El Estado venezolano contempla en la Constitución una serie de leyes que amparan el derecho a la alimentación de todos sus habitantes, pero no se cumplen
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), informó este martes que una familia venezolana de cinco miembros necesita unos 91,3 salarios mínimos para adquirir la cesta alimentaria familiar.
Actualmente, el salario mínimo en Venezuela está establecido en 130 bolívares mensuales, unos 5,28 dólares al cambio de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
Según estimaciones del Cendas, una familia necesitó 16 dólares diarios para cubrir la cesta alimentaria de 60 productos, o 482,26 dólares mensuales, lo que representa una disminución de 0,9 % en comparación con enero, cuando fue de 486,92.
No obstante, al hacer el cálculo en bolívares la cesta alimentaria tuvo un costo de 11.873,34 bolívares, un incremento del 14 %, debido a la inflación, con respecto a enero pasado cuando se registró en 10.418,98.
El sector que más aumentó en el mercado fue el de las salsas y mayonesas, con una variación de 39,88 %, seguido de los cereales y productos derivados, con un alza de 22,61 %, y los granos, con un incremento del 22,61 %.
Inflación de febrero más baja
La inflación de febrero fue de 20,2 %, 19,2 puntos porcentuales menos que en enero, cuando fue de 39,4 %, según datos difundidos a principios de marzo por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), entidad independiente al margen del Banco Central.
La organización explicó que, con un aumento del precio del dólar estadounidense del 11 % en febrero, una tasa de inflación mensual de 20,2 %, sugiere que los precios están «sobrerreaccionando a la devaluación del bolívar».
Las leyes no se cumplen
En el Estado venezolano hay varias leyes que amparan el derecho a la alimentación de todos sus habitantes, pero en la práctica, esto no se cumple.
El artículo 305 establece la garantía de la seguridad alimentaria para la población, otorgando carácter constitucional a los diferentes tratados de derechos humanos suscritos por la República.
La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria (LOSSA) que se encarga de la regulación de la producción, comercialización y distribución de alimentos, hace referencia al derecho que tienen todos los venezolanos de contar con: seguridad y soberanía agroalimentaria con especial énfasis en el impulso a la producción nacional de alimentos, disponibilidad, acceso oportuno, inocuidad y calidad de los mismos.
Cabe recordar que Venezuela forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde el año 1978, que en su artículo 11.2 reconoce el derecho de toda persona de estar protegida contra el hambre.
Además forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que en su artículo 26 se encuentra el Derecho a la Alimentación.
Pero, a pesar de eso, cerca de 6,5 millones de venezolanos padecen hambre, según el informe «Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina 2022», de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«Una mirada a las tendencias del hambre en los países de la región muestra que el hambre aumentó significativamente en Venezuela, en 18,4 puntos porcentuales, es decir, 5 millones más de personas con hambre entre los períodos 2013-2015 y 2019-2021″, afirmó el informe publicado el pasado mes de enero.
En Venezuela ya existía un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, pero la llegada del coronavirus vino a profundizar esta problemática
El gobierno se valió de la crisis de la pandemia para seguir implementando su control social, a través de medidas que no responden a criterios médicos o científicos sino políticos
“Cuando llega la pandemia a Venezuela, por supuesto que lo que viene es a agravar más esa crisis humanitaria que ya teníamos. Y eso se da, principalmente, por las políticas públicas implementadas por el Gobierno”, dijo Yeimber Machado, abogado y miembro de la organización Defiende Venezuela
La abogada Natasha Saturno de Acción Solidaria asegura que en Venezuela no solo hay una violación flagrante del derecho a la salud, sino que se ha visto un patrón sistemático, grave y que tiene alcance nacional de violaciones del derecho a la salud
La llegada del coronavirus a Venezuela paralizó a Ana María Estrada. Recuerda estar sentada en la cocina y ver en la televisión a la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez informar sobre los dos primeros casos en el país y sentirse aterrada. Ella, pensionada de 63 años con hipertensión y con sus dos hijos fuera del país, sentía que tenía todos los boletos para que, si se llegaba a contagiar de COVID-19, le fuera muy mal.
Así que se tomó muy en serio la cuarentena y el ahorro de los pocos recursos económicos que tenía. Si apenas le alcanzaba para comer, mucho menos para comprar tapabocas o antibacteriales. Incluso, pasaba horas sin probar bocado para rendir los alimentos. “No sabía cuánto tiempo iba a pasar para volver a comer o a comprar comida. Eso me daba mucho miedo”, confiesa.
Cuando en el resto del mundo se comenzó a hablar de vacunas, Ana María se dijo que eso sería lo primero que haría cuando las dosis estuvieran disponibles en Venezuela. Se inscribió en el Sistema Patria y puso sus datos, con la esperanza de ser de las primeras en ponerse la vacuna.
Pasó semanas enterándose cómo a otros familiares, amigos o allegados les llegaba el mensaje, incluso a personas más jóvenes, menos a ella. Por insistencia de sus hijos, se acercó al Hotel Alba Caracas, en el centro de la ciudad, para ver si tenía suerte. Después de muchas horas de cola, sin certeza de que lo lograría, un efectivo de seguridad del Estado se apiadó de ella y la dejó pasar a vacunarse.
La historia de Ana María Estrada es una de miles.
La vulneración de derechos humanos en Venezuela no se limita a la pandemia por la COVID-19. Ya en el país se habían identificado denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, uso excesivo de la fuerza de seguridad, deterioro en sistemas de salud, servicios públicos, inseguridad alimentaria, escasez de medicamentos, pobreza extrema y una Emergencia Humanitaria Compleja desde el año 2016 que compromete otros derechos fundamentales.
Pero si los organismos internacionales ya habían asegurado que existían motivos suficientes para decir que en el país se violan los derechos humanos -incluso determinaron que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad desde 2014-, en el contexto por la llegada del coronavirus, la crisis no hizo sino aumentar.
El panorama en Venezuela, antes de la pandemia, ya era desalentador. Así señaló a Runrun.es el abogado Yeimber Machado, miembro de la organización Defiende Venezuela.
