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Defensoría del Pueblo

ONU: Defensoría del Pueblo ignora presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El ente multilateral denuncia que la Defensoría del Pueblo ignoró deliberadamente las denuncias de los familiares de presos políticos que son víctimas de torturas 

Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela parecen estar lejos de desaparecer. Entre las instancias cuya inacción parece estar fomentando la repetición de estas vulneraciones resalta aquella que precisamente tiene por misión combatir estos hechos: la Defensoría del Pueblo.

La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en su cuarto informe sobre la situación del país, presentado el 20 de septiembre en Suiza. En el documento se registran  al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, 58 detenciones arbitrarias y 28 casos de tortura y otros tratos crueles.

En el reporte, de 429 páginas de extensión, el organismo multilateral afirmó tener «motivos razonables para creer que la Defensoría, de manera sistemática y deliberada, ha omitido dar respuesta efectiva a las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos presentadas por las víctimas y sus familiares, y tampoco ha actuado de oficio ante dichas violaciones».

A esta conclusión llegó el organismo luego de entrevistar a 299 personas tanto presencial como a través de conexiones telefónicas seguras, aplicaciones de mensajería o videollamadas, quienes suministraron información sobre casos ocurridos entre 2020 y 2023.

La instancia afirmó que al menos 27 denuncias presentadas ante las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Venezuela jamás se analizaron.

Las denuncias ante la Defensoría venezolana «fueron rechazadas antes de ser registradas formalmente, o bien nunca recibieron una respuesta, ya sea a través de un escrito o a través de medidas concretas», reitera el documento de la ONU.

Defendiendo al gobierno madurista

Para la ONG Acceso a la Justicia, la negativa de la Defensoría del Pueblo a investigar dichos señalamientos es «cuando menos preocupante, porque esta instancia dirige la Comisión Nacional contra la Tortura».

El informe de la MDH destaca que la Defensoría del Pueblo desestimó las denuncias de los casos de John Jairo Gasparini, preso político detenido en el marco de la «Operación Constitución» que hace una semana fue condenado a 16 años de prisión. La familia Gasparini había acudido al despacho de Alfredo Ruíz con la finalidad de exponerle los malos tratos de los que John Jairo estaba siendo víctima desde su cautiverio. 

Un caso similar ocurrió con los seis sindicalistas condenados a 16 años de presidio en agosto del 2023. Las familias afirmaron que acudieron a la Defensoría del Pueblo de Caracas por más de un año, pero en ningún momento sus denuncias se formalizaron.

En el informe de la ONU también se denuncia que la Defensoría del Pueblo tampoco ha tomado medidas para asegurarse de que el Estado atienda las recomendaciones realizadas por la propia MDH, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Defensoría del Pueblo solo se pronuncia «bajo los intereses y el respaldo del Gobierno», afirma el ente multilateral.

«El Defensor del Pueblo ha asumido un perfil público en la denuncia de las sanciones internacionales contra la República Bolivariana de Venezuela y su impacto sobre los derechos humanos, especialmente sobre el derecho a la salud y sobre los derechos de los grupos vulnerables», se lee en el informe.

Solo atiende casos de servicios públicos (y solo a veces)

También se expone que el organismo «responde únicamente a las denuncias relativas a fallas en los servicios públicos, y toma medidas para resolver ese tipo de cuestiones, obviando y aplazando todas las quejas que se refieran a graves vulneraciones de derechos humanos».

Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, dijo que la institución pública había acudido exclusivamente al derecho del acceso al agua y la electricidad al presentar en 2022 su informe anual a la Asamblea Nacional. Pero obvió otros derechos humanos, como el debido proceso y denunciar los tratos crueles e inhumanos.

«Si el pasado año [por 2021] fue difícil para todo el planeta, más lo fue para Venezuela, por el ensañamiento de los poderes hegemónicos en contra de nuestro país. Nos ha tocado padecer y resistir siendo golpeados en la salud, alimentación y la situación social y económica de la población; pero nunca la moral, ni la conciencia», dijo Ruiz.

De acuerdo con Acceso a la Justicia, todos los funcionarios detrás del cargo del defensor del Pueblo mantienen una clara ideología hacia el chavismo-madurismo desde la creación del ente, en el año 2000.

«Los testimonios coinciden en que ni el Ministerio Público, ni los jueces, ni la Defensoría del Pueblo han actuado diligentemente para esclarecer (las) violaciones (a los derechos humanos)», agregó la MDH.

Defensoría del Pueblo: un hilo en el entramado violador

La dependencia política de la Defensoría del Pueblo no es algo nuevo. En su reunión del 12 al 14 de octubre de 2016, la Alianza Global de Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés) degradó a la Defensoría del Pueblo venezolana de categoría, impidiéndole su derecho a votar en dicha institución y tener peso argumentativo frente a la ONU.

