DDHH

De todos los ataques que registró la ONG, 72 fueron individualizados dirigidos en contra de personas defensoras de derechos humanos

Julio de 2021 es el mes con más ataques contra defensores de los DDHH, de acuerdo al último informe que publicó la ONG Centro Para los Defensores y la Justicia.

Según el reporte, durante todo julio de 2021 se contabilizaron 140 ataques e incidentes de seguridad.

La ONG caracteriza los ataques en varios tipos, y en julio los dividió de la siguiente manera:

Estigmatización: 112

Intimidación y hostigamiento: 14

Detención arbitraria: 5

Judicialización: 4

Allanamientos: 2

Otros: 3

A juicio de la organización, durante el mes de julio se intensificaron las campañas de estigmatización y los señalamientos por parte de altos funcionarios del Estado, quienes acusaban a las organizaciones de “desestabilizadoras”, “injerencistas”, “terroristas”, entre otros

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Víctimas de los ataques

De todos los ataques que registró la ONG, 72 fueron individualizados dirigidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, equivalente a un 51% del total.

Por otra parte, 68 ataques estuvieron dirigidos contra organizaciones de DDHH y otras que llevan a cabo acciones humanitarias, es decir, un 49%.

Además señalan que, entre los casos, destacan la «sistematicidad de las campañas de estigmatización» contra organizaciones de DDHH «por tener acciones en el marco de la cooperación internacional».

Responsables

De acuerdo con el Centro para los Defensores y la Justicia, 62 ataques (44%) fueron perpetrados desde los medios de comunicación tradicionales y digitales de la administración oficialista, así como desde sus redes sociales.

Asimismo, 34 ataques (24%) los ejecutaron funcionarios públicos, incluyendo de alto nivel y miembros del Poder Ejecutivo.

La ONG señala que estas personas hicieron uso de sus redes sociales o declaraciones en medios para «estigmatizar, amenazar e intimidar».

Por otra parte, un 12% de estos ataques, es decir 17, fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado, destacando principalmente al Sebin y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

También, 15 ataques fueron responsabilidad de instituciones públicas (11%), como el Ministerio Público y los Tribunales.

Por último, 12 (9%) de las agresiones fueron ejecutadas por personas o grupos afectas a los intereses políticos del Estado, miembros de los entes asociados o que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3).

La lógica del enemigo interno

La ONG advierte que la violencia que ejerce el Estado continúa «manifestándose en distintas formas en contra de la sociedad civil venezolana».

Además, resaltan que la represión, el control social y la Política de Criminalización siguen afectando «de forma particular a las personas y organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria».

En ese sentido, advierte la ONG que el Estado afecta las labores legítimas de las personas y organizaciones de DDHH.

Al respecto, señalan que las campañas de estigmatización para desacreditar el trabajo de ONG y defensores de DDHH «se mantuvo como el principal patrón de agresión implementado».

Movimiento de DDHH permanece unido

Pese al aumento de las agresiones, de acuerdo con el CDJ, «la sociedad civil ha permanecido unida, demostrando que sus actividades por la promoción y defensa de derechos es necesaria ante la emergencia humanitaria compleja existente en el país»

Mediante distintas actividades, demandaron al Estado a que cese la criminalización, además de instarlo a respetar y garantizar el trabajo humanitario y de derechos humanos.

Además, señalan que en julio se hicieron varias manifestaciones ante el Ministerio Público para exigir la liberación plena de los directivos de FundaRedes, detenidos a inicios de julio.

Señalaron también que se promovieron campañas en redes sociales para la liberación de los defensores Jairo Pérez, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García.

Respuesta internacional

El informe destaca que organizaciones y organismos de protección de los DDHH internacionales rechazan las agresiones y exigen al Estado cumplir con su deber de promover y proteger el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.

Entre algunos casos de vocería internacional, reseñan la presentación del Informe sobre la situación de DDHH en Venezuela en 47a sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los DDHH, Michelle Bachelet.

“Las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de preocupación. Resalto, en particular, la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición”, expresó Bachelet.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Mecanismo especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), también expresó preocupación por la detención de los miembros de FundaRedes.

