradores y voluntarios se une al duelo que embarga a la familia y amistades de la adolescente Niurka Camacho (15 años). pic.twitter.com/05mKvR3Cwj
El servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos fue el primero en recibir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2018, luego de que las organizaciones Prepara Familia y Cecodap presentaron un informe documentando el desabastecimiento de medicamentos, la crisis de infraestructura y los brotes infecciosos en el hospital.
Al año siguiente solicitaron una extensión de las medidas cautelares para 13 servicios más del pediátrico, debido a la precariedad en la atención de los niños y niñas hospitalizados. La CIDH volvió a responder y mediante una resolución en 2019 incluyó los servicios de Cardiología, Hematología, Neumonología, Medicina 2, Medicina 3, Anatomía Patológica, Centro de Lactancia, Consulta Externa y Triaje, Neurocirugía Pediátrica, Pediatría Integral, Nutrición, Medicina de Adolescentes y Neurología Pediátrica.
Pero el gobierno de Nicolás Maduro no ha prestado atención a las denuncias de las víctimas y sigue sin garantizar el derecho a la salud de los niños mientras la cifra de fallecidos no para de aumentar.
Según estimaciones de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv), por lo menos 150 niños, niñas y adolescentes pudieran haber recibido un trasplante si la procura de órganos siguiera activa.
Niurka Camacho denunció la crisis que viven los pacientes renales en Venezuela. El 30 de junio, participó en una sesión de la CIDH para exponer la situación que enfrentan los pacientes crónicos y pedía que se reactivaran los trasplantes.
“En el hospital ha sido muy difícil porque he visto a muchos compañeros falleciendo esperando un trasplante. Es difícil para mí porque yo no quiero que me pase lo mismo por la espera de un trasplante, y por eso pido que reactiven los trasplantes. Que por favor se haga algo, quiero una mejor calidad de vida”, dijo Niurka frente a las cámaras.
La relatora de la @CIDH para Venezuela y la niñez, @esmeraldatroiti, expresó su pesar por la muerte de la adolescente Niurka Camacho, quien falleció a la espera de un trasplante en el hospital JM de los Ríos. https://t.co/biWK2lt4yF
Niurka Camacho falleció el 3 de agosto de 2021 sin haber recibido un trasplante de riñón ni tampoco una respuesta del Estado venezolano.
“El Estado ha incumplido su deber de garantizar el derecho a la salud y la vida. Hay demasiadas vulneraciones. Por eso estamos luchando porque se reactiven los trasplantes en condiciones seguras y se indemnice a las familias”, expresó Katherine Martínez, presidenta de la organización Prepara Familia.
Hace un año la CIDH otorgó medidas cautelares a 12 mujeres con cáncer de mama y exigió al Estado venezolano que hiciera lo necesario para proteger sus derechos a la salud y la vida
Hasta la fecha, ni las benificiarias ni las organizaciones peticionarias han recibido respuesta
Cada 24 horas mueren nueve personas por cáncer de mama
“No somos ninguna carga, nosotras somos seres humanos, queremos tener salud”. María Alejandra Díaz, de 45 años, tiene cáncer de mama. El diagnóstico de la enfermedad fue realizado de forma oportuna, pero por la falta de tratamiento de forma continua tuvo una recaída y el tumor hizo metástasis. Ahora también tiene cáncer de hígado, de pulmón y en los huesos.
Cuenta que, al no poder acceder a las medicinas y tratamientos en el sistema de salud público, ha tenido que vender parte de sus pertenencias para poder costear los gastos de su enfermedad. “Tratas de buscar los medicamentos y no los consigues. Si quieres luchar por tu vida, tu salud y ver crecer a tus hijos, tenemos que buscar opciones y una de esas es recurrir a la venta de cosas que tenemos. Para nadie es un secreto que el sistema de salud en Venezuela está muy deteriorado”.
#19Oct#CrisisHospitalaria “He vendido mis cosas para comprar medicamentos”. María Alejandra Díaz es una de las 12 mujeres con cáncer de mama que en 2020 recibió medidas cautelares por parte de la CIDH pic.twitter.com/2M2pe4DD90
A pesar del esfuerzo, Díaz solo ha podido realizarse los exámenes más urgentes o primordiales, porque el resto de los estudios “son muy costosos” y no ha podido saber con certeza qué tan avanzada está la metástasis en su cuerpo.
Ella es una de las 12 mujeres beneficiadas por las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 14 de octubre de 2020, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, a integridad física y a salud.