El Ganhri dejó solo el derecho de palabra a la Defensoría del Pueblo venezolana, que estaba a cargo de Tarek William Saab en ese momento, porque no era imparcial ni investigaba en favor de la defensa de los derechos humanos.

El informe de la MDH ratifica que bajo Alfredo Ruiz la Defensoría del Pueblo ha seguido el mismo camino que sus antecesores.

«El aparato represivo del Estado en la República Bolivariana de Venezuela, que se desarrolló para anular las amenazas al Gobierno, sigue vigente en la actualidad», denunció la MDH.

«Si bien (…) ha recibido menos denuncias de este tipo de violaciones, las mismas se han llevado a cabo de manera más focalizada contra líderes específicos y conocidos de la sociedad civil, tales como periodistas, dirigentes sindicales y personas defensoras de derechos humanos, así como otros que sirven de ejemplo disuasivo a los disidentes, con impactos diferenciados sobre las mujeres y la comunidad LGTBI+», agregó.

*Con información de Acceso a la Justicia

Exigen frente a la Defensoría liberación de sindicalistas detenidos en julio de 2022 tras denuncia de “patriota cooperante”
Torres también pidió abrir una investigación porque «es público, notorio y comunicacional que estos trabajadores luchaban por sus derechos»

Decenas de trabajadores protestaron este lunes, 15 de mayo, ante la Defensoría del Pueblo, para exigir la liberación de seis sindicalistas, detenidos en julio de 2022 y acusados de asociación para delinquir y conspiración.

Eduardo Torres, uno de los abogados de los trabajadores, señaló que los sindicalistas Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo fueron detenidos tras ser señalados por un «patriota cooperante».

«Estos compañeros fueron arbitrariamente encarcelados por la denuncia de un ‘patriota cooperante’, es decir, de alguien al que no le conocemos el verdadero nombre, la cédula, la identidad, nada. La Fiscalía 74 no ha podido, en más de 10 meses, llevar ante juicio a este patriota cooperante», añadió.

 

Asimismo, el abogado exigió al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que se pronuncie ante esta situación, que consideran una violación de los derechos humanos.

Torres también pidió abrir una investigación porque «es público, notorio y comunicacional que estos trabajadores luchaban por sus derechos».

Por otra parte, el abogado abogado indicó que estos casos han sido denunciados ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Vale recordar que en septiembre pasado, Belsaí Yánez, vocera del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos, informó a EFE que los seis dirigentes sindicales están siendo enjuiciados por los delitos de asociación para delinquir y conspiración.

El comité rechazó la decisión de los tribunales venezolanos de mantener privados de libertad los trabajadores, basándose en supuestos «mensajes contrarevolucionarios».

*Con información de EFE

Tres activistas LGBTIQ+ se encadenaron “indefinidamente” frente a la Defensoría para exigir respeto a sus derechos
Los manifestantes criticaron el silencio del defensor ante la negativa de la burocracia venezolana para permitir el cambio de nombre, un derecho consagrado en la Ley de Registro Civil de 2009

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

Tres activistas LGBTIQ+ se encadenaron “indefinidamente” frente a la Defensoría del Pueblo este lunes, 21 de noviembre, para exigir respeto a sus derechos.

Richelle Briceño, la activista que actuó como portavoz en la protesta, señaló: «Hemos agotado todas las vías, la administrativa, la judicial. Entonces, hemos decidido recrudecer nuestra manifestación y nuestra protesta.»

«Es por eso que los compañeros, a partir de hoy, se declaran en resistencia (…) estarán aquí encadenados hasta nuevo aviso», agregó la activista.

Tres hombres, uno de ellos en silla de ruedas, se encadenaron en unos bancos cercanos a la Defensoría y permanecerán allí hasta ser atendidos por el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.

Los activistas recriminan a Ruiz que no ha defendido a las personas LGBTIQ+ ni ha promovido ningún avance para esta población.

«Amenazamos, como colectivo, con una huelga de hambre hasta que el defensor cumpla con lo que tiene que cumplir, que es defender los derechos humanos de la población», insistió Briceño.

Por otra parte, Briceño explicó que organizaciones de derechos humanos, han pedido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anular un artículo del código de justicia militar que penaliza la homosexualidad con hasta tres años de cárcel.

Asimismo, los manifestantes criticaron el silencio del defensor ante la negativa de la burocracia venezolana para permitir el cambio de nombre, un derecho consagrado en la Ley de Registro Civil de 2009.

Entre otros asuntos, recordaron que la Asamblea Nacional recibió en 2014 un anteproyecto de ley sobre matrimonio igualitario y que en 2016 se creó un precedente judicial que permitió el reconocimiento legal a una familia homoparental, temas que no han avanzado y que la Defensoría no ha impulsado, según los activistas.

Finalmente, Briceño señaló que, de esta manera, el Estado no violenta por acciones sino por omisión y que ante tanto silencio se ven en la necesidad de esta «medida desesperada» que esperan produzca alguna conquista para este colectivo.

