delincuencia

Daisy Galaviz

@Daigalaviz

Las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios del Estado continúan. Esta vez el turno le tocó a Kleiver José Moreno Toledo en Carapita, municipio Libertador. No murió solo, también mataron a otro hombre que se encuentra sin identificar.

El padre de Kleiver José, el señor José Moreno comenta que su hijo de 22 años se encontraba el 25 de mayo -a eso de las 7 de la mañana- durmiendo en la vivienda de un amigo (a quien las autoridades reseñaron con el apodo de la Rana Blanca) cuando uniformados de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) irrumpieron la vivienda -ubicada en el sector Las Delicias – y le dispararon.

A su compañero lo metieron a uno de los cuartos, pues en el momento en que llegaron los funcionarios se encontraba llenando tobos de agua tras la escasez de líquido que se vive en el sector.

Aunque a cada joven le dieron dos disparos, los funcionarios calificaron el hecho como un enfrentamiento. Tanto Kleiver como su amigo fueron llevados al Hospital Miguel Pérez Carreño, en La Yaguara.

Kleiver José Moreno no finalizó los estudios de bachillerato, pues desertó en noveno grado. Para buscar una forma de ganarse la vida realizó un curso de mecánica automotriz en la Academia Americana que está en el centro de Caracas.

Residía en Cúa en la casa de su mamá, aunque también pasaba algunas noches en la avenida Fuerzas Armadas. El padre de la víctima destacó que no conocía al joven con el que se encontraba su hijo al momento del suceso.

Las cifras del equipo de Monitor de Víctimas en Bolívar revelan que de los 57 homicidios ocurridos en el municipio Caroní, del estado Bolívar, durante el tercer mes de 2018, 29 se cometieron bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. De estas 29 muertes, 23 fueron a manos del Cicpc.

Durante el mes de marzo se registraron 57 homicidios en Ciudad Guayana. Según reportes de Monitor de Víctimas, 74% de los casos (42) tuvo lugar en San Félix, mientras que 26% (15) ocurrió en Puerto Ordaz.

Con base al levantamiento de datos realizado durante esos 31 días por el equipo de Monitor de Víctimas, se pudo precisar que 99% de las víctimas (56) eran de sexo masculino y solo una era de sexo femenino. Sobre las características de los fallecidos, 56 de los asesinados eran civiles y uno era funcionario, específicamente de la Policía del municipio Caroní.

Cabe resaltar que 53 de los 57 hechos de sangre registrados en Ciudad Guayana (93%) se perpetraron con armas de fuego, mientras que en otros 3 casos (5%) se emplearon armas blancas. Apenas en un caso (2%) fueron utilizados objetos contundentes y fuego para ultimar a la víctima.

Más por la autoridad que por el hampa

Un dato que destaca en las estadísticas colectadas durante marzo en Ciudad Guayana es que 29 de las muertes (51%) ocurrieron supuestamente bajo la figura de “resistencia a la autoridad”; es decir, hubo más decesos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado que por la delincuencia. De estos casos:

– 23 (80%) fueron a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

– 3 (10%) fueron por la Policía del estado Bolívar (PEB).

– 2 (7%) fueron por la Policía del municipio Caroní (PMC).

– 1 (3%) fue por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los móviles de los 28 homicidios restantes -cometidos tanto por la delincuencia común como por la delincuencia organizada- fueron: 18 por venganza (32%), 7 por robo (12%), y 3 por motivos aún desconocidos por las autoridades encargadas de esclarecer los casos (5%): Ministerio Público y Cicpc como órgano auxiliar.

El 60% de las víctimas de la violencia tenía entre 18 y 35 años de edad

Unare, la parroquia más violenta

Ciudad Guayana está conformada por 11 parroquias, y según el levantamiento de datos sobre homicidios realizado por el equipo de Monitor de Víctimas–Bolívar hubo un total de 57 casos distribuidos de la territorialmente de la siguiente manera:

– Unare (Puerto Ordaz): 16 homicidios.

– Simón Bolívar (San Félix): 14 homicidios.

– Chirica (San Félix): 7 homicidios.

– Vista al Sol (San Félix): 6 homicidios.

– Dalla Costa (San Félix): 5 homicidios.

– 11 de Abril (San Félix): 5 homicidios.

– Yocoima (San Fèlix): 2 homicidios.

– Pozo Verde (San Félix): 1 homicidio.

