Departamento de Estado

Samark López Bello, recién detenido por las autoridades venezolanas al ser vinculado a la trama «Pdvsa-Cripto», es un economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y empresario del sector alimentos y construcción.

Nació el 27 de julio de 1974 en Tucupita, estado Delta Amacuro. De acuerdo con la base de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), ejerce su derecho al voto en el municipio Girardot del estado Aragua.

López es uno de los venezolanos que han sido sancionados por el Departamento de Estado por presunto narcotráfico. Fue señalado de tener vínculos comerciales con el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, algo que negó y alegó ser un «empresario legítimo».

Toda su trayectoria profesional como empresario se ha visto afectada, dejando atrás vínculos con empresas en Florida y otros negocios cuestionados.

#MOMENTOS

en que Samark López fue #detenido para ser #imputado por el @MinpublicoVEN por los delitos de

Apropiación o Distracción del Patrimonio Público, Alardeamiento o Valimiento de Relaciones o Influencias, Legitimación de Capitales y Asociación. pic.twitter.com/5mcQOpYMTC

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 9, 2024

Según Saab, los recientemente detenidos, además de estar vinculados con «corrupción petrolera», en una «conspiración para implosionar de manera absoluta la economía venezolana» utilizando la modalidad digital. 

🔴 Tarek William Saab informó que Tareck El Aissami, Samark López y Simón Zerpa, serán imputados por traición a la Patria en las próximas horas.

📌 Entrevista: @kicobautista pic.twitter.com/TeovYBlwDA

— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) April 10, 2024

Trayectoria como empresario

Samark López figura como propietario de numerosas empresas. Según un reportaje publicado por el periodista Roberto Deniz en Armando.Info, López vendió kits para los programas de construcción del gobierno venezolano, pinos navideños y alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Además, también el sitio web de Profit Corporation, C.A. indica que sus principales clientes eran Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ministerio de Interior y Justicia.

Profit Corporation C.A. fue contratada por Pdvsa Gas, S.A. en 2010 para obras civiles y electromecánicas, pero el avance de los trabajos, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), solo llegó a 46% y 16%, publicó Poderopedia.

Asimismo, entre 2002 y 2004 ocupó el cargo de director de Planificación y Presupuesto de la Gobernación de Mérida, durante la gestión del exgobernador Florencio Porras.

López Bello ha sido un alto gerente corporativo y esas gestiones se extienden hasta Florida, Estados Unidos, con las compañías -actualmente inactivas- MF Food Service, LLC, LH Industries Supplies INC y Sahect Holding LLC.

A continuación podrá ver una lista de algunas de las empresas donde estuvo López:

Buscado por la justicia estadounidense

En octubre del 2020, López Bello fue designado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, como un objetivo del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de Estados Unidos.

De acuerdo con el ICE, esta designación se hizo en el marco de «un esfuerzo para erradicar la corrupción y la criminalidad vinculada con el régimen de Maduro en Venezuela».

Los Equipos de Trabajo contra Delitos Financieros El Dorado de HSI Nueva York y HSI Miami realizaron la investigación.

Basándose en las investigaciones por parte de HSI Nueva York y HSI Miami, López fue acusado formalmente en marzo de 2019 y marzo de 2020 en el Distrito Sur de Nueva York «por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por la OFAC».

Más sobre este tema:

EEUU ofrece recompensa de 5 millones de dólares por Samark López

Leer más

Sanciones de la OFAC

En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a López Bello y a Tareck El Aissami, “como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional”.

Una nota publicada por el portal Suprema Injusticia indica que, según información oficial, la OFAC identificó 13 empresas propiedad o controladas por Samark López Bello, en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, EEUU y Venezuela.

Después de esto, López Bello demandó a la OFAC para que se anulara la sanción en su contra, que mantiene congelados sus bienes en Estados Unidos, porque, según sus alegatos, violaba sus derechos bajo la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Sin embargo, un tribunal de Estados Unidos consideró que este argumento no encontraba base «en la ley o la lógica”, porque sería ir contra los objetivos la Ley Kingpin, fundamento de las sanciones de la OFAC, que es “llevar a la bancarrota las operaciones de narcotráfico mientras minimizando el riesgo de fuga de activos”.

También, rechazaron el argumento de López, según el cual se ejecutó una “incautación ilegal” de sus bienes. La Corte consideró que sus alegatos fueron insuficientes “para demostrar que la OFAC debería haber obtenido una orden judicial antes del bloqueo sus bienes”.

Otros problemas legales

El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría General de Justicia de República Dominicana informó sobre un operativo conjunto con la agencia antinarcóticos local para detener a López Bello, a quien señalaban de pertenecer a una supuesta red de narcotráfico.

