Detrás de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana se percibe “una maquinaria de la atrocidad”.
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La socióloga Verónica Zubillaga afirma que detrás de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana, se percibe “una maquinaria de la atrocidad”.
El asesinato de dos comunicadores comunitarios en el estado Zulia “no puede verse de forma aislada, señala la investigadora. Identifica un patrón de actuación sistemática en el que los jefes y responsables estimulan y aúpan, incluso, exigen las muertes, en los operativos policiales mientras los subordinados obedecen órdenes.
En entrevista para TalCual, Zubillaga, también profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB) e integrante de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), puntualiza que en Venezuela hay un avance del Estado penal y del Estado punitivo, en medio de una situación muy inestable.
– Usted ha señalado que, desde el año 2010, y sobre todo desde 2015, se registra un proceso de militarización de la seguridad ciudadana en el que los militares tienen un rol fundamental. ¿Qué consecuencias ha tenido esta política?
– Hay una tradicional impronta militarizada en nuestras fuerzas policiales. Desde la década de los 80 del siglo pasado, los trabajos de Tosca Hernández denunciaban el patrón de actuación militarizado de la policía. Concretamente, con la serie de redadas que se practicaban en los barrios y el abuso de la fuerza. ¿Qué ha sucedido en estas dos décadas? Durante la revolución bolivariana, el problema de la policía ha sido complejo porque estuvo tomado por la politización y la polarización. Hubo un serio esfuerzo en el proceso de reforma de la policía, en tratar de transformar una policía con esta impronta militarizada, en una policía de orientación civil. Se intentó estandarizar los reglamentos policiales y, notablemente, hubo un esfuerzo muy importante en la regulación del uso progresivo de la fuerza.
Terror con mano izquierda
Pero, paralelamente a los esfuerzos de la reforma policial, también se registró una avanzada importante de la militarización. Digamos que, para usar una metáfora que nos encanta a los científicos sociales, por un lado, con la mano izquierda, se desarrolló la reforma policial; y con la mano derecha, al mismo tiempo, se comienzan a desplegar operativos militarizados como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), en el año 2010. A este siguió otro operativo terrible, como fue Madrugonazo al Hampa, luego el Plan Patria Segura. Durante todos estos años las tasas de homicidios no hicieron sino aumentar.
– ¿Ocurrió igual con las Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)?
– En el marco de esta serie de operativos militarizados, en lugar de producirse un descenso en las tasas de crímenes, y notablemente en las tasas de homicidios, se produjo un aumento. Además, se generó una reorganización del mundo criminal.
Los criminales no se sintieron disuadidos, sino que, por el contrario, se armaron más; decidieron responder a la declaración de guerra.
Solo en su primera actuación en la Cota 905, la OLP tuvo como resultado al menos 14 muertos, porque los vecinos cuentan que son más. Este evento inauguró dos años de operativos sistemáticos bajo la OLP. La exfiscal Luisa Ortega declaró que el número de homicidios superaba las 21.000 muertes violentas para el año 2016, y denunció que al menos 4667 muertes fueron ocasionadas por las diferentes fuerzas policiales. Imagínese la letalidad de estos operativos.
Maquinaria de muerte
– El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo que los comunicadores comunitarios Andrés Eloy Zacarías Nieves y Víctor Manuel Torres, en el estado Zulia, “podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales”. Han sido detenidos varios funcionarios de las FAES. El hecho se suma a los atropellos y excesos con los que se asocia a esta fuerza de seguridad. ¿Evidencia esto un patrón sin control por parte del Estado?
– Por supuesto. Sí. Justamente con los asesinatos de los muchachos de Guacamaya TV, las autoridades están respondiendo como si fuesen casos aislados. Y tenemos al fiscal declarando que ya se tienen señalados a los responsables. Pero, cuando uno mira en conjunto la actuación de la OLP y de las FAES, se puede percibir una ‘maquinaria de la atrocidad’, como nos apunta la antropóloga brasilera Martha Huggins. Es decir, no son casos aislados, sino un patrón de actuación sistemática en el que los jefes y responsables estimulan y aúpan, incluso, exigen las muertes en los operativos policiales y los subordinados también obedecen órdenes. Esta maquinaria genera dinámicas en donde las actuaciones individuales de las policías comienzan a salirse de control.
La pauta letal del Estado
– Pareciera existir un patrón bajo la mirada del Estado
– Sí y tanto es así que hay un patrón. Uno va a las comunidades y registra sistemáticamente esta pauta de actuación. Es decir, durante las OLP, por ejemplo, entraban masivamente los funcionarios con pasamontañas, tomaban por asalto las viviendas, sacaban a los hombres y dejaban a las mujeres en las viviendas. A las mujeres por supuesto las insultaban de “alcahuetas”, “chismosas” por defender a sus familiares varones. Además, robaban en las viviendas alimentos, enseres, teléfonos celulares, tabletas. Y tenemos, así como también lo tienen otras organizaciones, el registro de muchachos que fueron asesinados impunemente.
