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MonitordeVíctimas | Cuerpos de seguridad de Venezuela mataron a 65 personas en enero
En lo que parece ser una nueva escalada de violencia policial en Venezuela, Monitor de Víctimas contabilizó seis decenas de muertes de ciudadanos a manos de funcionarios de las policías y la FANB, en 15 estados del país, en los primeros 31 días de 2024. Por lo menos, 63 de estos casos serían presuntas ejecuciones extrajudiciales

 

Ronna Rísquez / Adriana Materano

 

Venezuela no está en guerra y se supone que la delincuencia se ha reducido. Pero militares y policías mataron a 65 personas en 15 estados del país, en el primer mes del año; en promedio, dos víctimas cada día de enero. Tres de los asesinados son menores de edad y casi todos los casos podrían calificar como ejecuciones extrajudiciales.

En estos hechos, presentados en su mayoría como resistencia a la autoridad y enfrentamientos, están involucrados distintos grupos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en diversas regiones del país, las policías estadales  y municipales de ocho estados.

Los estados Aragua, Carabobo y Miranda encabezan la lista de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, con 12, 11 y 10 casos cada uno, respectivamente. Le siguen Guárico con 8, Anzoátegui con 5 y Monagas con 4. Continúan Trujillo y Falcón, con 3 cada uno; Distrito Federal y Portuguesa, con 2 víctimas, y Táchira, Zulia, Lara, Cojedes y Sucre, con 1 caso de ejecución extrajudicial.

Los cuerpos de seguridad que lideraron la lista de ejecuciones extrajudiciales fueron la PNB, con 24 hechos, y CICPC, con 15 casos. Así mismo, las policías estadales de 7 estados sumaron un total de 15 hechos: 6 de la policía de Carabobo; 4 de la del estado Monagas; en tanto que los estados Aragua, Cojedes, Guárico, Lara y Sucre registraron 1 caso cada uno.

Las fuerzas militares como la GNB y el Ejército sumaron un total de 8 casos. La mayoría de los asesinados no perdieron la vida en el lugar de los sucesos. Luego de resultar heridos, fueron llevados a las unidades médicas; sin embargo, todos murieron durante la movilización o al poco tiempo de llegar a los centros de salud.

Tres menores de edad asesinados 

Las tres víctimas menores de edad son Jordan Ramón Gómez Roldán, de 16 años; Iverson José Torres, de 17 años, y Cristian González, de 17 años. Los homicidios se ejecutaron en circunstancias que no justifican el uso de la fuerza. Incluso, dos de las víctimas murieron por motivos personales. 

La tarde del 1° de enero, en un casino militar ubicado en el estado Trujillo, el adolescente Jordan Ramón Gómez Roldán fue abusado sexualmente y asesinado por el sargento del Ejército Leonardo Enrique Cardozo Hernández, de 27 años. Todo inició cuando Cardozo encontró a su pareja, una mujer también integrante del Ejército, de 26 años, teniendo relaciones sexuales con el menor de edad.

Cardozo le propinó múltiples golpes al adolescente y lo dejó inconsciente. Posteriormente, lo asfixió hasta causarle la muerte. Las investigaciones llevaron a la detención de Leonardo Enrique Cardozo Hernández, tras comprobarse su responsabilidad en el hecho. En la audiencia de presentación, el agresor fue imputado por los delitos de homicidio intencional calificado y abuso sexual a adolescente con penetración.

El segundo adolescente asesinado fue Aiverson José Torres, quien estudiaba 5to año de bachillerato. El adolescente trabajaba como mecánico con su papá y quería ser abogado. Aiverson fue asesinado de dos disparos en la cabeza en un hecho en el que participaron los policías del estado Trujillo, Kelvin Gabriel Leal Mendoza (34), Miguel Eduardo Mendoza Álvarez (26), Eli Rafael José Piña Díaz (23) y Vilma Maribel Quero Franco (34).

El homicidio ocurrió la noche del martes 9 de enero de 2024, en la localidad de Carora, estado Lara, luego de que los policías intentaran detener al menor, quien transitaba en una moto, presuntamente, por no usar casco. Al no acatar la orden, el policía Leal Mendoza detonó dos disparos al aire y luego dos más a la cabeza del menor de edad.  

Este suceso generó múltiples protestas por parte de los familiares de Torres y de la comunidad, De igual forma, se registraron enfrentamientos entre motorizados molestos y efectivos de la policía. 

Los cuatro (4) funcionarios de la policía fueron detenidos y expulsados, dos días después. Efectivos del CICPC reconstruyeron la escena del crimen con la intención de individualizar las responsabilidades por el asesinato de Aiverson Tórres. 

Cristian Gonzalez de 17 años fue el tercer menor de edad asesinado. El hecho se registró la noche del domingo 21 de enero en la localidad de Turen, estado Portuguesa. Cristian murió luego de recibir un disparo en el pecho que propinó su padrastro Augusto Flores, un sargento adscrito al Destacamento № 312 de la GNB. 

Según la versión policial, el sargento llegó en estado de ebriedad a su casa, donde se encontraban la víctima, su madre y dos infantes, hijos de la pareja. Al forcejear la puerta, Flores, junto con un acompañante identificado como Yoelvi Antonio Lameda Nelo, alias “el Morao”, entraron a la vivienda. Una vez adentro, Cristian se dispuso a enfrentar a su padrastro, quien detonó un disparo al pecho del joven.

Se supo que tanto Flores como Lameda fueron capturados por las autoridades luego de que ambos se dieran a la fuga. De igual forma, se conoció que Yoelvi Antonio Lameda Nelo tenía antecedentes por porte ilícito de arma de fuego y por violación.

