EL CONSENSO ENTRE LOS ECONOMISTAS indica que el principal factor propagador de la hiperinflación es el financiamiento monetario del déficit fiscal. El sector público consolidado ha registrado déficits superiores a 10 % del PIB por más de seis años, lo cual se debe en gran medida al empeño por mantener irracionalmente bajos los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos. Esto genera descomunales déficits que son financiados con emisiones de dinero inflacionario.
Al gobierno también lo afecta la hiperinflación. La caída del poder adquisitivo de los ingresos fiscales se agrava porque hay una desincronización entre el momento en el que se generan los impuestos y el momento en el que se recaudan. Como la hiperinflación también devora el poder de compra de los ingresos fiscales, los presupuestos se vuelven sal y agua y el gobierno cae en el círculo vicioso de financiar el déficit con dinero inflacionario. El déficit fiscal y su financiamiento con emisiones de dinero por parte del BCV se han convertido en el principal factor propagador de la hiperinflación que pulveriza los salarios de los trabajadores y empobrece a las familias venezolanas. Erradicar la hiperinflación exige poner freno al manejo irresponsable de la gestión fiscal y de la política monetaria. Veamos:
Al momento de escribir este artículo, el tipo de cambio es 7.348 Bs/$. Un café cuesta 7.000 Bs, pero un litro de gasolina de 91 octanos cuesta 0,00001 Bs; o sea, apenas 0,000000001 $/litro. En América Latina, el precio promedio es de 1 $/litro. Llenar un tanque de 60 litros cuesta en Colombia $ 60, pero en Venezuela no se paga ni un centavo de dólar, mientras que el café en la panadería cuesta casi un dólar. Este brutal diferencial de precios es un incentivo perverso para el contrabando de gasolina hacia Colombia, Brasil e islas de El Caribe donde la venden a 1$/litro. Incluso, en las carreteras venezolanas, donde las estaciones de servicio no reciben gasolina, se observa la multiplicación de vendedores ambulantes que venden la pimpina de 20 litros entre 10-50 dólares; o sea, entre 0.50-1 $/litro. Mientras tanto, Pdvsa se cae a pedazos y paga su nómina con las transferencias de dinero inventado de la nada que le hace el BCV. Por eso, la gasolina regalada sale tan cara en cifras inflacionarias.
Corpoelec tiene déficit porque con lo que factura por tarifas de servicio eléctrico residenciales, comerciales e industriales no puede pagar ni la nómina. En América Latina, cada KWh se factura en promedio a 0,10 $/KWh. Esto significa que una familia que consume de 500 KW/mes paga en promedio 50 $/mensual. Pero en Venezuela pagamos solo 0,10 $/mes. Con lo que le ingresa a Corpoelec no se puede pagar la nómina, mucho menos cubrir los costos de mantenimiento. Ni hablar de nuevas inversiones. Por eso hay cada vez más apagones a lo largo y ancho de todo el país. Por eso Venezuela se está quedando a oscuras.
En el país pagamos Bs 15.000 por botellón de agua potable para evitar enfermarnos del estómago. Un botellón promedio a la semana son cuatro botellones al mes, equivalentes a 60.000 Bs/mes. Pero a las empresas Hidro no le pagamos ni 2.000/mensual. En América Latina, en Lima se paga 0,38 dólares por metro cúbico de agua, en Bogotá 0,24 $/M3, en Ciudad de México 0,15 $/M3, mientras que en Venezuela apenas se paga 0,00001 $/M3. Con esas tarifas, las empresas Hidro que suministran el servicio de agua potable no generan ingresos suficientes para cubrir ni los costos de mantenimiento. Por esta vía, vamos hacia el colapso total del servicio de agua potable Por eso los racionamientos del agua son cada vez más largos. Por eso Venezuela tiene cada vez más sed.
Lo mismo ocurre con el servicio de gas doméstico. No pagamos ni 1.000 Bs/mes por el servicio de gas comunal, pero los hogares pobres que no reciben el gas por tubería tienen que comprar una bombona de gas pequeña que tiene un precio regulado de 700 Bs/bombona de 10 kilos, pero que los especuladores la revenden en 10.000 Bs/bombona, que equivale a $ 1,36, calculado a 1 $=7.348 Bs.
Es tan demencial el rezago de los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos que las medidas necesarias para su corrección no pueden ser tildadas trivialmente como la aplicación de una receta neoliberal. Eso sería apelar a un argumento muy superficial que prolongaría la inercia e inacción gubernamental, la cual no ha hecho más que agravar la escasez e hiperinflación que azota a los hogares, empresas e instituciones venezolanas.