Ya en el año 2017, la fiscal Ortega Díaz denunciaba que el 21 % de las muertes violentas estaban perpetradas por la Policía: ¡Esa proporción es enorme!
El hecho de que en un país la Policía sea responsable de la cuarta parte de las muertes violentas, varios años seguidos, significa que constituye un actor letal de importancia.
En el año 2018, de acuerdo con los trabajos de Keymer Ávila, 26 % de las muertes violentas fueron perpetradas por las fuerzas policiales. Es decir, no solo no disminuyen, sino que hay un aumento. También se verifica en el registro de las muertes violentas que ocurren en Caracas, realizado por Monitor de Víctimas. Hay parroquias como El Paraíso, Santa Rosalía, Altagracia, San Agustín, donde más de la mitad de las muertes violentas son perpetradas por funcionarios policiales.
El paraguas de la impunidad
– En el caso de los comunicadores comunitarios asesinados, el fiscal dijo que nunca van a estar de acuerdo con que funcionarios usen uniformes, insignias, armas y vehículos otorgados por el Estado para robar y matar.
– En nuestra experiencia cuando hacemos trabajo de terreno, lo más duro es que, de inmediato, no tienes ni siquiera que investigar largo tiempo; tienes los relatos de las madres cuyos hijos fueron asesinados, y que estos asesinatos están en completa impunidad.
Se trata, como decía antes, de una maquinaria de la atrocidad, donde además en las instancias oficiales como la Fiscalía no las atienden debidamente; y se experimenta una nueva victimización institucional, entre los familiares sobrevivientes que están buscando justicia.
– ¿En el caso de las FAES, qué es lo que ustedes han observado? ¿Hay un patrón de actuación?
– Ocurre que luego de tantas denuncias por la OLP, la actuación de las FAES, es una “actuación”, y lo coloco entre comillas, más profesionalizada. Quiere decir que ya no son invasiones masivas en territorios, sino que son acciones mucho más dirigidas, específicas, pero con la misma orden de eliminar.
“La orden es matar”
– El comisario de las FAES, Miguel Domínguez, tras el reciente enfrentamiento que hubo en la Cota 905, dijo que “las zonas de paz promovidas por el gobierno, es una figura que no existe dentro de la revolución”. ¿Esta afirmación pudiera corroborar los patrones con los que ellos actúan?
– Esta declaración es indicador, al mismo tiempo, de la profunda fragmentación en el Estado venezolano. Porque, en efecto, la Cota 905 fue declarada como zona de paz; notablemente salió en la prensa, se conocieron los acuerdos a los que llegaron las autoridades y los líderes de las bandas; se acordó una tregua. ¿Qué es lo que pasa? Otra de las grandes causas del descontrol, de la impunidad y de esta violencia letal es esta fragmentación y luchas internas desatadas en el seno del Estado. Por ejemplo, un indicador: hace meses hubo enfrentamientos en la Autopista Prados del Este entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de las FAES. Esto sencillamente es un indicador trágico de esas luchas intestinas que hay en el seno del Estado.
– ¿En ese contexto las FAES se pueden considerar como la fuerza más letal?
– Sin duda. Actúan con impunidad. Incluso en discursos públicos de autoridades y en conversaciones con algunos agentes policiales se evidencia que la orden es matar. Ese tipo de lineamientos se ve también reflejada en las experiencias de los vecinos en estas comunidades, cuando te dicen: “es que antes se los llevaban presos, ahora los asesinan y arman el show del enfrentamiento”, hablando de sus hijos.
– ¿Entonces, también se habla de ajusticiamiento?
– Sí. En ese sentido, trágicamente, comenzamos a ver en nuestro país organizaciones de madres, cuyos hijos fueron asesinados por agentes policiales. Allí tienes a las mujeres de la Organización de Familiares de Víctimas de Derechos Humanos, que reúne madres cuyos hijos fueron asesinados por las fuerzas policiales.
La dimensión del problema es tan serio, que comenzamos a tener asociaciones, grupos de víctimas que se aglutinan por estas tragedias, por estas atrocidades sistemáticas.
La guerra la pierden los pobres
– El Estado ha ignorado las recomendaciones de la alta comisionada por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la eliminación de las FAES.
