Delito

La trata de personas es el tercer delito más lucrativo del mundo, después del tráfico de armas y de drogas, con el agravante de que una mujer puede ser explotada múltiples veces

Este viernes, 24 de noviembre, la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UCAB llevó a cabo las XIII Jornadas de No Violencia Contra la Mujer, actividad en la que se pasó revista sobre las cifras en materia de trata de personas. 

La situación de deterioro económico y social que sufre Venezuela ha agravado las condiciones que facilitan la explotación sexual y tráfico de personas, especialmente de mujeres, adolescentes y niñas venezolanas. 

Estefanía Mendoza, coordinadora de la ONG Mulier aseveró que, según los cálculos que hacen, las cifras de venezolanas víctimas de las redes de trata de personas son tantas que «podrían desbalancear» las actuales tablas que recogen la data de América Latina.

Precisó que el año pasado, 1.390 personas de nacionalidad venezolana fueron rescatadas de redes de trata en 25 países y de ellas 284 eran niñas y adolescentes. 

«Más de 3.000 mujeres venezolanas han sido rescatadas desde que hacemos este seguimiento», informó Mendoza, y advirtió que esos números están muy por debajo de la realidad.

La abogada habló de cifras concretas que apuntan al agravamiento de la situación de trata de personas, delito que, insistió, es de difícil persecución judicial porque la cadena de actividades involucradas está desagregada.

Como ejemplo, mencionó el transporte de niñas, adolescentes y mujeres que se hace a través de peñeros desde Güiria hacia Trinidad y Tobago, y que los transportistas se ven a sí mismos como prestadores de ese servicio y no como partícipes de este delito internacional, que comienza con la captación. 

Tercer delito más lucrativo en el mundo

Mendoza indicó que la trata de personas es el tercer delito más lucrativo del mundo, después del tráfico de armas y de drogas, con el agravante de que una mujer puede ser explotada múltiples veces, de allí que el 60% de las personas víctimas de este delito son mujeres y niñas. 

En el caso concreto de la situación que se vive en el Arco Minero del Orinoco, reconoció la labor del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y su extensión UCAB Guayana, que han venido levantando data sobre la esclavitud moderna, circunstancia que está afectando «de forma diferencial y terrible a la mujer indígena».

También, Estefanía Mendoza llamó la atención sobre los mecanismos de captación de más víctimas para estas redes. Dijo que hay más detenciones de mujeres que, buscando zafarse ellas mismas de esa explotación, participan en nuevos reclutamientos.

Alertó  sobre le necesidad de que se socialicen más los peligros implícitos en las redes sociales como vías para la captación de víctimas y existen muchos disfraces para esa labor, desde las falsas relaciones románticas, hasta ofertas engañosas de empleos, becas de estudio y reunificación familiar en el extranjero, que tienen detrás toda una red de tráfico y explotación sexual.

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84 estudiantes han sido asesinados 84 entre mayo de 2017 y marzo de 2018 según datos recopilados por el Monitor de Víctimas, proyecto que combina la participación ciudadana con el periodismo de datos y de investigación.

La última víctima de la ola de violencia es Efraín Abel Perales Contreras (19) quien estaba en la mitad de su carrera universitaria. Nacido en Barinas, Perales había alcanzado el quinto semestre de Química en la Universidad Central de Venezuela.

El joven de 19 años proveniente del barrio Primero de Diciembre de la capital del estado llanero se había acomodado junto a su papá Andry Freites Velandia de 49 años de edad, en el comercio en el que Freites trabajaba, donde les habían cedido un espacio para quedarse a cambio de que brindaran seguridad al establecimiento.

El comercio dedicado a la venta de aires acondicionados donde residían padre e hijo está ubicado en la calle Ramón Méndez, entre la Arturo Michelena y San Pedro, a unas tres cuadras de la sub delegación de Santa Mónica del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, parroquia San Pedro del municipio Libertador.