La CIDH exigió al Estado venezolano adoptar medidas necesarias para proteger el derecho a la salud y la vida y la integridad de estas personas beneficiarias. Asimismo, valoró que, de acuerdo con la solicitud realizada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, Funcamama, Prepara Familia y Senos Ayuda, las beneficiarias no estarían recibiendo el tratamiento médico prescrito correspondiente por parte del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por periodos de tiempo prolongados, a pesar de haberlo recibido previamente.
La CIDH también indicó que los factores de riesgo a los que se ven expuestos estas mujeres tendrían serias consecuencias diferenciadas en la salud de las beneficiarias, “por su sola condición de mujer, ya que estas suponen una forma adicional de violencia en su contra”.
Es por esto que existe un impacto diferenciado de la crisis en las mujeres, donde las barreras de acceso a los tratamientos medicos son una forma más de la violencia contra la mujer, ya que afectan el principio de igualdad y no discriminación.
Pero nada ha pasado. El Estado venezolano no ha movido ni un dedo para mejorar las condiciones de salud de estas 12 mujeres, ni siquiera levantado el teléfono. A más de un año de la medida, María Alejandra Díaz no ha recibido ninguna llamada.
“Sigo en la espera de que el Gobierno nacional me contacte, tanto por vía telefónica, por mensaje o por correo. En esta espera, de medicamento y de llamada tuve un recaída de la enfermedad. Ha sido un golpe bastante fuerte”, expresa la mujer.
Las 12 mujeres beneficiadas con las medidas cautelares de la CIDH son otras de las víctimas crónicas del sistema de salud público venezolano.
A un año de otorgamiento de las medidas cautelares a mujeres con cáncer de mama, ninguna acción ha sido realizada en pro de las beneficiarias, y tampoco la @CIDH ha recibido información de parte del Estado venezolano#NoEsTanRosahttps://t.co/IWH1Ft6h3d
“En Venezuela existe un patrón sistemático grave y extendido de vulneraciones del derecho humano a la salud de la población venezolana. Particularmente quienes están siendo más afectados son las poblaciones más vulnerables, donde las mujeres y las personas con condiciones crónicas de salud tienen lo peor de toda la crisis”, señaló Natasha Saturno de la organización Acción Solidaria.
Saturno dijo que hasta la fecha no existen avances ni ningún tipo de comunicaciones del Estado venezolano ni con las beneficiarias ni con los peticionarios sobre una respuesta a la resolución.
“Solicitamos al Estado venezolano que reconozca la gravedad de la emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando en Venezuela y la afectación especial que tienen las personas con condiciones de salud crónicas”.
Pidió que el Programa Nacional de Oncología sea reestructurado para ofrecer a los pacientes tratamiento médico adecuado y oportuno, exámenes especiales y atención de calidad. Asimismo que exista un enfoque diferenciado de género que “reconozca el impacto que la emergencia humanitaria tiene en las mujeres venezolanas”.
¿Qué ha pasado con las 12 beneficiarias?
Luisa Rodríguez, directora de la ONG Funcamama, explicó que de las seis mujeres beneficiadas por la CIDH que son parte de la organización, una de ellas falleció a la espera de atención del cáncer de mama entre 2020 y 2021.
#NoEsTanRosa | El 14/10/2020 la CIDH en su Resolución 68/2020 otorgó medidas cautelares a favor de 12 mujeres que padecen cáncer de mama porque se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos al no recibir la asistencia médica.
“Otra tiene metástasis en la cadera, está en cama sin poder tener movilización. Tuvo fractura de la cadera porque por falta de acceso al agua tenía que caminar casi tres cuadras para llenar un tobo para poder cubrir las necesidades de aseo diario”, aseguró Rodríguez, demostrando cómo la situación de los servicios públicos también hace más difícil padecer una enfermedad crónica en Venezuela.
El resto de las mujeres beneficiadas son parte de la organización Senos Ayuda. Nancy Cardozo, representante de la organización, precisó que no tienen conocimiento de dos de ellas, tres siguen recibiendo ayuda y una tuvo que someterse a una segunda mastectomía y enfrenta una posible metástasis.
Los familiares también sufren
El cáncer de mama que tiene María Alejandra Rodríguez no solo ha sido un golpe duro para ella, sino también para el resto de su familia. “Yo soy la persona que está padeciendo la enfermedad, pero mi familia está padeciendo todo lo que implica mantener por un tiempo más a un familiar al lado”.