Reporte Centro para los Defensores y la Justicia julio 2021 by Andrea González Parra on Scribd

Criticó los pronunciamientos de la ONU, que ha expresado preocupación sobre lo que sucede en ese país y ha pedido diálogo

Nicolás Maduro pidió a los organismos mundiales de derechos humanos llevar a cabo acciones para «proteger» a Colombia de la «masacre» que, indicó, está viviendo en medio de las protestas sociales.

«Le pido a los organismos mundiales de derechos humanos que hagan algo para proteger la vida de la juventud colombiana, del hombre, de la mujer de a pie de Colombia. ¡Basta ya de la masacre!», dijo durante una jornada en la que ofreció el balance semanal del comportamiento de la covid-19 en su país.

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El mandatario criticó los pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ha expresado preocupación sobre lo que sucede en Colombia y ha pedido diálogo.

Dijo que sus pronunciamientos han sido «tibios» y «que rayan en la complicidad con la masacre».

Son comunicados que «no dicen nada del dolor, del sufrimiento que tiene el pueblo de Colombia en esta tragedia donde se le ha declarado la guerra desde el Gobierno de Iván Duque», sostuvo.

«Venezuela alza su voz ante el concierto de las naciones para denunciar la masacre contra el pueblo de Colombia», insistió al cuestionar a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y al secretario del organismo multilateral, António Guterres, sobre su actuación ante la situación.

«¿Qué va a hacer la alta comisionada Michelle Bachelet? (…) secretario general de la ONU ¿qué va a hacer usted, António Guterres, con la masacre? la masacre brutal; han lanzado al Ejército contra el pueblo de Colombia a masacrarlo con los fusiles, alzo la voz de Venezuela», apuntó.

Colombia está envuelta en protestas desde finales de abril por el descontento social y político de buena parte de la población.

La ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizan 60 muertes durante las protestas del último mes en Colombia, de las cuales 43 se las atribuyen a la fuerza pública. Del total de muertes, 39 tuvieron lugar en Cali, la mayoría en la primera semana de protestas.

La Fiscalía, por su parte, contabiliza 43 muertes, aunque solo «17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas» y sigue buscando a 123 personas dadas como desaparecidas durante las manifestaciones.

Borges aseguró que este hecho contradice la «histórica tradición argentina en la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo»

El comisionado para las relaciones exteriores, Julio Borges expresó preocupación y rechazo al retiro de Argentina de la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

A través de un comunicado, Borges aseguró que este hecho contradice la «histórica tradición argentina en la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo». 

Expresamos nuestra preocupación y rechazo a la decisión de Argentina de retirar el apoyo a la demanda presentada en la CPI por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Vzla y perpetrados por la dictadura. Esto no corresponde con la tradición histórica de ?? de defensa de los DDHH. pic.twitter.com/RHkU6LzRMY

— Julio Borges (@JulioBorges) May 28, 2021

«Argentina es un país que conoce de primera mano lo que significa un régimen que desconoce la aplicación de los DDHH, así como la necesaria búsqueda de la justicia internacional para juzgar a los responsables de estas prácticas», añadió.

Igualmente dijo que los venezolanos y especialmente las víctimas, sintieron esperanza por la iniciativa de varios países en buscar justicia ante organismos internacionales. «Hoy quedamos sorprendidos que decisiones políticas tengan más peso que la búsqueda de la verdad», expresó. 

Borges recordó que en 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina recabó 44 testimonios de ciudadanos venezolanos, cuyos derechos fueron presuntamente violados por el gobierno de Nicolás Maduro. 

«Al retirarse de esta demanda, el Gobierno de Argentina, está favoreciendo a un régimen opresor», agregó. 

Por último, el comisionado exhortó a la comunidad internacional a seguir atenta sobre lo que sucede en Venezuela, y expresar apoyo al proceso que lleva adelante la CPI. 