Durante el operativo, se allanaron propiedades vinculadas a López y detuvieron a varias personas para su investigación. Una casa lujosa fue allanada en esta operación.

Más sobre este tema:

Allanaron casa en República Dominicana en búsqueda de Samark López

Leer más

López también protagonizó controversias por su participación en el sector de los medios de comunicación, especialmente con relación a la venta del grupo editorial Cadena Capriles en 2013, que generó críticas por falta de transparencia.

A Samark López también se le vinculó a la transacción para el cambio de dueño de El Universal, en la que la mayoría accionaria sería del operador financiero Rafael Sarría, publicó El Pitazo.

Más sobre este tema:

Maduro y Chávez metían las manos en el fuego por la "honestidad" de El Aissami

Leer más

De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, durante el 2022, el Arco Minero del Orinoco «fue el centro de la minería ilícita y el contrabando de oro»

El informe recogió datos de Transparencia Venezuela, que en febrero publicó un estudio el cual registró denuncias de corrupción o mala gestión en 46 empresas públicas regionales

El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este lunes, 20 de marzo, un informe sobre Venezuela, en el que destacó que el régimen venezolano no castiga de manera efectiva la corrupción.

A pesar de que la ley en Venezuela castiga la corrupción con sanciones penales para funcionarios, esto no se implementó de manera efectiva. Varios funcionarios reconocieron explícitamente la corrupción como un problema importante, indica el documento. 

Según Tarek William Saab, fiscal general impuesto, durante 2022 se descubrieron 24 redes de corrupción en la industria petrolera y 178 personas fueron acusadas por corrupción, con 63 personas condenadas.

Pese a esas cifras, los observadores afirmaron que las estadísticas del régimen no eran confiables. De enero a agosto, 319 fiscales públicos habrían sido imputados y 63 condenados por corrupción.

Precisamente, sobre el tema de la corrupción, este informe coincide con una “purga madurista” por supuestos hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos, que culminó con la renuncia de Tareck El Aissami a su cargo de ministro de Petróleo.

Asimismo, por estas investigaciones recientes se detuvo al juez José Mascimino Márquez; el presidente del Circuito Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perre; y Pedro Hernández.

También fue detenido Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena en el estado Aragua, por su presunta vinculación y participación en la reactivación de bandas territoriales. 

Más sobre este tema:

Tareck El Aissami ha salido del grupo

Leer más

Un problema importante en la FANB 

Según el Departamento de Estado, la corrupción en Venezuela fue un «problema importante» en las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Especifica el texto que varios miembros de menor rango de estos cuerpos «generalmente estaban mal pagados y mínimamente capacitados».

«No hubo información disponible públicamente sobre la cantidad de casos que involucraron a policías y militares durante el año, aunque el Ministerio Público publicó varios casos individuales contra policías por solicitar sobornos y otras actividades corruptas».

Corrupción en empresas regionales y estaciones de servicio

El informe recogió datos de Transparencia Venezuela, que en febrero publicó un estudio el cual registró denuncias de corrupción o mala gestión en 46 empresas públicas regionales.

Todas las denuncias ocurrieron en los sectores de empresas de distribución de gas, transporte, agroalimentación, construcción, minería y comercio.

Al respecto, la organización hizo hincapié en que las empresas regionales a menudo se utilizaban con fines políticos y carecían de responsabilidad.

También, Transparencia Venezuela que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ejercía control sobre las gasolineras subsidiadas y muchas veces desviaba la gasolina para venderla en el mercado negro.

Minería ilícita y contrabando de oro

De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, durante el 2022, el Arco Minero del Orinoco «fue el centro de la minería ilícita y el contrabando de oro».

Con respecto a lo anterior, la Misión de la ONU informó en septiembre sobre una «colusión» entre el régimen y los grupos criminales que operan en el Orinoco, «lo que les permitió cometer delitos con impunidad».

Según los informes, tanto los grupos armados como el régimen amenazaron o atacaron a los líderes indígenas que se negaron a permitir el contrabando de mercancías o el acceso a la minería terrestre en sus territorios.

Por su parte, Transparencia Venezuela estimó que el 25% del oro extraído del Arco Minero llegó al Banco Central de Venezuela, mientras que al menos 30% terminó en manos de organizaciones criminales que controlaban las minas, y el resto fue a personas corruptas afiliadas al régimen.

Más sobre este tema:

CLAVES | En 2022 abundaron las detenciones arbitrarias, tortura y censura: Informe del Departamento de Estado sobre Venezuela

Leer más

El informe destaca que existe  falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, la violencia en el lugar de trabajo, el feminicidio y otras formas de violencia

Este lunes, 20 de marzo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el Informe por países sobre prácticas de derechos humanos en 2022.