Siete hombres asesinados por funcionarios de seguridad

Marlon Montilla, de 22 años, y Jhonaiker Ramírez, de 21 años, fueron asesinados por cuatro funcionarios de la PNB, la noche del pasado 24 de enero de 2024. El hecho ocurrió en el Municipio Valera del estado Trujillo. Según las investigaciones de los efectivos del CICPC, los funcionarios simularon un enfrentamiento con las víctimas.

Testimonios de familiares de los fallecidos confirmaron que Marlon Montilla y Jhonaiker Ramírez estaban en la cancha de la urbanización Bella Vista, cuando fueron interceptados por los funcionarios. Luego de realizarles una pesquisa, los policías llevaron a los jóvenes a su comando. Horas más tardes, Marlon y Jhonaiker, aparecieron muertos dentro de un carro en el eje vial de Valera, lugar donde los efectivos de seguridad simularon el enfrentamiento.

Los cuatro funcionarios están privados de libertad y a la orden del Ministerio Público. De igual forma, se conoce que dos policías más, involucrados en el hecho, están prófugos de la justicia. 

Gregorio Emilio Rebolledo de 62 años y Carlos Luis Rebolledo de 33 años, padre e hijo, fueron víctimas de una ejecución a manos de un efectivo de seguridad del Estado Carabobo, cuando se encontraban en un puesto de comida rápida. El hecho ocurrió el pasado 29 de enero de 2024, en horas de la noche.

Mientras Gregorio Rebolledo y su hijo Carlos Rebolledo esperaban unas hamburguesas, el funcionario, identificado como José Vicente Vargas Meza de 28 años, que estaba franco de servicio, se aproximó a ellos acompañado de Ricardo Silvino Sánchez, de 26 años. 

Luego de sostener una discusión, el efectivo de seguridad sacó su arma de reglamento y asesinó en el lugar a Gregorio Rebolledo y, luego, hirió a Carlos Rebolledo, quién murió al llegar a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia. 

José Vargas y Ricardo Silvio fueron aprehendidos en el momento, por efectivos de una comisión de la Policía de Carabobo, que se encontraba cerca del lugar. 

Otro caso de homicidio a manos de un efectivo de seguridad se registró el pasado  28 de enero de 2024, en el estado Portuguesa. La víctima, un joven de 20 años, fue identificado como José Manuel Linares. Aunque no hay declaraciones oficiales, familiares del joven aseguran que el asesino fue un funcionario del CICPC, familiar de la víctima.

Según información ofrecida por el medio digital Portuguesa Al día, el funcionario está bajo averiguaciones, para determinar si el hecho se generó de manera intencional o no. 

Los últimos dos casos de presunto homicidio por funcionarios de la PNB fueron registrados el pasado 26 de enero de 2024. Una de las víctimas fue reconocida como Kehiniber Gutiérrez Sucre, de 19 años. Según testigos, la víctima estaba sentado afuera de la casa, donde ocasionalmente residía en Caracas, cuando un grupo de funcionarios de la PNB lo rodearon y le dispararon. 

Según los testimonios de familiares, recabados por la prensa, la víctima recibió un disparo en el abdomen y fue llevado en una patrulla hasta el hospital Periférico de Coche, donde murió. 

Esa misma noche, otro hombre de 42 años de edad fue presuntamente víctima de la PNB. La identidad del hombre no ha sido revelada. Los familiares, quienes no quisieron dar más detalles del suceso, comunicaron que funcionarios le dispararon al salir de su casa en Filas de Mariche

Presunta ejecución extrajudicial a tres integrantes de una familia

Jaiverson Riso Cedeño, de 18 años; Nelson Reyes Zapata, de 23 años; y Jonklin Rizo Cedeño, de 19 años, fueron presuntamente ejecutados dentro de la vivienda donde residían, en el barrio El Campito de Petare. No hay información oficial del hecho, sin embargo, familiares denuncian que efectivos de la PNB irrumpieron en la casa, desalojaron a 12 niños y 4 adultos, y asesinaron a los tres hombres en la sala.

Se conoce que los efectivos pertenecían a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y que llegaron encapuchados al lugar de los hechos. Según los testimonios recabados por el medio digital El Pitazo, los familiares denunciaron que escucharon los disparos desde afuera y que a los minutos los funcionarios salieron con los cuerpos de los tres hombres y los llevaron al hospital con la intención de simular las ejecuciones.

De igual forma, los familiares también denuncian que los efectivos de seguridad orinaron la sala donde fueron presuntamente ajusticiados los tres hombres, y robaron zapatos, ropa, comida, dólares y hasta un candado con llave que era de la vivienda.

Víctimas por estados 

Anzoátegui

El pasado 16 de enero murieron cuatro presuntos delincuentes a manos del CICPC. Las víctimas fueron Alexander Eduardo Ávila Pino, de 22 años de edad, apodado «el Tata», junto con su acompañante, un hombre de 25 años de edad, que aún no ha sido identificado; Luis Alejandro Peraza Moreno, de 26 años, alias «el Gordo» y Ricardo Ismael González Velásquez, de 28 años, alias «el Ricky». 

El 31 de enero se registró la presunta ejecución extrajudicial de José Jesús Guacarán Narváez de 32 años, alias «Joseito».

Aragua

12 presuntas ejecuciones ocurrieron en este estado durante supuestos procedimientos policiales. Los primeros dos fueron registrados el 12 de enero de 2024 y resultaron muertos Brayan Alexander Gil Romero, de 19 años de edad y Melvin Gómez Batista, de 20 años a manos de efectivos del CICPC. 

