Decreto de Emergencia Económica

Por décima tercera ocasión, el gobierno de Nicolás Maduro prorrogó el decreto de emergencia económica.

El decreto fue publicado en Gaceta Oficial N° 41.316 «a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida».

El primero decreto de emergencia Económica y Estado de Excepción fue propuesto por Maduro en enero de 2016 y cada una de sus prórrogas se ha extendido por 60 días.

Desde entonces el Tribunal Supremo de Justicia ha avalado dicho decreto y la Asamblea Nacional calificado de ilegal, pues burla “los límites temporales claramente fijados por el artículo 338 de la Constitución”.

 

Gaceta Oficial N° 41.310 on Scribd

EL 10 DE NOVIEMBRE el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó una nueva prórroga del Decreto de Emergencia Económica y de Excepción por 60 días, afirmando que se trataba de la quinta vez. Diez días más tarde, y sin ninguna objeción, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declara constitucional sin que previamente la Asamblea Nacional (AN) diera su aprobación tal como lo establece el artículo 339 de la Constitución.

De igual forma, como viene ocurriendo desde el 14 de enero de 2016, el Estado venezolano no ha notificado la adopción de dicho régimen extraordinario a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como lo ordena el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por Estados miembros.

El Pacto establece que “Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión (de algunos de los derechos civiles y políticos) deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión”.

Acceso a la Justicia reitera que esta obligación (que puede parecer una simple formalidad sin relevancia práctica) tiene gran importancia, porque protege en alguna medida a los ciudadanos al evitar que se limiten derechos humanos sin justificación por parte de los gobiernos. Otra irregularidad reiterada en cada firma de la medida es que no establece cuáles son las garantías restringidas y cómo se limitan, como lo impone la Constitución, que también advierte que no se pueden suspender los derechos a la vida, al debido proceso, a la información, la prohibición de incomunicación o tortura y los demás derechos humanos intangibles

Fuera de la Constitución

Es así como desde enero de 2016 Venezuela permanece bajo un estado de excepción cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis.

En cada ocasión, superados los sesenta días de un decreto original, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, que al culminar da origen a un nuevo decreto, hasta llegar a noviembre de 2017 (el más reciente) con prórroga hasta el mes de enero de 2018.

El artículo 338 de la Carta Magna reza que “Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual”.

En este sentido, se habla de “circunstancias” y de restringir “temporalmente” es decir, a un solo decreto con su prórroga, no a una permanencia indefinida en el tiempo, por lo que en realidad no es la quinta extensión como lo sostiene el Ejecutivo, quien trata de hacer ver que cumple con la Constitución, sino la decimoprimera vez que prorroga el primer decreto del 14 de enero de 2016.
Casi dos años después el Ejecutivo ya debería haberse dado cuenta de que el estado de excepción no es la respuesta, porque los problemas se han agravado y, aun así, la figura prevista en el artículo 337 constitucional continúa siendo aplicada.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La profundización de los problemas (hiperinflación, escasez de medicinas y alimentos, entre otros) que padece el pueblo venezolano y que el presidente Maduro prometió resolver desde el primer decreto de estado de excepción demuestra que dicho régimen extraordinario sólo ha sido usado por el Gobierno para aumentar y abusar de su poder, con la venia del TSJ y sin ningún tipo de control.

Un ejemplo de dicho uso ha sido el manejo del presupuesto nacional sin supervisión y sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Recordemos que ante la anulación de las competencias del parlamento con la excusa del supuesto desacato por la juramentación de los diputados opositores de Amazonas, fue el TSJ el que aprobó la Ley de Presupuesto y Endeudamiento 2017, mientras que el de 2018 fue autorizado por la Asamblea Nacional Constituyente en clara usurpación de las funciones del legislativo.

Acceso a la Justicia

Érika Farías, quien entre otros cargos es ahora la coordinadora nacional de Carnetización de las Misiones, convocó este jueves a participar mañana en el proceso de registro y carnetización “de la patria” -la palabra más maltrecha después de pueblo y popular-, en todas las Plaza Bolívar, las bases de misiones y en los urbanismos de la misión Vivienda Venezuela. Según ella, con este registro podrán saber hasta dónde han llegado y cuánto les falta por hacer -no estoy bromeando-, calificándola como una política audaz del Estado para garantizar la protección social. El 11 de enero, Farías apuntó que el objetivo es llegar a 15 millones de personas carnetizadas. El proceso culminará el domingo 5 de febrero.