En amplios apartados, el documento aborda la discriminación y abusos sociales en Venezuela, la situación de los derechos de las mujeres, la violencia indígena, trata de personas y abusos basados en la orientación sexual y de género que se han cometido en el país. 

Sobre la violación y la violencia doméstica y de género en contra de las mujeres venezolanas, el informe señaló que la ley tipifica como delito la violencia física, sexual y psicológica en el hogar o la comunidad y en el trabajo, con penas mayores para la violencia ejercida por la pareja íntima. 

Añade que la ley castiga a los perpetradores de violencia de pareja íntima con penas de condena que van de seis a 27 meses de prisión.

Sin embargo, advierte el documento, en la mayoría de los casos, no se aplica la ley. Resumen las irregularidades más comunes que encontraron y que se enlistan a continuación. 

• La policía se mostró reacia a intervenir para prevenir la violencia de pareja y no estaba debidamente capacitada para manejar tales casos.
• La ley también establece oficinas de la mujer en las jefaturas de policía locales y tribunales especializados en violencia de género, y dos tercios de los estados tenían tribunales especializados.
• En septiembre de 2021, la fiscalía general del régimen, al mando de Tarek William Saab, abrió un servicio para recibir denuncias del Área Metropolitana de Caracas por casos relacionados con violencia contra mujeres y niños, pero el informe señala que no se realizaron esfuerzos durante el año para expandir los servicios de violencia basada en género en otras partes del país, incluidas las zonas rurales y fronterizas. 
• La Defensoría de la Mujer del Ministerio Público contó con un equipo de abogados, psiquiatras y otros expertos que atendieron exclusivamente casos de feminicidio, violencia de género y otros delitos contra la mujer, pero rara vez se cumplía o se hacía cumplir la ley.
• El documento indica que el Gobierno de Maduro no publicó estadísticas sobre violencia de género. La OACNUDH denunció una falta de debida diligencia en las investigaciones de casos de violencia de género. Según las ONG, los esfuerzos del gobierno para proteger a las víctimas de la violencia de género fueron ineficaces o inexistente.
• El documento agrega que la aplicación de las leyes y el acceso a la justicia fueron limitados, ya que las víctimas de violencia de género informaron de la falta de progreso y la incapacidad de dar seguimiento a los casos después de presentar las denuncias.
• También, hubo una falta de protección adecuada para sobrevivientes de violencia de género e instalaciones de albergue con condiciones mínimas de operación.
   

Derechos Reproductivos

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos detalla la situación de los derechos sexuales y reproductivos de los y las venezolanas.

Alertaron que mujeres, niñas, niños y adolescentes carecen de condiciones e información «para tomar decisiones seguras sobre su salud sexual y reproductiva» así como también de «acceso a servicios y métodos anticonceptivos en tiempo y calidad».

Denuncian que el régimen restringió el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las sobrevivientes de violencia sexual, incluida la anticoncepción de emergencia para el manejo clínico de la violación.

«La mala gestión económica y el descuido de la infraestructura de atención de la salud del país restringieron gravemente el acceso a los recursos para la salud y la higiene menstrual, así como a la atención médica calificada durante el embarazo y el parto», precisan.

Discriminación y violencia racial 

El Departamento de Estado destaca que la constitución prohíbe la discriminación basada en la raza y que la ley prohíbe todas las formas de discriminación racial y prevé un máximo de tres años de prisión por actos de discriminación racial.

Sin embargo, los hallazgos del informe demuestran que más allá de la señalización en los establecimientos comerciales de prohibición de discriminación, «se hizo poco para hacer cumplir las leyes contra este flagelo o enjuiciar a los responsables de los casos».

Por otra parte, alertan que los grupos indígenas continuaron pidiendo una implementación más rápida del proceso de demarcación y que siguen sufriendo discriminación en el empleo y la ocupación.

«Los grupos indígenas denunciaron periódicamente conflictos violentos con los mineros en relación con los derechos sobre la tierra.  Hubo informes de hostigamiento, ataques y desalojos forzados contra personas indígenas que viven en áreas incluidas como parte de las concesiones mineras del régimen de Maduro», se detalla en el texto. 
 

Abuso infantil 

La ley condena por mantener relaciones sexuales con un menor de 13 años, con una persona “especialmente vulnerable”, o con un menor de 16 años cuando el autor sea un familiar o tutor, con pena preceptiva de 15 a 20 años. 

Aunque el sistema judicial actuó para sacar a los niños de hogares abusivos, el informe  del Departamento de Estado asegura que las instalaciones públicas para esos niños eran inadecuadas.