El sábado 5 de mayo a las 9:00 de la noche, padre e hijo se encontraban a punto de acostarse, cuando alguien tocó la puerta del establecimiento. Freites al asomarse vio que era uno de sus compañeros de trabajo quien le dijo que le abriera para guardar una moto, cuando Freites abrió la puerta, tres hombres portando armas blancas se abalanzaron sobre él y lo atacaron. Al parecer querían robar el establecimiento.

Freites, vencido por las puñaladas, cayó y los atacantes lo dieron por muerto. Fueron hasta el cuarto de servicio en el que estaba Efraín Perales, a quien también atacaron.

Freites, mal herido, logró incorporarse y corrió hasta un puesto de la PNB ubicado a pocos metros, allí consiguió apoyo. Los funcionarios fueron hasta el local y capturaron a tres de los cuatro delincuentes, el restante logró escapar.

Trasladaron a los heridos hasta el hospital Miguel Pérez Carreño, pero las lesiones sufridas por Perales eran muy graves, había muerto cuando llegó al centro de salud. Su padre se mantiene grave en las salas de Terapia Intensiva del mismo centro asistencial.

84 estudiantes han sido asesinados en un año

De acuerdo con los datos recopilados por el Monitor de Víctimas un total de 84 estudiantes han sido asesinados en Caracas, en el período comprendido entre el primero de mayo de 2017 y el 31 de marzo de 2018.

Del total de las víctimas 51 fueron asesinados por figuras vinculadas con la delincuencia común, bien sea por bandas, 24 fallecidos, o por delincuentes, independientes con 27 crímenes.

Los organismos policiales cobraron la vida de otros 24 estudiantes, de los cuales 12 murieron a manos del Cicpc; seis a manos de la Policía Nacional Bolivariana, cuatro de la Guardia Nacional y dos a manos de Policías Municipales. En nueve casos no fue suministrada información sobre los autores de los asesinatos.

En relación al lugar donde ocurrieron los asesinatos, el 60,7% de los crímenes ocurrieron en el municipio Libertador allí 51 estudiantes fueron asesinados. El municipio Sucre del estado Miranda es el segundo más violento con 22 víctimas, 26%, le siguen Baruta con siete víctimas, Chacao con tres decesos y El Hatillo cierra el grupo con una muerte violenta.

Los principales móviles de las muertes son: la ejecución, con 22 muertes., 13 estudiantes murieron al quedar atrapados en la línea de fuego, diez fueron asesinados en ajustes de cuentas, otros 10 en robos, siete murieron en riñas, cuatro fallecieron como consecuencia de la violencia política que ocurrió en el país el año pasado. En 14 casos el móvil de los crímenes no fue determinado por las autoridades.

@carlos_dhoy

Las cifras del equipo de Monitor de Víctimas en Bolívar revelan que de los 57 homicidios ocurridos en el municipio Caroní, del estado Bolívar, durante el tercer mes de 2018, 29 se cometieron bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. De estas 29 muertes, 23 fueron a manos del Cicpc.

Durante el mes de marzo se registraron 57 homicidios en Ciudad Guayana. Según reportes de Monitor de Víctimas, 74% de los casos (42) tuvo lugar en San Félix, mientras que 26% (15) ocurrió en Puerto Ordaz.

Con base al levantamiento de datos realizado durante esos 31 días por el equipo de Monitor de Víctimas, se pudo precisar que 99% de las víctimas (56) eran de sexo masculino y solo una era de sexo femenino. Sobre las características de los fallecidos, 56 de los asesinados eran civiles y uno era funcionario, específicamente de la Policía del municipio Caroní.

Cabe resaltar que 53 de los 57 hechos de sangre registrados en Ciudad Guayana (93%) se perpetraron con armas de fuego, mientras que en otros 3 casos (5%) se emplearon armas blancas. Apenas en un caso (2%) fueron utilizados objetos contundentes y fuego para ultimar a la víctima.