– Universidad (Puerto Ordaz): 1 homicidio.

– Cachamay (Puerto Ordaz): 0 homicidios.

– 5 de Julio (San Félix): 0 homicidios.

En cuanto al rango de edades, la distribución de las víctimas queda de la siguiente manera:

0 años – 11 años: 0 víctimas (0%).

12 años – 17 años: 1 víctima (2%).

18 años – 35 años: 34 víctimas (60%).

36 años en adelante: 6 víctimas (10%).

Edad desconocida: 16 víctimas (28%).

Letalidad policial en aumento

Según estadísticas manejadas por el diario Correo del Caroní, para marzo de 2017 se registraron 83 homicidios en Ciudad Guayana. Para entonces, solo 10 de las muertes ocurrieron bajo la figura de resistencia a la autoridad, lo que implica un aumento de 190% al compararlo con los 29 fallecidos bajo este móvil en 2018.

Respecto de esta situación, el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, manifestó durante un foro realizado en la UCAB-Guayana el pasado 15 de marzo que “se está institucionalizando una pena de muerte en un país donde no existe legalmente, y aun cuando existiera, debe haber un proceso penal, investigación, aprehensión y luego una decisión”.

En declaraciones ofrecidas a El Nacional sobre el incremento de la letalidad policial, Briceño León advirtió que tanto el delito como la acción del Estado están “desangrando al país”. “Los homicidios se mantienen con sus altibajos, pero el crecimiento de las muertes por parte del Estado persiste (…) cuando esto ocurre la sociedad se hace más violenta. La represión, la fuerza desproporcionada del Estado no disminuye la violencia”, precisó el sociólogo.

Jefe del CICPC: “No puedo llamar homicidio a una muerte por resistencia a la autoridad”

Al consultársele sobre esta particularidad en los datos colectados por el equipo de Monitor de Víctimas–Bolívar durante marzo, el comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc, consideró que “no se le puede llamar homicidio a una muerte por resistencia a la autoridad, aunque evidentemente fallezca una persona”.

Cuando ocurre una muerte por resistencia a la autoridad el funcionario actúa en nombre del Estado

Obviando que el homicidio -proveniente del latin: homicidium, y compuesto por las palabras homo (hombre) y caedere (matar)- es la muerte causada por una persona a otra según la Real Academia Española, el funcionario pidió no generalizar. Alegó también que esta diferenciación la imparte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y que el Cicpc se rige por lo establecido en esta legislación, amén de la suscripción de tratados y acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Finalizó explicando que cuando ocurre una muerte por resistencia a la autoridad el funcionario actúa en nombre del Estado, pero después el Estado debe revisar esa actuación y volverse contra el funcionario e iniciar una investigación para determinar si realmente ocurrió una resistencia o si se trató de una simulación de hecho punible que terminó en homicidio.

@GEDV86

Los militares fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía 16                                              Foto Cortesía

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

Cinco efectivos de la Guardias Nacional presuntamente implicados en el secuestro de un joven fueron detenidos por funcionarios de la Direccion General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Los funcionarios detenidos fueron identificados como el primer teniente (GNB) Henry Rafael Querales Los sargentos (GNB) Franklin Sepúlveda García, Eduardo Rafael Gámez Blanco, Ramón Ygnacio Alarcón Rivera y Andreina Paola Chirinos Mejías quienes fueron capturados con el dinero que habían cobrado por no asesinar a un joven que tenían retenido. Además se logró la liberación del joven plagiado.

Los hechos se iniciaron en playa Waikikí ubicada en la población carabobeña de Puerto Cabello, donde se encontraban las víctimas, identificadas como Carlos Bernardo Colina y su primo Julio César Mendoza Colina, disfrutando de un día de playa, cuando fueron interceptados por la supuesta comisión de la Guardia Nacional, quienes los señalaron de estar presuntamente implicados en el robo de cables eléctricos. Los funcionarios militares amenazaron de muerte a los detenidos contra quienes simularonintentos de ejecución en varias oportunidades.

A pesar de que los hombres insistieron en que no tenían nada que ver con el robo del material, fueron retenidos y trasladados hasta la vivienda de uno de ellos donde nuevamente los amenazaron de muerte y obligaron a uno de ellos a buscar 60 millones de bolívares a cambio de la liberación del otro con vida.