“Previo a la pandemia, Venezuela se encontraba en lo que organismos internacionales denominaron una crisis humanitaria compleja y era así por la multiplicidad de factores. La institucionalidad se encontraba prácticamente en quiebra, no había separación de poderes, no había una independencia del Poder Ejecutivo con relación al Poder Judicial y, a pesar de que la oposición tuvo una mayoría en la Asamblea Nacional, tampoco se dejó ejercer el Poder Legislativo”, explica.
Pero no todo era una crisis de institucionalidad, sino que se sumaba la deficiencia de los servicios públicos, tales como el agua, la electricidad, el gas, el transporte público. “Casi todo estaba a nivel de colapso”, agrega Machado.
“Cuando llega la pandemia a Venezuela, por supuesto que lo que viene es a agravar más esa crisis humanitaria que ya teníamos. Y esa agravación se da, principalmente, por las políticas públicas implementadas por el Gobierno”.
La excusa para tener más poder
El 13 de marzo de 2020 se decretó en Venezuela un estado de alarma mediante un decreto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria. Aunque es un estado de excepción consagrado en la Constitución, pero deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, tiene una duración de 30 días y solo puede ser prorrogable por otros 30 días más. Sin embargo, el Gobierno estuvo prorrogando el estado de alarma reiteradamente en el resto del año 2020, violando la Constitución.
Nicolás Maduro informó sobre las medidas que se adoptarían para hacerle frente a la pandemia por el coronavirus. Estas incluían restricciones a la circulación y libre tránsito, suspensión de actividades académicas presenciales, suspensión de eventos y manifestaciones públicas, cierre de fronteras y suspensión de vuelos, uso obligatorio de mascarillas.
Y aunque en los estados de alarma se restringen garantías constitucionales, no debe implicar una vulneración de los derechos fundamentales. Eso en Venezuela no pasó: la política de aislamiento que adoptó el gobierno de Nicolás Maduro fue radical.
“Este decreto impuso la llamada cuarentena obligatoria y, además, se le dio amplios poderes al Ejecutivo. A través de esas llamadas políticas públicas lo que se hacía era darle más poder al Ejecutivo para que se siguieran vulnerando derechos y garantías. Las decisiones con base en este decreto tuvo incidencia en otros derechos”, dice Machado.
Machado explica que, bajo la excusa de la cuarentena social, se reprimían protestas o concentraciones, sobre todo de las personas que vivían en las regiones que se movilizaban en demanda de los servicios públicos.
Incluso con las restricciones de las libertades, cuarentena, medidas de distanciamiento social y la reducción del espacio cívico, en 2020 hubo 9.633 protestas en Venezuela, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). 81% de las protestas documentadas ocurrieron durante la vigencia total del decreto de estado de alarma por el coronavirus.
En un informe de Defiende Venezuela, reportaron detenciones arbitrarias de al menos 628 personas desde el comienzo de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020 hasta mayo de 2021 por ejercer su derecho a la manifestación.
“No solamente fue la persecución al ciudadano común, sino incluso a periodistas y médicos que denunciaban alguna irregularidad o la falta de medicamentos e insumos. Eran perseguidos y encarcelados”, dice el abogado.
Salud en terapia intensiva desde siempre
El sistema de salud público venezolano ha sido de los más afectados por la crisis. Recortes presupuestarios, pérdida de la capacidad de atención, desabastecimiento de medicamentos e insumos, disminución en la calidad del servicio, bajos salarios para los trabajadores de la salud, rebrotes de enfermedades ya erradicadas, migración de profesionales, fallecimientos por muertes prevenibles.
“Si la mayoría de los mejores sistemas de salud públicos del mundo, como España, Italia, Canadá, Reino Unido, que tienen sistema de punta modelos, empezaron a colapsar a consecuencia de la pandemia, te puedes imaginar cómo recibimos nosotros el coronavirus. Donde había escasez de insumos, no hay mascarillas y cuando había se rehusaban, no había atuendos especializados, la cantidad de personas que llegaban para ser atendidas y no había manera”, cuenta Natasha Saturno, abogada, defensora de derechos humanos y miembro de la organización Acción Solidaria.
Saturno cuenta que las conclusiones más importantes de un informe de la organización, en el que hicieron un monitoreo desde enero hasta diciembre de 2020, fue cómo la pandemia había exacerbado deficiencias que se venían arrastrando de años anteriores.
Una de esas era lo relacionado con las cifras oficiales. “Los datos no se armonizan con los que están levantando la sociedad civil. Las organizaciones, que tienen menos capacidad para poder hacer un registro y un levantamiento de cantidad de muertes del personal de salud por coronavirus, por ejemplo, lo han hecho y esas cifras no se ven reflejadas en los datos oficiales. La información discrepa considerablemente. Nosotros nunca hemos sabido exactamente cómo ha sido la situación de Venezuela ante la pandemia. Lo que sabemos no es lo que se está reflejando oficialmente, sabemos que es más grave”.
El gobierno estableció 46 hospitales del país como centros centinelas en Venezuela para que fueran rectores en el proceso de atención del coronavirus. Esta medida, afirma Saturno, no atendió a ningún tipo de criterio médico, geográfico o poblacional. “Entonces, encontramos que en lugares con menos población había más centros centinelas que en lugares con mayor población y con focos más importantes.
“Hubo algunas cosas locas que pasaron aquí que no pasaron en ninguna otra parte o pasaron en pocos lugares”, dice Saturno. “El Estado venezolano aprovechó la excusa de la pandemia para decir que estaban haciendo un monitoreo y un trabajo de seguimiento de casos en el país para hacer detenciones arbitrarias. Hubo varios casos y denuncias de personas, normalmente políticos de oposición o activistas que critican abiertamente al Estado venezolano, donde les llegaron a sus hogares cuerpos policiales con la excusa de que habían recibido una denuncia de que esas personas tenían COVID-19. Se los llevaban, recluidos en contra de su voluntad, los amedrentaban”, narró.
El Estado habilitó hoteles, residencias estudiantiles y el mismo Poliedro de Caracas como centros de cuarentena obligatoria para aislar a pacientes con sospecha de COVID-19 o contagiados. Pero las situaciones eran deplorables: las personas estaban hacinadas, encerradas en sitios con condiciones insalubres, sin asistencia médica y acceso limitado a alimentos y agua.