Sin embargo, este apartado del informe, deja claro que el Gobierno generalmente hizo cumplir la ley en casos de abuso sexual infantil. 

Abusos basado en la orientación sexual 

La Violencia contra las personas LGBTQI+ también se vio reflejada en el documento que emitió el Departamento de Estados. El mismo señala que los incidentes más denunciados fueron en contra de las personas transgénero. 

«Los principales defensores señalaron que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a menudo no investigaban adecuadamente para determinar si los delitos estaban motivados por el odio o la discriminación de género», observaron.

Destacan que  enVenezuela no existen instrumentos legales que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo, la unión de hecho o la adopción de niños para parejas del mismo sexo.

«Las personas transgénero e intersexuales no recibieron servicios médicos adecuados, incluida la terapia hormonal y el apoyo psicológico. La policía local y las fuerzas de seguridad privada supuestamente impidieron que las personas LGBTQI+ ingresaran a centros comerciales, parques públicos y áreas recreativas», recoge el texto. 

Comentaron además que distintas ONG informaron que el régimen de Maduro negó sistemáticamente el reconocimiento a las personas transgénero, intersexuales y no binarias al negarles la emisión de documentos de identidad en su género preferido, «que son necesarios para el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, la atención médica y otros servicios».

Personas con discapacidad

Aunque la ley venezolana prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad física y mental, «no se hizo ningún esfuerzo por hacer cumplir las leyes» a juicio de esta investigación. 

Según el texto del Departamento de Estados de los Estados Unidos, las personas con discapacidad tenían un acceso mínimo al transporte público y las rampas eran casi inexistentes. Entre otras violaciones que hallaron sobre este punto destacan:

• Las personas con discapacidad sufrían regularmente discriminación en el empleo y la ocupación.
• Los hospitales carecían de infraestructura para acomodar a las personas con problemas de movilidad y personal para comunicarse con las personas sordas. 
• Los recursos en línea y el acceso a la información estaban generalmente disponibles para las personas con discapacidad, aunque el acceso a videos en línea con subtítulos o con descripciones de audio para personas con discapacidades visuales y auditivas era limitado.
• Algunos niños con discapacidad asistían a escuelas separadas, mientras que otros estaban en escuelas ordinarias con compañeros sin discapacidad. 
• Los padres de niños con discapacidad informaron de importantes dificultades para matricularse en la escuela, lo que impedía que sus hijos recibieran educación formal. 
   

Derechos de los trabajadores

El documento del Departamento de Estado abordó en el séptimo ítem el derecho de los trabajadores venezolano y la libertad sindical, además del derecho a la negociación colectiva.

Advierten que  el Gobierno de Maduro impuso varias restricciones al derecho de los trabajadores de formar y afiliarse a sindicatos de su elección, por lo que desplegó una variedad de mecanismos para «socavar los derechos de los trabajadores y sindicatos independientes».

«Los trabajadores que participan en huelgas legales gozan de inmunidad procesal y su tiempo de servicio no puede reducirse por el tiempo dedicado a la huelga, pero esto no se observó», denuncian. 

El informe señala que el régimen habría incumplido repetidamente con las obligaciones del país en virtud del convenio de la OIT con respecto a los salarios mínimos y las normas laborales.

Por otra parte, deja constancia de que, además de los bajos salarios, las condiciones de salud y seguridad laboral no fueron las más idóneas, pues durante los primeros dos años de pandemia el sector salud reflejó graves carencias en dotación de equipos de bioseguridad. 

Prohibición del trabajo infantil

En Venezuela, indican,  la ley prohíbe todas las peores formas de trabajo infantil y establece la edad mínima para trabajar en 14 años.

Según la OIT, el régimen de Maduro no había puesto a disposición del público la lista de tipos específicos de trabajo considerados peligrosos.

«Cualquiera que emplee a niños menores de ocho años está sujeto a tiempo en prisión. El régimen de Maduro no hizo cumplir efectivamente la ley. Las altas tasas de deserción estudiantil empujaron a los niños a situaciones laborales», lamenta el documento.

Más sobre este tema:

CLAVES | En 2022 abundaron las detenciones arbitrarias, tortura y censura: Informe del Departamento de Estado sobre Venezuela

Leer más

El informe del Departamento de Estado señaló que «hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos»

En general, de acuerdo con el texto, el régimen fue «hostil» con los organismos internacionales de derechos humanos y continuó negando el acceso a la CIDH, que visitó el país por última vez en 2002.

El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este lunes, 20 de marzo, un informe sobre violaciones a los DDHH en Venezuela, cometidos por el régimen de Nicolás Maduro durante el 2022.

En el texto se documentaron asesinatos, desapariciones, torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, hechos de corrupción, censura y ataque a medios de comunicación, entre otros.