Dos días después, el 14 de enero, funcionarios de la PNB ejecutaron, bajo presunto procedimiento policial a Eudy Donaires Montilla, alias “el Tocoroncito” y Alberto William Ruiz Vargas, alias “el Bam Bam”; ambos presuntos integrantes de la banda “el Asdrubal”. 

El 16 de enero fue registrada otra doble presunta ejecución extrajudicial a alias “el Yeferson” y alias “el Yeiner”, supuestos integrantes de la banda de “El chino”, por cuerpos de la GNB. 

Tres días después, el 19 de enero fue asesinado Samuel Alfonzo Escalante, de 27 años de edad, presunto integrante de la banda Los Guaricheros. Escalante fue ejecutado por miembros de seguridad de la PNB. 

El 22 de enero Deiby Enrique Silva Mollan, de 28 años de edad, alias «El culón», presunto integrante del Tren de Aragua, fue supuestamente ejecutado por efectivos del CICPC.

El 25 de enero, funcionarios de la GNB mataron a Juan Jesús Peñaloza Peñaloza, de 33 años, alias «el Juancho», presunto cabecilla de la banda “el Wilmer”. Dos días después, el 27 de enero, efectivos de la PNB ejecutaron a alias “el Guajiro” y alias  “el Chanchito”, en el sector La Guadalupe, en la carretera que conecta a Cúa, estado Miranda, con San Casimiro, estado Aragua. 

Por último, el 30 de enero de 2024, alias «el Kelvin» murió a manos de funcionarios de la policía del estado Aragua, en el sector Alí Primera, ubicado en Cagua, municipio Sucre.

Carabobo

En el estado Carabobo, se contabilizan 11 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 9 fueron efectuadas a presuntos delincuentes en presuntos enfrentamientos e intervenciones legales. Las dos primeras fueron ejecutadas en diferentes operativos, el 11 de enero, en los que resultaron muertos Luis Antonio Rodríguez Castillo (35), apodado “el Culita” a manos de funcionarios del CICPC, y Jonal Mauricio Catary Durant (47), ajusticiado por policías del estado Carabobo. 

De igual forma, el día 18 de enero, dos hombres fueron ejecutados. El primero fue identificado como “el Gordo”, presunto miembro de la banda “la Guaricha”, a manos de funcionarios de la Policía de Carabobo. De igual forma, alias “Carlitos Guanare”, presunto miembro de la banda “El Niño Bote” fue asesinado por fuerzas policiales del municipio Libertador.

Un día después, el 19 de enero, otros dos hombres resultaron ejecutados por una operación conjunta de la PNB. en un presunto enfrentamiento. Los fallecidos fueron identificados como alias “Samuelito” y “Enmanuel», quienes estaban involucrados en un presunto intento de robo en la casa de dos funcionarios.

El sábado 20 de enero, José Ángel Silva (32), alias «el Movicoy”, fue asesinado por la Policía del estado Anzoátegui, en una supuesta intervención legal en el barrio Trapiche. Por último, el 29 de enero, fueron ejecutados alias “el Búho” y Arnaldo Miguel Díaz Escalona, alias “Caricari», ambos presuntos miembros de la banda “El Niño Bote”, en dos operativos diferentes de la Policía de Carabobo y la Policía del Municipio Libertador.

Cojedes

Una muerte por una presunta ejecución extrajudicial fue registrada en el estado Cojedes, el pasado 20 de enero, en la comunidad Buenos Aires I, del municipio Tinaco. El fallecido fue identificado como Carlos José Riera Cordero, de 35 años, alias «Cochino». Funcionarios de la Policía de Cojedes fueron los responsables del hecho. 

Distrito Capital

En la ciudad de Caracas, una de tres muertes registradas fue contabilizada como una ejecución en un presunto enfrentamiento con funcionarios de la PNB, el 25 de enero de 2024. Como Delin Hernández, de 28 años de edad, fue identificado el fallecido. El hecho se registró en el sector Brisas de Propatria.

Falcón 

Tres hombres identificados como Willian Gustavo González Ledezma, de 24 años, alias “Bilita”; Robert Enrique Medina Colina, alias “el Huevo”, y Jesús Enrique Medina Colina, alias “El Pantera”, fueron ejecutados en presuntos enfrentamientos con funcionarios de la PNB. El 22 de enero, fue registrada la muerte de alias “Bilita”, presunto integrante de la banda “Los Chicateros”, mientras que la muerte de alias “el Huevo” y alias “el Pantera”, presuntos integrantes de la banda “Los Rosa Blanco”, ocurrió el 27 de enero de 2024.

Guárico

El estado central de Los Llanos registró siete (7) ejecuciones en presuntos enfrentamientos. Alias «el Zamuro», que aún no ha sido identificado, fue asesinado el pasado 14 de enero por funcionarios de la PNB. Al día siguiente, en un enfrentamiento con el CICPC fueron asesinados Henry José Corro Torrealba, alias «el Tierra»; Freddy García Lugo, apodado «Pelón»; alias “el Chino” y otro hombre que aún no ha sido identificado. 

El 20 de enero, fue asesinado Robert Omar Pinto (35), alias «el Robertico»,  también por la PNB. Hasta el momento, el último ejecutado extrajudicialmente se registró el día 24 de enero, a manos de la GNB. El fallecido aún no ha sido identificado sin embargo, se le conocía como alias “el Ronco”.