Esto también ocurrió con los venezolanos migrantes que, en medio de una pandemia en sus nuevos países de acogida, decidieron volver a Venezuela. En vez de ser bien recibidos al llegar, fueron encerrados en los Puntos de Atención Social Integral (PASI) donde debían cumplir una cuarentena obligatoria en las peores condiciones. El propio gobierno propició un discurso contra estos venezolanos retornados, a quienes llamaban “armas biológicas o bioterroristas”.
“La información que nos llegaba de ahí era aberrante, prácticamente eran como pequeñas cárceles. Primero obligaron a colegios e instituciones privadas que prestaran esos espacios. Eran salones compartidos y no les proporcionaban alimentación adecuada ni cobijos, sino que la gente tenía que resolver con lo que tenía. Entonces algo que se supone que era para prevenir terminaba convirtiéndose incluso en focos de contagios de COVID-19”; apunta Saturno.
Uno de los grupos afectados en el derecho a su salud fueron aquellos pacientes renales, oncológicos, diabéticos e hipertensos quienes, de alguna manera, quedaron todavía más desplazados por la atención urgente y necesaria de la pandemia.
“Esto es algo que sucedió en todas partes del mundo. No podemos decir que Venezuela fue una excepción, esto fue algo generalizado. Pero si Venezuela ya tenía una afectación bastante marcada, esto lo profundizó”, señala Saturno.
El cierre o el colapso por COVID-19 de algunos centros de salud afectó a personas en espera de trasplantes que deben dializarse varias veces al mes o las medidas de cuarentena impidieron que las personas accedieran a su derecho a la salud. “Personas que iban a retirar medicamentos, que necesitaban hacer un seguimiento de sus condiciones de salud, les restringieron el paso, sin importar que tuviera justificativo. El derecho a la salud no es un derecho que puedas restringir. Tenía que haber ciertas consideraciones y excepciones que no se tuvieron”, dice la abogada.
Saturno destaca que también hubo una intensificación de la criminalización dentro de los centros asistenciales públicos contra el personal de salud. Los obligaban a cumplir los horarios y las guardias, sin ofrecerles los equipos necesarios para su exposición al virus. “También los criminalizaron por darte información sobre la situación real de cómo estaban los centros y cómo se estaban atendiendo los casos de COVID-19. Los amenazaban con botarlos o quitarles los beneficios”.
Según PROVEA, a noviembre de 2020, 25 integrantes del personal de salud fueron detenidos por hechos relacionados a la difusión de información sobre COVID 19 a la población.
El personal de salud también se convirtió en un grupo de vulnerabilidad creciente. Más de 800 profesionales de la salud han muerto desde que inició la pandemia por la COVID-19 “Quienes están en la línea directa de atención han demandado con urgencia esa ayuda. Implementos de bioseguridad, equipos e insumos. Pero la distribución no ha sido equitativa”, reza un informe de Acción Solidaria.
Saturno asegura que en Venezuela no solo hay una violación flagrante del derecho a la salud, sino que se ha visto un patrón sistemático, grave y que tiene alcance nacional de violaciones del derecho a la salud.
Alimentos, educación y trabajo en jaque
Las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) también se han agravado en el contexto de la pandemia. De acuerdo con la organización Hum Venezuela, los niveles de pobreza, de inseguridad alimentaria, de desempleo y de deserción escolar continúan incrementando de manera grave y alarmante.
El cierre de vías por el decreto de emergencia, el cese laboral y el llamado al encierro para cumplir con la cuarentena derivó en problemas para las personas que dependían de sus trabajos, del día a día para poder enfrentar los distintos problemas producto de la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela.
Hum Venezuela asegura que 94% de la población no cuenta con los ingresos para obtener la canasta básica, mientras que 9,3 millones de venezolanos se encuentran en inseguridad alimentaria, según un estudio del Programa Mundial de Alimentos.
Conforme a estándares internacionales, los Estados tienen el deber de garantizar la accesibilidad a educación gratuita y la sostenibilidad de la misma. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación en virtud de que en varios sectores del país venían ocurriendo suspensión de actividades escolares en los niveles de educación primaria, secundaria y superior como consecuencia de los apagones y la interrupción en el suministro de agua.
Esto con la pandemia empeoró. “El tema del derecho a la educación fue de las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Al principio lo que se hacía era una educación comunitaria a través de radio o televisión, sin ningún tipo de tecnicismo, preparación o distinción de grados o niveles. Luego se empieza a implementar la educación online y la calidad de la educación se vio mermada y afectada por el tema de los servicios públicos”, manifiesta el abogado Yeimber Machado.
Las decadencias tecnológicas y las fallas en los servicios públicos que constantemente ocurren en el país han sido una limitación muy severa para el desarrollo del estudio a distancia. Y no es poca cosa: Venezuela tiene el tercer peor Internet móvil del mundo, con una velocidad de 5.88 Mbps, solo por encima de Afganistán y Turkmenistán. La disponibilidad de computadora y otros recursos de aprendizaje a distancia en el hogar está diferenciada según el perfil socioeconómico, lo que aumenta los índices de desigualdad.
En un informe de Defiende Venezuela se señaló que organizaciones de la 231 sociedad civil indicaron que, durante el año escolar 2021, ha habido un alto índice de abandono de la educación básica, algunas sugiriendo que hasta un 50%, principalmente por la necesidad de obtener ingresos familiares en medio de la pandemia.
Asimismo, según la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el tiempo fuera de las aulas por motivo del distanciamiento social por la pandemia del COVID-19 ha provocado un rezago escolar, el promedio de los estudiantes de secundaria no supera los 10 puntos sobre 20.
Por su parte, Machado destaca que la situación del derecho al trabajo es compleja. El gobierno garantizó la inamovilidad laboral para la estabilidad de los trabajadores, pero resultaron gravemente perjudicados los empleadores. “No tenían cómo producir el dinero y el gobierno los obligaba de alguna manera a mantener a los trabajadores en el ejercicio”, explica.
