A pesar de que las leyes venezolanas otorgan a la mujer la potestad de elegir sobre su salud reproductiva, querer hacerse una ligadura de trompas implica recorrer un camino de espinas
En un reportaje publicado por Constructoras de Paz, iniciativa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), se expone la situación de Yormarelys Lugo, una mujer de 25 años, madre de tres niños, a quien se le negó optar a una ligadura de trompas en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, el principal centro sanitario de Cumaná; pese a su precaria situación económica y su deseo de no tener más hijos.
Hace un año, cuando nació su hijo menor, la joven solicitó a la obstetra que le hiciera una esterilización, mejor conocida como ligadura de trompas. Este procedimiento quirúrgico evita embarazos de forma permanente. Sin muchas explicaciones, le negaron la intervención.
El médico tratante le sugirió que lo hablara con su pareja y hasta con sus padres. Es decir que la decisión de ella sobre su propio cuerpo, debía ser consultada con otros, de acuerdo con lo que le dijo el galeno.
La planificación familiar es una deuda pendiente en el país. Los métodos anticonceptivos están inaccesibles para la mayoría de las mujeres en edad reproductiva. Es por ello que la esterilización se vuelve una esperanza para aquellas, como Yormarelys, que ya han tenido hijos y no desean más.
El derecho a decidir
Las mujeres tienen el derecho a decidir si procrear o no; cuántos hijos e hijas tener, y la forma a través de la cual protegerse. Es decir, están amparadas para poder realizar este procedimiento por voluntad propia.
En Venezuela, incluso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece una serie de artículos en los que prevalece el derecho a la salud sexual y reproductiva y a la elección sobre la procreación, entre ellos el derecho a la salud (art. 83 y 84 de la CRBV) derecho a la libertad, seguridad e integridad personal en los artículos 44, 46 y 54, derecho a decidir el número e intervalo de hijos y a la anatomía reproductiva.
Al respecto, la abogada Aura Tur indicó que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establece que las féminas tienen autonomía sobre su cuerpo y capacidad reproductiva.
“Las mujeres podemos decidir qué anticonceptivos elegir, si queremos tener hijos o no, es un derecho inherente de la mujer y no tiene que ver el cónyuge. Si alguien lo impide, es violencia contra la mujer”, sentenció.
Según se indica en un reportaje publicado en La Voz de América en septiembre de 2022, en los hospitales venezolanos había lista de espera de mujeres que intentaban realizarse una ligadura de trompas como método anticonceptivo, debido a la crisis económica que azota al país.
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