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Gonzalo Himiob informó que desde antes de que se publicara la Gaceta Oficial se dieron traslados de presos políticos

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob aseguró que el traslado de presos políticos se venía haciendo desde mucho antes de que se publicara la Gaceta Oficial 42.125 donde se ordena el traspaso de custodia de presos del Sebin y la Dgcim al Ministerio de Servicio Penitenciario.

En rueda de Prensa, Himiob indicó que eso «ya tiene mucho tiempo haciéndose» y que hasta el 5 de mayo, habían llevado desde la Dgcim hasta cárceles comunes, a 48 presos, 17 de ellos presos políticos.

«El llamado que hacemos es a no generar una alarma innecesaria con una situación que no es nueva y que no tiene vinculación con la Gaceta», solicitó.

El defensor de derechos humanos, también dijo que después de que se publicó la Gaceta Oficial no ha habido una gran cantidad de traslados de presos políticos, y que el jueves, 20 de mayo, recibieron la confirmación de que se dieron 4 nuevos traslados. «La mayoría de los traslados se han dado antes del decreto». 

Agregó que el hecho de que se trasladen desde estos organismos a cárceles comunes, no implica que dejen de ser presos políticos y que su detención sea arbitraria y en condiciones precarias. «Salvo en algunos casos puntuales, que puede haber cambios para mejor o para peor, pero básicamente se mantendrá igual».

Himiob indicó que el problema con los traslados, es que se está violando el Código Orgánico Penitenciario, y que no se le está informando a los familiares y a la defensa. «No implica una mejoría en sus condiciones, porque en Venezuela no hay una sola cárcel o centro de reclusión que cumpla con las Reglas Mandela, que son los estándares internacionales», añadió.

Fichas de negociación

Sobre un posible nuevo proceso de negociación, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, dio su visto bueno, pero pidió que no se utilicen a los presos políticos como una ficha de negociación. «Esto lo hemos repetido en múltiples ocasiones, cada preso político es un ser humano, que tiene familia, hijos, que sufren su prisión», recalcó. 

Romero aseguró que dan la bienvenida a la liberación, aunque sea de una sola persona, pero que el Foro Penal no se prestará a apoyar o utilizar a los presos políticos como piezas de negociación. «Creemos que los diálogos son necesarios. Cómo no aceptar un proceso que lleve a la transición y claro que el Foro Penal se haría parte, pero hay que comprender la situación humana de los presos políticos, hay que saber y conocer la situación de cada uno», explicó.

Por eso dijo que una negociación debe contemplar que no se encarcelen más personas. «El Foro Penal abierto a cualquier posibilidad y da la bienvenida a la liberación de presos políticos y que el país tenga un proceso real de paz, eso sí, paz sin impunidad», expresó.

Igualmente indicó que hasta la fecha se registran 306 presos políticos, de los cuales solo el 15% ha recibido una condena, mientras que 53% llevan dos años sin juicios, por lo cual denunció que deben ser liberados, porque el Código Orgánico Penal señala que una persona no puede estar detenida por más de dos años sin condena. 

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«El traslado de los presos políticos a centros penitenciarios no les garantiza su integridad física ni mental, considerando que el Estado venezolano no se hace responsable de la alimentación, la salud ni siquiera del derecho a la vida», manifestó la organización a través de un comunicado

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) mostró su preocupación por el «traslado de los presos políticos» desde sedes militares y de inteligencia a cárceles comunes de alto riesgo y pidió que se garantice su integridad física, mental y sus derechos, ya que «no deberían estar tras las rejas».

«El traslado de los presos políticos a centros penitenciarios no les garantiza su integridad física ni mental, considerando que el Estado venezolano no se hace responsable de la alimentación, la salud ni siquiera del derecho a la vida», manifestó la organización a través de un comunicado.

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El OVP se refirió así al traslado de varios reos a prisiones comunes, donde se producen, según diversas organizaciones que realizan el monitoreo constante en las cárceles, 350 asesinatos al año entre reclusos.

Para la organización, «ningún preso político debe estar tras las rejas. Todo aquel que se encuentre privado de su libertad por ideas políticas, por defender derechos sociales y políticos o por estar en desacuerdo con órdenes inconstitucionales, debe estar en libertad».