De acuerdo a la ENCOVI-2021, hombres y mujeres entre 15 y 29 años se encuentran doblemente excluidos de las actividades productivas del país. Entre 2013 y 2021, aumentó en Venezuela el fenómeno denominado “doble exclusión”, es decir, las personas entre 15 y 29 años no están inscritos en centros educativos y tampoco se encuentran insertos en el mercado laboral
Afirma que una de las grandes vulneraciones de derechos que documentaron en Defiende Venezuela fue la implementación de los planes de Chamba Juvenil. “Lo hacían a través del Carnet de la Patria, no era una política de Estado para toda la sociedad, sino simplemente para aquellas personas que estuvieran afiliadas. Esto era totalmente discriminatorio”.
Adultos mayores: los más vulnerables
Desde que el coronavirus fue identificado en el mundo, se señaló que los adultos mayores eran un grupo especialmente vulnerable frente al virus. Las personas de la tercera edad se encuentran bajo una situación de riesgo al coronavirus, que cuenta con una tasa de mortalidad aproximada del 15% y que cuando se trata de personas mayores de 80 años que presentan condiciones crónicas de salud previas, incrementa en mayor medida la letalidad del virus.
Pero para el Estado venezolano los ancianos jamás han sido prioridad, a pesar de haber casi tres millones en el país, según HelpAge International.
Una muestra de eso es que Venezuela no ha suscrito la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento que promueve, protege y ampara los derechos de las personas mayores.
Los adultos mayores en Venezuela llevan años sufriendo el desmejoramiento progresivo de sus condiciones de vida: desnutrición, imposibilidad de costear sus medicinas, falta de acceso a la salud, migración de sus hijos y familiares. Aunque no hay datos oficiales, la Organización Convite calcula que al menos 900.000 adultos mayores quedaron solos en el país debido a la migración.
No tienen posibilidad de acceder a la canasta básica de alimentos ni a los medicamentos que requieren, estando el 86,9% de las personas mayores en situación de pobreza, donde sólo el 5% puede a través de algún medio acceder a sus medicamentos, según Convite.
“Los adultos mayores han sido y creo que son los más afectados en el caso de Venezuela. No solamente porque el coronavirus afectan más grave a las personas mayores, sino porque estas personas dependen de una pensión o jubilación que no les alcanzaba si acaso para comprar un kilo de queso”, asegura Machado.
“La pandemia en la sombra”
Las mujeres, adolescentes y niñas venezolanas ya se encontraban en un contexto difícil antes de que el coronavirus pisara territorio nacional. La Emergencia Humanitaria Compleja, crisis nacional y el colapso de servicios públicos las ha afectado de forma diferenciada.
“Ya se estaban enfrentando a muchísimos retos que hacían la cotidianidad sumamente difícil en materia económica, en labores de cuidado y lo referido a la atención de mujeres sobrevivientes de violencia de género el acceso a la justicia era muy limitado. Por eso precisamente la pandemia también viene a intensificar las dificultades que estábamos viviendo las venezolanas”, expresa Estefanía Mendoza, abogada y directora de la organización Proyecto Mujeres.
Desde que se desató el brote de COVID-19, hubo un incremento importante en los reportes de violencia de género que se estaba viviendo en las casas por las medidas de confinamiento para evitar el contagio. Mientras para algunos, encerrarse en casa era una opción segura, miles de niñas y mujeres que sufren abusos dentro de sus hogares se vieron forzadas a aislarse junto con sus maltratadores.
“Para muchas mujeres las medidas de confinamiento significaron estar encerradas con su agresor. Mujeres que ya vivían procesos de violencia y tenían una especie de resguardo mientras el agresor estaba trabajando o salía, todo eso se eliminaba al estar todos encerrados juntos”.
Fue por esta razón por la que incluso la Organización de Naciones Unidas lanzó una campaña llamada “La pandemia en la sombra”.
Desde Proyecto Mujeres y Mulier redoblaron sus esfuerzos para ofrecer atención psicológica, legal, médica y de emergencia a las mujeres, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia. Tuvieron que pasar de hacerlo presencial a crear un directorio con más de 150 servicios de atención a víctimas con alcance nacional, regional o municipal.
“Esto nos acercó a casos que estaban muy relacionados con las medidas de confinamiento. Vimos un incremento de las situaciones de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Y además la imposibilidad de recibir atención médica en materia de salud sexual y reproductiva”, dice Mendoza.
En el Zulia, donde funciona la organización, se registraron muchas denuncias de mujeres que asistieron a centros para controles prenatales y fueron pospuestos o eliminados, así como “ruleteo” a embarazadas que ya estaban en labores de parto.
“Así como para aquellas que necesitaban una interrupción del embarazo, que se intensificaban porque si no tenías un servicio que pudiera ofrecerle algún tipo de información sobre métodos anticonceptivos o planificación de sus decisiones reproductivas, esto solamente trae como consecuencia más embarazos no deseados y más situaciones que pueden obligarlas a las mujeres a buscar alternativas que son más peligrosas para su salud”.
El confinamiento también significó para cientos de mujeres víctimas de violencia de género la pérdida de estructuras de soporte. “Cuando las mujeres podían reunirse a hablar con vecinas, primas, amigas, de estudio, pueden tener acompañamiento y estrategias para lidiar con la situación. Al estar confinadas esto se pierde. Hubo también efectos sociales en mujeres que se sintieron menos acompañadas en el contexto de pandemia”, expresa la abogada.
Por su parte, al estar más tiempo en la virtualidad, se registró un aumento de los contactos inapropiados con niñas y adolescentes. “Desde el grooming, por el tema de la pedofilia, o incluso captación para redes de trata de personas”.
Mendoza explica que debido a un incremento de las dinámicas virtuales, las redes de trata se diversificaron en el mundo virtual. “En muchos casos, la explotación no desaparece sino que migra a estas formas virtuales”.
De acuerdo con información recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), Venezuela viene atravesando una crisis económica y social marcada por un contexto de escasez y de desabastecimiento de alimentos y de medicamentos que se estaría incrementado de modo alarmante. Esta situación afecta en particular a las personas, grupos y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza, resultando especialmente grave para niños y niñas, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas privadas de libertad, y personas mayores.
