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Departamento del Tesoro de Estados Unidos

EE.UU. emite licencia que sigue reconociendo a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional
El documento resaltan que el gobierno estadounidense continúa brindando apoyo a Juan Guaidó, y por ende, a la legítima Asamblea Nacional

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza las transacciones y actividades con Juan Guaidó, en calidad de presidente interino de Venezuela, así como la Asamblea Nacional electa en 2015 y la actual Comisión Delegada. Cualquier otra actividad que se haga fuera de estos parámetros no será permitida.

La orden emitida por el Tesoro de EE.UU. a través de la OFAC no autoriza realizar operaciones con otro Poder Legislativo que no sea el elegido en 2015 y que hasta el 5 de enero de 2021 preside Guaidó.

«No están autorizadas las transacciones o actividades que involucren a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocada por Nicolás Maduro o la Asamblea Nacional ilegítima programada para sentarse el 5 de enero de 2021, incluidos sus respectivos miembros y personal», dice el escrito.

El documento autoriza transacciones y actividades que involucran a cualquier funcionario, designado o representante designado por Juan Guaidó para actuar en nombre del Gobierno de Venezuela.

Estas figuras incluyen además a personas como el fiscal nombrado por el presidente interino, a sus representantes en los países que lo reconocen y ante las organizaciones internacionales, al igual que aquellos que estén al frente de una junta ad hoc -como es el caso de Petróleos de Venezuela y Citgo-.

Para hacer esto, el Departamento de Tesoro estadounidense emitió la Licencia 31A que reemplaza la Licencia General 31, emitida el 5 de agosto de 2019. El documento, firmado por el presidente Donald Trump, señalaba que todas las propiedades del gobierno venezolano en suelo estadounidense están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o negociados de otra manera.

Administración de Trump fue la primera en reconocer a Guaidó

EE.UU. fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela luego que se autoproclamara como tal el 23 de enero de 2019. Esta acción logró que más de 50 naciones tomaran una posición similar a la de Washington. Estados Unidos, bajo la administración de Trump, impuso severas sanciones a las empresas estatales venezolanas y a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro con el fin de presionar su salida del poder.

Además, ordenó operativos antinarcóticos en las aguas del Caribe cercanas a Venezuela y levantó cargos judiciales contra Maduro y otros elementos de su gabinete por supuestamente ser parte de un «narcoestado».

Citgo, empresa filial de Petróleos de Venezuela, se encuentra «protegida» por una orden de la OFAC que impide a sus acreedores tomar los activos y cobrar las expropiaciones de las que fueron víctimas en nuestro territorio cuando fueron despojados de sus pertenencias por el Estado venezolano.

*Con información de Tal Cual Digital.

Venezolanos entre los líderes de compras de inmuebles en Miami

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Según un reporte de la Asociación de Bienes Raíces de Miami Dade, un 15% de las inversiones inmobiliarias en esa zona de Florida proviene de Venezuela.

En el ranking manejado por dicha Asociación, los venezolanos figuran como uno de los compradores con más fluidez de dinero, comparándolos con otros países como Argentina y Colombia, asiduos inversiones en bienes raíces en el sur de la Florida.

El asunto adquiere una connotación especial si se tiene en cuenta que Venezuela posee un control de cambio desde hace más de una década.

La Asociación hace especial hincapié en el interés que generan las nuevas edificaciones de lujo en la zona de Brickell y en los alrededores del río Miami.

El último reporte indica que en el año 2016 los compradores internacionales se interesaron e invirtieron más en propiedades residenciales en Miami que durante 2015.

En un reportaje hecho por la BBC, la agente inmobiliario Mercedes Guinot asegura que tiene muchos clientes venezolanos.

«Suelen pagar al contado», dice antes de reunirse con un posible comprador en Weston, un barrio de Miami, hogar de muchos venezolanos, por lo que se le conoce como «Westonzuela».

Guinot sentenció que cerca del 70% de sus actuales clientes son de Venezuela, gente que huye del caos del país.

«Muchos están dispuestos a venir a este país y hacer trabajos que nunca considerarían hacer en casa», dijo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha estado fiscalizando la compra de bienes en ese país por parte de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

Una investigación de la cadena Univisión reveló que Samark López, señalado como testaferro del Vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, aparece como dueño de una propiedad de 16,5 millones de dólares en Miami. La mansión cuenta con pisos de mármol, salas de cine y un muelle.