Control Ciudadano: Comisión de Justicia y Reparación es el reconocimiento del fracaso de las instituciones existentes
La Comisión de Justicia y Reparación tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables y estará integrada por siete comisionados

La organización Control Ciudadano indicó que este 7 de enero circuló la Gaceta Oficial que contiene la Ley que crea la Comisión para la garantía de Justicia y Reparación de las víctimas de delitos contra los Derechos Humanos (Comisión de Justicia y Reparación).

La Gaceta Oficial, N° 6.678 Extraordinario del 27 de diciembre de 2021, fue aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.

«La creación de una Comisión de Justicia y Reparación es el reconocimiento del fracaso de las instituciones existentes, en la efectiva investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos», afirmó Control Ciudadano.

Según la organización, la Comisión de Justicia y Reparación tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables y estará integrada por siete comisionados, designados por la Asamblea Nacional.

Dos de ellos deben ser parte de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos, con amplia trayectoria en la materia. Otros dos comisionados deben ser diputados de la Asamblea Nacional. 

«La Ley ha previsto que tres comisionados sean designados por su destacada trayectoria en materia de derechos humanos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad», señaló Control Ciudadano.

La ONG reiteró que esta Comisión solo será legítima, en su funcionamiento, si sus comisionados son auténticamente independientes, de lo contrario, «será un apéndice más del Ejecutivo Nacional, tal como sucede actualmente con la Defensoría del Pueblo».

De acuerdo a la organización, la ley también ha previsto que este órgano colegiado, cuente con una Secretaria Ejecutiva, con auténticas supercompetencias, entre las que destacan:

Acceder a las actuaciones desarrolladas por los órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder Judicial o del sistema de justicia, incluyendo aquellas que sean confidenciales o secretos.

Realizar visitas e inspecciones en cualquier lugar.

Requerir y acceder, sin reservas, a cualquier información que la Comisión estime necesaria para el cumplimiento sus fines.

Además, la organización explicó que sus funciones solapan competencias de otros órganos constitucionales de Estado, pudiendo convertirse en un espacio más de burocracia y propaganda gubernamental, al depender presupuestariamente del ejecutivo nacional, frustrando nuevamente la justicia, verdad y reparación de las víctimas de violaciones a los DDHH.

Misión de la ONU: Defensoría del Pueblo no cumple su función constitucional de defender los DDHH
La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de elaborar un informe anual sobre su trabajo. Entre 2018 y 2019, la Defensoría no publicó los informes
En 2016, luego de recibir 8.801 denuncias, la Defensoría del Pueblo solamente presentó tres procedimientos legales en el informe anual 

El 21 de septiembre de 2021, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe en el que determinó que la Defensoría del Pueblo no ha actuado ante las denuncias de violaciones de derechos humanos que se han realizado desde 2014.

La Misión aseguró que la falta de información específica sobre el trabajo de la Defensoría del Pueblo en la atención de los reclamos dificultó la evaluación de desempeño. 

“El informe analiza cuál es la figura del defensor del pueblo y cuál ha sido su ausencia, ya que ha estado ausente. En ese sentido, hay una responsabilidad, porque el defensor está obligado a actuar, no es optativo, ahí hay una violación al deber de protección que una persona debería tener y no tiene”, explicó Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia. 

La Misión reiteró que si bien el deterioro de la independencia fiscal y judicial ha sido constante durante varias décadas, se ha acelerado en los últimos años. “Hoy en día, como afirmó un exjuez contactado por la Misión, el sistema de justicia no es ni la sombra de lo que era hace apenas 15 años”, indicó la investigación.

La Defensoría ni promueve ni defiende los derechos

La Constitución de 1999 creó por primera vez en Venezuela la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la Constitución, la Defensoría del Pueblo está encargada de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en ella y en los tratados de derechos humanos.

“La Defensoría del Pueblo debe iniciar y proseguir, de oficio o a petición de la persona interesada, toda investigación que conduzca al esclarecimiento de los asuntos de su competencia”, señaló el informe.

El informe de la Misión explicó que una investigación de Foro Penal analizó 470 casos de denuncias por actos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos, o degradantes ocurridos en Venezuela desde 2013 hasta 2020. Por tratarse de actos que violan los derechos humanos, estas denuncias se presentaron ante la Defensoría. 

La Misión tomó una muestra de 148 de los 470 casos. En cada uno se había realizado una denuncia ante el Ministerio Público, ante un juez durante una audiencia o ante la Defensoría del Pueblo. 

“A pesar de eso, ni el Ministerio Público inició una investigación, ni el juez o la jueza ordenó que se realizará. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo no investigó ninguno de los casos en los que las denuncias se presentaron directamente a su oficina”, destacó la Misión.

 

Muy lejos de cumplir su función constitucional

La Misión señaló que la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo permitió conocer su trabajo. Sin embargo, el informe aseguró que las acciones reportadas por la Defensoría, en relación con el gran número de denuncias, quejas y peticiones que recibe, están muy lejos de cumplir con su función constitucional de promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías.