También, señaló el informe que el régimen de Maduro «dependía de los servicios de inteligencia civil y militar y, en menor medida, de las bandas armadas afines al régimen conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población».

De acuerdo con el Departamento de Estado, el régimen de Maduro «cometió homicidios arbitrarios o ilegales», según reportaron «numerosos informes».

Pese a que no se tienen estadísticas oficiales de ejecuciones extraoficiales, las ONG informaron que entidades policiales nacionales, estatales y municipales, así como la FANB y colectivos, «llevaron a cabo cientos de tales ejecuciones durante el año».

Según Saab, 762 de los funcionarios fueron encarcelados; y 279 fueron condenados por sus crímenes, pero no hizo referencia a ejecuciones arbitrarias.

Al respecto, la ONG Provea y la Fundación Gumilla documentaron 485 ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad o protestas en el primer semestre del año. 

Desapariciones

El texto recoge datos de la ONG Fundaredes, la cual reportó 246 desapariciones o secuestros entre enero y junio en los estados Táchira, Falcón, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas.

Según las investigaciones de Fundaredes en la región fronteriza, los grupos armados irregulares y las bandas criminales «fueron cómplices de los agentes de seguridad del régimen en la comisión de violaciones regulares de DDHH, incluidas desapariciones».

Asimismo, el régimen chavista negó las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país para realizar investigaciones.

Más sobre este tema:

Fundaredes: 80 venezolanas desaparecieron en zonas fronterizas en 2022

Leer más

Tortura, tratos crueles e inhumanos

A pesar de que la Constitución venezolana prohíbe estas prácticas, el informe del Departamento de Estado señaló que «hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos».

Con respecto a lo anterior, recordaron que la Misión de la ONU publicó un informe en septiembre, el cual reveló que el Sebin y la Dgcim fueron ejecutores de crímenes de lesa humanidad.

Según la Misión, esos actos violentos no se cometieron arbitrariamente, sino que fueron parte de un «sistema orquestado y ejecutado por el régimen de Maduro para reprimir a los disidentes».

En particular, la Misión de la ONU documentó que el Sebin «jugó un papel fundamental en la detención de opositores, incluidos políticos, defensores de derechos humanos y manifestantes».

Detenciones arbitrarias y asesinatos

La Carta Magna del país prohíbe el arresto o la detención de una persona sin una orden judicial y dispone que el acusado permanezca en libertad mientras es juzgado, «pero los jueces y los fiscales a menudo ignoran estas disposiciones», señala el documento. 

El Foro Penal Venezolano, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Espacio Público y Provea registraron al menos 2.000 casos abiertos de detenciones arbitrarias.

A pesar de esas denunciar, según el informe del Departamento de Estado, el régimen de Maduro «rara vez otorgó a los detenidos el derecho a impugnar la legalidad de sus detenciones ante los tribunales, a pesar de que el derecho a hacerlo está estipulado por ley».

«El régimen detuvo arbitrariamente a personas, incluidos ciudadanos extranjeros, durante períodos prolongados sin cargos penales», añade el texto.

Libertad de expresión

Espacio Público reportó 228 casos de violaciones a la libertad de expresión en 128 casos entre enero y agosto, los cuales incluyen «censura, intimidación, hostigamiento verbal y judicial, amenazas, agresiones, una muerte y 14 arrestos».

Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó 198 denuncias de abusos a la libertad de expresión de enero a julio. También, se identificaron siete casos de cierre forzado de medios de comunicación, entre otros.

El informe del Departamento de Estado recordó que en abril de 2022, Olga Mata y Florencio Gil fueron arrestados por “incitar al odio” luego de que publicaran un video en TikTok que criticaba a personas de alto nivel alineadas con el régimen.

Sobre el caso anterior, Tarek William Saab, también mencionado en el video de TikTok, anunció el arresto y acusó a ambos de “instigar el asesinato de figuras públicas”.

Tras una protesta pública, Mata y Gil fueron liberados, pero les exigieron presentarse ante el tribunal mensualmente. Mata también se hizo grabar un video de disculpa.

Más sobre este tema:

Se disculpa la adulta mayor que mencionó a funcionarios de Maduro en video viral

Leer más

Violencia y acoso

Líderes del régimen de Maduro continuaron «hostigando e intimidando» a medios de comunicación y periodistas mediante amenazas, incautaciones de bienes, investigaciones administrativas y penales y enjuiciamientos, detalla el documento del Departamento de Estado. 

Al respecto, la ONG Redes Ayuda denunció un total de 63 actos de hostigamiento, amenazas y agresiones contra periodistas y prensa durante el primer semestre del año.