Miranda

En dos operativos, fueron identificados siete (7), de los 10 hombres ejecutados en presuntos enfrentamientos por la PNB y uno por el CICPC. Los primeros cuatro, asesinados el 14 de enero de 2024, fueron reconocidos como: Ángel Daniel Avedaño, alias «el Danielito», líder de la banda; José Rojas, alias «Chicha»; José Miranda Corrales, alias «el Durito» y Markiyi Osorio, alias «Totorito». 

Los otros dos hombres murieron el 17 de enero. Aunque el caso no ha sido informado por cuerpos de seguridad ni en medios de comunicación, de manera extra oficial, Monitor de Víctimas logró conversar con familiares de los fallecidos, quienes prefirieron no realizar ninguna denuncia ni declaración. Los ejecutados responden a los nombres de Gregorio Laya y Victor Manuel Villarroel.

Por último, el día 23 de enero de 2024 fue registrada la muerte de Carlos Javier Ramos Guierres, de 25 años, alias «Chonguito». Ramos, quien murió en un presunto enfrentamiento con efectivos del CICPC, y, supuestamente, era integrante de una supuesta banda criminal y poseía historial criminal.

Monagas

Tras un presunto atraco, un funcionario perteneciente a la Policía del estado Monagas mató a dos hombres. El suceso ocurrió el 2 de enero, y según la investigación policial, los hombres, Carlos Alberto Urrieta Bermúdez (38) y Héctor Andrés Salazar León (20) intentaron robar al policía que estaba vestido de civil y se encontraba haciendo carreras de taxi. 

Otros dos hechos se registraron el día 18 y 25 de enero, también perpetrados por la Policía del Estado Monagas. Uno de los ejecutados responde al nombre de Carlos Mosqueda, alias «Carlos Sonrisa», mientras que el otro, de 20 años de edad, fue identificado como alias “el Pitirre”. Según relatos oficiales, los hombres fueron ejecutados al sostener presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Sucre

La víctima fue Ángelo Lorenzo Ávila, de 34 años, presuntamente integrante de  la banda de “El Jaque”. Se conoce que fue asesinado por funcionarios de la Policía del estado Sucre.

Táchira

Como Luiggi Urieta, de 27 años, fue identificado el hombre asesinado en un presunto enfrentamiento con efectivos del CICPC. El hecho ocurrió el 29 de enero de 2024, en la localidad de la Zorca, Providencia.

Zulia 

El 27 de enero, fue ejecutado en un presunto enfrentamiento armado Yendrix José Benítez Infante, alias «el Pelón». Las fuerzas policiales de la PNB, junto con un Operativo mixto con la Policía de Polibaralt, efectuaron la ejecución.

En la mayoría de los casos, la versión de los cuerpos de seguridad asegura que estas personas tenían antecedentes o registros policiales por robo y otros delitos. Sin embargo, las autoridades no ofrecen información precisa sobre los supuestos prontuarios de las víctimas. Se desconocen las fechas y expedientes de estos supuestos delitos, así como las circunstancias de estos hechos.

De la misma forma, se utiliza el término de “intervención legal” para justificar los supuestos enfrentamientos, en los que no se reportan funcionarios de los cuerpos de seguridad heridos o muertos. 

 

Con alcabalas impidieron movilización de trabajadores petroleros a Caracas para reclamar pagos
El vocero Daniel Vivas advirtió que, de no recibir el pago que les corresponde, ningún trabajador asistirá a su puesto

Alcabalas de cuerpos de seguridad impidieron la movilización de trabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco, quienes tenían previsto concentrarse frente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Caracas, este 22 de mayo.

De acuerdo con una nota de El Pitazo, los trabajadores exigirían el pago de una deuda que el Estado mantiene con más de 12.500 personas del gremio de petroleros desde hace 15 años.

No obstante, los puntos de control en los que estuvieron funcionarios policiales impidieron el paso de vehículos en los que se movilizaban los trabajadores y no pudieron llegar a Caracas, reportó el vocero Daniel Vivas.

Según el vocero, eran más de 200 trabajadores que se trasladaban desde Anzoátegui, Monagas, Sucre, Guárico y Delta Amacuro. El motivo también era denunciar que el gobierno de Nicolás Maduro no les ha pagado el monto que le corresponde a cada trabajador de un fondo que le quedó al Estado, cuyo monto es superior a 5.000 millones de dólares por unas demandas que ganó contra las petroleras ExxonMobil y Chevron.

 

«Denunciamos que nuestros principales líderes se movilizaban en caravanas hacia Caracas y fueron retenidos en las diferentes alcabalas. Veníamos a tomar acciones porque estamos cansados de tener 15 años de lucha y que no nos cumplan. Ahora vamos a tomar acciones contundentes», afirmó el vocero.

En ese sentido, advirtió que, de no recibir el pago que les corresponde, ningún trabajador asistirá a su puesto, pues miles se encuentran sin respuestas y dedicándose al comercio u otros oficios para poder cubrir las necesidades familiares.

«No es un llamado a la violencia, es un llamado a la justicia. Nosotros queremos ver el dinero en nuestras cuentas para sacar a nuestras familias y al país adelante. El Gobierno dice que van a solucionar el tema de la corrupción, bueno que empiece y nos haga justicia a nosotros, que estamos pasando necesidades», exigió el representante de los trabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco, Daniel Vivas.

Falsas promesas a trabajadores siderúrgicos

Hernán López, trabajador del Complejo Siderúrgico Nacional y vocero de planta Guarenas, acudió este 22 de mayo a la sede de la CVG en Caracas a una reunión con el presidente de la Junta Interventora, Héctor Silva, a quien le le entregó un documento con las solicitudes de todos los trabajadores petroleros.