A falta de información pública oficial actualizada, el más reciente informe sobre seguridad alimentaria y nutricional elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, ha verificado un aumento de 1,3 millones de personas subalimentadas en Venezuela para el periodo 2014/2016, es decir un 3,9% adicional al trienio anterior. Dicha estimación corresponde a la cantidad de población que no estaría cumpliendo con los requerimientos nutricionales mínimos para llevar una vida saludable y activa. Asimismo, resultan sumamente preocupantes las reiteradas denuncias recibidas sobre el riesgo que tendrían miles de niños y niñas en Venezuela de perder la vida por desnutrición durante este año. Según la información recibida, durante 2017 habrían fallecido entre cinco y seis niños semanalmente por falta de alimentación, y al menos 33% de la población infantil presentaría indicadores de retardo en su crecimiento. Asimismo, un promedio de 4,5 millones de personas solo estaría alimentándose una vez al día, y en ocasiones cada dos días, resultando que el 11.4% de la población infantil ya se encontraría en situación de desnutrición.
En relación con el derecho a la salud, la CIDH y su REDESCA hacen público que han recibido constante información denunciando la falta de acceso a medicamentos y a tratamientos médicos en Venezuela. Según la misma, al finalizar el 2017 el desabastecimiento de medicinas básicas para enfermedades relacionadas con diabetes, diarrea, hipertensión e infecciones respiratorias agudas se encontraría sobrepasando el 80%. De la misma forma, se ha tenido conocimiento que el 85% de las farmacias de la capital venezolana se habrían quedado sin medicación para infecciones oportunistas que atacan a personas viviendo con VIH o SIDA; y que entre un 95 y un 100% de los hospitales no tendrían antirretrovirales a su disposición. Esto ha significado que se hayan reportado fallas de hasta un periodo de 6 meses continuos sin recibir el esquema de tratamiento indicado, generando un estimado de 5 personas fallecidas al día por causas relacionadas con dicha enfermedad. En ese mismo marco, organizaciones científicas locales han observado un serio deterioro de los bancos de sangre en el país, presentando graves fallas en la recepción de reactivos e insumos que impiden descartar enfermedades en las donaciones de sangre, realizar intervenciones quirúrgicas y tratamientos transfusionales en pacientes renales, hematológicos y oncológicos, entre otros. Dicho contexto se ve agravado por un aumento preocupante de enfermedades como la malaria, el zika o la difteria, lo que ha generado alertas por su incremento progresivo desde el 2015.
En ese marco, el Comisionado Francisco Eguiguren, Presidente de la CIDH y Relator de País para Venezuela, ha llamado la atención de que “los aumentos de precios generales de los alimentos y medicamentos sumados a los altos índices de inflación que presenta el país, repercuten directamente en la seguridad alimentaria y en la salud de la población, en particular la que se encuentra en situación de pobreza, que se ve obligada a destinar la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y de medicinas”. Por su parte, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre Derechos de la Niñez de la CIDH, alertó que “la gravedad de la situación de los derechos a la salud y a la alimentación de las niñas y de los niños de Venezuela no admite demoras. Su interés superior debe ser totalmente priorizado en las medidas adoptadas por el país como por la comunidad internacional en el enfrentamiento de la crisis”.
Aunado a ello, la CIDH y su REDESCA han notado con suma preocupación que existen denuncias que señalan que las bolsas de comida distribuidas a través de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción no se estarían entregando a personas opositoras al Gobierno; tampoco se contaría con criterios claros de asignación, periodicidad y productos a entregar, ni se tomarían debidamente en cuenta las necesidades nutricionales según el sector poblacional al que se atiende. Lo mismo estaría sucediendo en relación con la obligación de respeto del derecho a la salud, puesto que se estaría condicionando el acceso a estos servicios a la tenencia de un documento que acredite el acuerdo con el partido en el Gobierno.
Todo este contexto estaría produciendo desesperación en la población que ha salido a manifestarse en diferentes ocasiones, en algunas de ellas tomando por la fuerza productos de establecimientos comerciales y unidades de carga que transportan alimentos. Lamentablemente, entre el 31 de diciembre de 2017 y el 9 de enero del presente año ya han sido reportadas tres muertes debido al enfrentamiento y la violencia entre personas tratando de conseguir alimentos y personal de seguridad. También se ha recibido información sobre varias detenciones y uso indiscriminado de la fuerza en el marco de dichas manifestaciones.
En tales circunstancias, cabe subrayar que Venezuela tiene obligaciones específicas respecto de los derechos a la alimentación y a la salud que provienen tanto de la Declaración Americana de Derechos Humanos como de su propia Constitución y marco legal. Los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han establecido que la salud y la alimentación debe también entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, lo cual implica obligaciones para los Estados de adoptar medidas para el ejercicio de tales derechos. En tal sentido, Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH indicó que “si bien desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se entiende que existen ciertos aspectos de los derechos a la salud y a la alimentación de realización progresiva, es necesario subrayar que en relación con los mismos también existen obligaciones inmediatas para los Estados, incluyendo la provisión sin discriminación de medicinas y de alimentos esenciales, en particular a las personas, grupos y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza. Esto aplica claramente a Venezuela en su actual contexto y debe ser objeto de acción inmediata por el Estado”.
A la luz de los estándares internacionales vigentes, la REDESCA de la CIDH afirma que el derecho a la alimentación se hace efectivo cuando las personas tienen acceso físico y económico a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla en todo momento. En ese marco, el Estado Venezolano debe redoblar esfuerzos para garantizar niveles esenciales para proteger a su población del hambre, incluso ante situaciones de limitaciones graves de recursos. Asimismo, considerando que el acceso a medicinas es parte integral del derecho a la salud, dicho componente debe ser garantizado y respetado, entre otras acciones, proveyendo medicinas esenciales destinadas a enfrentar enfermedades que presenten un riesgo de salud pública o a aquellas necesidades prioritarias para la salud de la población en Venezuela. El proceso de selección de dichos medicamentos y priorización de enfermedades deberá, además, estar basado en evidencia, siendo transparente y participativo, en particular para los grupos más gravemente afectados.