La directora de Funcamama expresó que es importante que la sociedad entienda que una enfermedad crónica de alto costo, no solo afecta a aquella persona que la padece, sino a todo su entorno. “Hay un equipo alrededor de ellas que está haciendo posible que puedan recibir a nivel privado este tratamiento: familiares, hermanas, amigos”.
Tal es el caso de María Zambrano, otra de las mujeres beneficiadas con la medida cautelar de la CIDH. La mujer de 59 años, quien tiene un tipo de cáncer de mama muy agresivo y uno de los más frecuentes detectados en la mujer venezolana, ha recibido el apoyo de sus familiares para poder luchar contra la enfermedad.
Nada más para que pudiera ser atendida en el hospital oncológico tuvieron que esperar 15 días, luego de la insistencia por encontrar un cupo. Cuando lo lograron, tuvieron que hacer rifas para cubrir los costos de medicamentos y exámenes.
“Es muy difícil convivir y ver a tu familiar que decae cada día más. Desde mayo de 2020 que recibió su última quimio, hasta el 4 de octubre de 2021 fue que fue evaluada por los médicos del oncológico, donde le diagnostican nuevamente ‘una pepita’ en espera de punción para una biopsia, que se hace en privado porque en público no hay insumos”, contó su hermana.
Hace un año la CIDH exigió al Estado de Venezuela proteger el derecho a la vida, integridad personal y salud de las pacientes con cáncer de mama con medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado #NoEsTanRosapic.twitter.com/VtLLvjWcuB
¿Cuál es la situación del cáncer de mama en Venezuela?
El 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y en Venezuela en los últimos cinco años, producto de la crisis y la emergencia humanitaria, la situación para las personas con esta enfermedad ha empeorado.
De acuerdo a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, la cifra total de mortalidad por cáncer de mama es de 3.127 personas. Es decir, cada 24 horas mueren nueve personas por esta enfermedad. La edad del mayor número de personas fallecidas está entre los 55 y los 64 años de edad.
Luisa Rodríguez, presidenta de la ONG Funcamama, explicó que entre el colapso generalizado de los centros oncológicos y la falta de capacidad adquisitiva de las mujeres con esta enfermedad, padecer cáncer de mama en Venezuela se traduce en un tragedia.
En un informe de la organización se detalla que uno de los grupos más vulnerables de personas afectadas por salud crónica están aquellos con cáncer, “quienes ven la capacidad de atención y servicio médico oncológico seriamente deteriorado y los coloca ante un riesgo inminente de la vulneración de los derechos humanos, la integridad física y salud de estas mujeres”.
Señaló que 22 unidades de radioterapia han cerrado en los últimos cinco años, producto del incumplimiento de los pagos por parte del Ministerio de Salud y la falta de mantenimiento de los equipos que estaban dispuestos para atender 21 tipos de cáncer, entre ellos cáncer de mama y de cuello uterino. Solo funcionan de forma parcial las de los oncológicos Padre Machado y Luis Razetti en Caracas. También denunció la ausencia de mamógrafos, ecógrafos, resonadores y tomógrafos.
Según cifras de la Alianza Venezolana para la Salud, los centros oncológicos no garantizan quimioterapia a 140 mil personas con cáncer, mientras que las cirugías disminuyeron a más de un 80%. Además, no se cuenta con mamógrafos, ecógrafos, resonadores, tomógrafos ni estudios para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad”.
“El acceso de tratamientos y medicamentos a personas con cáncer continúa dependiendo de la capacidad de cada familia para poder costearlo, mínimo se necesita un promedio de 2500 dólares”, asegura Luisa Rodríguez.
El programa de trasplantes está suspendido desde junio de 2017, luego de que le fuera quitada la competencia a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) en 2014
Según la directora de la ONG Prepara Familia, existe una población de 250 niños, niñas y adolescentes que pudieran estar en riesgo ante la paralización del programa de trasplantes
Gineth Gil lleva en sus brazos un oso azul de peluche y un cartel que dice «Reactiven los trasplantes». Hace apenas seis días que su hija Jeannys Herrera, de 9 años, falleció en el servicio de nefrología del hospital J.M. de los Ríos a la espera de un trasplante de riñón que nunca llegó.
«Pido que se pongan las manos en el corazón y reactiven los trasplantes. Pido calidad de vida para los niños que quedan, ya que mi hija no tuvo el sueño de ser trasplantada», dijo en la entrada del principal centro pediátrico del país durante una protesta de madres, familiares y pacientes que requieren trasplantes de órganos y exigían una respuesta en la reactivación del servicio.