Más por la autoridad que por el hampa

Un dato que destaca en las estadísticas colectadas durante marzo en Ciudad Guayana es que 29 de las muertes (51%) ocurrieron supuestamente bajo la figura de “resistencia a la autoridad”; es decir, hubo más decesos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado que por la delincuencia. De estos casos:

– 23 (80%) fueron a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

– 3 (10%) fueron por la Policía del estado Bolívar (PEB).

– 2 (7%) fueron por la Policía del municipio Caroní (PMC).

– 1 (3%) fue por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los móviles de los 28 homicidios restantes -cometidos tanto por la delincuencia común como por la delincuencia organizada- fueron: 18 por venganza (32%), 7 por robo (12%), y 3 por motivos aún desconocidos por las autoridades encargadas de esclarecer los casos (5%): Ministerio Público y Cicpc como órgano auxiliar.

El 60% de las víctimas de la violencia tenía entre 18 y 35 años de edad

Unare, la parroquia más violenta

Ciudad Guayana está conformada por 11 parroquias, y según el levantamiento de datos sobre homicidios realizado por el equipo de Monitor de Víctimas–Bolívar hubo un total de 57 casos distribuidos de la territorialmente de la siguiente manera:

– Unare (Puerto Ordaz): 16 homicidios.

– Simón Bolívar (San Félix): 14 homicidios.

– Chirica (San Félix): 7 homicidios.

– Vista al Sol (San Félix): 6 homicidios.

– Dalla Costa (San Félix): 5 homicidios.

– 11 de Abril (San Félix): 5 homicidios.

– Yocoima (San Fèlix): 2 homicidios.

– Pozo Verde (San Félix): 1 homicidio.

– Universidad (Puerto Ordaz): 1 homicidio.

– Cachamay (Puerto Ordaz): 0 homicidios.

– 5 de Julio (San Félix): 0 homicidios.

En cuanto al rango de edades, la distribución de las víctimas queda de la siguiente manera:

0 años – 11 años: 0 víctimas (0%).

12 años – 17 años: 1 víctima (2%).

18 años – 35 años: 34 víctimas (60%).

36 años en adelante: 6 víctimas (10%).

Edad desconocida: 16 víctimas (28%).

Letalidad policial en aumento

Según estadísticas manejadas por el diario Correo del Caroní, para marzo de 2017 se registraron 83 homicidios en Ciudad Guayana. Para entonces, solo 10 de las muertes ocurrieron bajo la figura de resistencia a la autoridad, lo que implica un aumento de 190% al compararlo con los 29 fallecidos bajo este móvil en 2018.

Respecto de esta situación, el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, manifestó durante un foro realizado en la UCAB-Guayana el pasado 15 de marzo que “se está institucionalizando una pena de muerte en un país donde no existe legalmente, y aun cuando existiera, debe haber un proceso penal, investigación, aprehensión y luego una decisión”.

En declaraciones ofrecidas a El Nacional sobre el incremento de la letalidad policial, Briceño León advirtió que tanto el delito como la acción del Estado están “desangrando al país”. “Los homicidios se mantienen con sus altibajos, pero el crecimiento de las muertes por parte del Estado persiste (…) cuando esto ocurre la sociedad se hace más violenta. La represión, la fuerza desproporcionada del Estado no disminuye la violencia”, precisó el sociólogo.

Jefe del CICPC: “No puedo llamar homicidio a una muerte por resistencia a la autoridad”

Al consultársele sobre esta particularidad en los datos colectados por el equipo de Monitor de Víctimas–Bolívar durante marzo, el comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc, consideró que “no se le puede llamar homicidio a una muerte por resistencia a la autoridad, aunque evidentemente fallezca una persona”.