El hombre intentó conseguir el dinero, sin embargo ante las dificultades que se le plantearon, decidió denunciar el caso ante la Dgcim, organismo que activó un operativo de entrega de pago controlado con el objetivo de capturar a los GNB.

En la operación se logró la detención de los cinco funcionarios quienes fueron puestos a las órdenes de la fiscalía 16 militar que se encargará de llevar los detenidos a juicio.

Al menos siete personas fueron asesinadas durante una operación de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, realizada este lunes en diversos sectores de la parroquia Sucre del municipio Libertador del Distrito Capital.

En el operativo resultaron muertos Kerwins Jordán Silva Peraza (28), Jose Gregorio Bellorin (20), Alison Adrián Peña (17), Roiner Ortega (25), Jonny Javier Velasquez (18), Héctor Luis Caraballo (23) y una séptima víctima que no portaba documentos de identidad.

“Me dijeron que se habían equivocado, cuando ya lo habían matado”

Kerwins Jordan Silva Peraza de 28 años de edad, padre de una niña de dos años, trabajaba en una zapatería en Catia. En horas de la madrugada comisiones del grupo FAES llegaron hasta su casa, ubicada en el tercer plan de La Cañonera de La Silsa, cuando dormía junto a su pareja.

“Los funcionarios golpearon con fuerza la puerta de la casa, la esposa de mi hijo se levantó y abrió, era la policía. Dijeron que buscaban armas y dinero”.

Buscaban a dos sujetos identificados como “Chavito” y “Luisito”, les dijimos que no los conocíamos, nos golpearon y nos sacaron de la casa, luego le dispararon a Kerwins en el pecho y se lo llevaron al Hospital Periférico de Catia”

“Un funcionario me preguntó el nombre de mi hijo, cuando se lo dije, me respondió que se habían equivocado y me dijo que fuera a buscarlo en la comandancia de la PNB del 23 de Enero, pero todo era mentira, ya lo habían matado”, dijo Ana Peraza, madre de Kerwins Silva Peraza.

Ni siquiera vivía en el sector

Por su parte los familiares del adolescente Alison Adrián Peña, de 17 años, indicaron que el joven era estudiante de cuarto año de bachillerato en el liceo Fermín Toro. “Él ni siquiera vivía en esa zona, se quedó la noche del domingo porque estuvo en una fiesta y para evitar riesgos decidió dormir en la casa de un amigo”.

Su papá, Claudio Guillén, recordó que Alison vivía en uno de los edificios de la Gran Misión Vivienda de Plaza Venezuela. “Era un riesgo irse a esa hora de la noche a la casa, por su seguridad se quedó… mire lo que le pasó, lo mató la policía”.

En 10 meses entre mayo de 2017 y febrero de 2018, 84 estudiantes fueron asesinados en Caracas, de ellos 19 murieron en presuntas ejecuciones y dos murieron en casos de supuestos enfrentamientos con funcionarios del Cicpc y de la PNB, de acuerdo con datos recopilados por el Monitor de Víctimas.

Junto a Alison Peña fue asesinado su amigo, José Gregorio Bellorín, vendedor de hortalizas en la avenida Morán.

La esposa de Bellorín indicó que ambos estaban en una vivienda cuando los sacaron. “Los llevaron a la casa de un vecino donde lo ajusticiaron”.

Otra de las víctimas fue Roiner Ortega de 25 en la avenida Morán. Estaba en su casa, sacaron a su esposa y a sus tres hijos, luego lo mataron. “Los policías decían que estaba fugado de una cárcel”.

Dos vendedores informales

Dos trabajadores, dedicados a la venta informal resultaron muertos en el operativo, los fallecidos fueron identificados como Héctor Luis Caraballo de 23 años, quien murió en la casa de su hermana ubicada en la parte alta del sector La Cañonera de La Silsa.

“Héctor se disponía a salir a trabajar, iba a colocar su puesto de venta de café en la bomba PDV de La Silsa, cuando llegó el FAES, lo sacaron de la casa donde dormía y se lo llevaron hasta su residencia ubicada a pocos metros, donde le dieron dos disparos, uno en el pecho y otro en el costado”.

Familiares se preguntaron porqué en esos operativos no hay detenidos ni heridos, “nunca nos imaginamos que algo así le iba a pasar a nuestra familia, somos gente pobre, pero trabajadora, no podían llevarlos y devolverlos vivos, ¿porqué en esos operativos no hay heridos ni detenidos, sólo hay muertos?” se preguntó un familiar quien pidió no ser identificado.