– Eso es lo que sucede cuando hay una militarización extensiva; la situación de criminalidad se plantea como de guerra y de enemigos. Bajo esta lógica se justifica todo este tipo de atropellos. Bajo esta lógica se utilizan palabras, digamos, hiperbólicas, como que las FAES están destinadas a luchar contra los grupos paramilitares, terroristas. En realidad, lo que tenemos es una población hambrienta; tenemos una población masculina joven que, al hallarse la economía devastada, se inserta en redes de economías ilícitas que son las que, digamos, pueden garantizar cierta inserción para la sobrevivencia económica.
Entonces, es como este dicho que tenemos los científicos sociales: “se culpa a la víctima”. Quiero decir, los jóvenes en los sectores populares vulnerables, en lugar de tener apoyos en términos de oportunidades económicas, inclusión social, se hallan sumamente desamparados. Por supuesto buscan canalizar sus necesidades a través de las únicas redes que los pueden absorber, que son las redes de las economías ilícitas y luego, en consecuencia, son los culpables y las víctimas de todas estas políticas de mano dura que generan ese abuso de la fuerza y descontrol policial; el sufrimiento de la población. Y ahora tenemos un nuevo drama social, los miles de víctimas y familiares sobrevivientes de la violencia policial.
El pavor como control social
– ¿El hecho de que no se acatan esas recomendaciones de disolución de estos organismos, tiene que ver con un patrón del que quizás el Estado no se puede deslastrar?
– Digamos que, a partir del año 2014, cuando se verifica el colapso de los precios petroleros y hay mucho menos dinero que repartir, y además Nicolás Maduro ya no tiene el carisma que tenía el presidente Hugo Chávez para aglutinar y pacificar, viene el avance de este tipo de políticas de control de la población ante la conflictividad esperable por la situación económica y social. Es el avance del Estado penal, el Estado punitivo, frente a una situación muy inestable. Porque se tiene hambre, se tiene escasez, se tiene inflación.Es decir, una situación potencialmente muy explosiva se responde con la bota militar.
– ¿Las FAES se están empleando no solamente para estos operativos de seguridad en algunas zonas, sino también para perseguir a la disidencia?
– Hay algunos eventos e indicadores de que, en efecto, las FAES se están utilizando como forma de control frente al descontento social y político. Una evidencia fue en enero del año 2019. Cuando comenzaron las protestas en los sectores populares, fueron las FAES quienes respondieron. Entre enero y febrero del año 2019 se tuvo que al menos 40 personas fueron asesinadas en los sectores populares por las FAES y diferentes grupos armados. Fue en los barrios populares donde comenzaron las protestas. Allí hay una clara actuación de las FAES como grupo de control.
Organización civil contra la opacidad estatal
–Además de vulnerabilidad e impunidad, también hay opacidad sobre la actuación de las FAES.
– Sin duda. Desde el año 2009, al menos, se suspendió el otorgamiento de información pública. De paso, el acceso a la información es un derecho que está consagrado en la Constitución de 1999. Se tiene todos los años la declaración del Ministro de Interior y Justicia otorgando cifras generales, pero no hay publicación de cifras detalladas.
Si uno como investigador quisiera acceder a información para establecer relaciones, tendencias, establecer dinámicas locales de violencia letal, e incluso tener una relación de interlocución con las autoridades, no es posible porque no hay acceso a la información. No se tienen menos aun cifras oficiales sobre la actuación de las FAES. Pero hay registros de victimización alternativos. Por ejemplo, Monitor de Victimas, que tiene un trabajo sistemático de recolección de información en la morgue. La sociedad organizada lleva registros paralelos.
Disciplina militar
– ¿Hay algunas medidas que pudieran asumirse sobre las cuales el Estado no ha hecho absolutamente nada de forma concreta?
– Por supuesto que sí. La violencia no es un destino fatal; se puede incidir con grandes acuerdos sociales e institucionales y con políticas públicas destinadas a preservar la vida de los habitantes. Sin ir tan lejos, todo el trabajo que se llevó a cabo en el marco de la Comisión Nacional para la Reforma Policial; en la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme y en la Misión a Toda Vida. En todas estas iniciativas se hizo una inversión importantísima en producir los debates necesarios; en elaborar conocimiento e investigaciones; en traer a consultores internacionales. Es decir, que el conocimiento de receta se tiene.
La Comisión Nacional para la Reforma Policial, por ejemplo, elaboró los reglamentos para el uso progresivo de la fuerza. Se forjó un conocimiento muy especializado en torno a la policía deseable. De hecho, cuando se comenzó a organizar y se instauró la Policía Nacional, la verdad, al inicio podría decir que nos sentíamos en confianza. Tristemente duró muy poco, porque muy rápidamente los salarios de los agentes policiales comenzaron a degradarse; se desplegaron los operativos militarizados, como apunté antes, e incluso ya para el año 2015, Nicolás Maduro afirmó que la Policía Nacional tenía que desarrollar disciplina militar.