Según el informe de la Misión, la Defensoría del Pueblo tiene la función de instar a las fiscalías para que aseguren la rendición de cuentas en casos de violaciones a los derechos humanos.

Al igual que la Fiscalía, la Defensoría tiene la obligación de elaborar un informe anual sobre su trabajo. Existen informes anuales disponibles públicamente de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2020. No se tiene conocimiento de que existan informes correspondientes a 2018 y 2019. 

Según su informe anual de 2014, la Defensoría del Pueblo recibió ese año 5.717 denuncias, quejas y peticiones por violaciones de derechos humanos por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. 

Según la Misión, el informe no tiene información específica sobre el estado de las denuncias presentadas. También, se desconoce cuáles fueron las acciones concretas realizadas por la Defensoría del Pueblo ante ellas.

Durante 2016, de enero a septiembre, la Defensoría del Pueblo recibió 8.801 denuncias, quejas y peticiones relacionadas con derechos civiles, una vez más llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad del Estado. Ante ello, la Defensoría solo presentó tres procedimientos legales en el informe anual.

El informe anual de 2017 se centra en las manifestaciones y los disturbios políticos relacionados con ellas, ocurridos en Venezuela en 2017, y proporciona información detallada sobre esos acontecimientos. El informe concluye que en el contexto de estas manifestaciones, se produjeron 16 casos de homicidio, en los que estuvieron implicados 46 funcionarios de seguridad pública. 

Sin embargo, Runrun.es señaló en un especial de las manifestaciones de 2017 que 158 personas fallecieron entre abril de 2017 y febrero de 2018 durante sucesos políticos.  Mientras que la Defensoría solo identificó 16 casos.

En su informe anual de 2020, la Defensoría del Pueblo afirmó haber realizado 37.452 acciones de defensa de los derechos humanos. 

A pesar de ello, el informe solo dio información específica de cinco casos de violaciones en los que intervino la Defensoría. Según la Misión, el informe de 2020 de la Defensoría no contiene información sobre las denuncias recibidas. “No incluye el número total de denuncias, las violaciones específicas de los derechos humanos relacionadas con dichas denuncias”, señaló el informe.

“En un país donde se han denunciado crímenes de lesa humanidad, la Defensoría alega que solo actuó en un par de casos y ni siquiera dice cuál es, eso demuestra una inacción manifiesta”, señaló Daniels.

La Defensoría debe adoptar medidas concretas

Ante el estudio detallado que se realizó sobre la labor de la Defensoría del Pueblo, la Misión de la ONU recomendó a la institución pública adoptar medidas concretas para dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos.

“La Defensoría debe dar seguimiento de las denuncias y quejas e incluir en los informes anuales, de acceso público, información cuantitativa y cualitativa sobre las medidas específicas adoptadas y los resultados obtenidos”, indicó el informe.

Además, la Misión sugirió que, cuando sea relevante, se presenten denuncias en contra de los funcionarios públicos que hayan violado derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. 

Puedes leer el informe completo de la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU) aquí.

Los que no se rinden | Codhez: Defensoría, Fiscalía y tribunales son instituciones anuladas
Las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019, según la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia
La última Encuesta sobre Seguridad Alimentaria realizada en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, demuestra que el programa CLAP es inviable: la comida subsidiada no cubre las necesidades nutricionales de las familias ni está llegando a los hogares con la periodicidad que anuncia el gobierno

@nelapalaciosr

 

La Comisión para Derechos Humanos del Estado Zulia ( Codhez ) advierte que la Defensoría del Pueblo, los tribunales y el Ministerio Público son instituciones anuladas en Venezuela, porque ni están protegiendo a los venezolanos de violaciones de derechos humanos ni están defendiéndolos de los abusos de poder ni están sancionando a sus responsables, de manera efectiva.
El abogado Juan Berríos Ortigoza, coordinador general de Codhez y doctor en derecho, resalta también  que la calidad de vida del pueblo zuliano ha empeorado aún más tras la pandemia del coronavirus, especialmente por la inseguridad alimentaria y el colapso de los principales servicios públicos estatales: agua potable, electricidad, salud y educación, entre otros.
Además, las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019.

¿Cuántos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas ha registrado Codhez en el estado Zulia hasta el momento?

Destacamos los casos registrados a partir de 2017, cuando documentamos, en el contexto de las manifestaciones de ese año, la detención de al menos 635 personas, entre quienes 245 fueron presentadas ante un tribunal: 160 de ellas ante un tribunal penal ordinario, y 85 ante un tribunal militar. En ese mismo contexto reportamos la muerte de 14 personas, que aún se encuentran impunes, incluyendo la de Adrián Duque, un caso que hemos acompañado. También resaltamos la situación de tortura sexual a la que fue sometida una persona detenida ese año luego de haber sido detenida por manifestar. Este caso aún espera justicia.
Entre enero y febrero de 2019 también se desarrollaron protestas que conllevaron a detenciones arbitrarias. En específico, el 23 de enero registramos la detención de 57 personas. En este caso, a pesar de que los detenidos habían sido aprehendidos en lugares distintos, horas distintas, y no se conocían entre sí, fueron presentados ante los tribunales en lotes, en procedimientos masivos.