No se puede vivir de ingresos que no son fruto del trabajo
Los subsidios financiados con la renta petrolera fueron un instrumento de política social que tuvieron por objeto mejorar el ingreso familiar. Su impacto se vio mediatizado por una mala administración que a la larga profundizó la desigualdad. Un buen porcentaje de los subsidios vigentes no beneficia a los sectores populares, sino a grupos sociales que no los necesitan, lo cual genera una mayor inequidad. En el caso del susidio a los combustibles y servicios públicos, se favorece más a sectores de mayores ingresos que no necesitan que se les subsidie nada, cuestión que empeora la redistribución regresiva del ingreso.
En Venezuela, los subsidios y gratuidades de los servicios públicos hoy resultan insostenibles. Son la reminiscencia de una cultura rentista que nos acostumbró a vivir de ingresos que no son resultado del esfuerzo productivo. Nos acostumbramos a que todo lo pagara el petróleo, nos acostumbramos a gratuidades indebidas que hoy nos están saliendo muy caras.
En las actuales condiciones de estancamiento de los precios del petróleo y del colapso de la producción de Pdvsa, Venezuela ya no recibe aquel caudal de petrodólares con los que financiaba los subsidios y compensaba a las empresas públicas por el déficit que sufrían al verse obligadas a mantener congeladas por largo tiempo sus tarifas. Ahora que no se pueden financiar con la renta petrolera, los subsidios y bajas tarifas han degenerado en una política antipopular, toda vez que el déficit se cubre con emisiones de dinero hiperinflacionario que disuelven el salario real de los trabajadores, pulverizan el ingreso familiar y agravan la inequidad en la distribución del ingreso. Por si fuera poco, el colapso de las empresas amenaza con dejar al país sin servicios públicos esenciales para la vida.
¿Cómo evitar que el costo del ajuste lo paguen los más pobres?
Sustituir los hiperinflacionarios subsidios indirectos a los servicios públicos por subsidios directos a las familias en condición de pobreza, es la mejor manera de erradicar los factores propagadores de la hiperinflación, sin perjudicar aún más a quienes ya han sufrido en demasía. En adelante, para que sean eficientes y efectivos en la lucha contra la pobreza, los subsidios deben aplicarse a la luz de unos principios rectores básicos:
- Aunque siempre será más difícil eliminar un subsidio que crearlo, éste debe ser transitorio y otorgarse solo mientras dure la condición que le dio origen.
- Para no desviar recursos escasos en favor de sectores pudientes, el subsidio debe estar focalizado directamente en hogares que realmente lo necesitan.
- Ante el estancamiento de la renta petrolera y las crecientes restricciones presupuestarias, los subsidios tienen que ser económicamente viables y no deben ejercer presiones deficitarias sobre la gestión fiscal.
La mejor manera de proteger el ingreso real de los trabajadores y hogares es a través de una eficaz política antiinflacionaria, que ataque de raíz el principal factor propagador de la hiperinflación que, como ya explicamos, es el financiamiento del déficit de las empresas públicas con emisiones de dinero que el BCV les transfiere para compensar el rezago de las tarifas. Por lo tanto, sincerar las tarifas para corregir el déficit de las empresas públicas no puede despacharse con la crítica superficial de una medida neoliberal que descarga el costo del ajuste en las familias más pobres. Sincerar las tarifas no solo será mucho más barato para todos los hogares que la hiperinflación que causa la forma como se financia el déficit de las empresas públicas, sino que además generará ingresos para repotenciar gradualmente los servicios, mejorar su calidad e ir superando los racionamientos de agua, electricidad y gas que atormentan a los hogares venezolanos.
Los subsidios y bajas tarifas hace tiempo que dejaron de beneficiar a los grupos más vulnerables de la sociedad. El subsidio a la gasolina, electricidad, agua, gas, teléfono e internet en sectores residenciales de alto nivel de ingreso y consumo resta recursos para subsidiar a los sectores más empobrecidos y necesitados. Por eso, muchos de los actuales subsidios resultan antipopulares y crean escasez, toda vez que estimulan su despilfarro y contrabando hacia países vecinos que disfrutan de los bajos precios de los combustibles venezolanos. En lugar de mantener un escandaloso subsidio a la gasolina, se debería internacionalizar el precio del combustible y, con los recursos que se generen, subsidiar un programa de subsidios directos a los hogares venezolanos para que con esas transferencias de dinero puedan pagar el ajuste de las tarifas de agua, electricidad, gas, teléfono e internet. De esta manera, el costo del ajuste no lo pagarían las familias más pobres, sino las mafias que se benefician del contrabando de extracción.
En todo caso, cualquier decisión que se tome en materia de revisión y rectificación de la política de subsidios a los bienes y servicios públicos no puede generar un solo pobre más. Vamos a dar el necesario debate para deslastrarnos de tantos dogmas y mitos que no ayudan a entender por qué Venezuela está como está, ni mucho menos ayudan a vislumbrar una solución económica, social y políticamente viable, cuyo costo no lo tengan que pagar los empobrecidos de siempre, para que no lo tengan que pagar los que ya bastante han sufrido.
@victoralvarezr