En dicho sentido, resulta de suma preocupación para la CIDH y su REDESCA la información pública disponible sobre la negativa del Estado venezolano a recibir cooperación internacional para paliar la crisis económica y social que atraviesa, así como la ausencia de datos públicos oficiales que permitan monitorear adecuadamente las obligaciones del Estado. Esta actitud no solo evidenciaría falta de voluntad de Venezuela para garantizar estos derechos, sino que además sería contraria a su deber de respeto ya que estaría obstaculizando la disponibilidad y accesibilidad de medicinas y de alimentos básicos para la población que más lo necesita.
Por lo antes expuesto, la CIDH junto con su Relatoría Especial en temas DESCA expresan su profunda solidaridad con las personas y colectivos que vienen sufriendo las consecuencias mas directas de la crisis económica y social del país, urgiendo al Estado venezolano a respetar y garantizar los derechos a la alimentación y salud de la población bajo su jurisdicción. Al mismo tiempo, expresan su rechazo a todo tipo de violencia o abuso de la fuerza en el marco de manifestaciones fruto de ese contexto, reiterando nuevamente la posibilidad de hacer una visita in loco al país con objeto de evaluar el ejercicio de los derechos humanos en su integralidad.
Finalmente, instan a Venezuela, a su sociedad civil y a otras partes interesadas a generar y presentar información completa, desagregada y adecuada en el marco de la audiencia pública convocada de oficio por la CIDH sobre la situación de los derechos a la alimentación y a la salud en Venezuela. La misma se realizará durante el próximo periodo de sesiones de la CIDH y tendrá como principal objetivo identificar los principales obstáculos y preocupaciones para el ejercicio de los derechos a la alimentación y la salud en Venezuela, así como las medidas que estaría tomando o debería tomar el Estado de manera inmediata tanto a corto como a mediano plazo para garantizar tales derechos.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una Oficina autónoma y especialmente creada para apoyar a la CIDH en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en América.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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@loremelendez
HUBO UN HECHO DURANTE LA SEGUNDA SEMANA de septiembre de 2017 que a *Mario le preocupó más que cualquier otro. Un evento que le hizo sentir miedo una vez más. La harina de maíz que el martes había comprado por 13 mil bolívares, costaba dos mil bolívares más tres días después. Si seguía aumentando así, ¿cuánto podría comprar la semana siguiente?, se preguntaba mientras estaba sentado en un banco en el bulevar de Catia, al oeste de Caracas. La inquietud de Mario es lo común en cualquier adulto que vive en Venezuela. Pero él no es mayor de edad. Está en noveno grado de Educación Básica, tiene 16 años y es el mayor de una familia de seis hermanos que, junto a su madre, trata de alimentar mientras trabaja a destajo en un taller mecánico.
El temor de Mario no es solo suyo. Su hermana *Mariana, una adolescente de 13 años de edad, admitió que quedarse sin comida en casa le angustia porque ya les ha pasado, a pesar de que a veces se saltan los desayunos para «estirar» el mercado o piden dinero prestado para poder completar el día. «Lo que pasa es que nosotros tenemos hermanos pequeños y nos preocupa que pasen hambre», dijo la muchacha que cursa séptimo grado y vive, junto a Mario y su familia, en el sector El Plan del 23 de Enero.
Las palabras de Mario y Mariana coinciden con los hallazgos del estudio «Así siento el hambre», de febrero de 2017, que revela la relación entre la inseguridad alimentaria, la salud mental y los síntomas de estrés postraumático. La base fue una población de más de 300 jóvenes provenientes de sectores populares de la capital. De estos, 76,5% confesó que había experimentado el miedo a quedarse sin alimento en su hogar.
«Cuando buscamos medir la salud mental se desprendieron dos grandes indicadores que son rasgos de ansiedad y rasgos depresivos», afirmó Antonio Martins, profesor universitario y psicólogo clínico, quien coordinó la investigación aplicada por estudiantes de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello.
«La ansiedad es el factor que más se encuentra predicho por la inseguridad alimentaria, de manera que a mayor inseguridad en el acceso a los alimentos, mayor son las puntuaciones en escala de ansiedad. Resultados similares se hallaron para la depresión», se lee en un artículo escrito por Martins a propósito del estudio.
Los adolescentes se preocupan por la alimentación de los más pequeños.
Foto: Roberto Patiño, «Alimenta la solidaridad»
Esa ansiedad se expresa en el nerviosismo y el agobio que sienten los chicos cuando ven que en su casa no se consigue el alimento necesario y suficiente para todos. De hecho, 45,48% de los encuestados, casi la mitad, admitió que la falta de comida ha hecho que sus raciones disminuyan cada vez que se sientan a la mesa.
Eso es justo lo que pasa con *Yajaira, de 14 años, y sus hermanos de 9 y 6 años de edad. Ellos, que residen en el barrio San Antonio de La Vega, al oeste de Caracas, y almuerzan de lunes a viernes en el comedor del programa «Alimenta la solidaridad», suelen saltarse desayunos o cenas. «Si como dos veces es mucho, porque no se consigue nada», comentó la muchacha poco después de recordar el fin de semana en el que la nevera de su hogar se quedó completamente vacía.
«Eso pasó una sola vez, no teníamos nada en la casa, no teníamos nada que comer y nosotros con hambre. Y llegó un tío de nosotros y nos dio para comer arroz con pollo», rememoró.
A *Carolina, quien tiene 19 años y vive en el sector Gramoven de Catia, nunca le ha pasado esto. Sin embargo, sí relató que algunas noches ella y su padre «andan con la cabeza loca» buscando qué hacer para la cena.
«Mi papá –técnico en electrodomésticos– hace mucho esfuerzo, pero al final sí comemos bien. Lo que pasa es que la situación ha hecho que él tenga menos trabajos. A veces no le sale nada o llega tarde y nosotros no tenemos nada para cocinar», agregó la joven que quedó temporalmente discapacitada tras haber sido arrollada por una moto.