Finalmente el listado de las víctimas de la incursión del grupo de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana culminó con el asesinato del comerciante informal Jhonny Javier Velasquez (18) en el callejón La Orquídea de La Silsa, junto a él murió su cuñado, cuya identidad no fue suministrada.

19 presuntas ejecuciones en 10 meses

De las 117 víctimas que dejó la violencia en la parroquia Sucre en el período antes señalado, 31 fueron murieron durante operaciones policiales, de ellas 19 fueron ejecutadas por funcionarios policiales según las denuncias formuladas por sus familiares y las otras 12 personas en supuestos enfrentamientos o casos de resistencia a la autoridad con funcionarios del Cicpc y de la PNB, con seis muertes para cada uno de estos organismos.

A pesar de que oficialmente se indica que las personas muertas en la operación del pasado lunes se habrían enfrentado a los funcionarios policiales, familiares desmienten esa versión, e indican que estaban durmiendo en sus casas cuando llegaron los funcionarios policiales, quienes luego de sacar a mujeres y niños de los inmuebles procedieron a darle muerte a las víctimas para luego simular los supuestos enfrentamientos.

“Si ya lo tenían dominado, de rodillas, si nos sacaron de la casa, ¿cómo pudo enfrentarse a ellos?, ni siquiera tenía un arma , a mi hijo lo mataron, dijo la mamá de Kerwins Jordan Silva Peraza.

En varios de los casos los familiares indicaron desconocer exactamente qué organismo policial fue el que participó en la operación, lo que evidencia que al ingresar a las viviendas los funcionarios no se identificaron debidamente, o se identificaron como integrantes de otro organismo.

Operación en La Morán

Según el parte policial la operación se ejecutó con el objetivo de desarticular bandas delictivas dedicadas al secuestro, robo, extorsión, sicariato y tráfico de drogas que operaban en la parroquia capitalina, particularmente en los sectores de la avenida Morán, La Silsa, Tacagua, Nueva Tacagua y Propatria.

Detalla el reporte que los fallecidos se habrían enfrentado a las comisiones policiales, sin embargo familiares de las víctimas niegan esa versión y denuncian que fueron ajusticiados por funcionarios del FAES.

La operación se llevó a cabo en la parroquia Sucre del municipio Libertador, donde  de acuerdo con datos recabados por Monitor de Víctimas, se perpetró el asesinato de 117 personas en los diez meses comprendidos entre mayo de 2017 y febrero de 2018 con una tasa de 32.07 homicidios por cada 100 mil habitantes. La parroquia Sucre es la más violenta del municipio Libertador y la segunda con más homicidios del Área Metropolitana de Caracas.

@carlos_dhoy

Los asaltantes quedaron registrados por las cámaras de video vigilancia                              Cortesía

Un grupo comando, integrado por unos seis sujetos, cargó con importante una cantidad de equipos médicos valorados en varios millones de bolívares en un asalto perpetrado contra la clínica Piedra Azul, ubicada en el municipio Baruta del estado Miranda.

El grupo ingresó a la clínica aproximadamente a las 8:15 de la noche del lunes por el área de emergencias y luego de agredir y dominar al vigilante, procedieron a buscar al resto del personal que se encontraba de guardia, a quienes encerraron en las oficinas de Admisión del centro de salud.

Una vez controlados los trabajadores, los antisociales cargaron con equipos de electroshock, medicamentos y desmantelaron los tres quirófanos de la clínica, además se llevaron los monitores ubicados en el área de emergencia.

La operación duró aproximadamente 40 minutos, tiempo durante el cual los delincuentes quedaron registrados por las cámaras de seguridad. Los sujetos estaban armados y no se cubrieron los rostros durante el asalto.

Al lugar acudieron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de Polibaruta quienes levantaron evidencias de interés e iniciaron las averiguaciones de rigor.

ESTE 12 DE FEBRERO, fecha que conmemoramos como Día de la Juventud, es ocasión propicia para enfatizar que en Venezuela, la mayoría de las muertes violentas tienen como a adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años de edad.

Esta triste realidad se acepta como una sentencia inexorable, y no se generan políticas o programas destinados a prevenir la violencia, enfrentar sus causas o a garantizar la protección y resguardo de esta población vulnerable.

En 2017, 15.890 adolescentes y jóvenes fallecieron en muertes violentas, cifra que corresponde al 60% del total de muertes violentas que ocurrieron en todo el país.