Cuando ocurre una muerte por resistencia a la autoridad el funcionario actúa en nombre del Estado

Obviando que el homicidio -proveniente del latin: homicidium, y compuesto por las palabras homo (hombre) y caedere (matar)- es la muerte causada por una persona a otra según la Real Academia Española, el funcionario pidió no generalizar. Alegó también que esta diferenciación la imparte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y que el Cicpc se rige por lo establecido en esta legislación, amén de la suscripción de tratados y acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Finalizó explicando que cuando ocurre una muerte por resistencia a la autoridad el funcionario actúa en nombre del Estado, pero después el Estado debe revisar esa actuación y volverse contra el funcionario e iniciar una investigación para determinar si realmente ocurrió una resistencia o si se trató de una simulación de hecho punible que terminó en homicidio.

@GEDV86

El anuncio de la inclusión del delito de traición a la patria en la nueva Constitución fue recibido como un paso del gobierno para aumentar la persecución a la disidencia e inhibir las denuncias foráneas sobre la situación que vive el país. El constitucionalista Juan Manuel Raffalli dijo que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ilegítima de origen, no tiene potestad para cambiar la carta magna y menos para incluir delitos que deben ser establecidos en las leyes ordinarias.

“El delito de traición a la patria está tipificado en el Código Penal. Si buscan darle más vigor a esta figura desde una constituyente inconstitucional que, de hecho, ha reemplazado a la Asamblea Nacional, es porque no está muy clara la forma cómo se ha aplicado para perseguir a la disidencia. El gobierno actúa por miedo y para inhibir, para generar temores, para callar las voces ante la comunidad internacional sobre lo que ocurre y no se tomen medidas. Esto es una respuesta a las sanciones”, señaló.

Raffalli puntualizó que en caso de que el delito de traición a la patria sea incluido en la Constitución, no puede imponerse porque se requeriría de un referéndum aprobatorio para avalarlo.

El domingo 25 en Televen, el constituyente Hermann Escarrá dijo que las 22 comisiones de la constituyente avanzan en las propuestas para una nueva carta magna, dentro de la que se incluiría el delito de traición a la patria.

Aunque no dio mayores detalles, Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la ANC, aseguró: “La constituyente va ser muy firme en esa materia y ya se están estudiando varias propuestas que se evaluarán de acuerdo con el derecho comparado, el internacional, civilizado, democrático, pero se tienen que tomar medidas muy fuertes”.

Gustavo Linares Benzo, también constitucionalista, indicó que cualquier acto de la ANC carece de valor porque no fue convocada por el pueblo.

“Desde siempre el delito de traición a la patria consiste en el concierto para entregar al país a una potencia extranjera, con lo cual un golpe de Estado no lo es, a menos que haya habido financiamiento internacional. Las penas máximas en el país son de 30 años de prisión. No sabemos qué se busca desde la ilegal constituyente, quizás aumentar las penas. ¿Qué buscan?, ¿colocar la pena de muerte?”, preguntó.

Vea la nota completa en El Nacional 

Cinco funcionarios adscritos a la dirección de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron detenidos por estar implicados en una ola de robos perpetrada en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa.

Los funcionarios detenidos fueron identificados como los detectives del Sebin Jhosue Ysays Torín Alcalá, credencial T5FPNH, Bairon José Piñero Toloza, credencial X2EPKE, Franklin Virvalnez Giménez Giménez, credencial TCW3PB, Emerson Eloy Corobo Virguez, credencial 0XZBO6 y José Guillermo Suárez Rodríguez, credencial PA0RHO, todos adscritos a la Dirección de Investigaciones Estratégicas Sebin-Caracas. Asimismo se logró la detención del funcionario de la PNB José Ramón Cabello Puerta.

Los funcionarios de inteligencia fueron detenidos luego de que se recibieran denuncias sobre un grupo integrado por unos seis sujetos, quienes habían perpetrado al menos dos asaltos en la ciudad de Acarigua, uno contra un local comercial, donde luego de haberse identificado como funcionarios del Sebin, procedieron a robar a más de 20 clientes.

Posteriormente el grupo, que viajaba en un vehículo marca Volkswagen, modelo Golf, color blanco, placas AB478IT intentó despojar de su vehículo a un oficial de la Guardia Nacional.