La discriminación no es total
Además de declarar constitucional el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica -una sorpresa extraordinaria-, el Tribunal Supremo de Justicia divulgó una sentencia -con fecha del 15 de diciembre- que permite a los venezolanos de nacimiento que posean otra nacionalidad postularse para la Presidencia de la República si renuncian a la segunda nacionalidad. La sentencia 1.144 de la Sala Constitucional redactada por el magistrado Juan José Mendoza, responde a una solicitud de interpretación del artículo 227 de la Constitución, interpuesta por el abogado Jaime Pájaro en marzo de 2016 y dice que poseer la nacionalidad venezolana -como única y excluyente- es una condición esencial para quien aspire a cargos públicos, conminándoles a renunciar a cualquier otra y sanseacabó. Así pueden guardarse en un bolsillo el artículo 41 de la Constitución Nacional, ese librito azul que como material de utilería, conserva Nicolás en la mesa cada vez que habla.

Pero por dólares sí se discrimina
Mientras el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, informaba que cuatro nuevas casas de cambio serán puestas en funcionamiento en la frontera con Colombia, sugiriendo que es importante promover la activación de casas de cambio en otros estados del país; Eleonora Blasa, adjunta a la presidencia de Italcambio, aclaró que para la realización de las operaciones en las casas de cambio solo están autorizados los residentes de los estados Zulia y Táchira. Vielma Mora también habló del tema de la gasolina para indicar que la de 91 octanos debería costar cincuenta bolívares y la de 95, ochenta bolívares, comparando nuestros precios con los colombianos, pues en la medida que nuestra gasolina sea tan costosa como la colombiana, se “ayudará a la industria petrolera”. Qué cuchi.

En la Asamblea Nacional
Con las curules del Psuv bastante vacías, se aprobó el acuerdo sobre la necesaria vigencia del derecho al sufragio que incluye exigir el cese de las actividades del Gobierno que han coartado el derecho a votar, exhortar al CNE a entregar el cronograma electoral e instar a la ciudadanía a exigir elecciones. También se aprobó el acuerdo para exigir la garantía de los derechos humanos a los jubilados y pensionados del país. A pesar de sus ausencias y la acción de sus militantes contra la sede del Parlamento mientras se desarrollaba la sesión, el Psuv exhortó a la directiva del Parlamento a respetar la Constitución, a acatar la sentencia del TSJ y a reincorporarse a la mesa de diálogo. El TSJ ordenó al Ejecutivo Nacional el pago oportuno de los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional, sin dejar de aclarar que todo se debe a la situación de desacato “que ha incidido en el cabal desarrollo de sus competencias”.

Contra las universidades privadas
El Ministerio de la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología revisará junto a la Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundde) el costo de las matrículas de universidades privadas, asegurando que lo harán atendiendo denuncias de estudiantes que califican los aumentos como injustificados. Hugbel Roa, ministro de la Educación Universitaria, declaró: “Vamos a revisar qué está ocurriendo con el costo de las matrículas”, porque en un país con 700% de inflación, es asombroso que aumenten los costos de la educación, ¿verdad?

Celli renuncia
El Nuncio Apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, informó que Claudio María Celli -delegado del Papa para la mesa del diálogo en Venezuela- renunció a visitar el país para los próximos días y por tanto no participará en las posibles reuniones previstas para estos días. Mientras tanto, la Unasur publicó un comunicado en el que señala que los acompañantes reiteran su compromiso de seguir acompañando las gestiones “para lograr la pacífica y democrática convivencia en Venezuela”, aunque en rigor no hayan hecho nada, pero se supone que la Unasur trae una propuesta para darle viabilidad a las conversaciones. Las condiciones de la oposición siguen siendo las mismas: respeto institucional, liberación de los presos políticos y el cronograma electoral. Las imágenes de Nicolás en Miraflores con los expresidentes y monseñor Giordano adelantan mucho del progreso de este recurrente ejercicio de cinismo.

Fallece juez del caso Lava Jato
El accidente aeronáutico más conveniente de la historia reciente. Un día después de conmemorarse la muerte del fiscal Alberto Nisman, la avioneta en la que viajaba el juez Teori Zavascki, responsable del Lava Jato en la Corte Suprema de Brasil -sobre la gran red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, además del caso Odebretch- cayó en el mar a dos kilómetros de la pista de aterrizaje en Paraty. Los equipos de rescate confirmaron que la aeronave estaba ocupada por cuatro personas. Se han localizado tres cuerpos.

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En la devaluación de cada día, el dólar Simadi sigue en ascenso. Cerró este jueves en Bs. 679,43.

@Naky

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica N° 2.667, dictado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 13 de enero de 2017.

De acuerdo con la Sentencia número 4/2017, el Máximo Tribunal del país, reconociendo que la determinación del Ejecutivo Nacional se orienta al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, sustentó la conformidad del Decreto respecto del Texto Constitucional, como instrumento que posibilita la adopción de las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno y el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

Además de diversos fundamentos jurídicos examinados, el fallo de carácter vinculante como la generalidad de las sentencias emitidas por la Sala Constitucional, contiene el análisis sobre el Decreto, que tiene vigencia desde que fue dictado, cuyo objeto está referido al resguardo de los Derechos Humanos y a la protección del Texto Fundamental, el Estado, sus Instituciones y el Pueblo.

Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, notificó la modificación del Decreto 2.589 que rige el canje y depósito de billetes de Bs. 100. Además informó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) supervisará el canje en las taquillas de las sedes del Banco Central de Venezuela (BCV) en Caracas y Maracaibo.

El titular destacó en un comunicado que el presidente Nicolás Maduro ordenó este jueves la modificación del decreto 2589, que establece una reducción de 10 a 5 días para intercambiar el papel moneda en el BCV. Las personas naturales y jurídicas tendrán hasta el 20 de diciembre para reemplazarlos.

Además de esta medida, Villegas dijo que se implementará un operativo de seguridad en las sedes del BCV y los bancos del país para distribuir las nuevas denominaciones de papel moneda, que el gobierno nacional no colocó en circulación ayer como prometió.

“El presidente ordenó al ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz prestar todo el apoyo necesario al Banco Central para garantizar la logística, transporte y seguridad de los cargamentos de monedas y billetes fabricados para la ampliación del cono monetario”, concluyó el ministro.

 

Puede leer a continuación el comunicado de con la modificación:

COMUNICADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NICOLÁS MADURO MOROS

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresa su reconocimiento al pueblo venezolano por su conducta ejemplar durante la primera fase de vigencia del Decreto 2.589, que con base en el Estado de Excepción y Emergencia Económica dio inicio a la desmonetización del billete de Bs. 100.

El encomiable esfuerzo realizado en estas 72 horas por la ciudadanía, trabajadores bancarios y organismos de seguridad ha sido proporcional al daño causado por la estrategia criminal desplegada por el imperialismo y las mafias económicas y políticas complotadas en EEUU, Colombia y Venezuela para socavar nuestra economía.

El Presidente de la República ha decidido modificar el Decreto 2.589, de modo que a partir de hoy corren cinco días , hasta el 20 de diciembre, para la declaración y depósito de billetes de Bs 100 por parte de personas jurídicas y naturales en las taquillas del BCV bajo estricta supervisión del SEBIN, SAIME y otros organismos de seguridad.

También ha aprobado el Jefe del Estado una prórroga de 72 horas en el cierre de las fronteras con las repúblicas hermanas de Brasil y Colombia, donde lamentablemente tiene asiento parte de la estructura criminal cuyos daños a la economía venezolana obligaron a tomar la drástica decisión aplicada por Venezuela en forma soberana e irrevocable.

La sola activación del decreto 2.589 ha permitido asestar contundentes golpes a dichas mafias fuera y dentro del país. Lotes considerables de billetes de origen turbio han sido incautados en diversos lugares, incluyendo agencias de bancos privados y públicos. Los responsables han sido puestos a la orden de las autoridades y debe caerles todo el peso de la ley.

En el marco de esta activación, el Presidente también dictó medidas para estimular el ahorro y uso de la banca electrónica, particularmente en la fase inicial de la ampliación del cono monetario.

Entre estas medidas resalta el establecimiento de una bonificación del 2% en el IVA para compras canceladas mediante tarjeta bancaria o transferencia electrónica hasta por Bs 200.000 por un lapso de 90 días.

Asimismo, el Presidente ordenó la creación de tres productos bancarios de ahorro para personas naturales con tasa de interés de 10% y plazos de 30, 60 y 90 días para depósitos de hasta Bs 200 mil, libres de comisión bancaria.

A los pensionados y pensionadas de la Patria el Presidente de la República quiere hacerles llegar un mensaje especial de gratitud y solidaridad. Para ellos, ha ordenado que las cuentas bancarias donde reciben el cargo de sus pensiones del IVSS puedan ser utilizadas a plenitud para depósitos y retiros como las del resto de los usuarios del sistema bancario, incluyendo el uso de tarjetas de débito.

El Presidente ha ordenado al Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz prestar todo el apoyo necesario al BCV para garantizar la logística, transporte y seguridad de los cargamentos de monedas y billetes fabricados para la ampliación del cono monetario.

Con el concurso de todos, estas acciones deben conducir cuanto antes a una normalización en el uso de especies monetarias por parte de la ciudadanía.

El Presidente invita a todo el pueblo a acompañarlo en las acciones que en los próximos días estará adoptando para blindar a Venezuela, a su pueblo y a su moneda frente a los ataques criminales con los cuales se pretende destruir a la Revolución Bolivariana.

Ha sido un gran logro mantenernos unidos y en paz, particularmente en este trecho final del año 2016.

Hoy, día en que se cumplen 17 años de la aprobación popular de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Jefe del Estado ratifica su compromiso de defenderla por todos los medios a su alcance frente a las amenazas que se le planteen en cualquier terreno.