Muertes violentas en jóvenes para el 2017 en Venezuela

Grupo de edad                         %                Número de víctimas Adolescentes

12 a 17 años                                  6,2               1.650

18 a 24 años                                 34                9.050

25 a 29 años                                19,5              5.190

Total de 12 a 29 años          59,7             15.890

En 2017, de los 15.890 jóvenes de 12 a 29 años muertos por asesinatos, 12.553 fueron por homicidios y 3.337 por actuaciones de las fuerzas públicas, que son documentadas en los registros oficiales como “resistencia a la autoridad”.

De esta manera, se hace evidente que ser joven hoy en Venezuela significa afrontar el alto riesgo de morir en circunstancias violentas, porque la situación de inseguridad y violencia impacta con mayor fuerza en la juventud. Están matando a los jóvenes, principalmente a los hombres, mayoritariamente a los pobres.

Los mata la delincuencia, o los mata la actuación de funcionarios de un Estado que, enfocado en políticas belicistas y violatorias de derechos humanos, parece haber renunciado a la prevención del delito y a la contención delictiva.

Cada año se confirma esta tendencia, y no se emprenden políticas, programas o decisiones públicas destinadas a detener este maleficio. Por el contrario, se incrementa el abandono, la desatención pública de esta población y todos los indicadores sociales advierten como, en lugar de protección y oportunidades de desarrollo, los adolescentes y jóvenes enfrentan hoy difíciles situaciones de desabastecimiento y carestía de alimentos, pobreza, precariedad de servicios básicos (agua, transporte, luz) y, por primera vez en la historia, nos enfrentamos a la lamentable realidad de adolescentes y jóvenes buscando comida en la basura, prostituyéndose para llevar comida a sus casas.

También hay que notar que no son pocos los adolescentes y jóvenes que dejan de comer para que sus hermanos puedan alimentarse, o salen a buscar algún ingreso para ayudar en el hogar y hasta los que se privan de gastos, preocupados porque su madre come cada vez menos para que le alcance a sus hijos. Muchos de ellos están dejando de estudiar para salir a la calle a trabajar o a mendigar en procura de un alivio a la pobreza de las familias. Otros entienden que la mejor solución es irse del país y buscar un trabajo afuera con el que puedan colaborar económicamente con sus familias, o queriendo dejar de ser una carga para los padres.

En este caso es el país que muere, con jóvenes capaces y dispuestos al bien común que abandonan nuestra tierra forjando sueños, trabajo y riqueza en otro lugar.

En contextos de pobreza y violación de derechos humanos, la vida del joven ha estado sometida a situaciones de injusticia y uso abusivo del poder. Para miles de jóvenes que han salido a las calles en protesta pública, la respuesta del Estado ha sido la represión, el amedrentamiento, el encarcelamiento y hasta la muerte.

Pero los jóvenes, además de ser el sector más vulnerable a ser víctima de la violencia, también pueden convertirse en potenciales victimarios, siendo instrumentos útiles de la delincuencia organizada. Según nuestros registros, un 60,7% de los victimarios tiene menos de 30 años; un 34,5 % de este grupo tiene entre 20 y 24 años.

En la mayoría de las comunidades, impera la ley que imponen grupos criminales, que someten y controlan a la población ante la ausencia de la institucionalidad del Estado. Las bandas armadas crecen y se fortalecen incorporando a adolescentes en sus actividades, con amenazas, extorsión y engaño, pero también brindándoles la comida, el dinero y las oportunidades que las familias no pueden garantizar.

El aparente éxito y poder de los jóvenes armados atrae a adolescentes que ven en el delito un camino accesible a la riqueza fácil, o a ingresos que no son percibidos por quien vive honestamente de su trabajo diario.

Los equipos de investigación de las universidades que integran el OVV -UCV, ULA, UDO, UCAB, UCAT, UCLA, LUZ- expresaron su preocupación por la violencia que padece la juventud venezolana y reiteramos nuestra convicción ética por la defensa de los derechos a la vida y a la libertad.

Es hora de parar la fábrica de la incursión de adolescentes y jóvenes en la criminalidad, garantizándoles las oportunidades de alimentación, salud y educación, y atendiendo la emergencia humanitaria que hoy coloca a la mayoría de la población en situaciones de pobreza.