Por su parte, Espacio Público registró cinco detenciones arbitrarias de publicaciones en línea hasta fines de agosto. La mayoría de los detenidos eran periodistas, miembros de los medios de comunicación u ONG y activistas de DDHH.

Censura o restricciones de contenido

La administración chavista mantuvo su modus operandi de imponer acciones legales contra medios de comunicación y emisoras radiales independientes, se deja por sentado en el informe. 

Uno de los casos más controvertidos ocurrió el 7 de febrero, cuando un tribunal otorgó la sede del diario El Nacional a Diosdado Cabello después de que Cabello presentara una demanda contra el diario por “daño moral” en 2015 .

Días más tarde, el 10 de febrero, Cabello amenazó con ir tras el medio La Patilla, el cual también informó anteriormente sobre los presuntos vínculos de Cabello con el narcotráfico.

Además, los medios afiliados al régimen «proporcionaron una programación a favor del régimen casi continua».

Corrupción

Tarek William Saab reveló que durante el año se descubrieron 24 redes de corrupción en la industria petrolera y 178 personas fueron acusadas por corrupción, con 63 personas condenadas. 

No obstante, según el informe del Departamento de Estado, la corrupción fue un problema importante en la FANB y de seguridad, «cuyos miembros de menor rango generalmente estaban mal pagados y mínimamente capacitados».

Un estudio de Transparencia Venezuela, que se publicó en febrero de 2022, registró denuncias de corrupción o mala gestión en 46 empresas públicas regionales.

A pesar de que la Misión de la ONU informó la colusión entre el régimen y grupos criminales que operan en Orinoco, lo que les permitió cometer delitos con impunidad, este lugar se mantuvo como el «centro de la minería ilícita y el contrabando de oro».

Postura del régimen hacia la investigación internacional

El Departamento de Estado resalta que el régimen fue «hostil» con los organismos internacionales de derechos humanos y continuó negando el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país por última vez en 2002.

Asimismo, se recuerda que la Misión de la ONU tuvo que operar desde Panamá, debido a las restricciones impuestas por el régimen de Maduro que incluían la falta de acceso a Venezuela. 

El informe recordó que en noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visitó el país, culminando esa visita con el anuncio de la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde 2014.

Posteriormente, en marzo de 2022, Khan visitó nuevamente el país y autorizó a la Fiscalía a establecer una oficina de cooperación con las autoridades venezolanas y facilitación de asistencia técnica, aunque la apertura quedó pendiente a noviembre.

Más sobre este tema:

Ministerio Público designó a fiscales para investigar a presuntos funcionarios públicos corruptos

Leer más

Después de destituir a Guaidó, los diputados nombraron un representante en los EEUU, Fernando Blasi, pero no recibió estatus diplomático de Estados Unidos porque no lo designó un presidente, según fuentes.

El Departamento de Estado de EEUU tomó la custodia de la Embajada y residencias oficiales de Venezuela tras la destitución de Juan Guaidó como presidente interino.

De acuerdo con una publicación de Blooomberg que cita a fuentes familiarizadas con el asunto, EEUU tomó residencias en Washington y Nueva York.

Según las fuentes, EEUU tomó el control de las propiedades diplomáticas de Venezuela desde el 6 de febrero.

Un vocero del Departamento de Estado confirmó, según el artículo, que la agencia se hizo cargo de la propiedad y mantendrá el control de la misma hasta que Venezuela tenga una nueva misión diplomática.

Cabe recordar que el cierre de la misión diplomática de Venezuela en EEUU fue consecuencia de la destitución de Guaidó como presidente interino.

Guaidó fue reconocido por Estados Unidos e incluyó embajadores extranjeros. En diciembre, los legisladores de la oposición lo expulsaron de este cargo y el embajador de Guaidó en EEUU, Carlos Vecchio, dejó su cargo poco después.

Hasta ahora, la Asamblea Nacional electa en 2015 no ha elegido un nuevo gobierno interino, lo que genera dudas sobre quién representará a la oposición en el extranjero.

Durante los últimos cuatro años, EEUU consideró a Guaidó como el líder legítimo en Venezuela le dio estatus diplomático a su enviado, Carlos Vecchio.

La administración de Guaidó también recibió el control de los activos extranjeros, incluida la gestión de la empresa matriz de la refinería de petróleo estadounidense Citgo. Estados Unidos tampoco reconoce al gobierno de Maduro.

Después de destituir a Guaidó, los diputados nombraron un representante en los EEUU, Fernando Blasi, pero no recibió estatus diplomático de Estados Unidos porque no lo designó un presidente, según fuentes.

Blasi y otras 12 personas trabajaban en la Embajada de EEUU. El miércoles, se les negó la entrada a los edificios.