La niña era paciente nefrótica desde hace cinco años y desde el pasado mayo su madre había estado denunciando la situación crítica de su hija porque el hospital no le suministraba los medicamentos que ella necesitaba.
«No es fácil perder a un hijo. No es fácil llegar aquí y ver el sitio donde duró dos meses hospitalizada». Contó que en ese tiempo vio cómo a su hija le inyectaban varias veces con la misma inyectadora por la falta de insumos que hay en el hospital. Asimismo, Gineth denunció que este martes 17 de agosto le fue negada la entrada al hospital porque su hija había fallecido.
Pero a ella no fue la única a la que le impidieron el acceso. «Iba a entrar y me dijeron que no podía, porque mi hijo ya se murió», dijo Vicky Fernández, madre de Andrés Fernández, paciente renal crónico que pasó 14 años en diálisis y murió hace dos años a la espera de poderse trasplantar.
«¿Cómo ella (Mercedes Valera, actual directora del hospital) nos va a prohibir la entrada al J.M. de los Ríos siendo un hospital público?», dijo.
A Emilce Arellano, madre de Winder Rangel, quién falleció el 11 de agosto, también le negaron el acceso. El niño de 11 años era paciente de diálisis de hace un par de años y también se encontraba a la espera de un trasplante de riñón.
«Mi bebé tiene ocho días que falleció aquí en el J.M. esperando un trasplante. Fue un gran guerrero que luchó hasta el final. Tengo una tristeza y un vacío porque me hace falta mi bebé», dijo Emilce en la entrada del pediátrico. «De corazón pido que reactiven los trasplantes para los que siguen luchando por sus vidas». Actualmente la unidad de Nefrología sigue atendiendo a 14 pacientes que necesitan diálisis y con el sueño de ser trasplantados.
Tal es el caso de Génesis Rodríguez, paciente renal crónico en diálisis. Su madre Niurka Faneitez fue de las madres que fue a protestar la mañana de este martes 17 de agosto, denunciando la grave situación que hay en el centro de salud.
«El J.M. es un hospital de niños abandonado por el Gobierno, esto se cuenta y no se cree. Mi niña duró tres tratamientos que no le pusieron porque no tenían inyectadoras. No tenemos algodón, ni alcohol. Nada», dijo la mujer.
Ante el fallecimiento de varios niños en el mes de agosto, Faneitez no puede evitar preocuparse por el futuro de su pequeña de 11 años y el resto de los niños que necesitan de un trasplante para vivir. «¿Nos queda sentarnos a ver los 14 que quedan? ¿A ver morir nuestros niños? No es justo. Tengo mucho miedo».
Años de espera y sufrimiento
Según datos de la organización Prepara Familia, en lo que va de año han muerto 12 niños, niñas y adolescentes del J.M de los Ríos que esperaban un trasplante.
Tan solo en el mes de agosto, han ocurrido tres decesos: el 10 murió Winder Rangel de 11 años, el 11 de agosto falleció Jeannys Herrera de 9 años y Niurka Camacho de 15 años. El 30 de junio, Niurka Camacho había encabezado una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en representación de los pacientes renales, en la que pidió mejores condiciones para el hospital de niños y exigió la reactivación de los trasplantes. Falleció sin ver que sus peticiones fueran escuchadas.
El programa de trasplantes está suspendido desde junio de 2017, luego de que le fuera quitada la competencia a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) en 2014 y fuera pasada a Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud.
Los pacientes del servicio de Nefrología fueron los primeros en tener medidas cautelares de la Cidh desde febrero de 2018, en las que se exhorta al Estado venezolano a garantizarles el derecho a la salud, a proporcionarles el tratamiento adecuado y cumplir los procesos de diálisis y trasplantes. Hasta ahora, nada ha pasado: el Gobierno no ha dado respuestas y siguen muriendo pacientes.
Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, se encontraba acompañando a las madres del J.M. de los Ríos a pedir mejores condiciones para los pacientes del centro pediátrico. «Nosotros estamos aquí para pedirle al Gobierno que haga su trabajo, que garantice el derecho a la vida de los pacientes, que reactiven los trasplantes”. Detalló que existe una población de 250 niños, niñas y adolescentes que pudieran estar en riesgo ante la paralización del programa de trasplantes.
Para la defensora de derechos humanos, la reactivación del programa debe venir acompañada de medidas que garanticen la vida, la salud y la dignidad de los pacientes.