El Estado es responsable de garantizar sin más demora, políticas y programas públicos que reconozcan a los jóvenes como sujetos de derechos y personas corresponsables del desarrollo social. Reiteramos nuestra esperanza en una juventud cuya vida no esté sometida a la violencia, sino aferrada a sus sueños de un futuro de paz, trabajo y conocimiento.

*Empresarios y pescadores de Carenero denuncian que el robo de fueras de borda se ha incrementado este año

*Han acudido al Cicpc, Capitanía de Puerto y Guardia Costera de la GNB, pero aseguran que las acciones vandálicas no han parado

*Manifiestan que la delincuencia ha causado la partida de personal y la menor permanencia de pescadores en alta mar, lo que repercute en un descenso de la oferta a los distribuidores

@franzambranor

Fotografías: Carlos Ramírez | @cara766

A LAS 10:30 DE LA MAÑANA del último jueves de noviembre de 2017 hay poco movimiento en el puerto de Carenero en Higuerote. Un par de perros salen ladrando del embarcadero al lado de la Capilla de la Virgen del Valle mientras que al fondo del muelle un pequeño grupo de pescadores lava las lanchas con las que salieron la noche anterior, otro conversa tomando café bajo un sol inclemente.

De las 80 personas que trabajaban a principios de año en la microempresa que codirige Melvin Oramas, ahora solo hay 26. Una de las razones de la partida del personal, según el propio dueño de embarcaciones, es la inseguridad en la zona, incluyendo el incremento de robos de motores de lanchas.

En la bahía aledaña al embarcadero una veintena de lanchas se bambolean al ritmo de la marea, algunas sin fuera de borda y varadas desde hace meses, como en una especie de cementerio náutico.

Propietarios de botes y pescadores denunciaron que desde hace año y medio ha aumentado considerablemente el despojo de fueras de borda en alta mar por parte de grupos armados.

Expusieron que mientras llevan a cabo su faena de noche, son abordados por delincuentes que los despojan de los motores y dejan a la deriva.

“Antes a uno lo robaban y pasaban días para que volviese a suceder. A nosotros nos han llegado a atracar hasta tres días seguidos este año”, dijo Oramas, quien junto a su familia posee una microempresa pesquera desde hace más de veinte años en Carenero.

“Tenía 16 motores y me han robado seis en lo que va de 2017”, aseguró Oramas mientras señala al menos cinco lanchas estacionadas en el puerto sin fuera de borda y sostenidas por un fino mecate. La escena de botes en similares condiciones se repite en embarcaderos aledaños.

Denuncia de robo de motor correspondiente al 28 de diciembre de 2016

Denuncia de robo de motor correspondiente al 17 de septiembre de 2017

Otro de los perjudicados en la comunidad, quien no quiso dar a conocer su nombre, manifestó que le han robado diez motores, mientras a una calle de la familia Oramas, un tercero sentenció que ha perdido cuatro fueras de borda en 2017 a causa del hampa.

“Estamos hablando que cada motor cuesta alrededor de 3 mil 500 dólares”, comentó Oramas.

Un motor fuera de borda Yamana 40 en la tienda Venemarine C.A. de Las Mercedes en Caracas está por el orden de los 4 mil dólares, mientras que en la página de Mercado Libre puede conseguirse de segunda mano por 2 mil 100 dólares.

Uno de los pescadores que fue víctima de robo y quien tampoco quiso hacer pública su identidad, dijo que los delincuentes portan armas largas, abordan a sus víctimas mínimo en par de embarcaciones y los despojan de todas sus pertenencias, incluyendo teléfonos celulares y hasta el pescado.

“Eso es rápido, cuestión de minutos, se ve que es gente profesional, son tres o cuatro por embarcación, llegan con herramientas y todo para desmontar el motor, siempre roban entre 8 y 11 de la noche, algunas veces usan capuchas, otras no. Te dejan a la deriva a esperar que te rescaten al día siguiente”, expuso.

Oramas cree que los motores son robados para comercializarlos fuera de Venezuela. “Probablemente en Trinidad o Colombia, porque tampoco es que uno consigue repuestos en el mercado negro interno”.

Oramas calcula que se han robado 200 motores solo en Higuerote en lo que va de año. “Esto es algo que pasa en todo el país, tengo amigos y conocidos en Nueva Esparta que padecen lo mismo”.