Indicó que hace más de tres años varios trabajadores fueron retirados de planta y desde ese momento intentaron recuperar la producción de la empresa, pero no han recibido respuestas de las autoridades.

«La directiva de Pedro Maldonado nos engañó con falsas promesas sobre las operaciones en la empresa, nunca sucedió. Ahora sale a la luz pública toda la corrupción y el daño que le ha hecho a la nación», precisó Hernán López.

Provea denuncia que 9465 personas fueron asesinadas por cuerpos de seguridad desde 2013
Este viernes, 14 de abril, Maduro cumplió 10 años de haber sido electo como presidente de Venezuela

 

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este sábado, 15 de abril, que desde el año 2013 los cuerpos de seguridad han asesinado 9465 personas en el país.

A propósito de cumplirse 10 años desde que Maduro se convirtió en presidente, la organización aseguró que el chavista «se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos».

En ese sentido, Provea señaló que los cuerpos de seguridad, entre policías y militares, «asesinaron a cientos de personas, envalentonados por el discurso de la ‘mano dura’ que dio pie a la masacre por goteo».

Asimismo, la organización denunció que, en los 10 años que Maduro lleva en el poder, se han documentado 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal.

«En diez años de gestión de Maduro, las abusivas prácticas policiales y militares –alentadas por la narrativa oficial y la impunidad estructural-, cruzaron una frontera que hasta hace unos años parecía impensable, y en la actualidad pudieran constituir crímenes de lesa humanidad», alertó Provea en su denuncia.

 

También, la ONG señaló que más de 250 trabajadores y dirigentes sindicales «han sido detenidos y/o judicializados durante la gestión de Maduro».

«En diez años, Maduro contribuyó a convertir el sistema de justicia en una máquina para perpetuar la impunidad (…) Cientos de trabajadores que luchan por salarios y contratos colectivos, están en la mira de la represión», denunció la ONG.

Este viernes, 14 de abril, Maduro cumplió 10 años de haber sido electo como presidente de Venezuela, una década marcada por cuestionamientos a su legitimidad y señalamientos de violaciones a los DD. HH.

De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro ganó las elecciones en 2013 con una diferencia de menos del 1 % en los votos y la oposición no aceptó su proclamación como presidente.

Amnistía Internacional alertó sobre el uso de fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela
Citando investigaciones de ONU y varias ONG locales, la organización reiteró que existen violaciones de derechos humanos a mujeres, debido a la persistencia de la penalización del aborto y a que no encuentran un enfoque de género dentro de las instituciones del Estado

 

Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el uso de «fuerza excesiva» por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela en las protestas para exigir derechos sociales y económicos.

En el capítulo Venezuela, dentro del informe 2022-2023 de AI, se destaca que la «mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada», de acuerdo con los datos condensados para este balance, el cual está alimentado por reportes de varias ONG e instituciones internacionales.

Pese a que el número de «manifestaciones multitudinarias» para exigir derechos civiles y políticos disminuyó, prosigue el escrito, «las autoridades reaccionaron con tácticas represivas más selectivas (…) y sistemáticas, como utilizar el sistema judicial para acallar la disidencia y criminalizar a los defensores de derechos humanos».

«Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro», sostiene el informe.

AI remarcó que la «negligencia y la falta de mantenimiento continuaron reduciendo el acceso de la población al agua», lo que motivó gran parte de las protestas comunitarias que se sumaron al total de 7.032 manifestaciones de 2022, «muchas» de la cuales terminaron con «represión y detenciones arbitrarias».

Mujeres y pueblos indígenas 

Citando investigaciones de ONU y varias ONG locales, la organización reiteró que existen violaciones de derechos humanos a mujeres, debido a la persistencia de la penalización del aborto y a que no encuentran un enfoque de género dentro de las instituciones del Estado cuando acuden a presentar denuncias.

Asimismo, el escrito denuncia la persistencia de la impunidad en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, afectaciones en los derechos de los pueblos indígenas -debido, entre otras razones, a la explotación minera por parte del Estado-, así como una persecución contra activistas y defensores de DDHH.

«La práctica de las detenciones arbitraria seguía siendo generalizada y, con frecuencia, se infligía tortura u otros malos tratos bajo custodia. Las autoridades también llevaban a cabo desapariciones forzadas de corta duración como parte de ese patrón de violaciones de derechos humanos», añadió el informe.

Aumentaron las ejecuciones extrajudiciales durante el primer semestre de 2022

Entre enero y junio de 2022, 31 personas fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el Área Metropolitana de Caracas, según la data recabada por el equipo de Monitor de Víctimas.

La cifra representa un aumento en la participación de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en casos de este tipo, en comparación con el mismo período de 2021, en el cual se registraron 25 supuestas ejecuciones extrajudiciales. 

Por otra parte, los casos de letalidad policial, en el primer semestre de 2022, totalizaron 59 víctimas. Este es el resultado de la suma de los 31 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, y 28 hechos correspondientes a presunta resistencia a la autoridad, como define la administración de Nicolás Maduro las muertes que ocurren en operativos policiales.

De esta manera, los casos de muertes a manos de los cuerpos de seguridad bajaron en 13,3 %. Pasaron de 68, en 2021, a 59 en 2022, al comparar el primer semestre de ambos años. 

Aunque las cifras disminuyeron, la mayoría de los homicidios en el Área Metropolitana de Caracas son consecuencia de la letalidad policial. 