La administración de Maduro rechazó las declaraciones del Departamento de Estado de EEUU

El gobierno de Estados Unidos respondió a Nicolás Maduro que mantendrá «intacta» su política de sanciones contra Venezuela hasta que se den pasos concretos para el «regreso de la democracia».

«Mientras Maduro y sus seguidores sigan reprimiendo al pueblo venezolano y desviando recursos para prácticas corruptas, nosotros continuaremos presionando al régimen con sanciones», dijo este lunes a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

Cabe recordar que Maduro pidió el pasado jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que levante «todas las sanciones» aplicadas a Venezuela que, consideró, son «criminales».

Maduro dijo que en los últimos 8 años «el imperialismo y sus lacayos peleles y extremistas le robaron a Venezuela de sus bolsillos la cantidad de 411 millones de dólares por día», lo que calificó como «un robo criminal».

El portavoz del Departamento de Estado instó a Maduro a sentarse con la opositora Plataforma Unitaria para «resolver los problemas de Venezuela y restaurar la democracia y el Estado de derecho» en el país suramericano.

«Nuestra política de sanciones a Venezuela permanece intacta. Seguiremos imponiendo sanciones a Venezuela para apoyar el regreso a la democracia», dijo.

La respuesta desde el gobierno venezolano

La administración de Maduro rechazó las declaraciones del Departamento de Estado de EEUU donde anuncia que continuará con su política de sanciones.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller del chavismo, Yván Gil, señaló que la permanencia de esta política coloca a la gestión estadounidense «al margen del Derecho Internacional».

«Podríamos pensar que luego de los recurrentes fracasos de los EEUU en su fantasía de derrocar al Presidente Nicolás Maduro, la arrogancia e inmoralidad serían cosas del pasado», expresó.

Asimismo, agregó: «Lo único intacto hoy es la voluntad de nuestro pueblo por superar las pretensiones de la vileza imperialista».

2/2 Podríamos pensar que luego de los recurrentes fracasos de los EEUU en su fantasía de derrocar a @NicolasMaduro, la arrogancia e inmoralidad serían cosas del pasado. Lo único intacto hoy es la voluntad de nuestro pueblo por superar las pretensiones de la vileza imperialista

— Yvan Gil (@yvangil) January 17, 2023

*Con información de EFE

Más sobre este tema:

Maduro volvió a condicionar avance del diálogo a liberación de recursos por EEUU

Leer más

De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, «hubo numerosos informes de que el régimen de Maduro cometió homicidios arbitrarios o ilegales»

El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció las condiciones críticas de salud de los presos políticos en Venezuela.

En un informe publicado en el sitio oficial de la institución, señalaron que el control de las autoridades civiles sobre las fuerzas de seguridad «siguió disminuyendo y estaba profundamente politizado».

Con respecto a los funcionarios que cometieron estos crímenes, el Departamento de Estado señaló que el régimen de Maduro «no tomó ninguna acción efectiva para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o corrupción».

Presos y detenidos políticos

El informe revela que el régimen de Maduro «utilizó el poder judicial para intimidar y enjuiciar a personas críticas con las políticas o acciones del régimen».

Con respecto a lo anterior, recordaron que el Foro Penal Venezolano reportó 260 presos políticos bajo custodia del régimen a octubre, 50 de los cuales se encontraban en estado crítico de salud. 

Sobre el caso de Baduel, el fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, aseguró que Baduel murió por complicaciones de COVID-19, pero la familia del fallecido «negó estaba enfermo y afirmó que lo mataron».

También resaltan la situación de Roland Carrero, a quien mantienen detenido por los delitos de «concierto para delinquir, contrabando de armas y financiamiento del terrorismo, a pesar de enfrentar graves problemas de salud».

Privación ilegítima de libertad y otros homicidios ilegítimos por motivos políticos

De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, «hubo numerosos informes de que el régimen de Maduro cometió homicidios arbitrarios o ilegales».

Al respecto, el texto señala que aunque el régimen de Maduro no divulgó estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, las ONG informaron que cuerpos de seguridad y colectivos «llevaron a cabo cientos de tales ejecuciones durante el año».

Por otra parte, la OACNUDH reportó menos denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES desde septiembre de 2020, «pero más atribuidas a otras fuerzas, incluidas las policías estatales y municipales y el Cicpc».

Libertad de expresión

El texto señaló que varias organizaciones como la CIDH, Human Rights Watch, Freedom House, Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras, condenaron los esfuerzos del régimen durante todo el año para restringir la libertad de prensa.

También, el informe señala que funcionarios chavistas continuaron hostigando e intimidando a estaciones de televisión, medios de comunicación y periodistas privados y de orientación opositora mediante amenazas, incautaciones de bienes, investigaciones administrativas y penales y enjuiciamientos.