Con respecto a las muertes como consecuencia de la violencia policial en presuntos enfrentamientos, en 2018 monitoreamos 279 casos, mientras que el año pasado este número escaló hasta 657: 250 en el primer semestre y 407 en el segundo semestre. En contraste, en esos presuntos enfrentamientos, murieron dos funcionarios policiales en 2018 y tres en 2019. Detalles de estos y otros temas han sido publicados en nuestro informe anual 2019 sobre la Situación general de los derechos humanos en el Zulia: 


También publicaron un informe anual sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo. Precísenos las principales conclusiones de esa encuesta, por favor

Este informe contiene el estudio que hemos realizado en 2019 para diagnosticar el contexto del derecho a la alimentación en la segunda ciudad más poblada de Venezuela. En general, los resultados de nuestra segunda Encuesta sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo demuestran que se ha mantenido la tendencia negativa de los datos arrojados en el 2018 y, en particular, la mayor vulnerabilidad de las poblaciones de los estratos socioeconómicos D y E, y de los wayuu y afrodescendientes.

Con esta encuesta quedó demostrado que el programa CLAP es inviable porque ningún hogar recibió esa caja o bolsa de comida cada mes, y mucho menos cada quincena.

Si bien el quebrantamiento del orden constitucional y democrático ha conllevado a una emergencia humanitaria compleja, las causas de esta crisis responden a problemas estructurales. Tememos que no hay conciencia de este carácter estructural de la crisis y, por ende, que los diagnósticos y las soluciones no respondan a ello.

Es preocupante, además, que el Estado esté siendo gestionado por grupos que anteponen la lucha por la conservación del poder político al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales de respetar, proteger y garantizar los derechos a todas las personas, sin discriminación alguna.


La encuesta que se realizó revela que 84,9% de los hogares reportó preocupación porque los alimentos se acabaran. 8 de cada 10 hogares se quedó sin alimentos. En 8 de cada 10, los adultos dejaron de tener una alimentación saludable, tuvieron una alimentación basada en poca variedad de alimentos y comieron menos de lo que debían. También en 8 de cada 10, los adultos sintieron hambre pero no comieron; en 3 de cada 4, los adultos dejaron de desayunar, almorzar o cenar.  Y en 2 de cada 10, los adultos comieron solo una vez al día o dejaron de comer durante todo un día.

La situación alimentaria de los menores de edad también es muy preocupante: en 7 de cada 10 hogares, niños y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable. En 5 de cada 10, dejaron de desayunar, almorzar o cenar. En 6 de cada 10, sintieron hambre, pero no comieron. Y también encontramos hogares donde los niños y adolescentes comieron una sola vez al día o no comieron nada durante todo un día. El ingreso de las familias es insuficiente para comprar alimentos.

La mitad de hogares encuestados declaró ingresos de 200.000 bolívares (Bs) o menos (equivalentes a USD 13,03 para la fecha de la encuesta) y gastos para alimentarse entre 200.001 y 500.000 Bs (USD 13,03 a USD 32,56 en agosto de 2019). Esta incapacidad de las familias para valerse por sí mismas demuestra los problemas que experimenta la mayoría de hogares para acceder a alimentos, en particular, los proteicos como las carnes. El informe completo está al alcance de todos en nuestro portal: 


Violación sistemática de derechos humanos


¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21 para Venezuela?

Las últimas dos décadas han conllevado a mayor pobreza, y por tanto, a una violación sistemática de derechos humanos. Hemos observado cómo el desconocimiento de las libertades ha supuesto el quebrantamiento de las estructuras económicas y sociales, y por tanto, la precarización de las condiciones para un nivel de vida adecuado, mientras se han debilitado, y luego anulado, las instituciones que debían contener y sancionar los abusos en el ejercicio del poder político: tribunales, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo.

¿Cómo evalúa Codhez la actuación del TSJ, Ministerio Público y órganos del Poder Moral en Venezuela?

Se trata de instituciones que no han cumplido con su propósito constitucional: proteger y garantizar los derechos humanos, investigar las violaciones a éstos y sancionar a los responsables. La evidencia de que no han cumplido con ese propósito es la emergencia humanitaria compleja que padecemos.

Transición y democratización

Si llega a abrirse un proceso de transición y democratización en Venezuela, ¿cuáles serían las tres principales recomendaciones que daría a los líderes de ese proceso para garantizar el respeto de los derechos humanos en territorio nacional y corregir las fallas del sistema actual?