Los municipios con más casos de letalidad policial fueron Sucre y Libertador, con 29 víctimas cada uno. Esto representa una reducción en el municipio Libertador, donde 46 personas murieron a manos de la fuerza pública en 2021, y un incremento en el municipio Sucre, donde se documentaron 20 casos en el primer semestre del año pasado. 

Además, los cambios en estas dinámicas pueden atribuirse a la muerte –en supuesto enfrentamiento– de Carlos Luis Revette, alias Koki, uno de los líderes de la megabanda de la Cota 905 (Libertador); y a la persecución a Wilexis Monasterios, alias Wlexis, jefe de la banda más poderosa de Petare (Sucre). 

PNB el más letal

Entre enero y junio de 2022 el cuerpo de seguridad más letal en el Área Metropolitana de Caracas fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 34 víctimas, de acuerdo con la recopilación de datos del Monitor. 

Mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se posicionó como el segundo con más letalidad con 14 muertes en Caracas.

Y el tercer cuerpo de seguridad del Estado venezolano con más registros son las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, con siete víctimas, esto pese a que en el 2019 Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, recomendó a la administración de Maduro disolver este grupo. 

Parroquia Petare en la mira

Petare es la parroquia con más casos de letalidad policial del Área Metropolitana de Caracas, pues se registraron 22 víctimas entre enero y junio de 2022, según la recopilación de datos del Monitor. 

Entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2022 se desplegaron varios operativos de comisiones mixtas en Petare, que dejaron 13 muertos, entre ellos a dos vecinos que recibieron balas pérdidas durante las balaceras y a un adolescente víctima de las bandas delictivas de la zona, que fue degollado porque los delincuentes presumieron que él los había delatado con la policía. 

Presuntamente, el despliegue fue para capturar a los integrantes de la megabanda de Wilexis Monasterios, quien es cabecilla del grupo delictivo que opera entre las zonas 8 y 10 del barrio José Félix Ribas, que presuntamente se dedica a la extorsión, venta de drogas y homicidios.

Los familiares de las víctimas entrevistados por el Monitor de Víctimas aseguraron que en el operativo también participaron, presuntamente, civiles armados, mejor conocidos como colectivos. Testigos indicaron que hombres vestidos de negro se bajaron de vehículos no identificados y dispararon contra los vecinos, sin importar la presencia de menores de edad a plena luz del día.

En el primer semestre de 2021, específicamente en mayo, hubo otro despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado en esta parroquia para capturar a Wilexis, pero no lo hallaron.

Ese mismo año, pero en noviembre, la policía entró nuevamente a la comunidad y según fuentes extraoficiales hirieron al cabecilla de la megabanda pero de igual forma no fue detenido. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, principalmente a hombres jóvenes y en  situación de pobreza. Hizo un llamado al Estado venezolano a observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar y sancionar esta violación a los derechos humanos.

Disminución de homicidios en Caracas

187 personas fueron víctimas de homicidio en los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas en el primer semestre de 2022, según cifras del Monitor de Víctimas.

Los homicidios se redujeron 28,3 % en comparación con el mismo período del 2021, que registró 261 víctimas. 

Sin embargo, en los primeros seis meses de 2022, aumentaron los hechos relacionados con riñas (20 homicidios), mientras que el año anterior hubo 17.

Las víctimas en casos de robos fueron 20 y en los homicidios que tuvieron como móvil la venganza se registraron 29 personas asesinadas.

Con respecto al primer semestre de 2021, disminuyó la cantidad de víctimas, pues se documentaron 39 asesinatos por robo y 54 por venganza o ajuste de cuentas.

Maltrato infantil 

El 8 de junio Osleyner Ismael Díaz Mejías, de cinco años, fue asesinado a golpes presuntamente por su papá, Alfredo Machado, de 42 años, en Parque Caiza. 

El niño vivía desde hace siete meses con su padre en una zona rural de esta urbanización, porque su mamá tenía su salud comprometida por cáncer y la familia no podía cuidarlo.

Según sus familiares, la víctima tenía hematomas en el cuerpo y en el ojo derecho, además de una herida abierta en la cara. 

En el primer semestre de 2022 se registraron tres víctimas por maltrato infantil, un caso más que en 2021. 

El padre del niño confesó el crimen a las autoridades y está detenido. 

Una vecina de Parque Caixa contó que en distintas ocasiones observó que el niño tenía hematomas en su espalda. En una oportunidad confrontó al padre y él admitió haber lastimado al niño, supuestamente, porque no se comía todo. Este fue el mismo motivo que dio a las autoridades para justificar el homicidio.

Las cifras recogidas por el Monitor de Víctimas dan cuenta de que 13 menores de edad fueron víctimas de homicidio en el primer semestre del 2022. Mientras que en el mismo período del 2021 hubo 21 casos.

Homicidios por género 

172 hombres fueron víctimas de homicidios entre enero y junio de 2022. La mayor cantidad de fallecidos tenían 26 años de edad.

Mientras que 15 mujeres fueron asesinadas en el mismo período de tiempo, cinco de ellas relacionadas a casos de violencia de género. 

Destacaron los casos de cuatro mujeres: dos víctimas de homicidios por robo y dos por ajuste de cuentas. 

@Yohanamarra 

 

Fundaredes: En 53% de los homicidios del mes de abril en Bolívar intervinieron cuerpos de seguridad
La ONG señala que los cuerpos de seguridad tienen una «marcada participación» en enfrentamientos armados perpetrados en estados fronterizos

La organización no gubernamental Fundaredes señaló el viernes, 29 de abril, que los cuerpos de seguridad intervinieron en el 53% de los homicidios de dicho mes en el estado Bolívar.