Ante las denuncias la Base de Araure del Sebin activa operativo que logra dar con el paradero de los sujetos, capturándolos en el sitio e incautándoles cuatro pistolas calibre 9mm, dos bombas lacrimógenas, cinco chalecos de protección balística de color negro, tres de ellos identificados con logo de Sebin, tres gorras y tres camisas identificadas con insignias del Sebin, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Los sujetos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público.

Tirso Meleán, uno de los 10 hombres más buscados por los cuerpos policiales venezolanos fue capturados en la ciudad de Mc Allen, en el estado de Texas, EE.UU.

Según señala la página los más buscados del Ministerio de Interior Justicia y Paz Tirso Antonio MeleánCastellano integra la banda Los Meleán, dedicada al sicariato, homicidio y robo de vehículos en el estado Zulia, sin embargo el radio de acción de esta organización es mucho más amplio, abarcando inclusive el narcotráfico, según fuentes policiales.

Durante la detención de Meleán fueron incautadas por los organismos de seguridad norteamericanos dos armas de fuego y municiones.

Meléan huía de la justicia venezolana, desde hace varios años, señalado por el Cicpc de haber ordenado la comisión de decenas de crímenes en el país, y de ser el líder de una banda dedicada a las muertes por encargo.

Tirso Antonio es el hijo menor  de Antonio “Antonito”  Meléan, quien fue asesinado en el año 2008 en el sector Indio Mara en la ciudad de Maracaibo.

Luego de la muerte de Antonito y de su tío Nelson, Tirso y su hermano, Willy Meleán, asumieron el liderazgo de la organización criminal, fuentes policiales señalan que no tenían un lugar de residencia fijo, se movilizaban entre los estados andinos, Colombia y Panamá.

Se les adjudican cientos de homicidios en la región, el dominio de mafias de robo y hurto de vehículos, la extorsión, el contrabando y el narcotráfico.

Una familia envuelta en la violencia

Las familias Melán y Semprum son los protagonistas de uno de los episodios más violentos de la historia del crimen organizado en Venezuela. Una vendetta que cobró la vida de al menos 50 integrantes de la familia Meleán y de casi todos los hombres de la familia Semprúm.

La guerra entre ambas familias se libró desde inicios de los años 70 y llegó ahasta mediados de los ochenta. Se inició tras el asesinato a puñaladas del ganadero Rodolfo Meleán. Las consecuencias de ese asesinato fueron bautizadas como “La Matanza de Santa Bárbara” una escadala de violencia amparada en la venganza por el viejo crimen y que cada cierto tiempo resurgía con ataques que se ejecutaban contra integrantes de alguno de los clanes, lo que encendía las rivalidades y los homicidios. Detrás de esta guerra se ocultaba el interés de las familias por hacerse del control de las productivas tierras del sur del estado Zulia.

A pesar de que se había aplacado la violencia, el clan Meleán fue fortaleciéndose como la gran organización criminal del occidente venezolano y al tener el control del sur del lago, extendió su radio de acción hacia Maracaibo.

Con la llegada del siglo XXI la familia Meleán se vio envuelta en una nueva guerra, esta con otras organizaciones criminales. En esta nueva etapa perdieron a su principal líder, Antonio “Antonino” Meleán en 2008.

Además protagonizaron otro hecho que marcó la historia criminal venezolana, la “Masacre de la Clínica Cabimas” ocurrida en el año 2010 cuando en un intento de asesinato a Nelson Meleán, quien había asumido el mando de la organización, fueron acribilladas seis personas, el hijo de Meleán, cuatro de sus guardaespaldas y un sicario.

A mediados del año pasado pasado dos de los Meleán, ya identificados oficialmente como una organización criminal fueron incluidos en la lista de los criminales más buscados del país.

La ingesta de carne descompuesta generó que más de 300 presos de El Rodeo II, en el estado Miranda, se intoxicaran y sufrieran vómitos, diarreas, náuseas, entre otros malestares. Así lo denunció un grupo de familiares a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien recordó que en este penal sobreviven unos 1.200 reclusos, aunque la infraestructura solo tiene capacidad para 500.