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Aunado a la ansiedad está uno de los síntomas depresivos que más se manifestó en los jóvenes encuestados. Se trata del sentimiento de indefensión que viven los chicos al pensar que no pueden hacer nada que esté a su alcance para solucionar los problemas que atraviesa la familia. Esta misma sensación les impide actuar.
«Esto nos debería alarmar a quienes trabajamos en salud mental porque, es cierto, que este tipo de situaciones uno las puede ver en países en guerra, pero allí se desarrolla también en la gente una capacidad de resiliencia, de sobreponerse a las dificultades que ha vivido y salir de ellas airosas. El hecho de que en esta muestra hayamos encontrado este dato es un mal pronóstico», recalcó Martins.
«Así siento el hambre» también exploró cómo la falta de comida en los hogares ha desarrollado síntomas de estrés postraumático en los adolescentes. Martins aclaró que un trauma psicológico se presenta cuando las personas se ven expuestas a eventos particularmente negativos que le dejan secuelas, tales como secuestros, violencia familiar o intracomunitaria y maltrato infantil. En este caso, es el hambre el que ha detonado estos indicios.
A raíz de la inseguridad alimentaria, comentó el psicólogo, los jóvenes han cambiado su percepción de sí mismos y de los demás. Por esa razón, desarrollan relaciones que están marcadas por la desconfianza, la suspicacia y la agresividad.
En La Vega hay tres comedores de «Alimenta la solidaridad».
Foto: Lorena Meléndez G.
Una de las cocineras del comedor de La Vega reveló que los niños beneficiados vigilan los productos que van a comer durante la semana desde que estos arriban al barrio. Una vez escuchó a uno decir que quería saber cuál sería su número de cédula para saber qué día le tocaría comprar en el supermercado. «Ellos están pendientes de todo, saben cuándo llega la comida y también cuándo no llega el CLAP (Comités Locales de Alimentación y Producción) y dicen hasta groserías cuando se atrasa», apuntó.
Poco después, una joven de 16 años de edad confirmó le angustiaba cuando las entregas de alimentos del gobierno no llegaban a tiempo. «A veces esperamos la comida de la caja y no llega, entonces mi tía sale y consigue cualquier cosa y comemos (…) La situación es difícil porque es la comida lo que falta», sentenció quien vive junto a ocho personas que dependen de estas ayudas.
El adiós a las carnes
La última vez que *Julia comió pollo fue en la cena de diciembre que celebró con sus familiares en su casa, ubicada en la avenida Olivet, del sector Boquerón de Propatria. La adolescente, de 12 años, señaló que hace rato se despidió de las carnes rojas y blancas, aunque reveló que a veces su madre, único sostén familiar para ella y sus tres hermanos, compra sardinas de vez en cuando. De resto, sus comidas varían poco: de desayuno, una arepa con queso; de almuerzo, pasta con caraotas o arroz con tajadas; de cena, lo que haya quedado de la comida anterior. Su testimonio fue muy parecido al de los otros consultados.
Esta monotonía al comer también se vio reflejada en la investigación, en la cual 97% de los jóvenes dijo tener una dieta en la que escaseaban las proteínas de origen animal. Los tubérculos, verduras y frutas ricas en Vitamina A quedaron fuera de la lista. Además, 30% comentó que tenía dificultades para adquirir proteínas animales. El dinero no alcanzaba en el hogar para costearlas.
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De estas deficiencias habló la cocinera, quien relató que en su casa hacían rendir el arroz al hacer también plátano y yuca. «Lo que comemos más son los granos, porque rinden más. Pero, por ejemplo, esas cosas como pollo o carne la vemos en el Facebook», alertó.
«Mientras menos diversa tienda a ser la dieta de los jóvenes encuestados, mayores serán las puntuaciones en ansiedad en depresión y bienestar psicológico (…) Es así como los resultados hallados, comprueban que existe una influencia significativa de las variables nutricionales sobre alteraciones psicológicas», concluyó la investigación. Lo más grave, añadió el psicólogo, es que estas heridas van a quedar marcadas en estos muchachos durante años.
*Todos los nombres de los jóvenes consultados fueron cambiados para proteger sus identidades.
EL MÁS RECIENTE BOLETÍN de la organización Cáritas Venezuela confirma que los más pequeños continúan siendo unas de las víctimas más vulnerables del hambre en el país. La cifra de niños que presenta algún grado de desnutrición en las parroquias más empobrecidas de los estados Miranda, Zulia y Vargas aumentó de 54% a 68% entre abril y agosto de este año, y esos 14 puntos porcentuales de diferencia indican que la tendencia registrada hasta ahora se triplicó en esos cuatro meses. Antes, esa brecha había sido, como máximo, de 6 puntos.
El análisis del estudio va más allá. La investigación señala que, en las parroquias de todos los estados evaluados, los niveles de desnutrición aguda, moderada y severa superan, en todos los casos, «el umbral de severidad que define una crisis». Y lo que es peor, cada vez están más cerca de considerarse una emergencia. En el caso de Zulia, ese nivel ya fue superado, mientras que Vargas se sitúa como el segundo estado más afectado por el deterioro nutricional de los chicos menores de 5 años de edad.
El informe también destaca que el incremento en el porcentaje de niños con desnutrición se debió a que las tres formas de desnutrición grave – la aguda, la moderada y la severa – sumaron un número mayor de casos. Sin embargo, «no se identificaron niños con edema ni se detectaron complicaciones clínicas» entre los pequeños con estas condiciones.
Cáritas Venezuela también incluye en su estudio el índice de estrategias de sobrevivencia utilizadas en los hogares encuestados que, para este cuatrimestre, apuntaron que 69% de las familias encuestadas han cambiado sus formas habituales de comprar sus alimentos y que 71% admitió que su alimentación había disminuido drásticamente su calidad. En 64% de las viviendas, las personas han incurrido en alguna forma de privación alimentaria, como disminuir el número de comidas o de productos consumidos, mientras que en 38% se ha decidido desincorporar a algún miembro familiar para bajar el consumo de alimentos y paliar la inseguridad alimentaria.