De acuerdo con lo que publicó Fundaredes en Twitter, estos homicidios en Bolívar se perpetraron en presuntos enfrentamientos armados, «en los cuales participaron cuerpos de seguridad del Estado».

Destacan la muerte de 3 supuestos integrantes de la banda delictiva El Perú, «quienes presuntamente se enfrentaron con comisiones de la GNB y la Dgcim», el pasado 6 de abril en el municipio El Callao.

Por otra parte, con relación a la distribución de la violencia por municipios en el estado Bolívar, El Callao, Caroní y Roscio «ocupan los primeros lugares donde el crimen persiste por el control de estos territorios de numerosos yacimientos de oro».

El Monitor Curva de Violencia ha evidenciado en lo que va del 2022 «una marcada participación de los cuerpos de seguridad en los enfrentamientos armados perpetrados en los estados fronterizos Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar y Falcón».

*También puede leer: “La participación en el narcotráfico recorre todos los escalafones” y otras perlas de la jefa del Comando Sur sobre el gobierno de Maduro

 Al menos 7 parroquias del oeste de Caracas han sido afectadas por los tiroteos que inició la megabanda de El Koki el miércoles, 7 de julio.

@yeannalyfermin | @Andrea_GP21

Más de 24 horas han pasado desde que inició una balacera en zonas adyacentes la Cota 905, generado por un enfrentamiento suscitado entre cuerpos de seguridad y el “Loco Leo”, como se conoce al líder de la banda El 70 que maneja la zona de El Valle, quien resultó herido en el hecho.

Ante este acontecimiento, la megabanda liderada por Carlos Luis Revete, conocido como El Koki, ha mantenido azotados a los habitantes de la Cota 905 y varias parroquias adyacentes que alcanzan la línea de fuego de los disparos.

Según Carmen Meléndez, ministra de Interior y Justicia, se realizó un despliegue de seguridad en varias zonas de la capital, el cual contempla el control del tránsito en las vías aledañas a las parroquias afectadas. También cerraron varios accesos de las zonas.

Meléndez, a través de Twitter, recomendó a los ciudadanos evitar la circulación vehicular y peatonal en las zonas que han sido alcanzadas por el fuego.

Siete parroquias afectadas

Según información recolectada por Runrun.es, al menos 7 parroquias de Caracas son afectadas de forma directa por la megabanda del Koki. Entre ellas se encuentran El Valle, El Paraíso, La Vega, San Juan, Santa Rosalía, Coche y San Pedro.

La población conjunta de todas estas parroquias alcanza 702.131 habitantes, lo que representa más de un tercio de todos los habitantes de Caracas, cuya cifra es de 2.104.000 personas.

Al menos seis fallecidos por la balacera

Un artículo publicado por la periodista Glorimar Fernández, para El Pitazo, confirmó las identidades de cuatro fallecidos:

Giovanny Bracamonte, de 39 años, asesinado el 7 de julio al ser interceptado a la altura del túnel de El Paraíso.

Pablo José Díaz Alfonso, asesinado en el mismo túnel, cuando iba en el taxi de su cuñado. También resultó herido un familiar de la víctima.

Un hombre apodado «El Bodega» que estuvo tendido en el pavimento de la avenida Victoria.

Maikel Alexander Alvarado Márquez, de 25 años, asesinado en la parte alta del sector Las Quintas de la Cota 905.

Además, según una minuta de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada, Base Caricuao, reportó un funcionario fallecido, identificado como Rodríguez Fernández, comisionado agregado del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), por una herida de proyectil en el cráneo.

A su vez, la Brigada de Monitoreo Anti-Terrorismo identificó a otro funcionario fallecido. Se trata de Fernando Rodríguez Agudelo, de 41 años de edad, jefe de la Estación Policial de Antímano.

En tal sentido, se confirman, hasta el momento, seis fallecidos en las balaceras. Se desconoce la cifra oficial de heridos, pero reportes extraoficiales apuntan a que existen más de 10 lesionados por los hechos.

Cuerpos de seguridad intentan frenar a las bandas

Desde Quinta Crespo, los integrantes de la banda del Koki, Garbis y Vampi mantuvieron un enfrentamiento con los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Por su parte, el reportero gráfico Román Camacho informó que, pasado el mediodía de este 8 de julio, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) tomaron las garitas y puntos de observación de la banda de la Cota 905 en la parte alta de la montaña. Para ese momento, según Camacho, estaban rodeando las entradas del sector para iniciar una incursión en la zona.

Aproximadamente a las 4:30 de la tarde del jueves, se reportó que los funcionarios de las FAES llegaron a «La Gallera» en la loma de la Cota 905 a la altura de Ciudad de Dios. En este lugar, la banda del Koki, Garbis y Vampi hacían parte de sus fiestas.

El periodista Luis Gonzalo Pérez publicó una imagen en Twitter del lugar incendiado.

Así reaccionó la sociedad civil ante la balacera

Desde la tarde del miércoles, 7 de julio, habitantes de zonas adyacentes a la Cota 905 están en zozobra producto del intenso tiroteo que mantiene la banda delictiva del “Koki” desde hace más de 24 horas contra funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado.

Ante el hecho, la sociedad civil ha reaccionado a través de las redes sociales para cuestionar la actuación de los funcionarios policiales. Varios tuiteros han condenado el hecho de que al exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez y su grupo, los acribillaron a mansalva en un megaoperativo que duró un solo día.