Según les contaron los presos a sus deudos, la carne se descompuso porque no tienen los equipos adecuados para la refrigeración de los alimentos. Asimismo, relataron que consumieron la carne porque tenían muchos días sin probar bocado y además la cocinaron con muchos condimentos y salsas para disfrazar el sabor a podrido.

En ese sentido, los afectados tienen varios días con estos síntomas, incluso algunos se han agravado por la deshidratación, pero la directora sigue suministrando la carne porque, según ella misma les dijo a los cocineros cuando le advirtieron sobre esta situación, no hay nada más para darles de comer. Como si fuera poco, más de 300 presos con malestar estomacal deben utilizar los baños, donde desde hace casi una semana no les llega el agua.

La solución del personal administrativo fue comprar una cisterna para suministrarles un poco de agua, pero sirvió para limpiar un poco los baños porque algunos quisieron hervirla para el consumo humano, pero la cantidad de tierra que tenía les impidió hacerlo.

Al respecto, Prado recordó que El Rodeo II está bajo Medidas Provisionales que fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde el año 2008, en el que exhortan al Estado venezolano a adoptar los correctivos que sean necesarios para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad que allí se encuentran recluidas.

El director del OVP aseguró que enviará una información adicional a la CorteIDH, en virtud del incumplimiento a las Medidas Provisionales; así como también se mantendrá en contacto permanente con sus familiares para conocer de primera mano las constantes violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro de este penal.

Entre las constantes violaciones a las que hacemos mención, se encuentra la muerte de Jenxel Alexander Frías Salazar, de 20 años, como consecuencia de una peritonitis dentro de su celda, el pasado 27 de febrero, en este mismo recinto judicial.

Los parientes de Jenxel aseguraron que el occiso no recibió atención médica inmediata, tras manifestar a los custodios que sufría un intenso dolor abdominal, porque en una primera oportunidad lo llevaron hasta la enfermería, donde no había médicos.  Finalmente falleció a causa de estrangulamiento intestinal producto de una peritonitis, según el diagnóstico forense.

El fallecido era técnico electricista de la empresa Cargill de Venezuela, y cumplía una condena de 11 años y 9 meses de prisión por el delito de violencia física y sexual contra su novia que era menor de edad

Los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público                                         Cortesía

El director de Protección Civil Carrizal fue detenido junto a dos funcionarios del organismo de seguridad luego de que se detectara que integraban una red de tráfico y comercialización de medicamentos e instrumental médico quirúrgico donado por el Hospital Victorino Santaella de Los Teques.

La operación fue realizada por funcionarios de la Policía municipal de la misma localidad mirandina, quienes se hicieron eco de las denuncias formuladas por vecinos sobre la presunta venta de medicamentos por funcionarios de la administración local.

Los detenidos fueron identificados como Juan Gil, director de Protección Civil Carrizal, durante la actual administración encabezada por el alcalde de Farith Fraijas. Gil también ocupó la dirección de Protección Civil en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda bajo las administraciones de Francisco Garcés y Alirio Mendoza respectivamente.

En la operación además fueron aprehendidos los hermanos Wilson Villarreal y José Alfredo Villarreal, ambos funcionarios del organismo de rescate y salvamento.

Fuentes policiales informaron que Gil, en calidad de director del organismo de salvamento, solicitaba al hospital de Los Teques la donación medicamentos y equipos supuestamente para ser utilizados por los paramédicos bajo su mando, sin embargo los investigadores determinaron que los materiales recibidos posteriormente eran vendidos a través de las redes sociales, además se detectó que la donación la solicitaba como director de PC Guaicaipuro, organismo que había abandonado en diciembre del año pasado, por lo que se le abrirá una averiguación por falsificación de documentos públicos y por usurpación de funciones.

También se habría determinado que los detenidos comercializaban con los traslados en ambulancias a precios exorbitantes.

Los tres ex funcionarios fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público