La primera, considerar la preeminencia de los derechos humanos como premisa fundamental e ineludible que debe orientar todas las decisiones que se tomen. Este es un valor previsto en la Constitución no por casualidad sino porque es el desiderátum de la sociedad venezolana: el respeto, la protección y la garantía de la dignidad humana deben preponderar. En consecuencia, deben atenderse con urgencia, desde ya incluso, las necesidades de la gente: desconocer los problemas sociales incentiva el desinterés general por la participación política.

Asimismo, la transición no debe ser entendida solo como un arreglo político-partidista o de élites. Reclama, para su legitimidad y viabilidad, ser entendida como un proceso que conlleve a la justicia, la recuperación de la confianza, la integración social y, por tanto, la restauración democrática, que no se logrará si no se reconoce la diversidad política, cultural y social propia de cualquier sociedad.

El desafío será apreciar la cuestión nacional de la transición no como una coyuntura, sino como una problemática estructural que exige conversaciones, difíciles pero necesarias, para revisar de forma consciente las causas de esta emergencia histórica. En estas conversaciones debe darse lugar a la participación de la sociedad civil.

¿Cómo describiría usted la situación de los derechos humanos de los zulianos actualmente? Tomando en cuenta los informes anuales que publica Codhez y que evalúan a profundidad temas tan sensibles como el de la situación del sector salud, la crisis eléctrica, el hambre, la desnutrición y la falta de servicios públicos tan básicos como el del suministro de agua potable, ¿cuáles serían los principales problemas que enfrenta el Zulia hoy y cómo podríamos empezar a solucionarlos?

Para solucionarlos es necesario que se reconozcan. Esto no ha ocurrido. Los zulianos sentimos que estos problemas son ignorados. Y de hecho, entendemos que es un sentimiento compartido por el resto del país. Priorizar, aunque es una tarea necesaria, es difícil en una circunstancia tan compleja. En todo caso, pudiéramos apuntar a un plan de recuperación económica como una fórmula necesaria para incentivar la mejora de las condiciones básicas de vida.

En el Zulia ha habido iniciativas recientes en este sentido en el ámbito académico. El restablecimiento de la prestación de los servicios de electricidad y agua potable con calidad para todos es, de seguro, una reivindicación que la mayoría de los zulianos identificaría como primordial. También, el de los servicios de salud y educación, que han sido muy afectados en los últimos años. La deficiencia en estos ámbitos está comprometiendo nuestro presente y futuro. En todo caso, esto debe ocurrir en un escenario que propicie seguridad, respeto, protección y garantía a las libertades, con instituciones de justicia y defensa de los derechos humanos que cumplan con su rol constitucional.

5 años y contando…

¿Cómo y cuándo nace esta organización?

Codhez fue fundada en junio de 2015 por iniciativa de cinco abogados que convergimos en la documentación y defensa de situaciones violatorias de derechos humanos durante las manifestaciones contra el gobierno nacional en 2014. En esa época se conformó una coalición de profesores y estudiantes de derecho de las universidades del Zulia y Rafael Urdaneta, el Colegio de Abogados del Estado Zulia, y abogados voluntarios, para registrar lo que estaba ocurriendo, y además, prestar asistencia legal gratuita a quienes fueran detenidos de forma arbitraria. El registro quedó asentado en un par de informes que dieron cuenta, con detalle, de lo que había ocurrido en el Zulia.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

En la época en que convenimos fundar Codhez, a mediados de 2015, el contexto era de persecución y violencia política, aunque ya eran evidentes los síntomas de lo que luego evolucionó a una emergencia humanitaria compleja. Desde entonces, la situación, en relación con el respeto, la garantía y la protección a los derechos humanos solo ha empeorado. No obstante, a pesar de las dificultades, diversas iniciativas sociales y comunitarias se han desarrollado, en procura de la reivindicación de los derechos de todos, propiciando el espacio cívico necesario para lograr la restauración del orden democrático en el país.

¿En qué áreas se desempeña la organización?
Nuestro propósito es observar la situación general de los derechos humanos en el Zulia, hemos atendido casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, también, hemos hecho seguimiento de la situación de inseguridad alimentaria a través de una encuesta basada en el cuestionario tipo de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (Elcsa), y del monitoreo quincenal de la oferta y el precio de los alimentos desde octubre de 2018 en el municipio Maracaibo.

En los últimos meses hemos proseguido nuestro estudio sobre inseguridad alimentaria mediante un sondeo aplicado mediante un formulario electrónico con el objetivo de conocer la situación en otros municipios del Zulia, indagando sobre el consumo diario y semanal de alimentos, así como las estrategias que afrontan los hogares para lograr alimentarse.

¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta Codhez?

Unos eran abogados litigantes, otros recién estaban comenzando sus carreras profesionales en el área del derecho, y en mi caso, aún me dedico a la docencia y la investigación jurídica en el área universitaria. En cierta forma ya estábamos involucrados, aunque desde nuestros espacios, en la promoción y defensa de los derechos.