Mientras madres y pacientes manifestaban, un autobús perteneciente a los trabajadores del hospital se lanzó sobre los presentes, en lo que parecía un intento por interrumpir la protesta. «Estamos aquí concentradas, varias madres exponiendo lo que les pasaba, cuando el transporte de los empleados, que normalmente se estaciona afuera en la calle, no en la acera, se subió y nos emboscó, eso es una vulneración más a la grave situaciones que viven los niños», expresó Martínez.
De acuerdo con información recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), Venezuela viene atravesando una crisis económica y social marcada por un contexto de escasez y de desabastecimiento de alimentos y de medicamentos que se estaría incrementado de modo alarmante. Esta situación afecta en particular a las personas, grupos y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza, resultando especialmente grave para niños y niñas, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas privadas de libertad, y personas mayores.
A falta de información pública oficial actualizada, el más reciente informe sobre seguridad alimentaria y nutricional elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, ha verificado un aumento de 1,3 millones de personas subalimentadas en Venezuela para el periodo 2014/2016, es decir un 3,9% adicional al trienio anterior. Dicha estimación corresponde a la cantidad de población que no estaría cumpliendo con los requerimientos nutricionales mínimos para llevar una vida saludable y activa. Asimismo, resultan sumamente preocupantes las reiteradas denuncias recibidas sobre el riesgo que tendrían miles de niños y niñas en Venezuela de perder la vida por desnutrición durante este año. Según la información recibida, durante 2017 habrían fallecido entre cinco y seis niños semanalmente por falta de alimentación, y al menos 33% de la población infantil presentaría indicadores de retardo en su crecimiento. Asimismo, un promedio de 4,5 millones de personas solo estaría alimentándose una vez al día, y en ocasiones cada dos días, resultando que el 11.4% de la población infantil ya se encontraría en situación de desnutrición.
En relación con el derecho a la salud, la CIDH y su REDESCA hacen público que han recibido constante información denunciando la falta de acceso a medicamentos y a tratamientos médicos en Venezuela. Según la misma, al finalizar el 2017 el desabastecimiento de medicinas básicas para enfermedades relacionadas con diabetes, diarrea, hipertensión e infecciones respiratorias agudas se encontraría sobrepasando el 80%. De la misma forma, se ha tenido conocimiento que el 85% de las farmacias de la capital venezolana se habrían quedado sin medicación para infecciones oportunistas que atacan a personas viviendo con VIH o SIDA; y que entre un 95 y un 100% de los hospitales no tendrían antirretrovirales a su disposición. Esto ha significado que se hayan reportado fallas de hasta un periodo de 6 meses continuos sin recibir el esquema de tratamiento indicado, generando un estimado de 5 personas fallecidas al día por causas relacionadas con dicha enfermedad. En ese mismo marco, organizaciones científicas locales han observado un serio deterioro de los bancos de sangre en el país, presentando graves fallas en la recepción de reactivos e insumos que impiden descartar enfermedades en las donaciones de sangre, realizar intervenciones quirúrgicas y tratamientos transfusionales en pacientes renales, hematológicos y oncológicos, entre otros. Dicho contexto se ve agravado por un aumento preocupante de enfermedades como la malaria, el zika o la difteria, lo que ha generado alertas por su incremento progresivo desde el 2015.
En ese marco, el Comisionado Francisco Eguiguren, Presidente de la CIDH y Relator de País para Venezuela, ha llamado la atención de que “los aumentos de precios generales de los alimentos y medicamentos sumados a los altos índices de inflación que presenta el país, repercuten directamente en la seguridad alimentaria y en la salud de la población, en particular la que se encuentra en situación de pobreza, que se ve obligada a destinar la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y de medicinas”. Por su parte, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre Derechos de la Niñez de la CIDH, alertó que “la gravedad de la situación de los derechos a la salud y a la alimentación de las niñas y de los niños de Venezuela no admite demoras. Su interés superior debe ser totalmente priorizado en las medidas adoptadas por el país como por la comunidad internacional en el enfrentamiento de la crisis”.
Aunado a ello, la CIDH y su REDESCA han notado con suma preocupación que existen denuncias que señalan que las bolsas de comida distribuidas a través de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción no se estarían entregando a personas opositoras al Gobierno; tampoco se contaría con criterios claros de asignación, periodicidad y productos a entregar, ni se tomarían debidamente en cuenta las necesidades nutricionales según el sector poblacional al que se atiende. Lo mismo estaría sucediendo en relación con la obligación de respeto del derecho a la salud, puesto que se estaría condicionando el acceso a estos servicios a la tenencia de un documento que acredite el acuerdo con el partido en el Gobierno.