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La mayor parte de los consultados, 63%, indicó que acude a los «bachaqueros» para conseguir comida, mientras que pedir o “mendigar” por alimentos u obtenerlos en mercados en donde se consideran desperdicios, pasó a ser una estrategia común para las familias: 41% confesó que lo había hecho. 31% de los hogares tiene acceso a los CLAP.
La deficiencia en la diversidad de la alimentación pasó de 66% a 85% entre febrero y agosto 2017. El consumo de carnes, aves, huevos, lácteos y grasas continúa en descenso. Todos estos son fuente de hierro y proteínas de alto valor biológico y de Vitamina A y Calcio, que cada vez se ven menos en las mesas venezolanas.
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«¿Las obligaciones financieras del Estado han tenido impacto positivo en los derechos humanos y han contribuido en el logro de los Objetivos del Milenio?», cuestiona la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, Patricia Hernández
EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS de la Universidad Católica Andrés Bello y la organización no gubernamental Provea, llevaron a cabo, el viernes 29 de abril, el foro El impacto de la Deuda Externa en los Derechos Humanos, el cual contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales.
Pese a la complejidad del escenario económico, la conclusión del panel fue unánime: el Estado debe cumplir con su obligación frente a sus acreedores tanto como debe velar por el ejercicio de, por lo menos, los derechos humanos mínimos esenciales de los ciudadanos.
El foro, moderado por el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, se inició con la participación del experto independiente sobre deuda externa y derechos humanos de las Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky, quien argumentó que los regímenes autoritarios no solo violan los derechos humanos mediante torturas y represión, sino también mediante la imposición de modelos económicos que atentan contra los derechos económicos, sociales y culturales.
Bohoslavsky explicó que existe una interrelación entre la situación económica de estos regímenes y los derechos humanos. Por lo general, la abundancia de fondos suele incidir en el fortalecimiento del régimen, ya que logran exhibir ciertos logros; mientras que la merma de los recursos económicos suele provocar inestabilidad y mayor represión por parte del Gobierno, lo que a la larga debilita al régimen y promueve la apertura hacia un proceso de transición a la democracia.
¿A quién le pago?
El panel contó con la participación del economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, quien destacó que 70% de las divisas que percibirá el país en 2016 se destinarán al pago de la deuda externa, situación que limita drásticamente la disponibilidad de recursos a una economía que importa, aproximadamente, 80% de lo que consume.
“El tema de la deuda va más allá de a quién pagarle. Los costos del default son muy altos y las condiciones de los contratos son leoninas, por ejemplo, no se permite el default selectivo y ninguno de los bonos de Pdvsa contiene cláusulas de acción colectiva. El Estado no obtiene ningún beneficio al no cancelar la deuda y sí muchas repercusiones”, dijo Oliveros.
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Con un PIB que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no superará los 150 mil millones de dólares, el Gobierno podría encontrarse ante la falsa disyuntiva de honrar la deuda con sus acreedores internacionales o cumplir con su obligación de velar por el disfrute de los derechos humanos, cuando en realidad, ambas obligaciones son ineludibles, argumentó Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
Hasta la fecha, Venezuela ha cumplido fielmente con sus obligaciones de pago de deuda externa, acotó Oliveros, sin embargo, el Estado ha dejado acumular la deuda con el sector privado dando como resultado la merma en la importación de bienes esenciales como alimentos y medicamentos.
“La deuda con el sector privado, aunque puede causar más ruido, es la de menor impacto para el Estado en término de sanciones. La mayoría de las empresas privadas entiende que será poco probable cobrar la deuda a la tasa registrada al momento de contraerla. Por la característica de la deuda, se pudiese renegociar a un valor menor al nominal”, explicó Oliveros.
El diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, confirmó durante su intervención en el foro que desde 2010, el gasto para servicio de la deuda externa ha sido el que más se ha incrementado en el Presupuesto anual de la Nación, mermando los recursos asignados para sectores clave para garantizar el derecho a la vida, salud, educación y alimentación, consagrados en la Constitución Nacional.
Mayor pobreza y menor escolarización
Patricia Hernández, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, destacó durante su presentación que, por primera vez, la pobreza extrema es mayor a la pobreza no extrema, ya que más de la mitad de los venezolanos no tiene suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades de alimentación.
“Los hogares en situación de pobreza aumentaron 53% en un año; la pobreza extrema se duplicó”, afirmó Hernández, quien se apoyó en datos de las encuestas de calidad de vida Encovi de 2014 y 2015.
La decana también abordó el tema del derecho a la educación, destacando que cerca de 1 millón de niños y adolescentes están fuera del sistema escolar. “Los datos demuestran que el sistema de educación formal se estancó, ¿se puede garantizar el derecho a la educación en este contexto de pobreza?”, preguntó.
El decano de la Facultad de Derecho, Dr. Miguel Mónaco, a cargo del cierre del foro, destacó la importancia de analizar este tipo de temas a fondo. “Hoy por hoy, la perspectiva económica es esencial para los derechos humanos. Es importante cerrar la brecha entre la mera declaración de los derechos y la realidad”.
Mónaco enfatizó que hay aspectos en la Constitución Nacional que, a largo plazo, tendrán que ser pensados ya que si bien la Carta Magna parte de un modelo social demócrata flexible, en el cual hay unos cometidos estatales para la garantía mínima de los derechos humanos, también es cierto que la Constitución no tiene clara las implicaciones acerca de la factibilidad de la materialización de estos derechos.
“La planificación central del Estado ha hecho que el disfrute de los derechos humanos se vea como concesiones por parte de los particulares. Lo más peligroso para los derechos humanos es que una mayoría circunstancial sea capaz de excluir a algunos ciudadanos del disfrute de sus derechos; en la medida en que se planifique centralmente, es el burócrata quien pasa a tener la decisión fundamental sobre cómo se asignan los recursos”, argumentó.
El decano concluyó señalando que la política presupuestaria del Estado debe partir de la consideración de los ingresos y no de los gastos, como se hace en la actualidad. “Hay que dar una discusión de fondo sobre la capacidad económica real del Estado. Hay que explicarle al ciudadano hasta dónde puede el Estado cubrir los gastos, por ejemplo, de la asistencia sanitaria, partiendo de la base de un presupuesto honesto”.