Robaron tanqueta de la Guardia Nacional

Una tanqueta antimotin, perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana GNB, fue robada por delincuentes en El Valle. Según un tuit publicado por la periodista Steninf Olivares, se puede apreciar a los sujetos armados junto con el vehículo militar, subiendo por una de las estrechas calles del sector del barrio “El 70”, en Caracas.

Eddie A. Ramírez S. Nov 19, 2019 | Actualizado hace 2 semanas

La narcodictadura hace todo lo posible por dividir a los demócratas y por venderles la idea de que no dejarán el poder y, lógicamente, por intentar sembrar el desánimo. Ese es el trabajo que realiza un régimen sin escrúpulos. Lo que debemos contrarrestar es cierta tendencia de algunos opositores a comprar el discurso oficial o a ilusionarse con posibles opciones utópicas divulgadas por gente nuestra que no evalúan las debilidades y fortalezas del régimen y las propias. Aunque no sea fácil, hay que intentar conocer las causas de las cosas que suceden.

Un ejemplo son las opiniones emitidas en relación a las marchas del pasado día 16, las cuales no se relaciona con los hechos. Pretender que hoy se produzcan marchas en Caracas de alrededor de un millón de participantes como en el pasado no es realista por varias razones:

1- En el 2003 al 2006 las protestas eran casi exclusivamente en Caracas. Varios años después se produjeron protestas valientes en San Cristóbal y Mérida, aplastadas violentamente por la Guardia Nacional, policía y paramilitares rojos.

2- En la provincia los ciudadanos se sienten más amenazados por los esbirros debido a que quienes protestan son fácilmente identificados y perseguidos. Por ello, muchos se desplazaban a Caracas para apoyar las marchas en la capital. Hoy, por estar más resteados y quizá también por las limitaciones de transporte, protestan en sus respectivos Estados.

3-. Unos cuatro millones y medio de venezolanos han tenido que emigrar, sea por persecución política o en búsqueda de comida, medicinas, seguridad personal o de trabajo. Evidentemente, todos contrarios al régimen.

 

4- Se puede argumentar que, a pesar de lo anteriormente mencionado, las protestas podrían ser más masivas y contundentes, lo cual es cierto. Al respecto habría que evaluar en cuánto influye la prédica de algunos líderes de oposición y tuiteros, generalmente bien intencionados, que pretenden echarle la culpa al presidente (e) Guaidó por no concretar “el fin de la usurpación”, y que, además alegan que los intentos de negociar desestimulan las protestas. Cabe recordar que Ho Chi Minh y sus soldados siguieron combatiendo a pesar de que sus delegados negociaban en París. Algunos no entienden, o no quieren entender, que Maduro se mantiene por contar con el apoyo del TSJ y de la Fuerza Armada.

No recordamos  ningún caso en que una dictadura haya caído sin la intervención activa o pasiva de los verde oliva. Por otra parte, recordemos que ningún país está dispuesto a enviar a sus soldados para resolver nuestro problema, aunque están conscientes de que también los afecta directa o indirectamente, en mayor o menor grado.

 

5- Aunque todo lo mencionado es válido, hay que tener claro que los protestas, aún cuando son de magnitud importante y son constantes, no son de mayor tamaño por la represión del régimen. Según el valiente y activo Foro Penal Venezolano, desde el 2002 a la fecha han sido asesinados 273 ciudadanos por manifestar, varios de ellos estando en las ergástulas del narcorégimen; en los últimos cinco años han sido arrestado a 15.180 ciudadanos por el solo hecho de protestar, hay 399 presos políticos, de los cuales 20 son damas y 109 militares, y desde el año 2014 hay 8.950 venezolanos sujetos a medidas cautelares, los cuales no pueden protestar ya que volverían a ser encerrados. El 16 N hubo 28 detenidos y en Caracas el Metro cerró varias estaciones para dificultar movilización.

6- Muchas han sido la denuncias de torturas, incluyendo violaciones, por parte de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Es lógico que ello despierte temor a manifestar.

También el temor a perder el empleo por parte de trabajadores del sector público.

A pesar de todos estos factores, la sociedad venezolana sigue indoblegable. Por contar con una minúscula minoría, Maduro no se atreve a realizar elecciones transparentes. Sin embargo, hay la posibilidad, aunque sea remota, de que se vea obligado a realizarlas. Por ello debemos prepararnos y no descalificar el esfuerzo que realiza la Asamblea Nacional de designar el comité de selección de candidatos al Consejo Nacional Electoral.

A los más escépticos, que sin duda tienen razones para serlo, solo sugerimos que den el beneficio de la duda y que acepten el presidente (e) Guaidó hace lo mejor que puede con los pocos medios de que dispone. No cometamos el crimen de “matar a un ruiseñor”.

 

No es fácil ser el hombre feliz capaz de “conocer las causas de las cosas”, como diría Virgilio, pero sí podemos ser más mesurados   al emitir opiniones. A Maduro se le puede aplicar lo que dijo Cicerón de Catilina:   “Desde hace años no hay fechoría ni infamia alguna que no venga asociada a tu nombre. Cometiste con total impunidad la sangría de muchos ciudadanos, la humillación y el robo a sus amigos. No sólo tuviste fuerza para despreciar las leyes y la justicia, sino también para quebrantarlas y abatirlas”. El ponderado Oswaldo Álvarez Paz escribió que estaba satisfecho con la movilización del 16 N. Quien esto escribe también.

Como (había) en botica: Maduro se arrodilló ante el dólar y Pedro Sánchez ante el Coleta.¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com