¿Qué servicios ofrece?

Promovemos y defendemos derechos humanos a través de la documentación de situaciones violatorias, prestando asistencia legal y acompañamiento psicológico en caso de ser necesario. También, hemos realizado talleres de formación para activistas, abogados y periodistas, en tanto actores claves para la reivindicación de los derechos humanos.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

En este momento en Codhez hay 10 personas activas en nuestra organización en las áreas de documentación, empoderamiento (asistencia psicológica y trabajo comunitario), defensa (asistencia legal) y comunicaciones.

 

Alianzas estratégicas


¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

En 2017 tuvimos como iniciativa la conformación de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez), que agrupa un conjunto de 15 organizaciones y activistas de derechos humanos en diversas áreas: derechos de las mujeres, ambientales, pueblos indígenas, salud sexual y reproductiva, salud mental, movilidad urbana, y anticorrupción, y que al día de hoy es una referencia de trabajo colectivo por los derechos humanos en la región zuliana y el país.

De hecho, desde 2018 organizamos un Encuentro por los Derechos Humanos, como estrategia para incentivar el espacio cívico en nuestra región, con el objetivo de reunir y propiciar alianzas entre diversidad de actores de la sociedad civil zuliana (activistas y organizaciones de derechos humanos, fundaciones, gremios, universidades).

También, hacemos parte de la red nacional de defensores de derechos humanos, y en concreto, hemos sido apoyados por Civilis, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En el ámbito internacional, hemos promovido actividades en conjunto con Asuntos del Sur, una organización argentina que promueve la innovación política.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

El Zulia es una región muy empobrecida. La vulnerabilidad de las personas que hemos atendido viene dada por cuestiones estructurales, entre otras, situaciones de precariedad económica, abandono, violencia, inseguridad, amenazas y abusos de funcionarios civiles y militares, que empeoran por la falta de respuesta de las instituciones que tienen el mandato constitucional de resolver esas situaciones.

¿En qué zonas operan?

En la actualidad Codhez opera en Maracaibo, aunque hacemos un monitoreo sobre la situación general en toda la región: Guajira, Perijá, Sur del Lago y Costa Oriental del Lago.

¿Cuentan con voluntariado?

Sí, contamos con una red de voluntarios que nos apoyan, en particular, para nuestras tareas de documentación y promoción de nuestros eventos, sobre todo para el Encuentro por los Derechos Humanos y la Feria de Derechos Humanos.

¿Cómo pueden ayudar a esta organización las personas que estén interesadas en hacerlo?

En la documentación, reportando sus denuncias de situaciones violatorias a derechos humanos en toda la región a través de los canales que tenemos a disposición: nuestras redes sociales (@Codhez en Facebook, Instagram y Twitter), nuestra web o nuestra dirección de correo electrónico codhez@gmail.com. Asimismo, cada año Codhez convoca un encuentro para voluntarios, de modo que cualquier persona interesada puede asistir y manifestar su disposición a apoyarnos en cualquier otra área.

Retos y desafíos

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?

En este momento, el desafío de Codhez es mantener nuestros estándares de trabajo ante los riesgos de salud por la pandemia, y las dificultades asociadas a la emergencia humanitaria compleja, entre otras, la precarización de las condiciones de vida que solo se intensifican con el paso del tiempo.

 



Las amenazas vienen dadas por la hostilidad propia del contexto político. Nadie está exento de aquellos riesgos ni de estas amenazas. El compromiso por reivindicar un hogar mejor para todos los zulianos es nuestro sostén.

¿Podría detallarnos algunos casos emblemáticos o testimonios del trabajo realizado por Codhez de los que se sienta especialmente orgulloso?

En general, lograr la libertad de personas detenidas de forma arbitraria por razones políticas es uno de nuestros primeros méritos. En tiempos más recientes, sumar a la discusión pública la situación de inseguridad alimentaria en la región zuliana, es también una importante contribución de Codhez.

Quizás la Feria de Derechos Humanos como espacio de encuentro es nuestra contribución a la esperanza por una vida buena. Un espacio que, desde hace cuatro años, convoca a involucrarse en el activismo por la reivindicación de nuestros derechos, demostrando que en nuestra diversidad podemos reunirnos para conversar sobre lo humano.

En la Feria activistas y organizaciones de derechos humanos del Zulia, Venezuela y América, convergen para presentar su trabajo al público. Además de los ciclos de conferencia, en la agenda se incluyen obras de teatro, danza, música, exposiciones de arte, conciertos en vivo, entre otras expresiones culturales, para masificar la cultura en derechos humanos.

Los que no se rinden

Los que no se rinden | Transparencia Venezuela: Para vencer a la corrupción necesitamos transformar al sistema 

 

Transparencia Venezuela exige que se investigue a funcionarios del INTI Anzoátegui

UN GRUPO DE CAMPESINOS del estado Anzoátegui denunció en la plataforma de Dilo Aquí una serie de arbitrariedades y amenazas cometidas en su contra por parte de funcionarios de la Oficina Regional del INTI en ese estado, quienes pretenden desalojarlos de sus tierras bajo amenaza de prisión y muerte.