Tanto Oramas como el resto de los afectados han denunciado las fechorías marítimas en el Cicpc, el Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana y la Capitanía de Puerto de Carenero, adscrita al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

“Pero, las autoridades no han dado respuesta, la Guardia Costera dice que no tienen suficientes lanchas para patrullar”, indicó uno de los afectados que prefirió reservar su identificación.

El equipo de Runrunes acudió a la Capitanía de Puerto en Carenero, donde un empleado informó que el capitán encargado se encontraba en comisión de servicios en el estado Vargas. A metros de distancia, en el Comando de Vigilancia Costera de la GNB, un sargento excusó a su ausente capitán y conminó a seguir insistiendo porque no estaba autorizado para emitir declaraciones.

En Caracas, Runrunes visitó la sede del Inea (Instituto Nacional de Espacios Acuáticos) y en la recepción una empleada informó que “la gente de institucional es quien se encarga de eso y están en una reunión, espere o llame más tarde”. Se insistió telefónicamente, pero no hubo respuesta alguna.

“Las denuncias se han hecho, todo el mundo está al tanto”, señaló Oramas.

No obstante, uno de los perjudicados aclaró que hay cautela en el ambiente. “Es para que esto estuviese lleno con gente declarando, porque no conozco a nadie que no haya sido robado al menos una vez este año, pero no es fácil, hay que entender que muchos de nosotros tenemos miedo”.

Falta de pescado y personal

Comerciantes del sector indican que debido a los constantes robos, algunos pescadores han optado por abandonar el oficio y dedicarse a otra actividad.

“Esta es la vida de uno, yo no sé hacer más nada”, dijo uno de los pescadores.

“Una embarcación puede pescar hasta 300 kilos en una jornada, actualmente no solo por la escasez de personal, sino también por el corto tiempo que están en alta mar por temor a ser asaltados, traen un promedio de 20 kilos cada día”, confesó Oramas.

El encargado de la pescadería Los Roques en el mercado de Coche en Caracas dijo que la oferta de pescado proveniente de oriente ha descendido en 2017. “Ahora no está llegando mucho pescado, a la semana viene apenas un camioncito y trae entre 100 y 300 kilogramos”. Otra empleada de la pescadería Monroy en La Candelaria también informó que la proteína proveniente del mar ya no arriba a los mercados como antes. “Este mes ha sido horrible, tenemos poco, pero aún así la gente compra porque no hay carne”.

«Algunos de nosotros estamos dedicados al mercado de exportación porque las autoridades quieren regular la venta del pescado y nadie quiere trabajar para perder dinero», manifestó uno de los propietarios de embarcaciones que prefirió mantenerse en el anonimato.

Melvin Oramas, dueño de lanchas en Carenero

Un dueño de lanchas de la zona, que optó por el anonimato, dijo que pescar es toda una inversión, un capital al que no le están viendo la ganancia, entre otras cosas, por culpa de la delincuencia.

“Un bote sin motor puede llegar a costar entre 15 y 20 millones de bolívares, un litro de aceite para motor fuera de borda está por el orden de los 150 mil, las sardinas que usamos de carnada son como 80 mil, una bolsa de hielo son 40 mil y todo lo que usamos para pescar es importado: el nylon, el anzuelo, el sacavueltas y hasta las linternas o yesqueros con luz”, enumera el pescador

“Se requiere una inversión física y económica diaria, son tres o cuatro horas de recorrido para llegar al lugar donde se va a pescar y se pueden gastar entre 300 y 400 mil bolívares”, prosiguió. “Y te estoy hablando del tajalí, que es el que más pescamos en la actualidad, porque la faena es menos complicada y más económica”.

El microempresario aseguró que para la pesca de otras especies se puede gastar hasta un millón de bolívares diario por embarcación. “Hay que adentrarse más en el mar y por tanto gastar más aceite de motor, regularmente son tres litros, uno para ir, otro para permanecer y otro para regresarse, la carnada y los implementos son más costosos, la gente cree que pescar es tirar un anzuelo y ya” .

Aunque hoy en día, el tajalí es la fuente de ingresos para la mayoría, en la zona también se pescan otros especímenes como lamparosa, jurel, cabaña, róbalo, lebranche, dorado, aguja, carite, picúa y atún blanco, entre otros.

“La pesca es nuestra única fuente de ingreso, cuando un pescador se retira, hay una familia que se ve perjudicada, necesitamos la ayuda de todos para seguir llevándole alimento al pueblo”, puntualizó Oramas.