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Borges aseguró que este hecho contradice la «histórica tradición argentina en la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo»

El comisionado para las relaciones exteriores, Julio Borges expresó preocupación y rechazo al retiro de Argentina de la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

A través de un comunicado, Borges aseguró que este hecho contradice la «histórica tradición argentina en la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo». 

Expresamos nuestra preocupación y rechazo a la decisión de Argentina de retirar el apoyo a la demanda presentada en la CPI por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Vzla y perpetrados por la dictadura. Esto no corresponde con la tradición histórica de ?? de defensa de los DDHH. pic.twitter.com/RHkU6LzRMY

— Julio Borges (@JulioBorges) May 28, 2021

«Argentina es un país que conoce de primera mano lo que significa un régimen que desconoce la aplicación de los DDHH, así como la necesaria búsqueda de la justicia internacional para juzgar a los responsables de estas prácticas», añadió.

Igualmente dijo que los venezolanos y especialmente las víctimas, sintieron esperanza por la iniciativa de varios países en buscar justicia ante organismos internacionales. «Hoy quedamos sorprendidos que decisiones políticas tengan más peso que la búsqueda de la verdad», expresó. 

Borges recordó que en 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina recabó 44 testimonios de ciudadanos venezolanos, cuyos derechos fueron presuntamente violados por el gobierno de Nicolás Maduro. 

«Al retirarse de esta demanda, el Gobierno de Argentina, está favoreciendo a un régimen opresor», agregó. 

Por último, el comisionado exhortó a la comunidad internacional a seguir atenta sobre lo que sucede en Venezuela, y expresar apoyo al proceso que lleva adelante la CPI. 

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De acuerdo con la sentencia del pasado viernes de la sala de casación civil, el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 13 millones de dólares o 237.000 petros

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó este lunes de “grave atropello” y “expoliación” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena al diario El Nacional a pagar más de 13 millones de dólares a Diosdado Cabello como indemnización por “daño moral”.

“No sorprende esta nueva estocada contra la libertad de prensa en un país donde no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político y el gobierno continúa con su campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida”, resaltó el presidente de la SIP, el hondureño Jorge Canahuati.

Cabello demandó al diario en 2015, luego de que el medio replicara un reportaje del diario español ABC en el que su exjefe de escoltas lo vinculaba con negocios de narcotráfico.

“Esta sentencia no se trata de la expropiación de un medio de comunicación, sino directamente de una expoliación, del uso de la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación”, condenó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Canahuati recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.

Añadió que las leyes que penalizan “la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos” generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Los directivos de la SIP, con sede en Miami, subrayaron que el caso de Venezuela será uno de los principales temas de discusión durante la reunión virtual de la SIP que se celebrará desde mañana, martes 20, hasta el viernes 23.

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*Con información de EFE

Al anunciar que era positivo, no respetó la cuarentena, la distancia de seguridad y se quitó la mascarilla al terminar la rueda de prensa

La Asociación Brasileña de Prensa (ABI) anunció ayer que presentará una demanda ante la Corte Suprema contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien acusan de «poner en peligro» la vida de los periodistas que acompañaron el anuncio de su positivo al nuevo coronavirus.

“A pesar de saber que estaba infectado con la Covid-19 , el presidente Jair Bolsonaro continúa actuando de forma criminal y poniendo en peligro la vida de otras personas”, dijo el presidente de la ABI, Paulo Jerónimo de Sousa, a través de un comunicado.

Bolsonaro compareció ante la prensa con una mascarilla blanca simple y sin respetar la distancia de seguridad con los informadores, quienes durante la comparecencia sostuvieron sus micrófonos cerca de la boca tapada del gobernante. Al final de su intervención, Bolsonaro dio unos pasos atrás para alejarse unos pocos metros de los periodistas y se quitó la mascarilla a fin de pronunciar unas últimas palabras.

Para la ABI, la actitud del presidente infringió el artículo 131 del Código Penal brasileño que castiga por «transmitir a otros una enfermedad grave de la que se está infectado» o «un acto capaz de producir el contagio», bajo pena de uno a cuatro años de cárcel y multa.

En días anteriores, Bolsonaro calificó al coronavirus como una simple «gripecita», por eso acudió a manifestaciones y se paseó varia veces por Brasilia provocando aglomeraciones. Brasil es el epicentro latinoamericano de la pandemia y el segundo país más golpeado por el coronavirus, después de Estados Unidos, al registrar 1,66 millones de contagios y cerca de 67.000 muertes, con 1.254 fallecidos en el último día.

El presidente de Brasil, @jairbolsonaro, dio positivo a #Covid19 y ni así se dejó puesto el cubrebocas. Ya en otros eventos públicos se le había visto renuente a proteger su rostro pic.twitter.com/km9lyZXVPq

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 8, 2020

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*Con información de EFE

LA COMPAÑÍA ESTADOUNIDENSE Owens-Illinois (OI), empresa que estuvo en Venezuela hasta que fue expropiada en 2010 por el presidente Hugo Chávez, presentó una demanda contra el Estado venezolano por $500 millones el 11 de febrero por este motivo.

En la demanda se nombra a Petróleos de Venezuela y la filial Citgo, que según OI, son “alter egos y meros instrumentos de Venezuela”, según refiere Reuters. Y que al no tener flujo de caja, es posible que exija pago en activos.

La empresa ganó en 2015 la demanda interpuesta ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión. El documento dice que OI tiene derecho a cobrar $372 millones más los intereses por la nacionalización de esas empresas en Venezuela.

El tribunal determinó que Venezuela violó sus obligaciones en virtud de un tratado de inversión de 1991 con Holanda.

