Deportados

A los menores de edad los montaron en dos peñeros junto con nueve mujeres, el pasado domingo 22 de noviembre

Los 16 menores de edad venezolanos que fueron deportados de Trinidad y Tobago aparecieron la noche de este lunes, 23 de noviembre. El diputado de la Asamblea Nacional, Omar González Moreno, confirmó la información a Crónica.Uno y comentó que están sanos.

El coordinador general de Vente Venezuela, en Delta Amacuro, Orlando Moreno, le indicó al diputado que las dos embarcaciones se encuentran en el sector La Barra del estado Delta Amacuro, en el límite entre las aguas de Trinidad y Venezuela.

“Una embarcación venía de Trinidad, con algunos de los padres de los niños deportados, y pudieron establecer conexión con sus hijos”, dijo el diputado.

Agregó que esperan la orden para que la embarcación trinitaria regrese los niños al país, junto con sus padres. Sin embargo, en Trinidad activistas de Derechos Humanos dijeron que no podían confirmar la aparición de los niños.

Los 16 niños, entre ellos un bebé de cuatro meses, fueron deportados desde Trinidad y Tobago este domingo 22 de noviembre. A los menores de edad los montaron en dos peñeros junto con nueve mujeres. 

David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, escribió en su cuenta de Twitter que algunos niños fueron separados de sus padres que ya estaban legales en Trinidad y Tobago. Una juez de la Corte Suprema de la isla emitió una sentencia para que devolvieran a los venezolanos, pero era tarde, las embarcaciones ya habían zarpado.

CIDH exhortó a Trinidad y Tobago

David Smolansky, comisionado de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para migrantes de Venezuela, cifró en 29 los deportados: 16 niños, uno de ellos un bebé de cuatro meses, y 13 adultos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la situación tras denuncias sobre la desaparición de los migrantes.

La CIDH exhortó a Trinidad y Tobago a “garantizar el ingreso” de venezolanos “que buscan protección internacional por razones humanitarias”.

Ningún representante del gobierno de Nicolás Maduro ha hecho declaraciones.

*Con información de Crónica.Uno y EN

Jorge Lanata habló esta tarde desde el avión de la aerolínea COPA, que lo va a deportar desde Venezuela hacia Panamá, tras la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de rechazar su ingreso para realizar un reportaje sobre el país, ante las elecciones del próximo domingo. El periodista trazó un panorama muy grave sobre la situación de ese país caribeño y la actuación del gobierno chavista ante la prensa internacional independiente.

«Nos acaban de hacer subir al avión. Nos acompañaron hasta adentro», empezó Lanata su descripción en diálogo con el canal TN. Era la primera vez que tenía la posibilidad de hablar, después de estar al menos 8 horas incomunicado. «Nos prohibieron la entrada en base a nada, porque no hay ningún motivo», afirmó y describió lo que pasó en el aeropuerto de Caracas junto a un equipo de su programa Periodismo Para Todos (eltrece) con el que había viajado.

El periodista confirmó que los que lo retuvieron eran del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), algunos de los cuales estaba «armado». «Es muy difícil discutir con gente que recibe órdenes y no discuten nada. Los tipos de inteligencia son autómatas», aseguró y contó una situación peculiar: «Mientras los del SEBIN nos interrogaban duro, la gente de la policía nos pedía disculpas. Son dos países distintos, enfrentados por un hecho puntual».

Asimismo, relató que uno de los agentes del SEBIN que lo habían retenido a él y a un reducido grupo de colaboradores con los que viajó a territorio venezolano le comentó en un momento: «De arriba te mandan a decir que esto no es una colonia».

Lanata también contó que durante todo el tiempo que duró el incidente le retuvieron el pasaporte. Según él preciso en diálogo con la señal de cable Todo Noticias, «nos sacan del mostrador de Migraciones, nos incomunican, nos sacan los teléfonos y nos separan a todos». «Nos hicieron un interrogatorio muy duro. Teníamos ocho efectivos con armas alrededor», insistió.

También, en la entrevista a bordo del avión de la aerolínea panameña reveló que el encargado de Negocios de la Embajada argentina en Venezuela, Eduardo Porretti, le había ofrecido alojarse en esa representación diplomática en Caracas, «por una cuestión de seguridad, porque la situación está muy complicada», como así también un vehículo oficial para movilizarse.

«Había una reunión con Capriles [el líder opositor al gobierno de Maduro] para mañana. Voy a buscar otra manera que no sea Caracas para hacer el programa. Quiero mostrar el modelo inverso. Que hay decenas de miles de venezolanos yendo a Colombia a comprar comida», señaló el conductor de PPT.

Un operativo policial desplegado en el barrio El Llano, en la zona céntrica de Cúcuta, en Colombia, culminó con la detención de 11 venezolanas que ejercían la prostitución en esa área, además del cierre de siete bares.

De acuerdo con información publicada por el diario La Opinión, de Cúcuta, las venezolanas estaban ilegales en el país vecino, por lo que fueron puestas a disposición de Migración Colombia, que procederá a su deportación.

En noviembre pasado fueron deportadas otras 30 prostitutas venezolanas que estaban en Ocaña, según una nota de La Opinión.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideró hoy «satisfactorio» y «muy positivo» el balance de la atención a sus compatriotas expulsados y retornados de Venezuela tras el cierre de la frontera común, y cifró en 22.000 las personas que llegaron procedentes del vecino país.

Santos confirmó que el sábado se cerró en Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander y por donde fue clausurado el pasado 19 de agosto el paso hacia el estado Táchira, «el último de los albergues creados» para atender a los «compatriotas que fueron deportados o que se vinieron de Venezuela«.