Según denunció la oposición, algunos de los trasladados son Darío Estrada y Robert Franco, detenidos en diciembre del año pasado, acusados de un supuesto complot que impediría la instalación del nuevo Parlamento, de mayoría chavista, en enero.

También fue trasladado el comisario retirado Rigoberto Moreno por su relación con un camarero del palacio presidencial de Miraflores, Dani José Castillo García, a quien encontraron con explosivos; y otros cuatro más, cuyas identidades no fueron brindadas.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de «presos políticos», aseguró que en el país hay un total de 306 ciudadanos detenidos por causas relacionadas a la política.

Miguel Oyer, de 17 años, relató que sufrió «abuso de poder» por parte de los vigilantes de la tienda Traki

El fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Saab anunció la madrugada de este 16 de mayo que se realizará una investigación por el presunto maltrato que recibió un adolescente por parte de algunos vigilantes de la tienda Traki de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

A través de su cuenta de Twitter informó que el Ministerio Público (MP) designó a un Fiscal Regional con competencia en Derechos Humanos en el estado Bolívar para investigar el caso.

“Designado Fiscal 2do Regional con competencia en DD. HH. para que investigue la denuncia realizada por un adolescente que revela ser objeto de maltratos por vigilantes en Traki que lo sometieron a vejaciones y humillaciones públicas”, dijo Saab.

El joven Miguel Oyer, de 17 años, contó el pasado 15 de mayo a través de su cuenta de Instagram que, el pasado 14 del mismo, sufrió un “abuso de poder” por parte de los vigilantes de la tienda Traki.

“Los vigilantes me revisaron el morral. En mi bolso tenía algunos productos, dinero en efectivo y una lata de galletas que había comprado el 12 de mayo. Cuando me pidieron que los acompañara al baño me dijeron que sacara todas mis pertenencias”, contó Oyer.

 

 

 

 

 

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Posteriormente, denunció que luego de no haberse encontrado el registro de que compró las galletas en Traki, los vigilantes fotografiaron su cédula y a él.

“Un vigilante me dijo que me levantara la camisa y que me bajara los pantalones, solo vieron, no me tocaron, me subí los pantalones y metieron todas mis cosas al bolso. Debo decir que todo esto fue sin la presencia de mi representante”, manifestó.

Luego de que este caso se hiciera viral por redes sociales, la tienda Traki involucrada se pronunció y le pidió disculpas al adolescente.

“Hola Miguel, gracias por hacernos llegar esta información. No hay palabras para remediar la situación pero pedimos disculpas. De inmediato haremos todas las averiguaciones pertinentes”, comunicó @trakienganchate en el post de Instagram del joven @migueloyer16.

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En la Gaceta Oficial número 42.116 quedó establecido que el organismo a cargo de Carmen Meléndez tendrá capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera

Este martes, 4 de mayo, se conoció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue adscrito nuevamente al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz tras haber dependido de la Vicepresidencia de la República durante nueve años.

En Gaceta Oficial número 42.116 quedó establecido que el organismo tendrá capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera.

La decisión tomada por el gobierno de Nicolás Maduro coincide con el envío de un nuevo informe del Ministerio Público a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que lleva los casos que podrían constituir delitos de lesa humanidad en Venezuela.

Con esta transición se podría “evadir” responsabilidades de alto nivel sobre las acusaciones ante la Corte Penal Internacional por violaciones a DDHH específicamente el asesinato del concejal Fernando Alban en octubre de 2018.

Caso Albán y Pernalete

El pasado sábado, 1 de mayo, el fiscal general designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, reconoció que al concejal Fernando Albán lo mataron dos funcionarios del Sebin en la sede de ese organismo, en Caracas. Y señaló que incurrieron en «homicidio culposo».

«El Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del Sebin que lo custodiaban por los delitos de homicidio culposo. Además, por quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido», dijo Saab

La declaración de Saab ocurre tres años después del homicidio. Albán permanecía detenido en la sede del Sebin, luego de ser incriminado en un ataque fallido de drones contra Maduro, ocurrido en agosto. En los primeros días de octubre, el gobierno de Maduro informó que el dirigente se lanzó por una ventana de la sede, desde el piso 10.