Esta expropiación, que consistió en dos fábricas en el occidente de Venezuela, fue efectuada bajo el criterio de que la empresa “había ejecutando prácticas que devienen en la violación del ejercicio de la libre competencia”, afectando presuntamente a otros productores.

Dicha acción fue ratificada por Elías Jaua, quien era vicepresidente de la República ese año, quien calificó la expropiación como una “acción legal, constitucional del Estado”.

En 2010 -recuerda Reuters– Jaua acusaba a opositores y a empleados de Empresas Polar de propiciar protestas de trabajadores de Owens Illinois que se oponen a la medida.

“Hacemos un llamado a nombre del Gobierno bolivariano a los dueños de la Empresa Polar. Es extraño que sus trabajadores en vez de estar trabajando están tomando e impidiendo o tratando de impedir la acción del estado venezolano”, dijo Jaua.

“Hacemos un llamado de advertencia a los propietarios de Empresas Polar a que tomen cartas en el asunto y se distancien de la posición que hoy mantienen algunos trabajadores y trabajadoras de Empresas Polar (…) de participar en una protesta que es ilegal”, puntualizó.

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Autoridades del Gobierno venezolano y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) participan en la Conferencia Ministerial de la Franja y la Ruta en materia energética, evento que realiza en Suzhou, Jiangsu, China y que cuenta con la participación de 35 países y más de 100 empresas. Últimas Noticias

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Pdvsa ha perdido más de la mitad de su producción en los últimos ocho años. Si en 2010 elaboró 2.779.000 barriles diarios de petróleo, en septiembre de 2018 produjo 1.197.000 b/d, según la Opep. La caída es aún más pronunciada si se considera desde el año 1998, cuando la producción se ubicó en un tope de 3.279.000 b/d. Efecto Cocuyo

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¿MENOS DÓLARES?:

ConocoPhillips anunció ayer que había llegado a un acuerdo con Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA, para recuperar aproximadamente US$ 2 mil millones, el monto total otorgado a ConocoPhillips por un tribunal arbitral constituido bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI/25 abril 2018), más los intereses a través del período de pago. PDVSA acordó reconocer el fallo de CCI y realizar pagos iniciales por un total de aproximadamente $ 500 millones en un período de 90 días a partir de la fecha de la firma. El saldo del acuerdo se pagará trimestralmente durante un período de 4,5 años, reseñó MarketWatch. Como resultado del acuerdo, ConocoPhillips acordó suspender sus acciones legales de cumplimiento del laudo del CCI, incluso en el Caribe holandés donde se veían afectadas las operaciones de PDVSA/Citgo en Bonaire, Curazao y Aruba. ConocoPhillips ha garantizado que el acuerdo cumpla con todos los requisitos normativos de los EE.UU., incluidas las sanciones aplicables impuestas por los EE.UU. contra Venezuela. Los detalles adicionales del acuerdo son confidenciales. “Tanto nadar para morir en la orilla” dice el refrán. No fue culpa del “imperio” sino de los improvisados petroleros rojitos…

¿ENCHUFE?:

El inefable Winston Vallenilla lanzó este tuit que indica su bonita percepción tras las medidas anunciadas desde Miraflores: “Tendremos una recuperación económica exitosa, con instituciones y funcionarios fuertes que hagan cumplir las leyes, estamos escribiendo la historia buena d nuestra patria ante quienes trataron d quebrar a Venezuela”. ¡Ommm!

Pedro Carreño, diputado a la asamblea nacional constituyente  aseguró  que si El Nacional se niega a pagar  a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela , este pasaría a ser el nuevo dueño de dicho medio.

Según Carreño el periódico tendrá que pagarle a Cabello 1.000 millones de bolívares “por producto de daño moral causado”.

«Lo único que se le pidió a El Nacional es que presentara pruebas de que Diosdado Cabello es narcotraficante. No las tienen», sentenció.

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, finalmente perdió la demanda contra el diario estadounidense The Wall Street Journal, así lo informó este miércoles la Corte de Apelaciones de EEUU.

La demanda fue impuesta por Cabello en 2015 por el artículo: “Funcionarios venezolanos con sospecha de convertir el país en centro global de cocaína”. El medio citó a más de una docena de fuentes anónimas que aseguraban que una unidad de élite de la Administración Antidrogas de Estados Unidos preparaba una acusación contra Cabello y otros funcionarios del Gobierno.

El exgobernador del estado Miranda demandó en 2016 a la empresa matriz de The Wall Street Journal por difamación en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. por el Distrito Sur de Nueva York. La jueza de distrito de los Estados Unidos, Katherine Forrest, desestimó la demanda, después de rechazar que se presentara una demanda enmendada, luego de que Cabello no demostrara cómo las declaraciones en cuestión eran falsas, y no alegó adecuadamente el ensañamiento en su contra.

Los jueces de circuito Ralph Winter, Rosemary Pooler y Debra Ann Livingston, sostuvieron que independientemente del argumento de la falsedad, el requisito de malicia real falló. Cabello afirmó que las fuentes anónimas del WSJ deben haber sido ficticias y, si las reclamaciones no fueron inventadas, entonces las fuentes no fueron debidamente investigadas.

La teoría de Cabello afirma que, si bien el “periodismo histórico” se ha beneficiado claramente de la información filtrada por fuentes gubernamentales anónimas, el caso del oficialista no presentaba “nada intrínsecamente controvertido”, por lo que cualquier filtración sobre una investigación “no puede servir a ninguna causa noble” y debería haber causado WSJ para “cuestionar la confiabilidad de sus fuentes (en la medida en que tales fuentes realmente existan)”.

Diosdado pierde caso contra TWSJ  by Yeannaly Fermin on Scribd