Sigamos juntos en la defensa y construcción de esta Venezuela de Corazón Indestructible.

¡Prendan la luz que es diciembre!

*Con información de El Nacional

El TSJ aprobó el Decreto de Emergencia rechazado en plenaria por la Asamblea Nacional el 22 de enero de 2016. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 338, contempla el decreto por 60 días, prorrogable por un plazo adicional. El gobierno, estableciendo cuatro prorrogas adicionales con el desiderátum de resolver los desequilibrios económicos, viene profundizado la “depresión económica”.

Mientras el país atraviesa la mayor inflación del mundo, el financiamiento del BCV a PDVSA continúa a todo vapor, atacando al sector productivo del país, el déficit fiscal desbordado, el presupuesto del año 2017 ocultando variables fundamentales (inflación, PIB), el informe CEPAL y la inversión extranjera directa rezagada versus América Latina.

La visión de los organismos internacionales en materia de Libertad Económica (Fundación Heritage, Instituto Fraser, Foro Económico Mundial) ubica a Venezuela en los últimos puestos del ranking. Recientemente establecen el nuevo “Cono Monetario”, retirando los billetes Bs.100 y soslayando los protocolos de tiempo y cronograma, afectando al comercio, los consumidores, impactando la productividad y diezmando la calidad de vida de los venezolanos.

Los problemas estructurales en ningún momento serán resueltos con decretos adicionales. El gobierno corriendo la arruga (nefastos controles, expropiaciones), acentúa un modelo arcaico y primitivo, evadiendo la crisis y buscando culpables. Viendo el panorama del año 2017, los venezolanos vamos a extrañar con melancolía el año 2016.

 

@jesuscasique1

 

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol indicó que la medida de sacar de circulación a los billetes de Bs. 100 en todo el territorio nacional, responde a supuestos ataques por parte de organizaciones en Estados Unidos.

«Es una ONG que tiene el apoyo del Departamento de Estado para asfixiar el sistema circulante del país», dijo.

Denunció que el estado venezolano evitó un eventual desvío de efectivo (cerca de 300 millardos de bolívares) a través de la frontera con Colombia hacia Europa y Asia.

«Es una ONG que tiene el apoyo del Departamento de Estado para asfixiar el sistema circulante del país», manifestó.

Aseveró que hay «un golpe financiero para crear un malestar en la población. Se evidencian las grandes cantidades de dinero almacenados en Europa».

Aseguró que los responsables serán procesados bajo cargos de delincuencia organizada. «Vamos a establecer más mecanismos para actividades sospechosas».

Anunció un despliegue de seguridad a partir de este martes que abarcará las entidades bancarios y el traslado de valores.

El representante de la cartera castrense se reunió más temprano con la Asociación Bancaria de Venezuela y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, (Sudeban).

El presidente Nicolás Maduro anunció que  a partir de la publicación del Decreto de Emergencia Económica, quienes tengan billetes de esta denominación “podrán hacer su canje o depositarlos en su cuenta, y luego habrá un periodo de 10 días para que el BCV continúe en sus taquillas con el Sebin ahí, haciendo el canje todo el que quiere canjearlo”.

 

Apenas a ocho días de haber asumido la nueva Asamblea Nacional en 2016, el presidente Nicolás Maduro dictó un decreto de emergencia económica que fue enviado al parlamento para su aprobación. El entonces Ministro de Economía, Luis Salas, fue el encargado de promover la propuesta que fue rechaza en el Hemiciclo y aprobada posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia. En Gaceta se especificaban los Considerandos para combatir la denominada Guerra Económica. El decreto permite a Maduro disponer y asignar recursos extraordinarios, importar de bienes y servicios a través de divisas extranjeras autorizadas por el Banco Central de Venezuela e intervenir en la cadena de comercialización y distribución de las empresas en caso que lo considere necesario, entre otros aspectos.

El 14 de mayo, el mandatario prorrogó el decreto por sesenta días más. Sentenció que esta era más completa, más integral y daba mayor protección al pueblo. «Este es un instrumento para proteger a la nación del boicot internacional que hay contra Venezuela».

A mediados de julio, Maduro prorrogó por tercera vez el decreto de emergencia económica junto a un estado de excepción. «Para neutralizar y derrotar la agresión externa que se cierne sobre el país», dijo entonces el jefe de estado. El mismo fue nuevamente rechazado por la AN.

El 15 de septiembre, Maduro volvió a la carga y prorrogó por 60 días más el decreto. Esta vez fue “para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, y el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”. El diputado Alfonso Marquina calificó la nueva extensión del decreto como inconstitucional.

Un día después que gobierno y oposición emitieran los acuerdos de una segunda reunión de Diálogo, donde el ejecutivo se comprometió a respetar la autonomía de la Asamblea Nacional. Maduro prorrogó por quinta vez el decreto económico.