Saab también se pronunció en la misma rueda de prensa por el caso del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado en las protestas de 2017 en Altamira, Caracas. 

«El joven falleció como consecuencia del impacto en el tórax de una bomba lacrimógena disparada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)», dijo el Fiscal. 

Cabe destacar que el gobierno de Maduro siempre insistió en que Pernalete fue asesinado luego de recibir un disparo por parte de otro manifestante con una pistola de perno.

“En el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, indicó Saab.

EL SEBIN EN TRES Y DOS; A través de la Gaceta Oficial 42.116, el régimen pasó de la Vicepresidencia de la República al Ministerio del Interior y Justicia, al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). pic.twitter.com/huE7BbTdkW

— Luis Borjas (@luisborjasc) May 4, 2021

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*Con información de EC y Crónica.Uno

Los parlamentarios opositores concluyeron que el fiscal impuesto por la ANC, pretende eludir la competencia de la CPI

En sesión virtual expresaron su apoyo a las organizaciones no gubernamentales tras la publicación de la providencia 001-2021

Los diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, aseguró que las declaraciones del fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, responde a un intento de que la Corte Penal Internacional (CPI) archive los casos de Venezuela y los devuelva a jueces venezolanos.

«En la CPI se está por tomar una decisión de si se toma o no una decisión y si no hay caso, se remite a los jueces nacionales», explicó el diputado Williams Dávila (AD-Mérida) en la sesión virtual de la AN. Aseguró que Saab espera eludir la competencia de la Corte y hacer «creer» que en el país hay justicia.

Criticó que el fiscal no ha ido al fondo del asunto, de los casos de violaciones de derechos humanos, al no investigar la cadena de mando. «Este régimen no hace nada de manera culposa, todo lo hace de manera premeditada».

«El Capitán Acosta Arévalo, fue presentado moribundo ante un juez. Por qué no actuaron en flagrancia en contra de los funcionarios que sabían bien lo que estaba pasando», señaló. 

Por eso el diputado exigió una sanción y castigo a la cadena de mando, porque no existe el principio de la obediencia debida. «La confesión de Tarek pone en evidencia que encubrió a los responsables y lo que busca es lograr que la Fiscal (de la CPI) archive el expediente y que lo envíe a Venezuela, no lo va a lograr», aseveró. 

Igualmente el diputado Joaquín Aguilar (UNT-Trujillo) señaló que con estas declaraciones, quienes dejar «libre de toda culpa» a Nicolás Maduro y toda la cadena de mando. 

«Maduro cree que puede zafarse de la CPI admitiendo tres asesinatos emblemáticos. Todas las investigaciones independientes apuntan a la culpabilidad de una cadena de mando que empieza con el usurpador», argumentó.

En más de una oportunidad, el parlamentario señaló que las órdenes de violación de DDHH, fueron impartidas por Maduro y por altos funcionarios, «quienes son los verdaderos responsables y deben pagar». 

«No importa todo lo que intenten hacer para evitarlo, Maduro y otros altos funcionarios, serán juzgados en un futuro que todos los venezolanos esperamos».

Violación de DDHH evidente

En el mismo debate, el diputado Rosmit Mantilla (Independiente-Táchira) refirió que la intención del chavismo es de revertir o cambiar la historia que documenta cómo se han violado los derechos humanos. 

«Tarek dijo en rueda de prensa que Albán fue asesinado, que entendieron que Pernalete lo mató la policía asesina y que Arévalo fue masacrado por sus victimarios, esto con la intención de transformar lo que pudiera ser un próximo pronunciamiento de la CPI», explicó.

Mantilla indicó en la sesión de la AN, que la responsabilidad penal es individual y que los delitos de lesa humanidad no prescriben. «A los que dicen que torturan porque se les ordena, y que solo hacen su trabajo, hemos visto en esa rueda de prensa, como Tarek entrega a dos idiotas y que son imputados por el asesinato de Albán. Ese es el futuro de cada uno de los funcionarios que se prestan para violar DDHH porque siguen órdenes», dijo.