Todo este contexto estaría produciendo desesperación en la población que ha salido a manifestarse en diferentes ocasiones, en algunas de ellas tomando por la fuerza productos de establecimientos comerciales y unidades de carga que transportan alimentos. Lamentablemente, entre el 31 de diciembre de 2017 y el 9 de enero del presente año ya han sido reportadas tres muertes debido al enfrentamiento y la violencia entre personas tratando de conseguir alimentos y personal de seguridad. También se ha recibido información sobre varias detenciones y uso indiscriminado de la fuerza en el marco de dichas manifestaciones.
En tales circunstancias, cabe subrayar que Venezuela tiene obligaciones específicas respecto de los derechos a la alimentación y a la salud que provienen tanto de la Declaración Americana de Derechos Humanos como de su propia Constitución y marco legal. Los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han establecido que la salud y la alimentación debe también entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, lo cual implica obligaciones para los Estados de adoptar medidas para el ejercicio de tales derechos. En tal sentido, Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH indicó que “si bien desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se entiende que existen ciertos aspectos de los derechos a la salud y a la alimentación de realización progresiva, es necesario subrayar que en relación con los mismos también existen obligaciones inmediatas para los Estados, incluyendo la provisión sin discriminación de medicinas y de alimentos esenciales, en particular a las personas, grupos y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza. Esto aplica claramente a Venezuela en su actual contexto y debe ser objeto de acción inmediata por el Estado”.
A la luz de los estándares internacionales vigentes, la REDESCA de la CIDH afirma que el derecho a la alimentación se hace efectivo cuando las personas tienen acceso físico y económico a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla en todo momento. En ese marco, el Estado Venezolano debe redoblar esfuerzos para garantizar niveles esenciales para proteger a su población del hambre, incluso ante situaciones de limitaciones graves de recursos. Asimismo, considerando que el acceso a medicinas es parte integral del derecho a la salud, dicho componente debe ser garantizado y respetado, entre otras acciones, proveyendo medicinas esenciales destinadas a enfrentar enfermedades que presenten un riesgo de salud pública o a aquellas necesidades prioritarias para la salud de la población en Venezuela. El proceso de selección de dichos medicamentos y priorización de enfermedades deberá, además, estar basado en evidencia, siendo transparente y participativo, en particular para los grupos más gravemente afectados.
En dicho sentido, resulta de suma preocupación para la CIDH y su REDESCA la información pública disponible sobre la negativa del Estado venezolano a recibir cooperación internacional para paliar la crisis económica y social que atraviesa, así como la ausencia de datos públicos oficiales que permitan monitorear adecuadamente las obligaciones del Estado. Esta actitud no solo evidenciaría falta de voluntad de Venezuela para garantizar estos derechos, sino que además sería contraria a su deber de respeto ya que estaría obstaculizando la disponibilidad y accesibilidad de medicinas y de alimentos básicos para la población que más lo necesita.
Por lo antes expuesto, la CIDH junto con su Relatoría Especial en temas DESCA expresan su profunda solidaridad con las personas y colectivos que vienen sufriendo las consecuencias mas directas de la crisis económica y social del país, urgiendo al Estado venezolano a respetar y garantizar los derechos a la alimentación y salud de la población bajo su jurisdicción. Al mismo tiempo, expresan su rechazo a todo tipo de violencia o abuso de la fuerza en el marco de manifestaciones fruto de ese contexto, reiterando nuevamente la posibilidad de hacer una visita in loco al país con objeto de evaluar el ejercicio de los derechos humanos en su integralidad.
Finalmente, instan a Venezuela, a su sociedad civil y a otras partes interesadas a generar y presentar información completa, desagregada y adecuada en el marco de la audiencia pública convocada de oficio por la CIDH sobre la situación de los derechos a la alimentación y a la salud en Venezuela. La misma se realizará durante el próximo periodo de sesiones de la CIDH y tendrá como principal objetivo identificar los principales obstáculos y preocupaciones para el ejercicio de los derechos a la alimentación y la salud en Venezuela, así como las medidas que estaría tomando o debería tomar el Estado de manera inmediata tanto a corto como a mediano plazo para garantizar tales derechos.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una Oficina autónoma y especialmente creada para apoyar a la CIDH en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en América.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