«Y fueron más de 22.000 personas», añadió el gobernante, que hoy encabezó un consejo de ministros en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Indicó que su Gobierno destinó 20.000 millones de pesos (unos 6,8 millones de dólares) en atender a más de 6.000 personas que se instalaron en albergues temporales en Cúcuta.

«Ahí se ofrecieron alojamiento, alimentación, salud, no hubo problema ninguno en ese proceso», resaltó Santos.

Indicó que el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) «fue muy positivo y muy satisfactorio» y agradeció la labor de todos los que «ayudaron para afrontar este problema», que, aseguró, hoy están «cerrando con total éxito».

Santos mencionó, entre otros logros, el traslado de casi 3.000 familias y sus enseres a sus lugares de origen y la entrega de subsidios de arrendamiento para otras 4.800 familias, entre otros.

Aseguró que la activación del corredor humanitario para la educación «permitió el regreso a clases de casi 1.500 niños y niñas que afortunadamente no perdieron colegio».

El 19 de agosto pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre del paso entre Norte de Santander y Táchira, el de mayor movimiento entre ambos países, como parte de las acciones para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.

La medida se extendió posteriormente a los pasos que comunican a los departamentos colombianos de La Guajira y Arauca con los estados de Zulia y Apure, respectivamente.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) anunció que los colombianos expulsados de Venezuela desde el 19 de agosto pasado podrán regularizar su situación y regresar a Venezuela si así lo desean, gracias a un acuerdo entre el organismo regional y el Gobierno venezolano.

En un escueto comunicado fechado en Quito, la Unasur señaló que su secretario general, Ernesto Samper, se reunió en Nueva York con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del encuentro surgió una propuesta para la regularización de los expulsados.

El comunicado no da más detalles de la propuesta ni de la reunión, salvo que el Gobierno venezolano ayudará a quienes deseen regresar.

Desde el 19 de agosto pasado el Gobierno venezolano ha ido ordenando el cierre de la mayor parte de los pasos fronterizos con Colombia con el alegado fin de acabar con el contrabando y la presencia de «paramilitares» colombianos en su territorio.

Más de 20.000 colombianos regresaron a su país en medio de la crisis fronteriza, unos 2.000 expulsados por Venezuela y el resto por propia voluntad, según organismos de Naciones Unidas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy la crisis humanitaria de los colombianos deportados y retornados «como consecuencia del temor y la situación que estaban viviendo en Venezuela», así como información «preocupante» sobre «violaciones múltiples de derechos humanos».

«La CIDH pudo constatar la crisis humanitaria en la que se encuentran las personas deportadas y las que retornaron como consecuencia del temor y la situación que estaban viviendo en Venezuela», indicó el organismo en un comunicado.

Además, subrayó haber recibido «información preocupante sobre la forma en la que se realizaron las deportaciones desde Venezuela, la cual indica que a estas personas se les violaron múltiples derechos humanos y que fueron sujetas a expulsiones colectivas».

Entre los problemas enfrentados por estos colombianos figuran «las dificultades para acceder a alimentos y servicios de salud y actos de discriminación y persecución por parte de autoridades, principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana, pero también en algunos casos por parte de personas particulares».

Entre el 21 de agosto y el 9 de septiembre la cifra de las personas deportadas (1.482) y las que retornaron (19.952) alcanzaba un total de 21.434, de acuerdo a los datos compilados la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

La delegación de la CIDH que viajó a la frontera colombo-venezolana estuvo encabezada por el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez entre el 10 y 12 de septiembre.

En este sentido, el organismo lamentó que solo Bogotá permitiese la visita de sus funcionarios, por lo que la misión solo se realizó en la parte colombiana de la frontera, y lamentó «la falta de respuesta del Gobierno de Venezuela respecto a la solicitud».

Durante la visita, la delegación de la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitó la capital colombiana, así como Cúcuta y Villa del Rosario en la zona fronteriza del departamento de Norte de Santander.

La crisis entre ambos países comenzó el pasado 19 de agosto, cuando Maduro ordenó el cierre de un tramo de la frontera entre Colombia y Venezuela con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.

El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, celebró hoy el anuncio de que el Gobierno venezolano permitirá que los colombianos expulsados de ese país regresen y regularicen su situación si así lo desean.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) anunció hoy ese avance que, según explicó en un comunicado, surge de una propuesta que su secretario general, Ernesto Samper, presentó en Nueva York al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para la regularización de los expulsados.

Ramírez señaló que el hecho de que Maduro haya aceptado esa propuesta es un «gran triunfo» y demuestra que los expulsados «no son paramilitares, ni narcotraficantes, ni grandes contrabandistas», escribió en su cuenta de Twitter.

«El regreso de deportados colombianos demuestra que Nicolás Maduro quiere corregir la violación al derecho internacional humanitario», agregó el funcionario.

Maduro ordenó el pasado 19 de agosto el cierre de los pasos fronterizos de Venezuela con Cúcuta, para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares, tras lo cual fueron expulsados de ese país 1.608 colombianos y cerca de 20.000 salieron por su cuenta, lo que generó una crisis humanitaria.

El mandatario venezolano cerró posteriormente los otros pasos fronterizos, pero la mayor parte de los colombianos que se vieron forzados a dejar ese país llegaron a Cúcuta.

Samper dijo hoy a Efe en Quito que el hecho de que Venezuela haya aceptado el retorno de los colombianos expulsados que regularicen su situación «es un gesto humanitario importante» de parte del Gobierno de Maduro.

El alcalde agregó que con esta decisión, Maduro «quiere corregir la violación al derecho internacional humanitario» y señaló que esa es una de las medidas cautelares que solicitó en la demanda que presentó contra el mandatario venezolano a comienzos de este mes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).