La diputada de la AN, Tamara Adrián (VP-Distrito Capital) reseñó que la CPI ha ido avanzando con los distintos informes que se han llevado a cabo, como el de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidad, Michelle Bachelet, que dejan patente la violación constante de derechos humanos en el país.

«En el caso concreto del asesinato de Albán, Acosta Arévalo y otros casos, se demuestra la responsabilidad del Estado de Venezuela, una responsabilidad penal probable de las cabezas del Estado y de los perpetradores ante la CPI», añadió.

Adrián señaló que el gobierno de Maduro ha decidido tratar de enmascarar y ocultar la realidad que ha existido hasta ahora, que no han habido investigaciones, que no han sido juzgados los responsables y que se ha tratado de ocultar pruebas. «La cadena de mando ha tratado de ocultar su responsabilidad a través de estas declaraciones».

«El fiscal de la CPI está acostumbrado a este tipo de actitudes que asumen gobiernos forajidos y sus responsables cuando se encuentran entre la espada y la pared. Poco o nada servirá para evitar lo que ya empieza a resultar inevitable, la formulación de los cargos penales ante la CPI», expresó.

Por último en este punto, el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó señaló que el gobierno de Maduro pretende hacerse ver con algún tipo de gesto humanitario «para limpiar su dictadura, no para salir de la tragedia».

«No se puede blanquear una dictadura que está señalada por delitos de lesa humanidad. Ustedes arrastraron a esta catástrofe a Venezuela», indicó. 

AN apoya a las ONG

En el segundo punto de la sesión, los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo en rechazo a la providencia 001-2021, que tiene como objetivo el registro obligatorio de las organizaciones no gubernamentales, para «vigilar y supervisar» sus actividades, miembros del personal, lista de donantes, movimientos financieros y lista de beneficiarios.

En el debate de la AN, intervino como invitado, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien explicó que la providencia es inconstitucional y que hay inconsistencia con tratados y convenios de Derechos Humanos firmados por el país.

«Ha sido firmado un comunicado por 709 organizaciones de la sociedad civil que esperamos sea respaldado por ustedes, para que sintamos que, de una manera unida, los venezolanos responden de manera decidida a este atropello», expresó.

Daniels señaló que con la providencia se exigen documentos a las ONG, que el mismo Estado niega. «Desde hace años los registros y notaria se niegan a inscribir actas de las organizaciones no gubernamentales», agregó.

El defensor de derechos humanos, recordó que desde hace tiempo se han realizado actos de intimidación contra organizaciones de la sociedad civil, como el allanamiento a Acción Solidaria, Prepara Familia, Convite, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive.

Además que hay una campaña constante de estigmatización contra las ONG en medios oficiales, como en el programa del diputado chavista, Diosdado Cabello, Con el Mazo Dando.

En el proyecto de acuerdo, los diputados acordaron rechazar la providencia, hacen un llamado a las organizaciones a continuar ejerciendo presión nacional e internacional para proteger los derechos de sus miembros y las víctimas.

Igualmente aprobaron denunciar ante instancias internacionales, esta situación que «vulnera una vez más el Estado de derecho y la democracia en nuestro país; como un acto más del régimen de Nicolás Maduro por someter a la sociedad civil a sus controles autoritarios».

La diputada Sandra Flores (PJ-Barinas) afirmó que en Venezuela no hay sistema de justicia independiente que apoye a las víctimas de violaciones de DDHH, «por tanto esas víctimas y sus familiares solo cuentan con la ayuda de las organizaciones no gubernamentales».

«En Venezuela hay 10 millones de personas que requieren ayuda humanitaria en materia de alimentación. Distintas ONG a lo largo y ancho del país brindan alimentación con las proteínas necesarias a niños en situación de pobreza extrema», agregó.

Igualmente la diputada Deyalitza Aray (Proyecto Venezuela-Carabobo) aseguró que esta medida, es la consecuencia de la política del gobierno de Maduro, que «pretende es callar las informaciones, las estadísticas, las cifras que dan cuenta el trabajo de investigación que tienen a diario estas organizaciones».

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