 

 

Fiscalía y Asamblea Nacional investigarán caso de depósitos en banco de Andorra

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La Fiscalía y la Asamblea Nacional anunciaron por separado que se investigarán los depósitos venezolanos realizados en el Banco Privado d’Andorra, denunciado por las autoridades de ese país y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció el martes que el Ministerio Público está investigando una serie de denuncias sobre algunas sumas de dinero que han sido depositadas por venezolanos en bancos internacionales, que han sido difundidas recientemente por medios locales y extranjeros.
Ortega Díaz dijo a la prensa que la Fiscalía General solicitó, a través de la Cancillería, información a otros gobiernos sobre los fondos que tienen algunos venezolanos en bancos extranjeros, pero no ofreció detalles.
Por su parte, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, los diputados acordaron la investigación planteada por el diputado de la MUD, Julio Montoya.
«Solicitamos una investigación, bien sea por una comisión especial o Contraloría. Esto amerita que el parlamento abra una investigación», dijo Montoya.

Por su parte, el diputado por la bancada oficialista, Pedro Carreño, manifestó que acusar a Pdvsa de blanqueo de capitales «es subjetivo para congelar bienes», pues a su juicio, la empresa estatal petrolera es el blanco para desestabilizar al país.

 

Banco intervenido en Andorra gestionaba transacciones con fondos desviados de Pdvsa

BancaProvadaD'Andora

 

BPA Andorra fue intervenido por manejo y blanqueo de dinero del crimen organizado. Uno de los 3 ejecutivos de la entidad investigados  por soborno aceptó comisiones para gestionar transacciones relacionadas con el “desvío de fondos” de PDVSA. A  otros dos funcionarios se le vincula con mafias rusas y chinas.

 

El Gobierno de Andorra ha intervenido este martes la Banca Privada de Andorra (BPA) tras recibir un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que define al banco como “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”. Las autoridades norteamericanas acusan a tres “altos ejecutivos” de BPA de haber facilitado, a cambio de sobornos y comisiones, operaciones vinculadas a la actividad de grupos criminales, en especial de Rusia y China. BPA, propiedad de la familia Cierco, es una de las cinco entidades que operan en el Principado.

El jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha explicado las medidas adoptadas tras ser alertado el lunes, por el Tesoro, de la inminente publicación del informe. Martí trasladó el caso a la Fiscalía y al Instituto Andorrano de Finanzas, que designó a dos interventores. Éstos deben “garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana”, añadió Martí. BPA aclaró que el Consejo de Administración sigue en sus funciones y que abrirá una “investigación interna”. BPA entró en España en 2011 con la compra de Banco de Madrid, que fue la entidad utilizada por la familia Pujol para regularizar los fondos depositados en Andorra y que había mantenido ocultos a Hacienda durante más de 30 años.

El Tesoro de EE UU señala, en un informe contundente, que durante años “altos ejecutivos” de BPA facilitaron transacciones a “blanqueadores que actuaban en beneficio de organizaciones criminales transnacionales”. “La corrupción de los ejecutivos y la debilidad de los controles para luchar contra el blanqueo han convertido a BPA en un vehículo fácil para el lavado de capitales procedente del crimen organizado y de la corrupción”, afirmó en un comunicado Jennifer Shasky, la directora de FinCen, el organismo contra la corrupción del Tesoro. Esos fondos acabaron “en el sistema financiero norteamericano”, al que BPA accedía mediante cuentas en cuatro bancos.

Los fondos depositados en el BPA pueden esconder, según el informe, dinero de grupos criminales de China y Rusia. El documento señala, en concreto, a tres altos ejecutivos de la entidad que diseñaron “servicios financieros a medida” para disfrazar el origen de los fondos. Uno de ellos “proporcionó ayuda fundamental” a Andrei Petrov, que en febrero de 2013 fue detenido en España por blanqueo de capitales en una causa en la que está imputado el exalcalde de Lloret y diputado Xavier Crespo (CiU). Según las autoridades americanas, Petrov también es sospechoso por sus vínculos con Semion Mogilevich, una de las diez personas más buscadas por el FBI.

Un segundo directivo del banco, subraya el informe, aceptó “sobornos” a cambio de gestionar enormes transferencias de dinero para la red de Gao Ping, el presunto cabecilla del caso Emperador. El informe denuncia que el empresario chino blanquea capitales para una organización dedicada, entre otras actividades ilícitas, al tráfico de seres humanos. Ping también “pagó exorbitantes comisiones” al BPA para que aceptara el dinero sin apenas controles. El Tesoro señala a un tercer ejecutivo que también aceptó comisiones para gestionar transacciones —por un valor de hasta 2.000 millones de dólares— relacionadas con el “desvío de fondos” de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El Tesoro de EE UU propone dos medidas para limitar la “capacidad operativa” de BPA en el futuro, que resolverá en dos meses. En concreto, plantea prohibir a las entidades norteamericanas la apertura o mantenimiento de las transacciones que involucren al BPA y, además, aplicar una vigilancia adicional.