Ante estas circunstancias, representantes del Movimiento Nacional Campesino, preocupados por la gravedad de los hechos, acudieron a Transparencia Venezuela para dirigir comunicaciones al Instituto Nacional de Tierras, al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República y exigir una investigación sobre estas irregularidades.

Los denunciantes han sido amenazados de desalojo y prisión por parte del Coordinador del INTI en el estado Anzoátegui, junto a grupos de la Guardia Nacional y Policías Municipales. “Todo ello delante de mi esposa y mis hijos de 6 y 2 años de edad”. El funcionario además mandó a deforestar con maquinarias parte de las tierras. “Desde el 2014 nosotros hemos producido e incluso construido corrales y una casa. Averigüé que en el sistema se encuentra mi Título de Tierras aprobado e impreso, pero él se niega a entregármelo”.

Otra familia ha sido hostigada para desalojar el fundo que ocupa desde hace más de un año y que tiene solicitud de adjudicación desde julio de 2017. “El Coordinador del INTI Anzoátegui junto a otros funcionarios llegaron con armas de fuego, acompañados de funcionarios del destacamento 52° de Barcelona, amenazaron de muerte a mí y a mi familia, ordenando la salida del fundo sin documentación que los acreditara para esa acción”.

El afectado realizó una solicitud que fue revocada sin explicación alguna, a pesar de que en septiembre de 2017 el técnico de campo recomendó en su informe que el terreno le fuera adjudicado. “Por ello, acudí al Ministerio Público y a los Tribunales Agrarios de la región, quienes dictaron una medida cautelar de protección a la actividad agrícola.”

En otro caso, el denunciante se dirigió en reiteradas ocasiones a la Oficina Regional del INTI en el estado Anzoátegui para solicitar el inicio del procedimiento correspondiente a la adjudicación de su terreno, pero los funcionarios argumentaron que no había sistema para procesar el requerimiento. No fue sino hasta el 2017 que el INTI realizó la inspección respectiva, pero hasta la fecha no se ha cargado al sistema ni se ha entregado la documentación correspondiente.

En reiteradas ocasiones, miembros de un Colectivo se han presentado en el terrero para exigirles salir de las tierras, bajo insultos y amenazas. “Acudí al INTI en en Caracas y dirigí una comunicación al presidente Luis Soteldo, en la que conté las arbitrariedades que he sufrido y solicité se verificara nuestra condición, con el fin de que determinen que hemos sido nosotros los ocupantes y productores del predio durante estos años y que lo somos actualmente. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna.

Transparencia Venezuela exige al Instituto de Tierras, al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, que se inicie una investigación a los funcionarios que componen la Oficina Regional del INTI del estado Anzoátegui y se les dé respuesta oportuna a los graves hechos denunciados.

Trabajadores exigen ante Defensoría del Pueblo liberación de sindicalista de Ferrominera

UNA REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORES PÚBLICOS venezolanos exigió hoy ante la Defensoría del Pueblo la liberación del líder sindical Rubén González, detenido cuando regresaba al estado donde reside, Bolívar (sur), tras participar en una protesta en Caracas por reivindicaciones laborales.

A través de un documento, representantes de la llamada Intersectorial de Trabajadores -creada a raíz del conflicto laboral que mantienen empleados públicos desde junio pasado-, también pidieron la liberación de otros diez empleados detenidos y que son compañeros de González.

Los once trabajadores privados de su libertad son empleados de la estatal Ferrominera del Orinoco que han denunciado el “deterioro” de las empresas, la falta de beneficios laborales y la supuesta intención del Gobierno de entregar la compañía a empresarios chinos.

Entretanto, en Bolívar, empleados de la Ferrominera protagonizaron una protesta para exigir la libertad de sus compañeros detenidos.

González, de 60 años, ya estuvo preso por cargos relacionados con una huelga que hubo en la empresa en 2009 y, según han dicho dirigentes sindicales y opositores, está siendo imputado en tribunales militares por supuestamente agredir a funcionarios de la Guardia Nacional, algo que rechazan los trabajadores.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la estatal empresa de telecomunicaciones Cantv, Juan Véliz, denunció además hoy que González estuvo en el primer día de su detención con esposas puestas en la mano y “pegadas al pie”, por lo que pidió al Ministerio de Interior explicar qué está pasando en las cárceles.

Los trabajadores aseguraron que seguirán movilizados para defender sus derechos.

González participó el pasado miércoles en una protesta en Caracas, junto a varios de sus compañeros de la empresa, para pedir a la Defensoría del Pueblo que garantizara los derechos laborales de los trabajadores.

Durante la manifestación, el dirigente sindical hizo duras críticas al Gobierno de Nicolás Maduro.