Por otra parte, las ONG notaron la preferencia del régimen de Maduro por utilizar procedimientos legales, sanciones financieras y acciones administrativas contra los medios de comunicación desfavorables en lugar de cerrarlos por completo. 

Libertad en Internet

Según el Departamento de Estado, el régimen de Maduro «restringió o interrumpió el acceso a Internet y censuró el contenido en línea».

«La Compañía Nacional de Importación y Exportación de Electrónica de China proporcionó al régimen apoyo cibernético, expertos técnicos y un conjunto de software y hardware que era una versión comercial del regulador de Internet de China, Gran Cortafuegos, para mantener la censura en línea, controlar la información y evitar la difusión interna de contenido considerado indeseable por el liderazgo político», señala el texto

Además, según informes de los medios, los usuarios de las redes sociales acusaron a Conatel de monitorear su actividad en línea y pasar información de identificación a las agencias de inteligencia del régimen, como el Sebin.

Por otra parte, Freedom House señaló en su informe Freedom on the Net de 2021 que las detenciones, los encarcelamientos y las restricciones legales y extralegales de ciertas formas de expresión en línea «llevaron a una autocensura generalizada por parte de periodistas y medios de comunicación».

Libertades de reunión pacífica y asociación

El informe del Departamento de Estado resaltó que los ciudadanos organizaron protestas a pequeña escala para exigir bienes y servicios básicos como agua, gasolina, electricidad y acceso a vacunas.

Sin embargo, en al menos tres casos que documentó la OACNUDH, colectivos armados participaron en la represión de manifestaciones.

Al respecto, la OACNUDH también documentó el asesinato de un pescador de 18 años de Isla Toas, Estado Zulia, quien habría sido baleado por agentes de la Guardia Costera el 16 de julio en una protesta por el acceso a combustible.

En cuanto a la libertad de asociación, el informe señala que, si bien las asociaciones profesionales y académicas en general operaron sin interferencias, varias asociaciones denunciaron que el TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE), responsable de convocar todas las elecciones y establecer las fechas y los procedimientos electorales, interfirieron en sus intentos de celebrar elecciones internas.

Según Aula Abierta, el 73% de las juntas de grupos de asociaciones de docentes universitarios había expirado, «pero los obstáculos de registro impuestos por los actores prorégimen en el CNE les impidieron elegir nuevos miembros de la junta».

Corrupción y falta de transparencia

El informe del Departamento de Estado también recogió las denuncias de la ONG Transparencia Internacional quien señaló queentre las principales razones de la corrupción generalizada en el país se encuentran la impunidad, «el debilitamiento institucional sistemático y la falta de transparencia en el manejo de los recursos gubernamentales».

Recoge además las cifras de la Fiscalía venezolana, según las cuales solo en  2020, 802 personas fueron condenadas por corrupción, con un total de 2274 personas condenadas desde agosto de 2017, aunque los observadores afirmaron que las estadísticas del régimen no eran confiables. 

«La corrupción fue un problema importante en todas las fuerzas armadas y de seguridad, cuyos miembros generalmente estaban mal pagados y mínimamente capacitados», añade el informe.

Puede leer el informe completo aquí

Más sobre este tema:

ONG preocupadas por "falta de claridad" en el rumbo de la investigación de la CPI

Leer más

*También puede leer: OPEP reporta caída de 7,6% en producción petrolera de Venezuela en marzo

Según el Departamento de Estado de EEUU, el diputado ha trabajado incansablemente exponiendo «la horrenda corrupción del régimen de Maduro»

La tarde de este martes, 23 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció la labor del diputado opositor venezolano, Carlos Paparoni, por su papel en la lucha contra de la trama corrupta del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab.

“Ha trabajado incansablemente por el pueblo venezolano, exponiendo la horrenda corrupción del régimen de Maduro, en particular, en el caso del CLAP, con el uso del hambre como arma y método de control social», escribió Marshall S. Billingslea, quien pertenece al Departamento de Estado deEstados Unidos, a través de su cuenta en Twitter. 

. @CarlosPaparoni has worked tirelessly for the Venezuelan people, exposing the horrific corruption of the Maduro regime, particularly — in the case of CLAP — with use of hunger as a weapon and a method of social control. @KleptocracyIntv https://t.co/KPei3f8WVH

— Marshall S. Billingslea (@M_S_Billingslea) February 23, 2021

Sobre esto, Jon E. Piechowski, Subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, precisó que «Estados Unidos perseguirá los casos y empleará todas las herramientas que tienen disponibles para luchar contra la corrupción».